PROCESO 1838: EL CHANTAJE TV AZTECA Y TELEVISA DOBLEGAN AL GOBIERNO

JENARO VILLAMIL

L

El plan

chantaje: de rivales a cómplices

En pleno año electoral los dos principales consorcios televisivos –que en teoría son competidores pero que en la práctica actúan de común acuerdo– presionan al Estado y exigen su cuota de poder, las prebendas que creen merecer. Gobiernos que en un principio los tuvieron como aliados han tenido que pagar un precio muy alto por esta complicidad y ahora aparentemente están doblegados por fuerzas monopólicas que crecieron hasta convertirse en un poder dentro de otro y que ahora le imponen condiciones a todos.

a mañana del lunes 16 llegaron a las oficinas de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) el vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, responsable de la estrategia de telecomunicaciones del consorcio, y Pedro Padilla Longoria, presidente suplente y director general de Grupo Salinas, considerado brazo derecho de Ricardo Salinas Pliego.

Acudieron a presionar a Eduardo Pérez Motta, presidente del órgano regulador, para saber cuál era su posición frente a la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell y Grupo Televisa, anunciada desde abril de 2011.

Con esa fusión Televisa se convertiría en propietaria de 50% de la empresa telefónica, siempre y cuando se autorice la compra de deuda convertible en acciones por un monto de mil 600 millones de dólares por parte del corporativo encabezado por Emilio Azcárraga Jean. Una operación de esta índole, advierten especialistas, sería contraria a la competencia, pues convertiría en socias a las dos grandes cadenas de televisión abierta.

Pérez Motta les dijo que aún estaba analizando su voto y que la decisión no dependía sólo de él, sino de los otros cuatro comisionados: Luis Alberto Ibarra, Rodrigo Morales, Miguel Flores Bernés y Cristina Massa Sánchez. Esta última fue designada integrante de la Cofeco el 15 de septiembre pasado por Felipe Calderón.

Padilla y De Angoitia salieron contrariados de las oficinas de la Cofeco en Santa Fe. Según versiones extraoficiales sólo contaban con dos de los cinco votos necesarios para autorizar la concentración.

Otras versiones investigadas por Proceso y que se difundieron en algunos medios especializados indicaban que la próxima semana el pleno de la Cofeco podría autorizar la fusión a condición de que se adopten medidas para regular el mercado de la televisión restringida –que domina Televisa– y se autorice también la licitación de una tercera cadena de televisión abierta, en señal digital, de acuerdo con el proyecto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) presentado en agosto último.

Desde ese momento las presiones dejaron de darse tras bambalinas y se ventilaron en la pantalla de los noticiarios de Televisa y de TV Azteca, como una demostración del “músculo” que poseen ambas empresas, que controlan 93% de la televisión abierta.

En los noticiarios más importantes de Canal 2 y de Canal 13, las señales de alcance nacional del duopolio, se difundieron noticias contra Eduardo Pérez Motta y contra el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El pretexto fue lo de menos.

Las coberturas fueron idénticas. La noche del lunes 16 se informó en El Noticiero de Joaquín López Dóriga acerca de una demanda de la diputada federal perredista Esthela Damián Peralta, quien pidió la renuncia de Pérez Motta a la Cofeco con el argumento de que el funcionario protege las prácticas monopólicas en el mercado de la tortilla. Dos días después ambas televisoras dieron amplia cobertura al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados para que comparezca Mony de Swaan por los contratos que adjudicó presuntamente de manera ilegal a dos de sus amigos.

En medio de estas presiones en pantalla, la tarde del miércoles 18, Felipe Calderón acudió a las instalaciones de Televisa San Ángel para reunirse en privado con los directivos de la empresa. En algunas cuentas de Twitter se comentó que discutieron los escenarios de la fusión de Televisa y Iusacell, la cancelación del proyecto de la tercera cadena de televisión, así como el apoyo a la “tercera cadena pública” que el gobierno calderonista quiere implantar por medio del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

No fue sino hasta el día siguiente cuando la Presidencia confirmó la reunión. En un escueto comunicado informó que Calderón “acudió a las instalaciones de Televisa pa-

ra sostener un encuentro con directivos y editorialistas de dicha empresa. Durante la reunión intercambiaron puntos de vista sobre la situación nacional”.

Linchamiento mediático Dos días después de la visita de Padilla y De Angoitia, Pérez Motta dio a conocer el documento Reflexiones sobre las presiones mediáticas de los últimos días donde aclara que el caso sobre el mercado de la masa y la tortilla “concluyó con sanción hace más de cinco años”.

En la parte medular de su documento Pérez Motta recordó el linchamiento realizado en las pantallas de Televisa y TV Azteca contra Isaac Saba, el empresario que se asoció con General Electric para buscar a principios del sexenio la concesión de una tercera cadena de televisión: “Las declaraciones de la diputada (Esthela Damián Peralta) así como la cobertura noticiosa que han recibido en televisión abierta recuerdan, por poner sólo un ejemplo, el caso del empresario mexicano Isaac Saba (q.e.p.d.) que en sociedad con una cadena estadunidense solicitó en 2006 una concesión para ofrecer una tercera cadena de televisión que habría sido competidora de las actuales televisoras.

“La solicitud fue seguida, a los pocos días, de una intensa cobertura televisiva de supuestos abusos del empresario en un mercado totalmente distinto que, coincidentemente, se desvaneció en cuanto el empresario retiró su solicitud de conceFotos: Octavio Gómez

Octavio Gómez

TELECOMUNICA CIO NE S

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g

Germán Canseco

TELECO MUNICA CIO NES

y en las oficinas del órgano regulador un anónimo en el que se acusa a Pérez Motta de “filtrar” asuntos que no han pasado por el pleno. “¿Por qué Eduardo Pérez Motta pretende impedir que se consume la compra de 50% de Iusacell por parte de Televisa? ¿Quiere mantener el monopolio por los siguientes 15 años? ¿Por qué protege el statu quo? ¿Por qué impide que exista una verdadera competencia para TelmexTelcel? ¿Por qué privilegia a los malos servicios en perjuicio de los consumidores?”

Más concentración

Alatorre y López Dóriga. Instrumentos

sión. Desde entonces, no hay noticias públicas de otras solicitudes de este tipo…

“Las presiones para mí o para los demás comisionados, en televisión o por otros medios, seguramente continuarán e incluso se intensificarán en los próximos días. No es la primera vez y seguramente no será la última. Es normal y no queda más que aguantarlas: es parte de la labor de un regulador”, sentenció Pérez Motta.

El contrataque se agudizó el jueves 19.

El vocero del Grupo Salinas, Luis Niño de Rivera, anunció que Grupo Iusacell demandará a Eduardo Pérez Motta por “filtrar” información sobre el caso Televisa-Iusacell a la casa de bolsa Scotia Capital.

“Les dio información a los analistas de una casa de bolsa y esto llegó a los inversionistas interesados en la inversión de Televisa”, advirtió Niño de Rivera.

Además amenazó con interponer una demanda penal ante la Procuraduría General de la República, otra ante la Secretaría de la Función Pública y una tercera, como solicitud de recusación, ante la propia Comisión Federal de Competencia.

Sorpresivamente, a través de su cuenta de Twitter –@RicardoBSalinas– al mediodía del viernes 20, Ricardo Salinas Pliego redactó tres mensajes: El primero: “EPM Queremos para todo México, un internet móvil y rápido que sí

funcione, como la red 4G de Iusacell, pero en cada rincón del país”.

El segundo: “EPM Queremos seguir bajando el costo de los celulares a más de 100 millones de mexicanos, como lo hizo Unefón al ofrecer $1 el minuto”.

Y el último: “EPM Queremos un diálogo abierto y con razones. He cancelado las acciones legales que te preocupan. ¡Ojalá nos escuches!”.

En respuesta el titular de la Cofeco emitió otro comunicado en el que plantea: “Así como no deben admitirse presiones, tampoco pueden aceptarse favores.

Si Iusacell se siente afectado por lo que considera que son actuaciones mías, los invito a que ejerzan su derecho de proceder legalmente.

“Lo que sí puedo garantizar es que, como siempre, mi voto sobre la concentración Televisa-Iusacell, el cual estoy analizando, se basará estrictamente en el mandato de la Ley de Competencia y, por lo tanto, responderá exclusivamente a mi apreciación del impacto de la operación en las condiciones de competencia y libre concurrencia en los mercados, sin responder a las presiones de ningún actor.”

Antes de la amenaza de tres demandas y del “perdón” de Ricardo Salinas Pliego, desde el viernes 13 comenzó a circular en las redacciones periodísticas

El argumento de que la inversión de mil 600 millones de dólares de Televisa en Grupo Iusacell ayudará a una mayor competencia en el mercado de la telefonía móvil ha sido recurrente para justificar la sociedad entre los dos agentes que controlan los contenidos, la producción y la distribución de las señales de televisión abierta y televisión restringida en el país.

Por medio de la Cofetel se solicitó un “estudio confidencial” a los consultores Dimitri Ypsilanti y Agustín Díaz Pines, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de efectuar una revisión del mercado de las telecomunicaciones en México y emitir su opinión sobre la fusión de Iusacell y Televisa.

El documento, elaborado entre el 23 y 28 de octubre últimos, cuya copia obtuvo Proceso, considera que es “necesaria” y “benéfica” la entrada de un nuevo operador basado en la alianza Televisa-Iusacell.

Sin embargo, en la nota al pie de la página 61 los analistas de la OCDE admiten que “sin embargo, mientras las perspectivas en el mercado de las telecomunicaciones podrían ser bienvenidas, las perspectivas para el mercado de la televisión tendrían implicaciones negativas para la competencia”.

Es el único párrafo, de las 110 cuartillas del estudio, donde admite que la sociedad entre ambos grupos será contraproducente para el mercado de la televisión abierta.

Desde el 11 de julio pasado Grupo Nextel, exsocio de Televisa en la polémica Licitación 21, presentó ante la Cofeco una denuncia contra la fusión de ambos grupos. Argumentó que, de autorizarse, “se creará un monopolio sin precedente en el mercado de la televisión abierta, de telefonía celular, de publicidad y de televisión restringida”.

Aportó, entre muchas otras, las siguientes cifras: –De las 468 estaciones de televisión abierta del país, 256 pertenecen a Grupo

Televisa y 180 a TV Azteca; es decir 93% de todas las estaciones.

–Grupo Televisa y TV Azteca alcanzan participaciones de 66% y 33%, respectivamente, en términos de audiencias. Es decir tienen 99% de la televisión abierta.

–Entre marzo y abril de 2011 los 411 programas con mayor rating fueron transmitidos por las cadenas de televisión de ambas empresas. Estos programas son los más vistos también en televisión de paga.

–Ambas televisoras tienen 90% del mercado publicitario en la pantalla comercial; concentran 60% de toda la publicidad en México y acaparan 40% de la publicidad oficial federal.

–Al fusionarse Grupo Televisa con Grupo Iusacell, la empresa de Azcárraga Jean “se convertirá en la única con posibilidad de dar servicios de total play”.

Con esto Televisa controlaría los dos principales proveedores de televisión de paga (Cablevisión y Sky), a TVI y a Cablemás, además de Grupo Iusacell.

–El dominio publicitario sería en todas las plataformas: televisión abierta, televisión de paga, telefonía celular e internet, creando “barreras de entrada”. “Las prácticas de los concesionarios de televisión por cable, asociados a Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV), también constituyen barreras de entrada”, advirtió Nextel (Proceso 1811).

Finalmente Nextel retiró su demanda ante la Cofeco después de que negoció con Grupo Salinas la suspensión de los más de 60 litigios judiciales que interpuso este corporativo contra la Licitación 21.

Sin embargo los datos y las consideraciones de Grupo Nextel son válidos. En Estados Unidos ésta y otras empresas telefónicas analizan ante la Securities Exchange Commision (SEC), autoridad reguladora del mercado bursátil estadunidense, si no hubo un presunto fraude de Grupo Televisa a accionistas minoritarios al negociar la fusión con Grupo Iusacell.

Alianza improcedente Por su parte, la exsubsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, afirma que la Cofeco debería no sólo investigar la fusión de Azcárraga Jean y Salinas Pliego en Grupo Iusacell, sino los indicios de que existe “una colusión de intereses” entre dos empresas televisivas que deberían ser competidoras.

“Esta es una práctica monopólica absoluta y es una de las más sancionadas por las leyes de competencia en todo el mundo”, plantea Carpinteyro en entrevista.

También advierte que existe no sólo el riesgo de que se conviertan en “un monopolio de la opinión pública”, sino también en un poder de control mediático y político más fuerte.

“Hay muchos indicios de que la línea editorial de ambas televisoras es cada vez más similar”, indica. “La Cofeco no debería sólo estar analizando la fusión, sino también la colusión de intereses”, apunta.

La exfuncionaria firmó junto con decenas de especialistas e integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) un desplegado en el que le piden a la Cofeco que rechace “por notoriamente improcedente” la alianza entre Grupo Iusacell y Televisa.

“La Constitución Política de nuestro país prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas contrarias al interés público y obliga a las autoridades a perseguir con eficacia toda concentración o acaparamiento en pocas manos”, plantea el documento redactado por Aleida Calleja, presidenta de la Amedi, y por Alberto Aziz Nassif, coordinador del Consejo Consultivo de este organismo.

Por su parte, Ernesto Vargas, presidente de Grupo Dish, principal competidor de Televisa en televisión satelital, advirtió en conferencia de prensa que si la Cofeco autoriza la fusión, deben incluirse condiciones para regular el mercado de la televisión restringida, actualmente dominada por Televisa.

Sostuvo que si se autoriza la fusión, Grupo Dish, que actualmente tiene 2.3 millones de suscriptores en todo el país, podría desaparecer en dos años, tal como le sucedió a DirecTV cuando no pudo competir con Sky, filial de Televisa.

“Preferimos que haya concentración siempre y cuando Cofeco regule la cancha: que exista el must carry para que el canal 2 o el canal 13 sean vistos en todos los sistemas de televisión restringida; para que existan opciones de producción independiente”, argumentó.

–¿Influye el escenario de las elecciones federales de 2012? –se le preguntó.

–Si no fuera por 2012, las presiones serían menores. Influye por la fuerza que han adquirido ambas televisoras.

“Somos víctimas de lo que los gobiernos han dejado hacer frente a la televisión abierta. Es un poder dentro de otro poder”, afirmó Vargas.

AFP photo / Omar Torres

LA G UER RA DE CA LDE R Ó N

Los detectores

“ingenuidad” mexicana

y la

Un par de carísimos productos milagro, los llamados “detectores moleculares” que el gobierno de Felipe Calderón compró a montones para combatir al narco, resultaron ser un fraude, juguetes de plástico. Contra las advertencias del gobierno británico, la experiencia del FBI estadunidense y los argumentos de la comunidad científica mexicana, el Ejecutivo y los jefes militares siguen arriesgando la seguridad del país, de su personal y del resto de los ciudadanos al usarlos para “detectar” bombas o drogas y justificar cateos.

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PATRICIA DÁVILA os detectores moleculares ADE 651 y GT200, empleados por el gobierno mexicano para localizar cargamentos de droga, armamento y explosivos en aire, mar y tierra, son aparatos “fraudulentos”, una “burla” a la inteligencia y un riesgo para la seguridad nacional. En realidad no detectan nada.

Casi 2 mil de estos detectores moleculares fueron comprados en 2007, al inicio de la administración de Felipe Calderón. El Ejército y la Marina anunciaron la adquisición de un instrumento capaz de detectar a varios kilómetros hasta un nanogramo –una milésima de millonésima de gra-

mo– de prácticamente cualquier sustancia ilegal y de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En resumen, tenían un arma “mágica” contra el narco.

Por medio de la prensa, el Ejército ha atribuido cuantiosos decomisos de droga y armas al GT200 y al ADE651, y los ha empleado para justificar cientos de cateos. De hecho, su uso ha provocado cerca de 500 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso algunos juicios penales contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ahora el doctor Luis Mochán Backal, expresidente y actual investigador de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice a Proceso que, después de

muchas dificultades, sometió al GT200 a una prueba. Hoy está convencido de la inutilidad de los aparatos. Relata: “Me enteré de estos detectores en marzo de 1999, en Atlanta, Estados Unidos, durante una charla en el Congreso de la Sociedad Americana de Física. Acudió Games Randy, famoso por denunciar la seudociencia. Él fundamentó la falsedad del Quadro Tracker, uno de los primeros detectores moleculares.”

El Quadro Tracker, adquirido por corporaciones estadunidenses como la Patrulla Fronteriza, era similar a una pistola de plástico con una antena giratoria. El aparato tenía ranuras para insertar tarjetas intercambiables, según lo que se quería detectar: drogas, armas y hasta crimi-

Los aparatos, una pifia

nales o inmigrantes ilegales. Los vendían en 2 mil dólares.

Cuando Randy hizo una prueba, cortó en pedazos el artilugio y vio que adentro no había nada: ni fuente de poder ni componentes electrónicos. Era un pedazo de plástico.

Los fabricantes pregonaban que las tarjetas contenían la “esencia” de la “sustancia” por detectar capturada en cristales de carbón. Esta terminología ocultaba un procedimiento inverosímil: para buscar mariguana, fotografiaban una planta y luego la fotocopiaban para carbonizarla y laminarla en forma de tarjeta. De igual forma, carbonizaron la foto de un indocumentado mexicano para detectar migrantes...

Cuando Randy evidenció el engaño, los fabricantes argumentaron que él no tenía

Eduardo Miranda

LA G UER R A DE CA LDER Ó N

Mochán. Desmontando el engaño

“El gobierno mexicano no sólo ignoró la alerta, sino que los siguió comprando. Los datos oficiales que tengo apuntan a cerca de mil detectores, por los que pagaron 360 millones de pesos”, señala Mochán.

Pagaron sin ver En 2009 Andrés Tonini, escritor de ciencia ficción, solicitó a través del Ifai información acerca de las instituciones que adquirieron detectores moleculares ADE651 y GT200, de Global Technical. La respuesta es preocupante: En 2008, el 15 de julio, el ISSSTE adquirió uno por 379 mil 500 pesos; Pemex, en noviembre, compró ocho para el Complejo Procesador de Gas (CPG) Nuevo Pemex, CPG Área Coatzacoalcos, CPG Reynosa y CPG Arenque, adscritos a la Subdirección de Producción; cada uno le costó 425 mil

http://lacienciaporgusto.blogspot.com

capacidad científica para juzgar el funcionamiento del aparato. A fin de comprobar si funcionaba, Randy hizo una prueba “doble ciego”: una persona oculta una sustancia por detectar sin que nadie más sepa dónde se halla. El operador del Quadro Tracker jamás encontró la sustancia.

Pese a ello, el investigador no captó el interés de las agencias gubernamentales de Estados Unidos hasta que un exagente del FBI compró una franquicia y empezó a vender Quadro Tracker. Esto irritó al FBI, que mandó el aparato a un laboratorio del Departamento de Energía para someterlo a pruebas. Al comprobar que no funcionaba, prohibieron usarlo y venderlo.

No obstante, poco tiempo después se empezó a producir en Inglaterra, con el nombre de Molle. Hasta ahora existen más de 10 generaciones de detectores y cada vez que se denuncia el fraude sale a la venta uno de distinto nombre. Prosigue el doctor Mochán: “De pronto, 11 años después, en marzo de 2010, por e-mail recibí una revista de ciencias que edita un expresidente de la Sociedad Americana de Física. Traía la noticia de que México había comprado 500 aparatos ADE651 y GT200 a 20 mil dólares cada uno. Le di seguimiento y resultó que la compañía que los vendió es la Global Technical (GT), que los distribuye en México a través de la empresa Segtec.”

Se enteró de que el gobierno de Irak usaba esos aparatos para detectar explosivos, pero frecuentemente explotaban carros-bomba que mataban a mucha gente, incluidos soldados ingleses. La BBC de Londres hizo una investigación y denunció que los detectores eran fraudulentos.

El gobierno Inglés prohibió su exportación a Irak y Afganistán para proteger a sus tropas. También avisó del engaño a otros gobiernos que los compraron, entre ellos al de México.

154.28 pesos. En diciembre Pemex Petroquímica adquirió cinco, a 464 mil 756.40 pesos cada uno. La Subdirección de Seguridad Industrial y Protección Ambiental tiene 41 pero no dice su costo. Pemex Exploración y Producción informó que sus 35 GT200 le costaron entre 435 mil y 609 mil pesos por unidad.

En la respuesta a la solicitud 00007000 57809, la Sedena señala que adquirió 521 equipos en 2007 y en 2008 a 286 mil 740 pesos la pieza. Ante la solicitud 00007 00152310, informa de 742. En el mismo periodo, la Semar firmó contrato por 102 unidades pero no menciona el precio. De acuerdo con Pemex y la Semar, ésta se encargó de probar los equipos de ambas instituciones. En el Ejército y el ISSSTE no hubo pruebas.

También los adquirieron los gobiernos de Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Tabasco, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán.

El doctor Mochán fue invitado a participar en juicios penales donde el aparato fue usado por la Sedena como evidencia, por lo que obtuvo la información que usan los operadores.

“La teoría de funcionamiento del aparato que la Sedena manifiesta en el juicio es falsa. Por ejemplo, afirma que esto es capaz de detectar hasta un nanogramo –la milésima de millonésima de gramo– de una lista enorme de sustancias porque es programable gracias a unas tarjetas intercambiables, una para cada sustancia a detectar a una distancia de cinco kilómetros en aire. De acuerdo al instructivo, lo detecta a partir del campo paramagnético y del campo diamagnético que generan las sustancias.

“Lo que hice fue calcular el campo magnético generado por un kilogramo de

un material ferromagnético a 10 metros y encontré que es miles de veces más pequeño que el campo magnético de la Tierra. Por lo tanto, detectar un kilogramo del imán más poderoso que se le pueda ocurrir sería muy difícil a 10 metros, cuando el detector molecular pretende detectar nanogramos a miles de metros. La señal sería como 10 a la 20 veces (1 seguido de 20 ceros) menor que lo que produciría el material ferromagnético a 10 metros. No detecta nada.”

En el instructivo se especifica que si el operador está cansado o agitado no debe usar el “detector”: “¡Si buscan a un criminal no sé cómo le hacen, porque seguramente el corazón se le acelera! Si están tomando medicamentos tampoco deben usarlo porque los medicamentos pueden enlazarse ‘energéticamente’ con la antena y provocar que señale para donde no debe”.

Según los fabricantes, el aparato no usa fuente de energía pero no la necesita porque se carga con “la energía electrostática del cuerpo humano”. Pero, aclara Mochán, “el cuerpo humano es un conductor y en un conductor no puede haber campo electrostático. Los fabricantes inventan términos”.

La preocupación de la AMC llevó a su presidente, el doctor Arturo Menchaca, a enviar una carta al titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, el 4 de abril de 2011. Le informó que los detectores no funcionan y le ofreció la colaboración de la AMC para someterlos a una prueba de “doble ciego”. El 30 de junio, el general de brigada del Estado Mayor Édgar Luis Villegas Meléndez respondió que el GT200 funciona de maravilla. “No es posible acceder a su solicitud –agregó el militar– debido a las obligaciones jurídicas del contrato de adquisición con la empresa, que prohíbe cualquier tipo de pruebas”.

Esto sorprendió al investigador: “O sea que la seguridad nacional está supeditada a un contrato que jamás debió firmarse. He conversado con físicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM, contratados por la Sedena, y opinan que el aparato es un fraude, pero no les hacen caso”.

A la Semar se dirigió Alejandro Frank Hoeflich, director del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM. Habló con tres almirantes para que se realizara una prueba de los aparatos y no tuvo éxito, a pesar de que ofreció discreción.

Alto riesgo

Polevnsky y Sotelo. Advertencias

“Si vemos el instructivo –continúa Mochán–, el aparato es genial porque se curan en salud cuando señalan que no debe hacerse ninguna consignación con este aparato, que se requiere evidencia adicional.

Claro, porque el detector no es evidencia.

En principio, según el instructivo, no debe

usarse si no va acompañado de un perro o d e un compañero que haga la búsqueda. Y los éxitos son del operador y del perro.

“Estoy involucrado en juicios penales en los que, de acuerdo con la Sedena, el GT200 detectó sustancias prohibidas y municiones de uso exclusivo del Ejército en una vivienda. Por eso catearon el domicilio. En uno de los juicios, donde el perito es un colega, la juez ordenó a la Sedena que sometiera al GT200 a una prueba de ‘doble ciego’.”

La Sedena envió a dos soldados expertos en el uso del GT200 con uno de los aparatos y suficiente cantidad de sustancias que supuestamente puede localizar. La prueba se hizo el 21 de octubre de 2011 en la AMC. El GT200 no detectaba nada y los militares preguntaron si los vecinos estaban tomando medicamentos. Incluso hicieron sacar del salón de prueba la mesa del café, porque podía “falsear” la prueba al momento de buscar anfetaminas…

Mochán sonríe: “Me parece absurdo, pero no puedo decir el resultado de la prueba hasta que la juez dictamine, ya que puedo perjudicar a la defensa”.

–La prueba confirmó su teoría sobre la falsedad del detector, de lo contrario no daría la entrevista –comenta la reportera.

Dice sonriendo: “Sólo en la CNDH hay cerca de 500 juicios involucrados con este aparato. En la recomendación general 19, emitida el 5 de agosto de 2011, la comisión señala que ‘el GT200 ha sido empleado en numerosas ocasiones por el personal de las fuerzas armadas como medio que cuadyuva en sus investigaciones y operativos en la lucha contra la delincuencia organizada’.

Menciona que el gobierno de la Gran Bretaña prohibió la exportación del ADE 651, para proteger a sus soldados”.

En opinión del doctor en física, la CNDH exhorta a que no se use un GT200 porque es violatorio de los derechos humanos, porque desde el exterior de la casa de una persona se busca percibir las sustancias que uno guarda adentro. Están “husmeando” sin tener una orden judicial. “Pero entonces le están confiriendo validez al aparato, cuando, reitero, no sirve para nada”.

Sin embargo, aclara Mochán, sí puede hacer daño: “Es un instrumento empleado para justificar los allanamientos. Argumentan flagrancia sólo porque la antenita lo apuntó. Esto es muy grave porque el GT200 y el ADE651 no son evidencia de nada porque no funcionan, y cuando la antena le apunta a una persona le pueden destrozar la vida, lo vuelven sospechoso de cualquier crimen que le quieran inventar”.

En octubre pasado Mochán fue invitado por la Comisión de Ciencia del Senado de la República a exponer sus hallazgos sobre el GT200. Además de sus colegas Arturo Menchaca y Alejandro Frank Hoeflich, asistió Francisco José Sánchez-Sesma, geofísi-

El Ejército

contra el Ejército

Detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad, violaciones a los derechos humanos, agresiones de todo tipo –entre ellas las sexuales–, asesinatos y aun ejecuciones contra civiles han aumentado el descrédito de las Fuerzas Armadas del país, principalmente en los últimos años, si bien la impunidad por esos actos sigue siendo una constante histórica. Es más: ni los propios militares consiguen librarse de los abusos de los militares. En las instalaciones castrenses, decenas de ellos que se encuentran en calidad de indiciados esperan la resolución de sus procesos, que en ocasiones involucran acusaciones ridículas…

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

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ada mañana, en la puerta 8 del Campo Militar Número 1, decenas de soldados y marinos vestidos de civil se van juntando hasta que, en punto de las 7:00 horas, un toque de corneta llama a formación y un oficial cuartelero pasa lista con potente voz de mando.

Al trasponer el arco de acceso, luego de sortear exhaustivas revisiones, se llega a la base de la Policía Militar, que destina uno de sus patios a la formación. El campo es enorme, con sus espaciosos edificios, extensiones arboladas, limpias avenidas y explanadas ociosas… pero el Agrupamiento de Militares Libres Bajo Caución de la Primera Región tiene bien delimitadas sus zonas y salir de ellas, así sea para buscar la sombra de un árbol, puede ser motivo de castigo.

Estas descripciones respecto de la situación que impera en la instalación castrense son hechas por los propios prisioneros, quienes refieren que aun oficiales y personal de tropa son despojados ahí de uniformes, insignias y todo distintivo, salvo el gafete de acceso que los iguala con el estigma de ser indiciados. No hay ningún

general, almirante ni otros oficiales supe- personal del servicio exterior, agentes del riores; sólo mandos medios, grumetes y Ministerio Público, peritos y miembros de soldados rasos. instituciones policiales se regirán por sus Una vez que pasaron lista, deben to- propias leyes. mar un desayuno insalubre, en trastes de A juicio de los denunciantes, entrevisplástico manchados por no lavarse en va- tados por Proceso, lo anterior posibilita la rios días, rellenos una y otra vez del potaje subsistencia del RGMPS y que el Código de extraído de la llamada “cazuela del perro”. Justicia Militar (CJM) sea el marco jurídico Luego se les ordena permanecer en un por el que ministerios públicos y juzgados lugar para el adiestramiento, que no les militares carecen de autonomía y siguen dan, pero rompen filas hasta que algún ofi- al servicio del mando militar, con lo que se cial lo decide. Los originarios del Distrito viola la división de poderes estipulada en Federal van con sus familias, pero la mayo- el artículo 49 constitucional. Es decir, en ría, sin ingresos y venidos de lejos, perma- última instancia el presidente es comannecen inactivos, esperando por años que dante en jefe, legislador, acusador y juez. se resuelva su caso.

El capitán Contreras explica que los Están ahí en cumplimiento del artícu- defensores de oficio no suelen represenlo 6 del Reglamento de los Grupos de Mili- tar a los acusados en la justicia militar y tares Procesados y Sentenciados (RGMPS), los que tienen posibilidades de hacerlo son norma que no reglamenta ninguna ley. designados fiscales. Así, los peores abogaLos motivos por los que cumplen esa dos militares son defensores de oficio, y los prisión a medias no son claros para alrede- mejores, ministerios públicos. Ellos, como dor de 2 mil efectivos indiciados por la jus- los jueces, responden a la misma cadena ticia castrense que están repartidos en las de mando y a la nómina de la Secretaría de regiones militares. No fueron sentenciados la Defensa Nacional (Sedena). Por lo genepor un tribunal ni se les acredita aún nin- ral, el defensor aconseja al “cliente” que se gún delito, pero en general fue por “sospe- declare culpable. chosos” que perdieron la libertad, sus de“El espíritu de nuestra denuncia contra rechos laborales y su patrimonio, además el fuero de guerra se funda en la exigencia de que no cuentan con seguridad jurídica. legítima al Estado mexicano de que propi“Dando una interpretación mezquina cie la igualdad ante la ley. Como integrana la Constitución, nos convierten en víc- tes de las Fuerzas Armadas, reclamamos timas de un código de justicia militar que que se nos reconozca como seres humaes ambiguo, confuso, arcaico. Estamos in- nos y como ciudadanos”, añade el oficial. defensos, marginados, percibiendo el 10% Sus compañeros condicionan el ende nuestro salario, muchas veces acusa- cuentro con el reportero: “Aceptamos hados por encontrarnos en la parte inferior blar, pero que quede claro: hacemos resde la cadena de mando”, explica el capi- ponsable a nuestro comandante en jefe, el tán segundo Manuel Contreras Marqueda. presidente Felipe Calderón, y a los secreA ello se suma la cancelación de crédi- tarios de Defensa y de Marina, de nuestra tos hipotecarios y la confiscación de bie- integridad y la de nuestras familias”. nes facultada por el artículo 33 de la Ley Excesos Orgánica de Banjército.

Desde enero de 2011, un grupo de oficiales que forma parte del agrupamiento –¿A qué se refiere con “verle los calcetiemprendió una serie de acciones para exi- nes” a su superior?

–¿Le suena absurdo, verdad? Esa es una gir la derogación del fuero de guerra, que consideran injusto para los propios mili- de las acusaciones: la falsedad de haberle tares y en el que, dicen, se basa la impu- visto los calcetines a un oficial. nidad en violaciones a los derechos humanos de civiles. Incluso señalan que orilla a soldados a suicidarse o bien desertar o enrolarse en grupos criminales, con tal de “subsistir a cualquier costo”.

De acuerdo al párrafo segundo del artículo 13 constitucional, en México “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Además, el artículo 123, en la fracción XIII de su apartado B, establece Corte militar. Desmesura que los militares, marinos, www.jornada.unam.mx

Foto: Especial

co que dirigió el Instituto de Ingeniería de la UNAM y es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República.

Estuvieron presentes los senadores Francisco Javier Castrellón, Carlos Sotelo y Yeidckol Polevnsky, quienes el 13 de septiembre propusieron un punto de acuerdo: exhortar al presidente para que solicitara a la comunidad científica una evaluación de la eficacia de estos aparatos. El punto de acuerdo iba a pasar al día siguiente al pleno para que se aprobara, pero hasta la fecha sigue en espera.

“Me preocupa –explica el especialista– porque estamos viviendo el surgimiento del terrorismo, bombas que aparecen por varios lados. A un investigador le pusieron una bomba por estudiar nanotecnología. Después otro paquete sospechoso apareció en el Cinvestav de Irapuato, llegó el Ejército con este aparatito, checaron el paquete y determinaron que era una bomba, pero resultó que era un regalo”. Luego sonríe al mostrar fotos de soldados que intentan rastrear con un GT200 al panista Diego Fernández de Cevallos, entonces secuestrado. Plantea: “¡Imagínese que el aparato diga que no es una bomba cuando sí lo es! Esto pone en peligro a mucha gente. Pemex lo está usando para proteger sus instalaciones.

Si alguien pretende sabotear a Pemex introduciendo un cargamento de explosivos y lo dejan pasar porque el aparatito no lo detectó, se pone en riesgo la infraestructura del país, la integridad y la vida de nuestras fuerzas armadas.”

–El gobierno cuenta con un aparato de inteligencia y de seguridad nacional. ¿Estaba obligado a saber que el aparato es un fraude?

–Es grave. Es una cuestión de seguridad nacional, y si el criterio con el que se adquirió el detector es el mismo con el que se hace inteligencia y se combate al crimen organizado, las perspectivas que tenemos no son nada halagüeñas. Fue un error comprarlo. Pudo ser mala voluntad o ignorancia. Si grandes instituciones como el Ejército y la Marina no se dieron cuenta del fraude, es que estamos pagando un costo muy alto por no tener ciencia.

–¿Se combate al narcotráfico con instrumentos de juguete?

–Sí. El GT200 y el ADE 651 son juguetes. Sé que 25 países los compraron; tenemos el honor de ser de los que más hemos adquirido y los únicos que los seguimos usando.

Resume el doctor Arturo Menchaca, presidente de la AMC: “Como personal científico calificado, es nuestra responsabilidad informar sobre el posible peligro que corre el personal de la Sedena que lo opera, así como todo aquel que depende del GT200 para su seguridad personal”. O

LA G UER RA DE CA LDE R Ó N

Foto: Especial

Militar número 1 Eguileta Arias, al centro. Campo

“También me acusaron de que algunos elementos me llaman por mi nombre y otros por mi grado; del delito de que mi hermano sea yerno del contralmirante Marco Antonio Peyrot (que fue secretario de Marina en el sexenio de Fox); además, de ser estricta en las limpiezas bucales, de haber dejado un resto reticular y de que mi consultorio se contaminó de influenza. Contra todas las pruebas que aporté, el Consejo de Honor me declaró culpable”, explica la teniente de fragata y odontóloga Elvia Emilia Eguileta Arias.

Una veintena de soldados, de civil y encapuchados, se presentó en las instalaciones sanitarias de la Primera Región Naval, en Tampico, Tamaulipas, el 18 de febrero de 2010. Descendieron de tres vehículos y con violencia se llevaron a la teniente Eguileta al hospital militar de esa ciudad portuaria.

La oficial es alta, rubia y atlética. Los soldados le ordenaron desvestirse y le tomaron fotografías y video. De ahí la llevaron a la base militar de Tancol, en el mismo estado.

“Me dijeron que me trasladarían. Ellos iban de civil, yo uniformada; entonces supe que me querían matar. En la central camionera de Tampico me querían aplicar la ley fuga, porque de repente abrieron la puerta y me aventaron. Gracias a Dios, me les escapé a los judas.”

La teniente se escondió. Mandó publicar un desplegado denunciando los hechos el 19 de febrero de 2010 en El Sol de Tampico, pero no encontró protección, sino al contrario: un comando ingresó a su domicilio particular y sustrajo equipos de cómputo, documentos y objetos personales. Con miedo, viajó a la Ciudad de México y se entregó a la justicia militar.

“Aún no me explico cómo el contralmirante (Francisco Sáynez) permitió ese secuestro, siendo yo una oficial de la Armada y mis captores elementos del Ejército”, dice.

Como oficial de la Marina Armada de México, la teniente Eguileta es procesa-

LA GUERRA DE CALDER Ó N

da por la justicia militar, pues la Secretaría de Marina no cuenta con un sistema de justicia.

“En las Fuerzas Armadas hay mucha corrupción.

Mientras el presidente dice que quiere cambiar el país, nosotros vemos que no atiende las soluciones que se le plantean, y una de ellas es la eliminación del fuero de guerra”, agrega.

El teniente de corbeta Iván Gómez Ortiz añade que con la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promueve Felipe Calderón no sólo se daría un poder descomunal a los mandos militares: “Si con nosotros hacen lo que quieren, imagínese con el personal civil. Con esa reforma nadie va a poder detenerlos. Es mucho poder en juego. Con miedo estamos abordando el tema y, más allá de nuestros casos, estas denuncias son por México, por sus instituciones y por los compañeros que están en la misma situación que nosotros, sin ser escuchados y vencidos en juicio, que han perdido todos sus derechos.”

Entre los integrantes de este agrupamiento hay quienes dispararon a civiles por una orden de sus superiores, pero éstos no asumieron las consecuencias. También los que trataron de expresarse con libertad.

Por ejemplo, el teniente de transmisiones Manuel Álvares Domínguez fue acusado de motivar a otros militares a conseguir un incremento salarial. El oficial consiguió que integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas asumieran su causa en lugar de un defensor de oficio militar y, gracias a un amparo, regresó a su plaza.

En un escrito dirigido a los titulares de los tres poderes, así como al ómbudsman y a distintas instancias especializadas en derechos humanos dentro y fuera del país, el 11 de julio de 2011 el capitán Álvares expuso los casos de otras víctimas de la justicia militar, que impone a los militares indiciados una “sentencia previa”.

Citó al mayor médico cirujano Óscar Antonio Cabrera, quien se suicidó en agosto de 2010 al no soportar las cargas del proceso y el despojo de su patrimonio, y al teniente de zapadores Julio César Reyes Fiscal, quien terminó con su vida al mes siguiente. Ambos estaban en el agrupamiento.

Juicios por consigna El capitán segundo en materiales de guerra del Ejército, Manuel Contreras, y el teniente de corbeta y contador de la Armada, Iván Gómez, están acusados de delitos semejantes: descubrir robos y denunciarlos.

Contreras estaba destacado en la XXIV Zona Militar, con sede en Morelos, bajo las órdenes del general Ricardo Escorcia Vargas, a quien relevó después el general Leopoldo Díaz Pérez, hoy conocido por estar implicado en la desaparición de Jethro Ramsés Sánchez Santana, ocurrida el 1 de mayo de 2011, así como por ser el operador del plan contrainsurgente en Chiapas de 1995 a 2000.

Cuando, cumpliendo sus funciones, Contreras hizo un balance de materiales detectó cartuchos faltantes. Dio parte del robo, pero lo hizo tres meses después de ocurrido, pues se trata de un inventario difícil de detectar por el volumen. Pese a que comprobó que no estaba a cargo del almacén en el momento del robo y que fue él quien lo denunció, se le abrió la averiguación previa 042/2010. Como pocas veces, pudo sentar a un general (Díaz Pérez) en su juicio, pero éste respondió con burlas y divagaciones en la diligencia mientras el juez lo festejaba. Ahí sigue Contreras, a un año y medio de ser indiciado.

Al teniente Gómez, según el expediente 057/2011, se le acusa de no percatarse a tiempo de un fraude. Contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional, Gómez realizó una auditoría en la Primera Región Naval, en Tuxpan, Veracruz, y aportó los elementos para la denuncia.

Al presentarse en el juzgado para dar su testimonio, se sorprendió porque apareció como responsable y ahora está sujeto a proceso militar. “Cuando a los mandos les pegas en el dinero, no sabes lo que te espera”, dice.

Contreras abunda en que el agrupamiento es un negocio fraudulento que capta recursos que los militares y marinos denunciantes calculan entre 15 y 20 millones de pesos mensuales, ya que a unos 2 mil indiciados se les retiene el 90% de su ingreso y el destino de ese dinero no es transparente.

“Con eso, según mis cálculos, se pagarían la Estela de Luz y la Línea 12 del Metro”, interviene la teniente Eguileta.

De acuerdo al artículo 20, fracción IV del RGMPS, la nómina y beneficios incautados deben reintegrárseles a los indiciados si quedan absueltos. Pero eso no ocurre y nadie sabe a dónde va el dinero. A eso le atribuyen que siempre resultan culpables.

Contreras afirma que en esta trama juega un papel importante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), que termina siendo un instrumento de persecución por las retenciones de nómina sin transparencia.

En el mencionado oficio de 2011, el teniente Álvares Domínguez observó: “Se pierde totalmente el fin único de la existencia de la justicia, pues ya no se busca balancear la ecuación existente entre delito, acusado y daño, sino la tipificación del acusado, la persecución y exterminio

LA G UER RA DE CA LDE R Ó N Hace poco más de dos años Roberto y Eduardo Rocha Ferretiz fueron sacados de manera ilegal de su casa –según numerosos testigos– por militares que luego de torturarlos los presentaron como detenidos en un retén carretero y en posesión de un arma, cartuchos y una granada. Pese a que los testimonios y las pruebas periciales demuestran que los cargos contra ellos son falsos, fabricados, la justicia sigue sin mostrar la cara... uno de los hermanos continúa preso en el penal de Ciudad Victoria.

Fabricación de culpables

LUCIANO CAMPOS GARZA

M

ONTERREY, NL.- El 14 de noviembre de 2009 los hermanos Eduardo y Roberto Rocha Ferretiz fueron sacados ilegal y violentamente de su casa, en Ciudad Mante, Tamaulipas, por efectivos del Ejército; la versión castrense asegura que ambos fueron detenidos un día después en un retén. Los hermanos, ahora procesados, aseguran que fueron torturados y amenazados para que se dijeran culpables de tener nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con versiones de numerosos testigos, la tarde del sábado 14 un grupo de militares allanó el domicilio de Eduardo y Roberto –dueños de una discoteca– y se los llevó, con violencia, en presencia de sus padres y de la esposa del segundo de ellos. Los uniformados no llevaban orden de cateo y robaron computadoras y dinero mientras revisaban la casa.

El día siguiente los hermanos fueron presentados ante el Ministerio Público Federal, que les abrió un proceso por portaDavid Deolarte / Procesofoto

en vida”. Añade que la mayoría de los indiciados no cuenta con una profesión civil, pues ha dedicado su vida a las Fuerzas Armadas.

“Hemos olvidado el concepto de dignidad y nos hemos dedicado a sobrevivir, no escatimando modo alguno de obtener ingresos, trabajando de cargadores, pintores, vendedores de tamales o dulces y, los más afortunados, trabajando de escoltas, sin la certeza de que en alguna ocasión escolten, sin darse cuenta, a personas de la delincuencia organizada, con la única intención de no ver a sus hijos lamentándose en la miseria.”

Para Contreras Marqueda, las consecuencias del fuero de guerra van más allá y provocan un daño a la sociedad, ya que posibilita la impunidad de los mandos superiores en la violación de derechos humanos. Por eso, dice, todos los actores políticos le temen al Ejército, pese a que con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla el Estado mexicano debería reformar el Código de Justicia Militar.

–Sabe usted mucho de leyes –se le comenta.

–La mayoría no sabemos nada, confiados en que siendo gente de bien nunca nos pasará nada, hasta que un día pasa y tienes que aprender para defenderte.

En octubre pasado los oficiales inconformes sostuvieron un encuentro con Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón. Fue un logro, pues desde hace un año han pedido cita al ómbudsman Raúl Plascencia pero ni él ni nadie los recibe en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Zavala los escuchó, fue amable, les dio una lectura jurídica y les dijo que ya habían hecho mucho, que ahora confiaran en quienes deben resolver las cosas. Esperaron y nada, como también aguardan respuestas del Congreso, del Poder Judicial y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al que le hicieron llegar sus denuncias para que se investigue a los responsables de la justicia militar por su actuación y se indague el destino del dinero confiscado, así como para proponer reformas que erradiquen el fuero de guerra.

Eguileta y Gómez, marinos ambos, alzan sus tazas de café y las chocan. La primera advierte: “Los militares y marinos somos buenas personas, gente común como todos, pero con una responsabilidad con el país. Muchos creemos en las Fuerzas Armadas y en la lucha contra el narco. Muchos arriesgan sus vidas a diario, por eso nos duele esta situación. No somos maleantes, pero nuestras familias sufren y, claro, tenemos miedo por nosotros y por ellos. Lo único que queremos es justicia para todos, militares y civiles, por eso es esta lucha.” O

ción de un arma, decenas de cartuchos útiles y una granada. La acusación la hicieron tres militares, quienes dieron una versión diferente de la captura, según consta en la causa penal 60/2009 que lleva el juzgado Segundo de Distrito de Tamaulipas.

El teniente Jorge Alberto Ríos Contreras y los sargentos Filomeno Jerónimo Reyes y Amado Celerino Azuara declararon que detuvieron a los hermanos Rocha el domingo 15 por la mañana después de revisarlos en un retén en las afueras de Ciudad Mante.

Pese a la sentencia de cinco años que le dictaron, Eduardo ha podido enfrentar su proceso en libertad; salió con fianza pues el delito que le imputan –portación de arma de uso exclusivo del Ejército– no es grave. A Roberto, en cambio, lo acusaron de portar una granada, delito grave, por lo que lo condenaron a seis años de cárcel y desde entonces está preso en Ciudad Victoria.

Durante el desahogo de pruebas del caso comenzaron a surgir inconsistencias en el procedimiento y en el dicho de los soldados. Por ejemplo, peritos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas demostraron que era imposible que en los bolsillos de las bermudas que vestía en el momento de su arresto, Eduardo llevara una pistola con siete tiros útiles y 85 cartuchos.

Un tribunal federal resolvió un amparo a favor de la defensa para que fuera revocada la sentencia y se repitieran los careos.

Se consideró que el juez segundo de Distrito Juan Manuel Vega Tapia violó los derechos de los procesados al no apremiar a los militares para que refutaran o contradijeran los dichos de testigos y acusados, “encauzándolos para que se enfrascaran en un verdadero debate”. Los soldados sólo han acudido a dos de los cuatro careos ordenados por el juez y se han limitado a corroborar su declaración inicial.

Asimismo Roberto Rocha Rivera, padre de los acusados, asegura que incluyó en las pruebas de descargo un recibo telefónico en el que se registraron las numerosas llamadas que hizo el sábado, día del arresto, a varias instalaciones militares para conocer el paradero de sus hijos.

Así, dice, se comprueba que el arresto ocurrió el sábado y no el domingo, pues no había razón para que se comunicara a los cuarteles un día antes de que sus hijos fueran detenidos. Agrega que ninguna prueba pericial pudo mostrar que el arma y la granada tuvieran las huellas dactilares de Roberto o Eduardo.

El defensor de los hermanos Rocha, Rubén Sánchez Saldaña, ignora por qué detuvieron a sus defendidos, aunque conjetura que los militares se dejaron llevar por rumores que señalaban que la discoteca de los hermanos estaba controlada

por criminales. Sin embargo, en la causa penal que se les sigue no se menciona a la delincuencia organizada.

Considera que al no hallar pruebas los militares inventaron lo del cateo en el retén y la posesión del arma, la granada y los cartuchos, y el juez que inicialmente llevó la causa “decidió ayudarlos para no exhibir (las fallas del) sistema de justicia de México”.

Entrevistado vía telefónica Roberto Rocha Ferretiz, de 31 años y preso en Ciudad Victoria, dice que siente coraje porque está injustamente recluido, y agrega: “Me gustaría que estuviera presente en el próximo careo en Victoria para que viera el nerviosismo de los militares que no se atreven a mirarlo a uno a la cara cuando uno les dice mentirosos, farsantes, levantafalsos”.

Versiones contrapuestas En el amparo 694/2011-II concedido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar de la Décima Región con sede en Saltillo –del que Proceso tiene copia– se consignan las versiones contradictorias.

En la primera, la de los acusados y los testigos, se establece que la acción militar sucedió el sábado 14 de noviembre de 2009, aproximadamente a las 15:00 horas en la casa ubicada en Privada Margarita Maza de Juárez 1005 de la colonia Benito Juárez, en Ciudad Mante.

Ahí se encontraban los esposos Roberto Rocha Rivera y Paula Ferretiz, sus hijos Eduardo y Roberto, así como la esposa de éste, Jennifer Marion Muñiz, quien vive en la misma casa.

En 2009 los hermanos –que no tenían antecedentes penales– eran propietarios de la discoteca Deep en el centro de Ciudad Mante.

La noche anterior a su arresto Eduardo se había desvelado, por lo que estaba dormido en una de las habitaciones de la casa.

Don Roberto, su padre, estaba ausente cuando llegaron a su casa tres camionetas del Ejército con unos 20 soldados. Entre ellos venía un hombre de civil –también parecía soldado, según testigos– quien pidió hablar con el dueño de la casa. Roberto Rocha Ferretiz los recibió pero se negó a salir a la calle, como se lo ordenaron; entonces los militares entraron al domicilio y por la fuerza lo subieron a una camioneta.

Paula Ferretiz, la madre, despertó a Eduardo, quien acudió a la entrada de la casa y fue también sometido y colocado boca abajo en la otra camioneta. A don Roberto, que regresaba en esos momentos, lo mantuvieron fuera del círculo de seguridad en torno a la casa.

Los militares se fueron pero regresaron cinco minutos después. Don Roberto, que ya había podido entrar a su casa, fue encerrado en uno de los baños y Jennifer

Óscar Alvarado

en una recámara. A doña Paula la obligaron a quedarse en la sala.

En su declaración Jennifer Marion dijo que “la estuvieron hostigando, diciéndole que ella sabía todo y que se los dijera, que les diera todo y que la habían visto en Matamoros”.

Tras la revisión la casa quedó revuelta y faltaban dos computadoras. De acuerdo con los testimonios los soldados se llevaron diversas cantidades de dinero: a doña Paula le robaron 4 mil pesos y a Eduardo 24 mil, producto de las ventas en la discoteca.

Luego preguntaron por el Sentra 2001 color vino, placas XEH 5453, estacionado frente a la casa. Doña Paula dijo que era suyo, le pidieron las llaves y se lo llevaron.

Además de las versiones de los familiares, durante el proceso se presentaron las de otras seis personas: Heladio Medina Medrano, Aída Balderas Ceballos, Adán Martínez Muñoz, Mayra Guadalupe Sánchez, Mario Alberto López Ramírez y Germán Roberto Mendoza López. Todos ellos –vecinos o transeúntes– vieron desde fuera de la casa algunas partes de la acción y coinciden en señalar la hora, lugar, circunstancias y protagonistas del cateo y del secuestro.

Durante la tarde y noche de ese sábado don Roberto habló por teléfono a los cuarteles de Monterrey, Reynosa y Victoria y a la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México. Ninguna instancia conocía el paradero de sus hijos. También fue a recorrer los retenes que hay en las afueras de la ciudad, pero no pudo averiguar nada.

Dice que el domingo a las 11:00 horas fue a los periódicos locales El Tiempo y El Expresso para denunciar los hechos.

Del primero acudió el reportero Sergio Villanueva, y del otro, Juan Martín Esperanza. Ambos fueron a la casa de los Rocha y tomaron fotografías del desorden que dejaron los militares. Según don Roberto en los dos periódicos publicaron el lunes la nota de las detenciones.

Los reporteros presentaron declaración ministerial a solicitud del juez y refirieron las condiciones y el tiempo en el que supieron del hecho, lo que contradice la versión militar.

El teniente Jorge Alberto Ríos Contreras y los sargentos de infantería Filomeno Jerónimo Reyes y Amado Celerino Azuara aseguran que el domingo 15 de noviembre de 2009, aproximadamente a las 11:45 horas, en el puesto de control móvil instalado en el entronque a Quintero, en el kilómetro 10 de la carretera México-Laredo, en El Mante, le marcaron el alto a un Sentra color vino en el que viajaban Eduardo como conductor y Roberto como copiloto.

Al primero lo revisó Amado Celerino “encontrándole fajada en su cintura una pistola calibre .40 con su cargador abastecido con siete cartuchos del mismo calibre; además en el bolsillo izquierdo de sus

LA G UER R A DE CA LDER Ó N los puntos a contradicción y ahora sí, dirigiera el debate a fin de encauzar éste a una real discusión sobre cada uno de los puntos sustanciales (...) Inclusive se puede afirmar que las diligencias se convirtieron en un lacónico intercambio de posiciones, dejando de lado que su motivación se encuentra precisamente en la discusión de los temas sustanciales en que no tienen puntos en comunión.

Y ordenó reponer el careo.

Proceso viciado

Patrullaje en El Mante

bermudas 40 cartuchos calibre .357 Magnum expansivos y en el bolsillo derecho 45 cartuchos más del mismo calibre”.

Luego cateó a Roberto “hallándosele en el bolsillo superior derecho de las bermudas que vestía una granada de mano de fragmentación sin marca ni número visibles y en el bolsillo inferior derecho 40 cartuchos útiles calibre .300 Win Mag para rifle, y bajo el asiento del conductor se localizó también una mira telescópica marca Tasco”.

Roberto aclara que después de tenerlos resguardados tras el arresto, a las 19:00 horas del domingo fueron llevados ante el Ministerio Público Federal.

Como parte del desahogo de pruebas el director de los Servicios Periciales de la procuraduría de Tamaulipas, Carlos Guillermo Morris Garza, solicitó el examen pericial 19801 –del que este semanario tiene copia– para determinar si era posible que los hermanos llevaran en sus bermudas el armamento y los cartuchos que supuestamente les encontraron.

La prueba fue desahogada el 2 de octubre de 2010 en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, en Ciudad Victoria.

Ahí una persona de características físicas similares a las de Roberto se puso las bermudas que llevaba el acusado al ser detenido y le pusieron la granada, las balas y un celular Nokia. Eduardo, quien sí acudió a la diligencia, vistió su bermudas, se fajó la pistola y se colocó los cartuchos. A los dos se les hizo caminar, sentarse, ponerse de pie y efectuar otros movimientos.

Los peritos concluyeron en el dictamen fechado el 29 de octubre que Roberto sí pudo cargar, transportar y mantener las bolsas laterales de sus bermudas con los objetos señalados, con la observación de que la prenda no mantenía su posición normal “tendiendo a bajar ligeramente sin que caiga por completo”.

En cambio certificaron que Eduardo no pudo moverse con los objetos que dicen que cargaba pues, según el ejercicio, al pedirle que caminara “se constató que la referida prenda cayó en su totalidad hacia el suelo, impidiéndole continuar el resto de las maniobras”. Además al colocarle a éste los cartuchos en el bolsillo derecho “algunos tendían a salir y caer al suelo por el orificio que presenta dicha prenda”.

Acusados y testigos se carearon con los acusadores. En las dos primeras diligencias los militares se limitaron a decir que se apegaban a lo dicho inicialmente. En la tercera faltó el juez, por lo que la defensa decidió suspender el procedimiento y en la cuarta los militares no se presentaron.

El 2 de marzo de 2011 el juez Vega Tapia dictó sentencias condenatorias. Por la portación de artefacto bélico, delito grave, y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Roberto Rocha Ferretiz fue condenado a seis años de prisión y a pagar una multa de 6 mil 657 pesos.

Eduardo recibió condena de cinco años de prisión y el pago de una multa de 3 mil 994 pesos por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos permitidos para las mismas instituciones. Alcanzó libertad caucional porque su delito no es grave.

Los sentenciados apelaron. El 4 de noviembre de 2011 el magistrado de Saltillo ordenó que volvieran a ser desahogados “los careos procesales (...) pero superando las deficiencias que aquí se han puesto en manifiesto y que orillaron a resolver que los realizados no se practicaron con apego a derecho”.

Entre las deficiencias el magistrado encontró que “faltó que el juez del proceso diera lectura a las declaraciones de las personas a carearse, llamara la atención sobre

Sánchez Saldaña observa numerosas irregularidades que han afectado a sus clientes, entre ellas la detención arbitraria sin mandamiento judicial.

“La única prueba que hace que el proceso subsista es el parte informativo de los elementos militares donde dicen que los detuvieron en un retén afuera de Ciudad Mante, en actitud sospechosa, y al revisarlos les encuentran un mundo de casquillos, una granada y un pistola, algo que es inverosímil. Y los peritos que determinan que es imposible que los muchachos trajeran eso en la bolsa son de la procuraduría estatal, no pagados por nosotros”, dice.

Cuando él interrogó a los militares, estos incurrieron en contradicciones: “Se niegan a responder y lo poco que responden es contradictorio. No es posible que digan ‘no me acuerdo dónde establecimos el retén, quién nos dio la orden para detenerlos’ o las características de las ropas de los muchachos. Simplemente no recuerdan el hecho”.

Después de que el magistrado ordenó reponer el careo, la defensa observó que el proceso continuaría con irregularidades.

“Los careos ya han sido pospuestos un par de veces . La primera (en noviembre) porque el juez no hizo acto de presencia, que es lo que siempre hemos deseado para que vea la actitud de los militares, donde es palpable su nerviosismo. Agachan la cabeza, desvían la mirada, no contestan, no hablan fuerte y esas circunstancias sería prudente que el juez las viera”.

Al segundo careo programado en diciembre, dice, los militares no se presentaron. El próximo careo será el lunes 23 de enero.

Para Sánchez Saldaña la forma en que ha sido llevado el caso por la justicia federal corresponde a un encubrimiento que pretende hacer de la institución militar, al no permitir que se vea que se equivocaron.

Además considera extraño que sólo tres soldados acudieran a declarar, cuando en un punto de revisión hay por lo menos 20.

Torturas En su declaración ante el Ministerio Público Federal, Roberto Rocha Ferretiz dijo que

después de ser sacado de su domicilio fue llevado a una casa que ubicó en la colonia Arbustos, de Ciudad Mante.

Narró que le amarraron las manos con una toalla, le preguntaron si él era el bueno y lo amenazaron de muerte; después lo tiraron al suelo y un soldado lo tomó de los pies y otros dos se arrodillaron en sus brazos para que no se levantara, al tiempo que otro le aventaba agua sobre la playera que le cubría la cara para impedirle respirar “por lo que tenía que abrir la boca”; en ese momento le echaban más agua y la misma persona que le detenía los pies le pegaba en los testículos. Esto sucedió hasta que perdió el conocimiento, y cuando volvió en sí, estaba sentado en una silla y no estaba amarrado.

En entrevista con este semanario, Roberto dice que el hombre que le echaba agua durante su tortura era el mismo que, vestido de civil, comandó la acción en la que fueron secuestrados. Además se dio cuenta de que su hermano estaba en otra habitación y también lo estaban torturando.

“Me preguntaban que dónde estaban las armas. Al llegar a la casa vi que tenían ahí las dos laptops que nos quitaron. Me metieron a un baño y escuché que le preguntaban a mi hermano quién era El Güero y quién El Licenciado, gente que uno escucha por rumores que son mañosos, pero no tenemos el gusto de conocerlos”, recuerda.

Dice que uno de los militares desenganchó la correa del fusil y comenzó a golpear con él a su hermano, a quien tenían sentado y sin ropa. “Nos decían: ‘Van a ver pinches marranos, van a ver hijos de su pinche madre, ahora sí van a mamar, los vamos a ir a tirar, todos balaceados; es lo que se merecen, que se mueran por perros’. Nos ponían las armas en la cabeza”.

Afirma que el día siguiente –el domingo– les dieron de desayunar y los llevaron a otra casa donde les tomaron fotos que al parecer subieron a una computadora.

Luego los llevaron al hospital del municipio para una revisión médica, pero les advirtieron que si revelaban su condición de detenidos ante el personal médico los matarían.

Después de que fueron llevados ante el Ministerio Público Federal les notificaron que Eduardo alcanzaba el beneficio de la libertad caucional y salió el martes. La noche de ese domingo Roberto fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Mante y de ahí fue enviado a Ciudad Victoria. Recuerda que cuando fueron detenidos, uno de los militares le dijo: “Eso les pasa por andar de putos; una vieja que traían ustedes les puso el dedo”. Dice que él y su hermano hicieron un recuento de antiguas novias resentidas que hubieran buscado perjudicarlos, pero no pudieron pensar en ninguna.

PGR y PF,

en acción... en apoyo de Hank Rhon

l empresario y exalcalde de Tijuana Jorge Hank hon mostró una vez más que sigue gozando de rotección institucional cuando de traficar con aves exóticas se trata. Ya en 1995 la PGR lo detuvo con un cargamento aviario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y lo soltó algunas horas después. Ahora, el domingo 15 de enero, intentó llevar a su zoológico particular de Tijuana 24 ejemplares de especies protegidas; cuando fue descubierto, uno de sus guardias de seguridad inventó una inverosímil historia para protegerlo… en un delito grave que se castiga con penas de uno a nueve años de prisión.

Para evitar que las personas que rentaron el jet Grumman Gulf Stream con matrículicía Federal El reporte de la Po la N250M5 fueran consignadas por violentar el artículo 420 del CódiADELA NAVARRO BELLO /ZETA * go Penal Federal, la delegación de la PGR en Tijuana aceptó que un policía comerIJUANA, BC.- Lo dejaron ir. cial local (Óscar Gómez Islas), cuyo suelA Jorge Hank Rhon y a su es- do quincenal es de 8 mil 272 pesos, adquiposa María Elvia Amaya la Poli- rió 24 aves en el Estado de México y utilizó cía Federal y la Procuraduría Ge- a Jorge Hank y a su cónyuge, así como la neral de la República (PGR) les aeronave que habían rentado para traslaayudaron la semana pasada pa- darse de Tijuana a Toluca y viceversa, para ra evitar que enfrentaran la ley por deli- que le trajeran las especies. tos contra la fauna establecidos en el CóDe acuerdo con el inciso IV del artícudigo Penal Federal. lo mencionado, será sancionada la persoLos funcionarios de esas dependen- na que “realice cualquier actividad con ficias dieron por válida una inverosímil ver- nes de tráfico o capture, posea, transporte, sión sobre la procedencia y transporte de acopie, introduzca al país o extraiga del aves, entre las cuales se encontraban dos mismo algún ejemplar, sus productos o especies protegidas por la NOM-059-SE- subproductos y demás recursos genéticos MARNAT-2010, lo que convierte la acción de una especie de flora o fauna silvestres,

T

terrestres o acuática en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte…”.

De esta manera la PGR dejó ir a Jorge Hank. Lo mismo hizo en 1995, durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, época en que lo retuvo apenas unas horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando pretendió introducir al país un lote de aves exóticas de contrabando.

El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa contribuyó una vez más, como lo hiciera en junio de 2011, a la impunidad en la que viven Jorge Hank y ahora su esposa María Elvia Amaya, quien aspira a una curul en el Senado auspiciada por el PRI.

La historia real Los partes informativos sobre lo sucedido el domingo 15 –uno elaborado por la Policía Federal (PF) y otro por el Ejército– dan

cuenta que el oficial Óscar Gómez Islas, quien presuntamente adquirió las aves y las transportó a Tijuana, nunca viajó en el jet alquilado por Hank Rhon.

Gómez Islas arribó al Aeropuerto Internacional de Tijuana en su calidad de empleado de la familia Hank cuando ésta y sus acompañantes habían abandonado el lugar con la orden de descargar el equipaje y las cajas que supuestamente habían documentado los privilegiados pasajeros en el Estado de México.

Al ser interrogado por elementos del Ejército y de la PF, Gómez Islas, quien forma parte del cuerpo de protección personal de Hank Rhon, declaró que las cajas en las que se encontraban las aves “provienen de un rancho ubicado en Toluca, Estado de México”, propiedad de su patrón.

Gómez Islas, quien ya se encuentra libre, dijo ante la PGR que él adquirió las aves; incluso presentó documentación para acreditar su versión; luego, ante la PF, declaró que él se encontraba en el hangar porque tenía la encomienda de “venir a recoger las aves antes mencionadas, haciéndose acompañar por los CC. Raúl Ortiz Elisea, Luis Enrique León Briseño y Sergio Iván Parra Vite, manifestando no traer consigo ningún documento de dichas aves”.

El parte informativo lo firmaron los agentes federales Osvaldo Campos Quintana, Miguel Ángel Ramos Macedonio, Ismael Mora Limón y Rommel Espinoza Monterrubio. De acuerdo con información que proporcionó, él nunca fue pasajero de la aeronave.

El viernes 13, Jorge Hank, su esposa y otros familiares viajaron en un vuelo privado a Toluca, Estado de México. Regresaron el domingo 15 en el mismo avión, rentado a una compañía con sede en Las Vegas, Nevada. Contra las reglas de seguridad de cualquier aeropuerto mexicano, los pasajeros descendieron y se retiraron sin que ninguna autoridad los revisara.

De acuerdo con el reporte policiaco, los pasajeros eran: María Elvia Amaya de Hank, Sergio Amaya, María Claudia Aranjo, María Guadalupe Amaya, Nirvana Amaya, José María Amaya, Rodrigo Hank, Paulina Esquineo, Roxana Esquineo, Nallely Aguilar y Michel de Aguilar, además de una sobrecargo no identificada y el piloto Gabriel Reyes.

Después de que los pasajeros se fueron del lugar, elementos del Ejército observaron el ingreso de dos camionetas particulares al hangar “con la anuencia del personal de seguridad del aeropuerto”.

Se estacionaron cerca del jet Gulf Stream y comenzaron a bajar cajas de cartón y las introdujeron en los vehículos. La acción llamó la atención de los militares, quienes

Miguel Dimayuga

CR IM E N O R G A NIZ A DO

Jorge Hank. Cero y van tres

CR IM E N O R G A NIZ A DO protección especial” en la NOM059-SEMARNAT-2010 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010; otras tres, identificadas como clarines o Myadestes unicolor, también se incluyen en el listado de especies amenazadas.

Además, el peritaje señala que para la captura, posesión y transportación de las aves se debe contar con permisos; también, que cada animal, al momento de ser adquirido, debe contar con “el sistema de marcaje establecido por la secretaría, siendo éste un anillo metálico con las inscripciones de la secretaría y un número de serie, así como la nota de remisión que contenga los datos de número y fecha del oficio de autorización de aprovechamiento de subsistencia”.

Y remata: “Durante la realización del presente dictamen no se tiene a la vista ningún tipo de Los tucanes decomisados documentación de comprobación de la procedencia legal de sa para que declararan sobre el caso, aun las aves… Ninguna de las aves en cuestión cuando él rentó el avión a una compañía trae algún tipo de marcaje”. con sede en Las Vegas, Nevada. La autoPese a ello, ni la PF ni la PGR en Tijuana ridad federal optó por detener sólo a sus consideraron necesario solicitar esa docucuatro escoltas. mentación al momento de turnar el expeSus abogados acreditaron tres días des- diente. Y aun cuando los abogados de los pués de su arresto que las aves las había detenidos alegan que sí presentaron doadquirido Gómez Islas; dijeron también cumentación, las aves no tenían el marcaque él contaba con todos los permisos. je reglamentario.

Según la ley, poseer sin autorización Delitos contra la fauna y transportar sin los permisos aves sobre las cuales se tiene una clasificación espeDe acuerdo con un peritaje realizado por cial –en este caso de amenaza y protecla Procuraduría Federal de Protección al ción especial en una norma mexicana– Ambiente (Profepa), de las nueve especies constituye un delito. aviarias que transportó Hank Rohn desde Un empleado de la Profepa consultaToluca, dos se encuentran bajo protección do por el semanario Zeta refiere el artículo de la autoridad: una en calidad de especie 420 del Código Penal Federal, según el cual amenazada, la otra como especie de pro- “se impondrá pena de uno a nueve años tección especial. de prisión y por el equivalente de 300 a 3 “Se trata de 24 aves para su identifica- mil días de multa, a quien ilícitamente: ción: 17 aves canoras y de ornato vivas de “IV. Realice cualquier actividad con fidiferentes especies contenidas en jaulas nes de tráfico o capture, posea, transpordentro de cajas de cartón como embalaje te, acopie, introduzca al país o extraiga del y 1 ave de nombre común cardenal que se mismo, algún ejemplar, sus productos o encontró muerto dentro de una jaula con- subproductos y demás recursos genéticos tenida en una caja de cartón como emba- de una especie de flora o fauna silvestres, laje, 5 tucanes vivos dentro de una caja de terrestres o acuática en veda, considerada madera como embalaje con cuatro com- endémica, amenazada, en peligro de expartimientos, contenidos tres especíme- tinción, sujeta a protección especial, o renes de manera individual y dos juntos, 1 gulada por algún tratado internacional del halcón caracara contenido en una jaula que México sea parte…” individual”, se lee en el peritaje.

Sin embargo, Hank Rohn logró burlar También especifica que de las 18 aves la ley una vez más, esta vez con la ayuda canoras, cuatro de ellas –conocidas como de la PF, autoridades aeroportuarias de Tojilguero común o Myadestes occidentalis– se luca y de Tijuana y con la venia concedida encuentran en el listado de “especies de por la delegación de la PGR en Tijuana, al Especial

decidieron inspeccionar la carga en concordancia con la directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012.

Y lo consignaron en su reporte: “… al observar el ingreso de dos vehículos particulares tipo pick up, tripulados por Óscar Gómez Islas, policía municipal de Tijuana; Raúl Ortiz Elisea; Luis Enrique León Briseño, y Sergio Iván Parra Vite, hasta el área de carga de aviación general, con la autorización del personal de seguridad privada del aeropuerto, se procedió a verificar la carga que transportaba dicho avión, localizando diversas cajas de cartón, selladas con cinta adhesiva, que en su interior contenían: 1 halcón cabeza blanca, 4 tucanes, 18 aves cenzontles, 1 cardenal. “… por lo anterior y al carecer de la documentación legal que acreditara la legítima posesión de tales especies, se estableció coordinación con el personal de la Policía Federal… a fin de que las personas, los animales y demás artículos, fueran puestos a disposición del agente del MPF.” Según el formato del plan de vuelo entregado por el piloto a las autoridades, Jorge Hank encabezaba a los pasajeros; el resto eran sus familiares ya mencionados. Ningún nombre de los policías está anotado en la lista escrita a mano por el piloto.

Ello se debe a que Gómez Islas –según su declaración– se presentó al hangar únicamente para recoger las aves para trasladarlas a la casa de Hank en el hipódromo Agua Caliente, donde su patrón –quien en junio de 2011 fue detenido por acopio de armas– habilitó un zoológico.

Ese sitio, siempre de acuerdo con su declaración ante la PF, era el destino final de las aves procedentes de un rancho del “ingeniero Hank Rohn” en el Estado de México que perteneció a su padre, Carlos Hank González, y se llama Nirvana.

Halcón cabeza blanca. Especie protegida

Especial

Un empresario privilegiado Si Jorge Hank pudo burlar a la justicia mexicana fue porque contó con apoyos institucionales que iniciaron en el aeropuerto de Toluca. Ahí, el derrotado candidato al gobierno de Baja California en 2007 transitó sin ningún problema la aduana aeroportuaria para ingresar al avión rentado las cajas de cartón que contenían las aves. Éstas llegaron a la aeronave sin documentación legal que acreditara su procedencia ni los permisos para transportarlas vía aérea. Las autoridades del Estado de México y las federales simplemente les franquearon el paso en el aeropuerto. Al llegar a Tijuana, los funcionarios del aeropuerto internacional de esa ciudad, así como policías federales y privados adscritos a la estación aérea, hicieron lo mismo.

De no ser por la alerta de los elementos

del Ejército que observaron las maniobras de descarga de las cajas, las pertenencias del hijo del profesor Carlos Hank habrían salido del hangar privado sin problemas.

Según una tarjeta informativa, la lista de funcionarios y actores que permitieron a Hank Rhon burlar la ley incluye a: Jaime Arroyo García, gerente de operaciones y seguridad del aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez; Édgar Arévalo Torres, elemento de seguridad que permitió el paso de vehículos particulares al hangar para recoger el equipaje de los pasajeros; Marco Antonio Santillán Patiño, comandante del aeropuerto, y Guillermo Villaca Morales, administrador del aeropuerto.

Luego de descubrir el cargamento de aves y la falta de documentación sobre su procedencia, posesión y transportación, los militares remitieron a los escoltas de Hank junto con la carga a la PF asignada al aeropuerto. Mientras los integrantes de seguridad fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, las aves confiscadas fueron enviadas a un parque; en cuanto al piloto, se le permitió continuar con su itinerario, cuyo destino era San Diego, California.

Los días siguientes los cuatro escoltas detenidos fueron procesados en la delegación de la PGR en Tijuana. Su titular, Fermín Gómez Gómez, quien no atendió los llamados del semanario Zeta para obtener información sobre el caso, abonó al ambiente de impunidad.

Nadie llamó a Hank Rohn y a su espo-

dar por cierta la versión de los abogados, según los cuales los pájaros eran del policía municipal Óscar Gómez Islas.

Aun así esta fantástica historia tiene sus contradicciones. Según sus declaraciones, Gómez Islas adquirió las aves el viernes 13 en la Ciudad de México en el negocio Mundo Salvaje Importador y Exportador de Fauna Silvestre. Pagó 6 mil pesos por cada tucán; 500 pesos por los clarines; 4 mil por el halcón, mientras que desembolsó 2 mil 90 pesos a otra compañía por tres ejemplares de cenzontle, tigrillo, jilguero, cardenal y mirlo.

Según sus abogados, el policía percibe entre 8 mil 272 y 12 mil 400 pesos a la quincena, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana; además, había pagado por el traslado de las aves en avión privado de Toluca a Tijuana. Lo que no dijeron fue dónde pensaba dar resguardo a las aves.

Y así, con esta historia, Jorge Hank Rhon logró una vez más burlar a la justicia. O *Texto publicado por el semanario Zeta de Tijuana, en su edición del viernes 20 de enero.

P O LÍT ICA /PA N

M

ientras Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Ernesto Cordero libran una guerra por la percepción de sus fortalezas y debilidades, cuyo epicentro son las controvertidas encuestas, sus equipos reclutan y adiestran a sus respectivos ejércitos de operación y movilización electoral que el 5 de febrero definirán la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República.

Ese día, dentro de dos semanas, se impondrá el precandidato que tenga los mayores recursos económicos o las habilidades para movilizar a poco menos de 1 millón 800 mil militantes que tienen derecho a depositar su voto en las casillas que la Comisión Nacional de Elecciones instalará en las cabeceras municipales de todo el país, la mayoría de ellas en áreas urbanas.

En esa batalla el resultado es incierto.

Tal como ocurrió hace seis años, cuando Felipe Calderón se impuso al favorito Creel, podría diluirse la amplia ventaja de Vázquez Mota, a quien todas las encuestas la colocan en niveles de casi 60% de las preferencias.

De hecho, ante la posibilidad de que ninguno de ellos –incluida Vázquez Mota– gane la elección del 5 de febrero con la mitad más uno de los votos o con 37% de ellos y 5% sobre el segundo lugar, se prevé también que habrá una segunda vuelta dos semanas después, el 19 de febrero.

Aunque está latente la posibilidad de un pacto para que Cordero decline por ella y se evite así una segunda ronda, con el consecuente desgaste y rezago ante los adversarios priista, Enrique Peña Nieto, y perredista, Andrés Manuel López Obrador, Vázquez Mota busca que un ejército de 5 mil operadores electorales y otros 5 mil “movilizadores” sea capaz de garantizarle que 457 mil militantes activos y adherentes emitan su voto por ella en la primera ronda.

Y paralelamente, de la mano del publicista hispano-mexicano Antonio Solá Reche –quien ha sido el estratega propagandístico de Calderón desde que presidió el PAN entre 1996 y 1999–, Vázquez Mota alardea una y otra vez con su triunfo, como insistió en el insípido debate del martes 17.

“Estoy arriba en las encuestas y tengo la seguridad del triunfo”, se ufanó en su primera intervención. “Gracias a ustedes estamos arriba en todas las encuestas”, insistió al cerrar el debate, tras el cual, en

Germán Canseco

ÁLVARO DELGADO

Pugnas, ambigüedad, optimismo

engañoso El próximo 5 de febrero los militantes y adherentes del PAN votarán para elegir al candidato presidencial blanquiazul. Los tres aspirantes –Ernesto Cordero, Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota–, quienes protagonizaron un intrascendente debate el martes 17, velan las armas y afinan los detalles para movilizar a sus huestes. Ninguno baja la guardia, mucho menos cuando las señales que esperan de Los Pinos vienen marcadas por la ambigüedad.

Los precandidatos. Round de sombra

conferencia de prensa consideró irreversible su triunfo.

–¿Sería creíble una victoria de Cordero? –le preguntó el reportero.

–De lo que tengo la certeza (...) es que ya sería casi imposible revertir lo que hoy marcan las tendencias, lo que hoy marcan las simpatías, y por lo tanto tengo la absoluta confianza de ganar el 5 de febrero, y en una primera ronda, la candidatura a la Presidencia de la República.

Este triunfalismo ofuscó a Cordero, quien consideró que en el PAN “no hay nada irreversible” y que se sabrá el ganador cuando se cuenten los votos. “Yo creo que hay que ser bastante más humilde”, aconsejó el actuario que todos identifican como aspirante oficial, quien describió a Vázquez Mota en el debate como vacía, improvisada y convenenciera.

De hecho la comparó con el priista Enrique Peña Nieto: “El PRI ya eligió: eligió entre la forma y el fondo, escogió la forma. No cometamos nosotros el mismo error. El PAN tiene la posibilidad de elegir

a un abanderado con sustancia, con trayectoria, con resultados, que pueda ser un buen presidente de México”.

La realidad es menos halagüeña de lo que quiere hacer creer Vázquez Mota, juzga el coordinador de la campaña de Cordero, Francisco Javier Conejo Cejudo, quien afirma que pese a lo que indican todas las encuestas, ella no ganará.

“Los que van a tener que dar una explicación muy elaborada de por qué no ganaron son quienes tienen un año diciendo que van arriba equis puntos”, dice el próspero empresario jalisciense, quien el 14 de diciembre asumió el cargo con la misión de remontar la desventaja de Cordero.

“Yo no creo que las encuestas tengan ninguna razón de fondo que permitan anticipar una elección en donde cuenta el voto por voto. Al contrario, las encuestas no tienen base –y nunca han tenido– en el PAN.” La discusión sobre las encuestas, afirma en entrevista con Proceso, es sólo pu-

blicitaria: “Es una batalla de percepciones.

Nada más que el panista efectivamente, como lo dijo el candidato Cordero, va más hacia la convicción que hacia la percepción. Lo vamos a ver el día de la elección”.

–¿Ganará el que tenga el mejor aparato de movilización?

–Sí, al final de cuentas va a ganar quien pueda, efectivamente, generar la mayor participación a su favor.

Pero en este escenario de percepciones el otro precandidato presidencial del PAN, Santiago Creel, parece que se desploma después de liderar durante meses las encuestas, aunque el exgobernador queretano Ignacio Loyola, su consejero político, asegura que puede hasta ganar: “A lo mejor le va a dar risa, pero nosotros creemos que, inclusive, podemos ganar en la primera ronda de forma contundente. ¿Por qué? Porque el panista activo, el panista que conoce, a la mera hora de estar ante la boleta va a decidir lo que es mejor para este país. Y Santiago es el mejor.”

Loyola minimiza a Cordero –“los economistas no son buenos presidentes”– y dice que la condición de mujer de Vázquez Mota no basta para ganar la Presidencia, porque perdieron Marta Elena García en Nayarit, Adriana Dávila en Tlaxcala, Xóchitl Gálvez en Hidalgo y Luisa María Calderón en Michoacán. “No quiere decir que por su condición de mujer perdieran, sino que la condición de mujer no es un plus”.

Los ejércitos Al cabo de cuatro semanas de precampañas, que se iniciaron el 18 de diciembre, y con un solo debate –que en realidad fueron spots de varios minutos–, el éxito de los aspirantes del PAN a la candidatura presidencial depende no sólo de la simpatía de la militancia sino de la capacidad que tengan para que vaya a votar.

Hace seis años, en la elección a tres rondas que derivó en el triunfo de Calderón –en medio de acciones fraudulentas que quedaron impunes–, la participación

fue de sólo un tercio del padrón electoral y esta vez se estima que la participación sea también de ese porcentaje, aunque ahora asciende a 1 millón 795 mil militantes.

De acuerdo con los equipos de los aspirantes se prevé que participe 80% de los 308 mil militantes activos (unos 250 mil) y 30% de 1 millón 487 mil 902 adherentes (450 mil), que sumarían 700 mil votantes lo que, de materializarse, superaría la elección de 2005, cuando votaron poco menos de 300 mil panistas activos y adherentes.

De esa cantidad Calderón obtuvo 153 mil 477 votos (51.79%), Creel 95 mil 688 (32.29%) y Alberto Cárdenas 47 mil 152 votos (15.1%), según el cómputo final de la Comisión de Elecciones del PAN. Ahora el equipo de Vázquez Mota tiene una misión para ganar en la primera ronda: lograr 475 mil votos de panistas, es decir, casi dos terceras partes de los 700 mil que se estima acudirán a las urnas.

Para ello Vázquez Mota dispone de 10 mil operadores y “movilizadores” electorales, cada uno de los cuales debe llevar a los centros de votación por lo menos a 50 militantes, activos y adherentes, lo que en los cálculos de los josefinistas no es remoto, sobre todo porque ya están alineados a ese proyecto 23 de los 32 presidentes estatales del PAN y al menos 68% de los participantes en los procesos internos para gobernadores, senadores, diputados, alcaldes…

La coordinación de las estructuras de Vázquez Mota está a cargo de Jorge Ramos Hernández, exalcalde de Tijuana y allegado a Francisco Blake, el fallecido secretario de Gobernación, quien se complementa con las redes que tiene Jorge Manzanera Quintana, operador electoral de Calderón, que comenzó apoyando a Cordero.

La Coordinación Nacional de Estructuras encabezada por Ramos –“es un mito que Josefina no tenga estructura”– involucra a los jóvenes que encabeza Juan Carlos Martínez, expresidente de Acción Juvenil, y a las Mujeres, al frente de las que se encuentra Laura Suárez, esposa de Salvador López Orduña, candidato del PAN al gobierno de Michoacán en 2007 (Proceso 1832).

Además de estas redes, el equipo de Vázquez Mota dice contar con el respaldo de 23 de los 32 presidentes estatales, además de 108 de los 140 diputados federales.

Por su parte, la estructura de movilización en la que Cordero finca su esperanza de ganar la candidatura presidencial está a cargo, en buena medida, de panistas vinculados con la nómina federal y de estados como Guanajuato, Baja California, Baja California Sur, Puebla, Sinaloa y Sonora.

P OLÍTICA / PAN

Benjamín Flores

Conejo Cejudo asegura que la movilización de votantes en la elección del 5 de febrero descansará fundamentalmente en liderazgos: “Esto se va a generar a través de los liderazgos naturales de los panistas en cada uno de los municipios y los distritos, y no hay manera de que sea de otra forma”.

–Llevar a la gente a votar, el acarreo...

–Nosotros no estamos pensando en ese tipo de movilizaciones. Nosotros lo que vamos a hacer es platicar con cada uno de los liderazgos en cada una de las regiones y ellos promoverán, de manera responsable, el que sus líderes y sus miembros se presenten a las urnas a cumplir con su obligación partidista.

“Lo que nosotros traemos son liderazgos sólidos en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados, traemos aspirantes importantes en cada uno de los lugares. Nos sentimos muy fuertes y muy tranquilos para llegar al día de la elección.”

Esos liderazgos, sin embargo, ya se han manifestado. El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, y el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, en actos de Cordero han recurrido al acarreo y a la entrega de dádivas, de tortas y refrescos.

Conejo Cejudo, quien ideó el “destape” de Calderón en el rancho propiedad del

empresario lechero Abraham González Uyeda, en Tlajomulco, Jalisco, reconoce que Vázquez Mota ganará la primera vuelta pero por estrecho margen.

–¿La apuesta de Cordero es ir a la segunda vuelta?

–No necesariamente. Es difícil que alguien gane en la primera por las condiciones, pero tampoco es imposible. Al final de cuentas todo esto depende de los panistas que van a salir a votar.

Días antes del debate, el vocero de Cordero, Maximiliano Cortázar, que lo fue también de Calderón, aseguraba que la elección tendía a cerrarse y hacía cuentas alegres en la diferencia con Vázquez Mota: “Si es menor a un dígito, le damos la vuelta”.

Existe otra hipótesis para evitar mayor desgaste al panismo: Si en la primera ronda la ventaja de Vázquez Mota no es tan rotunda sobre Cordero, éste declinaría para evitar la segunda elección y negociar la inclusión de sus allegados en función de los votos y no de las encuestas.

–¿Cordero le levantaría la mano para tener mayor margen de negociación? –se le pregunta a Conejo.

–No pensamos que la diferencia vaya a ser sustancial para ninguno de los dos.

Va a ser una contienda reñida y, si es así, nos vamos a la segunda vuelta. Lo más posible es que haya segunda vuelta. Eso nos daría muchas ventajas a nosotros, porque entonces lo que sí se vería con claridad es que no existía una diferencia tan marcada como las encuestas habían venido señalando.

Creel, la incógnita

Calderón. Cuenta regresiva

En este optimismo se inscribe también el equipo de Creel, el segunda vez aspirante presidencial que lideró durante meses las encuestas y que ya se disputa el segundo lugar con Cordero.

El equipo electoral de Creel –que encabeza el senador Humberto Aguilar Coronado– tiene 3 mil operadores electorales y coordinadores en los 32 estados del país, los 300 distritos electorales, 11 regiones y 748 municipios.

Ignacio Loyola Vera, exgobernador de Querétaro y quien pidió a Calderón licencia como procurador ambiental, reconoce que Creel efectivamente cayó en las preferencias de los panistas, pero ahora sube.

“Esa caída ya se paró y se está revirtiendo. Sí hubo un momento en que se bajó un poco, pero ha habido un repunte, no por errores de los adversarios, sino por aciertos de Santiago, que ha enfocado su propuesta a favor de la educación y en contra de la corrupción, la violencia y la pobreza.”

En efecto, en el debate del martes 17 Creel presentó las propuestas mejor ar-

ticuladas contra la pobreza, la violencia y la corrupción, aspecto este último que ni siquiera mencionaron Vázquez Mota y Cordero.

–¿Pero Cordero ya alcanzó a Creel?

–No. No confío en las encuestas.

Loyola no cree que Vázquez Mota o Cordero sean competitivos ante Peña Nieto y López Obrador, y alude a la metáfora que hizo el exsecretario de Hacienda en el debate para decir que él sí sabe manejar la economía, porque fue copiloto en el avión pilotado por Calderón. “¿Quién quieren que vaya en el control del avión: aquel que lo ha pilotado o algunos de los dos pasajeros que nunca han tocado los controles?”, preguntó.

Dice Loyola: “Está bien, que él maneje el avión, pero se requiere alguien que esté en la torre de control que le diga para dónde.

Aquí lo que el país necesita es un político que mueva desde torre de control la economía, la cuestión social, la educación, con buenos técnicos, con buenas personas”.

Como Conejo, el exgobernador dice también que hay muchas percepciones que no corresponden a la realidad, entre ellas la intervención gubernamental en el proceso interno –“yo no he percibido y en el equipo estamos ciertos que no hay”– y que Creel no es bien visto por Calderón.

“Esa es también otra percepción”, asegura y dice que Creel ha sido leal a Calderón y lo defenderá al dejar el poder.

“Porque es necesario que un presidente que se va sea apoyado, respaldado y defendido. Quien lo puede hacer mejor, por su condición de abogado, por su condición de político maduro, sin duda es Santiago.”

–Si Creel no es favorecido en la primera ronda, ¿por cuál opción se inclinaría: Josefina o Cordero?

–Esa pregunta no me la he hecho. Si eso fuera, por qué esperarnos a la elección, de una vez negociamos. Si nosotros supiéramos que vamos a salir en la primera vuelta, desde ahorita negociamos.

Convencido de que Creel puede dar el campanazo, Loyola dice que le llama la atención que Cordero no sea el que está siendo apoyado por la estructura gubernamental federal, aunque sea el favorito de Calderón.

“Voy a dar un argumento que puede destruir un poco esa versión. La mayor parte de los delegados federales van con Josefina. Es una cosa que yo no entendí. En Tabasco hablé con dos delegados y los dos están con ella. Entonces uno dice: sí (Calderón) tiene su favorito, pero no hay una operación a rajatabla, a como dé lugar”.

–Quizá porque tiene dos favoritos.

–Ja ja ja –se ríe con ganas–. Pero si son dos está mejor, porque hay una opción distinta: Creel. O

P O LÍT ICA /P R D

Lo

malo

GLORIA LETICIA DÍAZ

P

róximo candidato de las izquierdas al Gobierno del Distrito Federal, el exprocurador Miguel Ángel Mancera Espinosa es el principal beneficiario de la imagen de una ciudad sin violencia. Esa “hipótesis aventurada” la formula Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y testigo de la gestión de Mancera como procurador del DF de julio de 2008 a diciembre de 2011.

González Placencia –quien ha dado cátedra de doctorado al lado de Mancera, al que considera “un académico muy prestigiado”– piensa que la alta aceptación de la población, reflejada en las encuestas que le dieron la candidatura, podría estar asociada a la imagen mediática que proyectó durante su administración.

“Parece que las figuras que alcanzan notoriedad en un contexto de combate a la violencia e inseguridad como el que vivimos, son a las que se elige para estar al frente de estas instituciones; en el caso del procurador Mancera ha tenido incluso algunas acciones temerarias, como fungir de intermediario en un secuestro o perseguir a delincuentes en una moto; ese tipo de actos puede resultar atractivo para el electorado.”

Al recordar que en el DF operan “otro tipo de violencia y otro tipo de delincuencia organizada”, el ómbudsman capitalino sostiene que para el electorado mantener “la ciudad con niveles relativamente bajos de inseguridad es un indicador de que las cosas deberían seguir así. Es una hipótesis aventurada pero interesante”.

Frente a esa imagen de seguridad están las cifras de violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y documentadas por la CDHDF: 7 mil 210 quejas y 28 recomendaciones, 15 de ellas parcialmente cumplidas.

del “bueno”

Mano dura

Octavio Gómez

Durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, esta dependencia sumó más de 7 mil quejas en su contra que fueron presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchas de ellas son graves: fabricación de culpables, uso del arraigo para esos fines, manipulación de escenas de crímenes y cambios de situación jurídica: “te llaman como testigo y acabas como presunto responsable”… Luis González Placencia, ómbudsman capitalino, vio muy de cerca el desempeño de Mancera, y si bien reprueba esas prácticas, lo considera apto para gobernar la Ciudad de México.

Mancera llegó a la PGJDF en momentos de crisis –luego de que el primer procurador nombrado por Ebrard, Rodolfo Félix Cárdenas, fue depuesto a raíz de la tragedia de la discoteca News Divine, en 2008, donde nueve adolescentes murieron durante un operativo policiaco– y “ciertamente hubo un cambio de relación entre esa dependencia y la CDHDF, pero sin olvidar que formó parte de un gabinete de mano dura encabezado por Ebrard”, recuerda González Placencia en entrevista con Proceso.

El ómbudsman capitalino apunta: “La Ciudad de México tiene una política de mano dura, no hay un diferenciador con el gobierno federal... quizás algunos matices. Calderón usa al Ejército y tiene un discurso totalmente reaccionario en ese sentido; acá se usa a la policía pero la visión sigue siendo más punitiva que preventiva. La idea es que la seguridad se garantiza con más policía o con más medidas restrictivas de los derechos”.

Por esa política de mano dura, dice, algunos de los temas que llegaron a tensar las relaciones entre la PGJDF y la CDHDF durante la gestión de Mancera tienen que ver con la aplicación del arraigo y la exhibición de presuntos responsables ante los medios.

Al resaltar que el distintivo de la gestión de Mancera fueron las innumerables detenciones, González Placencia recuerda que mientras se hacían presentaciones de los arrestos en los medios, “después nos íbamos enterando de que muchos de los detenidos no eran culpables”.

Sin duda, advierte, la administración de Mancera se distinguió por “una actitud de mayor visibilización del trabajo a través de los medios en una primera parte, porque después ya no nos enteramos de cómo transcurren los procesos”.

De las más de 7 mil quejas contra la PGJDF en la gestión de Mancera, advierte, cualitativamente las que más preocupan a la CDHDF “son las que tienen que ver con la fabricación de culpables, el uso del arraigo para esos fines, la manipulación de las escenas de delito y las prácticas de cambio de situación jurídica: te llaman como testigo y acabas como presunto responsable”.

El uso del arraigo en el DF –figura considerada por organismos nacionales e internacionales violatoria de los derechos humanos pero que fue incorporada a la Constitución en 2008– motivó que en 2011 la Comisión de Derechos Humanos emitiera una recomendación a la PGJDF y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para evitar su aplicación como paso previo a su eliminación de las leyes capitalinas. La recomendación no fue vista con buenos ojos y está en proceso de cumplimiento.

Al respecto, una investigación de la CDHDF determinó que la PGJDF solicitó 271 arraigos, de los que el TSJ otorgó 242; la procuraduría arraigó a 810 personas, pero el TSJ emitió sólo 149 autos de formal prisión y nada más dictó 49 sentencias condenatorias, por lo que

la presunta efectividad de la medida fue de poco más de 20%. Los visitadores de la CDHDF constataron además que los arraigados son sometidos a malos tratos y a condiciones de hacinamiento peores que las existentes en las cárceles.

Asimismo González Placencia dice que en breve emitirá una recomendación por la exhibición pública de los presuntos delincuentes.

Vicios viejos Otros temas que Mancera dejó pendientes, agrega el ómbudsman, tienen que ver con problemas estructurales e históricos.

Uno de ellos es la tortura. Durante el último año el organismo emitió cuatro recomendaciones por tortura contra agentes ministeriales contra los que solicitó que se integraran investigaciones. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido detenido.

González Placencia afirma que en temas estructurales Mancera, igual que anteriores procuradores, como Bernardo Bátiz y Rodolfo Félix, no pudieron superar las inercias de la procuraduría –“como un organismo que actúa sin importar quién lo encabece”– y que “explican violaciones arraigadas, como la tortura, las detenciones arbitrarias y todos los vicios de los ministerios públicos al realizar una investigación”.

Un ejemplo de la incapacidad de depuración se incluye en la recomendación 12/2011 por tortura, en la que se destaca el caso de Esteban Romero Ramírez, agente ministerial quien entre 1996 y 2011 acumuló 29 procedimientos de investigación de orden penal y 16 administrativos sancionatorios, y quien está relacionado con una recomendación por tortura desde 2002.

El último conjunto de pendientes que dejó Mancera en la PGJDF, apunta el ómbudsman, son casos concretos de servidores públicos que no cumplieron su trabajo.

Tras esta evaluación y ante la nominación de Miguel Ángel Mancera como próximo candidato de las izquierdas, González Placencia advierte sobre los riesgos de continuar con una política de mano dura, por lo que ofrece los oficios de la CDHDF para cambiar el rumbo.

“Es deseable que haya una buena sinergia en materia de derechos humanos porque están en todo, permean toda la actividad pública. Un gobierno democrático se distingue por una actitud proactiva hacia la incorporación legislativa de los derechos pero también porque forman parte de su estrategia, y la comisión permite identificar los focos rojos y puede ser una aliada para resolver los problemas”, puntualiza.

Espaldarazo de AMLO

Barrales. Ruptura

Mancera ha sido cercano colaborador de Marcelo Ebrard por lo menos desde 2004, cuando en paralelo a sus actividades académicas se integró a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y después lo siguió a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde estuvo un tiempo antes de que su vocación penalista lo llevara al Consejo de la Judicatura y al litigio, para después formar parte del equipo de abogados que defendieron a Andrés Manuel López Obrador en el juicio de desafuero.

La mención de Mancera como funcionario “no corrupto” en un discurso de López Obrador el pasado 21 de diciembre, fue una señal para las corrientes internas del PRD a fin de orientar las preferencias, ante el escaso posicionamiento del secretario de Educación, Mario Delgado, a quien se veía como delfín de Ebrard.

El mensaje de López Obrador daba idea de la aceptación a una aspiración que estaba latente por lo menos desde julio de 2011, cuando el nombre del entonces procurador empezaba a manejarse en las encuestas. Y fue precisamente el método de los sondeos el que se

Octavio Gómez

P OLÍTICA /PRD

Judiciales capitalinos. Los vicios de siempre

Las encuestas Manuel Camacho Solís, coordinador del DIA, fue nombrado encargado del proceso interno una vez que fue aceptado el método de encuestas para medir las fuerzas de los seis aspirantes a gobernar la capital (Mancera, Alejandra Barrales, Gerardo Fernández Noroña, Martí Batres, Joel Ortega y Carlos Navarrete), lo que quedó asentado en la convocatoria lanzada por el PRD capitalino el pasado 23 de diciembre. El miércoles 11 se llevó a cabo el único debate y tras él, la declinación de Navarrete en favor de Barrales.

La convocatoria especificaba que las encuestadoras Nodo, Covarrubias y Buendía y Laredo aplicarían los cuestionarios del sábado 14 al lunes 16 y que los resultados se someterían a la consideración de los cerca de 300 consejeros estatales integrados en Consejo Electivo los próximos 11 y 12 de febrero para formalizar a finales de ese mes la candidatura a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a la que

se sumarían los otros partidos de izquierda: PT y Movimiento Ciudadano.

Además de las encuestas publicadas en los diarios Reforma (el miércoles 4) y El Universal (el miércoles 11) que daban ventaja a Mancera sobre Barrales –quien trabajó sus aspiraciones desde que asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa del DF en 2009–, el sábado 14 René Bejarano, líder de Izquierda Democrática Nacional, corriente que controla a por lo menos 60% del Consejo Estatal del PRD, se manifestó por el exprocurador.

El nerviosismo de Barrales y su equipo se hizo evidente durante todo el fin de seGermán Canseco

consideró adecuado para designar también al candidato presidencial.

La operación de las encuestas encontró sustento, además, en los conflictos internos de las corrientes perredistas en el DF tras las erráticas elecciones para renovar a los consejeros nacionales estatales.

El 23 de octubre el grupo del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo –incondicional de Ebrard–, tomó por la fuerza las instalaciones donde se resguardaba la papelería electoral, abortando así el proceso. El 6 noviembre se concretó la elección, pero un cúmulo de impugnaciones tiene detenida la instalación de los órganos del partido.

González Placencia. Juicios

mana en que las encuestadoras contratadas levantaron los 9 mil cuestionarios, al acusar distribución masiva de propaganda de Mancera, colocación de mantas en calles principales y la supuesta operación de un call center que realizaría 1 millón de llamadas, entre otras anomalías.

Joel Ortega, otro aspirante, también se quejó de presuntas irregularidades referentes al supuesto envío de mensajes vía texto para favorecer a Mancera, así como la colocación de mantas promocionales del libro de Alejandra Barrales Legislar para ayudar.

A ese cúmulo de señalamientos se sumó la declaración de Alejandro Rojas Díaz Durán, secretario capitalino de Turismo, quien el martes 17 dijo contar con información de que Mancera había ganado la encuesta. “Por lo que sé, va arriba con un alto porcentaje Miguel Mancera, un marcelista confiable y leal, y yo confío plenamente en que abandere a la izquierda, ya que es un hombre sin partido y representa también a la sociedad civil como líder emergente”.

Por más explicaciones que dio, Rojas Díaz Durán acabó pagando las consecuencias de su imprudencia y fue removido por Ebrard.

Barrales y su equipo insistieron en que las supuestas anomalías habrían impactado en el resultado final de las encuestas.

En consecuencia, el jueves 19 decidió no acudir a la presentación de los resultados.

La empresa Estadística Aplicada, contratada para auditar el ejercicio, resolvió que “no se registró evidencia de sesgos de medición o de obtención de información que hubieran incidido en las respuestas registradas”, que la aplicación de los cuestionarios se llevó “correctamente y de acuerdo a los estándares de calidad existentes” y que las variaciones de los resultados contienen “márgenes de error convencionales, menores de 2%, con niveles de confianza de 95%”.

Con la excepción de Barrales, los otros aspirantes reconocieron a Mancera y se manifestaron por la unidad para mantener la jefatura de Gobierno del DF como bastión de los partidos de izquierda.

En su discurso Mancera se definió como “factor de unidad” y convocó a los dirigentes de los partidos de izquierda a “que se hable bien de la estela progresista moderna, con valores democráticos, inclusión social, respeto a las minorías, con derechos humanos”.

Miguel Ángel Mancera, quien se ha resistido a afiliarse al PRD, se comprometió a seguir los ejemplos de los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, pero dijo que de ganar la contienda su gobierno será el de “las y los progresistas de la sociedad civil”.

REPORTAJE PREMIADO

oro

Miguel Dimayuga

Carrizalillo:

por cuentas

Foto: Fam. López Peñ

a

de vidrio

A la comunidad guerrerense de El Carrizalillo le cayó la maldición del oro en la figura de la megaempresa Goldcorp, que practica un tipo de minería, la superficial, devastadora para el medio ambiente y para la salud. Desde 2007 renta miles de hectáreas a los carrizalillenses para explotar el yacimiento Los Filos-El Bermejal. Los comuneros saben que sus predios quedarán inservibles y proliferarán las enfermedades –la mayoría letales– entre su población, pero cierran los ojos y se conforman con la bicoca que cada año les entrega la trasnacional. El reportaje que aquí se publica sobre la tragedia de El Carrizalillo es el tercero y último de la serie de trabajos ganadores del Premio Internacional de Periodismo, convocado por Proceso con motivo de su 35 aniversario. chos, que pronto iba a comenzar a vomitar sangre. Así como estaba de mal todavía fue a la planta a pedir permiso para atenderse porque si no, la iban a correr.”

Sofía Figueroa. Muert ea

C

MARLÉN CASTRO Y ROGELIO AGUSTÍN HILPANCINGO, GRO.Dejó de comer. Sólo quería dormir. A Sofía Figueroa Peña, exafanadora del consorcio minero Goldcorp, lo poco que le quedaba de vida se le agotó en dos días de vómitos y convulsiones. Alrededor de las 22:00 horas del 4 de diciembre de 2010 murió en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Acapulco.

Apenas tenía 35 años.

“Como por el 20 de noviembre me di cuenta de que se le quitó el apetito... seguramente fue desde antes pero hasta esa fecha yo no lo supe porque ese día tuvo descanso y la vi; casi nunca la veía, siempre estaba trabajando. La vi mal y le dije: ‘Atiéndete, hija’, pero ella me dijo que estaba cansada, que lo que tenía se le quitaba durmiendo. Todos los días llegaba a dormirse”, dice doña Esther, mamá de Sofía.

Esther Peña Barrios se limpia las lágrimas con la mano; luego uno de los muchos nietos huérfanos que hay en su ca-

sa en el ejido de Carrizalillo, del municipio guerrerense Eduardo Neri, le alcanza el chal que al parecer es su paño.

“Me siento culpable porque no es posible que no me haya dado cuenta, que nadie de los que vivimos aquí nos hayamos dado cuenta de lo mal que estaba mi hija, de que ya no comía nada. Pero cómo lo íbamos a saber si ni la veíamos. Llegaba como a las ocho de la noche y ni nos venía a ver, llegaba a dormirse y así hasta el otro día, que se iba a trabajar”, cuenta doña Esther.

Sofía quería salir de Carrizalillo. Decía que trabajaba mucho para tener sufi-

ciente dinero y comprar una casa en otro lugar, tal como piensan las cerca de 100 familias del pueblo desde que aceptaron rentar sus tierras a Goldcorp, “el mayor productor de oro y de más bajo costo”, como anuncia en su sitio en internet la compañía canadiense con sede en Vancouver.

Por eso de afanadora pasó a responsable de manejar el equipo de absorción atómica del laboratorio –labor que requiere un perfil profesional muy específico– y decidió cubrir dos turnos: de 7:00 a 15:00 y de 15:00 a 19:00 horas.

Aunque hacía un trabajo de alta cali-

los 35

ficación –analizaba y determinaba la concentración de los metales en las muestras de los bancos de mineral, es decir que determinaba cuántos miligramos de oro podrían encontrarse en cada tonelada de tierra removida, para lo que debía manipular cianuro y otras sustancias tóxicas– sus estudios máximos de primero de secundaria sólo le permitían ganar mil 800 pesos a la semana.

Para conocer y dominar el proceso de análisis de concentración del oro Sofía sacrificó durante meses los pocos ratos de descanso y convivencia con sus hijos, pues cubría su jornada como afanadora y luego se quedaba otro turno para recibir capacitación en el laboratorio.

“Mi hija falleció por los químicos que respiraba. Cuando por fin fue a hacerse unos análisis –dos días antes de morir– le dijeron que sus pulmones estaban deshe-

La devastadora minería En Carrizalillo los ejidatarios no sólo le rentaron las tierras a Goldcorp. También la conciencia.

Desde 2009, cuando negociaron con la trasnacional un convenio supuestamente ventajoso sobre la renta de sus tierras, lo único importante para ellos ha sido el precio internacional de la onza de oro. El resto, como los síntomas de las enfermedades relacionadas con las minas a cielo abierto, el impacto ambiental, la posibilidad de contaminación de los acuíferos o de un accidente con las toneladas de cianuro que se usan a diario, el riesgo de agotar las reservas de agua o las muertes de Sofía y de Fidencio –su medio hermano–, parece no importar.

En Los Filos-El Bermejal, primer yacimiento de oro a cielo abierto en Guerrero, los efectos nocivos de la actividad de Goldcorp –desconocidos al principio– son voluntariamente ignorados por los principales afectados.

Rogelio Agustín Esteban

–Si esa agua se filtra al subsuelo, entonces ¿tiende a contaminar los mantos freáticos?

–No. Tiene un tratamiento previo.

–¿La Profepa garantiza que esa agua ya no tiene cianuro cuando la absorbe el subsuelo?

–No podría precisar si lleva cianuro o no. Se supone que no. El proceso fue avalado por la Semarnat.

“A enfrentar lo que venga”

Crisóforo Guzmán. A sabiendas

más o menos. No sé exactamente la fecha, como no es un foco rojo no tengo en la mente cada uno de los detalles”.

–¿La ciudadanía puede estar tranquila respecto a las operaciones en Los Filos?

–Certeza absoluta. La empresa ha cumplido en todo. Garantiza manejo de residuos sólidos, de emisiones al medio ambiente, de manejo del agua, de medidas de contención, como la reforestación, de acuerdo con los parámetros establecidos.

–¿Qué hay del agua con cianuro que es utilizada para separar el oro?, ¿a dónde se va?

–Se deposita en las presas de jale. El agua, como bien sabes, tiende a irse al subsuelo o evaporarse.

Miguel Dimayuga

“En términos ambientales y sociales ninguna actividad industrial es más devastadora que la minería superficial”, se lee en el documento Minería a cielo abierto y sus impactos ambientales, elaborado por la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente y consultado en internet.

Pero en Guerrero el fenómeno es nuevo y no hay ninguna organización que vigile las operaciones de la minera.

Una megamina –el caso de Los Filos– usa nueve toneladas de explosivos cada día. También utiliza a diario 10 toneladas de cianuro, sustancia de la que una porción del tamaño de un grano de arroz es suficiente para matar a una persona, de acuerdo con la ONG argentina Conciencia Solidaria, que se opone a este tipo de minería.

Cuando una mina se agota y cesa sus operaciones deja ríos, arroyos y acuíferos contaminados con cianuro... y una población enferma de muerte. La capacidad productiva de las tierras tarda 100 años o más en recuperarse.

Pero aquí las autoridades dicen que todo está bien, que Goldcorp es una empresa sustentable.

El delegado en Guerrero de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Joel Tacuba García responde a los reporteros vía telefónica, única manera de contactarlo luego de varias semanas de insistir en una reunión con él.

“En tres años no ha habido ninguna denuncia de las comunidades. Lo que quiere decir que Goldcorp está cumpliendo. Desde hace seis años se certificó como industria limpia y cada dos años se ha evaluado y mantiene esa categoría. Nosotros cada dos meses verificamos que lo que reporta sea real. La última visita fue hace 15 días,

s “Bonanza” de ocho cilindro

36

1838 / 22 DE ENERO DE 2012

“No nos podemos espantar de lo que pasa.

Cuando rentamos nuestras tierras todos sabíamos de las consecuencias. Estuvimos conscientes de que se iba a usar cianuro y lo que eso significa, por eso estamos dispuestos a enfrentar lo que venga”, asegura Crisóforo Guzmán Montiel, líder campesino que nunca se quita los lentes Ray-Ban. Descansa plácidamente en su casa. Ya no tiene que preocuparse por ganarse la vida, por lo menos mientras dure la extracción de oro o el precio del metal siga por las nubes. En 2007 Guzmán encabezó un movimiento contra Goldcorp para conseguir un mejor pago por la renta de las tierras.

La asamblea permanente de ejidatarios lo nombró comisario ejidal legítimo cuando el legal, Fidencio López Peña (medio hermano de Sofía Figueroa Peña y quien murió en 2009 de cáncer en la cara), se negó a luchar en contra de la corporación canadiense.

La casa de Guzmán, a diferencia de las de sus vecinos, está exactamente como antes del movimiento. Pero la flamante Cheyenne en el espacio que hace de cochera habla de la bonanza de su familia.

“Compré en la capital, allá estoy haciendo mi casa. Todos sabemos que vamos a terminar saliéndonos de aquí. Creo que nadie tiene problemas con eso, siempre y cuando les paguen bien”, afirma.

Goldcorp tiene planes de remover también el cerro sobre el que se asienta el pueblo.

Como Guzmán, todos los ejidatarios que encabezaron el bloqueo a Goldcorp y la mesa ejidal que se conformó a raíz del movimiento, disfrutan de varios beneficios, igual que los ejidatarios que los apoyaron.

Anualmente cada uno de los 176 ejidatarios inscritos en el padrón recibe la parte proporcional por la renta de las mil 500 hectáreas de uso común –2.6 onzas por hectárea– y todos alquilan además sus parcelas individuales. Algunos sólo tres, otros hasta nueve. En conjunto son 150 hectáreas más.

Y ya no siembran.

Los pagos se hacen en abril. En ese mes de 2011 la onza de oro alcanzó el precio récord de mil 600 dólares y la hectárea se cotizó en 55 mil 744 pesos. Cada ejidatario recibió 108 mil pesos por las tierras de uso

común, además de lo que les dejan las parcelas individuales. Algunos sólo tienen tres, lo que equivale a 167 mil pesos, pero otros hasta nueve, por lo que habrían ganado alrededor de medio millón de pesos.

En una población que antes tenía apenas lo indispensable para subsistir, tales cantidades se antojan exorbitantes.

“Todos nos hemos beneficiado, para que más que la verdad. Y lo logramos por el plantón. Todo se distribuyó de acuerdo con las necesidades de nosotros y a nuestras ganas de trabajar”, sostiene Valeriano Celso Solís, expresidente del Consejo de Vigilancia del comisariado ejidal legítimo. Detalla todos los favores de Goldcorp, de los que excluyeron a los ejidatarios que seguían a Fidencio López Peña.

La minera otorgó concesiones para nueve combis, dos microbuses, un autobús, cuatro pipas y cinco camiones Thorton. Con cada una de las combis los concesionarios pueden ganar hasta mil 159 pesos por turno y algunos trabajan doble jornada, por lo que llegan a recibir más de 13 mil pesos a la semana.

A Julio Peña Celso, otro líder que destacó en el movimiento, la mesa ejidal le aprobó dos concesiones: una para microbús y otra para un Thorton; a Guzmán Montiel, una concesión de Thorton. A Celso Solís, una para combi. A Onofre Peña Celso, quien fungía como comisario municipal durante el movimiento contra la minera, una para una pipa.

Por eso en Carrizalillo es común encontrar a los ejidatarios sin hacer nada.

Orografía desbastada Al fondo del corrugado relieve cerca de Mezcala, a la derecha de la carretera México-Acapulco, una cadena de cerros amputados rompe el paisaje de vegetación semidesértica. Es el yacimiento de oro, plata, cobre y zinc Los Filos-El Bermejal.

Es mayo. No hay superlativo para describir tanto calor. Lo que marca el termómetro quizá ayude: 42 grados centígrados.

El sudor escurre a chorros, imparable. El aire que entra por las ventanillas del auto no proporciona ningún alivio, quema.

De la capital guerrerense a Mezcala hay 50 kilómetros. Para subir a Los Filos y después a Carrizalillo, otros 27. Tras el pueblo de Mezcala, de unos 3 mil 800 habitantes, la carretera serpentea cuesta arriba, entre las montañas de la Sierra Madre del Sur. Luego de unos 20 kilómetros en ascenso, del lado derecho está Los Filos, un cerro prácticamente tasajeado hasta la base.

Cinco kilómetros más adelante, ahora del lado izquierdo, aparece El Bermejal, recortado casi a la mitad de los mil 820 metros de altura que tenía.

Un poco más allá, del lado derecho, está lo que se llama patio de lixiviación: una

Miguel Dimayuga

REPORTAJE PREMIADO

Rumbo al yacimiento.

Desolación

extensión de aproximadamente 400 hectáreas donde, revueltas con el oro, hay alrededor de 6 millones de toneladas de tierra y rocas trituradas –según el último reporte trimestral de Goldcorp a sus socios– que se riegan con una solución de agua, sal y cianuro para separar el metal precioso.

Al caer la tarde, del patio de lixiviación se levanta una nube de polvo que los vientos arrastran precisamente a Carrizalillo, un par de kilómetros más adelante.

El calor y el polvo hacen irrespirable la atmósfera para los visitantes, pero la población local parece no estar afectada, aunque ya se manifiestan los ojos enrojecidos, irritados, secos, primer síntoma visible de la contaminación que generan las minas a cielo abierto.

Cuando en Carrizalillo los cerros aún tenían crestas y estaban verdes, las familias de esta comunidad veían con recelo “a los ingenieros de la companía” –a la mayoría de los lugareños se les dificulta pronunciar la ñ–, unos tipos altos y güeros que iban y venían en unas camionetas que ellos, los carrizalillenses, sólo manejaban en sus sueños. Ahora tienen hasta dos por familia, por lo que en las calles terregosas y estrechas abundan las Nitro, Cheyenne o Lobo recién salidas de la agencia.

“Nos tratan con desprecio, nos contestan mal cuando nos dirigimos a ellos, siempre nos hablan golpeado; eso no es justo, nosotros somos los dueños de estas tierras, tienen que vernos con respeto”, dijo Julio Peña Celso –líder juvenil del Movimiento en Defensa de las Tierras de Carrizalillo– el 8 de enero de 2007, cuando bloquearon los acce-

sos al yacimiento Los Filos-El Bermejal para exigir un mejor pago por sus tierras.

Dos años antes ignoraban que la trasnacional extraería 300 mil onzas de oro al año.

Por eso cuando llegaron los primeros representantes de la compañía y ofrecieron comprar las tierras, varios ejidatarios vendieron sus parcelas a precios irrisorios y consintieron en asamblea rentar las de uso común también por cantidades ridículas.

Luego, cuando comenzó a llegar la impresionante y costosa maquinaria que requiere la minería a cielo abierto, se supieron víctimas de un engaño.

Empezó el trato despectivo hasta que ese día, 8 de enero de 2007, a las seis de la mañana los ejidatarios bloquearon todas las operaciones de la empresa. La trasnacional aguantó 83 días. El 1 de abril accedió pagar una renta de 13 mil 500 pesos por cada una de las 970 hectáreas ocupadas. Ya había comprado algunas, pero la venta se anuló.

Los ejidatarios recibieron, ese año, 13 millones 95 mil pesos por la renta de las tierras, en vez de los 800 mil de los dos años anteriores. En la negociación Goldcorp se comprometió a financiar un sistema de agua por bombeo, entre otros 21 puntos para el desarrollo de la comunidad. Aunque accedió a casi a todo, se opuso a negociar la renta de las tierras con base en la cotización de la onza de oro, que en esas fechas rondaba los 821 dólares.

El año pasó rápido. El siguiente 1 de abril, ejidatarios y empresa volvieron a negociar.

El precio de alquiler de las tierras quedó en 14 mil 825 pesos por hectárea. Además Gol-

REPORTAJE PREMIADO

Muertes por cianuro

Óscar Alvarado / Procesofoto

El olor indescriptiblemente agresivo que parece romper la nariz se cuela a través de la mascarilla. En el laboratorio se escucha el ruido del aire acondicionado pero por ningún resquicio se cuela algún viento del exterior.

Frente al equipo de absorción atómica,

pósito del Día Internacional de la Mujer. El gerente general, Tomás Iturriaga Hidalgo, y el superintendente de Relaciones con la Comunidad, Arnoldo García Pizarro, de inmediato abrieron las puertas.

Parecían orgullosos cuando hablaron de Sofía, una viuda con tres hijos que había entrado a trabajar como afanadora y ahora tenía la tarea de determinar la concentración de oro por tonelada de tierra, utilizando cianuro, entre otros químicos. “Sofía es un caso especial, la debes entrevistar; es un ejemplo de superación”, aseguró García Pizarro.

Durante mayo, junio y julio de 2011 muchas veces se pidió Fidencio López. Cánce r facial una entrevista a los directivos de Goldcorp. A pesar de la promesa de agendar un encuentro, éste no se concretó en todos esos meses. Vía telefónica Garde bata blanca, cola de caballo para sujetar cía Pizarro evitó hablar de las causas del la melena pintada, estaba Sofía Figueroa Pe- fallecimiento de Sofía, pero aseguró que ña. Tenía 32 años ese día de marzo de 2008. aunque ella manipulaba cianuro, eso naElla no lo sabía pero dos años y nue- da tenía que ver. ve meses después moriría en una clínica del IMSS en Acapulco luego de 48 horas de Un pinchazo en el ojo agonía y de tres meses sin apetito y de sumergirse en un sueño profundo del que Era un día de trabajo como cualquier otro. despertaba cada día sólo para ir otra vez El presidente del comisariado ejidal de Carrizalillo y concesionario de la recolecal laboratorio.

Tampoco sabía que la razón del ojo ción de los desechos de Goldcorp en Los apagado de su medio hermano Fidencio Filos, Fidencio López Peña, destapó un boes el cáncer y que sólo faltaban cinco me- te para ver qué tipo de basura había.

Un olor ácido salió del recipiente. Fises para que falleciera.

En marzo de 2008 se le planteó a Gold- dencio sintió un pinchazo en el ojo izcorp la realización de un reportaje sobre quierdo. En las semanas siguientes el ojo el trabajo femenino en la minería, a pro- comenzó a apagársele. “¡Ve al doctor hijo; que te diga qué tienes!”, rogaba su mamá al líder depuesto por no apoyar el bloqueo a Goldcorp. Cuando el ojo se murió por completo Fidencio fue al doctor. Radiografías en cascada. Los huesos faciales carcomidos. Cáncer en la cara.

Murió el 9 de agosto de 2009.

Sus cuatro huérfanos, junto con los de Sofía, deambulan por la casa enlutada de doña Esther.

“Tengo mucho coraje”

Carrizalillo. Asamblea informativa

“Me llamo Rafael Rivera Santos. Entré a Los Filos en abril de 2007, a la planta de procesos. Tuve que trabajar porque me casé. Hubiera querido ser maestro de secundaria, pero abandoné mis estudios en la Universidad Pedagógica Nacional porque puedo contagiar a quienes me rodean.

“En noviembre de ese mismo año comencé a sentirme mal, no tenía apetito y tosía mucho, me hacían muchos estudios de laboratorio y salía que no tenía nada,

pero en la radiografía de tórax se veía dañado el contorno de mi pulmón derecho.

“Me mandaron a Iguala. Ahí me diagnosticaron tuberculosis con cuatro cruces (el máximo daño). El resto de mi vida tengo que estar tomando medicamentos. Ya no puedo hacer mi vida normal porque tengo las defensas muy bajas.

“El medicamento que tomo es tan fuerte que hay días que me deja tirado en la cama. Salgo de aquí (del centro de Salud de Mezcala) como zombi. Tardo en poder caminar. Aun así tengo que regresar a trabajar, aunque ahora estoy en el área de mantenimiento.

“Cuando me diagnosticaron tuberculosis me dieron 20 días de incapacidad. El Seguro Social me dijo que era una norma.

Regresé a trabajar. Como al mes otra vez comencé a ‘desgarrar’ sangre.

“Me han cambiado varias veces los medicamentos porque no he reaccionado a ellos, pero han dañado mi estómago. Todo el tiempo lo tengo irritado. Son muy pocas cosas las que puedo comer por la gastritis.

Cuando algo no me cae bien me comienza a subir algo muy amargo. Me dan náuseas y comienzo a vomitar.

“Cuando me atendían en el Seguro Social iba todos los días a Iguala porque un medicamento me lo tenía que tomar a las ocho de la mañana. Salía muy temprano, por lo que llevaba el estómago vacío. A veces el medicamento lo tenían hasta las tres; todo este tiempo no comía nada porque no tenía dinero. Así, con mi panza hueca, me tomaba la pastilla que me daban.

“Otros días iba y el medicamento nunca llegaba, por lo que no lo tomaba. Ellos saben que si un tratamiento no se toma completo, uno se hace resistente, por eso muchas veces me han cambiado de tratamiento. En ese tiempo llegué a pesar 45 kilos por la misma enfermedad y porque siempre estaba en ayunas, esperando tomar el medicamento.

“Tengo mucho resentimiento contra los doctores que me han atendido, sobre todo con Maricela Vega Orozco, encargada de Epidemiología de la clínica del IMSS en Iguala, porque cada vez que salía positivo me regañaba, decía que era un paciente renuente y así lo anotó en mi expediente.

“Tengo mucho coraje.”

Baja la cabeza. Le da pena mostrar las lágrimas rebeldes, necias, que se le han salido de control.

“Durante dos meses me suministraron estreptomicina, un medicamento del cuadro básico de esta enfermedad, que produce sordera. No reaccioné tampoco a ella, pero desde entonces todo el tiempo escucho como grillos dentro de mi cabeza. Siempre me duele. Por las noches no puedo dormir.

“Al principio de mi enfermedad, cuando regresé a trabajar, los inspectores me

insultaban, decían que era un mañoso; a fuerza me hacían trabajar en la planta, cada que hacía fuerza para apretar un tornillo, sentía que mis pulmones se deshacían, los oía tronar con cada esfuerzo.

“No me creyeron hasta que ahí mismo no aguanté, tosí y comencé a sangrar. Todo el camino al servicio médico iba sacando sangre.

“Desde 2010 me atienden aquí. Hasta ahora no me han fallado con las medicinas, siempre están listas; yo tampoco he dejado de venir a tomármelas. Quiero estar vivo. Tengo una hijita de tres años. Sólo una vez no he venido, pero hablé para avisar. La pastilla del día anterior me había dejado tirado, moribundo, no tenía fuerzas para levantarme. “¿Esto va a salir publicado? Quiero decir que cuando el trabajador de la mina no tiene el equipo de seguridad, no tiene por qué hacer su trabajo; sin embargo, nos obligan a hacerlo y el sindicato no hace nada al respecto.”

Bonanza áurea Migajas. No existe otra forma para definir lo que Goldcorp deja a cambio del oro, aunque los ejidatarios cobren por sus tierras con base en el precio del metal en la bolsa de valores de Estados Unidos. El precio de la onza de oro se ha duplicado –de 821 a mil 600 dólares– desde 2007 cuando la corporación empezó la extracción en Carrizalillo.

Al finalizar el primer trimestre de 2011 Goldcorp incrementó sus ganancias 69% respecto al mismo periodo del año anterior.

El yacimiento Los Filos-El Bermejal es una de sus operaciones más rentables en todo el orbe, de acuerdo con el informe fi-

nanciero de la trasnacional consultado en su sitio electrónico. “Los Filos es un elemento clave para nuestra cartera de activos”, dice en el informe el presidente y consejero delegado de Goldcorp, Chuck Jeannes.

En Los Filos el costo de producción por onza es de 188 dólares, contra los 322 en la mina Red Lake y los 621 en Musselwhite, Ontario, o los 324 dólares en la mina Marlin de Guatemala.

En el primer trimestre de 2010 Los Filos “estableció una marca de producción” con 94 mil 600 onzas de oro, 22 mil 500 más que en el mismo periodo del año anterior.

Si el ritmo de producción sigue así, al finalizar el año se extraerán 376 mil onzas, 76 mil más que lo previsto en el proyecto inicial, planteado a 10 años, lo que implica que concluirá operaciones mucho antes de lo planeado. Lleva cuatro años.

Con esta producción en Los Filos, Guerrero se ubica como el primer productor de oro en el país y Goldcorp es la segunda compañía mundial más grande en valor capital del sector. “¿No ha ido últimamente a Carrizalillo?”, repregunta el subdelegado de la Secretaría de Economía en esta capital, Víctor Juan Hernández López, cuando se le pregunta qué le queda a Guerrero de esa riqueza aurífera: “¿No ha ido? Basta ver lo que ha ocurrido ahí en los últimos años para saber qué se queda en Guerrero de esa megaoperación. En el municipio de Eduardo Neri se han generado 4 mil empleos. Directos yo creo que 2 mil, pero lo más importante es el desarrollo que ha habido alrededor del proyecto. Se ha generado una cadena de proveedores locales que suministra bienes y servicios a la compañía.”

Junio de 2008. Protesta minera

Óscar Alvarado / Procesofoto

Rogelio Agustín Esteban

dcorp se comprometió a financiar un proyecto integral de desarrollo, a que el sistema de agua estaría listo en diciembre de 2009 y aceptó que en realidad ocupaba mil 150 hectáreas, no 970.

En abril de 2009, en la segunda revisión del convenio, Carrizalillo decidió ir por todo. Pidió el equivalente de 3.5 onzas de oro (la onza se tasaba entonces en 920 dólares) por cada hectárea. Goldcorp aceptó a cambio de que en adelante la revisión se hiciera cada cinco años y con un tope de 1.6 onzas por hectárea.

Carrizalillo ya conocía bien los efectos de los bloqueos. Repitió el ejercicio.

En esa ocasión el paro sólo duró 14 horas antes de que Goldcorp aceptara pagar 2.6 onzas, un total de 36 millones de pesos.

Ahora, en 2012, el sistema de agua sigue inacabado pero al parecer eso ya no les importa a los ejidatarios, quienes se acostumbraron a subsistir con el líquido que les manda la trasnacional en pipas.

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Ojo de agua. Contaminación

extraiga, aunque la cuota varía según los años que lleve la explotación. Para el primer año de actividad la cantidad es de 5.08 pesos por hectárea; de 10 en adelante, 111.27 pesos. Aunque esto lo recibe el gobierno federal, el funcionario también desconoce lo que paga Goldcorp.

El yacimiento Los Filos-El Bermejal abarca 3 mil 20 hectáreas, de las que mil 300 renta a Carrizalillo, donde están casi todo el yacimiento y el patio de lixiviación; otras mil 300 a Mezcala, de donde parte la red de caminos de acceso a la fuente de excavación y al sistema de abasto de agua, y 420 hectáreas a Xochipala, Miguel Dimayuga

El funcionario habla de Mezcala, donde a raíz del boom minero se han instalado diversos negocios, desde venta de comida o de ropa hasta bares y cantinas. Los mineros también quieren divertirse.

Pero en Carrizalillo no hay ningún negocio de proveeduría. En ese pueblo la gente espera cada año la renta de sus tierras arruinadas por la mina a cielo abierto, la industria más devastadora según organismos internacionales de defensa del medio ambiente.

“Las operaciones de la mina han generado un efecto multiplicador hacia abajo; eso es lo que se busca siempre, encadenamientos productivos a un proyecto macro.

Esa actividad que hay ahí genera certidumbre y ello lo convierte en un polo de inversiones, por eso es positivo que se explote el potencial minero, aunque sean compañías extranjeras las que lo hagan...”

–Mientras dure la extracción. ¿Y después…? –interrumpimos a Hernández López.

–Ninguna actividad económica es predecible. Ahí están las maquiladoras en la región norte: cambiaron las condiciones del mercado y las fuentes de empleo se vinieron abajo. Pero la explotación del oro es de largo plazo, la compañía continúa haciendo más exploraciones, eso seguirá…

Hernández López informa que en dinero contante y sonante lo que queda en Guerrero es el pago de 2% del Impuesto sobre el Producto del Trabajo (ISPT); pero como es un impuesto que cobra el gobierno estatal, desconoce la cantidad.

Lo que queda a la federación es el cobro de derechos sobre minería, una cantidad estándar, independiente de lo que se

pues una porción de El Bermejal es propiedad de esa comunidad.

A falta de datos de la Secretaría de Economía, suponiendo que Goldcorp pague derechos mineros por toda la superficie ocupada y que sea por más de 10 años, lo máximo que puede pagar son 355 mil 200 pesos semestrales.

El secretario de Desarrollo Económico de Guerrero, Enrique José Castro Soto, sostiene que este gobierno diseña un esquema para que en las comunidades donde hay actividad minera, los dueños de la tierra sean también inversionistas.

Por el momento, excusándose en que este gobierno apenas comenzó a tomar las riendas, no sabe cuánto se queda en Guerrero de la riqueza aurífera, sólo que se cobra 2% de ISPT de los cerca de 2 mil empleos directos... pero desconoce cuál es la cantidad.

Guerrero ejercerá este año 43 mil millones de pesos de presupuesto. Las 300 mil onzas de oro que se han extraído anualmente ahí, convertidas a pesos mexicanos, dan alrededor de 48 mil millones de pesos, cinco mil más que el presupuesto estatal.

“A lo mejor es gripa” Sofía murió de hepatitis y dengue hemorrágico, dijo Goldcorp a los ejidatarios y a la Sección 269 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Embelesados con la cotización en oro de sus otrora parcelas semidesérticas y con los beneficios obtenidos, en Carrizalillo los ejidatarios no quieren ver que los efectos temidos de la minería sobre la salud han comenzado a manifestarse.

Agua en pipas. De vez en cuando...

“Quizá de verdad haya muerto (Sofía) por el cianuro, pero nosotros no sabemos bien la razón; la familia debe acercarse a la mesa a plantear la situación para que nosotros hagamos algo, pero no lo ha hecho y mientras sea así, sólo son decires”, afirma Celso Solís.

Reconoce que hay muchas manifestaciones de las enfermedades que, se dice, trae la explotación del oro, pero no saben bien si de verdad sea por eso. Dice que hay dolores de cabeza, enfermedades respiratorias, irritación de los ojos, comezón en la piel: “Pero a lo mejor sólo es la gripa normal, no necesariamente tiene que ser por los químicos”.

Crisóforo Guzmán, otro líder del movimiento contra Goldcorp, recuerda que en 2009, cuando negociaron la revisión del convenio a cinco años, quedó asentado en una de las cláusulas que habría un monitoreo permanente a la salud de los habitantes y de los trabajadores: “Pero la verdad no hemos visto eso. La empresa obviamente no lo va a hacer por su cuenta; tenemos que ser nosotros. Pero no sé qué esté pensando la nueva mesa ejidal. Yo me retiré, ya no he estado pendiente, pero vamos a ver qué podemos hacer”.

En el asunto, como en la defensa de sus tierras, los habitantes de Carrizalillo, de Mezcala y de otras comunidades vecinas están solos. Con las autoridades estatales y federales no se cuenta.

En diciembre de 2009 el gobierno guerrerense creó por acuerdo un Consejo Estatal de Minería (CEM) para seguir los pasos a esta actividad, pero sólo en lo que se refiere al aspecto económico. Forman parte de este consejo dependencias como la Secretaría de Desarrollo Económico y del Medio Ambiente, no la de Salud.

El CEM sesiona la última semana de cada trimestre. En el actual gobierno que encabeza Ángel Aguirre Rivero y que empezó el 1 de abril de 2011, el Consejo se ha reunido una sola vez.

Su actual secretario técnico, el ecologista Héctor Zurita Brito, dice que debían incluirse otras instancias en el órgano, como las secretarías General de Gobierno y la de Seguridad.

–¿Y la de Salud?

El ambientalista guarda silencio unos segundos. Truena los dedos y dice: “Es cierto. Esa dependencia también debe estar incluida”.

Resistencia latinoamericana En Eduardo Neri al parecer las comunidades están dispuestas a aceptar las consecuencias ambientales y para la salud de la minería a cielo abierto.

En otras latitudes es distinto. En 2002, ante los impactos de las minas a cielo abierto y la lixiviación con cianuro, el gobierno de

Rogelio Agustín Esteban

Miguel Dimayuga

R E P O RTA J E P R E M I A D O

Doña Esther. Tragedia familiar

Costa Rica prohibió nuevas explotaciones de ese tipo y cerró las puertas a Goldcorp.

En Perú, en 2007 los pobladores de tres municipalidades de Piura se movilizaron contra Barrick Gold, otro consorcio minero canadiense con operaciones en varias partes del mundo.

Los habitantes del municipio guatemalteco de Sipacapa, donde está la mina Marlin, iniciaron consultas para sacar a Goldcorp. En la República Dominicana la población inició una campaña bajo el lema El verde es mejor que el oro para impedir la operación de Barrick Gold. En Córdoba, Argentina, surgió la ONG Conciencia Solidaria para impedir las operaciones en una mina de oro y uranio concesionada a esa misma compañía.

En Guerrero, comunidades indígenas en la región de la Costa-Montaña, a donde quiere llegar también Barrick Gold, lanzaron el manifiesto A corazón abierto defendamos nuestra madre tierra contra la minería. El alcalde de Malinaltepec, el priista de origen tlapaneco Vicente López Carrasco, anticipó que en las comunidades indígenas no pasará lo mismo que en Carrizalillo.

“Para nosotros la tierra es todo, no vamos a aceptar vender ni rentar nuestras parcelas. El mismo ayuntamiento se va a poner al frente de la defensa del territorio”, dijo.

Entre 2005 y 2009 el gobierno federal ha otorgado en concesión 28 nuevos proyectos mineros en las regiones de Costa Chica y Montaña, donde la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero inició movilizaciones en defensa de la tierra. No quieren para ellos lo que pasa en Carrizalillo.

“¡Me desgraciaron!”

Fidencio mira a doña Esther con su ojo derecho; el izquierdo ya está apagado. “Se to-

mó esa foto unos meses antes de morir”, explica la madre. Sofía también la mira desde las fotos de álbum.

Doña Esther nunca se acercará a la mesa ejidal a pedir justicia para sus hijos muertos. Cuando Fidencio se opuso al movimiento contra Goldcorp selló su suerte, la de su familia y la de los ejidatarios que estaban con él.

Las autoridades que tomaron las riendas del comisariado acordaron en asamblea castigarlos por dar la espalda al pueblo. Están marginados. Así lo entienden y lo asimilan.

Lo que no es comprensible es que los hijos de doña Esther, sobre todo Silvestre y la esposa de Fidencio, quienes se quedaron con la concesión del manejo de los desechos de Goldcorp, prefieran mantener el empleo que exigir justicia.

“Déjelos descansar en paz. Ya están muertos”, afirma doña Esther que le dicen cuando la ven llorar por el dolor, pero sobre todo porque sus muertes están sin castigo.

Dos días antes de morir, Sofía se hizo unos estudios para saber qué tenía, porque el médico de la planta Los Filos sólo le daba aspirinas. “Dice la empresa que mi hija murió de dengue. Yo digo que si hubiera tenido eso, el médico de la empresa se lo hubiera dicho y la hubiera mandado a descansar, pero le decía que estaba bien, sólo le daba pastillas”.

Silvestre López Peña se adueñó de los estudios que se hizo su media hermana Sofía, los trae consigo para conseguir becas para los hijos huérfanos.

Doña Esther afirma: “Dicen en el pueblo que la mina trajo beneficios. Los únicos que se han beneficiado son los de la mesa ejidal. A mí ya se me murieron dos hijos, ¡a mí me desgraciaron!”.

ANÁLISIS NARANJO

JESÚS CANTÚ

Gallero

Sabotaje a la ley electoral

U

na sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sancionó “la compra indebida de tiempos en televisión” para transmitir un debate de los precandidatos al gobierno de Nayarit, de la fallida alianza Nayarit, Paz y Trabajo, permitió construir la idea de que durante las precampañas no se pueden realizar debates en radio y/o televisión.

Salvador Olimpo Nava Gomar, ponente de la citada sentencia, tuvo que salir a desmentir dicha versión y precisar que la sentencia no versa sobre la celebración o transmisión de debates, sino sobre la indebida difusión de propaganda político electoral.

Lo que sucedió en Nayarit, de acuerdo con lo expuesto en la sentencia del magistrado Nava Gomar, es que la alianza organizó un debate entre los precandidatos y acordó con la televisora la transmisión del mismo. En la resolución se reconoce que “no es posible advertir la existencia de un contrato entre los sujetos denunciados y la concesionaria”, pero afirma que sí existen suficientes elementos para demostrar que se trató de un acto simulado que tenía como “propósito promocionar o posicionar” a los precandidatos y los partidos políticos, “con independencia de si el concesionario recibió o no pago por ello o procedió de manera gratuita…”

A partir de esa sentencia los mismos que desde septiembre de 2007 se oponen a la reforma electoral en materia de medios de comunicación y, particularmente, a que se prohibiera la compra de espacios y que toda la propaganda político-electoral se difundie-

ra en los tiempos gratuitos del Estado y se ordenara a través del Instituto Federal Electoral, montaron la trama de que el Tribunal prohibió la transmisión de los debates entre precandidatos. Ésta es otra de las embestidas en contra de la correcta aplicación de dicha reforma, con la evidente intención de sabotearla e intentar revertirla.

Joaquín López Dóriga, en su programa radiofónico, informó desde hace meses que las autoridades electorales prohibían la transmisión de debates entre precandidatos, y la semana pasada, tras haber invitado a los precandidatos de la izquierda al gobierno del Distrito Federal a un debate, anunció su suspensión debido a una carta que le envió la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión donde le advertía que estaba violando las normas electorales.

Particularmente el equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota hizo eco de dicha postura y la utiliza como pretexto para no acudir a los debates; incluso se negó a confirmar su participación en uno programado para el martes 24 de enero, a las 8 de la mañana, dentro del noticiero de Carmen Aristegui, al que ya confirmaron su asistencia los otros dos precandidatos, Santiago Creel y Ernesto Cordero.

La conductora ya entrevistó en su espacio noticioso al presidente del IFE, Leonardo Valdés, y al magistrado Nava, y ambos afirmaron tajantemente que lo que se sancionó no fueron los debates, sino “la adquisición indebida de tiempos en televisión”.

Así las cosas es evidente que los periodistas y conductores de noticias pueden invitar con toda libertad a los precandidatos a un

puesto de elección popular a debatir en sus espacios noticiosos.

Obvio: tendrán que apegarse a principios básicos de su ejercicio profesional, como dar igual oportunidad a todos los aspirantes de todas las fuerzas políticas.

Sin embargo, tanto en el caso de la Presidencia de la República como en el de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, sólo una de las fuerzas políticas realiza una contienda interna con más de un precandidato, por lo cual únicamente se tendrán que cuidar de invitar a todos los precandidatos inscritos de dicho instituto político.

Otro tema totalmente distinto es qué hacer en el caso de que la fuerza política organice su evento y desee transmitirlo en vivo por una estación de radio o un canal de televisión.

Aunque el caso específico no está previsto en el Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, de su lectura funcional y sistemática sí es posible interpretar que tendría que difundirse en los tiempos oficiales y lo tendría que ordenar el mismo IFE. Y para el efecto específico podría aplicarse lo establecido en los párrafos tercero y cuarto del artículo 70 del Cofipe, referidos a la transmisión de los debates entre los candidatos a la Presidencia, en los que se establece que los concesionarios que así lo decidan podrán transmitir los mismos “en forma gratuita” y los autoriza a “suspender durante el tiempo correspondiente la transmisión de los mensajes que correspondan a los partidos políticos y a las autoridades electorales”. Es decir, si

la transmisión del debate dura dos horas, los concesionarios dejarían de transmitir durante dos días y medio los spots publicitarios de los partidos políticos y las autoridades electorales.

En el caso de los precandidatos presidenciales del blanquiazul, no serían los 48 minutos, dado que al PAN durante el período de precampañas le corresponden casi cinco minutos diarios, con lo cual por cada hora de debate se suspendería la transmisión de sus spots durante 12 y medio días. Y también podría aplicarse otra disposición del mismo artículo y párrafo: “El Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales”, con lo cual sí es pertinente que el IFE dé los lineamientos para propiciar la mayor difusión de los debates que sostengan los precandidatos de todas las fuerzas políticas a los distintos puestos de elección popular.

La pasividad del IFE y la perversidad de los concesionarios desataron una nueva embestida en contra de la aplicación de la reforma en materia de medios.

Conforme avance el proceso electoral y se acerque la jornada comicial, los impactos de las acciones de los opositores a la reforma serán mayores, por lo cual la autoridad electoral debe ser más previsora, anticiparse y tratar de cerrar todos los resquicios, pues luego de más de tres años de aplicación de estas reglas es evidente que los ataques contra las mismas no cesarán y, al contrario, muy probablemente arreciarán en los momentos que más estragos pueden causar O

ANÁLISIS

S

SABINA BERMAN

ENRIQUE SEMO

La difícil independencia de la señora Wallace

Actuar ahora, pensar a largo plazo

e dejaron venir los guardianes de las puertas de entrada del palacio del Poder a la sala donde se oficiaba el nombramiento de la señora Wallace como candidata independiente al gobierno de la Ciudad de México. Y estaban indignados.

La señora no ha pagado su cuota en ninguna puerta. No ha jurado por ninguna de las actas constitutivas de ningún partido. No ha hecho compadrazgos políticos. No ha bajado la cabeza y votado contra su propia convicción en ninguna votación. No ha mentido públicamente.

En palabras de la candidata del PRI al mismo puesto, Beatriz Paredes: “No es una política profesional”.

En palabras de comentaristas variopintos de los medios de comunicación: La señora no tiene experiencia, es improvisada, sabe de seguridad y nada más, se vendió al poder, resultó que bajo su lúcida honestidad albergaba la sucia ambición de mandar.

Un comentarista la regañó, y aunque sucedió en la radio uno podía imaginarse que lo hizo con el dedo índice incendiado de rabia: “Creíamos en ti, Isabel Wallace. Arruinaste tu prestigio”.

La señora Wallace no se ha inmutado bajo la lluvia de descalificaciones.

Me aclara que para entrar al palacio del Poder dio “el portazo”. “¿No es más bien que de pronto, de sorpresa, te ofrecieron la candidatura?”. “No. No fue así.

Busqué la candidatura”, me revela.

La consiguió en un partido vencido de antemano en la contienda, el PAN, con cinco candidatos a los que nadie volvía a mirar. La consiguió porque apareció en las encuestas que mandó realizar el PAN como la figura pública con mayor simpatía de los ciudadanos de México. La consiguió porque el PAN no tenía alternativa.

En el pasado reciente se había rumorado que el PRD le ofrecería a la señora Wallace la Procuraduría de Justicia del DF. Entonces me aseguró que no la aceptaría porque “el sistema es tan ineficaz y corrupto, que a pesar de poner

en ello toda la voluntad, no podría hacer nada, nada, nada”. “¿Y ahora por qué podrías hacer algo? ¿Algo ha cambiado en el sistema?”, le pregunto. “Porque se trata de la Jefatura de Gobierno. De donde parten los programas de gobierno. Desde donde sí puedo controlar los resultados”. “¿Controlar la policía corrupta, Isabel, cómo?”. “Con tecnología”. “¿Cámaras de video?”. “Eso y mucho más. GPSs, por ejemplo, que detectarán dónde se encuentra cada oficial. Y por supuesto hay que dignificar las condiciones de la policía. Te digo algo, Sabi, yo en esto voy a poner mi vida”. “¿Meterías al Ejército a las calles?”. “Por supuesto que no”.

“A ver, Isabel Wallace, pongámonos serias y prácticas. Es evidente lo que te viene encima. La ceremonia de tu nombramiento fue elocuente. En el templete se pararon todas las figuras del PAN que pudieron hacer valer su jerarquía y cupieron físicamente. En general, las figuras de los partidos asisten a los nombramientos para apoyar al bisoño candidato. Acá fueron a aparecer junto a ti, a que tu imagen los refrendara a ellos. Los tres candidatos a la Presidencia se pelearon tus dos manos para alzártelas. Al final Creel y Vázquez Mota tuvieron que compartir una mano tuya para alzarla. Lo que viene es que al arroparte el PAN, te cooptará, lo sepas o no. Para empezar: ¿quiénes manejarán tu campaña?”

“Gente que yo llame para hacerlo. No panistas”. “¿No pasarás por la máquina electoral panista para que te cambien la imagen, te vistan de rojo, te inventen frases que quepan en los titulares de los periódicos, te inventen lemas, te escriban los discursos?”. Se ríe, se ríe, se vuelve a reír. “¿Y con quién gobernarás, Isabel? ¿Conoces a suficientes personas capaces para llenar los puestos de un gabinete?”.

“Estoy buscando a los mejores profesionales. Habrá ciudadanos sin partido y otros de partidos distintos. Estoy buscando por ejemplo al premio Nobel Molina, para Ecología”. “¿Ese es el nivel?” “Ese es el nivel”. “¿Pero cómo evitarás que el PAN te

cobre este nombramiento y los costos de la campaña imponiéndote personas y programas?”. Isabel Wallace es enfática: “Mi acuerdo con ellos es que soy independiente”. “Incluso les pedí, y me darán, representantes en la Asamblea Legislativa”. “¿Resistirás la presión, señora Wallace?”

“He podido con mayores presiones. A mi edad, con mi experiencia, podré.”

“Volvamos al asunto de las personas”, le insisto. Habiendo tratado profesionalmente a Isabel Wallace, no me queda duda de su temple, ni de su inteligencia práctica, pero sí de que sea capaz de formar un gobierno. “¿A quién piensas en Hacienda?”. “Todavía no diré nombres”, responde. “¿A quién piensas en Cultura?”. “Todavía no diré nombres”. “¿A quién piensas en/ Me corta. “Todavía no diré nombres, Sabi”.

Y luego hace algo que le viene de su talento como directora de una escuela primaria, secundaria y preparatoria, durante 18 años: pone a su interlocutor en el centro del asunto, para hacerlo entender. “Tú haces un programa de televisión”, me recuerda. “Pero no diriges cámaras. No sabes nada de satélites. No realizas la edición”. “Cierto”, digo.

Pues bien, como si se tratara de hacer un programa de televisión, ella formará un gobierno de expertos. Y sobre su falta de experiencia política, la admite, pero la considera una ventaja. “Mira, el tipo de experiencia de los políticos profesionales, es lo que no tengo yo. Y qué bueno, ¿no te parece?”.

“Isabel Wallace, lo que reconocemos en ti es que has tenido una conexión profunda con la verdad. Has arriesgado la vida por la verdad. Eres una heroína, no menos, no más, de la verdad. Lo que muchos tememos es que al entrar a la contienda política, debas empezar a usar verdades estratégicas. ¿Dónde te avisamos de nuestro descontento si notamos que empiezas a mentir?”

Lo medita. Responde: “Pueden escribirme a isabelmirandadewallace@yahoo.com” O

S

iempre ha sido difícil ponerse de acuerdo en qué se entiende por izquierda, pero hoy lo es más que nunca. Los principios de la publicidad aconsejan robar cualquier concepto que logra audiencia. De ahí la necesidad del pensamiento crítico: analizar la relación entre discurso y práctica, entre rumor y realidad.

Por otra parte, en época de campaña electoral, la izquierda debe inevitablemente cumplir con dos objetivos que no siempre coinciden, uno inmediato y otro a largo plazo: ganar las elecciones y reafirmar su identidad. Triunfar en la elección equivale a conseguir una porción del poder; afirmar una identidad es construir una hegemonía, sin la cual no hay cambio posible.

Como cualquier otra identificación política, la díada izquierda/ derecha está históricamente determinada. En los últimos 20 años ha surgido en México y en varios países de América Latina un nuevo tipo de izquierda, más pragmática, orientada a la construcción de amplias coaliciones que apuntan a reformas en los aspectos nocivos del ajuste neoliberal impuesto en los últimos 30 años.

Con ciertos parecidos con los movimientos nacional-populares del pasado (en el sentido que dio Germani al concepto), están modificando la política y la economía de la región por medio de la competencia electoral, las masivas movilizaciones públicas y nuevos proyectos de integración de países latinoamericanos.

La nueva izquierda está firmemente anclada en las expectativas de cambio democrático y progreso social. Elaborando el término con un significado amplio para que pueda englobar a organizaciones y personalidades de muy diversos grados de radicalismo o gradualismo, debe sin embargo fijar límites mínimos que la distingan claramente de la derecha neoliberal que dominó en la mayoría de los países latinoamericanos y que en México sigue dominando. Los nuevos límites

deben posibilitar la inclusión de grupos sociales hasta hace poco excluidos. Deben ampliar la eficacia reformadora de su política en cuestiones vinculadas con las relaciones de producción y distribución, la promoción de modalidades de acción popular, la consideración de variantes de economía mixta y de actitudes hacia el capital extranjero. En lo ideológico, deben abrirse para sumar desde sectores moderados hasta los que siguen manteniendo la utopía creadora de la abolición de la propiedad capitalista y el socialismo.

La nueva izquierda latinoamericana, que en Cuba tiene su precursor y que en 10 países ha ganado el gobierno por la vía electoral: Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y, hasta hace poco, Chile, es a la vez partidaria y movimiento social, una izquierda heterogénea, compuesta de múltiples grupos y de

variados enfoques teóricos: liberalismo, marxismo, nacionalismo, catolicismo social. Como entidades nacionales mantienen fuertes diferencias debido a las condiciones particulares impuestas por las diversidades de condiciones territoriales, étnicas, geopolíticas y culturales propias de cada país. El gran punto de encuentro es la insatisfacción con el tipo de capitalismo efectivamente configurado por el neoliberalismo.

Decididamente, la historia de América Latina ha mostrado desde su independencia y hasta ahora diferencias muy grandes con la historia de Europa y de Estados Unidos.

Mientras que hoy en esos lugares la izquierda liberal y socialdemócrata se encuentra sin rumbo, vencida por el poder financiero, en América Latina una multitud de países que buscan romper con las políticas del neoliberalismo y la dependencia suman éxitos visibles, y en algunos casos decisivos, sin romper con el capitalismo.

En Estados Unidos, el gobierno demócrata de Barack Obama realiza una operación gigantesca de rescate de las instituciones financieras a costa de los impuestos pagados por los ciudadanos. En Grecia, Giorgios Papandreu, quien fuera presidente de la Internacional Socialista, puso en práctica una política de austeridad feroz con privatizaciones masivas, supresión de empleos y, al final, abandono de la soberanía en manos de tecnócratas no elegidos. En países como España o Portugal el término de “izquierda” está a tal punto pervertido que no se le asocia con ningún contenido político particular. La parte socialdemócrata de la izquierda europea ha claudicado ya ante la decisión de la derecha de sacrificar el Estado de Bienestar para restablecer los equilibrios presupuestarios y complacer a los círculos financieros.

En cambio, en la mayoría de los países de América Latina se forma una nueva iz-

ANÁLISIS ERNESTO VILLANUEVA quierda, muy distinta a la estadunidense o la europea, que logra mellar la ofensiva del Consenso de Washington, mostrando una firme tendencia a tomar el relevo de la izquierda liberal y socialdemócrata de Europa. Se trata de una izquierda de tipo nacional-popular bastante común en la historia del continente en el siglo XX. En México, alrededor de la figura de AMLO, esa izquierda existe también, y sus posibilidades no son menores que en el resto de los países latinoamericanos, respetando las particularidades muy marcadas de nuestro país.

El eje de sus propuestas se orienta a dotar a la democracia representativa de eficacia para convertir las aspiraciones populares en políticas reales. El combate contra la corrupción y la violencia; la lucha contra la pobreza, la desigualdad social y política y el desempleo, así como la búsqueda tenaz de una inserción más independiente en los escenarios de la globalización, son sus cartas de presentación irrenunciables. Es cierto que la derecha también esgrime esos mensajes como parte de su demagogia. De ahí la importancia de que el discurso coincida con las prácticas en la actividad cotidiana de los políticos de izquierda, de sus gobiernos municipales, estatales y federal. En esto no hay aspectos chicos y grandes.

La identidad se borda laboriosamente, no se constituye a gritos y a sombrerazos.

Quizás el mayor atractivo de la figura de AMLO sea esa congruencia entre la palabra y la acción a lo largo de toda una vida.

La nueva izquierda latinoamericana no obtuvo el apoyo popular de la noche a la mañana. Su ascenso ha estado más de acuerdo con la estrategia gramsciana de la lucha de posiciones que con la idea de la revolución, predominante hasta hace poco. El esfuerzo por ganar el referéndum antipinochetista en Chile, las políticas de los gobiernos locales de Porto Alegre, Montevideo y las alcaldías de izquierda de Venezuela, el PRD en la Ciudad de México, fueron algunas de sus primeras experiencias. Los duros combates en Bolivia contra la privatización del agua en Cochabamba, el dirigido por Evo Morales en defensa de los productores de la hoja de coca contra los ensayos de Estados Unidos por erradicar la planta, son otros de los antecedentes y acompañantes de sus victorias parciales.

La captación del voto indeciso de amplios sectores sólo puede ser lograda con las referencias a la coherencia entre discurso y acción de la izquierda y la disipación militante e inteligente de los rumores de doblez, de intención expropiatoria y antiempresarial, sembrada empecinadamente por un enemigo equipado con medios gigantescos. O

Corrupción y opacidad en Aeroméxico L

a corrupción en México no sólo erosiona la legitimidad del ejercicio público, sino que abarca a la iniciativa privada, que no pocas veces está privada de iniciativa. Aeroméxico es un ejemplo de corrupción y opacidad que ha impulsado su director general, Andrés Conesa Labastida, lo que no debiera ser pasado por alto. Vamos a los datos que apoyan lo que aquí afirmo.

Primero. Andrés Conesa Labastida llegó a la dirección de Aeroméxico en 2007, tras haber pasado por algunos cargos en la SHCP. Un primer dato grave es la ausencia en Aeroméxico de códigos de conducta que regulen los conflictos de interés, por lo menos accesibles al público. Y esto de entrada viene a colación por el patrocinio y/o contratación de Lorena Ochoa, tanto cuando era su pareja como ahora que es la esposa del propio Conesa. Esta práctica de Conesa sería sancionada en las principales líneas aéreas del mundo... Los “conflictos de intereses” nacen en el momento en que un directivo es influenciado por consideraciones personales al realizar su trabajo, en aparente perjuicio de la empresa. La inclusión de un apartado dedicado a conflictos de interés es un mensaje de probidad para generar confianza. Es por ello que, a diferencia de Aeroméxico, la empresa Delta Airlines tiene publicado en su página web su código de conducta, en el que incluye lo que se conoce como “conflictos de intereses”. Lo mismo sucede, entre muchísimas otras aerolíneas, en Air Canada y en United Continental, donde se puede acceder incluso a sus directrices de gobernabilidad corporativa, que también regula y sanciona los conflictos de interés.

Segundo. Del 2007 al 2012, Aeroméxico, bajo la dirección de Conesa Labastida, ha registrado un proceso de retroceso en la calidad de los servicios y en el manejo transparente de la empresa. De acuerdo con la principal firma de auditoría aeronáutica en el mundo, la inglesa Skytrax (cuyo lema es “sin miedo al favor” pues dice no aceptar patrocinios o regalos de ningún tipo y mantener el principio de la transparencia), Aeroméxico no sólo no se encuentra entre las primeras 60 aerolíneas del mundo, sino tampoco entre

las mejores de América Latina. En esta área están mejor evaluadas Taca, Copa, Lan, Tam y Avianca. Y dentro de las cinco mejores aerolíneas del mundo se halla KingFisher, de la India, no sólo aquellas que corresponden a países del Primer Mundo, como se pudiera pensar a primera vista. Peor todavía, hasta el 19 de enero de 2012 Aeroméxico no había sido aprobada como una línea aérea de calidad. Y de acuerdo con esta evaluadora, es una empresa de tercer nivel.

Entre las razones por las que Aeroméxico se encuentra en esta situación pueden mencionarse: a) mal manejo de retrasos y cancelaciones; b) incapacidad de su staff de resolver problemas; c) falta de limpieza de los baños; d) ausencia de trato personalizado, y e) incapacidad de responder respuestas de los clientes. Estos señalamientos (¿casualmente?) coinciden con las razones de las 493 quejas que Aeroméxico tiene ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una cifra importante en un país donde la cultura social es ajena a la exigencia de derechos porque se considera que nada va a pasar.

Tercero. Otro dato que destaca es la opacidad informativa de Aeroméxico. Debe reconocerse que la política de esta empresa de ocultar información es consistente.

Si alguien compara, por ejemplo, la infor-

mación accesible al usuario en la página web de Aeroméxico con las de las primeras líneas aéreas privadas del mundo, sería prácticamente inexistente.

En la página web de Delta se puede encontrar información sobre la compañía, acerca de sus inversionistas, estadísticas y hechos, además de que se tiene acceso a información del gobierno corporativo de la empresa, sus estatutos, informes anuales y declaración de representación, indicadores financieros, cotización de acciones, entre otros aspectos. Lufthansa tiene en su página web uno de los sitios más completos en información de aerolíneas, desde políticas derivadas de la ley y de directivas en detalle en casos de cancelación y retrasos de vuelos, hasta datos puntuales sobre gobierno corporativo y minutas. Cuando de plano no hay información disponible en primera instancia, una fuente completa y detallada es la Bolsa de Valores de Nueva York, en la cual cotizan las principales empresas mexicanas, pero no Aeroméxico.

Las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York son “públicas” en el sentido de que hacen pública su información financiera, no en el sentido de que se trata de empresas del Estado. A diferencia de la Bolsa Mexicana de Valores, que es muy pequeña (y no tiene mecanismos de verificación de la información financiera que le es reportada), la Bolsa de Nueva York y las empresas que ahí cotizan son supervisadas a profundidad por la Securities and Exchange Commission, que tiene la encomienda de verificar que la información financiera reportada sea veraz, y cuenta con potestad para sancionar incluso con cárcel si se detectan diferencias entre lo reportado y lo existente. La aerolínea brasileña TAM y la chilena LAN cotizan ambas en la Bolsa de Valores de Nueva York, y sus estados financieros pueden revisarse con minuciosidad. En Aeroméxico, por el contrario, la política institucional es contraria a los intereses de sus usuarios y de sus empleados, toda vez que, a menor información pública, mayor capacidad de manipular cifras y negociar eventualmente tratos favorables o apoyos del gobierno, teniendo como información sólo la palabra de la empresa, como si fuera dogma de fe.

Cuarta. Por si lo anterior fuera poco, Aeroméxico ofrece servicios de tercera, como lo señala la auditora inglesa Skytrax, pero cobra a sus usuarios como si se tratara de una empresa de primera. Así, por ejemplo, un vuelo México-Santiago de Chile-México saliendo el 2 de febrero y regresando el 9 del mismo mes en Lan cuesta 15 mil 50 pesos, y en Aeroméxico 16 mil 619, con la diferencia de que el equipo de Lan es mucho más amigable con el usuario que el de Aeroméxico. Si alguien viaja en las misas fechas en la ruta MéxicoMorelia-México por Aeroméxico debe pagar 5 mil 796 pesos, mientras que si viaja por TACA

en las mismas fechas a México-GuatemalaMéxico el precio es de 3 mil 483 pesos a pesar de la enorme diferencia en distancias.

La ausencia de competencia y la existencia de rutas exclusivas en el país –de facto o de derecho– hacen probablemente que Aeroméxico financie muchos de sus destinos internacionales, sobre lo que algo debería decir la Comisión Federal de Competencia. De la misma forma, resulta paradójico que Conesa Labastida, quien fue beneficiario de recursos públicos a través de Conacyt (en el periodo 1994-1997) para que realizara sus estudios doctorales en economía (en el prestigioso y costosísimo Massachusetts Institute of Technology), pone al descubierto dos cuestiones: a) la cuestionable práctica de que sea el pueblo el que pague la formación de cuadros de

primer nivel para que apliquen sus aprendizajes a las empresas privadas, práctica que debe ser revisada; y b) que el conocimiento adquirido por antiguos becarios se ponga al servicio de intereses ajenos al público. En este escenario, debería promoverse desde la sociedad la cultura de la exigencia, del respeto de la dignidad y del bolsillo, así como la mayor apertura posible a la competencia.

Esto acaso sería la única solución para que la gente que, todavía, cree ilusamente que volar por Aeroméxico significa apoyar a México, despierte y vea que es, por lo menos hasta ahora, todo lo contrario. O evillanueva99@yahoo.com Twitter:@evillanuevamx Blog: ernestovillanueva.blogspot.com

ANÁLISIS

¿

M A RTA L A M A S

AXEL DIDRIKSSON

La violencia de los hombres

Mercantilización educativa

Es la violencia inherente a la condición masculina? ¿Son los hombres “naturalmente” más agresivos que las mujeres?

Desde distintos campos, como la psicología, la antropología y la criminología, los especialistas en “agresión” llevan años haciendo estudios comparativos entre los sexos. Y en toda la literatura especializada se afirma que sí, los hombres son más agresivos y violentos que las mujeres. Las apabullantes estadísticas criminológicas (número de personas condenadas por homicidio intencional y por golpes y violencia) confirman con creces el dato de que en su gran mayoría los condenados son del sexo masculino. ¿Por qué ellos son más proclives a pelear, golpear, matar? Pese a que todas las personas repudian el uso de la violencia, las costumbres machistas de maltrato y violencia con la pareja no acaban de desaparecer. ¿Qué se puede hacer al respecto?

Al final de mi artículo ¿Hombres feministas? (Proceso del 30 de noviembre de 2011) solicité que si existían grupos de varones feministas, similares a los que están organizados en Europa, por favor me mandaran una señal. El Grupo Mhoresvi (Movimiento de Hombres por Relaciones Equitativas y sin Violencia) respondió. Se trata de una asociación cuya misión es construir el bienestar personal, familiar y social a partir de que los hombres se hagan responsables de su violencia. ¿Qué implica esto? Para empezar, reconocer los distintos tipos de violencia que suelen ocurrir. Mhoresvi habla de cinco tipos, y los describe brevemente: violencia física (empujones, patadas, cachetadas, jalones), violencia verbal (amenazas, ironías, gritos, insultos, apodos), violencia económica (condicionar el dinero, dejar sin dinero), violencia emocional (menospreciar, ignorar, guardar silencio, miradas amenazantes) y violencia sexual

(negarse a tener relaciones sexuales, obligar a tener relaciones sexuales sin preocuparse del placer de ella).

Esto lleva a reflexionar si la relación de pareja está basada en el dominio y el control. Mhoresvi encuentra que cuando hay amenazas, intimidación, abuso emocional, aislamiento, desvalorización, manipulación de los hijos, abuso económico y privilegios masculinos, la relación califica como violenta, con control y dominio.

Es interesante ver que dentro del rubro “privilegios masculinos” se encuentra: tratarla como sirviente, no dejarla tomar decisiones importantes, actuar como el “rey de la casa” y no participar en labores domésticas. ¿Qué sería para Mhoresvi una relación equitativa? Una donde exista una negociación justa, sin conductas amenazantes, con respeto, confianza y apoyo mutuo, y con responsabilidades domésticas y económicas compartidas.

Agradezco el detalle de Mhoresvi de hacerse presente, y de ofrecer información sobre cómo es que surgió y funciona este grupo de hombres atípicos. Su antecedente es Coriac, el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, A.C., grupo que conocí hace años. Cuando Coriac decidió cerrar, los siete facilitadores que trabajaban con el Programa de Hombres Renunciando a su Violencia decidieron continuar con el mismo trabajo y formar una nueva agrupación. Tanto Coriac como Mhoresvi han funcionado con un trabajo de reflexión grupal enfocado a la violencia de género del hombre en la familia. Mi curiosidad sobre quiénes asisten es respondida con claridad: los hombres que necesitan cambiar sus pautas violentas de relación con su pareja. ¿Cuántos serán los hombres que tienen interés de dejar de ser violentos y empezar a construir relaciones igualita-

rias? ¿Basta un espacio de reflexión y apoyo para cambiar?

La reflexión en grupos es un avance notable en el manejo de un tema complejo: las agresiones y malos tratos de maridos, novios y exparejas. El cambio de las actitudes personales, reforzado por la existencia de la Ley de Acceso a una Vida sin Violencia, se perfila como un camino muy productivo para luchar contra situaciones típicas (¡y persistentes!) de ese machismo violento que cobra tantas víctimas. Lo interesante de Mhoresvi es que apela a la conciencia para frenar las variadas agresiones que viven las mujeres a manos de sus compañeros sentimentales.

Sería importante que en otras ciudades se instaurara un modelo de autorreflexión como el de Mhoresvi. La prevención es mejor que la detención. En otros países se ha destacado la importancia de la educación no sexista de niños y jóvenes, y se han armado programas en las escuelas para la formación en igualdad entre los sexos.

Educar en el respeto a la igualdad, y enseñar a detectar y analizar las desigualdades entre mujeres y hombres, son tareas prioritarias, indispensables para impulsar la equiparación social y cultural entre los sexos. La igualdad social entre mujeres y hombres empieza en la casa, y el tema del trabajo doméstico, que atinadamente incluye Mhoresvi, es fundamental.

Mhoresvi ofrece sesiones informativas los lunes a las 18 horas, y se encuentra en Miguel de Cervantes Saavedra 4-a, colonia Moderna, a dos cuadras del metro Xola. Su teléfono es 91-80-41-68, y su correo: MHORESVI@yahoo.com.mx. Si bien una organización ciudadana por sí misma no acabará con las conductas violentas, su modelo puede ser replicado para impulsar cambios fundamentales en las relaciones entre las mujeres y los hombres. O

L

a mercantilización de la educación superior ha alcanzado enormes y peligrosos niveles en el país. De la organización de algunos sistemas empresariales educativos se pasó a la proliferación sin ton ni son de medianos y pequeños negocios de lucro que ofrecen educación presencial, semipresencial y virtual, muchos de ellos sin contar con ninguna regulación ni evaluación de por medio, que han invadido el mercado sin ninguna regulación gubernamental y que para la sociedad son un verdadero fraude. En los últimos 20 años, el crecimiento de la matrícula incorporada a los negocios educativos ha sido de más del 400%, y éstos superan ya a las instituciones de educación pública, que se ha estancado y perdido vigencia.

Se trata de un fenómeno incontrolado por parte de las autoridades –a las cuales habrá que demandar una explicación pública al respecto– que está cobrando víctimas de forma masiva entre los jóvenes sin otra oportunidad educativa, y que tiene como consecuencia el engaño sobre lo que se estudia, los títulos que se obtienen, su validez en la sociedad y, sobre todo, el futuro profesional o técnico que se ofrece, que llega a ser un simple imaginario.

El gobierno de Felipe Calderón ha impulsado como ninguno este proceso de “macdonalización” de la educación y el lucro empresarial desmedido en el sistema educativo, en contra de una educación pública de calidad y buena para todos. Sus reformas en este sentido han sido constantes, pero una de las más recientes atenta contra la racionalidad y la cordura frente a las grandes desigualdades y procesos de desescola-

rización que padecen millones de niños y jóvenes. Parecería incluso que se trata de decisiones que no toman en cuenta lo que acontece en otras partes del mundo.

Las medidas que se impulsan en México para seguir mercantilizando la educación superior (como las anunciadas recientemente por Calderón, de becas-crédito para un grupo selecto de instituciones de educación superior privadas con intermediarios bancarios) han sido rechazadas, convertidas en demandas de movilización social y evaluadas durante décadas por organismos internacionales y nacionales como absolutamente negativas para poner en marcha fórmulas de reformas educativas y sociales afirmativas. Véanse los casos de Inglaterra, Puerto Rico, Colombia, España, Japón, Estados Unidos y el más emblemático y cercano de Chile, tan solo por mencionar algunos de los que están vivamente presentes.

Para este último caso, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO, frente a las demostraciones que han sido una muestra del malestar social de los jóvenes ante la mercantilización de la educación media y superior en Chile, solicitó al doctor Vernor Muñoz, relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación 2004-2010 (conocido en México por haber realizado una crítica severa de las relaciones de contubernio contrarias al desarrollo educativo en la SEP entre el PAN y el SNTE), realizar un estudio internacional respecto de las violaciones que se cometen en la educación como derecho humano cuando se define como un servicio negociable.

En dicho estudio, divulgado recientemente (noviembre de 2011), se

concluye que las medidas de mercantilización educativa impulsadas desde la dictadura de Pinochet en Chile –idénticas a las que está promoviendo el gobierno federal mexicano– son en extremo negativas para la sociedad: a) porque no consideran a la educación como un derecho y son causales de la emergencia que vive Chile actualmente, debido a que las mismas no solucionan las asimetrías y disparidades sociales que han sido documentadas en materia de oportunidades educativas; b) porque hacen más importante el derecho del sostenedor educativo sobre su negocio, que la participación de los actores educativos en su educación; c) porque vuelven al Estado un ente meramente “subsidiario”, y c) porque este sistema, basado en la entrega directa de dinero a los sostenedores educacionales, “es perjudicial en tanto induce a la competencia entre escuelas para captar alumnos y alumnas y así cubrir sus gastos mes a mes” (página 63).

En los casos nacionales mencionados, las manifestaciones de rechazo han sido multitudinarias, como se puede comprobar desde finales del año pasado, y en Chile han puesto en jaque al gobierno de Piñera, que no ha podido dar una alternativa distinta a la empresarial y mercantil, con la perspectiva de garantizar una educación como un derecho social, público y humano.

Aquí tampoco se ha dado esta alternativa. El gobierno de Calderón está comprometido a hacer de la educación una vil mercancía, a las escuelas un negocio parecido al de la venta de hamburguesas, y a la SEP un sitio en donde se mueven intereses parecidos a las negociaciones bancarias y especulativas. O