PROCESO 1841: CALDERÓN DE CUERPO ENTERO

PR E SI D E N CI A

JULIO SCHERER GARCÍA

E

n la batalla electoral de 2006, los negocios al amparo del poder, los pactos ominosos, la alteración y la falsificación de documentos, las intercepciones telefónicas, las calumnias, la difamación, las reuniones semisecretas, las secretas, y los golpes bajos de la grilla, fueron temas que ocuparon hasta los segundos de los medios electrónicos y los espacios arrinconados de las publicaciones impresas.

En los tiempos que corren se ha vuelto aún más apremiante ir al fondo de la personalidad de los hombres y las mujeres del poder. Vicente Fox fue desquiciante por su ignorancia y su afán aberrante por adornar a su esposa con los atributos que podrían llevarla a la Presidencia de la República. El país está hoy en juego y los imperativos por la verdad cobran el dramático acento de un desolador clamor.

Por estas razones no me sorprendió, pero me atrajo sobremanera, que un día llegara a mi casa, silencioso, un documento insólito. Se trataba, en primer lugar, del comprobante de una transferencia realizada a través de Banorte, por el concepto de “pago de factura”, al beneficiario Hildebrando, S.A. de C.V. La fecha: 28 de abril de 2006.

En otra hoja destaca, en letras de buen tamaño, el nombre Hildebrando, sin apellido. Se trata de una factura expedida por la compañía de Hildebrando Zavala, cuñado del licenciado Felipe Calderón Hinojosa. En aquella época trabajaba al frente de una empresa de informática.

A la derecha del llamativo nombre y en caracteres pequeños consta la dirección de la empresa Hildebrando, S. A. de C. V., sus teléfonos y asuntos menores. En cuanto al uso que debiera darse al dinero, el concepto que anota el documento es categórico y, en su brevedad, demoledor: “Captura de datos de simpatizantes de candidatos de Acción Nacional”.

Marco Antonio Cruz

Benjamín Flores

En su nuevo libro, Julio Scherer García utiliza las herramientas esenciales del periodismo –testimonios, entrevistas, documentos– para explorar el comportamiento público y la personalidad de Felipe Calderón. Con base fundamental en una serie de esclarecedoras conversaciones con el exdirigente panista Manuel Espino, la investigación periodística del fundador de Proceso aporta elementos clave para entender los rasgos sobresalientes del hombre que carga sobre sus espaldas una guerra de más de cinco años y más de 50,000 muertos: autoritario, ingrato, aficionado a la bebida, intolerante... Adelantamos fragmentos representativos de Calderón de cuerpo entero, el libro que en días próximos pondrá en circulación el sello Grijalbo de Random House Mondadori.

Por último, la factura está marcada con fecha del 19 de abril de 2006, el número 022778, y señala un importe por 10 millones 434 mil pesos.

Las sumas de rigor se consignan en el documento: Subtotal: 10 434 000 IVA: 1 565 100 Total: 11 999 100 La tercera página del documento muestra el logotipo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en lugar preferente.

La fecha: 26 de abril de 2006. Se trata de un oficio de la Dirección de Administración y Finanzas de Acción Nacional, donde se suscribe al ingeniero Jorge Arturo Manzanera Quintana como solicitante de un cheque por la cantidad de 11 millones 999 mil 100 pesos, que se extendería a favor de Hildebrando, S.A, de C.V., por el concepto de “captura de datos”. Además, se especifica el número de la propia factura que habría emitido Hildebrando (022751), y en una línea se indica: “Con cargo a: DÍA ‘D’.” Al lado de la firma del ingeniero Manzanera, se advierte el nombre de Arturo García Portillo como el responsable de la autorización.

En la actualidad, el ingeniero Manzanera –quien fuera secretario de elecciones cuando Calderón fungió como presidente de su partido– conserva su calidad de consejero nacional del PAN. XXX Decidí buscar a Manuel Espino, en aquel entonces presidente de Acción Nacional. Concertamos una cita en un café de escasa concurrencia. Vi sus ojos, siempre hay que mirar los ojos de los desconocidos, y empezamos a conocernos.

Le hablé sobre los documentos en términos vagos, y en términos evasivos escuché explicaciones que no me llevaban a ningún lado. No obstante, Espino era la única persona a la

Hildebrando. El cheque comprometedor

que podía acudir con el propósito de conocer la naturaleza y el valor de los papeles que habían caído en mis manos. Eje de la campaña electoral que tuvo a Felipe Calderón Hinojosa como candidato, no habría secreto mayor que pudiera escapar a su conocimiento.

Nos reunimos una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez. Un día, de manera natural, Calderón fue el tema único. Espino me contó historias que lo llevaron a decir que el presidente se había convertido en un ser “inescrupuloso y perverso”. Por mi parte, no alteré mi manera de pensar: en este sombrío 2012 Calderón pagará por los inocentes y desaparecidos de la guerra que inició un desventurado día de enero de 2007.

Sentí que avanzaba en la confianza de Espino. Su lenguaje ganaba en claridad y contundencia. Habló acerca de sus

guró Zavala–. A la fecha, el señor López Obrador no ha demostrado su dicho ni se ha disculpado. Por eso la demanda será por daño moral.”

XXX Algunos panistas salieron a la defensa de Hildebrando y después el suceso aparentemente se fue para abajo. Sin embargo, la herida nunca terminó de cerrar. El viernes 7 de octubre de 2011, el periódico Reforma publicó la siguiente información:

En la mira de Espino

sentimientos y convicciones. Había participado en una gigantesca operación para que Calderón ganara las elecciones.

Tuvo la certeza de que así cumplía con su deber como militante del partido al que había entregado su vida. Acción Nacional era su casa, su pertenencia, un hogar. Además, consideraba que habría sido impensable otro presidente que no fuera Felipe Calderón Hinojosa. Como quisiera juzgársele, era hombre de doctrina, la misma de la inmensa mayoría de los mexicanos.

El tiempo, sin embargo, no creó alianza alguna con Espino. Al contrario, Calderón se construía con lo peor de sí mismo: “Mentía, manipulaba, traicionaba. En todos sentidos, empobrecía a la República”.

–Sí, don Julio –dijo Espino después de un largo silencio que me produjo expectación–, los documentos son auténticos.

XXX A mis ojos, el asunto crecía. Andrés Manuel López Obrador había formulado una denuncia contra Hildebrando Zavala.

El 6 de septiembre de 2006, Proceso publicó: Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón y socio con 18 por ciento de las acciones de la empresa de software Hildebrando, S. A. de C. V., anunció anoche que hoy demandarán por lo civil a Andrés Manuel López Obrador.

La denuncia será presentada, argumentó Zavala, por el descrédito que el candidato de la Coalición Por el Bien de Todos le ocasionó merced a la acusación que éste hizo durante el debate televisado del martes. López Obrador sostuvo ese día que, como secretario de Energía, Felipe Calderón benefició a su cuñado con contratos por dos mil quinientos millones de pesos.

“Su dicho me ha dañado a mí, a mi familia, a mi empresa, las relaciones con clientes y con socios –ase-

Un día después de que Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios de Monterrey, el presidente Felipe Calderón arremetió contra el tabasqueño.

Al participar en un foro de la revista The Economist, en tono irónico, Calderón insinuó que de cara a los comicios de 2012 hay un candidato que se considera invencible, pero que a la postre ganará quien aparentemente tiene menores posibilidades.

Luego de que la sesión de preguntas le hiciera notar el caso de corrupción que protagonizó su “cuñado incómodo” en la campaña de 2006, Hildebrando Zavala, Calderón rechazó la “calumnia” que formuló entonces López Obrador.

“Con absoluta transparencia –dijo Calderón– se ha demostrado que, apenas pasó la campaña, no hubo nadie quien presentara absolutamente ninguna evidencia de lo que fue una gran calumnia, absolutamente ninguna. De hecho, la acusación que se me hacía es haber dado contratos, de manera indebida, a parientes míos, lo cual fue absolutamente falso”, apuntó.

La nota de Reforma también consigna que –en dicho del presidente– “Hildebrando creó una pequeña empresa en su propia habitación y 10 años después había crecido”.

XXX El 20 de abril de 2009, Manuel Espino envió una carta a su relevo en la jefatura nacional del PAN, Germán Martínez Cázares. En la brevedad de tres líneas lo conminaba a una reunión urgente. Se trataba de proteger la figura del presidente de la República, en el remolino de sus propios desatinos: el dinero entregado a Hildebrando Zavala y la violación a los principios de la equidad electoral en 2006.

Escribió Manuel Espino a Germán Martínez: Germán: Es muy importante que platiquemos a más tardar mañana, martes 21; después sería demasiado tarde para parar documentos originales que comprometen al presidente y dan la razón a Andrés Manuel.

Anexo copia de uno de los documentos en mención.

Manuel Espino

Tan sólo un día después, el 21 de abril de 2009, respondió Martínez Cázares: Manuel: Recibí tu mensaje del día de ayer en el que anexas copia de una factura acompañada de una amenaza. Como bien sabes, el gasto que ampara la factura se efectuó durante tu presidencia y está ejecutado por quien fuera tu tesorero,

miembro del Comité Ejecutivo Nacional y actual candidato a diputado por la vía plurinominal.

Como podrás entender –en tu calidad de presidente–, el presidente del PAN no puede ni debe estar sujeto a ningún tipo de amenaza, ya sea por parte de sus militantes o adversarios.

Respecto a la reunión que solicitas, te comento que con motivo de tu mensaje, el único encuentro posible entre nosotros se dará en las reuniones del CEN teniendo a los integrantes de ese comité como testigos de calidad.

Sin más por el momento, Germán Martínez [rúbrica]

XXX El tema del gusto del presidente de la República por la bebida lo llevaba en la mente y un día resolví abordarlo con Manuel Espino en el único lenguaje posible: la franqueza. Antes, sin embargo, conversaríamos sobre la salud física y mental de los predecesores de Felipe Calderón en el Poder Ejecutivo.

Pareciera que de todos ellos no se haría uno.

Adolfo López Mateos había padecido un aneurisma que a menudo lo apartaba de su trabajo, habitante único en un cuarto oscuro que mitigara el dolor de la migraña. Humberto Romero, su secretario y amigo incondicional, velaba el sigilo sobre asunto tan serio.

Gustavo Díaz Ordaz finalmente cayó vencido por la matanza del 2 de octubre de 1968. Embajador en España varios años más tarde, no resistió a los periodistas que lo interrogaron en Madrid y tocaron el punto de la tragedia. Díaz Ordaz huyó de la embajada, algún tiempo acéfala. Después fue huyendo de la vida.

A Luis Echeverría lo extravió su megalomanía. Pretendió, en complicidad con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, sustituir a Fidel Castro como vocero de América Latina. Documentos desclasificados de la Casa Blanca muestran sin retoque a un hombre hecho para la traición.

El 30 de junio de 1982, Día de la Marina, José López Portillo hizo burla de su condición de presidente de la República y, convertido en fauno, persiguió a Rosa Luz Alegría, toda de blanco y atractiva en el sudor que la bañaba. López Portillo, atleta consumado, trataba su cuerpo como asunto de gobierno, alta prioridad en la agenda cotidiana.

Miguel de la Madrid gobernó con la flojedad de un hombre sin pasiones. Fue como el agua que se evapora al sol. Decía que, ya como ex presidente, querría asistir a los restaurantes como un sujeto bien visto, respetado.

A Carlos Salinas de Gortari lo perseguirán por siempre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, a estas alturas enigma sin solución, y la faraónica fortuna de Raúl, su hermano mayor. Por la fuerza de los hechos no podrá decir que dejó la Presidencia con las manos limpias; tampoco olvidar que Colosio, efímero candidato a la sucesión, dijo en su último discurso que México tenía hambre y sed de justicia.

De Ernesto Zedillo destaca su indiferencia por México.

Vicente Fox, corrupto e impune, carga con el peso en toneladas del Chapo Guzmán. Las puertas de la cárcel de Puente Grande le fueron abiertas al capo de par en par y sólo faltó que lo despidieran con la alfombra roja que se estila en circunstancias solemnes. Fox admitió el silencio cómplice de los miembros de su gabinete de seguridad.

–Y Felipe Calderón, don Manuel.

–Platiquemos.

XXX Me pesa el lenguaje y las escenas que describe Espino sobre la mesa del restaurante semivacío. Su relación con Calderón se fue degradando hasta el rompimiento definitivo. Dice: “El gusto por la bebida es viejo en el presidente. Le ha hecho daño a él en lo personal y al país. Voy a ocuparme con usted de hechos públicos. No se me ocurriría mentir o difamar; mucho menos calumniar. ”En mi condición de diputado federal [2002], se me presentó la oportunidad de acceder a la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Al aceptar el nombramiento, la diputada suplente tomó mi lugar. En ese entonces ya tropezaba mi relación con Calderón. Sin embargo, él la complicó aún más al divulgar falsas historias sobre mi persona. Un día decidí buscarlo en la Cámara de Diputados. Lo confrontaría: ”–Estás diciendo muchas pendejadas acerca de mi persona y eso no se vale –le dije–. No quisiera faltarte al respeto ni que llegara el día en que tuviera que darte un chingadazo.”

–¿De qué asuntos se trataba? –inquirí con Espino.

“Calderón aseguraba que yo cobraba en la Cámara de Diputados y también como secretario general del partido. Le reclamé. Se sostuvo en su dicho. Le expliqué, pausado hasta donde me fue posible. ”Mi suplente era originaria de Ciudad Obregón, yo vivía en Hermosillo. Contaba con una pequeña oficina y una secretaria. A mi suplente le pedí que le mantuviera un sueldo por el tiempo que restaba del periodo legislativo, unos meses. También le pedí que la ayudara con un boleto de avión al mes. Calderón llegó a decirme que a la diputada suplente le aceptaba dinero de su dieta. ”También decía que yo me promovía como posible coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, en el caso de que él se lanzara como candidato al gobierno del estado de Michoacán. El propósito me parecía claro: suscitar recelos, agitar la grilla. ”Le propuse que platicáramos. Me invitó a cenar a la Barraca Orraca, un restaurante ubicado en Insurgentes Sur y Eje 5. Era cliente del establecimiento al que asistía regularmente con sus amigos: Juan Camilo Mouriño, Alejandro Zapata, Francisco Blake, Cuauhtémoc Cardona y Jordy Herrera.

Benjamín Flores

Christian Gama

PR E SI D E N CI A

Con Mouriño. Complicidades

Octavio Gómez

”Instalados en la Barraca, solos, pedimos, a instancias de Calderón, la primera bebida. Y luego otra y otra. Yo le seguí el paso y le hice al valiente, pero no pude alcanzar el mismo ritmo. ”Ahí empecé con un reclamo: por qué hablaba de una novia que nunca existió. Me dijo que había sido don Luis H. Álvarez el autor de la versión. Y remató: ”–Y tú sabes que él tiene autoridad. ”–Ah, lo dijo don Luis, pues ahora le reclamo por teléfono –y le dije a Calderón que lo llamaría de inmediato. ”No fue necesario. Me pidió disculpas y aseveró que un grupo de panistas platicaba en una reunión donde participaba Luis H. Álvarez, pero que él nada había dicho a propósito del asunto.”

Continuaron los reclamos, apuntó Espino: “–Tú dijiste que yo pretendía ser coordinador parlamentario, que ambicionaba mucho poder. Felipe, yo no dije eso. ”–De buena fuente sé que lo dijiste. ”Cuando la versión salió publicada en varios medios, hasta en Proceso, me parece, yo me sorprendí. Llamé a Jordy Herrera, su agregado de prensa en el grupo parlamentario, para indagar de dónde provenía la versión de que yo me apuntaba como relevo de Calderón en caso de que fuera candidato al gobierno de Michoacán. Herrera admitió que Felipe le había dicho que ‘soltaran’ la versión. ”–Fue Jordy el que me lo contó, Felipe. ”–Yo no le tengo confianza. Es un muchacho mentiroso. ”–¿Me crees? ”Sin más, le hablé a Jordy y le dije que en esos momentos me encontraba con Felipe, quien reclamaba mi autopromoción en el PAN. ”–Jordy, tú me dijiste que él te lo dijo. ¿Es así o no? –Jordy asintió–. Te paso a Felipe por el teléfono.”

Continuaba la discusión esa noche larga. Cuenta Espino que Calderón le dijo: “–Como secretario general del PAN has tratado muy mal a Margarita [Zavala]. ”–¿En qué consiste el maltrato? Siempre le doy su lugar.

Ella es la secretaria de Promoción Política de la Mujer. No tiene de qué quejarse. ”–La tratas muy mal, eres indiferente. No le das apoyo. ”Discutíamos otros temas y no sé a qué hora o cuánto tiempo después de nuestra última discrepancia, llegó Margarita Zavala. Yo le había dicho a Felipe que ya era hora de que nos fuéramos, pero él quería seguir bebiendo.

”Dijo Margarita: ”–Felipe, te he estado buscando. No te reportas, tu chofer me dice que no me puede decir dónde estás. Lo forcé a que me diera tu paradero y por eso estoy aquí. Ya habíamos quedado en que no ibas a tomar. ”–Perdóname por haber venido a platicar con tu marido, Margarita. Ya hemos hablado. Te ofrezco una disculpa, no era ésa mi intención. ”–No te preocupes, Manuel. ”–Discúlpame, pero ya estás aquí, Margarita. Felipe dice que yo te trato mal en el comité ejecutivo del partido, que no te doy tu lugar, que no te apoyamos. ¿Te hemos faltado en algo, Margarita? ”–¿De dónde sacas tú eso? –Margarita voltea hacia Felipe y le dice–: ¿cuándo me he quejado yo? ”Y abandona el local.”

Joaquín Ávila

PR E SI D E N CI A

XXX

”Ya en la transición de un gobierno a otro, me invitó a comer Juan Camilo Mouriño. Asistí a la cita con el doctor Enrique Navarro, secretario general de Fortalecimiento Interno de Acción Nacional. El doctor Navarro formaba parte de mi equipo en la dirigencia del partido. ”Mouriño me dijo, sin esconder una sola palabra: ”–Nos interesa la dirigencia del partido. ”–¿A quiénes? –pregunté en el mismo tono. ”–Al presidente, a nosotros, su equipo… ”–¿A qué se refiere con eso de ‘nos interesa’? ”Me explicó, claridoso: ”–Queremos que el partido esté dirigido por una persona de nuestra confianza y te proponemos que renuncies antes de la toma de posesión del presidente Calderón, el primero de diciembre. Tú sabes que hay ciertas diferencias, no hay entendimiento ni mucha confianza. Lo más sano es que Felipe Calderón inicie su gestión con un presidente del partido de su confianza. Puedes irte como embajador a España. ”–Dile al presidente que no tienen de qué preocuparse. Yo les he mostrado el apoyo institucional y desde el partido tendrán ese mismo apoyo en todo aquello que sea para bien del país. En lo que no estemos de acuerdo, pues lo platicamos.

Ofrézcanme una embajada, si quieren, cuando yo termine mi periodo, pero no antes, no ahora. ”Recibí el primer ofrecimiento a través de Juan Camilo. A los pocos días vi a Calderón en su oficina. Le dije: ”–Estoy preocupado porque Juan Camilo me hizo un ofrecimiento e hizo explícito que era a nombre tuyo. ”–Mira, Manuel, entre tú y yo existe una relación como la que se da en un matrimonio que ya no se entiende.

Lo más saludable, llegado el caso, es el divorcio. Entonces, cada uno sigue su camino. Pero el partido tiene que mantenerse muy cerca del gobierno, plenamente coordinados los dos órganos. ”Calderón continuó, sobradamente enfático: ”–Yo necesito un presidente diferente, con el que sí me pueda entender, y tú y yo no nos entendemos, Manuel. ”–No nos entendemos en asuntos que a veces no van con la conducción democrática del partido ni con sus principios. En lo que sea para bien del país y honre la democracia del PAN, no vamos a tener problema alguno, Felipe. ”–Yo necesito la dirigencia del partido y creo que vale la pena que tomes en cuenta lo que te propuso Juan Camilo.

Felipe y Margarita. Reclamos de esposa ”–Juan Camilo me hablaba sobre la embajada de Es-

Con Castillo Peraza. La traición

paña. Y me dijo: ‘Piénsalo, hombre, puede ser esa embajada o puede ser otra. Felipe necesita la dirigencia del partido’. ”Seguí, con el énfasis ahora por mi cuenta: ”–No es necesario que sigamos platicando. Yo ahora te digo que no, que voy a terminar en la presidencia del partido.”

Espino puntualiza: “Las reuniones que llegué a tener con Felipe Calderón, ya como presidente de la República en funciones, ocurrían los lunes por la tarde. Así había quedado establecido desde el tiempo de Fox. Su objetivo consistía en coordinar los trabajos del gobierno con el partido. ”Fox y Calderón tenían diferencias sustanciales. Fox planteaba las reuniones en términos de la coordinación. Calderón, no. Él determinaba lo que debería hacerse tanto en el gobierno como en el partido. Escuchaba poco. ”Supe desde entonces acerca del carácter autoritario de Calderón y de su temperamento hirviente. Solía regañar a algunos de sus colaboradores e imponer la agenda del partido.

Tuve la impresión de que le dedicaba más tiempo a las relaciones personales que a los asuntos de Estado. Yo me acomodaba a su manera de ser pero me resistía a la subordinación del PAN frente a Los Pinos. ”Ya rumbo a la elección de gobernador en Yucatán, en 2007, Felipe Calderón me dijo: ”–Hay que bajar a Ana Rosa Payán en su intención de ser candidata. Hay que pensar qué pudiera interesarle; a lo mejor una subsecretaría de Estado o una dirección general. ”Como dirigente del partido, le dije que esa tarea a mí no me tocaba y no la iba a cumplir. Razoné con palabras que me parecieron sobradamente claras: si Ana Rosa Payán quería gobernar a su estado, estaba en pleno derecho de intentarlo y yo no tenía por qué disuadirla. Si ganaba, bien, y si no, que los panistas decidieran.”

XXX

Felipe Calderón Hinojosa tuvo la cercanía de dos personalidades recias y sobresalientes: Luis Calderón Vega, el padre biológico, y Carlos Castillo Peraza, el padre político. En el caso de Castillo Peraza, Calderón fue un mal hijo.

Acerca de este tema, central en la vida del presidente de la República, converso con Luis Correa Mena, coordinador de la campaña de Castillo Peraza en la lucha política por el gobierno del Distrito Federal en 1997. El encuentro tuvo lugar en su casa, en Mérida. Hablamos frente a un flamboyán, encendidos los pinceles del pintor, rojas las flores del árbol como las nochebuenas que invaden la estancia, el comedor y un patio espacioso. Bebimos agua, diabético como es Correa Mena, de peso completo, fuerte y gordo como un campeón que ya no entrena.

Correa se refirió en primer lugar a la relación de Calderón Hinojosa con Castillo Peraza.

“El trato que finalmente le dio fue indigno, injusto, inmerecido y mucho más. Felipe debió haberle guardado respeto y agradecimiento por siempre. Tenía muchas razones para que así hubiera sido, en el mejor sentido de las palabras: la cercanía, el respaldo, la confianza, el apoyo, la promoción, la enseñanza, la orientación, la guía. No creo que se deba tratar con faltas de respeto a una persona que te da todo eso. ”Hubo un texto de Felipe donde se burlaba de Carlos. Recuerdo que me lastimó particularmente. Expresó que estaba haciendo un papelón por su manera de comportarse y que ésta no correspondía a la estatura de un expresidente panista. Felipe pretendía que Carlos actuara como él, que se condujera exactamente igual que él. ”Tuve la oportunidad, más de una vez, de incitar a la cordura a uno y a otro. Me llevaba bien con los dos, les decía que eran amigos crecidos, y que si se empeñaban podrían arreglar sus diferencias. Quienes los rodeábamos, entre tanto, debimos mantenernos al margen de sus diferencias. El resultado final terminó en el fracaso.”

–¿Por qué?

–Carlos muere sin haberse reconciliado con Felipe. Por su parte, Felipe, más allá de los errores cometidos por Carlos, no tuvo la valentía o la grandeza para dar y recibir un abrazo de reconciliación que le habría significado tranquilidad luego de su muerte. En última instancia, se trataba del presidente del partido.

“A la muerte de Carlos, todos atestiguamos la profunda tristeza que poseía a Felipe. Se veía deshecho y su pesar, para mí, obedecía en parte al remordimiento que lo calaba. En el funeral, a sabiendas de que algunos de nosotros apenas podíamos hablar, nos pidió que, expuesto el féretro, montáramos una guardia juntos. Me acerqué a Jesús Galván, su compadre, y le transmití el deseo de Felipe. Montamos la guardia, hermanados de alguna manera con un padre común.”

Sigue Correa Mena, el tono bajo: “No me desdigo del mal trato que Calderón dio a Castillo Peraza, desastrosos los resultados para él. Un hombre sin amigos es como un árbol sin hojas, sin ramas renovadas ni flores. En su momento, el resentimiento personal con Felipe fue tal que, habiendo sido yo uno de los promotores para que llegara a la presidencia del partido y después de quedar sin cartera, simplemente le deseé éxito y le dije adiós. ”–¿Cómo que adiós? –respondió Felipe–. Si tú fuiste uno de los que me buscó para que yo fuera candidato aquellos días en que los ojos estaban puestos en Ernesto Ruffo. ”Nada dije y las cosas simplemente quedaron ahí.”

–Al paso de los años, ¿lamenta usted la época vivida?

político y no vocación de arqueólogo. Yo pienso igual y sé bien que a mí no me gusta reconstruir ruinas. Si se presentara la oportunidad de regresar, que podría ocurrir dentro de dos años, a lo mejor ya sería demasiado tarde.

Yo hice mi esfuerzo durante 33 años, y construí cuando me tocó construir.

“Ya en esta etapa de mi vida no quiero cambiar de profesión ni de oficio. Seguiré siendo administrador y político. Si en dos años existe la posibilidad de regresar al partido y participar en su reconstrucción, estaría dispuesto con el mejor ánimo. Pero lo que no haré será perder tiempo en quejas y lamentaciones.”

–¿Alguna vez usted fue llamado por el presidente Calderón para hablar acerca de la guerra contra el narco?

–Sí.

–¿Antes de declararla?

–Después. Felipe Calderón no es de los que consultan antes de tomar decisiones. No es así. Es de los que piden opinión respecto a sus decisiones una vez que han sido Correa Mena. Resentimiento implementadas.

“Calderón le declara la guerra al crimen organizado –Lamento algunos sucesos que se desencadenaron. Pienla primera quincena de diciembre de 2006. Así lo dijo, aunso sobre todo en aquellos que tuvieron que ver con la candique años después, ya padecidos sus estragos, quiso retracdatura de Carlos para el gobierno del Distrito Federal. Carlos tarse afirmando que no era una guerra, aunque él la hubiera resultó electo por la convención nacional que votó abrumadenominado de esa manera. doramente en su favor y 15 días después Calderón declaró: ”En enero de 2007, siendo presidente de la Organización “Creo que nos hemos equivocado de candidato”.

Demócrata Cristiana de América (ODCA), hice una gira por EuMe limito a escuchar, detengo los ojos alternativamente ropa. Estuve en Madrid durante varios días. Ahí, en el periódien el rostro de Correa Mena y la grabadora, incesante: co La Razón, me preguntaron mi opinión respecto a la declara“Ahí, en esa declaración, empezó el pesar de Carlos y el ción de guerra de Felipe Calderón contra los criminales. Dije nuestro. A mí me sigue pareciendo insólito, por decir lo melo mismo que había dicho antes en México y en otros países. nos, que un presidente nacional emita semejante frase. Se Aseguré que me sentía orgulloso de tener un presidente valetrató de un error de kínder, elemental.” roso, resuelto, que había tomado la decisión de combatir con –Corre la versión de que al equipo de campaña de Carlos toda la fuerza del Estado a los criminales, y ejemplifiqué con Castillo Peraza, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN lo deuna comparación: ‘No es el presidente de México como el de jó sin dinero.

España, que aquí está negociando con los dirigentes de la ETA –No se trata de que le hubieran quitado el dinero, sino el para dejar en libertad a algunos terroristas. Allá en México no control de los recursos más importantes, los que se invierse negocia con criminales, se les combate’. No dije más. ten en medios de comunicación, en propaganda, en la ela”A los 11 días llegó el presidente Calderón a Madrid y un boración y difusión de los spots. Personalmente le reclamé a reportero del periódico Reforma le dijo, malicioso: ‘PresidenCalderón ese manejo, que me parecía equivocado. Le exprete, ¿ya se enteró usted de que Espino estuvo aquí y le dejó la sé que a nadie emocionaban los mensajes y señalé un convíbora chillando, criticó la política de seguridad de Zapatero?’ traste: mientras la izquierda orientaba su campaña en torno ”Cuando Calderón pronunció su discurso hizo una alua la candidatura de gobierno del Distrito Federal, el candidasión a mi persona sin pronunciar mi nombre: ‘Yo no vengo to panista debía someterse a los criterios del PAN nacional. aquí, como otros, a cuestionar la política de seguridad del –¿Hasta qué grado les afectó la declaración de Felipe presidente de este país, yo la respaldo, la avalo’.

Calderón? ”Busqué a César Nava, entonces secretario particular del –Si yo no la olvido, si todavía me duele, no me atrevo a presidente, le dije lo que yo había declarado en Madrid y que no imaginar lo que Castillo Peraza sentiría. Más aún, esos teera correcto que hubiera dejado correr una versión equivocada. mas ni siquiera los tocábamos con él, conscientes todos de la ”El día que volvió Calderón a México lo vi en Los Pinos. De hondura de su herida. Si así marchaban los asuntos en el orinmediato le hice la aclaración pertinente y me dijo que todo den interno y si al exterior tu presidente te cuestiona y dice quedaba claro. Aproveché la oportunidad del encuentro y le que no eres el candidato adecuado, de entrada te está dando comenté que había un suceso que me preocupaba. Hice hinun empujón, pero hacia un hoyo, no para adelante. capié en la acción que había seguido a la lucha contra el narcotráfico. Así lo recuerdo: XXX “–Está bien que decidas la estrategia que quieras seguir Hasta el fin de su vida, Carlos Castillo Peraza confió en Fran–le dije a Calderón–. Eres el presidente de México. Es tu derecisco Barrio Terrazas. Sin conocer su eclipse en la embajada cho. Pero deja que la implemente el secretario de la Defenmexicana en Canadá, decía Castillo que le guardaba respesa o el de Marina, el procurador General de la República o el to. Alguna vez le escuché: “Si Barrio asciende a la presidencia secretario de Gobernación. Abre paso a tu gabinete de segudel PAN y toca el tam-tam, regreso al partido”. ridad para que tome el asunto en sus manos y le declare la Le pregunté a Espino si, en circunstancias parecidas u guerra a los narcos. otras, estaría dispuesto a regresar a las huestes de su vida. ” ‘Me preocupa que seas tú y que te vistas de militar, más to–No lo sé. Castillo Peraza decía que él tenía vocación de davía si envías una señal para subrayar que personalmente te

harás cargo de la estrategia en la lucha contra el crimen organizado. Creo que como jefe de Estado tienes el deber de tratar por igual otros temas, como la educación, el rezago social, el crecimiento económico, la salud, y enfáticamente el de la seguridad. ” ’Por razones políticas, diplomáticas, sociales o coyunturales, convendría que evitaras problemas que podrían sobrevenir en el futuro. Un día podría ser necesario que bajaras la intensidad de la guerra y si así lo decides podrías mostrarte débil frente a la opinión pública. En cambio, no te verás débil si le ordenas al general secretario de la Defensa o a la persona que hubieras designado para acometer la batida contra el narco que disminuyera su intensidad.’ ”Deseaba verlo como jefe del Estado en plenitud.”

–¿Cuál fue la respuesta del presidente a su planteamiento?

–No me dijo nada.

No se me ocurrió alguna pregunta pertinente, pero no hacía falta. Espino prosiguió: “El presidente parece tener algún problema de audición.

En las ocasiones en que alguna persona le planteaba la revisión o la rectificación de su estrategia, solía responder: ‘Me están pidiendo dejar de combatir a los criminales, me proponen que cese en su persecución’. ”Hasta el día de hoy no he escuchado a un solo mexicano que le pida dejar de combatir al crimen. Lo que sí he escuchado es la sugerencia de que revise la estrategia, pues ésta ha sido fallida.”

–¿De qué manera se enteró usted del inicio de la batalla contra el narcotráfico?

–Leí la noticia en los periódicos y la vi por la televisión.

Enseguida le propinó otro golpe a Salinas: “Yo veo un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla”.

Secretario particular y vocero del presidente Fox de 2000 a 2004, le pregunté a Durazo: –¿Cómo era el Calderón que conoció usted, don Alfonso?

Se detuvo un rato. Luego dijo: –Es coincidente la desmemoria de quienes lo tratamos desde Los Pinos. Nadie recuerda un dato memorable de su paso por Banobras, la Secretaría de Energía y los distintos gabinetes en que participó. Ni siquiera se recuerda su voz, algo digno de retener en la memoria, no obstante los álgidos temas del momento, como el desafuero de López Obrador. Se le recuerda más bien inactivo y silencioso. Llegaba, tomaba su lugar, distante siempre del presidente Fox, instalaba su computadora y empezaba a escribir, haciendo abstracción de la agenda que se desahogaba.

“Recuerdo con claridad un solo desencuentro. ”A mediados de diciembre de 2003 recibí una llamada urgente de Felipe Calderón, en ese entonces coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados.

Deseaba saber si el presidente Fox asistiría a la cena de fin de año de los diputados panistas que se realizaría esa misma noche. ”Le respondí que era la primera noticia que tenía sobre dicho evento y que en consecuencia no estaba en agenda. ”–Lo que pasa es que no le toma la llamada a mis colaboradores –me reprochó Calderón con ánimo violento. ”–Mira –le dije–, aun cuando ése fuera el caso, que estoy XXX seguro de que no lo es, no te permito el tono grosero.

Estaba empeñado en conocer al Felipe Calderón de los años ”Un día cualquiera, después de una reunión informal que que antecedieron a la posición eminente que ocupa ahora. había tenido Fox con Calderón, me dijo el presidente: Recurrí a Alfonso Durazo, testigo en primera línea del asesi”–Es un tipo muy pesado. nato de Luis Donaldo Colosio, como su secretario que fue, y ”Pero no sólo eso. No es casual –agrega Durazo– que los autor de la carta pública que describió a Marta Sahagún copropios diputados que coordinó Felipe Calderón en la Cámamo un ser deleznable (5 de julio de 2004), lastimoso el desenra Baja le hayan apodado el Erizo.” freno de su ambición personal.

Apenas hay espacio para los silencios en el encuentro con La vida cotidiana había sido el punto de partida de nuesDurazo. Suelto, dice: tra amistad. Con el tiempo llegamos a la confianza mutua.

–La biografía política de Felipe Calderón lo ubica como un Me dijo que el día de la protesta de Colosio como candidato a hombre desconfiado y arrogante que subordina su inteligencia la Presidencia, éste no permitió que Carlos Salinas de Gortari a lo visceral y a lo inmediato. Contrario a la opinión pública de conociera con antelación su mensaje a la nación. Para lograrque es un hombre de “mecha corta”, siempre he tenido la imlo, ordenó a Durazo que enviara el texto histórico simultápresión de que no tiene mecha. Es un sujeto de temperamenneamente al Monumento a la Revolución –la tribuna de Coto primario, se conduce por impulsos, no por razonamientos. losio– y a Los Pinos.

–¿Incapacitado para el poder, don Para Salinas el momento debió de haAlfonso? ber sido terrible. Colosio, su hijo, así lo lla–Ésa es, ahora, la más evidente de sus maba Octavio Paz, sibilinamente hacía púnumerosas limitaciones. Así, el futuro del blica su desconfianza al padre. No era para país quedaría atado a la capacidad de sus menos. Colosio habló contra el presidenciacolaboradores. Pero los complejos de Callismo instaurado en el país. Fue categórico: derón le impidieron rodearse del talento de otros. Su equipo cercano, íntimo, forSabemos que el origen de nuestros mado en la intriga, el cotilleo y el sensamales se encuentra en una excesiva cionalismo político, ha vivido siempre concentración del poder que da luinmerso en la política pequeña, en la polígar a decisiones equivocadas, al motica de pasillos y oídos… la ausencia absonopolio de iniciativas, a los abusos, luta de grandeza. a los excesos… Reformar el poder Ya en la despedida, Alfonso Durazo se significa un presidencialismo sujeduele de sus propias palabras: to estrictamente a los límites cons–Algo estamos haciendo mal en nuestitucionales de origen republicano y tro país cuando un político intolerante, democrático. inexperto y explosivo se puede colar hasta Alfonso Durazo. Los complejos la Presidencia de la República.

Archivo Proceso

Archivo Proceso

PR E SI D E N CI A

Octavio Gómez

E L E C CI O N E S 2012 / PA N La elección de la candidata presidencial del PAN fue sucia de principio a fin, tal como lo denunciaron y documentaron panistas de los equipos de campaña de los tres precandidatos: espionaje, amenazas, agresiones, urnas robadas o embarazadas, acarreos “majaderos”, compra de votos... y sobre todo “traiciones”. Aun así, luego de los berrinches y corajes los candidatos blanquiazules perdedores (Cordero y Creel) se disciplinan y cierran filas en torno a la elegida Josefina Vázquez Mota, la candidata de El Yunque y también –según Manuel Clouthier Carrillo– de Felipe Calderón.

La elección panista:

una historia de

traiciones ÁLVARO DELGADO

L

a tarde del domingo 5, antes aun de que cerraran los centros de votación que instaló el Partido Acción Nacional (PAN) en todo el país y cuando ya era irreversible la victoria de Josefina Vázquez Mota, una palabra anidó en las cabezas de los operadores de Ernesto Cordero: “Traición”.

No había otra explicación a lo ocurrido en varios estados estratégicos con los que contaba Cordero –Guanajuato, Jalisco, Baja California y el Distrito Federal– para vencer a Vázquez Mota en la primera vuelta, como el equipo de ésta temía aún la víspera de la jornada en la que el blanquiazul eligió candidata presidencial.

Las cifras ofrecidas a Cordero por los gobernadores Juan Manuel Oliva, Emilio González Márquez y José Guadalupe Osuna, así como por operadores como Miguel Ángel Yunes y Hernán Cortés Berumen, eran completamente opuestas a la realidad.

Desde las 14:00 horas las cifras de las encuestas de salida eran rotundas: Vázquez Mota tenía 53 puntos, Cordero 38 y Santiago Creel 9. Los mismos resultados los tenían uno y otro equipo.

El reportero consultó esos números con Maximiliano Cortázar, vocero de Cordero, hacia las 15:00 horas, pero él, como otros, enmudeció desde entonces. Lo que sí hubo fue cruce de llamadas entre los equipos.

Una de ellas fue la que Abraham González Uyeda, operador de Cordero y de

Calderón en 2006, le hizo a Jorge Ramos Hernández, coordinador de la estrategia territorial de Vázquez Mota, para reconocer la derrota de su jefe, que ya entonces estaba fuera de sí.

Cordero estaba encolerizado y recriminó con palabras ásperas a varios de los operadores por no haber cumplido. Furioso, se negaba a reconocer la victoria de Vázquez Mota, que pasadas las 19:00 horas recibió la llamada de Felipe Calderón para felicitarla.

“Cordero no quiere salir a reconocerla”, decía Alejandro Vázquez Cuevas, uno de los artífices del triunfo de Vázquez Mota, a quien más tarde, en la sede del PAN, el exsecretario de Hacienda le levantó el brazo con un semblante que no era de tristeza, sino de rabia.

La elección interna del PAN exhibió no sólo los juegos de poder, desafíos a Calderón y traiciones, en particular de los gobernadores y operadores identificados como militantes de la organización ultraderechista El Yunque –cuyo nuevo jefe general, Guillermo Velasco Arzac, alias Jenofonte, es cercano amigo de Vázquez Mota–, sino el empleo extendido de mecanismos de defraudación electoral.

Los manejos sucios ocurrieron antes y durante la jornada, según los propios panistas de uno y otro equipo: Compra y coacción de votos con recursos públicos y privados; acarreo de electores afiliados corporativamente; entrega de dádivas, entre ellas miles de despensas a los afiliados pobres; robo de urnas y hasta balazos.

Pero la “operación” no le alcanzó a Cor-

dero: Identificado como el delfín de Calderón, por haber sido arropado no sólo por la estructura del gobierno federal sino por los familiares del mandatario –entre ellos Luisa María Calderón, Juan Ignacio Zavala y Mariana Gómez del Campo–, duplicó los votos que le atribuían las empresas encuestadoras pero no alcanzó a forzar siquiera la segunda vuelta. Éste era el escenario menos optimista cuando, en diciembre, Francisco Conejo se hizo cargo de coordinar la campaña de Cordero, y aseguró al reportero que su misión era remontar la desventaja, igual que su amigo Calderón lo hizo seis años antes ante Creel.

Cimbrado por la derrota, que allegados suyos atribuyen a traiciones, Conejo reconoce ahora que gobernadores y otros operadores electorales no cumplieron su palabra, pero es cauteloso. “Hubo quienes faltaron a sus compromisos pero también alguien tenía más capacidades de lo que en realidad demostró”.

–¿Hubo traición?

–Yo no lo calificaría así. Hay resultados que no se esperaban, pero no los llamaría traiciones.

El Yunque triunfador Guanajuato es el emblema de la traición que, en voz baja, los corderistas aseguran que existió: El gobernador Juan Manuel Oliva, quien hizo ganar en las internas locales a su candidato a sucederlo, Miguel Márquez Márquez, había ofrecido a Cordero arrasar, pero perdió dos a uno ante Vázquez Mota: 16 mil 500 contra 7 mil 700.

Y fue precisamente Guanajuato el estado con el que Vázquez Mota inauguró, el jueves 9, la gira de la unidad. En León, Oliva le prometió 1 millón 200 mil votos para la elección presidencial y, en aparente

alusión a Cordero, se ufanó con un verso de la canción Camino de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez: “Aquí se apuesta la vida y se respeta al que gana”.

Otro dato: Carlos Medina Plascencia, amigo de Vázquez Mota y retirado de la política desde que fue derrotado por Manuel Espino en sus aspiraciones de encabezar al blanquiazul, en marzo de 2005, emitió su público respaldo a Márquez Márquez, miembro de El Yunque y al que atribuye su desgracia.

En Jalisco ocurrió algo semejante: en las internas panistas locales, el gobernador Emilio González Márquez hizo triunfar a su secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez-Peláez, pero en esa entidad Cordero perdió tres a uno: Apenas 3 mil 900 por 12 mil 800 de Vázquez Mota.

Como los gobernadores de Guanajuato y Jalisco, el de Morelos, Marco Antonio Adame, es otro prominente militante de El Yunque, pero él no se comprometió con Vázquez Mota o Codero, sino con los dos: Su esposa, Mayela Alemán, quien quiere ser senadora, respaldó a la primera, y su hijo Juan Pablo, al segundo.

Así, González Márquez y Oliva lograron hacer ganar a quienes desean que sean sus sucesores, mientras que Adame logró que su hijo sea diputado federal, como lo aprobó el Comité Ejecutivo Nacional la noche del miércoles 8.

Hubo otros estados con los que Cordero apostaba a su triunfo: En Baja California, el gobernador José Guadalupe Osuna, amigo de Calderón, le prometió la victoria, pero el exsecretario de Hacienda obtuvo mil 900 votos, y la diputada con licencia, 6 mil 400.

En Coahuila –cuyo máximo líder panista es el senador Guillermo Anaya, compadre de Calderón–, la votación para Vázquez Mota fue también contundente: 8

Presente, Solá, el de la guerra sucia ÁLVARO DELGADO

A

al alza en las encuestas, como cuando Calderón venció a Creel: “Ganaremos por lo menos por cinco puntos”.

Desdeñoso de las irregularidades en el proceso y la jornada electoral, en especial la entrega de despensas, Solá Reche sólo piensa en que Vázquez Mota ganará: “La veo ganadora, sin lugar a dudas. Ahora hay que correr la campaña”.

–¿Va a recurrir, otra vez, a la estrategia de la guerra sucia?

–Las estrategias no se dicen. Eso se lo aprendí mucho a Calderón.

–No la descarta, entonces.

–Las estrategias no se dicen. Simplemente se hacen.

–Insisto: ¿va a recurrir a la guerra sucia?

–Ya platicaremos.

Solá Reche es uno de los colaboradores más polémicos de Vázquez Mota, pero a él le debe las conexiones que al más alto nivel ha tejido ésta en España, en especial con el flamante jefe de gobierno, Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP).

Fue la única mexicana que, el domingo 20 de noviembre, felicitó personalmente a Rajoy por su triunfo en las elecciones de España, donde presentó su libro Nuestra oportunidad. Un México para todos, y se promovió en medios de ese país.

De hecho, en una entrevista con el diario conservador El Mundo, publicada el 22 de noviembre, Vázquez Mota mostró su afinidad con el actual jefe de gobierno español: “Me veo como Mariano Rajoy, pero en México”.

El símil es poco afortunado para Vázquez Mota: Rajoy ganó el gobierno español

Octavio Gómez

las 19 horas con 50 minutos del domingo 5, media hora después de que Felipe Calderón se comunicó telefónicamente para felicitarla por su triunfo, en la escalinata de la casa de campaña apareció, exultante, Josefina Vázquez Mota.

La flanqueaban Roberto Gil Zuarth, coordinador de su precampaña, y un personaje que hasta entonces no había aparecido públicamente: Antonio Solá Reche, el consultor político que, seis años antes, acompañó en esa misma casa de la colonia Del Valle a Calderón como ganador de la candidatura, sólo que entonces era un desconocido y no era todavía mexicano.

Solá Reche, con una sonrisa permanente, se colocó en la primera fila de los colaboradores de Vázquez Mota, entre ellos Jorge Ramos Hernández, el coordinador de las redes que movilizó la estructura para asegurar la victoria en la primera vuelta.

Y más tarde fue de los pocos acompañantes de Vázquez Mota a la sede del CEN del PAN para la reunión privada que sostuvieron ella y sus rivales, Ernesto Cordero y Santiago Creel, con Calderón, quien ya no participó en el festejo en el auditorio Manuel Gómez Morín, donde los josefinistas se regodeaban de su triunfo.

Alto y barbado, sonriente y locuaz, Solá Reche se movía entre los panistas congregados en el salón como lo hizo hace seis años y, como entonces, no tiene duda de que la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) ganará.

En una breve charla con Proceso, el español naturalizado mexicano asegura que, tras el proceso interno, Vázquez Mota se irá

Gil Zuarth y Solá. El equipo

sólo hasta el tercer intento, y en el segundo, en las elecciones de 2008 ante Rodríguez Zapatero, el estratega fue Solá Reche.

Este consultor le hizo repetir al candidato del PP frases como “Zapatero es un peligro para la economía” o “Zapatero es un peligro para las familias”, el mismo mensaje catastrofista de “López Obrador es un peligro para México”.

El consultor español es el autor del lema de la campaña de Rajoy en 2008¸ “Con cabeza y corazón”, una derivación de la frase “Mano dura, cabeza y corazón” que le recomendó usar al exgeneral Otto Pérez Molina en su campaña por la presidencia de Guatemala, en 2007, que perdió en segunda vuelta.

Solá Reche volvió a ser asesor de Pérez Molina en la elección presidencial que ganó, el año pasado, ante Manuel Baldizón, a quien el exgeneral espetó: “Lo digo con mucho respeto, como el señor (Baldizón), un populista, un peligro para Guatemala. Eso lo digo a título personal”.

Viajero permanente por las asesorías que imparte a políticos de América Latina, sobre todo de derecha, Solá Reche está contento por estar en la campaña presidencial del PAN, aunque se queja de que se le asocie a las estrategias de guerra sucia.

“Tú me has hecho la fama”, le reclama al reportero, entre broma y en serio, pero ni en el equipo de Vázquez Mota goza de total respeto, sobre todo porque fue quien le recomendó, en su primer discurso, lanzarse contra Enrique Peña Nieto.

Ni siquiera está aún definido su papel en el equipo de campaña de la candidata presidencial del PAN, según el flamante coordinador de medios de comunicación, imagen y marketing político, Julio di Bella.

–¿Solá será un elemento clave en el equipo de campaña? –se le pregunta.

–No lo sé, es decisión de la candidata.

Ella tendrá que definir. Mi responsabilidad es la coordinación de medios de comunicación, de imagen y marketing político, soy el coordinador general y a nosotros nos corresponde trazar las estrategias.

–¿Está pendiente definir cuál será la función de Solá?

–Tanto de él como de otros asesores externos que podemos llegar a considerar en su momento.

Hace apenas dos semanas, el 25 de enero, Juan Ignacio Zavala, coordinador de mensaje de Cordero, aseguró al diario La Jornada que Solá en realidad no fue el autor de la frase de “López Obrador, un peligro para México” en la campaña de 2006. “Él se la apropió y se ha hecho un mito”, afirmó Zavala, quien dijo que la idea nació en el “cuarto de guerra” de su cuñado Calderón, en 2006, y se le encomendó a Solá ejecutarla en los promocionales contra el candidato de izquierda. “Él se apropió de eso. Quienes nos dedicamos a la política no andamos vendiendo

Foto: Especial

ELECCIONES 2012 / PAN

2006. Calderón y sus asesores Morris y Solá

nuestros conocimientos de campaña y ese es el trabajo de él. Esa es la diferencia”, dijo Zavala a la reportera Claudia Herrera.

Solá, sin embargo, aparece en el equipo ganador de Vázquez Mota, al que se sumó después de que Javier Lozano declinó su aspiración presidencial, pero, a diferencia de 2006, es ahora un ciudadano español naturalizado mexicano, gracias a las gestiones de Calderón.

En efecto, tal como lo publicó Proceso, en mayo de 2009, con el objetivo de evitar escándalos por participar en asuntos mexicanos como extranjero, algo que prohíbe la Constitución, Solá se naturalizó mexicano cuatro días después de que Calderón asumió el gobierno: el 4 de diciembre de 2006.

La reportera Jesusa Cervantes obtuvo un oficio, fechado el 5 de diciembre de 2006, que el subsecretario de Población Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Lauro López Sánchez, envió a César Nava Vázquez, entonces secretario particular de Calderón.

En ese documento –con copia al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña– le informa que el trámite concluyó de manera exitosa.

En el oficio se adjuntó la carta de naturalización 0029065 con expediente de referencia ASI/5212/ESP1/0064553/06, en el que Solá manifiesta que nació el 14 de enero de 1972 en Terrassa, Barcelona, Reino de España, que su padre es Antonio Matías Solá Ortigosa y su madre Josefina Reche Carricondo, y que su cónyuge es Laura Gómez Padilla.

Ese mismo documento refiere que la carta se otorgó el 4 de diciembre de 2006, aunque fue un día después cuando se le notificó del trámite concluido al secretario particular de Calderón… O

mil por apenas 2 mil para el exsecretario de Hacienda.

El expriista Miguel Ángel Yunes le prometió a Cordero arrasar en Veracruz, pero sólo le consiguió 21 mil 700 votos, contra 28 mil 500 de Vázquez Mota, con 10 mil sufragios presuntamente fraudulentos en Tantoyuca, actualmente en litigio.

De los 32 estados Cordero sólo ganó en siete, entre ellos Puebla, donde tuvo el apoyo del gobernador Rafael Moreno Valle –aunque en la capital el alcalde yunquista Eduardo Rivera Pérez hizo triunfar a Vázquez Mota–; Sonora, cuyo gobernador, Guillermo Padrés, cumplió su palabra de hacerlo ganar ahí y operó en otros 22 estados, y Nuevo León, aunque al alcalde de la capital, Fernando Larrazabal, casi lo iguala la votación de la legisladora.

En todos esos estados, sin embargo, hubo una inusitada movilización de militantes –como se le denomina al acarreo de votantes, sobre todo los de condición humilde– y otras acciones que se han arraigado en las contiendas internas del PAN.

Josefina, la oficial Este comportamiento fue justamente una de las razones por las que Manuel Clouthier Carrillo desistió de buscar la candidatura del PAN a senador por Sinaloa, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón ante el veto del presidente de ese partido, Gustavo Madero.

“Parte de las razones para tomar esta decisión son las prácticas exageradas de compra y coacción del voto, que fue precisamente contra las que luchábamos en el viejo régimen. Lo afirmo: Cuando el gobierno se mete al partido, lo corrompe”, expone en entrevista.

Declarado diputado federal independiente, el hijo de Manuel Clouthier del Rin-

E L E C CI O N E S 2012 / PA N

Cochinero impune Aunque no es un fenómeno nuevo, en esta elección de candidato presidencial el PAN “se animó” a ejercer de manera extendida prácticas que prohíben el código de ética panista, la ley electoral y la Constitución, como acusaron los equipos de campaña de los tres contendientes.

Prácticas antidemocráticas y aun delincuenciales, como el espionaje, las amenazas a servidores públicos y la compra, coacción e inducción del voto con dinero en efectivo y despensas, fueron denunciadas ante la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

De hecho, sólo el domingo 5, el equipo de defensa del voto de Vázquez Mota recibió en el número telefónico 01 800 más de 100 llamadas para denunciar prácticas de defraudación electoral, más de la mitad de las cuales eran relevantes.

Dos semanas antes de las elecciones, el 22 de enero, Jorge Manzanera Quintana, operador electoral de Calderón desde

los noventa y quien apoyó a Vázquez Mota, denunció desde su cuenta de Twitter irregularidades para favorecer a Cordero y alertó a la CNE. “Foco rojo Veracruz, rifa de refrigeradores y electrodomésticos. ¿Existe la CNE?”, escribió y tres días después alertó: “En Huasteca, Hidalgo, 15,000 despensas listas. ¿Existe la CNE?”.

El mismo domingo de la elección, por ejemplo, en Puebla se presentaron casos en los que a los acarreados se les hacía entrega de despensas o una bolsa con “Frutsi, manzana y torta”, lo que delataba que se realizaba acarreo a las urnas, como denunció el senador Humberto Aguilar Coronado, coordinador nacional de la campaña de Creel.

“Previo a los comicios, y ahora mismo, estamos viendo prácticas que nunca había visto en el PAN, que siempre las había considerado como los vicios del PRI, cosas que no corresponden con la forma de expresión democrática del PAN”, declaró.

El diputado local panista Julio Lorenzini, operador de Moreno Valle, fue acusado por el equipo josefinista de recibir dos tráileres de la Sedesol con despensas para comprar votos a favor de Cordero. Los detalles constan en un video incontrovertible.

En el municipio de Teopantlán tres sujetos fueron detenidos por intentar robar una urna, que se les cayó cuando trataban de abordar un taxi.

El acto más grave, según el dirigente estatal del PAN en Puebla, Juan Carlos Mondragón, ocurrió en Ahuatlán, en la región mixteca: Presuntos simpatizantes de Cordero dispararon contra josefinistas que festejaban el triunfo, pero no hubo heridos ni muertos.

En Veracruz los equipos de Cordero, con la familia Yunes a la cabeza, y de Vázquez Mota, con el apoyo de Julen Rementería y Alejandro Vázquez, se enfrentaron a punta de despensas y regalos.

Fue la diputada federal Gabriela Cuevas, del equipo de Cordero, la que inauguró el torneo de acusaciones a través de su cuenta de Twitter, antes de las 10:00 horas, con una supuesta urna embarazada en Teloloapan, Guerrero. “Aún no se abre la casilla y ya tiene votos. ¡Que se saquen todos esos votos falsos y sea el voto de la gente!”.

Y en otro mensaje acusó a Vázquez Mota: “¡Son los funcionarios de casilla los que están haciendo fraude en Teloloapan a favor de JVM!”.

Luego generalizó: “Las urnas las llenaron desde ayer, la operación tamal inició en la madrugada en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán”.

Tales denuncias de una prominente corderista desencadenaron una tormenta de denuncias en todo el país que no amainaron durante el día, como la que hizo la diputada guanajuatense Elia Hernández, también corderista, quien aseguró que el

alcalde panista de Balancán, Tabasco, Milton Lastra, dijo que presionaba para votar por Vázquez Mota.

El cruce de acusaciones llegó hasta el muy exclusivo barrio de Polanco de la Ciudad de México, en cuyo parque Uruguay se instaló el centro de votación de la delegación Miguel Hidalgo, una de las tres gobernadas por el PAN. Así como llegaban prominentes panistas a votar, como Gustavo Madero, presidente del partido, también lo hicieron multitudes de colonos de las zonas populares a bordo de microbuses, en un festín de acarreos controlados con listas de operadores de Vázquez Mota y Cordero.

Ese centro de votación le correspondió al precandidato Creel, cuya esposa e hijo no pudieron emitir su voto porque no aparecieron en la lista de electores. Lo mismo ocurrió en la muy panista delegación Benito Juárez, donde tiene su sede nacional el PAN. “Lamentable el acarreo en la delegación Miguel Hidalgo, lo mismo en la BJ. Era de esperarse”, se dolió Carlos Gelista, expresidente del PAN en la capital, a quien secundó el exdiputado Jorge Triana: “Acarreo majadero”.

Pero todas estas conductas fraudulentas, incluidas las quejas que el equipo de cada precandidato presentó ante el órgano electoral del PAN, quedarán impunes, porque ya se desistieron, según informó a Proceso Julio di Bella, coordinador de medios e imagen de Vázquez Mota.

“Habiendo candidato electo no tiene ningún sentido seguir peleando al interior y lo que la gente espera es que haya una actitud madura y propositiva”, explica, aunque aclara que se debe investigar si hay evidencias y atajarlo si se trata de sólo un rumor.

“Nosotros como equipo de Josefina queremos ir adelante y continuar trabajando uniendo a todos los panistas que quieran participar en el nuevo proyecto, que se llama ganar la Presidencia”, insiste.

–¿Borrón y cuenta nueva?

–Sí, definitivamente sí.

Francisco Conejo, coordinador de la campaña de Cordero, piensa igual porque asegura que su equipo actuó limpio: “Nosotros no compramos despensas ni utilizamos la estructura gubernamental, federal o estatales, no lo hicimos como una estrategia o una instrucción del candidato o de la campaña”.

Tampoco dice saber si el equipo de Vázquez Mota incurrió en prácticas antidemocráticas e ilegales, aunque dice que no garantiza que algún operador lo haya hecho motu proprio. “Una vez que en una contienda interna suena el silbatazo final, hay que preparase para el siguiente partido”.

–¿Borrón y cuenta nueva?

–Yo creo que sí. Así debe ser. En una contienda interna así sucede y lo importante es darle vuelta a la hoja y ver para adelante. O

Sólo Sonora

cumplió con Cordero Para levantar a Ernesto Cordero en la elección interna del PAN, Felipe Calderón recurrió a un equipo de operadores electorales sonorenses ya probado –y denunciado por sus irregularidades– en varios estados norteños. El grupo, encabezado por el gobernador Guillermo Padrés, se reunió el martes 7 en la Casa de Gobierno a celebrar que Josefina Vázquez Mota, que será abanderada presidencial panista, reconoció su eficacia y lo incorporó a su campaña. Una grabación del acto revela que la “operación F-XXI” de Padrés consistió en hacer proselitismo y gestionar apoyo desde puestos gubernamentales para el candidato… que al final perdió.

Eduardo Miranda

cón, candidato presidencial del PAN en 1988, asegura que contra lo que la mayoría piensa, la verdadera candidata de Calderón fue siempre Vázquez Mota.

“Josefina siempre fue la candidata oficial del presidente Calderón, siempre lo fue sin lugar a dudas, y eso lo vamos a ver.

Así como se metió fuertemente al proceso interno (del PAN), lo vamos a ver no respetando el proceso constitucional”, advierte.

–¿Fue una simulación el apoyo de Calderón a Cordero?

–Fue una estrategia. Y le salió. Y ha de estar que no lo aguanta nadie de soberbio.

Le salió todo bien.

–Cuesta trabajo entender que la candidata siempre fue Josefina.

–Sigo sosteniendo esta posición. Ahí están los resultados. Y todo salió perfecto en el sentido de que ya hay unidad y todo.

Clouthier Carrillo se resiste a revelar la identidad del “grupo” que le ha hecho “una propuesta concreta que me entusiasma” para participar en las elecciones de julio, pero prefiere alertar sobre el choque político que se avecina.

“Va a ser una contienda bastante interesante: Vamos a ver, por un lado, al presidente metiéndose con todo para tratar de sacar a su delfín, y por otro lado vamos a ver en el PRI a los gobernadores metiéndose con todo tratando de sacar al suyo. Entonces vamos a ver una lucha de poderes: El poder federal contra los poderes estatales.”

Y agarra parejo en la lucha sin límites que anticipa: “Es un escenario donde las tres principales fuerzas políticas del país se animan a todo. Se animan el PAN, el PRI y el PRD a todo, a todo. No hay que descartar nada. Todo puede pasar”.

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

E

Padrés. “Liderazgo”

l presidente Felipe Calderón y el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, estuvieron detrás de una operación electoral para favorecer a Ernesto Cordero en la contienda interna para elegir candidato a la Presidencia de la República.

La maniobra fue orquestada en Sonora, donde el gobernador Guillermo Padrés Elías ordenó el despliegue de operadores a 22 estados. El resultado fue, en palabras del propio Padrés, que Cordero creció de 6% de las preferencias en julio pasado a 38% de la votación en los comicios del domingo 5.

“Yo sé lo que costó… los resultados contundentes que retumbaron a la Ciudad de México, desde Baja California hasta Yucatán. Yo sé lo que costó. No soy ajeno, y lo platicábamos en aquella reunión (el 3 de enero); no soy ajeno a lo que tuvimos que hacer para obtener ese resultado”, dijo el mandatario sonorense el martes 7, reunido con su gente.

Alrededor de 250 operadores electorales, entre ellos alcaldes, diputados, funcionarios federales y estatales, e incluso la dirigencia del PAN en el estado, fueron convocados a esa reunión con el gobernador para explicar por qué le apostó a Ernesto Cordero e informarles que, ya demostrada su capacidad de convocatoria electoral, la aspirante presidencial Josefina Vázquez Mota le pidió su apoyo.

La cita fue a las 6:30 de la tarde en la Casa de Gobierno de Sonora, ubicada en la colonia Pitic, la más exclusiva de Hermosillo. Tras una espera de dos horas, el mandatario estatal y su equipo cercano salieron a comentar el “esfuerzo realizado” y a encomiar el liderazgo de Padrés, quien agradeció que hubieran resistido “la ola” de apoyo a Vázquez Mota: “Yo lo sé. Sé que tuvo que haber mucho convencimiento, pedirles de favor apoyar y fortalecer (a los operadores sonorenses) un compromiso con nuestro presidente de la República y de partido. Fue difícil, pero en política y en la vida, la lealtad, el compromiso y la palabra es (sic) sumamente importante, y yo aquí les pedí de favor: ayúdenme a que Sonora cumpla su compromiso.

“Quiero decirles que el esfuerzo que ustedes hicieron nos llevaron (sic) mucho más allá… No se imaginan lo que se siente, y se los quiero transmitir, que nos haya hablado la máxima autoridad y por mi conducto mandarles decir: gracias, amigos, por su esfuerzo, lealtad y compromiso, por una misión cumplida. Se siente bien bonito podérselos decir.”

La reunión se celebró a puerta cerrada, pero panistas asistentes proporcionaron a Proceso la grabación de lo que ahí se dijo, como los pormenores de la operación electoral y la insistencia de Padrés en ensalzar su liderazgo: “Quiero decirles también que ese liderazgo (el del gobernador) y lo que hicimos vale mucho. Así como (la “máxima autoridad”) nos agradecieron lo que hicimos, inmediatamente nos comunicamos para felicitar a Josefina (…) Josefina me pidió que les diera el mensaje de agradecimiento y me dijo: los necesito cerca, ayúdenme, formen parte de mi equipo. “(Lo hizo) consciente del trabajo que se hizo aquí, pero también en los 22 estados de la República… que no hicimos más que trabajar con orden, con estrategia, con lealtad, sudar la camiseta y pedir a los panistas que sacaran la casta y defendieran los resultados, y que demostramos que de ocho puntos, ella me lo hacía ver y me lo reconocía, repuntamos a casi 40; que de las últimas encuestas que marcaban cuando mucho 16 puntos, la operación política y el trabajo que sabemos hacer nosotros, lo catapultamos de 16 a 32%.”

Enseguida el gobernador sonorense anunció que ya se había puesto de acuer-

Fernando Camacho

E L E C CI O N E S 2012 / PA N ria en la Guerra Civil española, ante el asedio de Madrid: “¡No pasarán!”, se desgañitaba Espinoza sin que nadie lo siguiera, hasta que después de varios intentos logró que algunos presentes corearan. Y prosiguió: “No pasarán, somos un gran bloque, una gran muralla, y lo demostramos este domingo.

Las próximas elecciones, les digo, haremos presidenta a Josefina Vázquez Mota”.

El estilo Sonora

El precandidato. Apoyo insuficiente

do con Vázquez Mota, quien el miércoles 15 visitaría Sonora, donde le organizarían el acto de apoyo más grande que los panistas hayan realizado en la entidad.

Operación F-XXI En la reunión del martes 7, los colaboradores del gobernador sonorense dieron cuenta de la operación F-XXI (Fuerza XXI), que han desplegado en varios estados para los comicios constitucionales.

La maniobra toma su nombre de la estrategia creada por Padrés para las elecciones de julio de 2009, cuando obtuvo la gubernatura, y que consiste en la creación de una estructura en los 21 distritos de Sonora, donde operan directamente varios servidores públicos.

Ya han sido denunciadas varias F-XXI, aunque cambian de nombre según el número de distritos locales. Por ejemplo, en Sinaloa se llamó F-XXIV y sirvió de apoyo al hoy gobernador Mario López Valdez en 2010; en Baja California Sur, en 2011, se llamó F-XVI y fue fundamental en la elección de Marcos Covarrubias como gobernador.

F-XVI fue la misma clave que se utilizó en Coahuila, donde los sonorenses operaron en la elección de julio pasado, aunque no lograron la victoria. Sobre esos comicios Proceso dio a conocer en su número 1808 una conversación entre el coordinador de campaña del PAN, Luis Fernando Salazar, y el subsecretario de Hacienda sonorense, Gerardo Encinas Urquídez, en la que acordaron el envío de propaganda electoral de Sonora a Coahuila.

En la reunión del martes 7 en la Casa de Gobierno de Sonora, el dirigente estatal del PAN, Juan Valencia, mencionó que esos operadores habían participado en elecciones de otros estados, sin precisar cuáles. No obstante, en Sinaloa, Baja California Sur y Coahuila se ha identificado en varios medios de comunicación a Adrián Espinoza Espinoza como el líder de operadores.

Entre los principales colaboradores de Espinoza están Lisseth López y Dalia Valencia, además del panista Héctor León Mendoza y el coordinador de Imagen del gobierno estatal, Javier Alcaraz (Columna Sobre Papel, 12 de febrero de 2011, en Hermosillo, y Zócalo Saltillo, 1 de julio de 2011).

Adrián Espinoza, secretario general del PAN sonorense, fue quien más datos aportó sobre los F-XXI en la reunión del martes 7. Explicó que el gobernador lo había enviado a apoyar a Cordero.

“Ustedes saben que un servidor se fue a la Ciudad de México en julio, a petición, por supuesto, del gobernador del estado, para ser responsable en primer lugar de todo el tema central de Ernesto Cordero y de todo un grupo de compañeros sonorenses para el Distrito Federal.

“A nosotros nos pidió el gobernador que viniéramos a atender nuestro rancho, nuestro territorio acá en Sonora, pero se quedó al frente de esa coordinación a nivel nacional mi buen amigo Paco Bueno, y los chavos que estuvieron en 22 estados de la República”, dijo. Después aclaró que sólo había 18 operadores presentes, pues más de 100 estaban por regresar.

De acuerdo con el directorio oficial en línea, Francisco Bueno es director general de Bebidas Alcohólicas del gobierno estatal. Participó en la precampaña de Cordero desde agosto.

Espinoza continuó repartiendo agradecimientos y destacó que la elección interna del PAN había demostrado la fuerza de su unidad: “En Sonora todos ganamos en esta elección, porque demostramos que cuando sabemos estar unidos y sabemos ser un gran bloque... ya lo decíamos aquí hace como un mes, el 3 de enero: somos una gran muralla y que no pasa nada por Sonora”, dijo en alusión al equipo de Vázquez Mota.

Finalmente arengó a los presentes con lo que llamó “un canto de guerra”, retomando la famosa expresión de La Pasiona-

Las intervenciones en la Casa de Gobierno iniciaron con el jefe de la Oficina del Ejecutivo, John Swanson; siguió Juan Valencia, dirigente estatal del PAN; luego, el secretario de gobierno, Roberto Romero López, y finalmente Espinoza, quien hizo el preámbulo de Padrés.

Swanson hizo un recuento de notas en diarios nacionales que informaron del resultado obtenido por Cordero en Sonora, apoyado por el gobernador. De los siete estados que ganó Cordero, Sonora fue el tercero que más votos le aportó: 14 mil 790.

Es decir que le ganó por 7 mil 379 a Vázquez Mota, que obtuvo 7 mil 411.

En su turno, Juan Valencia también destacó la fuerza del equipo que opera fuera del estado y mantiene una relación permanente con el gobierno de Padrés: “El partido está unido aquí en Sonora, no solamente con los panistas, está unido con su gobierno también, con su gobierno estatal y municipales, y así vamos a seguir porque es la única manera de seguir cosechando frutos. Así unidos ganamos en lo que viene.”

Tocó el turno a Roberto Romero López, el secretario de Gobierno cuya voz fue expuesta en el portal de videos YouTube el 23 de enero cuando amenazó a empleados gubernamentales con despedirlos si no apoyaban a Cordero. Aunque en declaraciones posteriores trató de deslindarse, en esta ocasión bromeó al respecto: “Ya pueden prender las grabadoras –inició Romero López, arrancando las carcajadas de los panistas–. Yo no sé por qué Adrián (Espinoza, quien por lo visto fue el que organizó la reunión) me pidió que hablara de la relación, que contara la cercanía del gobierno en el partido… No sé por qué se te ocurrió, pero bueno: ¿quién soy yo para negarme?”. Más carcajadas.

Y se justificó: “A mí me deja muy claro, esto que pasó, que es necesario tomar algunos riesgos para sacar las cosas adelante y que no debemos caer en la agenda que nos quiera imponer el de enfrente, y que, para empezar, ya no son los de enfrente, son los de atrás”.

Romero subrayó que el PAN de su estado tiene “grandes valores”, como el agradecimiento y la lealtad, y que es muy diferente al PAN nacional. De hecho, anticipó

un asunto que Swanson y el propio Padrés abordaron: a todos los presentes les va a ir bien con empleos y candidaturas. E insistió: “Muchos de los aquí presentes son gobernantes y a veces esa situación nos paraliza, se nos olvida que dentro del marco legal vigente existe la plena posibilidad de que salgamos a defender nuestro liderazgo por lo que creemos, que salgamos afuera, a la calle, a dar la cara por lo que la dábamos antes, que no estábamos donde estamos hoy.

“Y con más razón lo vamos a hacer ahora: por supuesto que la plataforma de todo esto es el buen ejercicio de gobierno y quieren que lo ocultemos. ¡No, chingao! Vamos a ir a presumirlo, salgan a la calle, ejerzan su liderazgo en comunidades y ámbitos de acción, no se detengan, la ley lo permite, no se dejen engañar, es una obligación. Y aquellos que son candidatos, y que mañana van a ser gobierno, que tampoco se les olvide ese compromiso que tenemos todos como mexicanos, sonorenses y panistas.”

El siguiente discurso fue de Espinoza, quien agradeció, entre otros, al diputado federal Enrique Torres, coordinador de la campaña de Cordero en Sonora; a Javier Dagnino, el responsable del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4) de la Secre-

taría de Seguridad Pública estatal y primo de la esposa de Padrés, Iveth Dagnino.

“Muchas gracias también a una fuerza que estuvo trabajando mucho y le dimos una de las tareas más difíciles: golpear a la gente que estaba de aquel lado (el de Vázquez Mota): a Javier Dagnino, El Pipo. Gracias Javier, pónganse de pie, levanten la mano los que lo acompañaron de cerca”, pidió.

También pidió aplausos para los alcaldes, así como los diputados federales y locales presentes en la reunión. Su lista seguía y seguía: “Hubo otra fuerza que nos acompañó.

Luis Felipe Romero y la gente de Oportunidades –decía pidiendo aplausos–, también a la gente que nos apoyó de CreSer (inaudible) y a Celia López”... De acuerdo con su sitio electrónico, “CreSer es el programa rector para el combate a la pobreza extrema” del gobierno estatal.

Tocó el turno a Padrés. “Ustedes saben que escoger al más fuerte, irse con la ola, es lo más sencillo del mundo, pero marcar el territorio y mandar este mensaje a todo el mapa… y en ese mensaje hay muchas cosas implícitas que hay que contar”, comenzó.

Para él, el resultado del domingo 5 dejó claro que su equipo puede aportar muchos votos en procesos electorales como

el presidencial: “Demostramos que en Sonora lo que se tiene que hacer para contar con nuestro apoyo es platicarlo, buscarnos, invitarnos, convencernos de que es por el objetivo y el bien superior, no el personal, colectivo, que nos va ir bien a todos y no nomás a unos cuantos”.

Su noción personal del “bien superior” se aclara cuando solicita el apoyo en bloque para Vázquez Mota: “Les quiero pedir de nuevo su lealtad, su compromiso, que cerremos filas, que mantengamos esa unidad que tenemos y nos ha dado tanto, para sacar adelante lo mejor posible nuestros procesos y que sigamos en la vía de los acuerdos, que en esa vía a todos nos va a ir bien.

“Muchos de los aquí presentes tendrán duda: ¿qué sigue conmigo? Les aseguro que les va a ir bien y lo vamos a ir viendo uno por uno, porque de eso se trata: de cuidarnos los unos a los otros, de que a todos, no nomás a uno o dos o unos cuantos, les vaya bien, sino a todos.”

Y por si hubiera dudas Padrés enfatiza: “Les pido que cuidemos esa fortaleza y liderazgo, y que saquemos la casta, el valor y llevemos este mensaje. Así como les pedí apoyar a Cordero, quiero pedirles que me apoyen, que me sigan para lograr el sueño dorado del PAN y llevar a Josefina a la Presidencia de la República”.

Gustavo Graf

E L E C CI O N E S 2012 / PA N

Con Tamez Guerra y Fox

La huella

fraudulenta de Josefina

en Sedesol En 2006, cuando Josefina Vázquez Mota estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se cometió un millonario fraude con los fondos del Programa de Vivienda Rural, que beneficiaría a cerca de 5 mil 500 familias. Los partidos crearon al vapor organizaciones fantasma y apuntaron a los presuntos beneficiarios, pero lo cierto es que los recursos se destinaron a las campañas electorales de ese año, incluyendo la de Felipe Calderón. Y aun cuando diversas autoridades detectaron las anomalías, que implicaban a la hoy virtual candidata del PAN a la Presidencia de la República, las indagatorias jamás prosperaron.

MARCELA TURATI

D

“

ijo el señor que vino hace cinco años que habrá que esperar a que nos den la casa porque dijeron que lo habían robado; quién sabe quién lo robó, pero aquí seguimos esperando”, explica, desde la caseta telefónica de su pueblo, el campesino mixe Fidel Rojas, sostén de una de las miles de familias damnificadas por el fraude del Programa de Vivienda Rural, de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2005.

El programa, en vez de beneficiar a los sin techo más pobres, fue canalizado hacia las campañas políticas de 2006.

“Apenas construimos. La casa que tenemos la hice con mis propias manos.

Construimos así, a poquito, trabajando en el cafetal y de chalanes”, explica Fidel. En la línea apenas se distingue su voz. Atrás se escucha la discusión, en mixe, que sostienen los funcionarios municipales de Ixhuatlán de Madero sobre la faena comunitaria del día siguiente en los cafetales.

Fidel y su esposa Donata trabajaron seis años para construir el cuarto de adobe donde viven con sus dos hijas, lo que les permitió deshacinarse de la casa del suegro. Fantasean con que algún día volverá el señor que les prometió una casa de material, de esas con cemento colado, grava y tabiques.

Donata Robles López aparece en el padrón que en 2005 presentó la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, AC (Fenpa), ante la Sedesol para tramitar, a través del diputado panista José Luis Preciado, recursos del Programa de Vivienda Rural (PVR) que nunca llegaron.

Preciado no fue el único legislador tramitador; formaba parte de una camada de legisladores panistas de Sonora, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Puebla que aprendieron a ordeñar los programas sociales.

Las reglas de operación de Vivienda Rural fueron modificadas justo un año antes de las elecciones de 2006, cuando Josefina Vázquez Mota era titular de la Sedesol. Los cambios permitieron entregar recursos a las organizaciones campesinas que los legisladores de cualquier partido solicitaran.

A inicios de 2006 comenzaron a publicarse pruebas contundentes según las cuales legisladores panistas habían creado empresas fachada –dirigidas por sus secretarias, choferes u operadores– para desviar el dinero del programa de vivienda a sus campañas. Según el denunciante principal, Arnulfo Montes Cuen, titular de la Fenpa, esos recursos llegaron a la campaña del mismo Felipe Calderón, candidato a la Presidencia de la República, campaña de la cual era coordinadora la propia Vázquez Mota.

Sin embargo, la denuncia penal 62/ UEIDCSPCAJ/2006, presentada ante la PGR contra Vázquez Mota; contra su sucesora en la Sedesol, Ana Teresa Aranda; contra sus subalternos y un par de legisladores, fue desechada. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tampoco consideró que hubiera delito en lo expuesto en los expedientes AP/FEPADE/048/2006 y 368/2006.

Al interior de la Sedesol tampoco pasó nada. Y aun cuando la contraloría de la dependencia integró un expediente de seguimiento de responsabilidades (SI/035/06), no se aplicaron sanciones legales a ninguno de los involucrados.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, al revisar la cuenta pública de 2005, sólo encontró sancionables a dos agrupaciones campesinas que incumplieron con los campesinos, pero exoneró a los funcionarios que, aun cuando no cumplieron las reglas, les soltaron el dinero. Algo más: el responsable del programa en tiempos del fraude, Isaac Rojkind Orleansky, actualmente trabaja en una dirección de esa Auditoría.

Así se cerró la pinza del fraude más documentado que arrastra la virtual candidata presidencial del PAN. El PVR fue considerado “la caja chica” de los panistas en campaña, aunque el fraude salpica a todos los partidos políticos.

Cola larga La indígena Benita Sánchez Pérez era otra de las beneficiarias de vivienda en Quetzaltepec. Su comunidad, de menos de 5 mil habitantes y considerada de altísima marginación, cumplía con todas las condiciones para la recepción de apoyo. Según documentos que conserva la reportera, debieron entregarle material para construir un cuarto de 4x4 metros con techo de lámina.

Ante la Sedesol, la organización Huehuetépetl Comunitaria documentó que a Benita le dieron 10 mil 791 pesos; en otro recibo se descubrió que pretendían darle sólo 5 mil 651 pesos.

Al igual que Benita, 5 mil 437 familias que habían tramitado paquetes de apoyo a través de Fenpa también fueron defraudadas. El monto de los recursos aprobados era de 50 millones de pesos, que fueron desviados a Huehuetépetl, integrada por el candidato a diputado panista Benjamín Chacón, quien fungió como enlace del diputado Preciado ante la Sedesol. En San Martín Texmelucan, Puebla, también hubo denuncias en su contra.

El fraude se descubrió a raíz de que Montes Cuen –representante legal de Fenpa y contratado por el PAN por ser un experto “tramitólogo” de programas para el PRI– presentó una acusación ante la Sedesol por el despojo de 55 millones de pesos que debían haberle otorgado para viviendas pero que, de última hora, se canalizaron a Huehuetépetl, una organización fantasma creada por los panistas.

Con oficios, copias de movimientos bancarios, fotografías y expedientes, el denunciante exhibió a un grupo de legisladores federales y locales panistas de 17 estados que se convirtieron en gestores de recursos ante la Sedesol, dependencia que debió haber atendido 5 mil 437 solicitudes de casa. Incluso, comenta que días antes de que la secretaría abriera la competencia por los recursos para vivienda se creó Fenpa con el propósito de recibir el dinero.

Con cartas membretadas, Montes Cuen evidencia que los panistas Jorge Luis Preciado Rodríguez y Armando Rangel Hernández mantenían un acuerdo con funcionarios de la Sedesol –entre ellos la propia Vázquez Mota– para que la institución atendiera las demandas de 35 diputados; incluso, dice, habían acordado un techo presupuestario.

De esto, según los documentos, estaba al tanto el entonces diputado José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario del PAN, quien aparece incluso como uno de los destinatarios, así como funcionarios de Gobernación.

En una carta del 10 de noviembre de 2005, por ejemplo, Preciado solicitó al subsecretario de Gobierno, Felipe González González, dar cumplimiento al acuerdo de Vázquez Mota con los legisladores pa-

ra “apoyar las poco más de 13 mil solicitudes para el Programa de Vivienda Rural que se han hecho desde el año pasado a través de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros”.

Documentos similares fueron enviados a Rojkind Orleansky, director de Opciones Productivas, área encargada del programa.

Los panistas consultados señalaron que desviaron el dinero de Fenpa a Huehuetépetl porque desconfiaron de Montes Cuen, quien al momento de que la Sedesol liberó los recursos estaba encarcelado.

Montes Cuen, quien fue secretario técnico de la bancada del PAN, reveló entonces que en 2004 ese partido creó siete organizaciones para que sus legisladores obtuvieran al menos 20 millones de pesos, en dos años, de los programas sociales dedicados al campo y para allegarse votos.

Lo hacían a través de la organización Plantar, la “CNC panista”, que tenía entre sus consejeros a los extitulares de la Sedesol, Agricultura, Reforma Agraria, Economía y Medio Ambiente, secretarías de las que obtenían recursos.

La mencionada central campesina servía de paraguas al Organismo de Productores Agropecuarios, Ganaderos y Acuícola Nacional (OPAGAN); la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (ANPAC); al Consejo de Productores Cañeros en Acción Rural (CPCAR), y a Unimoss, entre otros.

OPAGAN y ANPAC, por ejemplo, eran liderados por el diputado Javier Castelo Parada; Unimoss, por el exfuncionario Javier López Macías, y el diputado panista Diego Palmero Andrade operaba a través del Consejo de Productores Cañeros en Acción Rural (CPCAR), por mencionar algunos.

El documento interno denominado Programa de Capacitación en Programas Federales del Consejo de Política Agropecuaria del Grupo Parlamentario del PAN, cuya copia obtuvo la reportera, indica que la estrategia electoral de 2006 comenzaría a partir de la creación de organizaciones que tramitaran recursos de programas federales para distribuirlos entre los beneficiarios que les redituaran en votos.

La meta era crear 10 organismos de la sociedad civil por cada oficina de enlace legislativo; “tener acceso a los padrones nacionales de Abasto Social de Leche, Abasto Rural, Adultos Mayores y Oportunidades” de la Sedesol, y crear una base de datos de funcionarios involucrados en la entrega de apoyos y hacer acuerdos con ellos.

El documento mencionaba la necesidad de aprender a gestionar recursos de los programas sociales de mayor impacto e integrar a los campesinos a organizaciones identificadas con Acción Nacional para crear contrapesos al PRI y al PRD en el sector agropecuario y rural.

Calderón. Favoritismo hacia Gordillo

Miguel Dimayuga

E L E C CI O N E S 2012 / PA N

as dos son mujeres poderosas y viven de la política. En 2006 formaron parte del equipo de Felipe Calderón y desde sus trincheras lo ayudaron a llegar a Los Pinos. Seis años después Josefina Vázquez Mota y Elba Esther Gordillo no pueden ni verse pero, de acuerdo con dirigentes magisteriales, podrían hacer a un lado sus diferencias para formar una alianza. Para una se trata de un asunto de sobrevivencia; para la otra significa ganar la Presidencia el próximo julio.

La historia de los desencuentros entre ambas es larga y pública. Algunos maestros consideran que sus enfrentamientos se deben al favoritismo de Calderón hacia la profesora, a quien desde el comienzo de su gobierno le otorgó posiciones privilegiadas. La preferencia del presidente hacia la lideresa se manifestó en 2008, cuando se negoció la aplicación del Acuerdo para la Calidad de la Educación (ACE).

“Al principio todos esperaban que fueran grandes amigas, porque ambas participaron en el triunfo de Calderón. Se suponía que si Josefina venía de la coordinación de la campaña y Elba Esther había ayudado con la mapachería electoral se iban a entender bien. Sin embargo ya estando ambas en el tema educativo, una como secretaria de Educación y la otra como representante sindical, se vio un fuerte desencuentro que se fue mostrando en varios momentos”, plantea Sergio Espinal, exdirigente de la sección 18 del SNTE en Michoacán.

La mañana del 20 de agosto de 2007, durante la inauguración del ciclo escolar, Gordillo explotó cuando la prensa reunida en el patio de la primaria República de Costa Rica le preguntó acerca de los problemas que tenía con la secretaria de Educación. “¡Yo no tengo que hacer las paces con nadie! ¡No tengo guerra contra nadie!”, di-

jo Gordillo al tiempo que Josefina llegaba a la escuela.

Los maestros michoacanos de la sección 18 del SNTE Artemio Ortiz y Sergio Espinal, protagonistas de la rebelión magisterial de 2008 contra el ACE, recuerdan que el trato de Gordillo hacia Vázquez Mota era despótico y de menosprecio.

En entrevista con Proceso aseguran que era tal la animadversión de Gordillo que, aprovechando las movilizaciones de los maestros contra la ACE, presionó a Calderón para que destituyera a Vázquez Mota de la SEP y pusiera en su lugar a Alonso Lujambio.

“La impresión que se me quedó –dice Ortiz– fue que Josefina era una persona débil frente a Elba Esther y sumisa ante Felipe Calderón; se sentía desdeñada por el trato diferenciado que les daba el presidente, quien tenía predilección por la maestra, por lo que ella significó en el proceso electoral de 2006, en especial como artífice del fraude electoral.

“Daba la impresión de que para Calderón fue más la aportación de Elba que la de Josefina, a pesar de que era su amiga y formó parte de la campaña. Incluso como secretaria de Desarrollo Social operó para comprar votos a favor de Calderón. Había un trato diferenciado.”

–¿Cómo era el trato entre Elba Esther y Josefina? –se le pregunta.

–Se veía que Josefina le tenía mucho temor a Elba Esther, quien tenía un control y un poder que ahora ya no tiene. Es un poder que viene desde la Presidencia con Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, y que la ha convertido en una déspota. Eso es lo que se veía en su trato hacia Josefina.

–¿No le tenía consideraciones a la secretaria?

–Elba Esther se refería a ella con palabras altisonantes porque no le gustaba cómo llevaba las riendas de la SEP y no respondía a las expectativas de saqueo.

En la estrategia del PAN en San Lázaro se menciona la aplicación “inmediata” del Programa de Vivienda Rural, Liconsa, Diconsa y Adultos Mayores, y la necesidad de “diseñar cientos de microproyectos con el padrón de Oportunidades”.

El proyecto fue concebido, según el documento, para “eventualmente tener un beneficio político a favor del partido en cada uno de los municipios y distritos en todo el país”.

explicación sobre el particular, la Sedesol entregó un documento interno que revela que los 438 millones de pesos de Vivienda Rural de ese año fueron repartidos entre 58 organizaciones campesinas “presumiblemente” vinculadas al PAN, PRI, PRD, PAS y PT. En la relación consta que las 15 agrupaciones vinculadas con el PRI fueron las más beneficiadas (41%), seguidas por 12 del PRD (28%) y por las siete panistas (18%); el PT obtuvo 6% de los recursos, el PAS 2.4% y el restante 3.3% se dividió entre 10 grupos sin filiación partidista.

El tramitador más mencionado en el documento fue el petista José Narro, quien hizo gestiones a través de 11 organizaciones, y el líder campesino priista Heladio Ramírez, entonces al frente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

En la lista también se mencionaba a

los senadores Gerardo Buganza, del PAN; Marcos Cruz, Víctor Suárez y Alfonso Ramírez Cuéllar, del PRD, y a Julián Orozco, del PRI, así como al líder agrario Rafael Galindo Jaime. De manera extraña, los nombres de los diputados Trejo y Tirado fueron omitidos. Los únicos fiscalizados y denunciados penalmente fueron los panistas, por sus lazos con el partido en el poder.

En la revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación exoneró a la Sedesol, aun cuando estableció que la Dirección General de Opciones Productivas otorgó recursos a una asociación civil por 9.4 millones de pesos que los desvió.

Asimismo, 15 organizaciones no habían comprobado el destino de 42.6 millones de pesos; nueve más habían incumplido la regla que les exigía abrir una cuenta bancaria para esos recursos, y una segun-

La alianza del odio JOSÉ GIL OLMOS

L

Salpicadera común Cuestionados en su momento en torno a este escándalo, los panistas señalaron que no tenía nada de malo tramitar recursos para los más pobres, y se justificaron: eso –aseguraron– lo hacen todos los partidos.

En 2005, cuando la reportera pidió una

Enemigas públicas

da tanda de recursos por 50 millones de pesos se entregaron a agrupaciones que no habían reportado avances.

La Auditoría investigó sólo a dos organizaciones: la panista Huehuetépetl y la priista Consejo Nacional de Empresas Campesinas (CNE), representada por Héctor Ortega de la Cruz, quien hoy es funcionario de la CNC. Comprobó también que no entregaron 707 mil pesos destinados a la compra de materiales; que no acreditaron las transferencias bancarias y pagos a través de cheques por 18.4 millones de pesos, y que no se localizaron recibos de entrega de paquetes de materiales por 3.8 millones. En resumen, Huehuetépetl y la CNC eran un cochinero.

La Contraloría Interna de la Sedesol estableció responsabilidades por malos manejos únicamente a la Unión General de

De acuerdo con Sergio Espinal, primer secretario nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la primera diferencia entre las dos ocurrió en 2008, cuando Josefina firmó el ACE y estalló el conflicto magisterial en Morelos, que habría de extenderse a Puebla, Michoacán, Quintana Roo y otros estados, movilizando a cerca de 400 mil trabajadores de la educación.

Otro hecho que contribuyó a sus discrepancias, dice el dirigente magisterial, fue que mientras Vázquez Mota asume el ACE como se lo dicta la OCDE, bajo el supuesto de mejorar la calidad educativa, Elba Esther lo toma como su bandera para hacerse aliada de Calderón.

“Pero también como un instrumento para reclamar los recursos millonarios de programas como Enciclomedia y Habilidades Digitales”, asegura Espinal.

Para el primer programa el gobierno federal ha entregado de 2004 a la fecha más de 30 mil millones de pesos, pero la Auditoria Superior de la Federación ha hecho observaciones de irregularidades por más de 11 mil 333 millones. Al programa de Habilidades Digitales, creación del gobierno calderonista, de 2009 a la fecha se le han destinado más de 5 mil millones de pesos.

Otro punto de discordia, comenta el maestro, se dio en la Cámara de Diputados porque mientras Vázquez Mota era la coordinadora del PAN, Elba Esther Gordillo a través de su partido, el Panal, aparecía como la principal promotora de las iniciativas del gobierno y le ganaba la jugada.

Un elemento más de conflicto entre Josefina y Elba Esther, añade, se relaciona con la supeditación de los secretarios de Educación de los estados hacia la líder: “Era evidente que cada vez que se convocaba a

reuniones de autoridades educativas de los estados, el yerno de la maestra, Fernando González, como subsecretario de Educación Básica era el encargado de transmitir las órdenes”.

–Es una larga historia de desencuentros…

–Sí, han sido muchos. De hecho mucha gente considera que a la hora de nombrar a Alonso Lujambio al frente de la SEP, lo que se hace es concederle a Elba Esther la decisión de cambiar de secretario, poniendo a uno más a modo y manipulable por ella.

Nuevos pactos El 23 de marzo de 2011 Vázquez Mota se reunió con estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Uno de los jóvenes le preguntó cuál había sido su momento político más difícil y la panista no tardó mucho en responder: los roces con Elba Esther Gordillo en la SEP. Tampoco dudó cuando otro estudiante le preguntó qué haría con la maestra si llegase a la Presidencia de la República. “Quitarle el poder”, dijo, para lo cual se requiere valor. “Créanme, yo sé por qué se los digo; se requiere valor y estar muy bien acompañado”, enfatizó.

El pasado 26 de enero, todavía como precandidata presidencial, Vázquez Mota descartó cualquier tipo de alianza con Gordillo, quien semanas antes había roto el acuerdo con el PRI de ir juntos a la contienda electoral de julio próximo.

“Si yo llegara a realizar alianzas una vez que gane la contienda interna del PAN, sería con los maestros y no con sus líderes”, aclaró en su gira por Reynosa.

Sin embargo, para Artemio Ortiz cuando el poder está de por medio no se puede descartar que las enemigas lleguen a nuevos acuerdos y se olviden del pasado.

“Hay un viejo dicho: ‘Pelea entre muje-

Obreros y Campesinos de México “Jacinto López”, representada por José Luis González Aguilera, miembro del Consejo Agrario Permanente. Sin embargo, nadie pisó la cárcel. Hoy, el director del programa, Rojkind Orleansky, trabaja como director de área y auditor especial de desempeño.

El escándalo estalló en 2006, cuando Vázquez Mota ya había saltado a la campaña de Calderón. Para tapar habladurías, la Sedesol modificó otra vez las reglas del programa, con lo que cerró la llave a las organizaciones campesinas y abrió la puerta a organizaciones civiles y empresas privadas para que se encargaran de la construcción de viviendas para las comunidades más pobres.

Lo cierto es que Fidel, Donata, Benita y miles de campesinos más siguen esperando casa…

res, pelea para siempre’. Pero cuando está de por medio el interés por el poder presidencial y los negocios que pueden hacer las dos, pueden ponerse de acuerdo”, indica el maestro, actual secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE, que agrupa a profesores de 23 secciones de 22 estados.

–¿No descarta que hagan una alianza?

–No es descartable porque ya se dio la ruptura entre Gordillo y Enrique Peña Nieto.

La única opción que tiene para sobrevivir es hacerse socia de Josefina y apostarle nuevamente al fraude electoral, como lo vimos en 2006.

–Pero las condiciones no son las mismas.

–No son las mismas pero lo que sí pueden hacer Elba Esther y su equipo de mapaches es trabajar a favor del fraude electoral para el PAN. Para ello tiene un equipo de más de 100 mil operadores electorales que se pueden desplegar en todos los estados.

Explica que este grupo “puede operar de muchas formas, no sólo a través del voto directo, de la compra o el acarreo en zonas marginadas”, precisa.

Espinal tampoco descarta que la maestra y la candidata presidencial del PAN puedan aliarse, aunque esto no se haga público y el Panal registre a alguien más como candidato o candidata. O

N A R COTR Á F I CO

Los cárteles , vivos y fortalecidos Pese a la guerra contra el narco desatada por el gobierno calderonista, los cárteles de la droga gozan de cabal salud. Un mapa de la criminalidad elaborado por la Policía Federal muestra cómo las organizaciones delictivas se reorganizan y establecen nuevas alianzas. En ese contexto son preocupantes las insólitas declaraciones del titular de la Sedena, quien reconoció –después de cinco años de guerra y alrededor de 50 mil muertos– que “el crimen organizado ya puso en grave riesgo la seguridad interna del país”.

“El Chapo” Fotos: Archivo Proceso

“El Lazca”

RICARDO RAVELO

L

os cárteles de la droga siguen ejerciendo su dominio en todo el país pese a la guerra emprendida por Felipe Calderón para desarticularlos y no obstante que la presencia militar y policiaca se ha multiplicado.

A poco más de cinco años de que el Ejecutivo federal ordenó la militarización del país, la redes criminales de cinco cárteles –Los Zetas, La Familia Michoacana y los de Sinaloa, Juárez y el Golfo– ya dominan más de la mitad del territorio nacional. Tal expansión se ha dado pese a las bajas que esas organizaciones han sufrido por detenciones o muertes de sus líderes.

Un mapa delictivo elaborado por la División de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal (PF), así como un análisis de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y de la consultora estadunidense Stratfor dan cuenta de un reacomodo de cárteles en el último año. Ahí sobresale el creciente dominio de Los Zetas en 21 entidades, seguido por el Cártel de Sinaloa, afincado en 19 estados, algunos de los cuales viven baños de sangre por la pugna territorial entre ambas organizaciones.

Según el análisis de la SSP, ambas organizaciones “cuentan con apoyo político y policiaco” que les permite ejercer controles en la vida pública y comercial de regiones y municipios.

El segundo bloque de cárteles lo forman La Familia Michoacana –que controla 10 estados–, el de Juárez –encabezado por Vicen-

te Carrillo Fuentes, El Viceroy, y que domina 19 entidades– y el del Golfo, que tiene fuerte presencia en cinco estados más.

El mapa criminal elaborado por la PF muestra las zonas de mayor conflicto, como los estados de Veracruz, Durango y Guerrero, donde tienen fuerte presencia hasta tres cárteles. De ahí se derivan los enfrentamientos por el control no sólo de las plazas y el trasiego de drogas, sino de las operaciones paralelas al narcotráfico: extorsiones, secuestros y el cobro de piso a los dueños de restaurantes, bares, prostíbulos y centros de apuestas.

El informe sostiene que Los Zetas –que apenas hace tres años alcanzaron el rango de cártel– dominan más estados que el Cártel de Sinaloa, aunque la organización encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán es la que más ha crecido fuera de México: su presencia se extiende a 52 países y su jefe es considerado por la agencia antidrogas estadunidense (DEA) como el capo con más poder en el planeta.

En la información sobre el reparto territorial –que Proceso pudo conocer– se indica que el narcotráfico ya ejerce un dominio absoluto en todo el país y no hay ningún territorio libre de la presencia de sus células, que ocasionan violencia e inestabilidad social.

Los datos coinciden con las declaraciones del jueves 9 hechas por el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, en el 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, al afirmar que en

muchas latitudes del país el espacio de la seguridad está totalmente rebasado por el crimen organizado, cuyas redes mantienen bajo control a algunas instituciones del Estado y han colocado en grave riesgo la seguridad interna del país.

En el informe de la PF también se observa que hay entidades como Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Campeche y Quintana Roo –por citar sólo algunas– donde operan hasta tres cárteles con la protección de las corporaciones policiacas y las autoridades municipales y estatales, lo que ha generado altos niveles de violencia debido a las luchas de poder.

Geografía criminal El mapa criminal detallado por la PF y los datos de la SSP detallan la manera en que se extienden las redes de los cárteles en la geografía nacional. También identifican a los grupos que ejercen mayor dominio en las entidades consideradas clave para el trasiego nacional e internacional de drogas: destacan Chihuahua, Michoacán, Chiapas y Yucatán.

De igual forma queda claro en la información de la SSP que las muertes y detenciones de narcotraficantes y sicarios no han sido suficientes –por más que el gobierno pregone lo contrario en cientos de spots publicitarios– para detener el crecimiento de los cárteles en todo el país.

Estos son los datos duros del informe gubernamental:

Los Zetas están presentes en Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El Cártel de Sinaloa –que agrupa a tres organizaciones más: La Resistencia, el Cártel Guadalajara Nueva Generación y Los Matazetas– ocupa el segundo lugar en cuanto a dominio territorial. Está presente en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Sinaloa y Quintana Roo. La Familia Michoacana –quizás el cártel que más ha crecido de 2005 a la fecha y que el gobierno federal ha declarado extinguido en dos ocasiones– está más que viva, de acuerdo con el diagnóstico de la SSP. Con amplias redes de sicarios y testaferros controla Chiapas, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Tamaulipas.

El Cártel de Juárez, uno de los más viejos del país y cuya fundación se remonta a los setenta –lo fundó Pablo Acosta Villarreal en Ojinaga, Chihuahua– tampoco ha sido mermado a pesar de la guerra que enfrenta con el Cártel de Sinaloa, el Ejército y la Marina.

Bajo el liderazgo de El Viceroy, quien suele pasearse a la luz del día por la Comarca La-

gunera, también opera en Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Coahuila, Quintana Roo, Oaxaca y Zacatecas.

El crecimiento de estas organizaciones criminales ha sido vertiginoso, a pesar de que cientos de sus operadores han caído prisioneros o muertos en enfrentamientos con el Ejército, la Marina o grupos rivales. Pese a ello, su capacidad de reemplazar a sus piezas “es sorprendente”, de acuerdo con el informe de la SSP, pues logran reposicionarse rápidamente.

En esta dinámica sobresalen Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Creados en 1997 con desertores del Ejército, Los Zetas comenzaron a operar como escudo protector del capo Osiel Cárdenas. En 2009 la DEA los reconoció como un cártel bien organizado, violento y uno de los que mejor diversificó sus tareas criminales. La SSP estima que desde su fundación y a la fecha este grupo ha perdido a unos mil 600 miembros, pero se mantiene actualmente como el más numeroso en el país.

Por su parte el Cártel de Sinaloa ha recibido fuertes golpes en su estructura. El gobierno ha festinado la caída de varios de sus operadores y cerebros financieros tanto en México como en Sudamérica. Pese a ello la organización domina el trasiego de droga desde Colombia, Perú y Venezuela hacia México y Estados Unidos.

En medio de la guerra contra el crimen organizado y en particular el narcotráfico, su expresión más violenta, sobresale la búsqueda del personaje más publicita-

do por la DEA: El Chapo Guzmán. Según la agencia estadunidense existe un plan de acción para ubicar su paradero, aunque lo que llama notablemente la atención es que mientras más se le persigue, mayor es el crecimiento de su cártel.

Para la DEA, el de Sinaloa es el cártel más poderoso no sólo de México sino del mundo, en tanto que para la PF y la SSP la organización de Los Zetas es la que más territorio domina en el país.

Alianzas La disputa territorial de los cárteles –y el incremento imparable de la violencia– no es el único problema que enfrenta el gobierno calderonista en su último año. Otro elemento que pone en entredicho la efectividad de la estrategia gubernamental de seguridad es que los cárteles han podido sellar alianzas estratégicas aun en medio del combate que las autoridades libran contra ellos.

No es todo: también han logrado extenderse más allá del territorio nacional, particularmente a Colombia, Perú, Costa Rica, Venezuela y Panamá, entre otros países, donde han tendido sus redes criminales para garantizar el suministro de drogas y para lavar sus ganancias.

En cuanto a las llamadas narcoalianzas, el más reciente informe de la consultora estadunidense Stratfor establece que otros seis cárteles se han aliado a los grupos que actualmente dominan el mercado de las drogas en México.

N A R COTR Á F I CO

Mexicanos de armas...

ALEJANDRO PÉREZ UTRERA

no tomar

E

n un país donde la violencia asociada al crimen organizado ha dejado más de 50 mil muertos, ¿ejercer el derecho ciudadano a poseer y portar armas de fuego para la legítima defensa sería parte de la solución?; o, de lo contrario, ¿sería parte del problema de la inseguridad pública?

Antes de dar una respuesta terminante, los investigadores Ernesto Villanueva y Karla Valenzuela, autores de un estudio sobre el particular, reflexionan en torno a lo que consideran un hecho: la posesión y portación de armas de fuego es un tema que en México oscila entre el silencio y la controversia debido a percepciones y valoraciones “nutridas por prejuicios, mitos y discursos cuyo común denominador es la ausencia de ingredientes extraídos de la realidad”, aun cuando este derecho fundamental se reconoció desde el siglo XIX, específicamente en la Constitución federal de 1857, como una prerrogativa de los gobernados.

En su artículo 10, la Constitución vigente de 1917 lo reconoce de igual forma, bajo el siguiente enunciado: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autori-

Armarse o no armarse… esa es la cuestión

zar a los habitantes la portación de armas.”

En su libro Seguridad, armas de fuego y transparencia. Mitos y realidad sobre el derecho de posesión de armas de fuego en México, que comenzará a circular dentro de algunas semanas bajo los sellos editoriales de Jus, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Conacyt, Valenzuela y Villanueva señalan que el silencio que ha llegado a rodear a este derecho “ha generado a lo largo de los años que tal prerrogativa permanezca en una discreta existencia con validez jurídica y una eficacia normativa apenas testimonial”.

Pero el derecho a la libertad, acotan ambos académicos, “supone la posibilidad de decir lo que algunos no quieren escuchar”, sobre todo cuando, dicen, la finalidad es romper prejuicios ya establecidos en el grueso de la sociedad acerca de temas como éste.

Lo que para Valenzuela y Villanueva resulta de entrada una consideración fundamental es que el derecho referido cobra mayor importancia hoy en día debido a la grave y compleja situación que vive el país, lo que, afirman, obliga a discutir de nuevo el asunto más allá de los espacios de reflexión académica, con el propósito de integrarlo a la agenda pública.

Uno de los absurdos identificados por los autores es que los ciudadanos empiecen a protegerse de las medidas emprendidas por el Estado precisamente para “protegerlos”, o, en el caso extremo, que la comuni-

dad se encuentre inerme ante las fuerzas del orden, del crimen organizado y de la delincuencia común, que no sólo poseen conocimientos y armas sino la determinación de privar de la vida a las personas.

Así las cosas, advierten ambos académicos, se ha llegado a un callejón sin salida, puesto que la sociedad “carece en la práctica del derecho de poseer y portar armas de fuego para su legítima defensa, y quienes sí las tienen y saben cómo usarlas carecen, por una u otra razón, de la posibilidad de defender a la comunidad”.

Para los investigadores, sería más grave dejar las cosas como están que regular, con la Constitución en la mano, el ejercicio de un derecho fundamental “minimizado por la fuerza del prejuicio, de la costumbre y de las conveniencias del poder público al margen del interés comunitario”.

Maestra en derecho, Karla Valenzuela es investigadora del proyecto Seguridad, Transparencia y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se halla adscrita al área de derecho de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Ernesto Villanueva, colaborador de Proceso, tiene dos doctorados: uno en derecho y otro en comunicación, y actualmente coordina el citado proyecto del Conacyt, así como el área de derecho de la información del IIJ. Es miembro (nivel III) del Sistema Nacional de Investigadores.

“¿Por qué es necesario un debate sobre la portación de armas de fuego en México?”, plantean Valenzuela y Villanueva.

Ambos enumeran siete razones básicas: porque se trata de un derecho fundamental previsto en el artículo 10 de la Constitución; porque México atraviesa por una gran crisis de inseguridad y desconfianza en las instituciones públicas; porque los índices de victimización, violencia y criminalidad son alarmantes; porque son pocas las personas armadas que realmente cuentan con las licencias correspondientes; porque hay una marcada insuficiencia e incapacidad de las instituciones encargadas de proporcionar justicia y seguridad pública; porque, además de la inseguridad interna, el país atraviesa por un problema transfronterizo de tráfico de armas; porque la ley reglamentaria del artículo 10 constitucional deja en estado de indefensión a la población para su legítima defensa por la complejidad y discrecionalidad de los requisitos que se exigen para la posesión y portación de armas, y porque el tema ha sido silenciado y dejado fuera de la agenda de la discusión.

Siguiendo un patrón expositivo de preguntas y respuestas, los autores establecen: si las citadas leyes de posesión y portación de armas son menos estrictas, ¿qué pasaría entonces con el monopolio del uso de la fuerza que corresponde al Estado?

“Se trata –responden– de conceptos distintos. La posesión y portación de armas de fuego debe tener como principal propó-

Stratfor destaca que el Cártel de Sinaloa se alió con el del Golfo, con la Familia Michoacana y mantiene negociaciones muy avanzadas para sumar a Los Caballeros Templarios.

Otra alianza poderosa –y a eso se debe su espectacular presencia en la geografía nacional– es la que lograron Los Zetas con los cárteles de Juárez, Tijuana, Pacífico Sur y el Independiente de Acapulco.

Al respecto, la consultora Stratfor indica: “El Cártel del Golfo se ha mantenido con el control de Matamoros, aunque pelea la ciudad contra sus antiguos aliados, Los Zetas. Con ayuda del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo ha repelido las ofensivas de Los Zetas en Matamoros y Reynosa, pero no ha tenido la fuerza nece-

saria para sacar a sus rivales de otras ciudades, como Monterrey.

“Por su parte Los Zetas, con la pérdida de 11 mandos medios y altos en diferentes plazas, continúan su pelea principal con el Cártel del Golfo, mientras se preocupan por entrenar y ayudar a sus aliados, los cárteles de Juárez, de Tijuana y el Independiente de Acapulco.”

Incluso con las alianzas que han establecido, algunos cárteles han perdido dominio territorial conforme otro grupo adquiere mayor poder mediante la protección oficial, destaca la consultora estadunidense.

Ejemplo de lo anterior es el Cártel de Juárez –el más poderoso de México en los noventa–, que se ha mantenido firme en la región fronteriza de Chihuahua pese a

los embates del grupo encabezado por El Chapo Guzmán.

Según Stratfor, debido a fuertes disputas con rivales y a las divisiones internas el Cártel de Juárez ha perdido muchos territorios en el país. En ese sentido “es evidente que el bloqueo ejercido por el Cártel de Sinaloa ha sido efectivo para asfixiar a la organización de Carrillo Fuentes”.

Golpeado en su cimentación y en buena parte de su estructura, el Cártel de Tijuana ya domina muy poco territorio y, de acuerdo con el estudio de referencia, “parece empezar a subordinarse al Cártel de Sinaloa a cambio de poder traficar por la frontera con el estado de California, a pesar de que mantiene una alianza con Los Zetas, rivales del de Sinaloa”.

sito la legítima defensa de la integridad física y del patrimonio de las personas, además, por supuesto, del uso con otros fines legales, como los cinegéticos o deportivos, así como de la tenencia por razones de valor histórico.”

En lo que respecta al monopolio del uso de la fuerza del Estado, agregan, esta prerrogativa parte del supuesto de que la autoridad competente es la única facultada para hacer cumplir la ley y garantizar la convivencia de las personas en sociedad.

Así pues, puntualizan Valenzuela y Villanueva, “no existe contradicción entre estos

dos principios, sino complementariedad, puesto que la posesión, y particularmente la portación de armas de fuego, permite que la persona esté en condiciones de responder frente a una amenaza real, nminente y que no admita demora para preservar sus bienes más preciados; por ejemplo, la vida y su parimonio. Se trata de la excepción a a regla.

“Hay que recordar que nada es bsoluto, menos cuando la vida humana se encuentra amenazada. El monopolio del uso de la fuerza del stado debe permanecer para que la xistencia de las personas en sociead sea posible en los términos prestos en la Constitución y la ley.”

En su libro, del que la compañía ovumcomo e-book editará una verón en inglés, los autores conside“muy efectivo” el uso de las ars para la legítima defensa porque, acuerdo con estudios citados por os mismos, “cuando la víctima se uentra en posesión de un arma, las sibilidades de un ataque en su conson menores”. Además, indican, as investigaciones señalan que las mas de algún delito que no opusieron resistencia fueron lesionadas en doble medida que las que se resistieron mediante el uso de un arma de fuego.

Portación legal, crimen y seguridad Valenzuela y Villanueva consideran que no existe relación alguna entre el crimen y la portación legal de armas de fuego, toda vez que el resultado de una acción delictiva no depende del arma utilizada para su comisión, sino más bien de las intenciones del agresor.

Benjamín Flores

Galván. La seguridad pública, ausente

De reciente aparición, los cárteles del Pacífico Sur y el Independiente de Acapulco –ambos formados con exmiembros de la organización de los Beltrán Leyva– luchan por el control de Acapulco y la zona turística de Zihuatanejo.

Graves riesgos La Familia Michoacana, indica el documento de la consultora estadunidense, no está debilitada ni mucho menos extinguida, como ha informado el gobierno federal. Buena parte de los miembros de este cártel –uno de los más sanguinarios– se transformó en lo que ahora se conoce como Los Caballeros Templarios, quienes han dado muestras de ser tan violentos como Los Zetas.

El análisis de la consultora abunda: “Después de lo que parecía la muerte repentina de La Familia Michoacana en enero del año pasado (2011), ahora aparece una fracción de ese cártel que se ha renombrado Los Caballeros Templarios, los cuales aparecieron a la luz pública a mediados de marzo. Otras partes de La Familia siguen operando con el mismo nombre.

Esta división es muy reciente y aún no se sabe cuántos son, qué relación tienen con sus excompañeros de La Familia Michoacana y qué relación, si es que la hay, guardan con el Cártel de Sinaloa. Cabe destacar que previo a estos sucesos, La Familia parecía ser un cártel cercano al sinaloense”.

De acuerdo con el diagnóstico de Stratfor y los datos del área de inteligencia de

N A R COTR Á F I CO 1972, cuando se publicó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en el Diario Oficial de la Federación, “la legislación del país ha restringido a los ciudadanos la portación de armas de fuego”. Sin embargo, dicen, esta medida no ha dado los resultados esperados, y 40 años después de la publicación de dicha ley “observamos que nuestro país atraviesa por uno de los periodos de inseguridad más críticos en su historia, en el que la violencia se ha extendido a lo largo del territorio y se ha convertido en un problema nacional”.

Con más de 50 mil muertos en lo que va del sexenio de Felipe Calderón asociados a la situación de violencia que afecta al país, “los gobernados –dicen los investigadores– se encuentran a la expectativa de soluciones eficaces que no llegan, al mismo tiempo que los fracasos se contabilizan en la pérdida de vidas humanas”.

Valenzuela y Villanueva aclaran que “no se trata de fomentar en modo alguno la violencia”, sino, por el contrario, “de combatirla con la Constitución en la mano y dando vida a un derecho humano cuyo ejercicio reclama, a su vez, una normativa secundaria que haga viable el núcleo esencial de este derecho para los fines exclusivos de la legítima defensa y de la seguridad de los gobernados”.

“En realidad –aclaran– el uso de un arma de fuego únicamente refleja que las intenciones del agresor eran muy violentas, mas no que el agresor tenía un arma de fuego disponible para la comisión de un delito. Por el contrario, sucede que el delincuente primero pensó en la forma en que iba a cometer el delito y posteriormente obtuvo el arma.” ¿La posesión de armas de fuego causa los altos índices de criminalidad, o los altos índices de criminalidad provocan el interés de los ciudadanos por portar armas de fuego?

En respuesta a tal planteamiento, los investigadores argumentan: “Los altos índices de criminalidad provocan el interés de los ciudadanos por portar armas de fuego. Gary Kleck (criminalista estadunidense que se desempeña como profesor en la Universidad Estatal de Florida) demuestra que los civiles están recurriendo a la posesión de armas como una medida de autodefensa en respuesta a los altos índices de criminalidad, es decir que estos altos índices causan que los ciudadanos quieran armarse, y no viceversa. De igual forma, estudios realizados por Kleck demuestran que el uso de armas de fuego para repeler una agresión es tres veces más frecuente que su uso para cometer un delito.”

–¿El número de muertes violentas aumenta en un ambiente social en el cual proliferan las armas de fuego? –inquieren.

–No –advierten.

Y explican: “En sociedades donde la portación de armas de fuego es común, su uso es principalmente para defensa propia y prevención de delitos debido a que los criminales son más cautelosos respecto a las personas que eligen como víctimas, pues existe una mayor posibilidad de que éstas se encuentren armadas. La prevalencia en la posesión de armas de fuego no tiene efectos notorios en la tasa de delitos, ya que las armas de fuego pueden ser sustituidas por otro tipo de armas”.

Los autores citan un estudio realizado por la Universidad de Chicago en torno a la prevención del delito y la portación de armas de fuego. Este trabajo reveló que si los estados de la Unión Americana que prohíben la portación de armas de fuego de manera visible (right-to-carry concealed handguns) hubieran cambiado su legislación a una más permisiva, se habrían evitado mil 570 asesinatos anualmente.

También refieren una exitosa campaña mediática efectuada en Kennesaw, Georgia, relativa a la portación de armas entre los residentes de esa ciudad: “En 1982 una ley local exigía que todos sus ciudadanos tuvieran armas, lo cual contribuyó a que los índices de robo disminuyeran 89%. Tanto los académicos que están a favor de las armas de fuego como aquellos que están en contra coinciden en que las armas de fuego no son el único factor que influye en la tasa de homicidios en Estados Unidos. Incluso si no hubiera violencia a mano armada en dicho país, éste aún tendría índices de violencia mayores que los de Japón, Gran Bretaña y Canadá proporcionalmente”.

A juzgar por el conjunto de sus argumentaciones, resulta claro que Valenzuela y Villanueva están proponiendo que el Estado mexicano siente las bases para garantizar un derecho ciudadano que eventualmente se constituya en un muro de contención contra los altos índices de violencia y criminalidad que desangran a la República. “¿Por qué recurrir a la posesión de armas si existen otros medios para controlar el crimen?”, se preguntan.

Y responden: “Porque se trata de un mecanismo complementario no sustitutivo de la regla general que reside en el monopolio de la fuerza por el Estado. Y, además, porque los medios previstos como deseables desde los puntos de vista formal y teórico por el sistema legal no han funcionado adecuadamente”.

Ambos académicos afirman que desde

Datos consignados por los autores en su libro Seguridad, armas de fuego y transparencia… señalan que en 2009 la entidad federativa con el menor número de armas de fuego registradas era Baja California Sur, con 11 mil 706 unidades. El Distrito Federal contaba entonces con la cifra más alta: 253 mil 552. En ese mismo año el total de armas de fuego registradas a nivel nacional fue de 2 millones 33 mil 749, pero a mayo de 2011 el número se incrementó a 3 millones 118 mil 592.

Más datos: En 2011 la Secretaría de la Defensa Nacional recibió de personas físicas

la SSP, el Cártel Independiente de Acapulco podría desaparecer completamente en los próximos seis meses debido a que su estructura está en riesgo de dividirse. Por otro lado, el Cártel de Sinaloa pretende ocupar Guerrero y convertirse en la principal organización del Pacífico mexicano.

Y es que, de acuerdo con el estudio, el Cártel de Sinaloa “podría tomar la delantera” en la pelea por Acapulco y Durango, donde se pronostica una espiral de violencia más intensa que la sufrida en la actualidad por esas entidades.

Respecto de Los Zetas, Stratfor pronostica: “Mantendrán el control de Nuevo León en los próximos meses y su crecimiento será aún mayor en el Golfo de México, si resisten los embates del gobier-

no y de los cárteles del Golfo y de Sinaloa”.

Después de que el epicentro de la violencia se estableció en el norte del país, sobre todo en Nuevo León, Chihuahua y Durango, ahora la guerra entre los cárteles se trasladó hacia la zona Caribe-Golfo de México, donde cinco organizaciones criminales buscan reacomodo en el corredor Quintana Roo-Campeche-Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

En Veracruz la pugna es entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Pese a que esta entidad está bajo el control de la Marina, el narco sigue intocado y activo, pues apenas el martes 7 fue descubierta una fosa clandestina con al menos 15 cadáveres en el municipio de Acayucan.

Cuando faltan poco más de 10 meses

para que concluya el sexenio calderonista, el gobierno federal ha empezado a reconocer su fracaso en la lucha contra el crimen organizado.

El jueves 9 el secretario de la Defensa admitió que el crimen organizado ya puso en grave riesgo la seguridad interna del país, pues en muchas latitudes del territorio nacional la seguridad pública está totalmente ausente.

“En algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado, y en ese apoderamiento diversificó sus poderosas actividades para despojar a la sociedad de lo que por derecho le corresponde, generando un clima de violencia inusitado”, dijo el general Galván.

Registros nacionales y tráfico ilegal

un total de 402 solicitudes para portar armas de fuego, de las cuales autorizó únicamente 241. Y hasta marzo de 2011 se encontraban vigentes en el país 3 mil 60 licencias particulares de portación. De los 3 millones 118 mil 592 unidades registradas hasta mayo, 1 millón 309 mil 184 son armas cortas y 1 millón 809 mil 408 son armas largas.

En lo que toca a las armas que se utilizan en la comisión de delitos, Valenzuela y Villanueva indican que provienen de transacciones ilegales y del robo. Los investigadores reportan datos según los cuales la obtención ilegal se realiza mediante robo a los manufactureros o por medio de transferencias de armas no reportadas, e indican que el robo a comerciantes, casas habitación y entre criminales son la fuente más importante de armas de fuego utilizadas en la comisión de delitos. De hecho, afirman, sólo una de cada seis armas usadas en homicidios fue adquirida de manera legal.

Los autores recuerdan que el tráfico ilegal de este tipo de materiales es un problema nacional debido a la vecindad del país con Estados Unidos, primer productor de armas a escala internacional, y asimismo consignan datos de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que

muestran que más de 90% de las armas aseguradas en México provienen de aquel país.

Consideran además que las leyes nacionales restrictivas en la materia tienen “alguna relación” con la proliferación de agencias de seguridad privada. Explican: “Ante la complejidad prevista en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para que cualquier persona pueda ejercer su derecho fundamental a la posesión de armas de fuego, la alternativa en el caso de las personas de estratos medios y altos es identificar opciones para su protección, las cuales son ofrecidas por las agencias o empresas de seguridad privada.

“Este hecho, sin embargo, sólo beneficia a un sector muy reducido de la comunidad. La mayoría de las personas se encuentran indefensas porque el Estado no puede asegurar en todos los casos su protección, porque no tienen acceso a seguridad privada debido a los altos costos de un servicio como éste, y porque no existe una ley amigable de portación de armas de fuego para la legítima defensa de la integridad física, de la familia y del patrimonio.”

Entre las principales consideraciones y propuestas de Valenzuela y Villanueva destacan las siguientes:

-El derecho de posesión y portación de armas no tiene, en principio, una finalidad por sí misma; es una prerrogativa que habilita al gobernado para defenderse de toda acción potencial que pueda ponerlo en peligro actual, real e inminente.

-Hacer efectivo este derecho fundamental tendrá que pasar por una serie de reformas a la legislación vigente, y en particular, pero no exclusivamente, a la Ley Federal de Armas de Fuego, toda vez que la ley actual tiene grandes problemas que habían permanecido fuera del radar de la opinión pública porque no había habido necesidad de visibilizar esas inquietudes de manera puntual.

-La recuperación de este derecho en su vertiente de eficacia normativa por parte de las personas implica una reforma sustantiva o, de plano, la abrogación de la ley reglamentaria vigente y la adopción de una nueva, acompañada de las mejores prácticas que la experiencia acompañada ofrece.

-El derecho de acceso a la información pública y la transparencia pueden servir como espacios de visibilidad y de escrutinio social en este proceso de recuperación de derechos humanos, prerrogativa que, además, no se ha utilizado en mayor medida para estos propósitos. O

TRABA RABAJO JO JESUSA CERVANTES

L

a última llamada para que Mexicana de Aviación retome el vuelo el próximo 17 de marzo está solamente en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sostiene el diputado Mario di Costanzo, encargado de dar seguimiento al caso en el seno del Congreso de la Unión, aunque la dependencia se niega a certificar la legalidad de los fondos “existentes” de la firma Med Atlántica, interesada en el rescate de la aerolínea.

De acuerdo con el expediente del concurso mercantil, del que Proceso tiene copia, el dinero existe, pero sólo se aplicará cuando se firmen en forma paralela el “convenio concursal” y se “liberen” slots por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

A partir del 31 de enero, día en que el titular del Décimo Primer Juzgado de circuito, Felipe Consuelo Soto, anunció que Med Atlántica ya había depositado 300 millones de dólares para el rescate de la aerolínea, la SCT emitió varios comunicados en los que alegó que los recursos no estaban comprobados.

Lo cierto es que desde antes la dependencia relevó a Hacienda del trabajo de verificación del dinero y determinó que es el juez quien debe hacerla, según el oficio número 97 fechado el 24 de noviembre de 2011.

Por ello, el jueves 9, cuando el juez decretó “suspensión indefinida” para concluir el concurso mercantil debido a que el conciliador de la aerolínea Gerardo Badín tiene ya 82.4% de los acuerdos de pago con los acreedores, Hacienda lanzó la “amenaza” de que no habrá dinero de Med Atlántica, comenta el diputado Mario di Costanzo, quien fue designado por el Congreso para dar seguimiento al caso.

Al mediodía del jueves 9, Di Costanzo se comunicó con el subsecretario de Ingresos de Hacienda, José Antonio González Anaya, para preguntarle sobre la instancia encargada de establecer la existencia y licitud de los recursos financieros.

–¿Deben verificar ustedes? –preguntó el legislador a González Anaya.

–No; tampoco la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros no tenemos por qué revisar el origen (de esos fondos). No lo hace Hacienda. Además, si (Mexicana) debe como mil millones en pasivos, mil 500 en impuestos… no le conviene a nadie; es mejor abrir una nueva aerolínea.

–La pregunta es: ¿participan en el proceso de verificación de dinero o no? –insistió Di Costanzo.

–Pues, si no va a haber dinero...

El subsecretario dejó entrever que el cheque referido por el juez y el conciliador Gerardo Badín “fue un acuerdo de ellos”, indica el legislador, y explica: “Fue tanto como

El juez, SCT y Hacienda

atascan el caso Mexicana David Deolarte

El gobierno federal y el juez Felipe Consuelo Soto llenan de obstáculos las negociaciones sobre Mexicana de Aviación. En noviembre último la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinó que Hacienda ya no era la encargada de certificar la validez de los fondos destinados al rescate de la aerolínea, sino el juez. Y apenas aparecieron los inversionistas –Med Atlántica e Iván Barona–, anunció que si los oferentes no demuestran que su dinero es lícito, el martes 14 la aerolínea será declarada en quiebra. Lo cierto es que Comunicaciones y Hacienda se están echando la bolita con un propósito bien definido: evitar que Mexicana vuelva a despegar. haberme dicho que el juez y Badín mintieron sobre la existencia del dinero y que las autoridades bancarias –que son reguladas por Hacienda– no van a dar por bueno que hay los 300 millones de dólares”.

Fernando Perfecto, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviadores (ASPA), llamó “irresponsable” al subsecretario de Ingresos y sostuvo que las amenazas de la dependencia siguen “configurando el escenario del gobierno para impedir que Mexicana vuelva a volar”.

Ese mismo día el conductor radiofónico José Cárdenas preguntó a Consuelo Soto si pensaba que el gobierno está poniendo obstáculos en el caso de la aerolínea. El juez le respondió que por desgracia es así: “El gobierno es un obstáculo”.

No es la primera vez que el sistema financiero muestra resistencias a dar información sobre la legalidad de los recursos, comentó el juez. “Si el gobierno quiere apoyar, como dice la SCT, que me apoye por ese lado”. Y agregó: “Le pediría a Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria que apoyen a Mexicana. Los inversionistas son gente seria y no se vale que pongan en tela de duda su reputación”, en alusión a la legalidad de los 300 millones de dólares de Med Atlántica.

Dinero y nombres Los 414 millones de dólares que el grupo Med Atlántica depositó a un fideicomiso, el número 1363/2011 de Banca Mifel, S.A.,

sí existen, sostiene el secretario general de ASPA, Fernando Perfecto.

Según el comunicado difundido por la dependencia el miércoles 8, “para seguir avanzando en la verificación de la capacidad financiera de Mexicana de Aviación es necesario que los inversionistas interesados demuestren su solvencia económica, la procedencia lícita de los recursos y que se suscriba el convenio de acreedores en términos de ley”.

Perfecto insiste: “La SCT, en especial Felipe Duarte, sólo recurre a sofismas para evitar que Mexicana vuelva a volar”.

El expediente del concurso mercantil 432/2010-B de Mexicana de Aviación incluye el recurso ante el juez Felipe Consuelo Soto aun cuando establece que sólo se “liberará” cuando se cumplan esas tres condiciones, según las copias consultadas por la reportera.

En el expediente del concurso mercantil 432/2010-B, radicado en el Décimo Primer Juzgado de circuito, se corrobora la información publicada por Proceso en su edición anterior, según la cual los integrantes de Med Atlántica están ligados a la señora Gina Díez Barroso Azcárraga, puesto que Margarita del Villar Alrich, Martín Alberto Madero López y José Miguel Orozco Ortiz son miembros del Comité Técnico del fideicomiso número 1363/2011. Del Villar Alrich es directora de Área Inmobiliaria y de Negocios del Grupo Diarq, cuya propietaria es Díez Barroso Azcárraga.

El expediente también establece que ya se depositaron 415 millones de dólares. Y añade:

“En términos del referido documento, hacemos del conocimiento de su señoría que dicha cantidad únicamente se liberará hasta la cantidad de U$ 300,000,000 de dólares americanos para el proceso de restructuración del Nuevo Grupo Aeronáutico, S.A. de C.V., una vez que se haya cumplimentado lo siguiente”; es decir las tres condicionantes para que el dinero que está en “proceso de cobro” se libere.

Tal como lo fijaron Del Villar Alrich, Madero López y Orozco Ortiz ello implica “que se lleve a cabo la firma del convenio concursal, a satisfacción de este H. Comité y por consiguiente el levantamiento del concurso mercantil; que la SCT otorgue, expida, libere o refrende, según corresponda, la autorización para operar las líneas aéreas; se transfieran los derechos fideicomisarios de los fideicomisos CIB/212 y F/589 al patrimonio del fideicomiso número 1363/2011 constituido en Banca Mifel, S.A.”.

Hasta el jueves 9 el convenio concursal tenía un avance de 82.4%; incluso el juez mencionó que la firma era “inminente”. Respecto del fideicomiso CIB/212, propiedad de Tenedora K y en el cual están las acciones de Mexicana, Consuelo Soto informó que ya está el acuerdo para dicha transferencia; también expuso que la liberación para operar tiene que ver con la disponibilidad de las rutas de Mexicana, que hoy tiene Interjet, y mencionó la entrega del Certificado Aéreo.

Por lo que concierne a las rutas y slots de Mexicana, Proceso obtuvo copia del oficio No 4.1,2209, formado por el director general de Aeronaútica Civil, Héctor González Weeks, quien admite que solicitó al

juez Consuelo Soto la autorización para prestar las rutas a otras líneas y “asegurar que los servicios aéreos se presten de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a la calidad, oportunidad y precio en beneficio de la economía”.

González Weeks menciona que, el 19 de mayo de 2011, Consuelo Soto “acordó que la autoridad aeronáutica debía de garantizar dichas condiciones pues está facultada para otorgar autorizaciones extrabilaterales en forma temporal en tanto se resuelve la situación jurídica de las empresas de Grupo Mexicana, en el entendido que no se alteren los derechos y autorización otorgados a la misma. Las autorizaciones extrabilaterales han sido solicitadas y otorgadas de manera temporal”.

Asimismo informa al conciliador de Mexicana, Gerardo Badín, que “le haga saber a los grupos de inversionistas que lleguen a estar interesados en aportar recursos para restructurarlas, que la SCT ha autorizado rutas de manera extrabilateral… respetando los derechos de las empresas de Grupo Mexicana”.

Según ese acuerdo, “no se restringirán los derechos y las autorizaciones otorgadas a la concursada (Mexicana)… la autorización temporal para la operación de algunas rutas similares no conllevará la cancelación de las rutas nacionales e internacionales… y la concursada podrá tener acceso a las rutas concesionadas cuando así lo requiera”.

En el último punto del escrito de Med Atlántica que entregó Margarita del Villar Alrich se pide “guardar la más estricta confidencialidad… del fideicomiso número 1363/2011, así como de las personas que en él intervienen”.

La ratificación del dinero El conflicto sobre quién debe comprobar la existencia del dinero se detonó cuando la SCT emitió su comunicado número 97 fechado el 24 de noviembre último, según el cual queda sujeta a la determinación del juez rector del concurso “la demostración de solvencia de los interesados puede realizarse por cualquier medio previsto en la ley, como son billete de depósito, cheque certificado o de caja, carta de crédito firmada, entre otros, o cualquier otro que emita una institución financiera nacional”.

De acuerdo con el expediente de Mexicana, radicado en el Décimo Primer Juzgado de Circuito, se acreditó la existencia del recurso: “en estas condiciones, el que suscribe se pronuncia en el sentido de que el grupo de inversionistas denominado Banca Mifel, S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero Mifel, ha demostrado a entera satisfacción de este órgano juris-

AFP image forum

TRABA RABAJO JO

Consuelo. Ultimátum

diccional la existencia y disponibilidad de la suma de trescientos millones de dólares americanos, que se encuentran depositados en el citado fideicomiso, para ser utilizados en la adquisición de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico y la restructuración operativa y financiera de Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., y sus filiales”.

Consuelo Soto recuerda que “está en proceso de cobro” bajo las tres condiciones que demanda Med Atlántica, por lo que, dice, ordenó girar oficios para que la SCT, “en el ámbito de sus facultades, realice los trámites, verificaciones y certificaciones necesarias para que la empresa pueda reiniciar operaciones cuanto antes”.

Conforme al comunicado 97 de la SCT, el juez ya cumplió con su deber de verificar; ahora corresponde a Hacienda ver la licitud o no del dinero, porque un juez no tiene las herramientas para investigarlo. Eso sólo lo hace la Unidad Financiera de Hacienda, sostiene el legislador Di Costanzo. Y reitera: “La decisión última está en Hacienda”.

Ante la “inminente firma” del convenio concursal y para acelerar los trámites que faltan, el martes 7 el conciliador Badín envió un escrito al Congreso de la Unión “con miras a poder estar en posición de iniciar operaciones el 17 de marzo de 2012”. La carta está dirigida a Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Entre sus peticiones, Badín menciona que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “deberá garantizar que serán restituidos y la empresa mantendrá disponibles los slots que venía operando”.

En este punto recuerda que las propias autoridades de la SCT ya habían contraído dicho compromiso cuando se discutía con uno de los inversionistas.

Badín también pide al Congreso su apoyo para que se agilice ante la Dirección de Aeronáutica Civil la entrega del Certificado de Operador Aéreo y para que intervenga

ante Nacional Financiera a fin de que ésta facilite los nueve aviones de Mexicana para que con ellos se haga el proceso de verificación y vuelos de prueba.

Sobre Banorte, el conciliador de Mexicana informa al Legislativo que ya se tienen los puntos básicos para cerrar el acuerdo, aunque le pide su intervención para acelerar el proceso “para poder iniciar operaciones el día 17 de marzo próximo”.

Al cierre de esta edición, el viernes 10, la agencia gubernamental Notimex difundió una entrevista con el juez Consuelo Soto en la que se percibe un cambio de posición respecto de la del expediente. Según el cable, el juez dijo que “hasta el momento dicho grupo no ha podido acreditar los 300 millones de dólares, ni la procedencia de los recursos”.

Proceso intentó comunicarse con el juez, pero nadie respondió a la llamada.

Primer inversionista Antes de que Consuelo Soto anunciara el 31 de enero el depósito de Med Atlántica, el inversionista Iván Barona, quien desde agosto pasado intenta adquirir Mexicana, había retomado las negociaciones. Cinco días antes exhibió al juez un cheque que, dijo, se haría válido si se respondían seis preguntas.

Una de ellas era saber en manos de quién están las acciones de Mexicana de Aviación y el regreso inmediato de las rutas y slots. Incluso estaba programada una entrevista para el 27 de enero en Los Pinos, pero la reunión “se cayó” porque supuestamente Barona nunca había depositado 1 millón de pesos en garantía como pedía la SCT. Barona comenta que eso es falso. Dice que para evitar problemas recurrió a otro fondeador, quien mostró un pagaré por 5 mil millones de dólares, al tiempo que exhibe a la reportera copia del documento. E insiste en que el jueves 9 se reunió con el juez Consuelo Soto y con el conciliador Gerardo Badín para establecer el método de entrega del dinero y “bancarizarlo” a su nombre con tan sólo 500 millones de dólares para que Mexicana pueda volar de nuevo.

En la reunión del jueves 9, el juez anunció que la resolución final la dará dentro de cuatro o cinco días, con lo cual la aerolínea quedará en manos de Med Atlántica o de Barona, siempre y cuando Hacienda lo permita, sostiene el legislador Mario di Costanzo. Refirió que si Barona no demuestra que los fondos del cheque de un tercero son suyos, declarará la quiebra de la compañía y se nombrará un síndico que se encargará de vender lo que ésta tiene y de pagar, en primer término, a los trabajadores, y después al resto de los acreedores.

Gustavo Graf

J U STI CI A

de Montiel

Artimañas

ANNE MARIE MERGIER

Arturo Montiel ha manipulado a la justicia y a la opinión pública mexicanas y francesas para salirse con la suya, afirma el abogado de Maude Versini, exesposa del político mexiquense acusado de secuestrar a sus tres hijos y cuyo abogado se negó a hablar con Proceso. Pero Montiel, en su afán de fingir que cumple y respeta la ley ha cometido una serie de errores, dice el legista, que a la larga lo dañarán más. Ha hecho tantas trampas, señala, que ya se enredó, se entrampó él mismo y no hay posibilidad de que venza en este litigio y aun podría enfrentar cargos en Francia.

P

ARÍS.- Philippe Bouchez El Gho-

zi da rienda suelta a su exasperación y su indignación. El abogado francés de Maude Versini denuncia: “Hoy, 8 de febrero, más de un mes después de que los tres hijos de mi clienta hubieran debido ser presentados, seguimos sin recibir el expediente del juez de Toluca que otorgó la custodia provisional de los menores al señor Montiel, ni por supuesto los elementos sobre los que se basó ese magistrado para tomar semejante decisión. Esa situación es humanamente escandalosa y además viola la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.”

A Bouchez El Ghozi se le pregunta si el término jurídico “presentados” significa que los hijos de su clienta debieron ser devueltos a su madre al final de sus vacaciones en México.

“Exactamente. Debieron regresar a Francia el 2 de enero”, contesta.

Y explica: “El señor Montiel exhibió el fallo provisional del juez de Toluca para no cumplir con sus obligaciones claramente definidas por el juicio de divorcio pronunciado el 29 de noviembre de 2007 por el Tribunal de Tenancingo y declarado ejecutorio en Francia el 25 de septiembre de 2008.

“Conforme a la Convención de La Haya, el señor Montiel tenía la obligación de hacer llegar el expediente del caso a mi clienta desde el primer día de la no presentación de los hijos. No lo hizo.

–Tengo entendido que para hacerlo, Montiel tiene que pasar por canales diplomáticos.

–El señor Montiel tiene dos posibilidades para hacer llegar estos documentos a mi clienta. Una efectivamente es el canal diplomático: sus abogados en México entregan el expediente a una oficina especializada de la Procuraduría (General de la República) de México. En la jerga de La Haya esa oficina se llama “Autoridad Central Mexicana”. Dicha autoridad remite a su vez el expediente a la oficina homóloga de Francia. Finalmente esta última proporciona los documentos a mi clienta. Nada nos llegó por ese canal.

–¿Puede haber un retraso burocrático?

–¿Un retraso de más de un mes? Imposible. Una de las metas de la Convención de La Haya es justamente acelerar estos trámites. Fue precisamente por eso que los ministerios de justicia de los países que firmaron la Convención crearon ins-

tancias específicas para transmitir los expedientes con velocidad.

“De todos modos los representantes legales del señor Montiel disponen de otro canal muy sencillo de comunicación con los de la señora Versini: pueden confiar ese expediente a un ujier oficial de justicia para que nos lo haga llegar. Los abogados mexicanos y el abogado francés del señor Montiel rehusaron proceder en esa forma.

Le mandé ya varias cartas a mi colega de París exigiéndole la entrega de todos los documentos. No me hizo el menor caso.”

Bouchez lee a la reportera la última carta oficial que envió a su colega. Tiene fecha del 2 de febrero. Es mordaz y acaba con alusiones claras a “procedimientos reprensibles” de Arturo Montiel para obtener el fallo del juez de Toluca; habla inclusive de “eventual complicidad”, sin precisar de quién.

–¿El abogado francés de Arturo Montiel tiene la obligación legal de entregarle ese expediente?

–Por supuesto. Al no hacerlo viola las disposiciones del orden público del código de procedimiento civil y se burla del código deontológico de nuestra profesión. Las consecuencias de esa actitud son graves: paraliza la defensa de mi clienta tanto en México como en Francia.

–Usted se refiere a los dos procesos jurídicos que se llevan a cabo en ambos países.

–Así es. Al no tener el expediente que permitió al juez de Toluca otorgar la custodia provisional de sus hijos a su exesposo, los abogados mexicanos de la señora Versini no pueden llevar ante ese mismo juez el debate contradictorio al que mi clienta tiene derecho para oponerse a ese juicio y haAlexei Vasiliev

Desde hace varias semanas el exgobernador mexiquense Arturo Montiel y su exesposa Maude Versini se disputan la custodia de sus tres hijos: Los gemelos Adrián y Sofía, de siete años, y Alexi, de seis.

Montiel se apoya en una decisión judicial para no devolver los hijos a su madre. El exgobernador del Estado de México demandó a Maude Versini y a su actual esposo, Philippe Lancry, ante un juez de Toluca por “maltratos físicos y psíquicos” de los tres menores de edad, hechos que su exesposa denuncia como parte de “un complot” que Montiel ha “tramado desde hace años” para quitarle a sus hijos.

La corresponsal buscó a los abogados en Francia tanto de Versini como de Montiel para precisar la situación jurídica del caso. El representante legal del exgobernador mexiquense declinó conceder una entrevista.

Bouchez. Incertidumbre

Germán Canseco

J U STI CI A

Gómez Mont dejó el caso

cer valer su derecho de seguir con la custodia de los tres menores. Oficialmente, más de un mes después de esa decisión judicial no sabemos en qué se basó el juez para autorizar esa custodia provisional.

–¿Qué pasa con el proceso judicial francés?

–El 19 de enero y luego el 31 de enero mi clienta recibió convocatorias para comparecer ante un juez francés a petición del señor Montiel que pretende obtener el exequátur (procedimiento judicial en virtud del cual las sentencias dictadas en un Estado puedan ser ejecutadas en otro) de la decisión del magistrado de Toluca.

–¿Es decir que esa decisión provisional se aplique en Francia?

–Así es. Es absurdo. El señor Montiel exige que esa decisión sea ejecutoria en Francia pero rehúsa que mi clienta tenga el expediente que la justifica.

–Tengo entendido que los abogados mexicanos de Maude Versini pueden pedir directamente ese expediente al juez de Toluca. ¿Por qué no lo hicieron?

–Las pláticas que tuvimos con ellos nos permitieron entender que no es tan sencillo como usted cree. No sabemos siquiera si ese expediente sigue todavía a disposición del juez de Toluca. La señora Versini acaba de contratar a una nueva abogada especializada en derecho familiar, tal como se lo aconsejó el licenciado Gómez Mont, quien la representó en las primeras semana del conflicto. Sé que mi colega está haciendo trámites para obtener el expediente. Vamos a ver lo que logra.

Contaminación política –Esa nueva abogada radica en Baja California. ¿No le va a ser muy incómodo de-

fender a Maude Versini viviendo tan lejos del Estado de México y del DF? –Usted es tan consciente como la señora Versini de que la disputa legal con su exesposo se lleva a cabo en un contexto político muy tenso. El señor Montiel es un personaje político conocido, tiene lazos familiares con un candidato a la Presidencia de México. Mi clienta decidió ser muy cuidadosa en la selección de su nuevo representante legal. Decidió que tenía que ser totalmente independiente y capaz de resistir cualquier presión.

“Exigió también que tuviera gran experiencia en materia de sustracción de menores. Yo pertenezco a un bufete internacional de abogados. Eso nos ayudó mucho para seleccionar a varios colegas con los que mi clienta se entrevistó telefónicamente. Finalmente fue esa abogada de Baja California quien le pareció la más capacitada para defenderla. El hecho de que viva lejos del DF no intervino en su decisión. No es lo ideal, pero viajar al DF no es tan complicado.

–Volvamos a los procedimientos jurídicos en curso. ¿Cuando tendrá que presentarse la señora Versini ante el juez francés?

–Es muy difícil saberlo con precisión.

A mi juicio podríamos tener una primera audiencia de procedimiento a principio del próximo mes.

–¿En qué consiste esa audiencia?

–Si tenemos todo el expediente de Toluca –el fallo del juez mexicano y todas las pruebas contra mi clienta entregadas por el señor Montiel–, podremos fijar con el juez francés una agenda de procedimiento y sabremos cuándo se juzgará el caso.

Si no tenemos el expediente, el juez francés emitirá un mandato conminatorio, una orden terminante para obligar al se-

ñor Montiel a entregar el expediente completo a mi clienta. Si no obedece, se desechará su petición de exequátur.

“La justicia francesa no puede acatar una decisión tomada unilateralmente por un juez mexicano sin que haya habido un debate contradictorio. Lo mismo haría la justicia mexicana con una decisión unilateral de un juez francés.”

–En caso de que Arturo Montiel acabe por entregar ese expediente, ¿cuándo se llevaría a cabo el juicio?

–Probablemente a finales de 2012. Si bien la transmisión de los expedientes entre los dos ministerios de justica es muy rápida, los procedimientos judiciales son largos. Se trata de casos internacionales muy delicados y las autoridades judiciales mexicanas y francesas se muestran muy cautelosas. Y lo mismo hacen las autoridades de Relaciones Exteriores de ambos países.

–¿Qué papel juegan estas últimas?

–El papel principal le corresponde a la Procuraduría (General de la República) de México y al Ministerio de Justicia de Francia. Pero los ministerios de Relaciones Exteriores de los dos países siguen el caso con suma atención porque les corresponde velar por sus nacionales. Estoy personalmente en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país que se muestra muy preocupado por ese asunto.

Caso inédito –Me imagino que el parentesco del señor Montiel con el candidato presidencial del PRI debe ser tema de inquietud.

–Lo es. Pero lo que preocupa sobre todo a la Cancillería francesa es el hecho inédito de sustracción conjunta de tres menores de edad. Es un caso raro. Por lo general se sustrae a un solo niño y no a todos los hermanos. Peor aún, uno de los menores, Alexi, tiene problemas psíquicos. Es autista. Gracias a los esfuerzos de su madre ha progresado mucho, pero es sumamente vulnerable. Es muy grave sustraer a un menor de edad que requiere cuidados médicos específicos. Por todos estos motivos el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia está muy pendiente del caso.

–Por todo lo que acaba de explicar, resulta obvio que no le conviene a Arturo Montiel no entregar el expediente de Toluca a Maude Versini…

–Por supuesto que no le conviene. No sólo no obtendrá el exequátur sino que corre riesgos penales en Francia.

–¿Por qué?

–Si no justifica la custodia provisional que le otorgó el juez mexicano y si no permite el debate contradictorio al que mi clienta tiene derecho, se le acusará de secuestro de menores, crimen se suma gravedad en Francia.

Después de un breve silencio Bouchez afirma: “En realidad el señor Montiel manipuló a la justicia mexicana y a la justicia francesa para servir sus propios intereses. Me explico: cubrió de regalos a sus hijos desde que llegaron a México el pasado 17 de diciembre, les calentó la cabeza contra su madre y su padrastro y 10 días después los llevó a rendir testimonio ante un juez. Tal como le contó la señora Versini en la entrevista que tuvieron (Proceso 1839), el exgobernador del Estado de México le entregó también al juez testimonios de nanas mexicanas que él mismo seleccionó, pagó y controló.

“El magistrado mexicano sólo escuchó a los niños y sólo vio los documentos entregados por el exesposo de mi clienta. Se dejó impresionar. Fue manipulado.

“Luego el señor Montiel se apuró en pedir el exequátur de la decisión del juez de Toluca en Francia y aprovechó ese trámite para hacer creer a la opinión pública mexicana que actuaba conforme a la justicia de ambos países. Reiteró esa manipulación en la carta que mandó a su revista y que se publicó en la sección “Palabra del lector”.

“En esa carta, obviamente redactada por sus abogados, afirma: ‘Es ante las propias autoridades francesas y mexicanas, a las que respeto y me acojo, instancias a las cuales debe responder mi contraparte.’

“Es el colmo de la desfachatez. Exige públicamente que la señora Versini responda ante la justicia mexicana y francesa al mismo tiempo que, en privado, le impide hacerlo al no entregarle el expediente que necesita y espera.

–A pesar de no tener ese expediente, tanto usted como la señora Versini tienen una idea de su contenido. Tengo entendi-

do que el licenciado Gómez Mont les hizo comentarios al respecto.

–Me gustaría poder hablar de estas pruebas teniéndolas en la mano y no partir de comentarios, por muy fidedignos que sean. Sin embargo quisiera recalcar algo que me parece sumamente grave. Sabemos que el juez de Toluca recogió colectivamente los testimonios de los tres menores, cuando hubiera debido escucharlos por separado. Así hubiera podido comparar lo que decía cada uno y hubiera evitado que uno de ellos tomara el liderazgo de la plática con el juez, induciendo a sus hermanos a imitarlo.

–Esta audiencia fue videograbada, ¿no es cierto?

–Tenía que serlo. Esa grabación es parte de las pruebas que, según el señor Montiel, demuestran la culpabilidad de mi clienta.

Los testimonios de menores de edad son sumamente delicados de manejar. El derecho francés es muy exigente al respeto. Por lo general se requiere la presencia de un abogado especializado y se consulta a expertos. Hasta donde sabemos, no se tomaron estas medidas en Toluca.

“Peor aún: se recibió el testimonio de Alexi, que es un niño con problemas psíquicos. Eso es sumamente irresponsable.

Pero lo más atroz es que, según nos enteramos, siempre de manera oficiosa, el señor Montiel buscó hacer creer al juez de Toluca que el niño tenía trastornos psicológicos debido a los maltratos que supuestamente sufre. ¡Es una abyección! Mi clienta tiene el expediente médico completo de Alexi, decenas y decenas de testimonios de todos los médicos y terapeutas especializados que lo atendieron a lo largo de los últimos años. Sus testimonios son una parte importante de los múltiples elementos que

quiere presentar al juez de Toluca cuando por fin se pueda celebrar el debate contradictorio al que tiene derecho.

–¿Será después de ese debate contradictorio cuando el juez de Toluca podrá dictaminar de manera definitiva sobre la custodia de los niños?

–Así es. El debate de fondo tiene que darse en México.

–¿Ante el mismo juez?

–En Francia se da ante el mismo juez.

No sé en México. Mi colega mexicana lo sabrá. En Francia sin embargo se puede pedir la “relocalización” del juicio, es decir que se celebre en otra región jurídica para evitar cualquier eventualidad de presión sobre el juez. Tampoco sé si es posible en México. Si lo es, sería deseable teniendo en cuenta las redes de influencia de las que dispone el señor Montiel.

Antes de dar por terminada la entrevista Philippe Bouchez El Ghozi insiste: “El señor Montiel sabe que sus pruebas manipuladas se derrumbarán durante el debate contradictorio. Por eso busca aplazarlo. Pero sólo gana tiempo. De todos modos le tocará enfrentar a la defensa de su exesposa. Quizá pensó que podía seguir imponiendo su ley, tal como lo hizo en sus tiempos de gobernador. Pero ese tiempo ya se acabó. El señor Montiel está en un callejón sin salida. Parece inverosímil que un hombre de su nivel se haya entrampado a sí mismo. La única explicación que encontramos es que lo mueve su deseo de venganza. No acepta que la señora Versini haya pedido el divorcio.

En 2007 ya quiso castigarla secuestrando a sus hijos. La justicia francesa lo obligó a devolverlos. Ahora intentó el mismo golpe. Perdió el control y se dejó cegar por su rencor de hombre herido.”

Los “policías federales” que tomaron las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro la noche del 10 de octubre de 2009 en realidad eran soldados disfrazados, según se desprende del testimonio de un teniente de zapadores que semanas después fue sometido a la justicia militar por “abandono de servicio de armas”. Marcos Gerardo Espinosa Pérez, quien hoy se encuentra libre bajo caución, comenta que así como esas mentiras del gobierno federal hay otras: por ejemplo, hablar de policías federales caídos cuando en realidad se trata de militares.

Eran soldados

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

E

ran las 11 de la noche del 10 de octubre de 2009 cuando varios batallones militares disfrazados de policías federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en la Ciudad de México. Una hora después, justo a la medianoche, el gobierno calderonista anunció la extinción de la dependencia y adelantó su fusión operativa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los militares tomaron de manera simultánea las instalaciones estratégicas de la compañía en varias entidades para evitar que los trabajadores boicotearan el suministro de energía eléctrica en el centro del país.

La noche de ese sábado 10 de octubre cientos de militares disfrazados de agentes de la Policía Federal (PF) llega-

disfrazados

ron al edificio de Marina Nacional y Circuito Interior en la Ciudad de México y se apoderaron del Centro de Operación y Control de Luz y Fuerza. Tras desalojar a una veintena de trabajadores ocuparon las oficinas administrativas y desplegaron un cerco ante una eventual embestida del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Dos días después, con base en datos de la Secretaría de Seguridad Pública, Reforma informó que efectivos de la Unidad para el Reestablecimiento del Orden Público supervisados desde un helicóptero por el comisionado de la PF, Facundo Rosas, tomaron las instalaciones en sólo cinco minutos. El funcionario reportó el operativo a su jefe Genaro García Luna en tiempo real.

Sin embargo, de acuerdo con un expediente de justicia militar elaborado a partir de los testimonios de algunos soldados que participaron en aquel sabadazo, las unidades militares fueron concentradas desde temprano en el Centro de Mando de la PF en Iztapalapa. Ahí, precisa el documento, se les dotó de uniformes de la PF nuevos y equipos antimotines.

El teniente de zapadores Marcos Gerardo Espinosa Pérez, en ese tiempo comandante en el Tercer Batallón de Ingenieros de Combate de Santa Lucía, Estado de México, expuso, por ejemplo, que él participó en las operaciones de resguardo de instalaciones en el Valle de México e Hidalgo. La participación de tropas del Ejército disfrazadas de policías federales, dijo, se prolongó varios meses: “Yo creía que eso era ilegal. Cuando me dijeron que iba como PF le pegunté a mi comandante si íbamos a reprimir una huelga. Y como somos un batallón de armas, entonces exigí mi nombramiento y sólo recibí una respuesta verbal: es una orden.”

Misión cumplida Las imágenes de la incursión policiaca fueron ampliamente difundidas, en especial los videos entregados a El Universal, que los subió a su portal de internet un día después del operativo.

Los supuestos policías federales llegaron a las oficinas centrales de la empresa, en la capital del país, a bordo de patrullas y autobuses particulares. La ocupación se diseñó por medio del monitoreo de las cámaras de vigilancia urbana y se coordinó con sobrevuelos de helicópteros.

Tras su arribo al edificio de Luz y Fuerza, las tropas cercaron el inmueble. Minutos después llevaron varios tráileres con mamparas metálicas y en tres horas montaron un muro de contención. Luego los Germán Canseco

Germán Canseco

R E PR E SI Ó N

Luz y Fuerza. Operativo militar

mil 500 elementos se desplegaron en el interior del inmueble y reforzaron la vigilancia en las zonas de acceso.

El testimonio del teniente Espinosa Pérez deja en claro que los supuestos policías federales en realidad eran soldados zapadores de combate entrenados en el uso de explosivos, apoyos logísticos, atrincheramientos y fortificaciones para enfrentamientos armados.

El despliegue militar se realizó del modo similar en las instalaciones de Luz y Fuerza del Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo. En ninguno de esos puntos encontraron resistencia.

En la Ciudad de México los integrantes del SME optaron por concentrarse en su edificio gremial, en Insurgentes Sur. Desde ahí los líderes llamaban a sus afiliados a no caer en provocaciones: “La verdad, durante el tiempo que duré, lo único que hacían era que iban y colocaban sus mantas. Yo nunca vi que hubiera violencia ni agresiones como para enviarnos pues, aunque desarmados, somos soldados de armas. Ellos exigían lo que les correspondía, pues. Nunca nos agredieron”, según el reporte del teniente Espinosa.

–¿Usted ya estaba ahí como policía federal? –pregunta el reportero al militar.

–Nada más disfrazado, sin ningún oficio de comisión a la PF, con el mismo sueldo y 30 pesos (diarios) de raciones en cheque que teníamos que ir a cobrar a un banco (para adquirir alimentos).

–¿Cómo les pagaban la nómina?

–A unos en depósito y a otros en cheque, pero las raciones las manejaba un in-

tendente, que nos daba un cheque que teníamos que cobrar en Banjército por ser comandantes de destacamento. Con el efectivo pagábamos a los soldados las raciones. Era lo único que nos daban.

“Estábamos en condiciones infrahumanas. Los muchachos dormían en el suelo, principalmente en los baños, junto a las tazas o en las regaderas. Podían llevar algún colchón o cobija comprados con su dinero, pero no podíamos llevar ningún equipo militar, porque la misión era que nadie se diera cuenta de que éramos militares.”

–¿Cuántos elementos eran?

–Mi batallón estaba orgánico, desplegado. Unos 800 elementos, más otros regimientos. Por la zona militar había bastantes. Pero la orden era no dejarlos entrar (a los trabajadores) y que se mantuviera en secreto (que ellos eran soldados).

Sobre los 30 pesos de ración abunda: “Es una cantidad que nos corresponde, pero como estábamos en esa situación, no sé si Luz y Fuerza o la CFE nos daban unos alimentos pagados; no sé de qué área del gobierno, y nos daban en especie.

“Fue de las cosas que nos daban en especie y eso también me obligó a exigir.

Cuando es en especie, a veces faltan cosas, hay que procurarnos más cosas. Tampoco había sanidad, teníamos que conseguir algún medicamento… había muchos motivos urgentes y necesarios para salir (de las instalaciones).”

Durante los meses que estuvo disfrazado de policía federal, el teniente Espinosa fue removido a diferentes instalaciones: de Tultitlán y Ecatepec, en el Estado de México, a Tizayuca, Hidalgo. En ese último desti-

RE PRE SIÓN

Los “crímenes” del teniente En marzo de 2010 el teniente Espinosa Pérez había hecho varias observaciones a sus superiores sobre las condiciones en que estaban los soldados a su cargo. Acostumbrado a invertir de su bolsa, como la mayoría de los comandantes del Ejército, el teniente utilizaba su auto particular para desplazarse y se comunicaba únicamente con su teléfono celular.

Cuando explicaba las razones de sus salidas para ir a Banjército, comprar víveres para sus hombres o medicamentos, siempre se ponía en contacto con el mando a través de su teléfono. Una vez, estando en Tizayuca, perdió la comunicación porque se le acabó el saldo. Eso motivó que lo acusaran de abandono de servicio de armas.

“Mi salida de las instalaciones fue una necesidad. Todo comandante tiene la obligación de cumplir la misión, pero viendo por su gente. Para cumplirla se requieren factores de alimentación, comunicación, buena moral. La comunicación, cuando es mala, pone en riesgo la misión y a la gente. Uno puede hablar de un teléfono y se pueden captar cosas, alguien puede escuchar. La comunicación militar debe ser rápida, directa y segura.

“Yo no tenía comunicación, porque era mi teléfono personal, era del Valle de México y no tenía saldo. Perdí comunicación con el mando en la Ciudad de México.

Cuando pude recargué 20 pesos; al regresar, ya me estaban esperando para llevarme a un Ministerio Público militar.”

Ante la fiscal castrense el teniente Espinosa explicó su situación y aprovechó para narrar el resto de las deficiencias, así como las condiciones en que él y sus subordinados se encontraban, en un intento por demostrar que no estaba en “un servicio de armas”, sino de disfraz. La fiscal recriminó al teniente; le dijo que no parecía educado en el Colegio Militar.

“Se lo dije ahí, lo he repetido en los juicios y lo sostengo: están muy equivocados si creen que ser del Colegio Militar implica estar callado, sumiso, aceptando injusticias. Debo ser disciplinado y honorable, por eso no puedo ser agachado”, advierte el entrevistado.

Por la falta de saldo, el teniente Espinosa Pérez es procesado en el Juzgado Cuarto Militar, donde se radicó el expediente 248/2010, en el que se hallan asentados documentales y testimonios que confirman la presencia militar con disfraz de PF en las instalaciones de Luz y Fuerza.

En mayo de 2010, dice, se trasladó a una base militar de Irapuato a visitar a su hijo de tres años procreado con una capitana odontóloga del Ejército. Había acor-

dado con su pareja que visitaría al menor como cada semana, pero esa vez, cuando se aproximaba a la puerta de las instalaciones, la mujer gritó que se quería robar al menor.

Dice que los policías militares le pidieron detenerse. Él aceptó. Recuerda que comenzaron a llegar oficiales de más alto rango, hasta que el coronel José Raúl Celedón, juez militar, amenazó con procesarlo por insubordinación.

“Le dije que era una violación a mis derechos, pues en todo caso se trataba de un asunto familiar y yo tenía derecho de visita y convivencia con el niño. Pero así es en el Ejército, deciden hasta en derecho de familia”. El pequeño estaba asustado y lloraba, comenta, por lo que se lo regresó a su madre. La mujer no lo denunció.

Por esos días el teniente fue enviado a Miahuatlán, Oaxaca. Quedó bajo las órdenes de un amigo de Celedón, hasta que éste lo acusó de insubordinación por el incidente de Irapuato. El coronel dijo que Espinosa Pérez lo había amenazado de muerte.

“Con el poder que tienen los generales y conociendo al Ejército, ¿usted cree que por más enojado que estuviera iba a amenazar de muerte a un oficial”?, cuestiona el teniente.

Una patrulla de Policía Militar llegó por él en mayo de 2010 a Miahuatlán. Fue trasladado a la Ciudad de México donde además del proceso por abandono de servicio hoy enfrenta la causa 154/2010 en el Juzgado Sexto Militar. Desde el incidente en Irapuato no ha vuelto a ver a su hijo.

Montaje y negligencia Disfrazar a militares de policías se ha vuelto una práctica común en el gobierArturo Rodríguez

no sus superiores encontraron un pretexto para someterlo a la justicia militar.

El teniente Espinosa. Acusaciones

no de Felipe Calderón, aun en los operativos contra el narco. El teniente Espinosa asegura que muchos de los muertos en esa guerra que se cuentan como elementos de la PF, en realidad eran soldados disfrazados.

Egresado del Heroico Colegio Militar, con 19 años de servicio y una hoja inmaculada hasta antes de su detención, Espinosa Pérez asegura que jamás tuvo problemas de ningún tipo, mucho menos deserciones, heridos o muertos entre sus hombres. Todo comenzó, dice, cuando lo enviaron al servicio de la PF que no le correspondía.

Hoy forma parte del Agrupamiento de Militares Procesados Libres Bajo Caución de la Primera Región Militar, asentado en el Campo Militar Número Uno. Se describe como zapador, ciento por ciento de armas. Y cuenta: “Soy operativo.

Le voy a comentar algo: muchos de los operativos, por falta de una cabeza lógica, sana y limpia, llegan a realizar asaltos. No se hace estudio de inteligencia. Matan y dicen que el muerto es narcotraficante. Todos sabemos que se debe hacer un estudio de inteligencia antes de hacer una tontería.

“He sido instructor en el Colegio Militar, también docente, siempre instruí lo mejor que pude. En el Ejército hay gente profesional, lo que falta es quitar lo arbitrario, lo corrupto y muchos vicios.”

–¿Cómo piensan los generales?

–Es una mentalidad muy negativa, cerrada y posesiva. Ellos mandan y se hace lo que dicen. Si un general se equivoca, vuelve a mandar; las consecuencias son siempre para los de abajo. Si uno es comandante y se te muere alguien, es tu culpa, no de quien dio la orden.

La situación de Espinosa Pérez es peculiar. Traído de Miahuatlán cuando se encontraba franco, no pudo recoger sus posesiones, pero le han exigido que porte uniforme, insignias y credenciales en las diligencias. No puede ir por ellas, pues si va más allá de 80 kilómetros se configura el delito de abandono de plaza. Si usa un uniforme ajeno, también es delito.

Asegura que en el caso de abandono de servicio, el juez ya se dio cuenta de que no era un destacamento de armas, que los documentos aportados por la fiscalía en su contra no tenían firmas ni sellos, que estaban hechos al vapor, incluso tenían fechas equivocadas.

“Yo, la verdad, sí pedí que me aclararan la situación (de la asignación a PF) porque creía que era una cosa ilegal. La huelga… la protesta es una cosa normal del trabajador que quiere defender su trabajo, y en el Ejército estamos para garantizar la seguridad interna y externa de la nación, no para reprimir trabajadores. Pienso que por eso empecé a tener problemas con el mando, porque no me gustaba someterme a esas órdenes.”

C O R R U PCI Ó N / TU R I SM O

despojo de Holbox

stylebybritt.blogspot.com

No obstante que 980 hectáreas de la isla Holbox se encuentran en litigio en el Tribunal Agrario y en la Suprema Corte, la Semarnat ya autorizó a un grupo empresarial el desarrollo de un proyecto turístico en esos terrenos en disputa. Los ejidatarios que eran dueños de esas tierras denuncian las trampas y engaños con que los despojaron de su patrimonio, en tanto que los depredadores que impulsan el proyecto se aprestan a levantar su infraestructura en esa isla del Caribe mexicano, considerada área natural “protegida”.

JENARO VILLAMIL

SLA HOLBOX, QR.- Sin importar el hecho de que en tribunales agrarios y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se siga actualmente un litigio por los delitos de despojo y fraude en perjuicio de más de 65 ejidatarios de esta localidad, propietarios originales de un conjunto de tierras afectadas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó ya la construcción de un proyecto turístico en esta isla.

El proyecto implicará la inversión de 850 millones de dólares en los próximos siete años y convertirá este santuario del tiburón ballena en propiedad de un consorcio encabezado por empresarios yucatecos, presuntos prestanombres de un exgobernador quintanarroense, y consorcios inmobiliarios.

I

“Por órdenes de Felipe Calderón” –afirma Carlos Odriozola Mariscal, abogado de los ejidatarios– el proyecto llamado Península Maya Developments –cuyos accionistas principales son los empresarios Fernando Ponce García, embotellador de Coca Cola en la península de Yucatán, y Germán Ahumada Russek, presidente del Consejo de Administración y director general del Consorcio Ara– se presentó en una reunión privada con las autoridades de la Semarnat el 9 de agosto de 2011.

El director general del consorcio del mismo nombre –Península Maya Developments– es Jean Louis Guinchard, director ejecutivo de Real Development Partners, especialista en la operación de grandes desarrollos turísticos y vinculado con la consultora Ernst & Young.

El director ambiental es Patricio Martín Sánchez, quien antes fue abogado en Quintana Roo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y fue cooptado por los empresarios después de haberlos criticado duramente por el riesgo de devastación ecológica del proyecto; el director legal y de Relaciones Institucionales es José Menéndez Medina. También se incorporó como segundo director general José Antonio Ortega, de la consultora Especialistas Ambientales.

En la trama de inversiones y despojo de las tierras está implicado asimismo Jaime Manuel Zetina González, primo del exgobernador priista de Quintana Roo, Félix González Canto, exempleado de Fernando Ponce García y exsecretario de Fomento Económico y Desarrollo Empresarial de

la gobernadora priista de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco.

Zetina, identificado en la isla como prestanombres de González Canto, de la noche a la mañana se convirtió en propietario de 12 lotes en Holbox, como consta en los folios 185115 y 185101 del Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, y en la escritura pública número 498 del notario número 33, José Francisco Peniche Segura, del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Hay otro interesado en la isla: el empresario yucateco Arturo Millet, vinculado con el diputado federal nuevoleonés Felipe Enríquez, compadre de Enrique Peña Nieto y operador político de éste en los gobiernos de Ortega Pacheco en Yucatán y de González Canto en Quintana Roo. Al-

días. Su anfitrión fue Fernando Ponce.

La columna Templo Mayor del periódico Reforma publicó en aquella ocasión: “Quienes pasan los últimos días del periodo vacacional en la isla yucateca Holbox se sorprendieron de ver merodeando a un Puma.

“Pero no, no era un carnívoro de cuatro patas y atemorizante rugido, ni uno de los integrantes del equipo campeón de futbol nacional.

“En realidad, era uno de los helicópteros de la flotilla presidencial que al parecer fue de avanzada, en preparación a la visita de Felipe Calderón, quien esta semana vacaciona en playas quintanarroenses.”

Como viejos hacendados Para adueñarse de la isla los empresarios encabezados por Ponce “reprodujeron los métodos de los viejos hacendados de Yucatán que acaparaban toda la tierra para volverse ellos los únicos propietarios”, advierte el abogado Carlos Odriozola Mariscal.

Odriozola asesora desde hace poco más de un año a la mayoría de los ejidatarios que demandaron a Ponce y a su yerno Ermilo Castilla Roche por haberlos despojado de su tierra con engaños, comprándoles a un precio mucho menor los 116 lotes originales, formando un fideicomiso fraudulento que maneja el concesionario de Coca Cola en el sureste y quedándose también con una extensa parte de terreno que era área natural protegida y llega hasta Cabo Catoche, el extremo septentrional de la península de Yucatán.

“Existen más de mil parcelas, propiedad de los Ponce en Holbox. El problema es que en el Registro Agrario Nacional

Ponce. Principal accionista

Jessica Pilar Pérez / “Reforma”

El

gunos habitantes de Holbox presumen una rivalidad entre Millet y Ponce García, pero otros advierten que aun así pueden formar parte del mismo negocio.

Según el documento entregado a la Semarnat, titulado Península Maya Developments –cuya copia obtuvo Proceso– el plan es desarrollar para fines turísticos e inmobiliarios 980 hectáreas para la construcción de tres “hoteles boutique”, 45 para 866 lotes residenciales exclusivos (villas y condominios), 1.5 hectáreas para un área comercial, 69 para “lotes de preservación” y un Centro de Interpretación Ambiental.

Según las cifras del proyecto, hasta la fecha hay una inversión de 100 millones de dólares y se tienen programados 600 más en la segunda fase y 150 adicionales para la compra de bienes y servicios.

Sus promotores presumen que se trata de un “desarrollo verde”, protector del medio ambiente, “que no sólo contempla la conservación a perpetuidad de 90% del predio y un manejo responsable de los recursos naturales de la isla y fuentes alternativas de energía, sino que está planeado bajo una filosofía de conservación de la riqueza natural de Holbox”.

Además dicen que se necesita un programa de manejo para el área natural protegida de Yum Balam –en la parte continental del municipio de Lázaro Cárdenas, al que pertenece Holbox, y donde se pretende edificar una ciudad dormitorio para los trabajadores del complejo turístico–, donde hay una enorme biodiversidad... aunque no indican cómo preservarla.

A la Semarnat le piden “respaldo institucional” para “facilitar los procedimientos y reducir los obstáculos innecesarios”, pero no mencionan en el proyecto de más de 40 cuartillas los litigios pendientes en el Tribunal Unitario Agrario 44 de Chetumal por el despojo de la tierra ejidal ni los juicios de amparo agrario TUA-44474/2009 que están en trámite de revisión en la SCJN. Sí argumentan, en cambio, la necesidad de ser los únicos desarrolladores en la isla, considerada una de las últimas joyas vírgenes del Caribe mexicano: “Al tener la ventaja de tener (sic) un solo actor controlando una gran extensión de tierra en Isla de Holbox, resulta en una enorme ventaja que facilita la gestión con las autoridades y permite al desarrollador generar amplios espacios de conservación que además generarán importantes fuentes de empleo, negocio y un mejoramiento definitivo: el de las comunidades y las vidas de sus habitantes.”

Una semana después de que se presentara el plan ante la Semarnat, el 16 de agosto de 2011, Felipe Calderón se trasladó de Cozumel a Holbox, donde vacacionó unos

stylebybritt.blogspot.com

“El Universal”

C O R R U PCI Ó N / TU R I SM O

Holbox. Santuario en riesgo

do fideicomiso para que fueran ofrecidas al “mejor postor”.

Resultó que el fiduciario (JP Morgan) ya tenía comprador para todas las tierras: era el propio Ponce a través de la empresa Península Maya Development en contubernio con Península Maya Group, propiedad de Castilla Roche, su yerno en ese momento.

El 1 de octubre de 2008, Ponce y Castilla lograron que 65 de los 116 ejidatarios aceptaran vender sus parcelas de 4.5 hectáreas. Según los testimonios recabados entre los propios ejidatarios, los trasladaron a Yucatán, los pasearon por las zonas arqueológicas, los llevaron de compras y finalmente con el notario 33, José Francisco Peniche Segura. Ahí les entregaron dos cheques de aproximadamente 2.5 millones de pesos cada uno.

En diciembre de 2008 hubo una asamblea general de ejidatarios que decidió ex-

stylebybritt.blogspot.com

desaparecieron todo el expediente anterior de la isla”, advierte Odriozola.

La documentación obtenida por Proceso indica que Ponce García les compró por 5 millones de pesos los títulos de propiedad a 65 de los 116 ejidatarios, pero también los derechos sobre tierras de uso común. Fueron 2.5 millones de pesos por las parcelas de 4.5 hectáreas, con 100 metros de playa y 400 metros de fondo, y 2.5 millones de pesos por la cesión de derechos ejidales en su totalidad.

De acuerdo con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el valor catastral de cada uno de estos 116 lotes es de 99 millones de pesos y no cinco. Es decir, Ponce García pagó 5% del valor mínimo de estas tierras.

Fernando Ponce, concesionario también de Vokswagen, Porsche, International Cummings, Toyota y otras grandes trasnacionales en el sureste mexicano, logró convencer a los ejidatarios de que vendieran sus tierras con la celebración de un contrato de “prestación de servicios” para realizar trabajos que normalmente hacen gratis instituciones como el INEGI, la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional (RAN): la modificación de los planos del ejido, la titulación de solares urbanos, la constitución de una sociedad mercantil para beneficio de los ejidatarios y la preparación de un “plan maestro” y una “estrategia comercial”.

El 17 de enero de 2006 se constituyó en Mérida el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox, en el que participaron como fideicomitentes los ejidatarios y como fiduciario el banco JP Morgan.

El contrato se realizó ante el notario público número 68 de Yucatán, Víctor Manuel Correa Mena. Fernando Ponce García y Ermilo Castilla Roche convencieron a los ejidatarios para que aportaran sus parcelas de 4.5 hectáreas cada una al cita-

pulsar a los 65 que vendieron. Acordaron que la cesión de derechos sobre el uso común de tierras se hiciera a favor de Germán Ahumada Alduncin, propietario de Casas Ara y padre de Germán Ahumada Russek, actual accionista del proyecto, junto con Ponce García.

Luego aparecieron nuevos “ejidatarios” que, asegura Odriozola Mariscal, en realidad son parte de las familias más pudientes de Yucatán y operadores políticos de Félix González Canto, entonces gobernador de Quintana Roo. La lista de éstos es larga, pero baste mencionar que todos esos nuevos “ejidatarios” en realidad son empresarios exitosos que viven en algunos de los barrios más exclusivos de Mérida: las colonias Campestre y Club de Golf La Ceiba, y los fraccionamientos Montecristo y Prado Norte.

La trama de intereses se complicó desde que, el 30 de junio de 2009, nueve familiares de igual número de ejidatarios demandaron la nulidad de la aportación que hicieron al fideicomiso que formaron con Ponce García. La demanda se radicó en el juicio agrario 250/2010 en el Tribunal Unitario Agrario, distrito 44, con sede en Chetumal.

En Holbox se especula que detrás de estos nueve demandantes, a quienes llaman “los talibanes”, están los intereses de Arturo Millet, vinculado con el diputado federal por Nuevo León, Felipe Enríquez, y cercano también al exmandatario González Canto.

El 3 de junio de 2010, el comisariado ejidal presentó una demanda de nulidad de la asamblea de enajenación de bienes y de la asamblea del 28 de diciembre de 2008 en la que se separó a 65 ejidatarios.

La demanda se radicó en el juicio agrario

Área protegida... y vendida

movió a Arellano Navarro y nombró en su lugar a Georg Rubén Silesky Mata, quien, al parecer, ha actuado a favor de los intereses empresariales que están tras el litigio de despojo y fraude en Holbox.

Martínez Guerrero es consuegro de Roberto Hernández, expresidente de Banamex, quien adquirió la mayoría de las haciendas henequeneras en Yucatán y que tiene intereses en otras zonas e islas de Quintana Roo.

“La doncella deseada”

Ahumada. Otro beneficiado

312/2010 del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 44, en Chetumal.

El magistrado Benjamín Arellano Navarro, del mismo Tribunal Agrario de Chetumal, falló el 14 de julio de 2010 a favor de los nueve ejidatarios. Menos de dos meses después, el 1 de septiembre de 2010, el presidente del Tribunal Superior Agrario, Marco Vinicio Martínez Guerrero, re-

Los empresarios que quieren estas tierras “saben que Holbox es una princesa que nació rica. Es la doncella deseada.

Ellos deliberadamente nos engañaron”, afirmó don Edgardo Efraín Zapata Jiménez, uno de los ejidatarios que encabezan las demandas contra Ponce García.

“Son los grupos de poder económico de Yucatán los que están detrás. Aparentemente Arturo Millet y Fernando Ponce están peleados, pero ellos pueden ponerse de acuerdo y quedarse con grandes extensiones de estas tierras, como lo hicieron en la península”, respondió Zapata Jiménez, al preguntarle qué ha pasado con los principales gru-

pos empresariales que ambicionan las tierras.

“Lo malo no está en el desarrollo, sino en la negociación sucia. Nosotros teníamos el apoyo de Félix González Canto, pero él fue quien nos dio la estocada final”, advierte.

El ejidatario relató el momento en que se llevó a cabo la asamblea donde los 65 cedieron sus derechos agrarios. “Pegamos el grito en el cielo cuando las parcelas fueron cedidas al banco JP Morgan. El gobierno de Félix estaba comprado y coludido con Fernando Ponce. No hizo nada para defendernos”, afirmó. “¿Cómo es posible que el Registro Agrario Nacional no nos haya dicho nada, no nos haya advertido? Todo fue por debajo del agua. La entonces delegada del RAN calificó de inmediato la operación”, se quejó el ejidatario.

En el momento de la venta fraudulenta, la delegada del RAN era la exalcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña. La misma funcionaria a la que los pobladores de isla Blanca señalan como promotora del megaproyecto turístico para construir 9 mil 600 cuartos de hotel en un área natural protegida (Proceso 1837).

Como en Holbox.

A N Á L I SI S JAVIER SICILIA

NARANJO

Josefina Primera

El trabajo fantasma y la crisis económica E

n los años ochenta, Iván Illich hizo un descubrimiento fundamental para comprender parte de la crisis en la que hoy nos encontramos: “el trabajo fantasma”.

Su nombre, que habla de una desencarnación del trabajo, se refiere “al trabajo no remunerado que una sociedad industrial exige como complemento indispensable de la producción de bienes y servicios”.

Esta forma no retribuida de servidumbre, que día con día se hace más aguda, es la consecuencia de la destrucción de formas productivas autosuficientes que Illich denomina la “subsistencia”.

Mientras en las economías de subsistencia, como las que aún sobreviven en las comunidades indígenas, el trabajo familiar y común provee de lo necesario a la familia (el hombre y los hijos varones obtienen la materia prima, misma que la mujer y las hijas procesan en casa o trabajan en común), en la economía industrial el trabajo familiar se encierra en las fábricas, donde los hombres no sólo producen a cambio de un salario lo que en las economías de subsistencia se produce en familia, sino que a su vez usan ese salario para comprar mercancías que sirven para generar trabajo fantasma, como los trabajos domésticos que realizan las mujeres en sus casas, las actividades vinculadas con las compras, la mayor parte del trabajo que hacen los estudiantes para cumplir los currículos escolares, el esfuerzo que se

realiza para ir al trabajo y regresar de él, “el estrés de un consumo forzado, la sumisión a los burócratas, los apremios para preparar el trabajo y un buen número de actividades etiquetadas como ‘vida familiar’”. Así, el trabajo asalariado, cada vez más escaso, y el trabajo fantasma, cada vez más demandado, se complementan no sólo para beneficio de esos cuantos, sino para agudizar cada vez más el malestar que las sociedades industriales producen.

Dominados por el consumo, incapacitados a fuerza de desempleo para acceder a las mercancías que hacen posible el trabajo fantasma, y necesitados de esas mercancías, los hombres, las mujeres y los niños de esta nación se mueven en una doble vía: 1. Quienes acceden al empleo viven en una enajenación que acumula, por un lado, instrumentos al servicio del trabajo asalariado; por el otro, bienes vinculados con el trabajo fantasma que se compran con el salario, sin que el salario alcance o baste para satisfacerlos –consumo de educación (escuelas, útiles), de salud (servicios médicos, medicinas industriales), de trabajo doméstico (lavadoras, hornos, comida de supermercado), de empleo (transporte, servicios burocráticos, ropa adecuada), de diversión (videojuegos, televisores, antros), etcétera; 2. Quienes no pueden acceder al empleo, pero necesitan o desean las mercancías que hacen posible el trabajo fantasma, se mueven en otros dos niveles: a)

el del crimen que no sólo instrumentaliza, con fines económicos, a la gente mediante la extorsión, el secuestro, la prostitución, la esclavitud, etcétera, sino que permite también la generación de productos o empleos improductivos pero legales –policías, militares, armamento, cárceles–, o b) el del comercio informal que, en muchos sentidos –es decir, cuando no produce valores de uso– es igual de improductivo porque es el fruto de los usos ilegales de las producciones industriales, lo que aquí se conoce como “fayuca”.

En todos esos casos, el único beneficiario, a costos muy altos de vida, es el poder y el capital que sólo usufructúan unos cuantos, con el único objeto de consumir enormes cantidades de mercancía y de trabajo fantasma.

Más allá de lo que Marx opinaba al decir que los beneficios del capitalista son el producto de la plusvalía –es decir, del valor que el dueño del capital le roba a la fuerza de trabajo del asalariado–, en realidad, es el trabajo fantasma el que, en su crecimiento monopólico, refuerza los beneficios no sólo del capitalista, sino del Estado y del crimen. Entre mayor es el crecimiento del trabajo fantasma, o, en otras palabras, entre mayor es la demanda de bienes de capital vinculados con el trabajo fantasma que produce la industria, mayor es la riqueza de las élites económicas y estatales, mayor la generación de empleos improductivos, mayor

la proliferación de actividades delictivas, mayor la violencia, la explotación y la miseria moral y económica de una gran parte de la población.

La única manera de escapar de su imperio es develar el fantasma de la servidumbre industrial, con el objeto de volver –dando la espalda a las producciones industriales y al Estado– a formas modernas de lo que Illich llama la subsistencia y de las cuales el modelo más acabado es el de los caracoles zapatistas. Se podría hablar de una pobreza, como la definen Jean Robert y Majid Rahnema, convivial, ajena al fantasma del trabajo, y cuyos principios son la autonomía, la simplicidad, la solidaridad, la frugalidad y el compartir, o lo que en árabe se denomina “quana’at: la virtud que expresa la satisfacción de lo que se produce como valor de uso y se percibe como la parte justa de cada uno en la abundancia del orden cósmico”. Algo de lo que jamás hablarán los partidos políticos ni los economistas.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón. O

A N Á L I SI S

JESÚS CANTÚ

DENISSE DRESSER

Infructuosa manipulación en el PAN A

l menos tres lecciones se pueden sacar del proceso interno del PAN para elegir a su candidato a la Presidencia de la República: una, las prácticas de manipulación de la voluntad del electorado están muy presentes en México; dos, dichas prácticas tienen efectos limitados, es decir, rinden frutos en contiendas muy reñidas y/o con un número reducido de votantes; y tres, hoy por hoy, los candidatos únicamente pueden aspirar a ganar si realizan una buena campaña y cuentan con una buena estructura electoral.

Aunque en el 2005, cuando eligieron a Felipe Calderón su abanderado para buscar la Presidencia, los panistas ya habían mostrado (como los perredistas y priistas en las elecciones de sus dirigencias en 1999 y 2002, respectivamente) que ellos también recurrían a las tradicionales prácticas de manipulación (compra y coacción de votantes, inflado de los padrones, acarreo de electores, etcétera), en esta ocasión diversos medios recolectaron evidencias de las mismas que los dirigentes blanquiazules ya no pudieron negar y sólo trataron de minimizar.

De acuerdo con dichas constancias, fueron los aparatos electorales de Ernesto Cordero (soportado fundamentalmente en gobernadores y presidentes municipales panistas) y de Josefina Vázquez Mota (finalmente la candidata ganadora, apoyada por aspirantes a otros puestos de elección, sus colegas dentro del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados o las redes que construyó a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social) los que las implementaron. Lo cierto es que ninguno de los dos equipos escatimó ningún recurso, legal o ilegal, para lograr la postulación.

Se llegó a pensar que Josefina Vázquez Mota no tendría el triunfo, pese a que todas las encuestas le otorgaban una amplia ventaja, porque el apoyo presidencial sí podía torcer la voluntad de la mayoría blanquiazul. Sin embargo, esto no fue suficiente porque, a pesar

de de todo, hoy los márgenes del fraude electoral tienen límites, pues aunque los operadores electorales logran encontrar los resquicios para ejecutar sus operativos fraudulentos, los contrapesos existentes (las nuevas reglas, la vigilancia de los medios de comunicación y los equipos de sus opositores, entre los más significativos) acotan sus alcances.

Así, en elecciones disputadas y con pocos electores, como las de Guanajuato y Jalisco, los gobernadores lograron imponer su voluntad y sus delfines abanderarán al PAN el próximo 1 de julio; o, en Nuevo León, la fuerza del llamado Grupo San Nicolás fue suficiente para que Cordero se impusiera por un ligero margen (10 puntos porcentuales) a Vázquez Mota. En el caso de Nuevo León y Guanajuato, el número total de votos de los militantes panistas osciló entre 18 mil y 25 mil; y en el caso de Jalisco, donde la elección se abrió a la ciudadanía en general, las diferencias entre el primero y el tercer lugares apenas fueron de 9 puntos porcentuales, equivalentes a unos 10 mil votos.

En estos escenarios la manipulación puede resultar exitosa, pero en la elección por la candidatura a la Presidencia, donde el universo de votantes potenciales era de casi 1 millón 800 mil y sólo votaron alrededor de 520 mil, con15 puntos porcentuales de diferencia entre los dos primeros lugares, los operativos resultaron insuficientes para modificar el sentido de la voluntad de los electores, a pesar del evidente y decidido apoyo de algunos de los gobernantes blanquiazules (Sonora y Puebla, destacadamente) a favor de Cordero.

Finalmente, vale la pena reflexionar sobre el fracaso de Santiago Creel en su segundo intento por ser el abanderado blanquiazul, especialmente por el bajísimo porcentaje de sufragios que obtuvo, escasamente el 6%, después de que hace apenas unos meses encabezaba las preferencias entre los simpatizantes blanquiazules, lo cual indica que para aspirar a ganar una elección (interna o constitucional) hay que contar

con una muy buena estructura electoral adicional a toda la estrategia de campaña y posicionamiento.

Es decir, en estos momentos en México se tienen que conjugar una buena campaña (lamentablemente no es indispensable tener un buen candidato) y una buena estructura electoral. Cualquiera de las dos que falle impide que se obtenga un buen resultado y, en algunos casos (como en éste) puede rayar en el ridículo. De hecho, en la elección blanquiazul ganó quien logró conjugar los dos factores; en cambio, los dos contendientes que se quedaron en el camino fallaron, al menos, en uno de los dos.

En esta ocasión es evidente que todos los candidatos presidenciales (Enrique Peña Nieto, de la coalición Compromiso por México; Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Progresista; Josefina Vázquez Mota, del PAN, e incluso el del Panal, que todavía no está designado y cuyo porcentaje de participación electoral seguramente será marginal) cuentan ya con su estructura electoral; así que ahora falta conocer su estrategia electoral y ver sus impactos en el escenario de la participación para poder pronosticar sus posibilidades de éxito.

En la medida en que las campañas logren estrechar las diferencias en los porcentajes de preferencia que hoy muestran las encuestas, crecerá la importancia de la operación de las estructuras electorales, pues de ellas dependerá en buena medida el resultado. Una de las mayores debilidades de la Coalición por el Bien de Todos en la elección presidencial del 2006 fue que no cubrió con sus representantes más del 20% de las casillas, dejando el campo libre para la operación de la estructura electoral que apoyaba a Felipe Calderón.

La elección interna del blanquiazul evidencia que los avances en materia electoral acotaron las prácticas de manipulación de la voluntad popular y limitaron los impactos de éstas en los resultados, pero siguen presentes, y en elecciones reñidas todavía pueden ser determinantes. O

Enemigos aguerridos o aliados coludidos H

ay que dejar que se peleen entre sí, dicen unos. Hay que permitir la confrontación para así fomentar la competencia, dicen otros. Hay que permitir la creación del monstruo Televisa-Iusacell para enfrentar al monstruo TelmexTelcel. Hay que otorgarle al Sr. Slim la posibilidad de que provea televisión para que haya una tercera opción. Esos suelen ser los argumentos de quienes defienden la alianza entre las dos televisoras en el ámbito de la telefonía celular. Esos suelen ser los planteamientos de quienes promueven la presencia del ingeniero en la pantalla. Esa incluso es la posición de la prestigiada revista The Economist, que titula su artículo sobre el tema: “Dejen que los magnates se enfrenten”.

Y hay razones urgentes para fomentar la competencia en sectores cuasi-monopólicos. Telmex todavía controla 80% de la telefonía fija y 75% de las conexiones de banda ancha. Telcel domina el 70% del mercado de la telefonía celular. Gracias a ello, los márgenes de ganancia de las empresas del ingeniero se encuentran entre los más altos del mundo. Mientras tanto, la penetración de la telefonía celular en México se ubica entre las más bajas del continente. Según la OCDE, las altas tarifas de los mercados de telecomunicaciones en México le han costado al país alrededor de 26 mil millones de dólares.

Ante esta situación, el gobierno ha permanecido impávido, impasible, impotente.

Y no resulta difícil entender por qué: Ciertos reguladores simplemente han doblado las manos frente a uno de los hombres

más poderosos del país, mientras otros se enfrentan a los obstáculos legales que erige en su contra. Entre 2005 y 2010 –según la OCDE– el sector de las telecomunicaciones generó más de 260 amparos y revisiones judiciales. Amparo mata intentos de regulación; amparo mata esfuerzos para fomentar la competencia; amparo mata mejores tarifas para los consumidores.

Quizás por ello tantos insistían en la alianza Televisa-Iusacell pensando que proveería un contrapeso al poder de Telmex-Telcel. Que inyectaría competencia a un mercado concentrado que la necesita.

Que ningún otro grupo tendría la capacidad de confrontar a Carlos Slim sin terminar arrollado por él.

Pero el problema es que no debe combatirse un mal con otro mal.

Aunque la idea de inyectar capital en Iusacell podría ser una medida procompetitiva en telefonía móvil, habría acarreado costos, y muy altos. Como lo señaló la Comisión Federal de Competencia, la alianza entre Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego podía dañar la competencia en televisión abierta y restringida. ¿En realidad iban a aliarse en un terreno y a pelearse en todos los demás? ¿Iban a ser amigos en el ámbito de la telefonía móvil y enemigos en la televisión? ¿La alianza no hubiera creado nuevos y poderosos incentivos económicos para la colusión en múltiples mercados compartidos? ¿Por qué Iusacell no busca recursos de una fuente distinta a su principal competidor en otros mercados? Dada la trayectoria de ambas empresas, probablemente hubieran tendido a la colusión, encareciendo la publicidad, incrementando el costo de los bienes que usan esa publicidad. Y eso hubiera dañado a los consumidores.

Pero aún más grave. En television abierta, la alianza Televisa-Iusacell generaba riesgos importantes para la competencia.

Hubiera creado nuevos y poderosos incentivos para la coordinación en lugar de la competencia; para la conciliación en lugar de la confrontación. Hubiera entrañado el surgimiento de un cordón umbilical entre dos empresas que representan el 95% de las concesiones totales de televisión abierta y el 100% de las cadenas nacionales.

A N Á L I SI S OLGA PELLICER

Además, en un mercado con altas barreras de entrada, como la denostación a Isaac Saba –por intentar remontarlas– lo demostró. La decisión de la Comisión Federal de Competencia al impedir la alianza busca prevenir estas formas de disminución, daño u obstaculización de la competencia en el futuro. Como bien argumenta: “Los beneficios en un mercado no pueden servir para justificar los daños a la competencia en otros mercados”.

Ahora bien, hay quienes sugieren que esta decisión fue tomada para ayudar al Sr. Slim. Pero hace poco tiempo se criticaba a la Cofeco por supuestamente beneficiar a Televisa con el intento de multa a Telcel (empresa que por cierto ya se amparó). En México se ha vuelto práctica común entre las empresas matar al mensajero, desacreditar al regulador, vilipendiar al órgano encargado de imponer las reglas del juego y de asegurar que se cumplan. Los procesos regulatorios se vuelven largos, complejos, tortuosos y políticamente candentes. Pero el resultado final lamentablemente sigue siendo el mismo: telefonía demasiado cara y televisoras demasiado poderosas.

La solución ante esta concentración en terrenos tan críticos no es colocar a los oligarcas a competir entre sí. Una y otra vez han demostrado que cuando sus intereses están en juego se tienden la mano en lugar de propinarse un puntapié. Aunque algunos quieran subirlos al ring, al final del día van a abrazarse en vez de noquearse allí. Por eso la mejor manera de lidiar con un sector televisivo y de telecomunicaciones tan disfuncional debe ser otra. Debe pasar por la licitación de una tercera cadena de televisión, y por el cumplimiento de la multa a Telcel, la regulación asimétrica para el Sr. Slim, y por sanciones multimillonarias para quienes violen los términos de su concesión, incluyendo la revocación.

La respuesta no debe ser una batalla entre colosos, como sugiere The Economist, porque como escribe Lewis Mumford: La guerra es “el producto de una corrupción previa y a la vez produce nuevas formas de corrupción”. O

Tambores de guerra en territorio incierto L

a pregunta está en el aire desde hace varios años: ¿Tendrá Irán una bomba nuclear? Cualquiera que sea la respuesta traerá enormes consecuencias para la frágil estructura que sostiene la no proliferación de armas nucleares y para la profundización de movimientos caóticos en el orden internacional. Una respuesta afirmativa animaría de inmediato a otros países de la zona, como Egipto o Arabia Saudita, a tener su propia bomba. Confirmaría, asimismo, que los países de la Unión Europea y Estados Unidos perdieron la batalla en su intento de frenar a Irán a través de sanciones económicas.

La negativa supone que se toma la decisión de detener el programa nuclear iraní a través del uso de la fuerza.

Por lo pronto, es Israel el que amenaza con lanzar un bombardeo sobre las instalaciones de dicho programa antes del verano próximo. Los tambores de guerra suenan, pues, con mayor fuerza, mientras se multiplican las incertidumbres sobre cuáles serán las consecuencias de ese ataque.

El programa nuclear de Irán ha puesto en duda la credibilidad del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), considerado la piedra angular para detener la multiplicación de Estados armados con bombas nucleares. Además, cuestiona

el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de verificar, a través de las actividades de sus inspectores, el cumplimiento de los compromisos relativos a la no desviación de materiales nucleares para usos pacíficos hacia la fabricación de artefactos de tipo militar.

La tercera institución cuya eficiencia se encuentra en duda es el Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta ahora, se han adoptado allí diversas resoluciones que, entre otras cosas, aplican sanciones económicas a Irán por su negativa a suspender actividades como el enriquecimiento de uranio. Tal enriquecimiento, más allá de ciertos niveles, es considerado el camino más evidente para avanzar hacia la posesión de armas nucleares. Sin embargo, ni los compromisos adquiridos a través del TNP ni las inspecciones ni las sanciones del Consejo de Seguridad han sido suficientes para convencer al régimen de Ahmadinejad de suspender su programa nuclear que, oficialmente, es sólo para usos pacíficos. La desconfianza respecto a tales aseveraciones es generalizada, y en la mayoría de los países occidentales priva la creencia de que Irán busca la fabricación de bombas nucleares.

Otros caminos menos transparentes también se han intentado. Una apuesta ha sido favorecer el derrocamiento del

régimen por fuerzas opositoras que están presentes en la vida política de Irán. No obstante, tales fuerzas no han sido lo suficientemente fuertes para desencadenar ese derrocamiento ni es seguro que, en caso de ganar, estarían dispuestas a abandonar el programa nuclear. Éste goza, al parecer, de enorme apoyo por parte de la población iraní en su conjunto.

La situación se encuentra, así, en una encrucijada. Para algunos –sobre todo Israel, pero también algunos círculos republicanos de Estados Unidos–, el uso de la fuerza es inevitable para detener a tiempo un programa que pronto presentará riesgos mayores si se desea intervenir.

Atacar ahora lograría, al menos, detener por varios años el objetivo final de fabricar las bombas nucleares.

Por múltiples motivos, un ataque aéreo sobre Irán no favorece a la actual política exterior de Obama. Va en contra de sus propósitos de limitar la participación de Estados Unidos en aventuras militares que, como queda claro en el caso de Irak y Afganistán, pueden resultar muy costosas y muy difíciles de terminar. Cierto que no se prevé ningún tipo de desembarco en Irán; se habla de bombardeos rápidos. Sin embargo, una vez iniciada la

agresión, ésta puede obligar a acciones imprevistas de costos muy altos.

En las últimas semanas, Estados Unidos y los países europeos han optado por las sanciones económicas, evitando pasar por el Consejo de Seguridad, en donde corren el peligro de enfrentar la oposición de China y Rusia. La Unión Europea ha decidido la suspensión de compras de petróleo a Irán, y Obama ha determinado intervenir más enérgicamente las cuentas de bancos iraníes en Estados Unidos.

Las medidas anteriores afectan seriamente el comportamiento de la economía de Irán. Pero no disminuyen la agresividad de Ahmadinejad, quien amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz y no detiene sus programas nucleares; por el contrario, son, cada vez más, una carta para darle popularidad interna a su régimen.

En ese contexto, cobran dimensiones más graves las afirmaciones de Israel en el sentido de que está decidido a actuar sobre Irán. El asunto llega en momentos

de lucha electoral en Estados Unidos y, a pesar de las resistencias de Obama, es claro que éste no podrá distanciarse de su mejor aliado en el Medio Oriente y de los grupos judíos con gran influencia sobre el electorado estadunidense.

Las consecuencias de un bombardeo de Israel sobre Irán son inciertas. Lo primero es el grado de eficiencia que pueda tener, ya que la mayoría de las instalaciones iraníes se encuentran bajo tierra, están diseminadas a lo largo de su territorio y podrían recomponerse rápidamente. Lo segundo es la fuerte reacción nacionalista interna que podría producir, la cual favorecería a Ahmadinejad y haría más difícil cualquier intento posterior de negociación.

Desde otra perspectiva, la acción unilateral de Israel, sin la aprobación explícita de Estados Unidos y la Unión Europea, aislaría aún más a ese país internacionalmente y acentuaría el sentimiento de que no existe actualmente quien tenga la última palabra para decidir sobre cuestiones que afectan seriamente la paz y la seguridad internacionales. Se trata de una batalla en territorio incierto donde los actores no se definen con claridad y no se sabe con certitud quién gana o quién pierde. O

A N Á L I SI S

JOHN M. ACKERMAN ERNESTO VILLANUEVA

Ciudadanía anulada A

hora que las tres principales fuerzas políticas han definido sus candidatos presidenciales, habría que preguntarnos si vale la pena votar por alguno de ellos o mejor abstenerse o anular nuestra boleta el próximo 1 de julio. Resulta evidente que ninguno de los tres candidatos podrá por sí solo salvarnos del naufragio nacional. El poder del Estado nunca fue lo que algunos imaginaban que era, y hoy, después de 30 años de entreguistas políticas neoliberales, se encuentra más debilitado y vulnerable que nunca.

Independientemente de quién sea el próximo mandatario, difícilmente podrá hacer grandes cambios por pura fuerza de voluntad.

El impulso para el cambio social tendrá que venir de otra parte. Tal y como ha sido a lo largo de la historia, los ciudadanos, y no los políticos, enseñarán el camino. A principios del siglo XX, fueron Emiliano Zapata y Pancho Villa, no Francisco I. Madero, los principales responsables de que la Revolución Mexicana hubiera desembocado en una de las Constituciones más avanzadas de su época en materia de derechos sociales. Durante la “transición” actual, por más que sus panegiristas quieran vestir a Ernesto Zedillo, Vicente Fox o José Woldenberg como los arquitectos del cambio político, en realidad han sido los combativos movimientos estudiantiles, campesinos, obreros e indígenas los que han obligado al sistema a transformarse.

Dicen que la historia la escriben los vencedores, y la nuestra no es ninguna excepción. Los pocos avances que tenemos hoy en materia democrática se nos presentan como si fueran el resultado de la visión ilustrada de los hombres y mujeres del poder. Mientras, los verdaderos héroes que ofrendaron sus vidas, sudor e inteligencia son enviados al basurero de la historia.

Aun cuando algunos de los actuales candidatos cuentan con perfiles “ciudadanos”, como Isabel Miranda de Wallace, Juan Manuel Márquez o Purificación Carpinteyro, en el momento en que aceptan ser candidatos para algún cargo de elección popular automáticamente tienen que jugar con las reglas de la po-

lítica. Y si llegan a conquistar el poder, deben devolver el favor no solamente a sus electores, sino también a sus respectivos padrinos.

Ante esta situación, la salida más fácil y cómoda es simplemente mandar al diablo las elecciones en un acto de supuesta pureza ciudadana para no ensuciarse las manos con los juegos del poder. “Anulemos el voto para enviar un mensaje de repudio a la clase política nacional”, dicen algunos; “ni siquiera vale la pena salir a votar”, dicen otros.

El detalle es que, independientemente de lo que cualquiera de nosotros decida hacer en el terreno electoral el próximo 1 de julio, el gobierno seguirá existiendo, como bien lo ha señalado Octavio Rodríguez Araujo. Y mientras haya gobierno, siempre existirá el enorme riesgo de que se abuse del poder estatal para reprimir a la población, enriquecer a los funcionarios públicos y consolidar el control de los monopolios, el imperialismo y los poderes fácticos sobre la economía nacional.

La orientación y los compromisos del gobierno federal en estas materias tienen una gran relevancia para los movimientos sociales que nos tendrán que guiar durante el próximo sexenio. Tenemos la obligación de preguntarnos cuál de los tres candidatos presidenciables estará más dispuesto a tomar en cuenta y escuchar las demandas ciudadanas o, en su caso, simplemente será utilizado para reprimir a los inconformes, como en Atenco, en Ciudad Juárez o en Chilpancingo.

Para esta evaluación habría que tomar en cuenta tanto el talante autoritario y las trayectorias de cada candidato como los compromisos políticos que pesarán a la hora de tomar decisiones clave.

La gran pregunta no es entonces cuál de los tres candidatos es “mejor”, ni siquiera cuál es el “menos peor”, sino cuál encabezará un gobierno más propicio para el florecimiento de una sociedad combativa y exigente. La mayor parte de los que anularán su voto, o simplemente se abstendrán de participar en los comicios como acto de protesta, implícitamente mantienen la tesis de que las cosas tienen que empeorar antes de

que mejoren, de que lo mejor para el país sería seguir por el mismo camino de la ignominia neoliberal con el fin de que eventualmente detone un violento estallido social.

Otros “anulistas” más bien parecen ser derechistas “de clóset”. No se atreven a confesarlo públicamente, pero al final de cuentas prefieren la continuidad del PRIAN a la llegada del “populismo” de izquierda. Llama la atención, por ejemplo, que muchos de los que promovían el voto nulo en las elecciones intermedias de 2009 eran los mismos que defendían el “voto útil” a favor de Fox en el año 2000 bajo el argumento de que la alternancia podría ayudar a dinamizar el sistema político nacional. ¿Acaso no es tan importante hoy echar al PRIAN de Los Pinos como lo fue echar al PRI hace 12 años? Si la respuesta es negativa, entonces se evidenciaría un claro sesgo que, inspirado en una sentencia atribuida a Benito Juárez, daría pie a un nuevo dicho: “Para mis amigos, gracia y ‘voto útil’; para mis enemigos, ‘voto nulo’ a secas”.

Todavía existe una última oportunidad para enderezar el camino de nuestra fallida transición democrática. No se trata de elegir a un nuevo salvador de la patria, sino simplemente de dar una oportunidad a la izquierda política para que pruebe su suerte al mando del país.

Tanto la historia del PRD como la trayectoria personal de Andrés Manuel López Obrador revelan una gran apertura hacia las más diversas expresiones sociales. En contraste, los perfiles de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, así como la experiencia con el PAN y el PRI durante los últimos 30 años, garantizan una total continuidad de las políticas actuales.

Las elecciones presidenciales no son para escoger dioses ni emitir cheques en blanco, sino únicamente para decidir quién gobernará durante los próximos seis años. En lugar de anular nuestra ciudadanía deberíamos participar activamente en esta decisión, así como, simultáneamente, exigir a cada paso y en cada momento el cumplimiento de una agenda social de avanzada por el nuevo gobierno federal. O

Opacidad en el Conacyt E

n nuestro país hay procesos y avances desiguales en los más distintos rubros, y en ello influye el contenido de la ley y el grado de cumplimiento de la misma. Puede observarse esto en uno de los aspectos del más prestigiado instrumento de evaluación de la calidad académica del país: el diseño normativo de la integración de las Comisiones Dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Veamos por qué.

Primero. Una de las más plausibles iniciativas del Estado mexicano –sin mayores referentes en el extranjero– es la creación del SIN de Conacyt por, al menos, tres razones: a) crea incentivos para los científicos y tecnólogos del país; b) establece un estructurado sistema de niveles de reconocimiento que se expresan en distinciones (del nombramiento de candidat@ a los niveles progresivos de I, II y III, constituyendo este último la máxima distinción) y en estímulos económicos previstos en el reglamento respectivo, y c) alienta la formación de recursos humanos de alto nivel académico, así como la creación de conocimiento científico y/o tecnológico para el desarrollo del país.

El sistema descansa en la evaluación por pares bajo criterios objetivables que conoce la comunidad académica. Debo reconocer que es un “club” de élite. Por ello mismo es altamente selectivo, y privilegia la competencia, el esfuerzo y el quehacer de alta calidad académica. Por supuesto, el sistema no es perfecto, sino perfectible, como toda obra humana.

De ahí que tiene urgentes oportunidades de mejora normativa.

Segundo. Las comisiones dictaminadoras constituyen la columna vertebral del SNI porque sus miembros deciden de manera razonada quiénes pueden y quiénes no pueden pertenecer al sistema, y con qué nivel de reconocimiento. Estoy de acuerdo en que los miembros de estas comisiones sean sólo quienes poseen el nivel III porque se presume que cuentan con la mayor experiencia y el mejor criterio para evaluar el trabajo de sus pares. Hasta aquí todo pareciera ir como miel sobre hojuelas. No es, por desgracia, el caso.

El derecho ciudadano a votar con las garantías para hacer del “sufragio universal, libre, secreto y directo” –como prevé el artículo 42, fracción I de la Constitución– no se aplica en el SNI para elegir a los miembros de las comisiones dictaminadoras. En efecto, como

resabios del pasado priista existe el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es una asociación civil independiente pero que despacha en las instalaciones del Conacyt. Tiene, entre otras atribuciones, organizar “auscultaciones” anuales y el sistema electoral para elegir a los representantes de los miembros del SNI susceptibles de formar parte de las citadas comisiones.

El problema reside en cuatro aspectos básicos: a) no hay voto secreto; b) no hay un formato que permita presentar el programa de los candidatos para decidir por quién votar; c) no hay representantes de casilla, y d) no hay certeza legal del voto. Esto es gravísimo. Simple y sencillamente porque la manipulación de cifras es posible. Aclaro que no estoy en desacuerdo con las prendas profesionales de los candidatos en mi área: los distinguidos juristas Jorge Witker, José Barragán y Leonel PérezNieto, todos ellos con un reconocimiento por sus contribuciones doctrinales al país. El quid del asunto es el diseño sistémico, no las personas físicas que están ahora como candidatos.

Tercero. El voto no es secreto en las elecciones (auscultaciones) organizadas por el Foro, a pesar de que se pregonan la “transparencia” y la participación ciudadana, habida cuenta que a los miembros del sistema se nos envía una invitación y una clave para votar vía electrónica sin la garantía pública de la secrecía del voto. (Conquista ganada en México desde la “ley sobre elecciones de diputados para el Congreso General, y de los individuos que compongan las juntas departamentales”, del 30 de noviembre de 1836, y mejorada desde la ley electoral de 1911.)

La secrecía del voto es un prerrequisito básico para el ejercicio del derecho al voto en libertad. Por supuesto, año con año la secrecía del voto ha adquirido carta de naturalización como un requisito básico de la democracia electoral. No es, en modo alguno, una ocurrencia. El voto a mano alzada o público ha sido (lo sigue siendo) un mecanismo de inhibición del ejercicio del voto practicado recurrentemente por los sindicatos del viejo régimen. Hoy el Foro y Conacyt reproducen esa práctica superada en la ley desde hace ¡165 años!

Hay incluso dos problemas más: a) El sistema de cómputo y sus protecciones no pueden ser consultados por candidatos ni por la

sociedad. El Tribunal Supremo de Brasil, en una reciente sentencia, afirmó que se considera favorablemente “la realización de los tests externos, ante la transparencia en torno a los programas computacionales y al hardware de las urnas electrónicas, como así también a sus procedimientos de manipulación (…) se pone a disposición para la realización de tests públicos de seguridad, lo que permite que la seguridad del sistema electrónico de votación sea analizada por los partidos políticos, los candidatos y la sociedad civil en general”. (Petición 1.896. Jurisdicción: Brasil.

Decisión judicial publicada en el diario de la Justicia electrónico de fecha 18/9/2009), y b) El Foro, al ser formalmente una persona de derecho privado, está sujeto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y con el sistema adoptado viola lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17, entre otros, de la citada ley al tratarse de datos personales sensibles.

Cuarto. El Foro y Conacyt conculcan derechos humanos al evitar que haya representantes de casilla o, en este caso, expertos en seguridad computacional enviados por candidatos y expresiones de la sociedad para que los votos cuenten y se cuenten.

De esta forma, la votación aquí se convierte en un dogma de fe, no en un sistema acorde a la Constitución y al Cofipe. Es verdad que hay un Consejo de Aprobación y otro de Auscultación en el Foro, pero su integración recuerda la Comisión Federal de Vigilancia Electoral prevista en la extinta Ley Electoral de 1946, que ahora, con la legislación actual y con la creación del IFE, ha sido ampliamente superada desde la perspectiva de la vigilancia de los electores y de los candidatos sobre la certeza de los comicios. ¿Se imagina alguien mínimamente enterado que cualquier partido político permitiera el modelo de Conacyt para elegir diputados, senadores o presidente de la República? ¿Por qué la comunidad académica debe tener menos derechos que los ciudadanos mexicanos para votar por sus representantes? El Conacyt y el Foro deben ajustar sus actuaciones al mandato constitucional y a las mejores prácticas internacionales.

Sería lamentable que sea por la vía judicial como se resuelvan estas lamentables disposiciones reglamentarias que no están establecidas expresamente en la ley.