PROCESO 1842: LA GUERRA MANIPULADA

Octavio Gómez

L A G U E R RA D E CA L D E R Ó N

Una guerra sin

sentido

Procurador del Distrito Federal y subprocurador general de la República en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el jurista René González de la Vega sostiene en este análisis que la guerra declarada por el gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico es una costosa estrategia de manipulación hacia los mexicanos, “una mera escenificación del gran teatro político que se justificó en un momento de debilidad gubernamental”.

González de la Vega es egresado de la UNAM y doctor en derecho, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y autor de 20 obras en la materia. Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales desde su fundación en 1976 –centro de estudios y de investigación que en 2011 le concedió un doctorado honoris causa–, fue sin embargo excluido de su planta docente poco después de manifestar que Calderón podría ser enjuiciado por delitos contra la humanidad, en una entrevista publicada en la edición 1804 de Proceso.

RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA

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ecuerdo que en mis años de adolescencia acudí algunas veces a observar con cierta fascinación las filmaciones de westerns que se hacían por la zona de Chupaderos, cerca de la ciudad de Durango, tierra de mis mayores. Para mí –como para muchos otros– resultaba una verdad sabida que en las persecuciones entre vaqueros –los que vivían dentro de la ley– y cuatreros, siempre el caballo del bueno –sin fallar una sola vez– alcanzaba a galope tendido al caballo del malo, lo que permitía a aquél someterlo y entregarlo a la justicia. Mi padre me decía que era contraintuitivo o contra sentido pensar que había una relación directa entre la velocidad del caballo y la calidad moral del jinete. Con los años entendí que tenía toda la razón; nada tiene que ver una cosa con la otra.

Ya pasados los años acudí a la representación de una obra del teatro clásico en la que se valían de los artefactos o artilugios que utilizaron los antiguos griegos para montar sus obras escénicas, con el propósito de darle más realismo al montaje moderno. Durante el desarrollo de la pieza una grúa de madera, ubicada fuera del proscenio, levantaba a un actor que personificaba a un dios y elevándolo por las alturas, giraba y lo depositaba en el centro del escenario, como si viniera de arriba, seguramente del Olimpo. A ese efecto se le conoció

más tarde como deus ex machina y significa, hoy en día, una incongruencia o falta de coherencia en la trama de la narración; estamos hablando de esos efectos tan manidos por autores y coreógrafos para introducir un factor inexplicable al hilo conductor y que logra fracturar la lógica interna de la secuencia; el abuso o la torpeza en el uso del recurso, dada su calidad externa, puede romper con una buena trama y el público muestra su descontento o desconcierto. ¿Cuántas veces nos pasó en las que disfrutando de un western veíamos azorados que unos pocos vaqueros luchaban a brazo partido –escudándose con un carromato volteado– contra una partida de indios que los asediaban con gritos y disparos, cabalgando frenéticos en derredor de ese grupo heroico que se defendía como podía y se sabía condenado a muerte? De pronto, de la nada, sin aviso previo, se escuchaba el clarín de la caballería –tal vez el séptimo de Custer– que se aproximaba exuberante por la pradera, para apoyar a sus compañeros. Seguramente, metidos de lleno en esa narración, celebrábamos la salvación espontánea e inesperada de los vaqueros de aquel ataque de los indios, pero siempre quedaba la pregunta: ¿Cómo fue?

Ambos circunstantes, el “caballo del bueno” y la cuestión del deus ex machina, rondan estos días mis pensamien-

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Leonardo Garza

do en el recurso clásico del “dios surgido de la máquina” es un pensamiento contraintuitivo. En el centro de esta guerra, ya acosados por todos los frentes, no escuchamos ese clarín de guerra salvador ni aparece la caballería en nuestro auxilio. El Plan Mérida se concibió (2008) muy probablemente como ese factor externo que nos redimiría y lamentablemente no llegó (2012) ni llegará, al menos como se esperaba. Ese pensamiento también es contraintuitivo o sin sentido alguno.

Muchos, ante las noticias de la guerra contra el narcotráfico y todas sus demás vertientes delictivas, y ante la propaganda gubernamental manipulada para hacernos creer que en verdad hay relación directa entre eficacia del mundo causal y sentido moral de las personas, y que hay –además– un dios que emergerá de la máquina de guerra, nos mostramos auténticamente escépticos. Nos sentimos muchos –eso sí– manipulados, y vemos el terror, mientras tanto, en los rostros mexicanos. ¿Algún día terminará esta guerra? ¿Quién la gana y quién la pierde? ¿Hay alguna estrategia de guerra, o sólo nos movemos reactivamente? ¿La guerra era inminente o fue creada? Hay muchas más preguntas en el ambiente.

Se antoja necesario un análisis, aun breve y nunca completo, de todo esto que nos pasa para así, tal vez, estar en condiciones de comprender y asumir respuestas, no sólo acciones. La primera cuestión que nos asalta en nuestras cavilaciones, por razón de terror y de un mínimo de compasión humana, es la cuestión de los muertos como causa directa de esa guerra de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada. Esa manipulación propagandística indica que los caídos –mayoritariamente– eran delincuentes, por tanto se lo merecían; o bien, puede asumirse que “algo” malo tendrían o hacían y, por tanto, los asesinaron –hay “merecimientos” para ello, se insiste–. Los “daños colaterales”, como se denominan a los probables inocentes muertos en las refriegas o sin ellas, y sólo por estar en el lugar y momento equivocados, o por tener una fachada sospechosa, no “pintan” mucho en las cuentas finales y se responde que sí se han violado derechos humanos, pero en poca cantidad, como si lo cuantitativo fuera factor a considerar en estas cuestiones de los derechos.

Hay otro aspecto a estimar advertido en las grandes fosas de cadáveres encontradas en diversos predios de estados norteños: no se conoce quién o quiénes asesinaron a esas personas por cientos y después ocultaron –o trataron de hacerlo– sus cuerpos, amontonados, como veíamos en documentales sobre los campos de concentración nazis. Ahí es notable un dato que se ha dado a conocer: se trata mayoritariamente de migrantes nacionales o extranjeros, que se proponían cruzar la frontera norte. En los primeros casos de muertos en la guerra, desde luego que se sabe de crímenes atroces y de lesa humanidad que deben perseguirse y no quedar en la impunidad; en los segundos casos de las fosas, cuya excavación requiere de trabajos y maquinaria mayores, puede pensarse válidamente en actos de genocidio, dada la calidad y perfiles de las víctimas, siempre homogéneos, lo que significa sistematización, aunque se niegue.

En esta última cuestión existen –cuando menos– evidencias de omisión por parte de las autoridades en los esfuerzos de identificación de los cadáveres, investigación de los posibles

delitos cometidos y sometimiento a la justicia de los probables responsables. Dicha inacción implica la integración de figuras típicas contempladas en instrumentos internacionales de los que México es parte y que permiten encausar a quienes resulten responsables de la omisión del poder, así se amenace desde el poder a quienes creen que es posible ese juicio internacional, o es –para muchos otros, incluido yo– un mero testimonio, o como se dice internacionalmente, un statement, que se necesita ahora mismo.

La propaganda que tiende a generar una “conciencia de lo real” con criterio de verdad –que pretende ser absoluta– procura distribuir culpas desde un sólo mirador y estimar que si la violencia proviene del Estado se halla justificada, en tanto la otra, de quien provenga, es inmoral. Eso podría ser verdad bajo parámetros legales y constitucionales, pero en esto se hallan ausentes, pues el Ejército no cuenta con facultades para emprender funciones de policía y, además, el principio universalmente aceptado y conocido como Posse comitatus impide el uso de las Fuerzas Armadas en el propio territorio y contra la población autóctona, y el Ejército hace lo que sabe hacer (detener, enfrentar, hacer la guerra), pero el proceso constitucional que ordena investigar los delitos, perseguirlos, enjuiciar a los delincuentes y sancionarlos, ni siquiera integra su acción ni su estrategia.

El argumento oficial esconde, además, algo que provoca azoro, pues se dice soslayadamente: si no intervinieran las Fuerzas Armadas en el conflicto, las personas iban –de cualquier manera– a morir a manos de los delincuentes; por tanto, es lo mismo matar que dejar morir. Este planteamiento no soporta el mínimo análisis moral. Simplemente se está optando por la peor de las respuestas y no por lo preferible desde una necesaria razón práctica que ahora parece tan extraviada.

Según los indicadores que se asumen para detectar falacias lógicas, en el caso mexicano podemos utilizarlos y asumir que en la lucha contra la criminalidad tratan de indicarnos como premisa 1: “si hay más fuerza habrá más muertos”; en la segunda premisa se afirma: “si hay más muertos entonces habrá menos fuerza”; por ende, se concluye con falacia: “si hay más fuerza entonces habrá menos fuerza”, eventualmente. Esto es, sigamos con la guerra, pues es moralmente correcto matar, para evitar más muertes. Eso no se sustenta ni siquiera desde un punto de mira utilitarista, que buscaría la mayor felicidad al mayor número de personas, o en sentido contrario, el menor daño al mayor número de personas, pues en cuestiones bélicas esta última presentación de la ecuación de Bentham resulta aún más evidente.

Se ha recurrido, también, al llamado sofisma populista en otras ocasiones, pues se atribuye la opinión propia de

quien gobierna –síndrome de hybris de Owen– a la opinión mayoritaria de la población, y entonces todo lo afirmado debe ser cierto. Eso tendría que probarse, no sólo afirmarse.

Hemos hablado del consecuencialismo y bajo esa perspectiva se nos engaña al partir de un mero “Si A, entonces B”, pero adicionan inválidamente: “B, entonces A”. Así, llegan a la afirmación de la consecuencia, estructurando algo como: “las personas honradas no se ven involucradas en hechos de violencia” (Si A, entonces B). Sin embargo, agregan el “B, entonces A”: “si una persona se involucra en el hecho violento, no es una persona honrada”. De ahí que siempre los caídos en los hechos de violencia “abatidos por las Fuerzas Armadas” –según se dice en los propios comunicados oficiales–, sean presuntos delincuentes y merecían caer ante las armas del Estado, pues implican en sí y por sí la razón moral. Es ese caballo del malo que siempre es más lento que el del bueno. Deus ex machina.

Hemos escuchado hasta la saciedad que: 1. Alguien debía encarar a esta delincuencia, pues en años anteriores nada se hacía; y 2. La actividad antisocial y violenta es una herencia del pasado inmediato. Se encuentra en ambas afirmaciones una forzada correlación de causa y efecto, pues se piensa falazmente que si ocurre A (situación anterior) y correlacionadamente después ocurre B (violencia actual), entonces A ha causado a B. Se conoce como cum hoc, ergo propter hoc y se distingue por ser una conclusión prematura y sin bases ni evidencia; al admitirse diversas posibilidades de respuesta, amén de la presumida en la propaganda gubernamental, se toma esta presentación en tanto una falacia lógica, pues podría admitirse, por ejemplo, que B sea la causa de A, esto es, que la escalada de violencia del último lustro no es resultado de los puntos 1 y 2 anteriores, sino su causa, pues sería claro que una estrategia diferente y más eficaz para contener la violencia de años previos explicaría por qué la violencia actual no se justifica; esto es, lo que ahora se vive sería la causa para explicar la estrategia de años previos.

Simultáneamente podría ser que exista un tercer factor desconocido o no tomado en cuenta y que sea realmente la causa de la relación entre A y B. Así, podría decirse: “la escalada de violencia del último lustro responde a una decisión política para ganar legitimidad”, por lo que esa correlación entre la violencia y los supuestos 1 y 2 anotados no se establece directamente y sólo se trata de una apreciación subjetiva.

Podría ser que la trama de esta guerra contra el narcotráfico sea tan compleja, montada en una especial circunstancia temporal y espacial, y que hubiere pasado de una fase de desarrollo a otra muy novedosa, que entonces la relación entre A y B sería mera coincidencia. En cuarto lugar, puede penOctavio Gómez

tos cuando leo y vuelvo a leer las noticias sobre la violencia en México. Hay quienes piensan y aseguran que el caballo de Calderón –dadas las virtudes morales de su jinete– es más rápido que el de los narcotraficantes; ese es un pensamiento contraintuitivo o carente de sentido. Hay quienes vemos en esa guerra desatada por el gobierno federal contra la delincuencia organizada –que ya cuenta bajas en todos los bandos posibles y por decenas de miles– una mera escenificación del gran teatro político que se justificó en un momento de debilidad gubernamental (2006) y se estimó necesaria para incrementar la legitimación –o sea, la gobernabilidad– del poder político.

Al inicio (2006) se pensó en el viejo recurso del deus ex machina y se calculó que con un aumento de fuerza y de aparatos de guerra en la confrontación bastaría para vencer y salir airosos del problema. El “dios surgido de la máquina” bélica no funcionó como se esperaba. Ahora (2012) vivimos en el centro de una avalancha incontenible de violencia y ¡ay!, se perdió la gobernabilidad y con ello la ansiada legitimidad. Haber confia-

Octavio Gómez

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Desapariciones: sarse que B sea la causa de A y, al mismo tiempo, A sea la de B, esto es, que se esté en presencia de una relación sinalagmática o sinérgica que permite catalizar los efectos.

En todo caso debe probarse primero el punto 1 que asevera que en fases anteriores del narcotráfico nada se hizo en décadas anteriores para combatirlo y parece, en demostración de lo contrario, que hay evidencia de respuestas concretas del Estado en ese sentido; y después el punto 2 que infiere herencias de violencia que debían atenderse; no obstante, los indicadores más duros de la estadística muestran que los índices delictivos, al concluir la primera mitad de la primera década del siglo, mantenían una tendencia a la baja.

Hoy se habla de un supuesto “efecto cucaracha”, como signo de éxito en la lucha contra la criminalidad; tan se han logrado las metas de esa lucha –se dice– que los delincuentes cambiaron de lugar huyendo como cucarachas. Eso es otra falacia, pues los expertos no ignoran que en materia de criminología el delito no es erradicable por decisión unilateral, ni por decreto, como sucede con algunas enfermedades. Pensar en que el delito se cancela es una ingenuidad mayor; se le controla, pero no se le desaparece.

En cuestiones de criminalidad, dadas las circunstancias de control, el delito no se desvanece, sólo se transforma o se mueve, y esto, sin los cálculos adecuados, puede resultar peor que la situación anterior. ¿Es posible evitar el robo de vehículos a un 100% en una zona determinada?

La respuesta podría ser afirmativa mediante los operativos pertinentes, pero debe siempre preverse que la delincuencia no desaparecerá y tan sólo cambiará, por ejemplo, dejando de robar automóviles, para ingresar al robo de casas-habitación. La cuestión entonces es: ¿qué es preferible en el control?

Para la empresa criminal es conveniente un clima distorsionado, convulso, sin cohesión social y, además, violento. Es claro que un clima social así no le conviene a ningún estado de derecho que actúe de manera racional.

Cuando se expresa desde las tribunas gubernamentales que la opción es maniquea: “dejamos a la delincuencia actuar y volteamos para otro lado o la enfrentamos con toda nuestra fuerza”, se colocan las cosas en una situación de muy difícil solución. Implica un todo o nada; la afamada “suma cero” de la teoría de juegos de Nash, que dicta que “uno gana todo y el otro pierde todo”, como si se tratara de una partida de ajedrez o de un juego de futbol.

En la vida real donde se presentan conflictos no se responde de esa manera, pues no sólo los riesgos crecen en vez de disminuir, sino que se prolonga un altercado, sin una noción clara de triunfo o derrota.

Debe reflexionarse en torno a las respuestas dadas para combatir a la delincuencia, basadas casi exclusivamente en la presencia y actuación de las Fuerzas Armadas. Con todo el respeto que merecen éstas, es necesario decir que cuando se les utiliza para actuar en el orden de la seguridad pública, es decir, como policías, su trabajo resulta incompleto, pues las organizaciones castrenses “sirven para lo que sirven”, esto es, la fase de detención, con-

frontación y estrategia militar con todo lo que implica. No obstante, las secuelas jurídicas exigibles que imponen la debida persecución, enjuiciamiento y sanción conforme a la ley de los delincuentes quedan fuera del proceso, y de ahí esa sensación social de inusitada violencia acompañada por una evidente impunidad, según ya habíamos argumentado.

No es descabellado, sino necesario, repensar la estrategia militar. Por supuesto que llegados a este punto de confrontación y pérdida de control social en diversas zonas del país, ese cambio estratégico habrá de ser paulatino y no súbito. La cuestión sobre si era necesaria la intervención del Ejército y la Armada en funciones policiales debió ser tomada en consideración en su momento (2006) y no en éste (2012) en el que se ha llegado, en algunos lugares, a puntos de no retorno, al menos por ahora.

Entre las acciones a asumir de manera inmediata, pues la concurrencia de ciertos circunstantes conspiró para el fortalecimiento de la criminalidad y el avance de la violencia, se hallan, por ejemplo, la revisión a la política fronteriza, tanto en el norte como en el sur, pues la migración –a partir del 9/11– se colocó como tema atractivo para la empresa criminal, dados los altos costos que implicaron las medidas de alta seguridad tomadas por los gobiernos involucrados. Asimismo, la proliferación de casas de apuestas en las principales ciudades –y el caso Monterrey es paradigmático– ha dado pie para que las organizaciones criminales se apoderen de esta actividad con toda su secuela de extorsiones, delitos asociados al vicio, violencia y lucha entre bandas delictivas con consecuencias nefastas, como el incendio intencional del casino Royale, en esa ciudad norteña.

La “monserga” del argumento en favor de los derechos humanos es otro de los clichés de venta del producto gubernamental, pues siempre se argumenta: los delincuentes violentan los derechos de sus víctimas; pues sí, es verdad, en eso consiste un delito, en la vulneración de derechos de manera criminal y, además, no porque alguien violente la regla de convivencia, emerge una autorización para que el Estado violente los derechos. Con esto nos situamos como país en la ilógica presencia de la ecuación: dos errores producen un acierto.

Que no nos confundan: la no intervención de las Fuerzas Armadas y la utilización de otras medidas menos radicales en estos menesteres no implica pactar nada ni sucumbir ante los criminales ni asumir una actitud resignada e impotente. Es, simplemente, buscar que la razón impere por encima de la fuerza. El Estado está obligado a actuar racionalmente y no impulsado por emociones o por motivaciones beligerantes injustificadas; eso parecería más bien un gobierno de los Neanderthal.

Es la hora llegada de reflexionar sobre las diversas experiencias mexicanas –no colombianas, no norteamericanas, no sicilianas– en materia de delincuencia organizada y asumir una posición más parecida a la de Ulises, que se valió de inteligencia, astucia e imaginación, que a la de Hércules. El gobierno de Hércules no puede prosperar, pues sólo es un mito. O

el Ejército “cede”, pero

encubre GLORIA LETICIA DÍAZ

Organizaciones civiles, abogados y familiares de los primos José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos en diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, insisten en que fueron militares quienes se los llevaron. Y aun cuando han expuesto su caso ante instancias nacionales, y organismos de la ONU y tribunales interamericanos se han solidarizado con su causa, hasta ahora lo único que ha hecho la Sedena es devolver el expediente a la Procuraduría General de la República para que prosiga las investigaciones. Pero los tres jóvenes no aparecen y la dependencia sigue sin responder.

D

espués de casi dos años de recibir impugnaciones contra la competencia del fuero militar en investigaciones por violaciones a los derechos humanos de civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cedió a las exigencias de los representantes de las familias de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos el 29 de diciembre de 2009 por una partida militar en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

La desaparición forzada de los primos ocurrió en el contexto de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, apenas inició su mandato. De hecho es el primer caso de esta naturaleza llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que

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La pesadilla de los Alvarado

¡

PATRICIA DÁVILA

“

Usted se llevó a mis familiares! ¡Usted sabe dónde están! ¡Devuélvamelos!”, exigía María de Jesús Alvarado a Elfego José Luján Ruiz, coronel del 35 Batallón de Infantería asentado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. “No sé nada. Nunca estuve en un operativo en el pueblo”, refutaba el militar la mañana del 10 de enero de 2010.

Desde esa fecha la familia Alvarado soportó amenazas y persecución de los militares comandados por Luján Ruiz y tuvieron que huir de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde vivían, para refugiarse en algún lugar de Sonora.

Pero el miedo no los paralizó: Denunciaron la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera –ocurrida el 29 de diciembre de 2009– ante autoridades locales y la Procuraduría General de la República (PGR). Su caso llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Proceso 1747).

A poco más de dos años de la desaparición de los jóvenes, la familia se siente optimista: El pasado jueves 9, en una reunión en la Secretaría de Gobernación, se les notificó que el 3 de enero la Secretaría de la Defensa (Sedena) cedió la investigación a la PGR. Es la primera vez que una corte militar deja en manos de la autoridad civil un juicio contra mandos castrenses.

Fiestas de fin de año En su exilio sonorense María de Jesús Alvarado narra a Proceso los hechos: En 2009 “decidimos ir a pasar Año Nuevo con nuestra familia al ejido Benito Juárez, municipio de Nuevo Casas Grandes; el 29 de diciembre, entre las ocho y las nueve de la noche, mi hermana Nitza y nuestro primo José Ángel llegaban a la casa de la suegra de él cuando los soldados los sorprendieron. A Nitza la bajaron de la camioneta jalándola del cabello. José Ángel trató de defenderla, peleó con los militares, los golpeó, les tiró esposas y cascos, pero se le vinieron los demás encima... Eran como 10 y lo golpearon entre todos. La troca quedó con sangre de José Ángel”, recuerda.

“Cuando se los llevaron, varios de nosotros salimos a perseguirlos, pero los perdimos. Fuimos a la presidencia del ejido a poner la denuncia; en eso llegó mi tía y nos avisó que también se habían llevado a Rocío, mi prima.”

A ella la sacaron de su casa: Los soldados irrumpieron con violencia “y se fueron directamente a la recámara de la muchacha. En la cocina había leche en

polvo que los militares probaban mientras otros revisaban cajones. A los niños –al hijo y dos hermanos de Rocío– los encerraron en el baño. A ella le dijeron que estaba detenida y se la llevaron así, en pijama”.

Entre las cuatro y las cinco de la mañana llegó Óscar Arias del Campo, funcionario de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Nuevo Casas Grandes, a llevarse la camioneta de la que habían bajado a Nitza y José Ángel. María de Jesús preguntó para qué y él respondió: “Para investigación”. “Nos llamó la atención que en las afueras del pueblo los estaba esperando el Ejército. Lo resguardó durante el viaje”.

“A las ocho de la mañana del día siguiente nos presentamos en el 35 Batallón exigiendo que nos entregara a los muchachos. Luján no nos recibía, nos corría, ni siquiera nos dejaban acercarnos a la caseta.

“El Ejército estaba levantando gente del pueblo al azar. Empezamos a investigar con los que había soltado y un muchacho nos dijo que el día que se lo llevaron vio que (los soldados) llegaron con dos mujeres y un hombre, pero no les vio la cara. Los soldados le advirtieron que no volteara para ningún lado, y como ya lo habían torturado...”

Después de la presión de María de Jesús ante la AEI, un agente del Ministerio Público, Horacio Flores, le reveló: “A tu familia la tiene el Ejército, te lo digo porque en el parte informativo que me mostraron cuando trajeron la camioneta decía el nombre de ellos. Te voy a dar el nombre del coronel que los detuvo. Llega y pregunta directamente por él’”. Era Elfego José Luján.

“El 16 de febrero (de 2010) tuve que hablar con la fiscal de Chihuahua, Patricia González, para que me entregaran la camioneta gracias a que Carlos Garduño Salinas (de Gobernación) la presionó para que me la diera. Ella habló a la AEI con un funcionario de apellido Morales para que llevara el vehículo. Escuché que Morales le decía: ‘Es que no hay un acta levantada, no hay cargos, sólo la dejó el Ejército’. Cuando me entregó la camioneta le pedí el parte informativo y ella me dijo que era confidencial.

“Después fui con Edith Acevedo, la MP a cargo de personas ausentes o extraviadas; yo les decía que no eran ausentes ni extraviadas, que no tenía por qué estar ahí mi caso, y ella me decía: ‘Pues a mí me lo dieron’. Nos dijo a mí y a mi abogada, Luz Castro, que no tenía duda de que había sido el Ejército. El 6 de enero de 2010 presenté la denuncia de desaparición forzada ante la Séptima Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Federación, en Ciudad Juárez; el 20 de febrero ésta declinó ante el fuero militar.

“Le pedí al titular de la agencia, de apellido Durazo, que investigara él, y me dijo: ‘Para mí no hay duda de que fueron los militares, pero yo me lavo las manos. Turno al fuero militar. Con los militares no me meto’.”

Previamente, el 10 de enero de 2010, María de Jesús Alvarado asistió a una reunión en la que, respaldado por el general Felipe de Jesús Espitia, entonces coordinador del Operativo Conjunto Chihuahua, estuvo Elfego Luján: “Le preguntaba dónde tenía a mi familia. Él negaba todo, decía que nunca habían tenido operativos en el pueblo, que ahí nunca había andado el Ejército. Yo le decía que sí, que se hospedaron durante tres semanas en un hotel del pueblo. Él decía: ‘No. Tú mientes. Nunca nos hospedamos en casas ni en ningún otro lado, siempre acampamos’. Yo insistía en señalarlo y él decía: ‘Bueno, según usted de quién era propiedad el hotel’.

Yo le respondía que del crimen organizado (La Línea) o quizá ya era suyo, porque entraba y salía como de su casa.”

Culpa de La Línea María de Jesús recuerda que el 29 de octubre de 2009, dos meses antes de que se llevaran a sus familiares, en las afueras de Benito Juárez sicarios de La Línea (brazo armado del Cártel de Juárez) asesinaron a unos agentes federales. A raíz de eso el pueblo se llenó de militares y policías. Para dar con los asesinos empezaron a levantar a cualquiera que anduviera en la calle; pero la gente del pueblo sabía que los responsables se habían ido inmediatamente después de los asesinatos.

El 10 de enero fue la última vez que María de Jesús tuvo enfrente a Luján. Nueve días después leyó en el periódico que el militar había sido removido de su cargo. Si preguntaba por él en la Sedena le decían que no existía. Entonces empezaron las amenazas contra el resto de la familia. Para entonces María de Jesús ya había presentado una queja ante la CNDH, que el 30 de junio de 2011 concluyó que los militares fueron los responsables de la desaparición forzada.

Nitza estaba viva Un hecho más complica la historia: el 3 de febrero de 2010 Nitza se comunicó por teléfono con su familia. Decía que estaba secuestrada, que por favor la liberaran. Se hizo un rastreo del número del que habló y al parecer la llamada había salido del penal de Santa Martha Acatitla, en el DF. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la PGR, se hizo cargo del caso. La fiscal Sara Irene Herrerías les dijo que se trataba de un error, “que alguien quería extorsionarnos”. Le dijeron que no era una extorsión, que era Nitza la que había hablado.

El 23 de junio de 2011, en la reunión de

El reportaje del 25 de

abril de 2010

Chapultepec entre Calderón y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Norma Ledezma (representante de Justicia Para Nuestras Hijas y quien también apoya a los Alvarado) le dijo al presidente “que íbamos a ir a Costa Rica, a la Corte Interamericana. Poco después saquearon sus oficinas en Chihuahua”.

El hostigamiento continuaba: Cuando las abogados de María de Jesús regresaron de Costa Rica, los federales entraron a la oficina del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, encintaron las calles, rompieron candados y todo a su paso.

“Sólo buscaban papeles, pero las abogadas desde un principio tenían todo en memorias electrónicas. Los federales se llevaron documentos, pero nada importante”.

Aceptación a medias El día que los militares pasaron el caso a la PGR, Carlos Sergio López Ruvalcaba, de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, les dijo a los abogados: “Ya está la aceptación por escrito. Efectivamente hubo participación de elementos militares y estamos en la mejor disposición de ayudarlos para la reparación del daño y ver las medidas provisionales que les ordena la CIDH para las familias beneficiarias de las víctimas”.

–Ahora que Elfego Luján está acusado de mandar matar y quemar a dos soldados que desertaron. ¿Qué piensa que pasó con sus familiares?

–Tenemos la esperanza de que estén vivos, pero en caso de que no sea así, que nos entreguen los restos con todas las pruebas que realmente avalen su identidad. Cuando estuvimos frente a frente pudo decirme dónde los tenía y liberarlos con vida. Además está la aceptación de un teniente, Manuel Gutiérrez, que estaba bajo las órdenes de Luján.

“El coronel tiene que aceptar que participó en la desaparición de mis familiares.

No lo ha hecho. Por eso nos llamó la atención leer sobre su detención. Leí la nota en el Reforma: dice que está preso desde el 24 de marzo de 2010. También dice que quien lo nombró coronel fue el presidente Calderón en 2008.” O

ya condenó a México en “Nosotros advertimos desde un primer cinco ocasiones por viomomento que si la PJM no declinaba su laciones a las garantías competencia, nosotros íbamos a interpoindividuales, en cuatro ner un amparo en apego a la resolución de de ellas por abusos cola Suprema Corte de Justicia de la Nación metidos por tropas de la (SCJN) en relación con el cumplimiento de Sedena en administrala sentencia de la Corte Internacional de ciones anteriores.

Derechos Humanos en el caso Rosendo RaEl litigio ante la Cordilla y ante las reformas constitucionales te es llevado por el Cenen materia de derechos humanos del año tro de Derechos Humanos pasado”, dice en entrevista Luz Estela Casde las Mujeres (CDHM), la tro Rodríguez, coordinadora del CEDHM. Comisión de Solidaridad Relata que el 7 de diciembre, en una y Defensa de los Derechos reunión con representantes de GobernaHumanos (Cosyddhac) y el Centro de Dereción y de la Sedena, ella y sus compañeros chos Humanos Paso del Norte, cuyos aboinsistieron en ese aspecto y los funcionagados exigieron desde el principio a la Prorios respondieron que estaban “analizancuraduría General de la República (PGR) do la petición”. realizar las indagatorias correspondientes De acuerdo con la minuta del encuenpara la localización de los tres jóvenes. tro del jueves 9, un representante de la PJM Ante la falta de respuesta, los litigan“informó a los beneficiarios y a sus repretes de esas organizaciones acudieron a la sentantes que esa dependencia declinó Comisión Nacional de los Derechos Hucompetencia de las investigaciones a favor manos (CNDH), que inició una indagatoria de la PGR, la cual recibió 14 tomos que iny el 30 de junio del año pasado emitió una tegran las indagatorias que llevaron con ferecomendación –la 43/2011–, en la que sus cha 3 de enero de 2012”. visitadores confirman la participación de El expediente AP/PJM/AMPE/Cd Juárez miembros del Ejército, así como de agen/196/20 09-II-IV estuvo en poder del Ejértes de la Policía Federal, en la desaparición cito desde el 20 de febrero de 2010, cuande José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene. do la PGR declinó competencia a favor de la La triple desaparición también forPJM. La averiguación se abrió por el delito de mó parte de los expedientes que el Grupo “abuso de autoridad” y no por desaparición del Caso de los Jóvenes Alvarado entreforzada, pese a la insistencia de familiares gó al Grupo de Trabajo sobre Desaparicioy abogados. nes Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de Los 14 tomos de la investigación ya fuelas Naciones Unidas durante su visita a ron enviados a la delegación de la PGR en México en marzo del año pas prolongó durante tres días.

El GTDFI evaluó la informac El oficio del coronel Vázquez Orozco las autoridades federales y lo así como la que le proporcio activistas de derechos humano propia Sedena, y elaboró un in sobre los tres casos, que prese 20 de diciembre último durante periodo de sesiones del Conse Derechos Humanos en Ginebra za. El organismo concluye: “pa ría que México no tiene la volun es incapaz de realizar investig nes efectivas en casos de desa ciones forzadas”.

La devolución del expediente El jueves 9 de febrero, en una nión efectuada en la Secretaría Gobernación en torno al tema cumplimiento de la recomen ción de la CNDH relativa a la de parición de los primos Alvara la Procuraduría de Justicia Mil (PJM) optó por delegar el caso a PGR, según relatan familiares las víctimas y los abogados q llevan el caso.

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L A G U E R RA D E CA L D E R Ó N Ricardo Ruiz / Procesofoto

“En unos días más vamos a revisar la averiguación y veremos en qué fundamentaron la declinación, sería extraordinario que lo hicieran con base en el respeto a los tratados internacionales y la resolución de la SCJN –dice –. Ojalá no salgan con que declinaron porque no encontraron responsabilidad de militares en la desaparición de los jóvenes Alvarado.”

Su compañera Emilia González Tercero, de la Cosyddhac, es más pesimista: Dice: “Tengo la sospecha de que el expediente fue manipulado, sobre todo por la forma en que se condujeron los militares para negar los hechos. Pienso que fue una investigación para exculpar, más que para esclarecer”.

Castro Rodríguez resalta que en la investigación también deberá deslindarse la responsabilidad de un comandante de la Policía Federal de apellido Meza, quien tuvo información de los militares sobre la detención de los jóvenes Alvarado por tropas de la Sedena, de acuerdo con la recomendación de la CNDH, que implica también a la Secretaría de Seguridad Pública federal, que dirige Genaro García Luna.

“Hasta ahora, García Luna no ha aceptado la recomendación, por lo que pedimos a la CNDH que ejerza su facultad de pedir al Congreso de la Unión que llame al funcionario a comparecer”, dice la abogada.

E insiste en que llevará su investigación hasta las últimas consecuencias para que se castigue a la cadena de mando: “Debe ser llamado a cuentas el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, porque al menos en el caso específico del coronel de infantería Elfego José Luján Ruiz, principal sospechoso de la desaparición de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado, él se encargó de encubrirlo”.

Espitia Hernández fue comandante de la V Zona Militar con sede en Chihuahua, del 18 de enero de 2007 al 1 de julio de 2010; también fue primer titular del Operativo Conjunto Chihuahua, que arrancó el 28 de marzo de 2008.

Confrontado con las organizaciones de derechos humanos por sus declaraciones –“No me pregunten cuántos muertos hubo, sino cuántos delincuentes menos hay”, declaró alguna vez–, el general Espitia fue enviado a la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, tras su gestión al frente de la V Zona Militar.

Castro Rodríguez y González Tercero sostienen que Espitia tendría que aclarar por qué razón protegió al coronel Luján Ruiz, comandante del 35 Batallón de Infantería, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Maniobras militares En su edición del 25 de abril de 2010, Proceso publicó un reportaje sobre la desapa-

rición de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado y las vicisitudes de sus familiares y abogados ante las delegaciones de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua en Buenaventura y Casas Grandes, Chihuahua.

En su litigio inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de los Alvarado informaron que “tres funcionarios de la procuraduría de Chihuahua (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de apellido Leyva) confirmaron verbalmente a familiares de las víctimas que éstas fueron detenidas por militares en un operativo dirigido por Elfego Luján, comandante del referido batallón.

“También les dijeron que la camioneta GMC 2001 con placas ZR 9367, en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en el corralón de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo Casas Grandes” (Proceso 1747).

Sin embargo, el general Espitia Hernández, entonces comandante de la V Zona Militar, “se encargó de negar la participación del Ejército y después la misma Sedena ocultó la existencia de Luján”, cuenta la abogada Castro Rodríguez a la reportera.

Este semanario informó entonces que las abogadas Castro y González Tercero, así como familiares de las víctimas, fueron recibidas el 9 de enero de 2010 en las oficinas de Espitia, reunión en la que participaron además el mayor Carlos Sergio Ruvalcaba, jefe de Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la Dirección de Justicia Militar, y un general “de apellido Guillén”.

“Fue éste quien, en un intento por desactivar las exigencias de presentación de los desaparecidos, acusó a José Ángel y a Nitza Paola de tener ‘antecedentes penales por robo de vehículo, y a María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza, por robo en casa habitación’.”

Dos años después de ese encuentro, la abogada de la Cosyddhac, Emilia González Tercero, relata: “En esa ocasión también estaba presente Elfego Luján. Había sido mandado llamar por el general Espitia, quien a su vez organizó el encuentro por órdenes de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena”.

Tanto ella como Castro Rodríguez describen al coronel Luján como un hombre de baja estatura, moreno, de complexión media, casi robusta.

“Espitia negó que tropas del 35 Batallón hubieran estado desplegadas en Buenaventura en las fechas en que desaparecieron los primos Alvarado, y llamó a Luján para confirmar su dicho. En ese momento, María de Jesús lo increpó y le recordó que en su pueblo todos sabían que habían estado hospedados en un hotel y

que habían estado ahí las últimas tres semanas de diciembre.

“Luján trató de refutar las afirmaciones de María de Jesús, pero cada vez se enredaba más, conforme ella le iba dando más datos, hasta que Espitia le ordenó que se callara”, recuerda González Tercero. Días después, Luján fue removido de su cargo.

Castro Rodríguez agrega: “En nuestra solicitud de amparo contra la desaparición forzada, interpuesta el 6 de enero de 2010, mencionamos como autoridad responsable al comandante del 35 Batallón de Infantería de nombre Elfido o Elfego Luján, y que probablemente tenía el cargo de teniente o capitán, porque eran los datos vagos que teníamos de los agentes ministeriales;en la respuesta a la autoridad, se niega su existencia”.

El 11 de febrero de 2011, en un documento firmado por el coronel de infantería Marín David Vázquez Orozco, “comandante del 35 Batallón de Infantería”, del que Proceso tiene copia, se negó a responder al oficio enviado por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Ciudad Juárez, Guadalupe Arellanés Martínez, dirigido al “teniente o capitán Elfido Luján”, porque –dijo– “no existe persona con ese nombre (en esa instalación militar)”.

Continúa la abogada: “Es claro que se trató de una estrategia para evadir responsabilidad y protegerlo. En reuniones posteriores para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH reiteramos que se estaba manipulando la información, ya en el proceso ante la Corte Interamericana la Sedena volvió a negar nuestros señalamientos”.

La petición Negar la participación de efectivos militares en la desaparición de los Alvarado fue uno de los elementos que arguyó la CIDH para enviar el caso al tribunal regional, según la resolución emitida por la Corte Interamericana el 26 de mayo de 2010 en la que exige al gobierno de Felipe Calderón la presentación de los desaparecidos.

Seis meses después, ante la reticencia del Estado mexicano por localizar a las víctimas, acción esta última que eventualmente implicaría reconocer la participación del Ejército, la Corte amplió la protección a 24 familiares, así como a la abogada Emilia González Tercero, por las amenazas que recibieron.

En su resolución del 26 de noviembre de 2010, el máximo tribunal interamericano incluyó extractos de un escrito fechado el 3 de junio de 2010, en el que la Sedena justificaba la intervención de la PJM como“una medida para esclarecer si en la presunta desaparición (…) participó o no personal militar”.

El documento de referencia puntuali-

zaba que “autoridades de la V Zona Militar negaron que personal de su jurisdicción hubiera participado en los hechos”.

Ante el continuo desacato y la ineficacia para aplicar las medidas de protección, la CIDH amplió el número de protección a 37 personas.

El 28 de junio de 2011 representantes del gobierno calderonista fueron sentados nuevamente en el banquillo de los acusados ante jueces de la Corte Interamericana por el incumplimiento de las medidas de protección a los familiares de los Alvarado y por el desdén de las autoridades militares para localizar a los jóvenes desaparecidos.

En la audiencia, en la que estuvo presente la reportera, los representantes de México, encabezados por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Robledo Verduzco, negaron la participación de tropas del Ejército en la desaparición de los Alvarado y defendieron la competencia del fuero militar.

En una reunión posterior a la audiencia, María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza Paola, enfrentó a los funcionarios: “Respeto su opinión, pero yo no estoy de acuerdo. Durante las tres semanas que estuvieron en mi pueblo los soldados se robaron las pick ups de la gente y las traían como suyas, y a los dueños los torturaban (…) Hasta ahora no sé nada del presidente Calderón.

“En febrero de 2010, cuando fue a Ciudad Juárez (a ver a los familiares de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar), yo le entregué a Margarita Zavala un expediente pidiéndole que localizara a mis familiares y castigara a los culpables. Hasta ahora no tengo respuesta”, les dijo (Proceso1809).

En su informe definitivo, presentado el 20 de diciembre último en Ginebra, los integrantes del GTDFI Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), Ariel Dulizky (Argentina) y Osman El Hajjé (Líbano) recomendaron, entre otros puntos: “considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas miliares de las operaciones de seguridad pública de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas”.

En su documento entregado al Consejo de Derechos Humanos ubican las desapariciones en el contexto de la guerra contra el narcotráfico: “El Grupo de Trabajo recibió documentación detallada de varios casos de desaparición forzada que habrían sido perpetrados por elementos militares en múltiples estados, como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas”.

Los integrantes del GTDFI sostienen que en la guerra declarada por el presidente Calderón a la delincuencia organizada “la presencia de las Fuerzas Armadas se ha extendido más allá de las funciones de las operaciones de seguridad”. O

La violenta

“pacificación” de Juárez El gobierno de Felipe Calderón y la alcaldía de la ciudad chihuahuense proclaman que los homicidios disminuyeron drásticamente y la Policía Municipal volvió a encargarse de la seguridad. Ahora el problema es que su jefe, el militar Julián Leyzaola, se atribuye la misión de “pacificar” el territorio a su manera: a costa de los derechos de la población y con impunidad para sus efectivos, así que los juarenses tienen que cuidarse de narcos, militares y policías de los tres niveles de gobierno.

MARCELA TURATI

C

IUDAD JUÁREZ, CHIH.- Escondida en una casa en ruinas, con montes de escombros en lugar de piso y huecos donde alguna vez hubo puertas o ventanas, la señora Padilla Martínez asoma la ca-

beza poco a poco. Hasta cerciorarse de que está fuera de peligro, se acerca. Desde su refugio cuenta que en noviembre su hijo mayor, Jorge (que llevaba sus mismos apellidos), fue “levantado” por policías municipales del puesto de hamburguesas que

me van a matar”, rumia en el desconsuelo.

La historia de la señora Padilla es una más en esta frontera que desde 2008 está en guerra y donde se cometieron uno de cada cinco asesinatos del país. La ciudad/ laboratorio donde el gobierno federal probó diferentes estrategias de seguridad en las que a la gente sólo le quedó clara una cosa: que cualquiera puede morir víctima de sicarios, soldados, policías federales y ahora también de municipales.

En marzo se cumple un año de este último ajuste a la estrategia: la devolución de la seguridad ciudadana a la Policía Municipal, encabezada por el polémico teniente Leyzaola, el militar a quien se adjudica la “pacificación” de Tijuana y cuya designación coincidió con el descenso de los homicidios.

Si el año pasado se llegó a una tasa de 300 asesinatos por cada 100 mil habitantes, actualmente se cometen 120. Los homicidios en la que fue considerada la ciudad más mortífera del mundo se redujeron en 57%, pero aún son demasiados.

Con Leyzaola al mando, la corporación estrena –entre sus funciones– el combate al narcotráfico y los excesos cometidos por los elementos han sido ampliamente documentados por la prensa local.

Muchos juarenses los creen; otros consideran que son invenciones de los criminales enojados por la estrategia, bravucona y echada pa’delante, del nuevo director de la policía.

Pero las incriminaciones son muchas.

Al mes siguiente de que Leyzaola se estrenara como secretario de Seguridad Pública municipal, en un predio abandonado fueron hallados los cadáveres de cuatro jóvenes torturados –tres de ellos degoRicardo Ruiz / Procesofoto

atendía. Su cadáver fue encontrado al día siguiente, en el fondo de un mirador, arrojado como cualquier perro muerto.

Para conseguir los 15 mil pesos que costó el entierro hipotecó la casa donde vivía. Veló un ataúd sellado, pues la Fiscalía Estatal de Justicia le pidió que no lo abriera. Cuando fue citada a declarar ante el Ministerio Público recordó que unos policías molestaban a Jorge Andrés y comían en su puesto sin pagar. Lo dijo. En un descuido del agente hojeó el expediente y encontró las fotos de su hijo de 24 años encuerado, con la piel quemada, la cara deformada, cinta canela en la boca, el cráneo deshecho.

Por el periódico se enteró de que la noche del homicidio otros tres jóvenes habían sido detenidos por los mismos patrulleros; iban a ser presentados como una célula de sicarios desactivada. Desde la cárcel, los otros detenidos denunciaron que los policías mataron a Jorge.

“Nosotros vimos cuando el secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola, y los policías que nos detuvieron golpearon hasta causarle la muerte en la estación de policía a Jorge Andrés Padilla (…) Y después de matarlo a golpes, vimos y escuchamos cuando el señor Leyzaola les ordenó que al muerto lo fueran a aventar al camino real para que no quedara evidencia”, indica el escrito enviado por los presos e integrado como declaración en la carpeta del caso de Padilla, como reportaron los diarios locales.

Tres días después, mientras la señora Padilla cocinaba en el comedor de una maquila, unas vecinas le avisaron que corriera a su casa. La encontró en llamas: esa mañana seis hombres habían entrado y acribillado a sus dos hijos mayores (de 20 y 14 años), después los rociaron con diesel y les prendieron fuego. Sus otros seis hijos, todos chiquillos, observaron desesperados. Sus súplicas a los asesinos para que se apiadaran fueron en vano.

“Todo se vino el día que dije que eran los policías los que los molestaban. Fue mi culpa. Sé que fueron policías los que me los mataron, me acabaron a los más grandes. Se portan igual que los sicarios pero más descarados. Los sicarios no matan a golpes, al primero me lo mataron de los golpes que traía, seguro lo torturaron porque les dijo que ya no les iba a dar nada, porque los policías son los que cobran la cuota”, dice mientras escala los cascajos de la casa abandonada adonde se mudará para esconderse. Sólo le falta poner triplay a puertas y ventanas.

“Tengo a mis hijos traumados. La de siete años les gritaba a los asesinos: ‘Déjenlos, ellos nos cuidan’, y se quiso aventar a la lumbre para quemarse con ellos, pero la aventaron. Traigo mucho coraje con los que hicieron esto y no les tengo miedo, al cabo el día que me van a matar

“Tengo a mis hijos traumados”

llados–, que eran buscados por sus familias desde el 26 de marzo. Desaparecieron cuando los detuvo, tras un altercado, una patrulla del Grupo Delta, cuerpo de élite de la Policía Municipal.

Otro caso famoso fue el del parkero Ismael Flores Chavarría, que durante una balacera se abalanzó hacia una mujer con un niño en brazos para salvarle la vida. Al día siguiente la policía lo presentó ante los periodistas como culpable de un homicidio, junto a César Adrián García, ambos desfigurados por las torturas. Flores tuvo que ser operado de emergencia de la cabeza y salió vivo, pero su “cómplice” murió. Los dos eran inocentes.

Está el caso de la empresaria hotelera María Acosta, quien fue víctima de un robo, pero al llegar a la estación de policía fue golpeada –según denunció– por el propio Leyzaola. Estuvo a punto de ser presentada como secuestradora.

Otro es el caso de Susano Esparza, quemado con el mofle ardiente de una patrulla.

El más reciente es el de Sonia Tapia Cisneros, una maestra que esperaba en su auto a que su hija saliera de casa de una amiga, pero arrancó despavorida cuando la calle se llenó de policías, pues pensó que habría una balacera. “¡Mamá, me dieron en mis manos y mis pies y me arde!”, le gritó su hijo de nueve años, que estaba herido. Cuando se detuvo para auxiliarlo los policías que le dispararon, la esposaron y la llevaron a la fiscalía, donde la acusaron de tentativa de homicidio y de transportar a cuatro sicarios.

Cuando probó la mentira, salió en libertad y se mudó a Estados Unidos.

Abusos generalizados “Todas las noches en la televisión nos presentan sin recato a los detenidos. La semana pasada, una mujer que trae un parche y no puede abrir los ojos; antes, un señor en calzones. A muchos los presentan sangrando, con los ojos cerrados, que no se pueden ni enderezar. Antes te escondían al torturado y te lo ponían cuando estaba mejor, ahora ya ni se cuidan”, dice indignada Emilia González, veterana defensora de derechos humanos y representante de la organización civil Cosyddhac.

En la página de Comunicación Social del municipio es posible mirar esa galería del horror de personas con los rostros deformados por las golpizas.

Aunque González reconoce que los homicidios han disminuido y que la gente siente alivio de no ver en cada esquina camionetas de militares o federales, considera también que la situación ha empeorado porque antes la tortura era selectiva y “ahora es para todo el mundo”.

“Este tipo (Leyzaola) ha aprovechado terriblemente la situación y ha logrado venderse como el que ha logrado combatir la

Ricardo Ruiz / Procesofoto

L A GUE RRA DE CAL DERÓ N

Calderón en Juárez. Autocomplacencia

delincuencia con su mano dura. Y, por supuesto, los empresarios luego luego se la compraron. Pero toda su fuerza ha radicado en criminalizar a la población, en detener a cientos de personas todos los días sólo por no traer credencial de elector”, explica.

Según un reporte de El Diario de Juárez, en esta ciudad de 1 millón 300 mil habitantes, desde que llegó Leyzaola 359 personas son detenidas cada día por faltas al reglamento de policías; sólo en 2011, 98 mil 958 personas fueron llevadas a barandillas. En enero pasado acumuló 23 casos de denuncias de abusos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDHCH), con lo que superó el récord de la Policía Federal.

“La Mesa de Seguridad le planteó a Leyzaola desde su llegada que no rompiera el esquema de trabajo, que su papel no era perseguir a narcotraficantes, secuestradores o extorsionadores, sino dar seguridad a la ciudadanía e ir ganando terreno en lo preventivo para que la gente volviera a salir a la calle, pero él dijo que, como en Tijuana, su tarea sería limpiar de delincuentes la ciudad. Y como le tenía desconfianza a la PF, nunca llegó a coordinarse”, señala Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador especial de la CEDHCH. El abogado considera que la declaratoria de guerra de Leyzaola al crimen organizado provocó que en enero comenzaran a matarle un policía diariamente (ocho fueron asesinados) y que “la que empezó como una guerra de cárteles y luego entre pandillas, se descompusiera a una guerra de un cártel contra la policía”.

De la Rosa critica la detención indiscriminada y sistemática de la gente pobre, de “mal aspecto” o carente de credencial de elector, que debe pagar multas de 300 a 2 mil pesos para obtener su libertad.

“Si de enero a marzo del 2011 eran detenidas alrededor de 6 mil personas, de

noviembre a enero de 2012 se detuvo a un promedio de 30 mil al mes. Pero, de cada 10 mil detenidos, sólo se puso a disposición de un ministerio público a 300, y de esos sólo 100 (1% de lo detenidos) llega ante el juez. Pero antes ya se presentó en la televisión a decenas de personas, que dicen que eran secuestradores o extorsionadores, ya golpeadísimos, con la cara reventada”, detalla el visitador.

Para el entrevistado, quien además es el actual titular del Centro de Confianza Ciudadana de la Fiscalía de Justicia, tres hechos hicieron caer la confianza hacia el teniente Leyzaola: presumió ante The New York Times la captura de El Diego (líder de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez) cuando en realidad lo detuvieron fuerzas federales en Chihuahua; yanunció a los medios que el sucesor del cabecilla era un tal Tin Tan, cuya foto presentó pero resultó ser un trabajador de construcción de El Paso, Texas, que tramitaba su pensión por jubilación; y aún más la agresión a la maestra Tapia y a su hijo.

“No se vale que después de todo lo que hemos pasado en esta ciudad vengan a burlarse de nuestra tragedia. Está muy cabrón. Y encima se va contra los periodistas por hacer su trabajo”, dice molesto De la Rosa.

Agrupaciones de periodistas denunciaron la semana pasada que 12 compañeros han sido agredidos por policías de Leyzaola, lo que obligó a que el martes 14 el alcalde Héctor Murguía y él se sentaran a dialogar con los dueños de medios de comunicación, a quienes prometieron que evitarían criminalizar a pobres y a periodistas.

Una víctima de esos excesos fue el reportero de El Diario Joel Edgardo González, quien desde la ventana de la empresa notó que había un altercado en la calle.

Cuando salió se encontró con que unos policías habían detenido a una mujer de

Nuevo México recién operada y le quitaban su camioneta porque les parecía sospechosa. Por reportear el suceso fue esposado y llevado a barandilla.

“Cuando me trasladaban prendieron las torretas, se iban pasando semáforos, frenando para que yo me fuera golpeando, como si trajeran a un (narco) pesado.

Cuando llegamos a la base un policía se sube a la caja del cámper y me dice: ‘Te vas a tener que dar un tiro conmigo antes de entrar a barandilla, pinche delincuente’. Yo le dije que no cometí ningún delito y me dijo: ‘Desde que estás en mi unidad eres un pinche delincuente, a ustedes (los periodistas) parece que no les queda claro quién es la Policía Municipal, te voy a enseñar a respetar mi placa y mi uniforme. ¿A poco crees que no te puedo matar?’.”

En la celda, González se encontró con una treintena de detenidos por motivos absurdos: a un hombre lo apresaron al encontrarlo fumando afuera de su casa (le cobraron 2 mil 800 pesos por discutir) y a otro porque escuchaba música en un auto (su multa fue de 320 pesos). La gringa, llorando de dolor por su operación y por los jaloneos e insultos que sufrió, pagó 620 pesos y otra multa para rescatar su camioneta.

Todos los entrevistados, entre ellos Hugo Almada y Leticia Chavaría, integrantes de la Mesa de Seguridad, coinciden en que estas detenciones tienen afán recaudatorio.

Rastro de sangre El teniente coronel Leyzaola llega como Robocop a su oficina para nuestra entrevista. Una metralleta le cruza el cuerpo y lleva una pistola amarrada en la pierna.

Viste los pantalones de comando del uniforme azul marino que eligió para que su corporación dejara de usar el color gris rata y su autoestima subiera.

No es bien visto por los defensores de derechos humanos del país. En su recomendación 10/2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo responsabiliza de la comisión de torturas cuando era titular de la policía de Tijuana.

Pero tiene la simpatía de sus subalternos. Uno de ellos, sargento que pide el anonimato, dijo que antes de su llegada se sentían desmotivados: “Éramos como un perrito al que todo mundo pasa y le pega, y si alguien se quejaba de nosotros nos echaban encima a Asuntos Internos. Antes si agarrábamos ‘un buen trabajo’ nos corrían y lo soltaban; hoy el secretario nos protege y nos premia. Nunca habíamos tenido ese apoyo”, afirma.

Este policía sintió la presión por todos los experimentos a los que ha sido sometida esta ciudad. Cuando el alcalde anterior solicitó la militarización, fue uno de los efectivos enviados a capacitarse en la base de Santa Gertrudis.

L A GUE RRA DE CAL DERÓ N Leyzaola=delincuente con placas Atte NCJ”.

En efecto, mataron a ocho elementos.

El militar replica que sus policías se hospedan en hoteles pero no están acuartelados. Señala que portan la placa con dignidad y asegura que no renunciará como sus antecesores, que así les dieron gusto a los criminales: “En otras ocasiones esa táctica les dio resultado, y el titular al renunciar salía magnánimo, decía que lo hacía como un bien. Pero eso no puede ni debe ser, ¡eso es hacer pactos!”.

Sostiene que el combate a los secuestradores, carjackers (asaltantes de automovilistas), narcotraficantes y todos los delincuentes encontrados in fragranti son responsabilidad de la Policía Municipal: “Desde el momento en que uno está uniformado, investido de autoridad, no puedo excusarme y decir: ‘Este asunto es federal, no lo voy a atender’. Ya a la hora de la consignación deslindamos competencias”.

Luego agrega que los municipales pueden combatir al narcotráfico porque están capacitados y cuentan con armas largas.

A su parecer, los municipales son más rápidos que los agentes federales porque conocen el terreno, se desplazan en una patrulla sectorizada y están dispuestos a luchar por su gente, los juarenses.

Se le recuerda que esos policías que según él tienen “arraigo social” son señalados como violadores de derechos humanos y se le mencionan los casos de la empresaria que lo señala como golpeador, los cuatro asesinados por el grupo Delta, los tres hermanos Padilla y el parkero –que los medios han difundido ampliamente–, le pide a su asistente que le recuerde los hechos.

“Todas las denuncias están en las instituciones correspondientes…. A las quejas de derechos humanos les hemos dado contestación puntual”, se defiende.

Sobre las personas presentadas en pú-

blico como delincuentes y que posteriormente han salido libres, argumenta que a veces es porque los testigos reciben amenazas de los delincuentes, que los obligan a retirar las denuncias.

Un empresario local comenta a la reportera que Leyzaola se siente omnipotente y por encima del presidente municipal, y que en corto presume que a él lo envió su general Galván (el secretario de la Defensa Nacional) en acuerdo con todos los niveles de gobierno. Por eso ve difícil que las denuncias por sus excesos lo derrumben. Otra persona confirma que le dijo esa frase: “A mí me mandó mi general Galván”.

Cuestionado sobre el combate a la delincuencia organizada, Leyzaola informa que está por comenzar una siguiente fase de su estrategia, que es “sectorizar” (intensificar el patrullaje y aumentar el número de elementos) en las zonas del Valle de Juárez y Oriente, bastiones del Cártel de Sinaloa. Argumenta que comenzó en la zona Centro y el Poniente, considerada macetero de la estructura criminal de La Línea, porque es la de mayor densidad poblacional.

“De ese pequeño espacio sacaban de 6 a 8 millones de pesos semanales para la estructura criminal. Hemos estado golpeando muy fuerte”, se jacta, aunque de inmediato dice que no golpeó territorios de La Línea, sino que ha ido actuando donde se beneficia más a la población, donde la ciudad está más poblada, y que ha llegado el turno de entrar en los otros puntos de la ciudad donde la policía no lo había hecho antes.

“Hemos estado golpeando muy fuerte.

Yo nomás golpeo en flagrancia (...) Se están persiguiendo las muertes porque ahora los perseguimos cuando matan o están disparando, movemos 60 o 70 unidades y empezamos la persecución. Esa es la diferencia. No es lo mismo que antes”, dice el militar.

Ricardo Ruiz / Procesofoto

“Fue la peor experiencia de mi vida –recuerda–; nos incomunicaron, dormíamos 30 elementos en una vil carpa con alacranes y víboras, sobre sarapes; a las ocho de la mañana ya te deshidratabas del calor; teníamos que cantar las cancioncillas que cantan los soldados y un soldadito nos daba clases de cosas que ni qué: técnicas de arrastre o las partes de la brújula. ¿Pa’ qué, si somos policías?Íbamos a letrinas seguidas en hileras de 10 personas, la comida era pésima.”

Dice que esa era una de las causas de su desmotivación y la de sus compañeros.

El sargento reconoce que ahora, con la autoestima inflada, sus compañeros se han excedido en el uso de la fuerza bruta, pero igual que el secretario dice que es porque están exaltados y por la presión que cargan. Admite, además, que hay narcos infiltrados en sus filas.

“La administración pasada nos dieron con todo, se estaba perdiendo mucho el respeto a los mandos. Ahora, como ya llegaron 260 patrullas y nos dejan traer pistolas a casa, muchos sienten que de perdida se van a poder defender cuando los embosquen, y los otros (los narcos) se sienten desesperados porque les hemos pegado mucho”, dice orgulloso. Su pistola Beretta reposa sobre la mesa del comedor.

En cambio el visitador De La Rosa indica que el mérito no es de la estrategia de Leyzaola: “Después de la sangría de estos tres años, con 10 mil muertos y la cifra impresionante de casi 10 muertos diarios, la estructura de los dos cárteles, de Sinaloa y La Línea, se debilitó. Por eso se dio un equilibrio y cada uno se quedó con el territorio que podía tener: el poniente y el centro de la ciudad para La Línea, y el Oriente y Valle para El Chapo”.

En la entrevista con Proceso, Leyzaola no se adjudica el milagro de la pacificación de Ciudad Juárez pero tampoco se resta méritos. Presume que él devolvió el orgullo a una corporación policiaca que encontró de rodillas, atrincherada tras costales de arena y vallas de jardineras o ventanas tapiadas.

Burlón, dice que 60% de los efectivos no estaba en la calle sino en puestos administrativos o al servicio de los mandos (tenían encargados de tomarles fotos, bolear zapatos, tender camas o hacer comida). Los patrullajes se hacían en grupos, por miedo.

La situación que describe, sin embargo, no ha variado tanto: desde el 31 de enero los 3 mil policías juarenses permanecen “acuartelados” en un hotel para evitar que los criminales los cacen cuando regresan a sus casas.

A finales de enero aparecieron en la ciudad 10 narcomantas en las que La Línea amenazaba al secretario: “Si sigues apoyando a los montaperros y agarrando pura gente de nosotros te vamos a estar tumbando un elemento diario. Para que sepa toda la ciudadanía lo corrupto que eres/

Leyzaola. Excesos

Octavio Gómez

ECONOMÍA Y FINANZAS Desde que el PAN llegó a Los Pinos, la economía nacional ha ido en picada. Esta afirmación destaca en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, recientemente difundido por la Auditoría Superior de la Federación. Pero la instancia que dirige Manuel Portal Martínez elabora un diagnóstico todavía más alarmante. El desastre –estima– es completo: crecimiento mediocre, recuperación precaria, empleos por debajo de la meta programada, déficit recurrentes…

Lapidario juicio de la ASF:

México, un desastre bajo la conducción panista

E

n su Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, divulgado el miércoles 15, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace trizas a los gobiernos panistas, al analizar 10 años de conducción de la economía: han sido un verdadero fracaso, sostiene.

El apartado sobre la revisión de las finanzas del sector público presupuestario de ese año –un legajo de 238 de las decenas de miles de páginas de las que consta todo el documento– es contundente: De 2001 a 2010, la economía mexicana registró una tasa de crecimiento anual más que mediocre: 1.7% en promedio.

Es decir, 10 años con una economía aletargada, sin bríos. Incapaz de generar el millón de empleos que se requieren cada año, meta que se lograría con un crecimiento de 6% o más, según cualquier modelo macroeconómico. Y por lo mismo, inútil para procurarle a la población mejores condiciones de vida.

Más: el crecimiento económico promedio en el gobierno de Vicente Fox fue de 2.2%. En los primeros cuatro años de Felipe Calderón, peor: sólo ¡un 1%! pudo

avanzar el producto interno bruto en promedio anual.

En su campaña por la Presidencia fue célebre la propuesta de Fox de que en su gobierno la economía iba a crecer 7%. Ni la tercera parte logró.

Reconoce la ASF en el documento que en 2010 el crecimiento fue de 5.4% –5.5%, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística–, luego de haberse desplomado -6.1% real en 2009, el peor año de la crisis financiera internacional.

Ese crecimiento fue superior al que registraron las economías industrializadas: 3.1%, pero “inferior al 6.1% que promedió el PIB de las economías de América Latina y el Caribe”.

Además, esa recuperación económica –de -6.1% en 2009 a 5.4% en 2010– fue la más pobre de entre los países emergentes y en desarrollo, dice la ASF. Las economías de estos últimos –acota– “confirmaron en 2010 su papel dinámico en el PIB mundial, al alcanzar un crecimiento de 7.3%, como consecuencia del comportamiento de su mercado interno, de mejores términos de intercambio comercial y de la entrada de capitales

por la liquidez disponible en los mercados financieros”.

No fue el caso de México, puntualiza.

Y como si no fuera suficiente, presenta una tabla comparativa –con un sesgo negativo para el país y su gobierno panista– en la que se observa que en 2010 el crecimiento del PIB de México, de 5.4%, es apenas superior al 4.4% de los países de Oriente medio y del Norte de África; idéntico al 5.4% de países del África subsahariana… pero lejísimos del 10.3% de China ó el 10.1% de la India.

O, ya en nuestra región, nada que ver con el crecimiento de 15% de Paraguay, 9.2% de Argentina, 8.8% de Perú, 8.5% de Uruguay, 7.8% de República Dominicana y 7.5% de Brasil y Panamá.

En el tobogán No hay reposo en la crítica a la conducción de la economía en los gobiernos panistas, sobre todo del actual.

Atiza el documento de la ASF: “El crecimiento real de 5.4% que se obtuvo en 2010, aunque importante, no fue suficiente para recuperar el valor del PIB en 2008,

por lo que fue menor en 1.1% real, equivalente a 94 mil 992 millones 100 mil pesos en comparación con 2008.

Y en la tabla correspondiente, que muestra el valor del PIB, año por año, se ve en efecto que, a precios de 2003, el PIB de 2008 tuvo un valor de 8 billones 915 mil 30 millones de pesos, mientras que el de 2010, con todo y el crecimiento de 5.4%, fue menor: 8 billones 820 mil 38 millones de pesos.

Con ánimo lapidario, la ASF dice: “No fue sino hasta el primer semestre de 2011 cuando el PIB a precios constantes se ubicó en 8 billones 914 mil 736 millones de pesos. Es decir, se requirieron de 2.6 años para que se registrara un nivel por arriba del PIB obtenido en 2008”.

Además de una recuperación económica pobre en 2010, ese año se confirmó lo que desde 2006 es una tendencia: la economía mexicana cada vez pierde más peso en América Latina y el Caribe.

Textual: “La economía mexicana ha disminuido su participación en el producto (PIB) de América latina y el Caribe entre 2006 y 2010: el PIB de México retrocedió 2.7 puntos porcentuales como propor-

ción del PIB regional, el mayor decremento de los cinco países más importantes de la zona, mientras que los otros cuatro – Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela– pasaron de representar 54.2% en 2006 a 56.4% en 2010”.

Y en la tabla demostrativa se ve, por ejemplo, que mientras Brasil generaba 32.7% del PIB de AL en 2006 y pasó a 34% en 2010, México caminó en sentido inverso: en 2006 su economía representaba 27.1% de total del PIB de AL, pero cuatro años después fue de 24.4%, es decir perdió 2.7 puntos porcentuales.

Una de las razones por las cuales la economía mexicana tiene un pobre desempeño, según la ASF, es su extrema dependencia de la de Estados Unidos, es decir, la pobre diversificación de su comercio exterior.

La institución que dirige Manuel Portal Martínez no concede mérito alguno a las autoridades económicas: la recuperación de 2010 –5.4%, desde el -6.1% de 2009–, dice, rebasó toda expectativa, pues el gobierno federal originalmente previó un crecimiento de 3% para el año… pero “la recuperación observada en 2010 se basó en la sólida expansión de la demanda externa asociada al crecimiento de EU, que se benefició de los estímulos fiscal y monetario aplicados (en ese país)”.

Ese tono es reiterativo en el informe de la ASF. Otro caso: Reconoce que “las políticas fiscal y monetaria instrumentadas por el gobierno federal y el Banco de México han sido eficaces para preservar la estabilidad macroeconómica en indicadores clave como la inflación de un solo dígito, tasas de interés a la baja, tipo de cambio estable y déficit manejable en la cuenta corriente de la balanza de pagos”.

Pero: “Al considerar el periodo de 2007 a 2010 –el gobierno de Calderón, pues–, se advierte que la posición fiscal del país se ha deteriorado al presentar recurrentes

déficits (sic) en los balances tanto público como presupuestario”.

Ello se debió a que “los ingresos ordinarios han quedado rezagados respecto del incremento del gasto público, lo que ha requerido de un mayor endeudamiento para financiar dichos déficits (sic)”.

Explica que los ingresos ordinarios se incrementaron a una tasa media anual de 1.1% real entre 2007 y 2010, mientras que el gasto neto pagado lo hizo en 5.2% real en el mismo periodo”.

Sesgo acusatorio El mensaje de la ASF es lapidario: estos gobiernos panistas gastan cuatro veces más de lo que son capaces de generar. Y necesariamente tienen que recurrir más a la deuda para financiar los déficit. Porque la economía, la actividad productiva –aletargada– no da para más.

Sin ambages la crítica: “En los últimos cinco años se aprecia un importante incremento de la deuda pública bruta –interna y externa– en sus distintos niveles de agregación. La deuda del sector público presupuestario fue la que mostró el mayor incremento, al pasar de 21.5% del PIB en 2006 a 33.1% en 2010, lo que significó un incremento de 11.6 puntos porcentuales”.

Y para darle sentido a esos números –con el recurrente tono acusatorio–, presenta la tabla correspondiente, de la que se desprende lo siguiente: Vicente Fox, en 2006, dejó al sector público federal (que incluye gobierno federal, sector paraestatal y la banca de desarrollo) con una deuda bruta de 2 billones 337 mil 320 millones de pesos, equivalente a 22.5% del PIB. Pero Calderón, al 2010, ya la había subido a 4 billones 445 mil459 millones de pesos, el 34% del PIB. Es decir, en cuatro años le metió a la deuda heredada de Fox otros 2.1 billoncitos de pesos más, un “aumentito” de 90.2%.

ECONOMÍA Y FINANZAS Y si se desglosa la deuda en sus componentes interno y externo, se descubren otras cosas.

La deuda interna que dejó Fox para el sector público federal fue de 1 billón 741 mil 408 millones de pesos. Calderón la fue subiendo año con año, para ubicarla en 2010 en casi 3.1 billones, un incremento de 77% o 1 billón 339 mil 477 millones de pesos más.

El caso de la deuda externa es más sintomático. Aunque como porcentaje del PIB es mucho más reducida que la interna, el brinco que ha dado es más notorio.

La deuda externa del sector público federal, al cierre del gobierno de Fox, fue de 54 mil 766 millones 300 mil dólares o 595 mil 912 millones 100 mil pesos, 5.7% del PIB. En 2010, cuarto año de Calderón, los débitos al exterior ascendían a 110 mil 428 millones de dólares o 1 billón 364 mil 569 millones 800 mil pesos, 10.4% del PIB. Es decir, Calderón elevó la deuda externa, al 2010, en 4.7 puntos porcentuales del PIB. En pesos: le agregó casi 768 mil 658 millones más, que significa un aumento de 129% respecto de la deuda externa que le dejó Fox. En dólares, a la deuda externa que Fox le heredó, Calderón le agregó, hasta 2010, otros 55 mil 662 millones, que significan un aumento de 101.6%.

Si a la deuda pública bruta se le restan una serie de activos financieros, queda la deuda pública neta. Sin embargo, las variaciones porcentuales y las diferencias absolutas son muy similares a las de la deuda bruta.

Las “recomendaciones”

Benjamín Flores

Pero la ASF va más allá de la crítica al rápido endeudamiento del país en los gobiernos panistas.

Hace una serie de cálculos técnicos y dice que el nivel de superávit primario –que es de 0.2 cuando debía ser de 1 para que la deuda sea sostenible– “es insuficiente en un futuro para cubrir el costo efectivo de los intereses de la deuda, lo que significa que el nivel de endeudamiento del gobierno federal en los últimos años ha minado su capacidad de pago”.

Y si el país no quiere llegar a situaciones de impago, como sucedió en los años ochenta, la ASF recomienda al gobierno de Calderón “impulsar condiciones para un mayor crecimiento estable y sostenido de la economía, en un marco de competitividad y productividad, así como de mayor fortaleza en las finanzas públicas y la calidad del gasto”.

Pero una política económica carece de sentido si no tiene como fin el bienestar de la población. Y en esto han

fallado de sobra los gobiernos panistas, según se desprende del informe de la ASF. En materia de empleo, dice que aunque el PIB registró un crecimiento de 5.4% real en 2010, los empleos permanentes redujeron su participación en el mercado laboral: de representar en promedio el 88.7% en 2006, pasaron a 88% en 2009 y a 87% en 2010.

En cambio, los empleos eventuales son menos pero aumentaron más. En 2006 representaron 11.3% del todos los trabajos formales en el país, pero ya en 2010 significaron 13% del total de empleos registrados en el IMSS. Otra vez, la sobadita y el coscorrón: “Durante 2010 se generaron 530 mil 321 plazas nuevas, de las cuales 323 mil 170 fueron permanentes (60.9%), lo que bien significó un avance relevante, el total de estas plazas se mantuvo por debajo del nivel observado en 2008”.

Más: “La crisis de 2009 alteró la composición del empleo, debido a que en 2007 y 2008 por cada 100 nuevos empleos permanentes se crearon 21 eventuales en promedio, y en 2010 esa relación subió a 64”.

Pero, en realidad, el gobierno de Calderón no cumplió ni siquiera en la mitad la meta propuesta de creación de empleos, dice la ASF: “El total generado de 2007 a 2010 fue de 950 mil 772 plazas de trabajo, lo que equivale a 41.7% de las 2 millones 282 mil 124 establecidas como meta en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012”.

En materia de salarios, los logros han sido igual de magros que en el empleo.

Aunque en 2010 el salario mínimo real promedio aumentó un 0.9%: de 10.05 pesos en 2009 (53.19 pesos en su valor nominal) pasó a 10.14 pesos (55.77 nominales) en 2010.

Pero resulta, dice la ASF, que esos 10.14 pesos a los que llegó el salario mínimo real en 2010, sigue por debajo de los 10.20 pesos de 2008; no se diga de los 10.42 pesos de 2007 y los 10.48 pesos de 2006.

Lo más grave, a juicio de la ASF, es que “del total de la población ocupada en 2010 (44.1 millones de personas), el 44.4% (19.6 millones de personas) percibió un ingreso de hasta dos salarios mínimos generales, lo que equivale a un ingreso mensual nominal de 3 mil 346.2 pesos.

“Si se considera que este ingreso sea el único que recibe una familia (de cuatro personas promedio), esta cantidad se compara desfavorablemente con el valor de la línea de bienestar por persona, que al cierre de 2010 fue de 2 mil 179.4 pesos en áreas urbanas y de mil 376.2 pesos en zonas rurales, lo que significa que la familia debiera recibir un ingreso mensual de 8 mil 717.6 pesos y 5 mil 504.8 pesos mensuales, respectivamente.”

Otro hecho que muestra el deterioro del empleo y del ingreso de los hogares, dice la ASF, es el aumento de las personas que están en la economía informal, que es mayor al número de quienes cuentan con un empleo formal.

Más claro ni el agua: “En 2010, en promedio, la tasa de ocupación en el sector informal como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) superó en 3.1 puntos porcentuales a la ocupada en la economía formal. En ese año, 34 de cada 100 personas en edad y condición de trabajar se emplearon en actividades informales, sin acceso a seguridad social, a prestaciones laborales y a una remuneración estable”.

Los datos: en 2006 había 14 millones 697 mil 372 personas empleadas en la informalidad, el 33.5% de la PEA. En el sector formal, asegurados en el IMSS, había Carstens. Magros resultados 13 millones 573, 677 personas, el 30.9% de la PEA. En 2010, con Felipe Calderón, los informales eran 16 millones, el 34.2% de la PEA. Es decir, 1 millón 262 mil 395 mil personas se agregaron a la informalidad, un aumento de 8.6%.

En cambio, el número de quienes se ocuparon en el sector formal sólo aumentó en 950 mil 771 personas, un 7% más.

Y así, tema tras tema, indicador tras indicador, la Auditoría Superior de la Federación se muestra implacable con la gestión económica de los gobiernos panistas, no obstante que éstos puedan presumir que han contado con sólidos equipos hacendarios, encabezados por dos secretarios de Hacienda conspicuos, de bien ganada reputación internacional: Francisco Gil Díaz, con Fox y Agustín Carstens, con Calderón. O

Las

manos sucias de Molinar En un informe sobre la cuenta pública de 2010, que la Auditoría Superior de la Federación entregó la semana pasada a la Cámara de Diputados, se confirma lo que este semanario había revelado hace casi un par de años: que el entonces director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, usó las cuotas de los afiliados a ese instituto y los fondos destinados a jubilaciones y riesgos de trabajo para rescatar empresas en riesgo de quiebra, favorecer negocios de parientes de Felipe Calderón... y también para “jugar a la ruleta”.

Pero no lo hizo con buena fortuna.

JESUSA CERVANTES

L

a administración de Felipe Calderón utilizó recursos federales y fondos de pensiones para rescatar y capitalizar empresas privadas; “autorizó inversiones en bonos de dudosa calidad”; “amarró” contratos a más de 10 años a pesar de ser un “riesgo” y entregó contratos multianuales con pérdidas millonarias para instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esto se desprende del Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2010 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por Juan Manuel Portal, entregó el miércoles 15 a la Cámara de Diputados. En el documento se informa que ante el cúmulo de irregularidades, la ASF presentó 98 denuncias de hechos ante el Ministerio Público Federal, cifra que rebasa todas las presentadas durante las revisiones de 1998 a 2009.

Pese al cúmulo de irregularidades, la ASF no presentó una sola denuncia penal,

Benjamín Flores

aun cuando la Ley de Fiscalización la faculta para ello.

Al respecto Francisco Rojas, coordinador de los diputados priistas, dijo en conferencia de prensa que hay “observaciones muy delicadas que deben ser concluidas con el resarcimiento del daño causado, con la corrección de los programas fracasados o, en su caso, con las responsabilidades penales a que haya lugar”.

Pero los diputados de PRD, PT y Convergencia anunciaron que sí presentarán denuncias penales y la primera será contra Juan Molinar Horcasitas, quien en 2010, al frente del IMSS, autorizó la especulación con dinero de pensionados, usó indebidamente 3 mil millones de pesos para un contrato multianual de informática que estuvo a cargo de un pariente de la familia presidencial y avaló permisos para estancias infantiles que no cumplían con los protocolos mínimos de seguridad, como en Hermosillo, donde 39 niños murieron quemados.

Historias conocidas Los asuntos por los que Molinar Horcasitas será denunciado penalmente fueron revelados por Proceso en dos de sus ediciones: la 1759, del 18 de julio de 2010 (La ruleta bursátil de Molinar) y la 1763, del 15 de agosto del mismo año (Y en el IMSS huele a…familia presidencial).

Este segundo caso –sobre el cual los legisladores pondrán especial atención pues se trata del posible uso indebido de 3 mil millones de pesos y en el que está implicado Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo, primo de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón–, se trata del contrato multianual 7S7279, firmado el 4 de octubre de 2007 por Molinar y Castañeda Gómez del Campo con la empresa Tata Consultancy Services (TCS) de México.

Se trata de un contrato de tres años para dar los servicios logísticos e informáticos del IMSS por “la cantidad mínima de mi 241 millones 376 mil 323 pesos hasta

un máximo de 3 mil 103 millones 440 mil 809 pesos”.

Según el informe de la ASF, hasta diciembre de 2010 se han pagado a Tata Consultancy Services “mil 770 millones 502 mil pesos”, pero por las múltiples irregularidades detectadas el IMSS ya ha tenido pérdidas por 115 millones 338 mil pesos tan sólo en 2010.

“De la contratación multianual que realizó el IMSS para el servicio de administración y soporte de aplicaciones de cómputo para los ejercicio 2007-2011, el contrato no especificó el número ni la naturaleza de los proyectos a realizar, sus prioridades, las horas-hombre requeridas, los tiempos de duración ni los métodos de estimación que se aplicarían”, indica la ASF. Y más: “De los proyectos pagados en 2010 por administración y soporte de aplicaciones de cómputo, se revisaron 41 proyectos y se encontraron irregularidades en 27: tres por 32 millones de pesos (que) se concluyeron pero no se implementaron; cuatro por 59.5 millones de pesos (que) se interrumpieron en la fase de

diagnóstico; en otros cuatro se determinaron pagos improcedentes por 3.6 millones de pesos ya que los entregables no fueron implementados; tres por 20.3 millones de pesos se cancelaron sin lograr sus objetivos; cinco no se encuentran en ambiente productivo y en 10 (proyectos) no se validó el aseguramiento de la calidad”.

En el documento se hace una serie de observaciones, como: “El IMSS no demostró llevar controles del personal asignado a cada proyecto (...) no se evidenció la certificación de calidad de los productos entregados (...) para los ejercicio de 2008 a 2010, la Dirección de Innovación de Desarrollo Tecnológico no sustentó su planeación para los servicios”.

Como director del IMSS, Molinar propuso el 14 de diciembre de 2006 a Castañeda Gómez del Campo para que encabezara esa dirección. Un mes después de que este semanario revelara su participación y la firma del contrato multimillonario, en septiembre de 2010, el primo de la esposa del presidente fue removido del cargo y el contrato se venció en diciembre de ese año.

Portal no hace referencia en momento alguno a Castañeda Gómez del Campo y se limita a establecer en cada uno de los proyectos auditados que, “no han tenido beneficio ni utilidad para el Instituto”. Sin embargo recomienda dar cuenta a la Secretaría de la Función Pública.

Desde que se anunció la licitación y los concursantes, los competidores protestaron que se le diera a Tata Consultancy debido a que era una empresa de reciente creación (2003) “y no contaba con los suficientes estados financieros ni tenía la certificación de calidad CMM15 que se pide a las empresas de tecnologías de la información. El tema lo solucionó el IMSS volviendo a convocar y la empresa se alió con Tata America International Corporation que sí tenía el certificado, reveló a Proceso en su momento el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, quien pidió desafuero y juicio político contra Molinar Horcasitas.

Esa no fue la primera vez que la “familia presidencial” le brindó servicios al gobierno federal: en su número 1622 Proceso reveló cómo las empresas Hildebrando

Ahora el pleito es con TV Azteca

JENARO VILLAMIL

E

l domingo 12 al mediodía cerca de 300 empresas de televisión por cable, en su mayoría afiliadas a Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV), suspendieron la retransmisión de los programas de los canales de TV Azteca, “derivado de la imposibilidad de llegar a un acuerdo” con el propietario de esa televisora, Ricardo Salinas Pliego, quien “pretende fijar una tarifa para cobrar las señales que difunde de manera abierta”.

La decisión abrió un nuevo frente en el sector de telecomunicaciones. PCTV emitió un comunicado en el que explica que pagar la tarifa que propone TV Azteca –0.65 centavos de dólar por cada suscriptor de televisión restringida– afectaría la economía de sus cerca de 4 millones de suscriptores que, además, recibirían “una programación obsoleta y sin valor agregado”.

Esa decisión contrasta con la postura asumida por la mayoría de los abonados a PCTV que aceptaron pagar 1.96 dólares por suscripción para retransmitir las señales de televisión abierta de Televisa (canales 2, 5, 9 y 4) más un “paquete” de 16 canales de televisión restringida del conglomerado de Emilio Azcárraga Jean, como Telehit, Golden, Unicable, TDN, Banda-

max, Ritmosón, Telenovelas y De Película, entre otros.

La comercialización de las señales de televisión abierta en los sistemas de paga por cable, satelital o inalámbrica está prohibida en la mayoría de los países, aun los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Salvo Pakistány México, casi todos han incorporado los llamados must offer y must carry como un derecho gratuito para los consumidores de televisión de paga. En el caso de México, durante el sexenio foxista se estableció un candado desde la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, en especial el artículo 144, que hizo inviables ambos servicios.

En diciembre de 2007, cuando la Comisión Federal de Competencia (CFC)autorizó la fusión de Cablemás a Televisa, impuso condiciones para ofrecer las señales de los canales 2, 4, 5 y 9, con lo que abrió la posibilidad de que éstas se vendieran “en paquete” con otros canales de televisión restringida de Televisa.

Hasta ahora las únicas empresas que demandan una legislación moderna en materia de must carry y must offer son MVS –competidor de Sky, propiedad de Televisa, a través de Grupo Dish– y la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de Méxi-

co (ARTM), que agrupa a los pequeños cableros regionales que no están afiliados a PCTV. En vísperas de que la CFC decidiera la fusión de Televisa y Iusacell, Dish publicó varios desplegados en la prensa en los que expuso: “Televisa y TV Azteca han impedido a Dish México anunciarse en sus canales de televisión abierta y en los demás medios de comunicación que ellos controlan… Televisa condiciona la retransmisión de sus canales abiertos a la compra obligatoria de 14 canales a precio fuera de mercado, mientras que TV Azteca nos ha negado sus señales”.

En marzo de 2011, el representante legal de ARTM, Salomón Padilla, presentó una demanda ante la CFC en la que argumentó que Televisa ya tiene el control del Consejo de Administración de PCTV a través de las posiciones que mantienen las cableras dominantes (Cablemás, TVI, Telum), también pertenecientesal consorcio de Azcárraga Jean.

Para Jorge Fernando Negrete, director de la consultoría Mediatelecom, la disputa entre PCTV y TV Azteca puede ser “una sopa de su propio chocolate” para Televisa, ya que fueron los abogados de esta empresa quienes modificaron la Ley Federal de Derechos de Autor para incluir las se-

y Metadata, propiedad de Hildebrando Zavala Gómez del Campo, dio servicios para el manejo de datos de instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad o el Instituto de Protección al Ahorro Bancario... y al IMSS.

Molinar rescató empresas Las irregularidades detectadas por la ASF y en las que está implicado Molinar, hoy parte de la dirigencia nacional del PAN, tienen que ver también con el uso del dinero de los derechohabientes del IMSS y de recursos de otras dependencias para pretender rescatar empresas que hoy están en quiebra. Incluso se destinó ese dinero para capitalizar a empresas como Comercial Mexicana y las sociedades Su Casita y Metrofinanciera, entre otras.

La ruleta bursátil a la que recurrió el gobierno federal implicó a tres dependencias: Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Fondo de Vivienda (Fovi) e IMSS. A las tres recurrió para que parte de su presupuesto se canalizara a la compra de bo-

ñales de radiodiodifusión y evitar el acceso pleno a las señales abiertas.

Negrete comenta a Proceso que le parece impropio que las instancias regulatorias, en especial la SCT y la Cofetel, hayan perdido el tiempo frente a esta disputa y no hayan modificado los títulos de concesión de los concesionarios de televisión y de telecomunicaciones para incorporar el concepto de “servicio público de comunicación convergente” que convertiría las señales de televisión abierta y restringida “de acceso universal, sin restricción alguna”.

–¿Es un pleito “arreglado” entre filiales de Televisa y TV Azteca? –se le pregunta.

–Más bien genera un enorme desconcierto. La otra posibilidad es demostrarle a la CFC que, a pesar de que quieren ser socios en Iusacell, Televisa y TV Azteca compiten en televisión abierta y en televisión de paga.

Frente a esta disputa, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se lava las manos. El miércoles 15 emitió un comunicado en el que afirma que es responsabilidad del Congreso de la Unión legislar en la materia, “a fin de introducir en el marco legal las disposiciones sobre el must offer y must carry, con lo cual se generarían mejores condiciones de competencia en la industria de telecomunicaciones”.

A lo que sí se comprometió Cofetel es a “buscar proteger los derechos de los consumidores de televisión restringida”, en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como a “coordinar esfuerzos con la CFC, a efectos

nos de diversas empresas o sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes); es decir el gobierno “especuló” con dinero de la población y, peor, para salvar empresas privadas distrajo las cuotas de los trabajadores al IMSS. “En SHF, Fovi e IMSS las inversiones y apoyos fueron otorgados mediante el consenso de los comités constituidos legalmente; no obstante, por el origen y magnitud de los recursos, así como por la naturaleza y riesgo especulativos de los mercados accionarios y de deuda, se puede concluir que, al amparo de decisiones colegiadas, dichas entidades del sector público han autorizado inversiones en capitales y bonos de dudosa calidad”, establece la ASF. Desde 2009, se lee en el documento, las sofomes Metrofinanciera e Hipotecaria Crédito y Casa estaban “en riesgo”,

Miguel Dimayuga

ECONOMÍA Y FINANZAS

Portal. Sin concesiones

de evitar, en su caso, la comisión de prácticas contrarias a la sana competencia en la distribución de señales abiertas”.

El convenio secreto El origen de la disputa PCTV-TV Azteca está en un contrato discrecional firmado el 24 de enero de 2005 entre los representantes legales de la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable, Alejandro Puente Córdova; de PCTV, Enrique Yamuni Robles, propietario de Megacable, y los representantes de TV Azteca, Francisco Borrego Hinojosa, Mario San Román Flores y Jorge Mendoza Garza.

En sus cláusulas tercera y cuarta, el contrato, cuya copia tiene Proceso, establece que a cambio de tener acceso a la retransmisión de los canales 7 y 13, de TV Azteca, los afiliados a PCTV se comprometían al pago en especie mediante anuncios comerciales de las empresas de Grupo Salinas de una contraprestación fijada en 1.5 millones de dólares al mes.

En otras palabras, el contrato condiciona el must carry y el must offer al pago en anuncios publicitarios de empresas que forman parte del Grupo Salinas y que no tienen relación estricta con una concesión de televisión pública abierta.

El documento consigna también que la vigencia del acuerdo es por “un año forzoso para ambas partes” y se entenderá renovado por periodos de igual término, en la inteligencia de que cuando cualquiera de las partes lo considere conveniente

podrá notificar su decisión de darlo por terminado en un lapso de “por lo menos 90 días naturales de anticipación a la fecha del vencimiento”.

Desde octubre pasado, fecha en que venció el convenio, PCTV ha enviado cartas y correos electrónicos a las cableras afiliadas en los que les anuncia que para tener acceso a las señales de TV Azteca, cada uno de sus 4 millones de suscriptores deben pagar 0.65 centavos. El monto de la “contraprestación” implica una erogación de casi 2.5 millones de dólares al mes.

La misiva del jueves 2 advierte a los concesionarios afiliados a PCTV que ninguno debe formalizar un acuerdo por separado con TV Azteca. Firmado por Bruno Pruneda, director de comercialización de señales de televisión y atención a sistemas de cable de PCTV, el documento asienta: “Tal y como les hemos venido informando, seguimos realizando los esfuerzos necesarios para alcanzar definiciones óptimas para todos ustedes en las negociaciones celebradas entre PCTV y TV Azteca para poder continuar transmitiendo sus señales y adicionalmente apoyar la distribución de otras más, sin que esto implique un perjuicio económico para todos ustedes, por lo cual se les recomienda no formalizar acuerdos por separado con el programador hasta no recibir un pronunciamiento definitivo y formal por parte de PCTV. “No obstante lo anterior, debemos ser

Benjamín Flores

“a pesar de lo anterior, en 2009 se les concedieron líneas de crédito contrarias a la normativa de SHF y Fovi por 381.9 y 910 millones de pesos respectivamente”.

Además la SHF, añade, privilegió a los intermediarios financieros no bancarios sin atender las “sanas prácticas y usos bancarios”. “En las inversiones de SHF, Fovi e IMSS en entidades financieras del sector hipotecario se determinaron observaciones sobre situaciones y prácticas que en el mediano plazo podrían impactar en las finanzas públicas”.

Un punto revelador de la ASF es que pudo comprobar que la SHF le pidió al IMSS que “reestructurara deuda quirografaria de 2007” con una sofom (Metrofinanciera) porque la empresa tenía problemas de liquidez.

“El director de SHF (Javier Gavito) solicitó al director del IMSS (Molinar Horcasitas) el 12 de diciembre de 2008 la renovación de la posición de 500 millones de pesos, con vencimiento a diciembre de 2008, ya que la empresa tenía problemas de liquidez que le impedían enfrentar sus obligaciones de pago, por lo que de

no renovar todos los tenedores tendría incumplimiento de pago, que podría obligar a la liquidación de la empresa, lo que reduciría al mínimo la posibilidad de recuperar el capital invertido; además habría un programa de apoyo al sector hipotecario para dar viabilidad al sector en el largo plazo.”

Las renovaciones de lo que sería compra de acciones o bonos de Metrofinanciera se realizaron de manera consecutiva pese a que la empresa notificó el incumplimiento de pagos y a que dos calificadoras le dieron las peores calificaciones.

El 8 de junio de 2010 el IMSS autorizó la renovación de 561 millones de pesos en la sofom y finalmente se tuvo un “valor perdido” de 199 millones de pesos, según la ASF. Hay que destacar que el dinero invertido en sofomes salió del régimen de jubilaciones y pensiones subcuenta 1 y del de invalidez y vida.

En términos monetarios, según la ASF, el dinero que está en Metrofinanciera desde 2007, “en su liquidación es incierto”. Además, en 2008 “las inversiones en Metrofinanciera sufrieron minusva-

lías por 503 millones de pesos no reconocidas ni registradas como disminución patrimonial”.

El IMSS también jugó a la bolsa para invertir el dinero de las jubilaciones en la llamada Controladora Comercial Mexicana, que está en concurso mercantil. Igualmente el instituto, según la ASF, en 2010 invirtió mil 886 millones de pesos, de los cuales 656 millones los tomó de las reservas de riesgo de trabajo.

La ASF concluye que SHF, Fovi e IMSS “al financiar” la “supervivencia” de esas empresas, “lo hizo en perjuicio de dichas entidades públicas… Con las pérdidas en el precio del mercado de sus inversiones, el IMSS afectó el monto de sus reservas y se incrementó el déficit para afrontar sus compromisos del régimen de pensiones y jubilaciones”.

La Ley Federal de Entidades Paraestatales sólo permite inversiones en casos seguros, como los bonos emitidos por el gobierno, pero no de empresas, por considerar volátil y especulativo el proceso. A pesar de todo esto el auditor no fincó una sola denuncia penal.O

muy claros de que al día de hoy prevalece la obligación con el programador de bajar sus señales el próximo miércoles 15 de

febrero a las 23:59 horas, en caso de que PCTV no llegue a un acuerdo formal con TV Azteca en nombre de sus afiliados.”

La ruptura se dio antes del miércoles 15, una semana después de que la CFC resolvió no aceptar la fusión entre Televisa y Grupo Iusacell, esta última vinculada a TV Azteca.

mercado de contenidos, ha deteriorado la calidad y ha encarecido el producto final al consumidor, porque el ‘cablero’ tiene que comprar forzosamente el paquete ofrecido y no puede escoger únicamente los canales que sus clientes quieren ver.

Entonces, el proveedor de contenidos introduce material de relleno y de baja calidad, amplía sus márgenes, y el ‘cablero’ tiene la necesidad de trasladar ese costo a su suscriptor, que termina por ver lo que los proveedores le fuerzan.”

Y ponen ejemplos: “Si los cableros tienen una oferta de 80 canales reales en promedio (el resto son de música e infomerciales) y 16 son de Televisa, ocho de TV Azteca, 15 de Turner, 14 de Fox, cinco de Disney, seis de Discovery, cuatro de MTV y dos del Estado (Canal del Congreso y Canal del Poder Judicial), el operador de la concesión de televisión y audio restringidos tiene poco margen para maniobrar el precio y el contenido porque las compras son atadas”.

Otras distorsiones son más graves.

En Grupo Dish, el sistema que abarató el costo mensual para tener acceso a televisión vía satélite, los usuarios no tienen acceso a ninguno de los canales de televisión abierta, propiedad de Televisa y TV Azteca.

En otros casos, existen cableras que se niegan a retransmitir los canales abiertos de universidades públicas o estatales, y bloquean los contenidos de las señales que no forman parte del control duopólico de televisión abierta.O

Pobreza de contenidos

Salinas Pliego. Otro revés

Este nuevo episodio en la guerra de las telecomunicaciones pone en evidencia que los contenidos en televisión abierta y en televisión de paga no están regulados acorde con el proceso de convergencia tecnológica y que las dos empresas dominantes –Televisa y TV Azteca– imponen sus condiciones y precios sin importarles el consumidor final.

Las “ventas atadas” o “empaquetadas” son práctica común desde la resolución emitida por la CFC el 1 de diciembre de 2007, arguye Salomón Padilla en su artículo Contenidos y ventas atadas, publicado en el portal de Mediatelecom: “Ahora –dice– la mayoría de los proveedores de contenido Premium (Fox, Turner, Disney, Discovery) atan sus canales y se escudan en dicha resolución, situación que ha distorsionado el

David Deolarte / Procesofoto

J U STI CI A

sórdido U

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

del caso Wallace

Documentos oficiales y testimonios de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda acusan a la virtual candidata del PAN al gobierno capitalino, Isabel Miranda de Wallace, de haber incurrido en ilegalidades, incluyendo actos de tortura, al seguir el caso de su hijo. Los relatos de madres, hermanos y hasta tíos de las personas encarceladas por estos hechos coinciden en los señalamientos: la señora Wallace está utilizando el poder que le da su “amistad” con el presidente Calderón y con el ahora exprocurador capitalino Miguel Mancera...

n día después de la desaparición de su hijo Hugo Alberto, Isabel Miranda de Wallace ya tenía localizado el lugar donde asegura que lo mataron cuando intentaron secuestrarlo. En menos de 24 horas ubicó su camioneta, dio con el departamento que denunció como escenario de los hechos que la convirtieron en figura pública y ya tenía referencias de dos de los señalados como responsables.

La madrugada del martes 12 de julio de 2005 ya había puesto una denuncia por la desaparición de Hugo Alberto. Ya sabía que una joven atractiva conocida como Claudia era una de las implicadas, lo mismo que un policía judicial. Más todavía, le dio una pista al Ministerio Público: había que localizar a Jacobo Tagle Dobin. Proporcionó su dirección.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/146/2005, abierta por la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda, gracias a la declaración de un vecino curioso, al dicho de un niño que estaba en el edificio y por un sobre que le envió a su casa un anónimo con varios correos electrónicos, empezó a reconstruir las circunstancias de lo ocurrido en el departamento 4 del número 6 de la calle Perugino, en el sur de la Ciudad de México.

En poco más de dos meses ya sabía quiénes integraban –y cómo operaba– “la

Brenda Quevedo Brenda fue extraditada de Estados Unidos en septiembre de 2009. Llegó en un avión

de la PGR en el que también viajaba Braulio Robles. Miranda la esperó en el aeropuerto con una pancarta que preguntaba: “¿Dónde dejaste a mi hijo?”. Antes de que fuera presentada ante los medios le ofreció “beneficios jurídicos”.

Brenda la encaró. Fue traslada al Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya, Estado de México. Según su testimonio, narrado en una carta fechada el 29 de noviembre de ese año, alrededor de las siete de la mañana del día 27 una custodia fue por ella para una supuesta audiencia. Con el consentimiento del director del penal la llevaron a una sala.

Dice que cuando entró vio a tres personas volteadas hacia la pared. Vestían de traje. Se pusieron pasamontañas. Tenían las manos enguantadas. Desesperada, Brenda comenzó a gritar. Afirma que la sujetaron. “Ya sabes por parte de quién venimos, hija de tu pinche madre”. Llorando respondió: “Sí. De la señora Isabel Miranda de Wallace”.

“Ahora sí vas a sentir lo que sintió Hugo el día que lo secuestraron”, sostiene que le dijeron. Enseguida, asegura, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, la tiraron al piso, la patearon en el estómago y le golpearon la cabeza.

De un maletín sacaron un juego de esposas, vendas, jeringas, grabadora, papel, pluma y “una maquinita plateada que yo asumo era de toques eléctricos”, escribió Brenda. Le taparon los ojos. Asegura que la jalaban del cabello y le acercaron la grabadora.

Uno de los hombres le dijo: “A ver si ahora sí nos vas a decir dónde está el cuerpo de Hugo. Nos vas a dar una dirección y te vamos a sacar del penal. Y si nos das un dato en falso, te vamos a torturar hasta que te dejemos irreconocible y vamos a ir con cada uno de tu familia. Tu hermano está en Canadá, ¿no?”. Brenda sostiene que la agredieron sexualmente.

Según narra, sacaron una jeringa con una sustancia roja. Le dijeron que era sangre infectada con VIH. Que se la iban a inyectar si no firmaba la confesión de que ella había sido la responsable del secuestro. Le ponían la pluma en la mano. Al cabo de un rato, tras una llamada a la puerta, recogieron sus cosas y se fueron.

Un año después, en otra carta, fechada en noviembre de 2010, refiere la supuesta tortura que sufrió el 13 de octubre anterior, cinco días después de ser trasladada a la colonia penal federal de las Islas Marías. Con el pretexto de que le encontraron unas pastillas en su cama la llevaron a “la borracha”, una celda de castigo.

Hacia las tres de la mañana ya del día 14, dos custodias la sacaron de la celda y la subieron a una pick up blanca conducida por un hombre. Media hora o 40 minutos después del oscuro trayecto, en el que escuchó y vio el mar, pararon en un lugar

con vegetación. Bajaron y la dejaron en una pequeña casa en construcción.

No había luz. Sólo una cobija vieja en el piso. Se quedó dormida sobre ella. Como a la una de la tarde, por la ventana vio llegar una camioneta tipo Van blanca, con vidrios polarizados. Se abrió la puerta y entraron cinco o seis hombres encapuchados, pantalón de mezclilla, playeras blancas de tirantes y zapatos negros.

El primero que se acercó a ella le dijo: “Ora sí ya chingaste a tu madre. ¿Te acuerdas de nosotros? Ahora sí nadie te va a oír”.

Siempre según su relato, le vendaron los ojos y la envolvieron en la cobija con cinta canela. La mojaron. Le quitaron los zapatos y los calcetines. La acostaron y al mismo tiempo le empezaron a echar agua en la nariz y la boca. Le dijeron que si no le daba lástima que su mamá pagara “por sus chingaderas”. “La íbamos a matar el día que se operó de los ojos o a dejarla ciega, pero luego pensamos que ella no tiene la culpa”.

Con la humedad la venda se le corría y distinguió los ojos café claro de uno de sus agresores, reconoció a uno de complexión robusta y velludo que a veces se ponía encima en ella.

Seguían los golpes en el cuerpo. Sangraba. “¿Ahora sí sabes por qué estamos aquí?”. “Por el secuestro de Hugo”, respondió. Uno de ellos la golpeó tan fuerte que la dejó medio sorda y le dijo: “Del señor Hugo, para ti”. Le amarraron un alambre al dedo gordo del pie derecho y le echaron más agua. Le dieron toques.

Sacaron una grabadora. “Tienes que decir que llevaron el cuerpo de Hugo al departamento de Perugino, que sacaron su cuerpo en bolsas y usaron tu coche para botarlo. Di que tú tomaste las fotos del cuerpo”. Prendían la grabadora cuando Brenda repetía: “Lo dejamos en un acueducto y en unas maletas en un terreno”.

Uno de ellos le dijo: “Más te vale no ir de David Deolarte

Lo

banda de secuestradores”: el exjudicial del estado de Morelos César Freyre Morales; la bailarina Juana Hilda González Lomelí, Claudia; el comerciante Jacobo Tagle; su novia Brenda Quevedo Cruz, y los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz.

Durante medio año la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) careció de elementos para consignar a los señalados. No fue sino hasta el 8 de febrero de 2006 cuando pudo enderezar los cargos de secuestro y asesinato a partir de una ampliación de declaración de Juana Hilda, en la que detalló la supuesta participación de cada uno.

Esa declaración contradijo dos previas en las que negaba los cargos. Pero no la ha ratificado porque fue tomada sin asesoría legal, fuera del lugar de arraigo y bajo coacción de los agentes del Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz y Braulio Robles Zúñiga, según el expediente 180/2010 abierto por el Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal.

Los ministeriales la amenazaron con hacerle daño a su familia, como ya lo habían hecho con la mamá y la hermana de César Freyre, a quienes encarcelaron por supuesta extorsión. Según se lee en el expediente, en esa declaración se incluyó un careo, no solicitado por Juana Hilda, en el que ésta supuestamente le pidió perdón a Isabel Miranda.

Fermín Ubaldo y Braulio Robles también son identificados por Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz: “A mediados de 2006 me citaron en la SIEDO. Braulio me presentó a su jefe, Fermín Ubaldo Cruz, quien me empezó a atender amablemente, pidiéndome que le dijera dónde estaba mi hija”, dice Enriqueta en entrevista con este semanario.

Brenda había huido a Estados Unidos.

Se escondió cuando Isabel Miranda colocó varios anuncios espectaculares –ella es empresaria del ramo– con su fotografía, acusándola del secuestro y desaparición de Hugo Alberto.

Sigue Enriqueta Cruz: “Obviamente no le dije nada hasta que el hombre se desesperó y empezó a golpear la mesa. ‘¡Hable, con una chingada!’, le soltó.

“Así como usted está aquí sentada, así han estado la mamá y la hermana de César Freyre y las metí a la cárcel”, le dijo. Enriqueta Cruz preguntó: “¿Y por qué las encerró?”. El ministerial se desesperó tanto que ordenó que le quitaran unos cabellos y le sacaran sangre. “¿Para qué?”, se defendió la mujer. “Para cuando encontremos muerta a su hija, porque la vamos a encontrar muerta”, le gritó el funcionario.

La búsqueda

Foto: PGJDF

J U STI CI A

Presentación de Jacobo Tagle

nuevo a tus pinches desmadres de derechos humanos. Date cuenta del poder que tenemos para venir hasta este lugar. Tenemos mucho poder. Te metiste con la persona que no debías. Esto te pasa por molestar a la señora, a su esposo y a su familia”.

Uno de los hombres le dijo: “Vas a pedir hablar con el juez y le vas a decir que te arrepientes de todo el mal que has hecho, que es cierto todo lo que dijo Hilda y le vas a pedir perdón a la señora Wallace”.

El personal que la había llevado un día antes la regresó a “la borracha”. Salió el día siguiente, pero la mantuvieron aislada. Pasó casi un mes para que la dejaran hablar por teléfono y contarle a su mamá lo sucedido.

Alberto y Tony Castillo El 12 de octubre de 2010, un día antes de la presunta tortura de Brenda, habría sido el turno de Alberto Castillo Cruz, acusado junto con su hermano, Tony, de mutilar el cuerpo de Hugo Alberto. Ocurrió en el penal de Puente Grande, que junto con el de las Islas Marías y demás penales federales dependen del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Alberto ya había sido golpeado el 8 de marzo de 2006, cuando fue detenido cerca del Monumento a la Revolución –a un paso de la SIEDO– por personas vestidas de negro y cubiertas con pasamontañas que acompañaban a Isabel Miranda.

El relato de las presuntas torturas infligidas a Alberto y las amenazas a sus familiares es hecho por la madre de ambos, María Elena Cruz Bustamante, quien sostiene que desde la fecha citada la amenazaron con matarla a ella y a su tío, Luis Carrillo Bustamante, si no decía que él y los señalados por Miranda eran los culpables de la desaparición. “Más te valía haber matado al hijo del presidente. Vas a temer el poder que tiene la señora Wallace”.

Le preguntaban por su hermano y su “prima”, Brenda Quevedo Cruz. “No es mi prima. La he visto en alguna ocasión, pero

no es una amistad”, contestó Alberto, refiere María Elena Cruz en entrevista. “Le cortaron cartucho y siguieron las amenazas.

Dos horas y media después lo entregaron a la AFI”, entonces al mando de García Luna.

El 22 de marzo de 2006 Tony se presentó en la SIEDO. Ahí lo detuvieron. Cuando declararon ante Braulio Robles, Alberto y Tony le dijeron que eran ciudadanos estadunidenses y trabajaban en México para empresas de ese país. “Aquí están en México y aquí se chingan”, les respondió.

Fueron arraigados y después de dos meses, enviados al Reclusorio Norte (Reno), donde los extorsionaron por ser “secuestradores y asesinos”. Año y medio antes de ser sentenciados, y sin aviso a la familia, los enviaron a penales federales.

Alberto a Puente Grande. Tony a Matamoros. Estuvieron segregados nueve meses.

Desde mediados de 2006, cuando fueron enviados al Reno, comenzaron las amenazas telefónicas a sus familiares: Si daban aviso a la embajada estadunidense iban a matar a sus hijos en el reclusorio. A ellos les decían lo mismo. Ya saben de parte de quién. “Como tres o cuatro veces me llamó una voz de mujer”, cuenta la madre de los hermanos Castillo.

“Fueron las mismas amenazas durante años. Ellos callados por su lado, y yo por el mío. Por el miedo de que nos iban a matar”.

Alberto, quien está por cumplir 39 años, fue enviado al penal de Puente Grande. Allí, asegura la madre, el 12 de octubre de 2010 fue torturado para que firmara su culpa. A cambio sería “testigo protegido de la señora Wallace”. “Prefiero morirme”, retó.

Como en el caso de Brenda, afirma la señora Cruz, hombres encapuchados fueron los que actuaron. Fue en un cuarto del Centro de Observación y Clasificación (COC) de Puente Grande. Los embozados lo esposaron de manos y pies. Lo envolvieron en una sábana y lo empezaron a golpear. Para asfixiarlo usaron agua y bolsas de plástico.

Un hombre le apretaba el cuello con una toalla y le tapaba la cabeza con una bolsa, mientras que otro, uno chaparro, lo golpeaba. A uno más lo describe como “un hombre peludo, corpulento, moreno”. Fue delante de Robles Zúñiga, le dijo a su familia.

“Tienes que decir que participaste. Y lo vas a hacer ante el juez”, le dijeron. Al día siguiente lo llevaron al juzgado. Ahí –afirma la señora Cruz– estaban Braulio Robles, Isabel Miranda y su hermano Roberto, a quien identificó como una de las personas que, pistola en mano, lo detuvo en marzo de 2006.

En la audiencia Alberto denunció la tortura. Al siguiente día le pasó lo mismo.

De nuevo en el COC. “¿Con que te pasaste de pendejo ayer?”.

Sigue el relato de María Elena Cruz: Uno de sus torturadores no dejaba de mirar hacia la puerta y hacia arriba. Fue

como se dio cuenta de que Isabel Miranda y el director de Puente Grande, Francisco Javier Gómez Meza, presenciaban la tortura. Una semana después Gómez Meza fue destituido, acusado de narcotráfico.

Para comprobar ese señalamiento Alberto pidió los videos de las cámaras del penal, incluido del COC. No se los dieron. Le dijeron que los borraban cada tres días.

Alberto decidió entonces que su familia avisara a la embajada estadunidense, que desde entonces los asiste. A Alberto también, primero a través del consulado de Guadalajara y ahora mediante el de Hermosillo, pues a finales del año pasado fue trasladado al penal de Guasave, Sinaloa.

Jacobo Tagle Dos meses después de las presuntas torturas a Brenda y a Alberto, Jacobo Tagle Dobin fue detenido en el Estado de México. Fue el último de los seis señalados por Miranda. Lo presentaron a la prensa el 4 de diciembre de 2010.

En una carta, fechada un día antes en Cuautitlán Izcalli, narra lo que, afirma, fueron las circunstancias de su detención: hombres encapuchados, vestidos de negro que circulaban en autos particulares lo esposaron y lo subieron a una camioneta panel blanca donde iban otros encapuchados. Le cubrieron la cabeza y al cabo de 40 minutos de trayecto, según calcula, uno de los hombres le dijo a una mujer: “Ya tengo su paquete. ¿Qué quiere que hagamos, señora?”. Según Tagle la respuesta fue: “Tortúrenlo hasta que diga dónde está mi hijo”.

La camioneta avanzó unos 15 minutos más. Cuando se detuvo le vendaron los ojos y le quitaron los zapatos y los calcetines. Le pusieron una bolsa en la cabeza. Sintió que se subieron en sus piernas y otro lo apretaba. Estaba con el torso desnudo, vendados los tobillos y los brazos.

Repitieron la operación.

Le echaron agua en la cara. Se asfixiaba. “Si se le empiezan a poner moradas las uñas, me avisan”, escuchó. De nuevo, a taparle la nariz y la boca, a echarle agua, a golpearlo en los oídos, a apretarle el estómago.

Volvieron a poner la camioneta en marcha. “Ahora sí, vamos a la Procu. Tienes que aceptar todo”.

Ahí “un señor canoso, creo que era el jefe, me dijo que iba a entrar la señora Wallace y que si no cooperaba con ella me iban a dar otra chinga… Entró un chaparro que venía de jeans y camisa a cuadros. Sacaron una pistola, cortaron cartucho y me apuntaron a la cabeza”.

Siguieron las amenazas: “Más vale que cooperes o te mueres. Te he estado buscando por todos lados y me las vas a pagar.

Tengo bien ubicada a tu mamá Raquel y a tu hermana Judith, y tenemos clavado a tu hermano Salomón”.

Relata Jacobo: “Se salió el chaparro y regresó con la señora Wallace, su hija, su sobrino y dos señores más. La señora se puso del otro lado del escritorio y me dijo que me iba a morir, que iban a lastimar a mi familia y a refundir a mi hermano (también acusado de secuestro) en la cárcel”.

Le pidió que le ayudara a refundir en la cárcel a César Freyre, Hilda, Brenda y los hermanos Castillo “porque ella era amiga del presidente Calderón, del procurador general de la República, de Miguel Mancera (procurador del DF) y de muchos políticos.

Le pidieron que repitiera lo que le decían. Cuenta que el sobrino de la señora, que no identifica, grabó la declaración, mientras que su hija escribía en una laptop.

“No me dejaron hacer ni una llamada y me hicieron firmar unos documentos que no me dejaron leer. Nos dirigimos a Cuemanco y la señora me dijo que ella me iba a señalar un lugar donde supuestamente se tiró el cuerpo de su hijo.

“Me llevaban en una camioneta tipo Van y ella iba en una Cherokee, con muchos escoltas y policía. En Cuemanco me pasaron a la Cherokee y la señora me dijo: ‘Nos vamos a detener y vas a caminar.

Donde veas una entrada de casa, dices que ahí es. Entras y vas a ver unos montones de arena movidos y vas a decir que ahí tiraron el cuerpo de mi hijo’.

“De ahí me llevaron a la Procu y en la mañana me llevaron a Toluca”. Ahí el 4 de diciembre lo presentaron a la prensa. En esa ocasión, Isabel Miranda pidió que se levantara la playera para constatar que no estaba golpeado.

En su declaración ministerial del 14 de diciembre de ese año en el Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en el penal de alta seguridad del Noroeste, en Nayarit, ratificó que fue torturado.

En esa declaración también se lee que Jacobo Tagle “igualmente desea agregar que la señora Isabel Miranda también le dejó en claro que no le convenía ponerse en su contra o negarse a declarar, porque dentro de poco iba a tener un cargo político y con más poder podría acabar con su familia”.

Tagle, de 32 años, está recluido desde octubre pasado en el penal de alta seguridad de Villa Aldama, en Perote, Veracruz.

César Freyre César Freyre Morales, expolicía judicial de Morelos y señalado por Miranda como jefe de la banda, también fue torturado para declararse culpable, asegura su madre, María Rosa Morales Ibarra, quien fue encarcelada acusada de extorsión por Luis Saucedo, a quien ésta identifica como chofer y asistente de Miranda.

Pasó un año y medio en la cárcel. Lo

mismo que su hija Julieta, coacusada por Saucedo. Las detuvieron el 8 de junio de 2006, cuando fueron a la SIEDO a ver a Freyre, detenido tres meses antes. Morales asegura que el entonces titular de la Subprocuraduría, José Luis Santiago Vasconcelos, la presionaba para que le dijera dónde estaban las casas de seguridad y las cuentas bancarias de su hijo.

Los tres fueron arraigados. César fue trasladado a La Palma y ellas a Santa Martha. Allí pasaron un año nueve meses sin que se les comprobara el cargo. Salieron libres bajo fianza cuando reclasificaron el

delito del fuero federal al común. Julieta, de 40 años, murió el 2 de octubre de 2009 de un derrame cerebral poco después de salir de la cárcel.

Dice Morales: “Después de cinco años, tuvo que firmar una declaración. Lo presionaron mucho. Casi lo matan. Recién le sacaron unos coágulos porque lo metieron muchas veces a bolsas con agua. Un testículo se le hizo más pequeño, producto de toques eléctricos. Pero le insisten en que entregue el cuerpo”. Freyre contesta: “¿Cómo les voy a entregar una cosa que ni siquiera sé que existe?”.

PO L Í TI CA / PR I

PAN y PRI, al ojo por ojo

Temprano comenzaron las hostilidades entre el PAN y el PRI con vistas a las elecciones de julio próximo. Ante la estrategia desplegada por el PAN para que la PGR investigue por posibles nexos con el narco a tres exgobernadores priistas de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el PRI se lanzó con todo para exigir en el Congreso de Baja California que los exmandatarios panistas de esa entidad Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy sean sometidos a pesquisas por enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con el Cártel de Tijuana.

JENARO VILLAMIL

E

n franca disputa desde las elecciones de Michoacán de 2011, que perdió el PAN frente al PRI, el gobierno de Felipe Calderón ha filtrado versiones de investigaciones ministeriales para vincular a tres exgobernadores priistas de Tamaulipas con el crimen organizado. Por su parte, el PRI decidió en estas dos últimas semanas responder “golpe con golpe” a la administración de Felipe Calderón, a la que acusa abiertamente de “criminalizar el proceso electoral” con estas indagatorias.

Los señalamientos se han enfocado en los tres últimos gobiernos priistas de Tamaulipas, así como en la presunta participación del crimen organizado para favorecer al priista Fausto Vallejo, quien recientemente tomó posesión como gobernador de Michoacán. El viernes 17, Vallejo advirtió que tomará “las medidas legales conducentes” contra los líderes políticos que acusan al crimen organizado de favorecer al PRI. El miércoles 15, el PRI reviró al impulsar un punto de acuerdo de la bancada local en el Congreso de Baja California para exhortar a la PGR para que investigue a los exgobernadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy por presuntos

Calderón y Joaquín Coldwell Fotos: Germán Canseco

nexos con el narcotráfico. Al mismo tiempo, su dirigente nacional, Pedro Joaquín Coldwell, envió una carta pública a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, en la que califica como “grave e inadmisible” la salida del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), José Luis Vargas Valdés.

Para los priistas el caso más delicado radica en el destape de las investigaciones de la PGR y de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) contra los exgobernadores tamaulipecos, en especial contra Tomás Yarrington. Información reciente obtenida por este semanario apunta al interés de establecer una conexión entre las investigaciones de las administraciones priistas en Tamaulipas y los dos últimos gobiernos del Estado de México; es decir, el de Arturo Montiel y el de Enrique Peña Nieto, actual aspirante presidencial priista.

El miércoles 8, el mismo día en que la DEA detuvo en San Antonio, Texas, a Antonio Peña Argüelles, presunto intermediario entre los cárteles de la droga y el gobierno de Yarrington, en el municipio de Nezahualcóyotl Víctor Manuel Torres Moreno renunció al cargo de director de Seguridad Pública del ayuntamiento que ejercía desde 2010, por recomendación de

Luis Enrique Miranda Nava, exsecretario de Gobierno con Peña Nieto.

Torres Moreno no es un personaje menor en la trama de las investigaciones contra los exmandatarios priistas de Tamaulipas. Fue subprocurador del Estado de México, bajo las órdenes de Alfonso Navarrete Prida, en el sexenio de Montiel (1999-2005). Como fiscal de Asuntos Especiales de la procuraduría estatal fue el responsable de las pesquisas del asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ocurrido el 3 de diciembre de 2004 (Proceso 1467 y 1468).

Exdelegado de la PGR en Nuevo León, exsecretario de Seguridad Pública y Vialidad en el municipio de San Pedro Garza García, Torres Moreno llegó a principios del gobierno de Montiel a la subprocuraduría estatal. Llevó como sus subalternos a Eduardo Rodríguez Masso, a quien designó en 2002 como director de Combate a la Delincuencia Organizada dentro de la procuraduría estatal, y a Javier Aguilar Fuentes. Ambos asesinados posteriormente y acusados de presuntos vínculos con el Cártel del Golfo, durante la administración de Yarrington en Tamaulipas.

En su editorial del lunes 13, la edición digital del periódico Alfa Diario, uno de los

pocos críticos a la administración de Peña Nieto y de Eruviel Ávila, publicó: “Los nombres de Eduardo Rodríguez Masso y Javier Aguilar Fuentes, por cierto ambos asesinados y jamás esclarecidas sus muertes, serán traídos nuevamente a colación…

“Infinidad de ocasiones Rodríguez Masso fue señalado públicamente como operador de Osiel Cárdenas Guillén. Las acusaciones nunca pasaron de la página de los diarios. Rodríguez Masso fue asesinado en 2007 de un balazo en la cabeza en Tamaulipas…

“En agosto de 2004, el Ejército detuvo a Ramiro Hernández, El Maty, operador del Cártel del Golfo, y a seis de sus cómplices en la casa ubicada en la Hacienda Corralejo 75, en Echegaray, Naucalpan. Les aseguraron dos millones de dólares y 160 kilos de cocaína. Uno de ellos era Javier Aguilar Fuentes. Fue acusado de delitos menores y recobró su libertad. A la postre fue asesinado de un balazo en la cabeza en el Distrito Federal.”

Rutas del Golfo Antes de ir al Estado de México a combatir el crimen organizado, Rodríguez Masso fue señalado como integrante de

la Hermandad de Comandantes de expolicías ministeriales vinculados con el Cártel del Golfo, durante la administración de Yarrington.

El reportero Arturo Rodríguez publicó que Rodríguez Masso fungió como comandante ministerial en Reynosa, Camargo y Díaz Ordaz, durante la primera etapa de José Guadalupe Herrera Bustamante como procurador estatal. En el gobierno de Yarrington fue director de la Policía Ministerial (Proceso 1646).

Rodríguez Masso encabezó el operativo para detener a Gilberto García Mena, El June. También formó parte de la Hermandad Javier Aguilar Fuentes, excomandante ministerial de Matamoros y Ciudad Victoria. Ambos vinculados a Herrera Bustamante, quien llegó como titular de la procuraduría de Tamaulipas al final del sexenio de Cavazos Lerma, un mes después de la detención de Juan García Ábrego, fundador del Cártel del Golfo.

En agosto de 2007 el gobernador Eugenio Hernández Flores nombró a Herrera Bustamante como procurador estatal, a pesar de los presuntos vínculos de su hermano Ariel Herrera Bustamante con el Cártel del Golfo, y de que la abogada regiomontana Raquenel Villanueva lo acusó de atentar en su contra. Llegó a este cargo por

segunda ocasión (la primera fue durante la gestión de Cavazos Lerma).

A Rodríguez Masso lo ejecutaron el 29 de diciembre de 2007 en su oficina de la discoteca Antrock, en Matamoros, un día antes de que tomara posesión como alcalde de esa ciudad el priista Erick Silva.

En los medios locales se aseguraba que sería el nuevo jefe policiaco de la localidad (Proceso 1646).

La conexión entre los comandantes de Tamaulipas y los gobiernos del Estado de México no se limitaba a Rodríguez Masso y a Aguilar Fuentes. Otro de los personajes mencionados fue Pablo Zárate Juárez, director de la Policía Municipal de Matamoros durante la gestión de Yarrington como alcalde de esa ciudad. En ese tiempo fue agente de la corporación Eduardo Costilla, El Coss, a la postre lugarteniente de Osiel Cárdenas Guillén y en la actualidad presunto líder del Cártel del Golfo.

Zárate se desempeñó como director de Seguridad Pública en el municipio de Atizapán, en el Estado de México (19911993). En varias ocasiones se le acusó de proteger a narcotraficantes que utilizaban ese municipio conurbado a la Ciudad de México para el trasiego de drogas.

Durante el gobierno de Yarrington (19992005), Zárate fue director del Instituto Ta-

Gustavo Graf

maulipeco de la Vivienda. También tuvo cercanía política con Luis Felipe Puente Espinoza, secretario de Transporte durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Contrataque

Benjamín Flores

Horas después de que se filtrara a la prensa que la PGR mantenía abierta una investigación contra Manuel Cavazos Lerma, actual candidato priista al Senado; contra Tomás Yarrington, y Eugenio Hernández, los tres exgobernadores de Tamaulipas, el PRI emitió un comunicado el 31 de enero último para calificar de “inadmisible” el uso de la procuración de justicia con fines políticos.

“No se puede fingir que se impone la ley violando la ley. Basta ya de usar los instrumentos de la justicia con fines electorales”, sentenció el documento, al tiempo que la dirigencia nacional priista presentó una denuncia contra los responsables de la “filtración” del expediente de la PGR. Peña Nieto viajó a Tamaulipas el jueves 2 y expresó su respaldo público a Cavazos Lerma. Como ya se indicó, el miércoles 15 el PRI confirmó que el exgobernador de Tamaulipas y exsecretario de Acción Electoral del tricolor en los últimos dos años será candidato al Senado, en fórmula con Guadalupe Flores Valdés.

El martes 7, dos días después del triunfo de Josefina Vázquez Mota en la contienda interna panista para la candidatura presidencial, el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, advirtió que Acción Nacional “va a implementar la misma estrategia que hizo hace seis años” contra el PRD. “Primero, tratar de quedarse en segundo lugar de la contienda, y luego polarizar la elección y decir que en este caso el PRI es un peligro para México, lo mismo que dijeron hace seis años del PRD”, sentenció.

El 10 de febrero, Reforma publicó que la DEA investiga a Yarrington por haber recibido millones de dólares tanto del Cártel del Golfo como de Los Zetas, a cambio de protección a sus operaciones criminales. La nota cita a una fuente anónima identificada como CS-1 (Confidential Source 1), quien acusó al exgobernador de tener vínculos con Heriberto Lazcano El Lazca y Miguel Treviño, ambos líderes de Los Zetas. Otra fuente confidencial, identificada como CS-2, señaló que el intermediario entre el gobierno de Yarrington y los cárteles fue Antonio Peña Argüelles, detenido el 8 de febrero en San Antonio, Texas, por presunto la-

fo también fue el informante en el caso contra el exalcalde de Cancún, Greg Sánchez, quien fue liberado después de ser invalidado como candidato a gobernador de Quintana Roo. El lunes 13, la dirigencia nacional del PRI dio a conocer una carta enviada desde el viernes 10 a la titular de la PGR, Marisela Morales, para criticar el nombramiento de un nuevo titular de la Fepade, en sustitución de José Luis Vargas Valdés.

En la parte medular de la misiva, firmada por Pedro Joaquín Coldwell, el PRI advirtió: “En fechas recientes, se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo federal, en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y favorecer al Partido Acción Nacional. Es inadmisible que la Fepade se convierta en un instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno.”

Yarrington. Reacción El martes 14, la bancada del PRI en el Senado se alió al PRD para expresar vado de dinero. La misma nota cita a otras su malestar por el nombramiento de Imeldos fuentes secretas de la DEA, identifica- da Calvillo Tello como nueva titular de la das como CS-3 y CS-4.

Fepade. El vocero de la bancada priista, A su vez, en la sede nacional del PRI Carlos Jiménez Macías, consideró que el se mencionó que el testigo protegido de relevo en la fiscalía es “una señal muy pela PGR en las acusaciones contra los tres ligrosa” debido a que “el gobierno ha heexgobernadores de Tamaulipas es José cho uso de las instituciones públicas para Salvador Puga Quintanilla El Pitufo, el mis- combatir a sus adversarios”. mo personaje cuyas declaraciones fueUn día después, por mayoría de 16 voron la base para la detención masiva de tos (PRI, Partido Verde, Partido Estatal de funcionarios y alcaldes de Michoacán, Baja California, PT y PRD), cuatro en conen 2009, por presuntos vínculos contra el tra (PAN) y dos abstenciones (Panal), el narcotráfico. La mayoría de los implicados Congreso de Baja California aprobó un en el Michoacanazo salieron libres. El Pitu- punto de acuerdo para exigirle a la PGR que investigue a los exgobernadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy por enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con el Cártel de Tijuana.

En la argumentación del punto de acuerdo, impulsado por el PRI, se recordó que en 1989 Ruffo inició su campaña a la gubernatura con 500 mil dólares de financiamiento del Cártel de los Arellano Félix y se le acusó de encubrir a su hermano Claudio. Asimismo, se mencionó que los sicarios detenidos en el ataque a la discoteca Christine de Acapulco tenían credenciales de la Procuraduría de Justicia de Baja California.

David Lozano Pérez, presidente de la XX Legislatura estatal, recordó también que cuatro escoltas de Ruffo murieron asesinados por supuestos nexos con el narcotráfico: Carlos González Félix, Carlos Aboytes Rodríguez, Diego Morales. Reacomodos en la PGR Hernández Levya y Jaime Ruelas. O

Foto: Morena

P O L ÍT ICA / I Z Q U I E R DA

Empresarios panistas

voltean E

ÁLVARO DELGADO

a la izquierda

A diferencia de la campaña presidencial anterior, esta vez muchos hombres de negocios han escuchado la propuesta política y económica de Andrés Manuel López Obrador.

De esto habla Alejandro Gurza Obregón, coahuilense lastimado por la corrupción del exgobernador Moreira y la complicidad de Peña Nieto, pero admirador de la entereza de Josefina Vázquez Mota y convencido de la viabilidad del candidato de la izquierda. Esto, a pesar del riesgo de bullyng por parte de sus compañeros del PAN.

n las reuniones de empresarios con Andrés Manuel López Obrador, que han tomado un auge inusitado a través de la organización ciudadana Despierta México, apareció uno muy peculiar: Alejandro Gurza Obregón, concesionario de Ford en Coahuila y militante del Partido Acción Nacional (PAN) durante casi seis décadas.

–¿Usted apoyando a López Obrador? – le inquirió el reportero.

–Sí –respondió por teléfono desde Torreón–. Andrés Manuel ya tiene el sur y el centro. Nosotros ya le abrimos el norte.

En una rápida visita a la Ciudad de México, el miércoles 8, y tras participar en una reunión del Movimiento Progresista, la coalición de partidos que impulsa a López Obrador, Gurza Obregón explica las razones de su apoyo a éste que, en 2006, también denominó “un peligro para México”.

“Yo también lo dije. Ahora yo digo que no es un peligro para México, es un bien para México. ¿Quién sí es un peligro para México? ¡Enrique Peña Nieto, sin ninguna

duda!”, sentencia sobre el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Gurza revela que hace dos años Peña Nieto lo invitó a su proyecto y se encontraron en la Ciudad de México, pero cuando le reprochó la corrupción de Humberto Moreira, el gobernador de Coahuila que luego sería presidente del PRI, el priista se enfureció y, “grosero”, puso fin a la reunión.

“Le dije: ‘¿Cómo que se tiene que ir?

Me hizo venir desde Torreón para verlo y nada más porque digo que Moreira es un ratero usted se molesta’. Le dije también: ‘No puedo apoyarlo ni acompañarlo en la campaña, no estoy de acuerdo con usted’.

Y terminó el encuentro bruscamente. Peña Nieto no tiene capacidad para ser político y menos presidente.”

–¿Y por qué no apoya a Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN? –Es mi amiga, pero…

El empresario lagunero hace una pausa, elogia a la panista por la que votó como militante activo en la elección interna del PAN, el 5 de febrero, pero aclara que ya ha tomado una decisión, que debe ser respetada.

“Yo en conciencia pienso en lo que más le conviene a México. Puede gustarle a una persona o a otra disgustarle, pe-

ro mi decisión es con toda honestidad y por amor a México. Si no les gusta lo siento mucho.”

Vehemente, afirma: “¡Porque no hay nadie que me tache de corrupto ni de traidor! El traidor es aquel que se traiciona a sí mismo en sus principios y en su forma de hacer y de actuar. ¡Yo no he traicionado a mis principios ni a mi forma de actuar!”

Tampoco, subraya, ha traicionado al PAN, de cuyos gobiernos está desilusionado: “Hay panistas que han sido también muy corruptos. ¡Desgraciadamente no han cumplido al llegar al gobierno como hubiéramos queridos los mexicanos!”

Y acusa: “Vicente Fox desperdició grandemente la oportunidad de cambio y no agarró ni tepocatas ni peces flacos ni gordos. En eso Felipe Calderón fue más de lo mismo”.

Precursor de la participación del empresariado en política, Gurza es un panista de prosapia: Ingresó al PAN en 1954, invitado personalmente por Manuel Gómez Morin, el fundador, y fue amigo íntimo de Manuel Clouthier del Rincón desde que eran estudiantes en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

“Fui de los que lo convencieron a Clouthier de que se saliera del PRI y que se metiera al PAN”, revela Gurza Obregón sobre el excandidato presidencial en 1988, cuya hija Tatiana se declaró públicamente a favor de López Obrador, apenas el lunes 13, en una entrevista con el diario Noroeste, que fundó su padre.

“México requiere un cambio profundo, y la única persona que puede dárselo en este momento es él”, declaró Tatiana, mientras que Manuel, el primogénito y quien cuatro días antes declinó buscar la candidatura a senador por el PAN, analiza la invitación para ser candidato de la coalición lopezobradorista.

Para Gurza, López Obrador ha madurado y ha modificado conductas respecto de 2006, pero también se conoce más su desempeño como gobernante y su honestidad: “Gobernó la ciudad más grande del país y no hay nadie que diga que se robó el dinero. Podrá haber quien lo diga y lo calumnie, pero que lo compruebe, ninguna persona.

Entonces sí es un garbanzo de a libra”.

Amigo también de Cuauhtémoc Cárdenas, Gurza se entusiasmó porque, por fin, éste le dio su respaldo público a López Obrador, el martes 7: “Le hablé para felicitarlo. Es un hombre bueno”.

–¿No es una foto que llega seis años tarde?

–Pero ya llegó, es lo bueno.

Ni izquierda ni derecha A sus 76 años, con dificultad para caminar por las secuelas de un atentado en

su contra ordenado según él por Moreira –“por llamarlo corrupto” –, Gurza Obregón se embarcó a otro más de los proyectos de participación cívica en que ha participado desde que, en 1954, lo invitó Gómez Morin al PAN. “Tenía yo 18 años y en la elección del 8 de diciembre no permití que se robaran las urnas de una casilla de Monterrey. Me habló, me dijo que necesitaba jóvenes como yo. Le dije: ‘Cómo no, Manuel, le entro’. Y desde entonces he participado en el partido, pero no he ocupado puestos públicos”.

Desde los setenta, Gurza se involucró en la defensa del voto y con mayor intensidad en los ochenta con la fundación, en 1987, del Instituto México Estados Unidos (MUSI, por sus siglas en inglés), que él presidió y cuyo vicepresidente era Javier Livas Cantú, quien hace dos meses pretendió ser candidato presidencial del PAN. Al MUSI, que fue duramente criticado por el gobierno de Miguel de la Madrid por sus denuncias de fraude electoral en Estados Unidos, siguió la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo (Adese), creada en febrero de 1988, con la participación, entre otros, de Porfirio Muñoz Ledo, Rogelio Sada Zambrano, Carlos Ímaz, Carlos Monsiváis y Enrique Krauze.

Ubicado en el presente, asqueado de la corrupción económica y moral propiciada por los Moreira en Coahuila y la impunidad en todo el país, Gurza Obregón advierte de la “delicadísima” situación del país y advierte de la urgencia de un cambio que recupere la paz y proceda a combatir la corrupción y la pobreza.

Por eso participa en Despierta México, una organización ciudadana que se dio a conocer en Monterrey el 19 de octubre, auspiciada por el empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, su amigo, quien fue uno de los principales impulsores de Fox y, hace seis años, de Calderón.

Al de Monterrey siguieron encuentros empresariales con López Obrador en Torreón, organizado precisamente por Gurza y el expriista Armando Guadiana; en Mérida, Yucatán, cuyo anfitrión fue Nicolás Madahuar, y luego en Guadalajara, Jalisco, con el auspicio de Juan Mario Sahagún y Tomás López.

Gurza define a Despierta México como un movimiento ciudadano que busca unir a todos los mexicanos en una nueva fundación del país, ejerciendo el poder y adoptando la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos. Dice que surgió para hacer posible el deseo de paz, seguridad, justicia, libertad y democracia.

“Despierta México busca superar las divisiones que nos han impuesto, consolidando la democracia y el progreso de México. Queremos evitar que vuelva la dictadura del PRI o que el país continúe en el camino del fracaso del PAN”, puntualiza.

Identificado con López Obrador, el movimiento se propone la paz y la prosperidad económica para todos los mexicanos a través de la participación política en el proyecto de regeneración de ese candidato presidencial.

“Apoyamos a Andrés Manuel, pues es el único líder actualmente capaz de proteger los intereses de los mexicanos y refundar nuestra nación para colocarla en el panorama global al nivel que le corresponde: una potencia mundial.”

Gurza enfatiza que se trata de unir a los mexicanos: “Yo le he dicho a Andrés Manuel y hoy se lo dije a Manuel Camacho, en la reunión que tuvimos: ‘Dejémonos de izquierdas y derechas, de liberales y conservadores, y que los de arriba, de abajo y del centro, eso lo único que hace es dividir al mexicano y no ponernos de acuerdo en lo que queremos’.”

Añade: “Le dije a Andrés: ‘Lo que necesitamos es pensar en un solo México y hacer un equipo con un programa de trabajo y una sola meta, que es generar empleos para darle oportunidades a la gente que no tiene, y acabar con la miseria. Generando empleos y buenos salarios y oportunidades ayudamos también a que vaya disminuyendo la inseguridad.”

El cambio, para él, exige también enseñar valores y terminar con el cacicazgo de Elba Esther Gordillo: “Eso es lo que necesita México: quitar a la profesora y todo el mugrero de falsedad, de educación que no hemos tenido en México”.

Panistas corruptos

Miguel Dimayuga

La conversación se celebra en una relojería ubicada sobre la avenida Mazarik, en Polanco, y propiedad de su amigo Hermi-

Gurza. Lopezobradorista

nio Téllez, a quien convenció de independizarse y con quien de vez en vez se reúne a charlar.

Católico practicante, Gurza Obregón ostenta en el saco un dije con la imagen de Cristo Rey – “el que se avergüenza de su creencia no merece ningún respeto” –, se pronuncia porque “cada quien profese la religión que quiera” y atribuye la violencia y la corrupción a la pérdida de valores: “Se oye raro, pero si en este país se respetaran los mandamientos de la ley de Dios, que vienen desde Moisés y que no son para los católicos, sino para todos, no tendríamos esto. Amar a tu prójimo como a ti mismo, no matar, no robar... ¡Es algo muy sencillo, son los derechos naturales y las obligaciones naturales!”

A Gurza lo ofuscan la corrupción y la impunidad, como las del clan Moreira, en especial el exgobernador: “Destruyó la moral de muchísimas personas de Coahuila, de quien no se creía que pudieran corromperse y las destruyó moralmente. ¡Es una vergüenza lo que ha escrito Catón por dinero. ¡No tiene vergüenza!”

–¿Qué hizo Armando Fuentes Aguirre, Catón?

–Lea sus escritos cómo defendió a Moreira, una persona que no es defendible por ningún concepto.

Lo mismo hizo Peña Nieto en la reunión que tuvieron hace dos años y que terminó de mala manera. “Después de hablar con él yo le dije: ‘No puedo apoyarlo ni acompañarlo en la campaña, no estoy de acuerdo con lo que está usted haciendo’. Y se puso en un plan grosero. ‘Me tengo que ir’, dijo. Ah, pues váyase”.

–¿Así terminó el encuentro?

–Así, bruscamente. No tiene capacidad para ser político y menos presidente.

No es la manera de tratar a una persona que usted invita para que colabore con usted, y porque le diga que su compadre o su íntimo amigo es un corrupto se enoje.

Bueno, ahí están las consecuencias: lo tuvo que quitar a fuerza, porque seguía apoyándolo, como presidente del partido.

Pero, además, Peña Nieto tiene otros pendientes: “¿Por qué como gobernador del Estado de México no hizo nada contra su pariente Arturo Montiel, que todo mundo dice que es un corrupto, hasta su segunda esposa? Porque no tienen vergüenza. Cómo se puede confiar en una persona de esas para gobierne el país. No se puede tener confianza en él.”

Los panistas tampoco se salvan: “En el caso de Fox, por ejemplo, a mí me decepcionó. Habiendo votado y habiendo hecho lo imposible por que llegara, creo que su señora le ha hecho mucho daño. ¿Por qué, habiendo tenido la oportunidad de hacer toda una limpieza, no lo hizo? Para mí es una incógnita.”

De Calderón rescata el combate al cri-

men organizado, pero alude a prácticas fraudulentas en el PAN y las corruptelas de panistas en los gobiernos: “Los panistas corruptos son más culpables que los priistas corruptos, porque al menos éstos ya saben que pueden robar y ser impunes, pero que los panistas lo hagan no tiene perdón de Dios. Porque precisamente el PAN se creó como un partido en defensa de México y contra la corrupción y la impunidad.”

Y sobre su amiga Vázquez Mota, a quien califica de respetable y a quien invitará también a Torreón para que hable ante la comunidad, Gurza la compara con López Obrador: “Tendríamos dos buenos candidatos: Andrés Manuel y Josefina. Josefina no ha llegado a gobernar como Andrés Manuel y con él tenemos la experiencia de que gobernó bien. Comenzó con los pisos elevados, en los que nadie creía, no se ha caído ninguno, ni cobró comisiones con la hechura, ni hay nadie que diga y hubo corrupción, nadie”.

–El PAN sí ha sido crítico.

–Podrá haber sido, pero no puede calumniarlo en el sentido de que robó o que fue deshonesto, y si lo dice y si lo afirma alguien en el PAN, es deshonesto o es desconocedor.

–Corre riesgo de que lo expulsen, como a Manuel Espino.

–A mí no tienen por qué expulsarme.

Antes de que me expulsen, me retiro. ¡Yo no cometí ningún acto en contra del partido, ninguno! Que piense diferente y no esté de acuerdo con cómo han actuado políticamente, es mi derecho, es mi libertad y es mi creencia. Y si creo, y es mi derecho y mi libertad, lo puedo hacer, ¿por qué no?

Apoyado por su familia en su definición política, el empresario lagunero acepta que ha recibido críticas: “Me ha reclamado mucha gente. ¿Por qué estoy con Andrés? Porque quiero, porque soy libre. ¿Para qué les contesto más? Si me pongo a dar explicaciones hay unos que no van a entender. ¡Hay unos que me han calificado de traidor! Pero por teléfono, no en persona.

–¿Cómo?

–Hubo uno que le hablé para felicitarlo por Navidad y Año Nuevo y me contestó horriblemente. No le contesté nada por respeto a la amistad anterior. No creo que yo merezca de mi amigo tratarme como me trató. ¡Yo no soy traidor de nadie! Si yo no me estoy traicionando a mí mismo, ¿por qué me llama traidor? Pienso diferente en materia política, eso no es traición.

–¿Fue un panista?

–Vino de una persona que quiero mucho. Algún día él se va a arrepentir de cómo me ofendió. No doy su nombre, pero es una de las personas que más me han lastimado en mi vida por la forma, el tono y lo que me dijo. Me quedé callado y aguanté el insulto, sin merecerlo. O

Foto: Especial

P O L ÍT ICA / I Z Q U I E R DA

“Amorenados” ROSALÍA VERGARA

Hartos de la ineficiencia y corrupción de las administraciones federales panistas, cada vez más empresarios del norte del país comienzan a simpatizar con las ideas del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño se ha reunido con ellos y ha mostrado un rostro diametralmente opuesto a aquél que tanto daño le hizo hace seis años, en parte gracias a la campaña sucia desatada en su contra. Ahora la clase empresarial analiza con cuidado la propuesta económica del Movimiento de Regeneración Nacional y descubre con sorpresa que coincide con ella.

E

n un hecho insólito, pequeños y medianos empresarios del norte del país, especialmente de Coahuila y Nuevo León, se han unido al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) encabezado por Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista, formada por el PRD, PT y el Movimiento Ciudadano.

Personajes como Alejandro Gurza –de la industria automotriz– y Armando Guadiana –quien formó la asociación civil Claridad y Participación Ciudadana (CPC) para exigir la transparencia del endeudamiento millonario de Coahuila provocado por el exgobernador priista Humberto Moreira– se sumaron al Proyecto Alternativo de Nación del tabasqueño.

Forman la CPC unos 700 miembros, entre empresarios, simpatizantes y adherentes. Entre 25 y 30 de ellos son mujeres y hombres de negocios de La Laguna, co1842 / 19 DE FEBRERO DE 2012

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P O L ÍT ICA / I Z Q U I E R DA mo Pedro Müller, Marcela Sánchez o Pedro Fuentes.

No es la única agrupación que respalda el proyecto económico de López Obrador. También está Despierta México (DM), que de acuerdo con su página de internet (www.despiertamexico.org) “es un movimiento ciudadano que busca unir a todos los mexicanos en una nueva fundación de la nación, ejerciendo el poder y adoptando la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos”.

Agrega que ahora “los mexicanos están unidos por el deseo de paz, seguridad, justicia, libertad y democracia”. Por eso, dice, “esta congregación busca consolidar la democracia y el progreso de México evitando que vuelva la dictadura del PRI o que el país continúe en el camino del fracaso del PAN”.

Y señala que para lograr lo anterior están abriendo la puerta de su participación política en el proyecto de regeneración que Andrés Manuel López Obrador propone para sacar adelante al país.

“Apoyamos a Andrés Manuel pues es el único líder actualmente capaz de proteger los intereses de los mexicanos y refundar nuestra nación para colocarla en el panorama global al nivel que le corresponde: una potencia mundial”, dice DM, quien invita a unirse al proyecto y pide que cada adherente convenza a cinco personas más para sumar voluntades.

Antes, la asociación civil Encuentro, creada en octubre de 2010, organizó reuniones con empresarios. Esta agrupación tiene como secretario técnico a Alfonso Durazo, exsecretario particular de Vicente Fox, quien renunció al cargo alegando intromisión de la esposa del entonces presidente, Marta Sahagún, en las decisiones del Estado. Funciona con tres coordinaciones: la de Sociedad Política, encabezada por el senador Dante Delgado; la de Organizaciones Sociales, a cargo de Ricardo Cantú, y de la Sociedad Civil que operará Federico Arreola.

El contacto “Después de cinco años Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta de que era necesario acercarse a los empresarios para transmitirles su mensaje acerca de la transformación del país y diluir la imagen del tabasqueño como antiempresarial, forjada en 2006 durante la guerra sucia electoral desatada en su contra, lo que todavía prevalece en un sector de la sociedad”, afirma el empresario coahuilense Fernando Turner en entrevista con este semanario.

El 4 de octubre del año pasado unos 60 empresarios invitaron a López Obrador a presentarles su proyecto económico en el Club Industrial de Monterrey, narra Turner, quien es presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes,

organización ajena a las grandes corporaciones empresariales.

El empresario regiomontano Malaquías Aguirre lo presentó ante un público que en principio lo recibió con desconfianza. Más adelante el tabasqueño se reunió con el exgobernador de Nuevo León Fernando Canales Clariond, quien después se sumó públicamente a la campaña y cuyo hijo, Fernando Canales Stelzer, se inscribió como candidato a diputado federal por Morena.

Un día después, el 5 de octubre, se realizó un acto en el Centro Internacional de Negocios de Monterrey, en el que se esperaba la asistencia de unos 400 empresarios; llegaron casi mil. Ahí Alfonso Romo, quien fue uno de los Amigos de Fox y preside la casa de bolsa Vector, reconoció que “en el pasado repudió a su ahora invitado y que ahora lo observa como la solución que necesita el país”.

Más tarde se reunió con 120 hombres de negocios en el Club Hípico La Silla, donde estuvieron los empresarios Ramiro Guzmán (del ramo de la construcción), Raúl Leal (transportista) y Ernesto Milmo (del sector de la telefonía).

“Después de esto nos invitó a una reunión en México. Fue en el University Club. Estuvo muy concurrida y por cierto al otro día no salió nada en los periódicos, a pesar de que había cámaras de televisión y periodistas... al otro día, cero comentarios”, se queja el entrevistado.

Turner –enlace de Morena con empresarios y propuesto por López Obrador como secretario de Economía en caso de ganar la elección presidencial– afirma que en ese encuentro resumió sus ideas sobre el nulo crecimiento económico del país y añade que la propuesta del Nuevo Proyecto Alternativo de Nación era parecida a una realizada por el sector empresarial independiente en 2006 pero que no fue suscrito por ningún aspirante.

“Comenté que la propuesta de Andrés Manuel era parecida y coincidente y dije que creía que Andrés Manuel era un hombre de buenas intenciones que buscaba el bien común, que si bien algunas personas no lo entendían era porque no lo escuchaban y porque ya había un prejuicio que impedía que su mensaje fuera analizado objetivamente. Que podríamos estar de acuerdo o no con sus ideas, pero no era de ninguna manera correcto desecharlo, atacarlo; no se trata de una guerra, es una lucha de visiones y propuestas”, explica.

Cuenta que posteriormente López Obrador lo invitó a sumarse a su equipo impulsando el proyecto económico de Morena con el sector empresarial.

“Me preguntó si conocía a Alfonso Romo. No éramos muy amigos pero nos conocíamos. Nos habíamos visto en Monterrey, me acababan de invitar a una reunión donde estuvieron muchos empresarios

con Romo y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe y me dijo: ‘Habla con él. Él también está dispuesto a ayudar’. Desde ahí empezamos a apoyarlo más abiertamente, contactándolo con empresarios medianos, pequeños y grandes”.

Esto, dice, sirvió a los empresarios para conocer sus ideas y planteamientos de manera más concreta y “además de comprobar que sus planes y proyectos son viables, vimos que tiene una visión ordenada del manejo económico, que no era una persona que no supiera o desconociera cómo manejar las finanzas de un Estado; lo hizo en el DF y lo hizo muy bien, por cierto”, puntualiza.

Nos pidió –sigue Turner– que esas ideas las plasmáramos junto con Rogelio Ramírez de la O –quien sería secretario de Hacienda de ganar AMLO la Presidencia– y con Adolfo Hellmund. Éste y los empresarios Manuel Tamez, Alfonso Romo, Elian Rodríguez, Ernesto Lozano y José Luis de la Cruz, entre otros, hicieron un proyecto económico bien armado, mezclando ambas propuestas que no han sido tomadas en cuenta porque “los tecnócratas se han dedicado a reforzar los hilos del Estado y ya”.

Turner sostiene que los gobiernos tecnócratas ponen como pretexto la no aprobación de las reformas política, laboral y energética como pretexto para justificar la falta de crecimiento, pero en el fondo es que los empresarios no están invirtiendo en México y por eso no hay empleos. Para lograr el desarrollo es necesario reducir el gasto público, en lo que coincidieron con López Obrador porque cada nuevo gobierno implanta el aumento a los impuestos como su primera medida a fin de recaudar más dinero para la administración pública.

Cambiar de abajo hacia arriba El miércoles 8 Armando Guadiana anunció cinco posibles precandidaturas a diputados y senadores para el sector. Dio algunos nombres: Lenin Pérez, Juan Pablo Rodríguez y Jesús González Schmal –quien el año pasado contendió por la gubernatura de Coahuila por el PT–. Guadiana se descartó como aspirante a un cargo porque “lo más importante es que llegue López Obrador a la Presidencia”, asentó.

Acompañado de Alejandro Gurza comentó que realizarán la Expo Deuda en Monterrey para informar a la población cómo el exgobernador priista Humberto Moreira endeudó al estado; después irán a Veracruz y a otras entidades donde los priistas son los administradores del erario y están muy endeudados.

Guadiana señaló que en 2006 los empresarios le otorgaron “doscientos veintitantos mil votos” a la Coalición Por el Bien de Todos, pero confían en superar los 350 mil votos para López Obrador este año, suficientes

para ganar la primera mayoría. “¡Claro que vamos a tratar de lograr la mayoría absoluta para el Movimiento Progresista!”

Propuesta consensuada Fechada el 26 de enero de 2012, la propuesta económica convenida entre Despierta México y Morena plantea que el crecimiento económico no depende de las reformas estructurales.

Comienza con datos históricos sobre la tasa promedio de crecimiento por sexenio desde el gobierno de José López Portillo (6.5%) hasta Felipe Calderón (0.8%). Explica que en cinco sexenios se ha aplicado “la receta equivocada” para el desarrollo nacional, beneficiando “a unos cuantos”, favoreciendo al gobierno y no a la sociedad. Propone que el sector productivo sea el motor del desarrollo y dedica cuatro fojas a ilustrar con gráficas el descenso del Producto Interno Bruto.

Cita a López Obrador, que promete no aumentar los impuestos “en términos reales” ni crear nuevos, pero sí aumentar la inversión pública eliminando privilegios a altos funcionarios, quitando los gastos superfluos del gobierno y combatiendo la corrupción, con lo que se ahorrarían 600 mil millones de pesos.

Señala que en 30 años ha habido un desbalance de precios relativos que desalientan la inversión nacional, debido a que el gobierno ha usado monopolios estatales para recaudar y financiar un gasto público corriente e improductivo.

Esto, señala el documento, se refleja en la existencia de 57 millones de pobres, 20 millones de desempleados, 13 millones en extrema pobreza, grave inseguridad y pérdida de la imagen nacional y confianza en México.

La solución, indica, es “operar un gobierno austero, aplicar la política de precios de energía competitivos y lograr mayor competencia interna, entre otras cosas, con lo cual se logrará disminuir la pobreza en 13 millones de personas, eliminando la pobreza alimentaria; se generarían 7 millones de empleos productivos, permanentes y formales. “¿Cómo se llega a esta meta? Incrementando la inversión privada mexicana y pública en 16% anual, con lo cual podemos lograr crecimiento económico arriba del 6% anual y mejorar en 30% el poder adquisitivo del salario”, apunta.

“Este plan recoge las demandas añejas del sector productivo. Será muy efectivo y definitivamente detonará el desarrollo perdido. Como empresarios seríamos miopes o algo peor si no lo apoyamos. Representa una gran oportunidad para que se creen las condiciones de realizar nuestra misión y desplegar nuestras capacidades al servicio de la nación”, dice Turner a

Proceso. El objetivo, agrega, es convencer a seis millones de pequeños y medianos empresarios de todo el país.

Turner, contador público, nació en Nueva Rosita, Coahuila, el 30 de mayo de 1944.

Egresado del Tecnológico de Monterrey, fue trabajador de Altos Hornos de México, en Monclova, Coahuila, en 1966. Diez años después y hasta 1982 fue director corporativo de Tesorería del Grupo Industrial Alfa.

Su primera empresa fue una heladería en Nueva Rosita fundada en 1966, pero en 1982 adquirió unas acciones de Alfa. Durante esos años y hasta 2009 fue presidente del Consejo de Administración, director general ejecutivo y accionista mayoritario

de Katcon, dedicada a la fábrica de autopartes; de Bienes Turgon, controladora de empresas y desarrolladora inmobiliaria: Hultek, fabricante de partes moldeadas y extraídas de hule; Asesoría y Servicios Integrales de Manufactura, entre otras. Es dueño de 10 empresas en todo el mundo.

En 2009 Katcon se convirtió en una compañía global con plantas en Venezuela, Polonia, China, Sudáfrica, Australia e India, así como centros de investigación y desarrollo de tecnología en Estados Unidos, China y Luxemburgo. En 2010 fue reconocido con el premio Entrepreneur of the Year en la categoría manufactura de Ernst & Young.

MINERIA

negros como el carbón

La minería del carbón en México es una zona de desastre: accidentes recurrentes con resultados fatales, violaciones de todos los derechos laborales, explotación de menores y una cínica ausencia de responsabilidad de los empresarios mineros. A partir del escándalo desatado hace seis años por el siniestro en Pasta de Conchos –donde murieron 65 trabajadores– ha habido varios intentos por vigilar y regular la extracción carbonífera en Coahuila... pero esos intentos se han topado, incluso dentro del Legislativo y el Ejecutivo, con un infranqueable muro de intereses económicos y políticos.

A

seis años del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, la minería del carbón en México sigue en un estado deplorable: nulas medidas de seguridad, lo que causa constantes muertes; violación de derechos laborales; ausencia de seguridad social; explotación de menores e impunidad de los empresarios mineros protegidos por los gobiernos federal y estatal.

En las minas del carbón hay “condiciones equiparables a la esclavitud, al mismo grado de deshumanización que el visto en las minas de esclavos de la Alemania nazi”, dice el senador panista Ricardo García Cervantes, quien desde hace un año impulsa la creación de una instancia que vigile al sector carbonífero en la entidad, pero que se ha topado con los intereses de sus pares en el senado y sus correligionarios en el gobierno.

Por sus acciones, omisiones, mentiras y justificaciones, el tratamiento del tema carbonero constituye el ejemplo de la política laboral que ha caracterizado el sexenio de Felipe Calderón, según Carlos Rodríguez Rivera, uno de los investigadores del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

La madrugada del 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México (IMMSA, subsidiaria del Grupo México), 65 trabajadores murieron sin que hasta el momento se haya definido qué causó el percance letal, pues la empresa y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se obstinan en mantener cerrada la mina.

Durante el último año del gobierno foxista y los primeros cinco del de Calderón, activistas y familiares de las víctimas han exigido que se recuperen los cuerpos y se haga un peritaje confiable. No han logra-

do más que evasivas fundadas en engañosas interpretaciones técnicas y jurídicas.

“No es que no se quieran sacar los cuerpos, es que no se quiere decir qué pasó, conocer la vedad para que haya justicia. El Estado renunció a conocerla y por ende, a ejercer la rectoría que dejó en manos de la empresa.

“La verdad se ha negado en las instancias nacionales y vamos a sacar los cuerpos por normas internacionales, toda vez que ha habido una absoluta falta de voluntad política y de criterio en el país”, expone García Cervantes, quien se confrontó más de una vez con Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo, por este tema.

A pesar de las numerosas evidencias que demuestran el incumplimiento de la función gubernamental, las administraciones panistas insisten en rehuir su responsabilidad, en negar que en las minas se vulneren sistemáticamente los derechos laborales fundamentales y en ignorar las exigencias de justicia.

La Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) inició a lo largo de estos años al menos 60 procesos jurídicos civiles, penales, laborales o administrativos, pero a todos les han dado carpetazo. También los procesos internacionales han dado largas al tema, aunque ponen en evidencia al gobierno de Calderón.

Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde parecieran querer evitar que el asunto afecte la salida de Calderón, considera Carlos Rodríguez, quien además señala que García Cervantes. Propuesta el gobierno sigue negando la Octavio Gómez

http://miguelpuertolas.blogspot.com

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

violación, ya demostrada, de los derechos laborales fundamentales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de las nuevas funciones que le confirió la reforma constitucional del año pasado, elaboró el Informe sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Región Carbonífera de Coahuila, donde exhibe las omisiones del gobierno mexicano.

Además, entre 2006 y 2011 la CNDH emitió tres recomendaciones (26/06, 85/10 y 12/11) contra la STPS y la Secretaría de Economía (SE), en las que indicó que “se corroboró la omisión en el establecimiento de medidas adecuadas para proteger la vida e integridad de los trabajadores”.

La OFPC insiste en la ausencia de seguridad social y laboral, el empleo de menores y otras prácticas ilegales en la minería formal y clandestina desde 2006. Además, el informe de la CNDH probó la negligencia del gobierno federal en el tema.

La situación ha sido expuesta también por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde la OFPC interpuso recursos contra el Estado mexicano. El 8 de junio de 2011 el gobierno federal representado por la STPS debió responder a 23 reclamaciones, pero sólo pudo hacerlo en ocho.

En su informe GB 304/14/8 emitido por su comité tripartita en la reunión 304, celebrada el 16 y 17 de marzo de 2009 en Ginebra, Suiza, la OIT determinó la responsabilidad del gobierno mexicano en 25 de 27 reclamaciones por la violación de varias disposiciones del Convenio 150, sobre la administración del trabajo; del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, y del Convenio 170, sobre los productos químicos. Los tres convenios han sido ratificados por México (Proceso 1747).

En México, el entonces titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, alardeaba que la OIT había cerrado el caso y declarado que el gobierno no tenía responsabilidad, lo cual se asentaba sólo en cuatro reclamaciones que fueron desechadas por el organismo.

VERÓNICA ESPINOSA

G

AP photo / Alexandre Meneghini

UANAJUATO, GTO.- La lucha en defensa del ambiente que ciudadanos y pueblos indígenas libran contra la minería –particularmente la canadiense– no podría tener peor saldo al final de este sexenio: persecución penal y exilio de activistas, desplazamiento de comunidades, devastación ecológica y asesinato de sus líderes.

En contraparte el gobierno federal duplicó en poco más de una década el número de concesiones y terrenos entregados a los consorcios mineros canadienses, que han encontrado en las autoridades mexicanas la mejor comparsa para extender sus dominios, como lo están haciendo en casi toda América Latina.

Un balance de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) –elaborado con datos de la Cámara Minera de México (Camimex) y de la Secretaría de Economía (SE)– concluye que en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón se consumó abiertamente la entrega de decenas de concesiones mineras, gracias a las reformas legales que se avalaron en tiempos del PRI con ayuda de los panistas.

La mayoría de esas concesiones han sido entregadas a empresas de Canadá o con representación u oficinas en ese país, debido a las facilidades que a través del TLC y en términos fiscales brinda México para que aquéllas entren y apliquen sus sistemas de

Sabinas. Recuperación de cadáveres

minería extractiva de tajo abierto, altamente contaminantes.

Asimismo prevalece la impunidad en el caso de los asesinatos de militantes de la Rema como Mariano Abarca en Chiapas (en 2009) y Bety Cariño en Oaxaca (en 2010) y se irrumpe en regiones sagradas de los pueblos indígenas o en reservas naturales, como ocurre en Real de Catorce en perjuicio de los huicholes. Además hay un detrimento irreversible de las fuentes de agua y se atenta contra las formas de vida de los pobladores de esas regiones (Proceso 1805 y 1831).

Para contrarrestar la desinformación sobre los efectos nocivos de la minería extractiva, organizaciones de varios países latinoamericanos integraron el pasado 29 de enero en Valle de Siria, Honduras, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) con la participación de delegaciones de México, Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

Estrategias comunes La Rema surgió en 2008 durante un encuentro de la red civil Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, en Temacapulín, Jalisco, donde la resistencia comunal se enfrenta a la imposición del megaproyecto de la presa El Zapotillo. En asamblea celebrada en Guanajuato a fines

Centroamérica, afectada La impunidad de los asesinatos de líderes como Abarca es otra de las causas fundamentales de que se busque una mejor organización. “Hay otro tipo de afectaciones:

Pese a las evidencias, el Estado mexicano insiste ante la CIDH en que no viola derechos laborales fundamentales y ahí, así como en la OIT argumenta que implementó medidas inmediatas para corregir la situación de la minería. Y no menciona que la mayoría de las minas de carbón son proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La estadística por sí misma desmiente al gobierno federal, pues según los datos recabados por la OFPC y la OIT, a los 65 trabajadores muertos en Pasta de Conchos se han sumado de entonces a la fecha 67 más que han perdido la vida en minas de carbón: en 2006, 77 mineros; 2007, tres; 2008, uno; 2009, ocho trabajadores; 2010, 13 y en 2011, 30 más. Es decir que en seis años 132 personas perdieron la vida en minas de carbón debido a la inseguridad laboral.

García Cervantes apunta: “El año pasado se acumularon decenas de muertos. Yo no sé cuántos pudieron evitarse, pero si se

Tajo abierto. Más contaminación

cárcel a líderes comunitarios, amenazas de muerte, represión. Falta que con los cambios a la Ley de Seguridad se argumente terrorismo”, ironiza Gustavo Castro.

El M4, detalla, nace de las grandes afectaciones de las mineras extractivas canadienses o con oficinas en ese país, que son 70% de las que operan en estos países mesoamericanos.

Hay casos paradigmáticos en la región, que son motivo para que los activistas dirijan sus baterías hacia esa industria, como la contaminación con plomo y las enfermedades de los habitantes del Valle de Siria, en Honduras, donde operó Gold Corp.

En Guatemala la actividad de Minera Marlin ha tocado territorios tradicionales de los pueblos indígenas y hay una recomendación desatendida de la Corte Interameri-

cana de Derechos Humanos para que esa empresa suspenda actividades.

En El Salvador, Pacific Rim incluso demandó al país por una suma multimillonaria debido a la obligada suspensión de actividades... además de que cuatro activistas salvadoreños fueron asesinados.

En México destaca la incursión, con nuevas concesiones mineras, en el territorio sagrado Wirikuta en San Luis Potosí. Antes estaba la lucha ciudadana contra la instalación y operación de la Minera San Xavier (filial de la canadiense New Gold) en Cerro de San Pedro, una zona protegida que ha quedado devastada por el uso de la técnica de tajo abierto.

En este caso se suma la persecución del exgobernador potosino Marcelo de los Santos contra algunos activistas, uno de los cua-

pudo evitar uno y quien debía hacerlo no lo evitó, es el asesino.

“Si llevamos estas estadísticas de muerte a las estadísticas de crimen organizado, pues esto es pecata minuta, esto no pinta… si se ve así (en el gobierno) es que ya se ha perdido el valor de la vida humana”.

El accidente dejó ver que además de tener trabajando al menor de edad, ninguno de los trabajadores estaba dado de alta en el IMSS y el patrón, Carlos Díaz, no estaba dispuesto a pagar los gastos hospitalarios, por lo que aún no han operado a González Romo. El reportero hizo contacto telefónico con Díaz, quien negó ser el empleador: “No pos andaban trabajando con otro chavo”, dijo.

Según Cristina Auerbach (defensora de los derechos humanos e integrante de la OFPC) la otra camioneta implicada en el choque es propiedad de Materiales Industrializados, empresa dueña del pozo Boker donde el 30 de julio de 2010 hubo un accidente en el que murió Ramón Sánchez mientras su compañero Plutarco Ruiz quedó atrapado y no fue rescatado sino hasta una semana después, ya con una grave afectación nerviosa.

De acuerdo con el sexto informe de la OFPC, que se presentará esta semana, el

La misma historia La noche del pasado miércoles 8 una cuadrilla de mineros de un pozo de carbón regresaba de cumplir su turno. Los mineros viajaban en la caja descubierta de una pick up por la carretera Sabinas-El Sauz cuando ésta chocó y los trabajadores cayeron del vehículo.

Quedaron heridos Federico González Romo, Carlos Manrique Rodríguez y Alberto Franco Medina, de 16 años, además de José Humberto González Romo, quien permanece en estado de coma en un hospital privado de Monterrey.

les, el abogado Enrique Rivera Sierra, se vio obligado a salir del país luego de que en abril de 2006 fue golpeado por “guardias blancas” de la Minera San Xavier y el gobierno, en lugar de atender su denuncia, enderezó una acusación en su contra por sedición.

Es obvio, dice Gustavo Castro, que el interés por la extracción de oro va en aumento por la crisis económica mundial y por la inestabilidad del dólar y del euro. Los inversionistas buscan las mejores garantías para sus capitales “y el oro lo es”.

Los gobiernos otorgan todas las facilidades y se encargan de dar seguridad a las empresas en materia de tenencia de la tierra. “Pero cuando la empresa se va, el gobierno se queda con todo el problema socioambiental, sin recursos y sin agua”, como ya se vio en Honduras y otros países.

El M4 ya trabaja en articular nuevas estrategias para la defensa de los territorios y de los derechos humanos. “Prácticamente hemos hecho de todo y las mineras siguen avanzando, aunque la creatividad de la lucha en la región es increíble”.

Del otro lado, la embajada de Canadá en México distribuye un manual para difundir los beneficios de la minería, con orientación para facilitar la negociación con las comunidades indígenas y campesinas para poder hacer la extracción de minerales. “Es decir”, señala Castro, “también hay una actividad muy fuerte del gobierno canadiense, con apoyo del mexicano”.

En adelante para la Rema y el M4 el reto es “hacer conciencia efectiva del impacto que la minería en México tiene y tendrá si continúa este avance. Hace falta más información”. O

Benjamín Flores

Los tentáculos canadienses

de 2010, los grupos de la Rema concluyeron que actualmente la minería extractiva es la actividad de mayor impacto social y ambiental negativo, por encima de las represas.

En conversación con Proceso, Gustavo Castro, de la Rema, afirma: “En Chiapas a la minería se le han entregado más de un millón de hectáreas, como parte de los compromisos del gobierno de garantizarles la seguridad en la explotación; no quieren problemas con ejidos o comunidades. Y así va la cosa en Oaxaca, Sonora o Zacatecas”.

Los daños en todos los ámbitos son colosales. “No es lo mismo que hacer una carretera, caso en el que se expropia tierra y los ejidatarios quedan de un lado o del otro. Con la minería les quitan la tierra y el agua y los enferman. Las mineras dejan 1 o 2% de recursos al país y lo demás se lo llevan. Y la explotación de agua y bosques es irreversible”, dice.

Información de la SE revela que sólo en 2007 –primer año de gobierno de Calderón– las exportaciones mineras ascendieron a 8 mil 752 millones de dólares y se dieron dos mil 424 concesiones, equivalentes a 10% de todas las vigentes hasta ese año.

Por eso “va creciendo y avanzando el movimiento social buscando estrategias comunes, no sólo en México sino en Latinoamérica, contra la minería. Es uno de los proyectos que más está generando reacción comunitaria”, dice Castro.

Miguel Dimayuga

MINERIA

Lozano. Indiferencia

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

A

Jesús Fernando Lara Ruiz, de 14 años, lo sorprendió un fuerte estruendo seguido de una lluvia de piedras y brasas. Cerró los ojos mientras una fuerza irresistible le jalaba el brazo. Quería ver, pero se lo impidió una nube negra que lo envolvió.

Cuando las cenizas y el polvo de carbón se disiparon su padre lo encontró colgando del andamio. Tenía el brazo destrozado.

Un día después, internado en Guadalajara, supo que le amputaron el brazo derecho y que a causa de la explosión sus 14 compañeros quedaron sepultados en el pozo carbonero.

La mañana del 3 de mayo de 2011 estalló el Pozo 3 de Beneficiarios Internacional del Norte SA de CV (Binsa). Jesús Fernando trabajaba ahí como “ganchero”. Colocado en el andamio de la mina introducía un tonel vacío y lo sacaba lleno de carbón.

El siniestro exhibió la explotación infantil que hay en la región carbonífera de Coahuila, donde las numerosas violaciones a derechos laborales fundamentales forman parte de la cultura patronal prevaleciente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el trabajo infantil en su Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, concluido en noviembre pasado.

El caso de Jesús Fernando se incluyó en ese informe para demostrar que el trabajo en las minas de carbón entraña gran peligro, incluso en la superficie. En el capítulo 4 de este documento “El trabajo infantil en la minería ilegal”, la CNDH establece que entre las prácticas más frecuentes de la región se encuentra la de emplear a los menores en tareas extractivas.

Con base en el artículo 2 del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil –signado y ratificado por México–, la CNDH considera como niño a cualquier menor de 18 años. En la región carbonífera, la Comisión documentó que los niños empiezan a trabajar entre los 14 y los 15 años.

“El trabajo infantil es también un problema recurrente de la minería ilegal. Así como los mineros adultos no cuentan con opciones laborales, los niños y niñas sufren el mismo problema, aunque de forma agravada, pues no cuentan con los medios necesarios para tener una vida digna, acorde con su condición de edad. El trabajo infantil es más habitual en explotaciones mineras de pequeña escala y artesanal”, dice el informe, que documenta también la existencia de numero-

sas operaciones mineras al margen de la ley.

Una estadística de la OIT, citada por la CNDH, establece que la minería es el sector laboral más peligroso para niños y niñas en térmi nos de lesiones fatales: la “fatalidad activa” en el sector es de 32 por cada 100 mil menores trabajadores y es de sólo la mitad en la agricultura y la construcción.

En el informe de la CNDH se indica que los menores en las minas mexicanas de carbón carecen de protección a la salud (no son incorporados al IMSS), educación, medio ambiente adecuado y seguridad jurídica.

Añade que el desgaste físico es muy serio y desproporcionado debido a las pesadas cargas, el trabajo extenuante, las estructuras subterráneas inestables, las herramientas y equipos pesados, los polvos y productos químicos tóxicos y la exposición a condiciones extremas de calor y frío.

Por todo ello el organismo concluye que la minería infantil representa una violación múltiple a los derechos humanos de los niños y niñas, que además de las leyes nacionales, violenta al menos siete tratados internacionales.

Evidencia El 20 de mayo de 2009 en el pozo Vertical 4 se realizaron excavaciones hasta llegar a un túnel en desuso. El agua rompió rocas y puntales hasta inundar el pozo. El torrente arrastró a Francisco Castillo Zamora unos 40 metros. Iba de un lado a otro rebotando en las paredes de piedra y de carbón por donde el agua buscaba su cauce. A consecuencia de los golpes sufrió fractura de costillas, así como lesiones en la espalda y la cabeza.

Sin lámpara, sin equipo de salvamento y sin saber dónde estaba la salida, como pudo se dejó llevar por la corriente hasta encontrar la plataforma que conduce a la superficie.

“Ahí afuera estaban los patrones y los compañeros les decían que me llevaran al hospital porque yo iba bien grave. Y no querían. Después, de tanto que les rogaron los compañeros, me llevaron”, dijo el joven, cuyas lesiones le ocasionaron daños permanentes que lo incapacitan para el trabajo.

Este caso fue documentado por la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC), organismo que agrupa a deudos de los mineros muertos en febrero de 2006, e inclusive, se incorporó a uno de los cuatro expedientes del carbón, que contra el Estado mexicano se dirimen ante la OIT.

Jesús Fernando. Víct

ima infantil

Cristina Auerbach Benavides, quien forma parte de la OFPC, explica que el trabajo de menores en los pozos carboneros no se limita a la superficie. Los adolescentes, por su complexión, son contratados frecuentemente en los pozos, cuyos túneles tienen un diámetro de un metro y medio.

De hecho, en los diferentes siniestros ocurridos en minas de carbón desde 2006, la OFPC ha documentado la presencia de menores. Por ejemplo, en el pozo Ferber, siniestrado en septiembre de 2009 –aunque se suponía clausurado por inseguro– había varios menores de edad así como tres jóvenes de 19 años pero con tres años de antigüedad. Fueron dados de alta en el IMSS sólo cuando cumplieron 18 años.

Por su parte, Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) comenta que los jóvenes son contratados por su físico y porque son mano de obra barata y eso sirve para reducir los costos de operación.

Comenta que en 2010 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) le practicó una visita sorpresa a la Empresa Minera y Constructora Loreto SA de CV. Los inspectores descubrieron entre los trabajadores a un menor de edad. La compañía alegó que el joven sólo se dedicaba a labores en la superficie y proporcionó un número del IMSS que resultó falso.

A partir del siniestro en el Pozo 3 de Binsa, la STPS, la Secretaría de Economía y el gobierno de Coahuila realizaron una Cumbre del Carbón encabezada por el entonces titular del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. En esta reunión se anunciaron algunas medidas que garantizarían la seguridad de los mineros.

El 9 de mayo de 2011 la agencia Apro dio pormenores de la junta de funcionarios y patrones mineros y anticipó la inviabilidad de sus propuestas. Entre éstas estaba la realización de un operativo conjunto para inspeccionar 77 minas de la región. De acuerdo con Rodríguez, con actas de inspección en mano, en 11 de los lugares revisados se encontró a menores laborando.

“Esto quiere decir que del universo inspeccionado, en 18% hubo menores. La cifra es relevante, tomando en cuenta que un año antes se habían encontrado sólo seis casos”, explica el activista del Cereal. O

día del siniestro en el pozo Boker no hubo más personal del gobierno que miembros del Ejército, que llegaron sólo para “preservar el orden”. Ni un inspector, abogado, empleado menor de la STPS. Nadie. Hoy el Boker sigue operando con las mismas condiciones inseguras; no tiene siquiera una salida de emergencia.

Al Boker y Pasta de Conchos se suman el pocito Ferber, la mina Lulú y el Vertical 4, todos siniestrados en los últimos tres años. La OFPC lo expresa así: “Son el resultado de la permanente y sistemática negligencia de la STPS. Sabemos cuál será el resultado de la investigación que anuncia la STPS: como en todos los casos señalados, se impondrá una multa por no cumplir con las normas de seguridad e higiene. La empresa promoverá un amparo y la STPS podrá disputarlo para asegurar estos ingresos extra. Nada más. Mañana abrirán un nuevo pocito y el círculo se repite interminablemente”.

Por los 132 mineros fallecidos en seis años nadie pisó la cárcel, no se evitó que los mismos dueños siguieran abriendo minas, no se cancelaron concesiones, no hay sanción por registrar a los trabajadores por debajo del salario real ante el IMSS, tampoco por contratar menores, mucho menos por incumplir las normas de seguridad.

El informe de la OFPC hace un recuento de los accidentes que acumularon 30 mineros muertos durante 2011. Salvo el del pozo Binsa, ocurrido el 3 de mayo y donde murieron 14 trabajadores y un niño de 14 años resultó mutilado, no tuvieron resonancia nacional.

En la mina Lulú hubo 2 muertos; en La Encantada, 1; en la Siderúrgica II, 2; en la Mina VII Saltillito, 2 más; en la mina San Juan, 1; Pocito Binsa, 14; Pocito Agujita, 1; Mina V Esmeralda, 2; en el ejido San Juan, 1 más. Además en la carboeléctrica José López Portillo, de la CFE, murieron cuatro trabajadores el pasado 23 de noviembre, entre los que, para no variar, había un menor de edad.

De las anteriores, la Lulú ya había tenido muertos en 2008.

El común denominador, salvo en el caso de la CFE, es el parentesco o la sociedad entre los dueños de los pocitos carboneros (Proceso 1805), donde aparecen entrelazados los apellidos de prosapia regional que jamás enfrentan consecuencias por sus operaciones ilegales ni las muertes o lesiones de los trabajadores.

sea un factor de desarrollo, con justicia, bienestar y oportunidades. Las minas, con pocas excepciones, son generadoras de muerte y de miseria”, espeta García Cervantes al gobierno federal.

El panista coahuilense dice sentirse defraudado del gobierno, del PRI, el PAN y el PRD, de la clase política en general que opta por la demagogia y los intereses mezquinos por encima del bien público.

Conocedor de los problemas del carbón, García Cervantes propuso hace un año la creación de una Comisión Nacional del Carbón (CNDC), que mediante una integración de secretarías de Estado y un consejo con expertos, trabajadores y empresarios en un organismo descentralizado, propicie el reordenamiento productivo del mineral.

A través de 18 artículos, la iniciativa de Ley de la CNDC plantea concentrar las atribuciones de supervisión, vigilancia, inspección y sanción, entre otras, a fin de detectar la operación de yacimientos ilegales o irregulares, además de regular el otorgamiento de concesiones.

El organismo integraría a todas las instancias gubernamentales que hoy tienen que ver con la producción carbonera, pero que, por sistema se responsabilizan unos a otros de las irregularidades: STPS, IMSS, SE, CFE, Sener, Semarnat, entre otras.

García Cervantes admite no ser experto, pero basado en los informes de la OFPC, la CNDH y la OIT –sobre ésta última refiere que el gobierno federal la ha desoído–, el legislador ilustra el vacío: “Los registros de las concesiones no permiten saber quién es el empleador. La SE sólo autoriza las concesiones conforme a la Ley Minera, pero a quienes ni siquiera son dueños del fundo, lo cual compete a la instancia que se encarga del ordenamiento territorial.

“El propietario del fundo llega a un acuerdo con el concesionario, que inicia

Maraña de corrupción “No hay forma de evadir la realidad, ni dedo tan ancho capaz de tapar el sol: el desorden, el abuso, la corrupción y la falta de una política pública que posibilite que un recurso natural propiedad de la nación

operaciones a través de una empresa que nada tiene que ver con todo lo demás y que ni siquiera es de él. Ésta da de alta a 12 trabajadores en el IMSS, pero tiene contratos con la CFE por millones de toneladas y cumple a través de Prodemi (paraestatal del gobierno coahuilense), pero eso es imposible de producir con esa plantilla laboral. Si explotan dinamita es cosa de la Secretaría de la Defensa, si hay menores, de la Defensa del Menor...

“Es una maraña que no es accidental, es un modus operandi”, dice.

“Nadie sabe si tiene condiciones seguras o no, porque a veces ni siquiera se notifica el inicio de operaciones o la STPS no tiene más de tres inspectores para cientos de minas, que a su vez provocan un grave daño ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente no vigila, en tanto los alcaldes y diputados están inmersos en el negocio, como los Moreira”.

El senador explica que los intereses han impedido el avance de la iniciativa, ahora mezclados con la urgencia de explotar el gas del carbón.

“Los intereses (para evitar la iniciativa) que hay en el Senado son impresionantes”, exclama.

Añade que con la propuesta se prevé la seguridad de los trabajadores, el reordenamiento productivo que además permitiría ganar más a las empresas, pero protegiendo el ambiente.

Señala que los senadores Carlos Aceves y Ángel Díaz Caneja, implicados directos en el tema, se han negado a propiciar el dictamen.

“Si alguien tiene una mejor solución, propóngala. Si no, esta comisión incidiría en el estado de las cosas. Si no es por responsabilidad va a ser por la fuerza de las circunstancias. Esto llega a niveles insostenibles y no creo ni me puedo resignar a que toda la corrupción que ha habido durante décadas vaya a permanecer enterrada”.

Notimex

http://impacto.mx

Infancia minera

MINERIA

Mina Lulú. Más decesos

RELIGIÓN

Una

AP photo / Andrew Medichini

l Papa Benedicto XVI visitará Guanajuato por ser el estado que tiene el mayor índice de población católica en el país –93.83%– y donde aún prevalece un “catolicismo muy tradicional” impulsado por los gobiernos panistas de la entidad. Es “el lugar donde mejor se manifiesta la hegemonía del poder de la derecha” afirma Hugo José Suárez, especialista en movimientos religiosos en esa región.

Y adelanta que Joseph Ratzinger vendrá a promover una “teología del martirio”, ya que encabezará la mayor concentración religiosa de su visita en el Cerro del Cubilete, principal centro de culto guanajuatense y muy ligado a la memoria de los mártires de la guerra cristera.

Detalla el investigador: “En Guanajuato hay una fuerte tradición político-religiosa de corte conservador desde la época de la Colonia. Actualmente se refleja en la fuerte influencia del panismo y, por supuesto, de la jerarquía católica. Su poder hegemónico controla las instancias políticas, sociales, culturales y educativas del estado. Han demostrado una eficacia muy fuerte”.

–¿Este es el motivo por el que Benedicto XVI va a Guanajuato? –se le pregunta.

–Sí, por supuesto. Es el lugar más cómodo para la Iglesia católica porque sabe bien que, a diferencia de otras regiones del país, en Guanajuato las estadísticas siempre la han favorecido. Es la entidad que tiene el mayor número de católicos de todo el país.

En efecto, según el censo de 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 93.83% de los guanajuatenses profesan la religión católica, lo que los sitúa por arriba de la media nacional, que es de 82.72%.

Al estado puntero de Guanajuato le

siguen Zacatecas en segundo lugar, con 93.53%. Y después Aguascalientes, con 92.88% de población católica, según el mismo censo.

Estas cifras –dice el especialista– colocan a la zona como un importante bastión del catolicismo del que se valdrá Ratzinger para trasmitir la impresión, al resto del mundo, de “fortaleza y unión ecle-

visita interesada

siástica, sobre todo en estos momentos en que la Iglesia tiene muchos problemas por la pederastia de sus sacerdotes”.

–Y viene justamente a México, el país de Marcial Maciel, cuyos abusos sexuales escandalizaron al mundo entero…

–Sí, la visita también tiene que ver con eso. Es como decir: “Vamos a la tierra de Marcial Maciel, para que el mundo vea

que estamos decididos a limpiar la casa, a asumir de frente nuestros errores”. Es parte del mensaje.

Recalca que, para el Papa, Guanajuato representa “el predominio de las élites conservadoras, ética y cristianamente puras y, por lo tanto, las más indicadas para propagar el mensaje de la Iglesia”.

Hugo Martínez Téllez

E

RODRIGO VERA

Laboratorio social Doctor en sociología por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y actual investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Suárez ha realizado varios estudios sobre el catolicismo en Guanajuato, entre ellos Apuntes sobre el paisaje religioso en Guanajuato, donde brinda un panorama actual sobre el tema. También escribió Distancias y encuentros generacionales en Guanajuato, en el que, con base en encuestas, se refiere a la diferencia generacional de percibir y practicar la religión en la entidad.

En el primer estudio afirma que “Guanajuato es en cierto sentido un gran laboratorio para estudiar la religión”, ya que es el estado con mayor número de adherentes católicos y, además, “uno de los principales expulsores de migrantes hacia Estados Unidos”.

Agrega que en la entidad “la estructura eclesiástica es muy sólida y tiene distintas estrategias de acción religiosa”. Cuenta actualmente con tres diócesis: León (que abarca nueve municipios), Celaya (11 municipios) e Irapuato (nueve municipios).

Aclara que 10 municipios guanajuatenses dependen de la arquidiócesis de Morelia, y otros siete corresponden a la diócesis de Querétaro.

Plantea que las tres diócesis del estado (León, Celaya e Irapuato) concentran 86.5% de la población guanajuatense. Su estructura eclesiástica abarca alrededor de 250 parroquias, 874 sacerdotes y 2 mil 200 religiosas. Pero sin duda, precisa, la arquidió-

Guanajuato. Bastión conservador

cesis de León “ha sido la que ha marcado el ritmo de la vida religiosa local”.

También destaca el gran poder político e ideológico de la arquidiócesis de León, cuyo aparato de comunicación comprende un periódico semanal, Gaudium, una revista mensual, Sacerdos y una revista trimestral, Liturgia viva. Además, tiene otra publicación, Hostia, que se reparte en las parroquias el primer domingo de cada mes, así como dos programas de radio que se trasmiten semanalmente.

La cabeza de todo este aparato es el arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, quien fue presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y ahora será el principal anfitrión de Benedicto XVI. Martín Rábago –prosigue el estudio– “realiza una conferencia de prensa el domingo después de la misa matinal, que se

No es casual que Guanajuato, con su acendrada vocación conservadora y su creciente disminución de católicos, sea el estado al que acudirá Benedicto XVI en su próxima visita a México. En esta entidad tuvo su máxima manifestación la Cristiada y con su periplo el Papa reivindica “el martirio como vía de redención”. Es claro que con su viaje el pontífice busca fortalecer al catolicismo y favorecer al PAN en tiempos en los que habrá de decidirse quién encabezará el próximo gobierno federal.

convierte en noticia en distintos informativos televisivos y periódicos durante la semana. Además, en Televisa Bajío todos los domingos al mediodía se retransmite la homilía del obispo”, por lo que el jerarca se encarga de “marcar el horizonte discursivo” en Guanajuato.

Por lo que toca a la infraestructura educativa, la arquidiócesis cuenta con colegios y universidades, además de un seminario mayor y otro menor para formar a las nuevas vocaciones sacerdotales.

Entrevistado en su cubículo del Instituto de Investigaciones Sociales, de la UNAM, Hugo José Suárez abunda sobre el influyente arzobispo de León: “Monseñor Martín Rábago es de Jalisco, de donde han salido varios de los principales obispos del país. Él detenta realmente el poder. Es el hombre público que da la cara y aparece en las fotos. Pero también es el hombre de aparato; el que manda y maneja toda esa estructura eclesiástica tan sólida”.

Añade que “las lógicas de la Iglesia y las lógicas del poder en Guanajuato” son convergentes y han tenido una “eficacia muy fuerte”, sobre todo en la época de los gobiernos del PAN, partido que ha gobernado ininterrumpidamente al estado durante los últimos 20 años.

Mártires La alianza PAN-Iglesia prácticamente se oficializó el 25 de enero de 1992, cuando el entonces gobernador panista Carlos Medina Plascencia, en una arenga política que lanzó durante una multitudinaria misa en el Cerro del Cubilete, dejó en claro que su gobierno colaboraría estrechamente con la jerarquía católica.

Germán Canseco

cismo más conservador: sus alegorías, su atmósfera, sus evocaciones, su diseño… ¡todo! Basta afinar la mirada para percibir que es una arquitectura brutalmente conservadora”.

–¿Y cómo encaja Ratzinger en todo esto?

–Porque el actual Papa gusta de la esencia, de la formación de las élites puras y del Cristo Rey sufriente con su amplio simbolismo. En ese sentido es muy distinto de su antecesor, Juan Pablo II, que cuando llegaba a México se centraba en la Virgen de Guadalupe y en el mensaje a las grandes masas, al pueblo creyente. Era un Papa populachero.

–¿Es el santuario de Cristo Rey el principal centro de peregrinaje de Guanajuato?

–Sí, sin duda. Tiene sus peregrinos y es el principal centro de culto en el estado. Pero no es realmente un santuario popular, como La Villa o el santuario de San Juan de los Lagos, que congregan al pueblo y jalan grandes multitudes. El Cubilete, repito, es sobre todo un mensaje teológico sobre el martirio y muy al estilo Ratzinger.

El monumento a Cristo Rey es una de las expresiones más depuradas del añejo catolicismo guanajuatense que, comenta el investigador, se enraizó fuertemente desde la época colonial, pues “Guanajuato era entonces un importante centro minero vinculado al comercio mundial y, por lo tanto, a la evangelización de los conquistadores, ya que donde había riqueza había Iglesia”.

Pese a que en la zona se inició la guerra de Independencia, “ese impulso no tuvo una continuidad muy fuerte en la región”, al grado de que con el tiempo volvió a ser un “núcleo conservador” opuesto incluso a los gobiernos de la Revolución mexicana.

Por ejemplo, en 1913 se funda la Liga de Acción Católico-Social Guanajuatense, con objeto de divulgar la doctrina católica.

Por esas fechas también se crea el Partido Católico Nacional Guanajuatense, para oponerse al proceso revolucionario.

Raigambre sinarquista

Suárez. Análisis político

En 1923 el entonces delegado apostólico Ernesto Filippi colocó la primera piedra de un primer monumento dedicado a Cristo Rey en el Cubilete, lo cual fue visto por el presidente Álvaro Obregón como un acto de rebeldía, por lo que expulsó del país a ese representante papal. Ante la expulsión, Benito Mussolini, primer ministro de Italia, gestionó inútilmente la restitución en el cargo de su paisano, con el argumento de que el gobierno mexicano debía respetar las ideas católicas y fascistas.

En 1928, ese primer monumento fue dinamitado en plena guerra cristera, que enfrentó al gobierno con la Iglesia. Después, en 1937, surgió en la ciudad de León

la Unión Nacional Sinarquista (UNS), opuesta al gobierno de Lázaro Cárdenas y simpatizante del fascismo, el nazismo y el franquismo, pero sobre todo de éste último.

El santuario y el actual monumento a Cristo Rey se construyeron a mediados de los cuarenta. Ya había paz en México. El culto en el Cubilete empezó a darse sin sobresaltos y hoy recibe el apoyo de los gobiernos panistas de Guanajuato.

Muchas fueron las ligas del PAN con el sinarquismo. Por ejemplo, Felipe Calderón, en su libro autobiográfico El hijo desobediente, revela que su abuelo materno “fue sinarquista”, mientras que su madre, doña María del Carmen Hinojosa, de joven fue “abanderada” de esa organización, por lo que en las manifestaciones agitaba el pendón con las siglas UNS. Así, la fuerte presencia de la Iglesia, del movimiento cristero, del sinarquismo y del PAN en Guanajuato, hizo que Benedicto XVI –según el investigador— lo eligiera para visitarlo del 23 al 26 de marzo próximo.

Sin embargo, Suárez asegura que “actualmente asistimos al resquebrajamiento del monopolio católico en Guanajuato, cuya disminución en su porcentaje de fieles es irreversible”.

Se apoya en las cifras de los propios censos oficiales, que demuestran cómo decrece el número de católicos en Guanajuato y en el resto del país.

“La disminución de fieles en Guanajuato es menos abrupta que en el resto de México, pero de cualquier modo sigue la misma tendencia a la baja”, dice enfático.

En el libro Pluralidad religiosa en México; cifras y proyecciones, de Elio Masferrer Kan, se detalla esa paulatina caída desde el censo de 1895, cuando 99.98% de los guanajuatenses eran católicos.

Estas son las cifras de los tres últimos censos: En el de 1990, Guanajuato tenía 96.72% de población católica; el porcentaje bajó en 2000, a 96.41%; y volvió a bajar en el último censo, de 2010, quedando en 93.83%.

Aun así está por arriba de la media nacional y sigue siendo la entidad puntera.

Además, Guanajuato es el estado con mayor índice de discriminación religiosa en el país, ya que 52.4% de su población discrimina a miembros de Iglesias distintas a la católica, de acuerdo con la Encuesta Nacional para Prevenir la Discriminación que se realizó en 2010.

Concluye Suárez: “Carlos Fuentes escribió su novela Las buenas conciencias tomando como escenario al viejo Guanajuato católico. Hoy las cosas empiezan a cambiar. Hay otras Iglesias que desafían abiertamente al monopolio católico, como la Iglesia Luz del Mundo, que levantó un enorme templo al pie del Cubilete. Antes, nadie hubiera imaginado semejante osadía”. O

Torre de la Fe

Octavio Gómez

Y precisamente a las faldas del Cubilete Benedicto XVI realizará el principal acto religioso de su visita, el 25 de marzo próximo. Oficiará ahí una misa que, se calcula, congregará alrededor de 700 mil fieles.

–¿Por qué escogería Benedicto XVI al Cristo Rey del Cubilete para su homilía? ¿Qué mensaje quiere mandar?

–Bueno, primero tomemos en cuenta el significado del santuario a Cristo Rey. Más que un centro de peregrinaje, ese santuario es un mensaje teológico que la jerarquía dirige a todo el país. Y específicamente lo que propone es una teología del martirio, ya que es un monumento de Cristo con los brazos en cruz, a cuyos pies hay un ángel que le ofrece una corona de espinas, símbolo del martirio del crucificado.

–¿En qué consiste esta teología del martirio?

–Básicamente en que se llega a la santidad mediante la dinámica del sufrimiento y del martirio. Sólo así logras el contacto con Dios. El personaje central de esa teología es el mártir, como lo fue Miguel Agustín Pro, José de León Toral y otros personajes de la Cristiada que se enfrentaron al gobierno y murieron por Cristo. Por eso el santuario se levantó poco después de la guerra cristera.

“Y claro, la figura principal no es ninguna virgen, como podría esperarse de un pueblo muy dado al culto mariano. ¡No! Aquí el culto se concentra en el Cristo Rey, figura representativa del más rancio conservadurismo católico. Incluso, en el interior del santuario la leyenda principal reza: ‘Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo’. Todo es Dios hecho cuerpo en el mundo. “¡Vaya! hasta la arquitectura del santuario, estilo Art decó, nos remite al catoli-

Cortesía Iglesia Luz del Mundo

RELIGIÓN Cristo Rey del Cubilete

Tensión entre católicos y La Luz del Mundo

VERÓNICA ESPINOSA

S

ILAO, GTO.- La intolerancia de algunos grupos católicos contra asociaciones como La Luz del Mundo –cuya Torre de la Fe se erige en un predio cercano al santuario de Cristo Rey del Cubilete, uno de los principales centros de peregrinaje religioso del país– adquiere dimensiones preocupantes ante la próxima visita del Papa Benedicto XVI. Inaugurado el 11 de septiembre de 2011 por el apóstol Samuel Joaquín, cabeza de la iglesia fundada por su antecesor Aarón Joaquín en 1926, el monumento se construyó en las inmediaciones de la Expo Bicentenario, donde Benedicto XVI celebrará una misa para cientos de miles de feligreses que son esperados para fines de marzo, de acuerdo con la agenda proporcionada por el Vaticano y la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Desde que llegaron a Silao, Guanajuato, los seguidores de la Iglesia La Luz del Mundo fueron mal vistos por la jerarquía católica de la entidad. Pero lejos de arredrarse, los seguidores del llamado “apóstol Samuel Joaquín” erigieron en septiembre pasado un monumento al que denominan Torre de la Fe, a 17 kilómetros del santuario del cerro del Cubilete. Y ahora, en vísperas de la visita del Papa Benedicto XVI, las hostilidades contra ellos se han intensificado. Pero insisten: “No nos vamos de Guanajuato”.

El ministro Isaías Gutiérrez Munguía, encargado del templo adjunto desde hace cinco meses, relata que él y otros integran-

tes de La Luz del Mundo han sido agredidos por los lugareños, quienes provocaron un incendio en los pastizales aledaños y lan-

Cortesía Iglesia Luz del Mundo

zaron piedras contra el edificio de 60 metros de altura. Pese a las animadversiones contra la asociación, Gutiérrez Munguía y el obispo Gilberto García Granados dicen que no se van a salir de Guanajuato.

Construida a petición expresa de Samuel Joaquín en un predio localizado a 17 kilómetros del santuario del Cubilete, a un costado de la autopista Guanajuato-Silao (Proceso 1728), la torre “obedece a las necesidades de los miembros de nuestra iglesia en la región” y sirve para la realización de ceremonias multitudinarias a las que suelen acudir los 4 mil adeptos de la entidad, así como invitados de otras iglesias, incluida la que lidera el propio Samuel en Guadalajara, explica García Granados.

Dice que él se encargó del proyecto y de las obras de construcción de la torre, coronada por una lengua de fuego metálica y una luz láser que alcanza 80 kilómetros de radio y que se enciende durante las fiestas más importantes de la iglesia: 9 y 10 de junio, cuando celebran la muerte del apóstol Aarón Joaquín y el ministerio que en su lugar asumió Samuel Joaquín; 14 de agosto, la Santa Cena, y 31 de diciembre, Día de Acción de Gracias.

Entrevistado por la reportera en diciembre de 2009, cuando se inició la construcción de la torre, García Granados comentó que la contigüidad del monumento con el santuario católico del Cubilete no significaba una provocación para la jerarquía y la grey católicas.

Pero hoy recapitula: “Yo lo negué porque no lo había visto así. Estamos en un país libre. El terreno fue adquirido por el apóstol Samuel Joaquín, con todo en regla y según las necesidades de nuestra comunidad”. Dice que lamenta que las cosas no concuerden con el mandato de ley para la libertad y el respeto entre religiones, pues las muestras de intransigencia han sido varias.

Relata que justo cuando los miembros de la propia comunidad religiosa iniciaron las obras, un grupo de personas que se identificaron como católicas se presentaron ante él y le pidieron suspender la construcción y marcharse del lugar: “Vinieron algunas personas, principalmente de la Iglesia católica romana, a decirnos que estábamos invadiendo su espacio, que aquí en la parte alta –dice, apuntando hacia el Cubilete– hay una representación muy grande para ellos, y que estábamos invadiendo espacios”.

–¿Y ustedes qué respondieron? –se le pregunta.

–Contestamos que no es así; que gracias a Dios estamos en un país libre; que la Carta Magna avala que se puede profesar el credo que mejor convenga, y que no les estábamos faltando al respeto.

Asegura que constató que ese ambiente de hostilidad fue alimentado por algunos sacerdotes católicos, particularmente de Silao: “Nos trajeron unos volantes que

La Luz del Mundo. En territorio cristero

repartió un sacerdote donde decía: Católico, cuida tu fe, no abandones la herencia de tus padres. Por ahí está una secta (llamada) Luz del Mundo; no te acerques a ellos, no les recibas, defiende tu fe”.

García Granados reitera: “Han venido personas a lanzar piedras a nuestro templo; rompieron un vidrio; han quemado los pastizales alrededor en cinco ocasiones…y con las amenazas que hemos recibido, creemos que estos incendios han sido intencionales; nos preocupa que con la venida de este señor (Benedicto XVI) se enciendan los ánimos de algunos fanáticos y se quiera tomar alguna represalia en nuestra contra”.

Los ministros muestran a Proceso un ejemplar de una revista de circulación local en cuya portada aparece una fotografía de la Torre de la Fe, y en su interior un artículo en el cual se rechaza la presencia de Luz del Mundo; incluso se mencionan supuestas “sugerencias” de católicos para que el inmueble “sea cubierto” durante la visita papal.

Por ahora, la zona donde se ubica el templo es patrullada por unidades de la Policía Municipal de Silao, a solicitud expresa de los ministros al gobierno municipal, y por intervención de funcionarios del gobierno del estado a quienes pusieron al tanto de las amenazas y los actos vandálicos que han sufrido.

“Pedimos que haya vigilancia en esta zona para evitar que ocurra algo. Y que se incremente particularmente en el tiempo en que el jefe de la iglesia católica romana esté aquí”, comenta García Granados.

La conversión en tierra cristera A pesar de la hostilidad contra los seguidores de La Luz del Mundo, la asociación se ha extendido en la zona. “Mucha gente nos está recibiendo en sus hogares”, aseguran sus representantes. Hoy, dicen, suman más de 4 mil bautizados, todos mayores de 16 años, sin contar a los niños.

La asociación religiosa extiende sus actividades a través de los templos que tiene

en Silao, León, Celaya, Villagrán y San Francisco del Rincón –¿Y cuál es su posición ante la visita de Benedicto XVI a México, específicamente a Guanajuato? –se le pregunta a los dirigentes de La Luz del Mundo.

–Para nosotros la venida del dirigente de la Iglesia católica no representa nada, porque no lo reconocemos como el vicario de Cristo; tampoco lo aceptamos como el sucesor del apóstol Pedro. Además, de alguna manera afecta la economía de México, porque tengo entendido que estas visitas son financiadas con fondos del erario federal, con el dinero del pueblo. Creo que eso no es correcto –dice el obispo García Granados.

E insiste: “Tendría que ser la Iglesia católica romana la que sufrague los gastos de esta visita, y no todos los mexicanos, porque no todos somos católicos”.

En un recorrido por el interior de la Torre de la Fe, García Granados y Gutiérrez Munguía muestran a Proceso las dos pilas bautismales ubicadas a los costados del sitio principal del predicador. En ellas se practica la inmersión completa para mayores de 16 años; “un bautizo de adultos, como lo hizo Jesucristo”.

El templo tiene tres niveles: una base de 35 por 35 metros con cientos de sillas; una segunda planta para ceremonias especiales y un tercer nivel con un elevador para subir a la parte más alta de la torre, donde se opera el rayo láser, que sólo se ha instalado en unos cuantos templos, como el de Guadalajara, que es el principal, el de Tijuana y algunos más en Estados Unidos.

Los miembros acuden todos los días.

“Aquí se tiene programado hacer eventos especiales similares a los del templo de Guadalajara; bautizos, que ya se están haciendo, o reuniones con jóvenes, porque la mayoría de los miembros son de 35 años para abajo, así como pláticas y estudios de acuerdo a la necesidad de los hermanos de la iglesia”, detallan los ministros durante el recorrido.

RELIGIÓN –¿Han recibido a católicos que se convierten a esta religión?

–Por supuesto. Estamos recibiendo mayormente católicos. Hace unas tres semanas bautizamos a 50, y en un par de semanas tendremos otro evento similar –asegura el García Granados.

–¿Cómo o por qué dan ese paso los católicos?

–Posiblemente porque ven que la doctrina de La Luz del Mundo satisface sus necesidades espirituales y porque ven una diferencia ante la doctrina que tienen ellos y las reglas predicadas por Jesucristo.

Además de que en esta agrupación religiosa no se aceptan imágenes –“No podemos adorar ni honrar imágenes”, según los principios de Jesucristo–, los ministros son casados, como lo establecieron las Sagradas Escrituras… “Sabemos que en la Iglesia católica no se aplica esta norma apostólica.

Hoy vemos que por no ser casados todos los desórdenes en los que han caído”, sostienen los entrevistados.

Y aseveran que ante tal descrédito el católico ve más llenas sus expectativas espirituales en La Luz del Mundo, agrupación que se unió al Movimiento México Laico para rechazar las modificaciones al artículo 24 constitucional, relativo a la libertad religiosa. Éste “es un tema de mucha importancia nacional, para que se tome en cuenta la opinión de todos los sectores en lugar de legislar en lo oscurito y sin escuchar siquiera a las propias asociaciones religiosas en el país. Nos interesa el tema porque todas las iglesias que no pertenezcamos a la mayoritaria vamos a tener problemas”, expresa García Granados.

–¿Cuáles son sus temores? –se le pregunta.

–Se pretende que en los planteles escolares se dé educación religiosa; en eso no estamos de acuerdo. La educación religiosa se da en casa y corresponde a los padres; o en los templos, y corresponde a los ministros. Pero sabemos que Benedicto XVI tiene programado un encuentro con el presidente de México para formalizar acuerdos en ese sentido.

En un pronunciamiento que La Luz del Mundo divulga en su portal www.ilm.org, lamenta que con la reforma constitucional “se pretenda sepultar la obra de Benito Juárez y la de los hombres de la Reforma, cuyo legado ha contribuido decididamente a fortalecer nuestro régimen de libertades, la educación laica y la cultura de los derechos humanos. Por tanto, las pretensiones clericales a que responde tal reforma van en detrimento del Estado laico y, en consecuencia, afectan las libertades de los grupos religiosos numéricamente minoritarios del país”.

Temen que de manera subrepticia o dirigidos de manera abierta , los cambios –

que aún no se discuten en el Senado, aunque la fracción del PAN tiene agendado el tema– “tengan como trasfondo cumplir las exigencias de la jerarquía católica, cuyos dirigentes, enarbolando una sesgada interpretación de la libertad religiosa, busquen resucitar antiguos privilegios: instrucción religiosa en las escuelas públicas; participación del clero en política electoral; instalación de capellanías en el Ejército y la Marina; subsidio estatal para sueldos de los ministros de culto, además de la posesión y control de medios de comuni-

cación electrónicos, entre otros”.

Con todo, dicen que confían en que los senadores no cometan el error de aprobar la reforma a la Constitución. Para ellos, las enmiendas serían un regalo al dirigente de la Iglesia católica cuando venga.

Los dos representantes de Luz del Mundo consideran que las autoridades deben reforzar la seguridad en el entorno donde se encuentra la Torre de la Fe para evitar que algún fanático católico entre en las instalaciones o haga daño o los seguidores de esa asociación religiosa.

A N Á L I SI S JESÚS CANTÚ

NARANJO

Apicultora

Ataque a la libertad de expresión L

a Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) tiene razón al señalar, en un desplegado del miércoles 15, que las “recientes decisiones tomadas por algunas autoridades electorales (…) han generado aún mayor confusión para medios y comunicadores de la radio y la televisión”. En lo que no tiene razón es en que sean las normas electorales producto de la reforma del 2007 las que “vulneran la libertad de expresión y atacan la actividad periodística”, ya que la causa de estas circunstancias es la aplicación que de dichas reglas han hecho las autoridades electorales. La reforma (a pesar de estar inacabada y de ser perfectible) es positiva, pero su implementación es pésima. Particularmente los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) parecen empeñados, con sus resoluciones, en hacer fracasar el modelo de propaganda político-electoral que emergió de la reforma constitucional y legal de 2007 y 2008.

El lunes 13 y el martes 14 los magistrados aprobaron, por mayoría, dos resoluciones que atentan contra el libre ejercicio periodístico y la libertad de expresión. En una de ellas, ratificaron la sanción que el Consejo General del IFE impuso a una empresa de comunicación por transmitir en un canal de televisión restringida los cierres de campaña –exactamente en las mismas condiciones– de los tres candidatos a gobernador del estado de Michoacán.

En la otra, decidieron pedirle al IFE ponderar la sanción que debe imponerse a TV

Azteca por transmitir la pelea en la que el boxeador Juan Manuel Márquez portó en su pantaloncillo el logotipo del PRI. En ambos casos, la lógica es que las respectivas empresas transmitieron propaganda electoral “fuera del tiempo asignado por la autoridad administrativa electoral”, lo cual implica una violación a la normativa correspondiente.

Así, bajo el pretexto de impedir que “los partidos políticos, personas físicas y morales contraten o adquieran, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con el fin de influir en las preferencias electorales…”, la mayoría de los magistrados atentan contra la libertad de expresión, el ejercicio profesional del periodismo y la operación de las empresas televisivas.

Tv Azteca ha sido la empresa de comunicación más beligerante en contra de la reforma electoral; sin embargo, en este caso su única opción era transmitir la pelea tal como recibía la señal, pues la comprometía el contrato que firmó con la generadora de la misma. Por otra parte, cancelar la transmisión, así fuese únicamente en Michoacán, la habría metido en conflictos legales con los anunciantes que le contrataron tiempos. En este caso, tal como resolvieron el IFE y el Tribunal, es sancionable la conducta del boxeador y del PRI, pero la televisora no tenía posibilidades reales (sin pagar altos costos económicos y eventualmente generar conflictos legales) de impedir dicha transmisión.

Por otra parte, bajo ese criterio habrá un cúmulo de sanciones para las televisoras por la transmisión de la publicidad que contraten los candidatos y partidos políticos en los escenarios donde se celebren eventos deportivos, como será el caso del futbol soccer; una buena parte de la publicidad exhibida en los estadios se transmite normalmente por la televisión, porque no hay forma de ocultarla. Y tampoco existe una disposición legal que prohíba a los actores políticos comprar esta publicidad.

Pero el otro caso es todavía más grave, pues implica una violación a la libertad de expresión, ya que la televisora correspondiente decidió transmitir los cierres de campaña de los tres candidatos (incluyó a todos, y a ninguno le dio un tratamiento diferenciado), cumpliendo claramente con los principios periodísticos básicos.

Ninguno de esos argumentos hizo recapacitar a cuatro de los siete magistrados que mantuvieron el criterio de que “CB Televisión (…) realizó una transmisión especial del cierre de campaña del candidato Fausto Vallejo y Figueroa, en el cual se hicieron diversas expresiones y alusiones propagandísticas, dirigidas a influir en las preferencias electorales”.

Y todavía remataron: “…sería irrelevante la investigación respecto de si los otros contendientes también tuvieron acceso a tiempo de televisión, difundido por el mismo canal, pues la irregularidad se actualiza por la difusión fuera del ordenado por el Instituto Federal Electoral”.

Nuevamente, bajo este criterio, la transmisión de cualquier acto de un candidato a un puesto de elección popular sería sancionada, pues invariablemente su actividad durante los 90 días de campaña tendrá expresiones propagandísticas y estará encaminada a influir en las preferencias electorales.

Tras la aprobación de la reforma, las argucias de los concesionarios (en buena medida ellos generaron esta reacción) y los actores políticos les permitieron burlar las nuevas disposiciones con la compra de espacios no comerciales, es decir, propaganda política disfrazada de algún género periodístico. Esta violación sistemática de la legislación llevó a que el Tribunal –pues en este tema, como en muchos otros, el IFE fue omiso– empezara a sancionar dichas emisiones, cuando claramente se detectaba un trato diferenciado hacia los aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.

Lo aberrante es que hoy sancionen una sana decisión editorial, pues el que gana con la transmisión –en vivo y en condiciones de estricta equidad– de los cierres de campaña de todos los candidatos a un determinado puesto de elección popular es el ciudadano, que se allega así información directa. Suponiendo –sin conceder, como dicen los abogados– que la empresa les vendió dicha transmisión a los tres candidatos, éstos estaban en la posibilidad de negarse y la empresa no podría hacer ninguna discriminación, pues entonces sí existiría al menos un elemento para supo-

A N Á L I SI S ENRIQUE SEMO

AMLO y el sistema de movimientos sociales

ner la adquisición ilegal de tiempo en televisión por parte del o de los candidatos que sí aparecieron.

La reforma en la materia está incompleta, ya que faltan –entre otras cosas– la ley reglamentaria del artículo 134 y reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión para permitir la imposición de sanciones, más allá de las económicas, a los concesionarios que violen las normas electorales reiterada y sistemáticamente.

Pero las autoridades electorales tenían las posibilidades de subsanar, al menos parcialmente, algunas de estas carencias y dar certidumbre a todos los actores con reglas claras, precisas y sancionadas conforme a la Constitución y la ley. Sin embargo, particularmente en esta materia, el IFE peca de omisión y el Tribunal parece empeñado en cancelar la libertad de expresión.

Como bien señalan en su voto particular los magistrados María del Carmen Alanís y Salvador Nava: “…el modelo de comunicación que se diseñó tuvo, entre otros objetivos, hacer prevalecer la equidad entre los participantes de las elecciones, es decir, que los partidos políticos y candidatos, en igualdad de circunstancias, tuvieran acceso a los mismos periodos de tiempo, más no coartar las libertades de expresión, información y prensa, de ninguna persona, entre ellos los comunicadores de la radio y la televisión”. Pero eso no parecen haberlo entendido el resto de los magistrados, y en ocasiones ellos mismos lo han ignorado. O

U

n sector significativo de los mexicanos, y eso cruza verticalmente todas las clases sociales, está descontento con la situación general del país. Puede decirse que hay una conciencia colectiva de decadencia que no es general pero sí muy extendida. La ética social, las obligaciones morales están cada vez menos presentes; las acciones individuales amorales, injustas, ilegales, parecen imponerse a toda conciencia colectiva que constituye la argamasa de la sociedad por encima de sus conflictos sectoriales.

La percepción del desempeño de la economía nacional y privada es que está estancada, que no hay mejoría ya desde hace una generación o más. El estatus relativo de México en el conjunto de las naciones se deteriora, y la criminalidad está rompiendo las barreras y logrando introducirse en todos

dernización que se instrumentan desde las cúpulas del poder terminan por beneficiar sólo a quienes las proponen (…) solamente con participación ciudadana se puede concebir, instrumentar y realizar un proceso de nación que a todos incluya en su ejecución y en el beneficio de sus resultados”1.

Pero la “participación social” no se produce sólo en el sistema político; se produce también, como sugiere Niklas Luhmann, en el sistema de los movimientos sociales. El sistema de movimientos sociales es en sí mismo completamente diferente al sistema político y vive con intensidad su propia dinámica, ajeno a elecciones, presidentes, gobernadores y toda la parafernalia que los acompaña; con otros calendarios, problemas diferentes, victorias y derrotas a las cuales los medios (con notables excepciones) no prestan atención ninguna. Ahí no reina la publicidad, sino las redes sociales; tampoco la ambigüedad o la trácala, sino el compromiso digno con ideas y valores; los medios escasean y la solidaridad humana es fuerte. Sin embargo, el sistema de movimientos sociales es fuente bien establecida de participación popular y poder. Es tan viejo como el México colonial, en el cual el sistema político tenía poco o nada de participación social y en donde reinaba el principio de que los súbditos deben “aprender a callar y obedecer”, mientras que los movimien1 Gutiérrez Garza, Esthela. “En economía: ¿Dónde estamos, hacia dónde vamos”, en Cambiar México con participación social, México, Senado de la República, UANL, Siglo XXI, 2011, página 109.

los círculos sociales, incluyendo las altas esferas de la política y la empresa pública. Pocos son los que creen en el progreso en un futuro inmediato. Eso coincide con lo que Émile Durkheim ha llamado un estado de anomia. Parte de la nación mexicana se siente impotente ante la necesidad urgente de cambiar el rumbo, que evidentemente tiene que ver con la acción colectiva, y guarda reservas hacia las próximas elecciones.

Racionalmente hablando, la pregunta es: ¿Por dónde comenzar? Y la respuesta no es simple ni mucho menos evidente. Yo citaría aquí a Esthela Gutiérrez Garza, quien después de hacer un diagnóstico certero del estado económico de la nación sostiene: “Es fundamental tener claro que el principal problema de México no es económico, sino político... Los proyectos de la supuesta mo-

tos de resistencia de los indígenas eran permanentes.

En una cosa los dos mundos se parecen: en ninguno de los dos el músculo y la mente duermen, hay una actividad febril y constante, un trajín incesante. Estoy convencido de que el salto de la decadencia o anomia a la regeneración y el restablecimiento del vigor nacional depende de la acción en ambos sistemas. Entre los dos se establecen relaciones de negociación, represión y autodefensa. El gobierno coopta dirigentes, satisface parcialmente demandas, mata. El movimiento se dispersa, queda reducido a su mínima expresión. Pero el sistema de movimientos sociales persiste y nunca sabe uno cuándo se puede transformar en poder alternativo.

AMLO es un hombre que, como otros líderes de América Latina, se ha movido y se sigue moviendo con gran naturalidad en los dos sistemas: el político y el de los movimientos sociales.

Su compañía en ese sentido no es mala, ni mediocre: Lula, el dirigente sindical y presidente popular; Evo Morales, dirigente de los cocaleros y presidente popular; Dilma Rousseff, luchadora radical contra la dictadura y presidenta popular; José Mujica, tupamaro y presidente popular.

AMLO es similar a ellos y a la vez distinto, porque pertenece al escenario mexicano en el cual no hubo dictadura militar. Ha pasado frecuentemente de la acción política a la lucha social, siempre por defender valores esenciales pa-

ra ambas esferas. Primero fue dirigente estudiantil en su nativo estado en 1968.

Después participó en el equipo electoral de Carlos Pellicer. Durante los años 19771982 estuvo al frente del Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca, en donde contribuyó a mejorar las tecnologías agrícolas de los indígenas, y fueron ellos quienes lo apoyaron para que iniciara su carrera política.

En 1988 lo postularon como candidato a la gubernatura de su estado natal, Tabasco, contra Roberto Madrazo. Después de que éste asumió la gubernatura, AMLO exhibió 45 cajas con miles de documentos que probaban el costo ilegal de la campaña de Madrazo, y por tercera vez en su vida recurrió al movimiento social llamando a la resistencia contra el fraude y la imposición de Pemex en la región. Eso desembocó en la Caravana por la Democracia.

Dos años más tarde bloqueaba instalaciones petroleras para exigir indemnizaciones para los campesinos y pescadores afectados por la actividad de Pemex. Luego fue presidente del PRD y transformó su campaña por el Distrito Federal en un verdadero movimiento social. El intento de Vicente Fox de desaforarlo fue derrotado por un movimiento social multitudinario. Todos conocemos la historia de lo que siguió al fraude de 2006. Expulsado de la política, Andrés Manuel volvió a refugiarse en el movimiento social, sin abandonar completamente la primera. ¿Quién, entre los otros candidatos a la Presidencia, tiene un historial semejante? O

A N Á L I SI S M A RTA L A M A S

AXEL DIDRIKSSON

Educación: demagogia electoral

Para no olvidar H

ace unos días me llegó un relato espeluznante, y agradezco a Patricia Chandomí que lo esté circulando.

Es muy importante no olvidar que en nuestro país siguen ocurriendo este otro tipo de atrocidades: En uno de los municipios más pobres y marginados de Chiapas, el paraje Tojchuctik del municipio de Mitontic, casaron a los 12 años a Margarita. A los dos meses de vivir con el marido, Margarita acudió a su familia porque Juan la golpeaba a diario, y le dijeron que se debía “aguantar”. Fue con las autoridades tradicionales, no le hicieron caso y regresó a vivir con él.

Pese a la precariedad de su trabajo y su adicción al alcohol, Juan consiguió que otra mujer, Juana, originaria del municipio de Teopisca, se fuera a vivir con él y con Margarita. Con cada una procreó seis hijos. Margarita y Juana vivieron aisladas en el rancho, violentadas diariamente y sin tener mayor relación con otras personas del lugar. Margarita volvió un par de veces con el juez de paz de Mitontic para denunciar los golpes.

Sonia, la hija mayor de Margarita, fue violada por su padre desde los ocho años de edad. A los 12 quedó embarazada, y Margarita la presionó para saber de quién: “Obligué a mi hija a que me confesara de quién era el hijo, y salió cierto que el hijo era de Juan, pero cuando intenté reclamarle casi me mata. Ese día nos pegó a puras patadas a las tres”.

Cuando llegaba borracho, Juan obligaba a Margarita y a Juana a tomar con él, y Margarita se volvió alcohólica: “Yo ya no quería vivir, no podía hacer nada por mí ni por mi hija ni por mis nietas; yo no era nadie, no sabía hablar el español, la gente no me entendía, la justicia no me hizo caso. Ahí fue que agarré vicio de trago”.

Juan siguió violando a Sonia, y al año y medio de haber tenido a su

primera hija, Sonia volvió a quedar embarazada de su padre. A sus 15 años, Sonia llevaba siete años de violaciones incestuosas, dos criaturas, y era golpeada cuando se resistía a tener relaciones sexuales. Sonia relata: “Un día yo bajé a lavar ropa al río, y vi a lo lejos cómo mi papá le quitaba la ropa a mi hermanita de cinco años y cómo la empezaba a manosear. Yo sentí una cosa tan fea, tan fea en todo el cuerpo, una impotencia, una rabia, un enojo, que me juré que mi hermanita no pasaría lo mismo que yo”.

Ese mismo día por la noche, Juan llegó directamente a golpear a Margarita, quien se encontraba alcoholizada. Juan les pegaba alternadamente a Margarita y a Juana, pero más a Margarita, que ya estaba inconsciente. Esa noche del 23 de enero de 2005, a sus 15 años de edad, Sonia no tuvo duda: fue al fogón, tomó un leño y mató a su violador y golpeador de su madre.

Las tres mujeres abandonaron el rancho. Juana se fue a la cabecera municipal de Carranza con sus seis hijos, y Margarita y Sonia regresaron con los suyos a Mitontic. Margarita dijo que habían regresado huyendo de la violencia de Juan, pero a los dos meses Juana se presentó con la familia de Juan, pues en Carranza no encontró medios de sobrevivencia para sus seis hijos. Y así los familiares de Juan se enteraron de que había muerto.

Al presentar a Juana con las autoridades locales, ésta confesó la historia.

Margarita y Sonia aceptaron los hechos.

Al ser juzgadas, el magistrado de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, consideró falsa la declaración y sentenció a Margarita como culpable del delito de homicidio calificado. Juana fue encarcelada por encubrimiento y Sonia fue trasladada al Centro de Readaptación para

Menores Villa Crisol, donde pasó dos años y medio, y luego quedó libre.

Margarita fue enviada a la cárcel preventiva de Carranza con una sentencia de 15 años, donde permaneció casi cuatro años. En el 2008, a Margarita se le trasladó al Penal 5 de San Cristóbal de las Casas, donde, pese a que no debía convivir con los reclusos, quedó embarazada. En 2009, por intervención del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas (Cdmch), se apeló su sentencia y ésta quedó por 11 años y ocho meses. Margarita lleva siete años privada de su libertad, por lo que ya cumplió más de 60% de su sentencia.

Sonia vive en otro municipio y cuida de sus dos hijas (producto de la violación incestuosa), de un hijo que tiene con su actual pareja y de la niña que tuvo su mamá en la cárcel.

Gracias a Rosa López Santis, indígena tsotsil trilingüe, defensora del Cdmch que llevó el caso (asentado en la causa penal 30 del 2005, radicada en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Venustiano Carranza), ya se concedió a Margarita la suspensión de sentencia.

Pero para poder salir libre necesita pagar una multa de 34 mil 799 pesos.

El caso de Margarita está en la Mesa de Reconciliación y Revisión de Expedientes del gobierno de Chiapas (número 379/MR/2010), y su defensora ha apelado a que las autoridades estatales asuman el pago de la multa.

El gobernador Sabines ya respondió positivamente, y ofreció prestar ayuda a estas tres mujeres para que rehagan sus vidas. Sin embargo, es imprescindible no olvidar que casos similares a los de Margarita, Sonia y Juana se repiten en nuestro país; por eso una cuestión fundamental es la de qué podemos hacer. Por lo pronto, en este contexto preelectoral, apoyar a las líderes indígenas que aspiran a ocupar posiciones de toma de decisiones. Ellas son las que denuncian y defienden a sus compañeras. O

C

on las elecciones en puerta, el tema educativo vuelve a cobrar notoriedad en los discursos gubernamentales y de los candidatos, que suman iniciativas e intenciones en cascada para mostrar que, con todo, hay algún interés en los jóvenes, en la reforma de los contenidos educativos y en los docentes.

Pero lo que menos pueden presumir el gobierno actual o los candidatos que han sido cómplices de la barbarie que se ha dado en el país se encuentra en este sector, el cual ha sufrido más la falta de proyectos, de avances y reformas sustanciales, así como de mayores sangrías presupuestales, que han ido a parar a los bolsillos de quienes se han beneficiado de la simbiótica y perversa relación entre el PAN y el SNTE (10 mil 676 millones de pesos en pagos irregulares para agentes del SNTE, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010).

El hecho es que se han soltado varias propuestas e iniciativas que vuelven a convertir a la educación en materia de demagogia electoral, en programas para captar votos por la vía del más pernicioso asistencialismo y en planes que, por los tiempos, ya no tienen otra razón que ser parte de la retórica partidaria y gubernamental a favor de algún candidato o candidata.

Véase si no el caudal de ofertas educativas que han salido en el lapso de algunos meses, los más aciagos de este gobierno: comenzó con el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, a través del cual se prometen créditos bancarios para un grupo selecto de instituciones de educación superior, creyendo que así comprarán intereses de algunos sectores de la clase media.

Siguió el anuncio de 600 mil becas para estudiantes pobres en bachillerato y de 400 mil para universitarios. También pura demagogia porque las becas apenas alcanzarán para pagar el transporte o una precaria

comida de quienes las obtengan, y porque el país, como nunca antes, se ha inundado de becas que si bien son propicias para mantener a los alumnos en la escuela, no han logrado elevar los niveles de aprendizaje ni la calidad de la escolaridad.

En algún momento habrá que preguntarse por qué siendo este sexenio el de las becas sin ton ni son, se siguen ocupando los peores lugares en rendimiento escolar y en las pruebas internacionales, además de alcanzar el mayor nivel de deserción precisamente en los niveles educativos en donde se otorgan más becas: medio superior y superior.

Y también se ha lanzado el sistema de una preparatoria a distancia, para captar, dicen, a un millón 800 mil estudiantes. Se orienta a los desertores del nivel, cuando se sabe que no se han adquirido los aprendizajes significativos para organizar de manera individual procesos cognitivos desde ambientes a distancia o en línea.

De nuevo pura retórica.

Y luego la obligatoriedad del bachillerato, que alcanzará a ser universal … en 2022.

Puro rollo, porque debiera haberse implantado desde el inicio del sexenio, y no ahora, cuando éste se halla en los límites de su penosa existencia. Además, habrá que ver en los hechos cuántos recursos se le otorgan para hacerlo viable y si se articula de manera exitosa durante el actual periodo escolar.

Para que no quede duda de las intenciones electoreras con el sector educativo, se ha anunciado la revitalización del programa Enciclomedia –todo un fracaso y una tremenda transa aún no ventilada públicamente– y de un proyecto pomposamente denominado “Aula Base Telemática”, que es como el remedo del anterior sin que se haya transparentado la licitación correspondiente.

Y para los profesores, se ha decretado la Evaluación Universal para el Desempeño Docente desde finales del año anterior, la cual ha provocado más controversia y rechazo (ya se ha suspendido por completo en Quintana Roo) que la misma Alianza para la Calidad de la Educación, porque ambas se manejan bajo los intereses que benefician enteramente al SNTE y no a los docentes de la educación básica.

Del mismo modo, ya se anunció, sin pena ni gloria, el Acuerdo 592 para avanzar en la articulación de 12 años de educación básica (Diario Oficial del 19 de agosto de 2011), asegurando que esto se logrará con un currículum por competencias y estándares de logros, con el aprendizaje del inglés desde preescolar, con una educación en la lengua materna y con el manejo de las tecnologías de la información, para llegar a ser una sociedad del conocimiento. Pura abstracción.

Ya veremos en los meses por venir cómo la educación será motivo de un más alto nivel de alarde de propuestas y de engaños. Todos los candidatos prometerán ser los “benefactores” de la educación nacional para hacer realidad lo que nunca se ha alcanzado. Habrá materia para la retórica y los grandes planes inalcanzables, mientras que millones de niños y jóvenes padecen del abandono y de la ignorancia, precisamente faltos de las alternativas que les ofrecerán por montones. O