Forjando by Hache Comunicación de Marcas

MARIANO J. ARAMBURO VIRGINIA MACCHI MERCEDES LÓPEZ CANTERA OSCAR H. AELO

JOSÉ MARCILESE MARIANA POZZONI marcela ferrari Nidia burstein

santiago rotman carlos varetto carla carrizo cecilia galván

FORJANDO

REVISTA CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ARTURO JAURETCHE

Año 01 - Número 02

ISSN 2313-9021

ESCRIBEN

Forjando

AÑO 01 - NÚMERO 02 DICIEMBRE DE 2012 Dirección: Mauro Amorosino Secretarios de Redacción: Juan Manuel Romero Lucía Paolucci Diseño Gráfico: Nicolás Henrichsen Ilustraciones: Diana Park

Banco de la Provincia de Buenos Aires Presidente: Lic. Gustavo Marangoni Vicepresidente: Dr. José Pampuro Director Secretario: Lic. Daniel Tillard Director: Sra. Marta Helguero Director: Dr. Rafael Perelmiter Director: Lic. Carlos Fernández Director: Dr. Diego Rodrigo Director: Cdor. Omar Galdurralde Director: Dr. Javier Mouriño

Forjando es una publicación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martin 137 /C1004AAG / Ciudad de Buenos Aires / Argentina. Si nos quiere contactar, escríbanos a: centrodeestudiosjauretche@bpba.com.ar Las notas publicadas no representan necesariamente el criterio del Editor.

RNPI Exp. 5038860 ISSN 2313-9021 PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL POR CUALQUIER MEDIO SIN PERMISO DEL CENTRO.

NÂş02 Partidos PolĂticos en la Provincia de Buenos Aires.

ÍNDICE

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28 38 48 60

10 Editorial Gustavo Marangoni

Partidos y facciones en la primera mitad del siglo XIX en Buenos Aires. Mariano José Aramburo y Virginia Macchi

Camino a la Revolución. El Partido Comunista de la Argentina en la provincia de Buenos Aires. 1930-1943. Mercedes F. López Cantera

El Partido Peronista en la provincia de Buenos Aires. 1947-1955. Oscar H. Aelo

Conflictos, prácticas políticas y organización partidaria en el peronismo de Bahía Blanca. 1945-1960. José Marcilese

La apertura electoral en la provincia de Buenos Aires y la gravitación juvenil en el gobierno de Oscar Bidegain. 1972- 1974. Mariana Pozzoni

El radicalismo bonaerense en la reconstrucción democrática: de la ilusión al desencanto de las mayorías, 1983-1987. Marcela Ferrari

De alianzas y circunstancias. La política bahiense entre 2003 y 2007. Nidia Burstein

Las tres vidas del sistema de partidos bonaerense

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Santiago Rotman y Carlos Varetto

Partidos, federalismo y práctica electoral: la provincialización de la política local en las elecciones de 2011. Carla Carrizo y Cecilia Galván

EDITORIAL

EDITORIAL por Gustavo Marangoni

La política y sus instituciones no son inmunes a los cambios que la sociedad ha experimentado en los últimos años. Como un deportista maduro que se empecina en seguirles el ritmo a los competidores más jóvenes, la política, si pretende mantener la legitimidad de su representación, no puede perderle pisada a las mutaciones que día a día se van sucediendo. Como lo marca el artículo 22 de la Constitución, cuyas palabras recorren el corazón que ilustra la tapa de este número, nuestro sistema político adopta para gobernar la forma representativa, es decir, el pueblo sólo puede gobernar mediante individuos elegidos democráticamente, nunca lo podrá hacer de forma directa. Bajo esta premisa, los canales de representación por excelencia han sido históricamente los partidos políticos, fuerzas en las que se organizan y defienden ideas y principios que entrarán en competencia para ocupar temporalmente determinados puestos de gobierno. En nuestra historia, los partidos tuvieron un rol protagónico, fueron las primas donnas del sistema. Así, hemos tenido grandes organizaciones cuyas ramificaciones fueron nacionales, como el Partido Radical y el Justicialista, y otras que tuvieron una vida más acotada, tanto espacial como temporalmente, es sólo cuestión de repasar lo que fueron ayer y lo que son hoy el Partido Socialista, el Comunista o la UCD, por nombrar sólo algunos ejemplos. En la Argentina, la pregunta por los partidos estuvo habitualmente inspirada por debates acerca de la inestabilidad del sistema. Mientras ciertos investigadores los entendían como expresión de los intereses de las clases sociales, otros se preocuparon en cambio por la vida interna de estas instituciones y el modo en que sus características influyeron en la forma en que se desempeñaron en la escena pública. La renovación y expansión de los estudios en las Ciencias Sociales que tuvo lugar en los últimos años, amplió notablemente la variedad de enfoques posibles: los discursos y las ideologías partidarias, sus relaciones con la prensa, los procedimientos con los que se seleccionan elencos dirigentes y la creación de carreras políticas, la lógica de los conflictos partidarios internos, las características de la inserción regional de los partidos, son algunos de los problemas estudiados por los investigadores.

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Ahora bien, en el presente los partidos políticos están muy lejos de ser lo que fueron antaño: estructuras monolíticas con enormes aparatos electorales y miles de afiliados que pagaban sus cuotas religiosamente y defendían las bases ideológicas recusando a todo aquel que osara moverse un ápice de sus principios. Hoy, las organizaciones son más bien laxas, la presencia territorial basada en las unidades básicas o comités dista de ser uniforme y las fronteras ideológicas son difusas. Todo esto da como resultado partidos que son meros sellos electorales, legalmente imprescindibles para presentarse a elecciones, pero de un significado real más bien vacío. ¿Esto ha matado al sistema representativo? No, lo ha transformado. Las identidades y lealtades líquidas crearon una crisis en la representación que ha dado lugar a un cambio en la misma. Hemos pasado de un sistema representativo a uno de audiencias. ¿Cuáles son las bases de esta democracia de audiencias? Principalmente que las figuras políticas ya no son complejos armados partidarios sino individuos cuyos liderazgos se sostienen en la imagen pública. Los partidos ya no son más los exclusivos articuladores de las demandas de la sociedad (por lo menos no en su mayoría), ahora lo son personas, caras, apellidos y sonrisas en afiches propagandísticos con poca o nula estructura detrás. En este segundo número de Forjando tratamos de abarcar todos los momentos de la vida partidaria: sus comienzos, sus luchas, su cenit y su actualidad, subsumida en más preguntas que respuestas. Pero, como es habitual ya, siempre partiremos de un enfoque cerrado al acontecer de la Provincia de Buenos Aires. Como en el primer número, dedicado a la participación popular en la vida política de la Provincia, los artículos que componen esta revista se articulan en torno de un marco temático unificado. Los autores que escriben en esta oportunidad centraron sus análisis en diversos aspectos del sistema político, teniendo como principal referencia a los partidos. Se trata sin dudas de un tema fundamental para quienes intentan explicar las particularidades de la vida política del país. Nuevamente, nuestra intención es contribuir a la reflexión y el debate. Estamos convencidos de que conocer mejor el pasado permite imaginar futuros mejores. La cuestión de los partidos en la Provincia de Buenos Aires se vio enriquecida, tanto por la renovación de las preguntas y las metodologías utilizadas para el estudio de la política, como por el avance sobre la cuestión regional y local. Los estudios de caso han mostrado lo problemático que puede ser atribuirle a un partido determinadas características, sin atender a las diferencias que se manifiestan en las distintas provincias o localidades en las

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que éste se inserta. Por las mismas características de la Provincia, que resulta el bastión clave para la mayoría de los partidos de alcance nacional, esta dimensión local tiene un gran interés. Si bien es mucho lo que todavía nos falta aprender sobre ella, consideramos que los ensayos que presentamos aquí constituyen una contribución importante para la comprensión de ese problema. Muchos de ellos, hay que decirlo, provienen de investigaciones producidas en el marco de los diversos centros de estudio con los que cuentan las Universidades que funcionan en Buenos Aires. Por último, el lugar de la Provincia en la política nacional también está siendo revisado con interés. Ocupa, sin dudas, un lugar especial, y su estudio permite comprender mejor a la Argentina. Desde tiempos coloniales, el control del puerto convirtió a la ciudad de Buenos Aires y a su campaña en una pieza clave en la región. Luego de la independencia, y durante las guerras civiles que atravesaron el siglo XIX, esa disposición de los recursos (sumada a la capacidad de emitir moneda), aseguró la superioridad militar de Buenos Aires, y por lo tanto su hegemonía respecto del resto de las provincias. Cuando a finales de ese siglo comenzó a fortalecerse el Estado Nacional, luego de un proceso en el que Buenos Aires tuvo un rol fundamental, este nuevo poder pretendió doblegar a los poderes provinciales. Buenos Aires fue derrotada en 1880, y luego, en medio de un importante debate, se federalizó su capital, la Ciudad de Buenos Aires. La situación estructural de la Provincia (la más rica y la más poblada del país), ha condicionado de ese modo su relación con la política nacional, de formas que perduran hasta nuestros días. Se trata sin dudas de una realidad muy compleja, en la que intervienen fenómenos de índole diversa. Confiamos en que este número de Forjando ayudará a comprender mejor estos problemas. Los contenidos de este número Los historiadores Virginia Macchi y Mariano José Aramburo abren la revista con un artículo en el que se ofrece una mirada panorámica del rol de los partidos en el territorio bonaerense a lo largo del siglo XIX. Ese cuadro permite interrogar los cambios en los modos de agrupación política que tuvieron lugar en el período. ¿Cuáles eran sus características antes de la formación de esas instituciones modernas a las que llamamos “partidos”? El recorrido se nutre entonces de la aparición los clubes políticos y logias en tiempos de la independencia, de los conflictos que cruzaron luego a “unitarios” y “federales”, y de la organización finalmente de algunos “partidos” en la década de 1850. Esos cambios aparecen así como un muestrario de las características más relevantes de la política bonaerense del período. Ya con la mirada en el siglo XX, Mercedes López Cantera recupera una experiencia importante y que es aún poco conocida: la del Partido Comunista Argentino en los años previos a la aparición del peronismo.

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Como sabemos, el período iniciado con el golpe militar de 1930 estuvo marcado por un retorno del conservadorismo al poder y por importantes transformaciones económicas. A pesar de la sostenida represión estatal, los comunistas argentinos implementaron una exitosa estrategia de inserción en el mundo del trabajo. Las migraciones internas y el crecimiento del sector industrial fueron el telón de fondo para un período en el que el movimiento obrero cobró un protagonismo inédito. El conurbano bonaerense fue uno de los espacios estratégicos en los que se desarrolló el comunismo, como revela el estudio de la autora, que incluye además argumentos sobre la experiencia del partido en Mar del Plata. Las dos contribuciones siguientes trabajan en profundidad distintos aspectos de la participación del Partido Peronista en la Provincia de Buenos Aires, durante los primeros gobiernos peronistas. El primero de ellos, Oscar Aelo elige una perspectiva a nivel provincial que destaca las características de la organización partidaria local. El historiador resalta allí las complejas lógicas que operaron en el proceso de construcción del Partido Peronista bonaerense. Lejos de las habituales imágenes estereotipadas, el cuadro que propone señala la existencia de importantes conflictos internos, diferentes líneas internas que se disputaban la conducción, y aún diferentes concepciones y modelos de organización. Por su parte, José Marcilese aborda la cuestión analizando el recorrido del partido en una localidad de la Provincia: Bahía Blanca. Allí, a los grupos conservadores, sindicales y del radicalismo que confluyeron en las primeras alianzas partidarias, se le agregó una activa célula proveniente de FORJA, lo que constituye una de las singularidades del caso bahiense. La construcción de liderazgos locales, y el delicado equilibrio de fuerzas entre las distintas líneas partidarias, reflejan a la vez la complejidad de los vínculos entre la política municipal y la provincial. Finalmente, la situación del partido se vio además afectada por los procesos nacionales más resonantes, y debió modificar sus estrategias a partir de la Revolución Libertadora, cuando la dictadura comenzó a implementar políticas de desperonización. Otros aportes avanzan en atractivos análisis de la historia reciente. Publicamos aquí un artículo de la historiadora Mariana Pozzoni, acerca de la experiencia política del peronismo provincial durante los años de gobierno de Oscar Bidegain. En el contexto de apertura electoral que supuso el fin de la proscripción de la fuerza mayoritaria, el FREJULI impuso su fórmula en la provincia. Como los artículos anteriores sobre el peronismo, el de Pozzoni revela la compleja vida interna del movimiento en una coyuntura marcada por la emergencia de nuevos grupos, y la disputa por el control institucional. También aquí, esos procesos de la política provincial aparecen influidos directamente por aquellas otras tendencias de la política nacional. Marcela Ferrari nos presenta un trabajo sobre el radicalismo bonaerense en

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los años ochenta, a partir de la recuperación de la democracia. En esos años, la UCR consiguió victorias electorales en la Nación y en algunos distritos importantes, entre los que se destaca la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. El ensayo de la historiadora propone un análisis minucioso de la trayectoria de las diversas líneas internas que confluyeron en las alianzas de los años ochenta. Esa perspectiva pone de relieve los distintos conflictos internos del partido, algunos ideológicos y otros generacionales. Hacia fines del período, tanto los problemas del gobierno nacional, como el delicado equilibrio de fuerzas dentro del partido provincial llevaron al radicalismo a la derrota electoral. Una zona diferenciada de nuestro número es la que se compone de artículos dedicados a la reflexión acerca de la provincia y el sistema político en la actualidad. El trabajo de Nilda Burstein abre esa sección con un análisis de la política bahiense entre dos años clave, 2003 y 2007. El estudio de un caso singular le permite a la autora avanzar algunas hipótesis acerca del funcionamiento del campo político a nivel local. Santiago Rotman y Carlos Varetto proponen también algunas hipótesis dirigidas a explicar importantes aspectos del sistema político provincial, en los últimos años. Su trabajo aborda así diferentes dimensiones del sistema de partidos bonaerense, y las vincula especialmente con el diseño institucional de la Provincia. La mirada en perspectiva destaca, además, la notable estabilidad de dicho sistema en el período que va desde la recuperación democrática hasta nuestros días. También en esta línea se ubica nuestro último artículo. Carla Carrizo y Cecilia Galván analizan las características del sistema electoral de la Provincia. Las elecciones del 2007 y del 2011 son el punto de partida para una reflexión sobre aspectos estructurales del sistema político y las articulaciones entre la política provincial y la política local.

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Partidos y facciones en la primera mitad del siglo XIX en Buenos Aires por Mariano José Aramburo y Virginia Macchi Mariano José Aramburo es profesor y licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es becario doctoral en el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Facultad de Filosofía y Letras, UBA y docente de la cátedra Historia Argentina I (1776-1862) de la misma facultad. Ha publicado artículos sobre historia política argentina del siglo XIX en revistas nacionales e internacionales. Virginia Macchi es profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires y magister en Historia por la Universitat Jaume I, España. Es becaria doctoral en el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Facultad de Filosofía y Letras, UBA y docente de la cátedra Historia Argentina I (1776-1862) de la misma facultad. Ha publicado artículos sobre historia política argentina del siglo XIX en revistas nacionales e internacionales.

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RESUMEN El artículo se propone ofrecer una mirada de conjunto sobre las características de la cultura política bonaerense en la primera mitad del siglo XIX. Para eso, se pregunta por el lugar del “partido” en la política de la época, analiza los cambios de esa idea y las distintas modalidades de agrupamiento en relación con algunas coyunturas clave del período. Introducción Una de las más importantes consecuencias del proceso de independencia en el Río de la Plata fue la certeza de que el sistema político y su legitimidad sólo podían lograrse bajo un sistema representativo. Efecto de lo anterior fue que en Buenos Aires existieron elecciones regulares durante toda la primera mitad del siglo XIX. Laxas agrupaciones políticas se crearon articulando y relacionando a los notables de la época, con redes clientelares más amplias que entraban en acción procurando el triunfo de una elección. Sin embargo, esto no significó

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la existencia de una idea de sociedad pluralista donde convivían opiniones contrapuestas. Por el contrario, la cultura política de la época privilegiaba la idea de unidad. Fue así que el término Partido se asoció con conceptos que tenían un sentido negativo tales como facción, secta, logia, club, los cuales eran considerados como contrarios a la unidad. Sin embargo, el principio representativo y la práctica electoral supusieron la existencia de divisiones políticas en Buenos Aires. Las páginas siguientes tienen el objetivo de explicar a estos partidos durante la primera mitad del XIX. Los primeros años de la revolución Con la Revolución de Mayo en 1810, al interior de la Junta de Gobierno se formaron dos partidos o facciones: una liderada por el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra; y la segunda, comandada por Mariano Moreno. Estos primeros partidos surgieron, entonces, al interior del mismo gobierno. Estos grupos diferían en el rumbo que tenía que tomar la Revolución, para los primeros debía ser más moderado, y más radical para los segundos. Los saavedristas buscaban que los diputados del interior, invitados desde Buenos Aires a incorporarse a la causa revolucionaria, se agregaran a la Junta de Gobierno. Para Mariano Moreno, los miembros debían ser diputados de un Congreso que debía dictar una constitución y decidir la forma de gobierno. La posición del partido de Saavedra fue la que triunfó y el 18 de diciembre de 1810 se constituyó la Junta Grande. Luego de la muerte de Moreno en marzo de 1811, los morenistas crearon el primer club político que sesionaba en el café de Marco. Los integrantes de este grupo político se opusieron sistemáticamente al gobierno de Saavedra al que tildaban de moderado, generando fuertes tensiones con el gobierno. Esta hostilidad entre ambas facciones desembocó en una asonada de carácter popular liderada por hombres de Saavedra los días 5 y 6 de abril de 1811. La petición de los levantados incluía la expulsión de los vocales morenistas y su destierro. Luego de este hecho, los morenistas fueron purgados del gobierno, y se debieron marchar de Buenos Aires. Además se instaló un tribunal de vigilancia que controlaba la lealtad política, y Manuel Belgrano –asociado a esa facción- fue enviado a juicio por sus acciones militares en la campaña del Paraguay. Muchos morenistas debieron exiliarse de la ciudad frente a la persecución de los saavedristas. Sin embargo, el ascendiente de Saavedra duró poco, pues luego de la derrota del ejército del norte en Huaqui en julio de 1811, partió rumbo al Alto Perú para intentar recomponer el ejército y sus enemigos aprovecharon su ausencia para tomar el poder, formando el primer Triunvirato. El club de los morenistas luego devino en una nueva asociación conocida como Sociedad Patriótica, liderada por Bernardo de Monteagudo, quienes

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se opusieron al gobierno del Triunvirato por calificarlo de moderado y de no querer declarar la independencia y dictar una constitución. De esta forma, surgieron nuevos centros de control político por fuera del aparato del estado. Primero, Monteagudo como portavoz de esta facción cuestionaba al gobierno desde el periódico oficial La Gaceta y que era respondido desde El Censor, pero ambos fueron suprimidos el 25 de marzo de 1812. Entonces, los miembros de la sociedad comenzarán a agitar la discusión desde las páginas de un periódico fundado por Monteagudo, Mártir o Libre, donde explayaba sus principios políticos. Desde este periódico, cuestionará la política del Triunvirato, a la que calificaba de tibia. De esta forma, el espíritu de facción o de partido de los primeros años de la Revolución se llevó a cabo en asociaciones, es decir, grupos de individuos, en este caso de la elite, con intereses comunes, referidos a la política revolucionaria, que se reunían en sociedades para discutir y debatir. Los intercambios de estas asociaciones se plasmaban en la prensa periódica del organismo, de fuerte contenido político. Para octubre de 1812, la dirigencia de la Sociedad Patriótica, más otros patriotas llegados desde la península, como José de San Martín y Carlos María de Alvear, conformaron una nueva sociedad política -esta vez de carácter secreto- llamada la Logia Lautaro, la cual reprodujo el sistema organizativo de las logias masónicas. Los objetivos de este grupo eran organizar un ejército libertador y declarar la independencia. La oposición a la política del Triunvirato se fortaleció. Este grupo, el 8 de octubre de 1812, llevó a cabo una asonada militar que depuso al Triunvirato y lo reemplazó por uno nuevo. El ascenso al poder de esta facción más radical, se vio reflejado en la convocatoria a una Asamblea Constituyente en enero de 1813. Empero ésta no declaró la independencia ni dictó texto constitucional alguno. Para el año 1814, las luchas facciosas se agudizaron. Los partidarios de la Logia asumieron el control político gracias a la influencia de Alvear, quien propuso llevar a cabo una concentración de poder instituyendo el cargo de Director Supremo. Pero sus políticas fueron impopulares y tras un breve gobierno fue desplazado por una sublevación militar en Fontezuela. Asimismo, Alvear tuvo que enfrentarse con el movimiento federal, iniciado en la Banda Oriental por Gervasio Artigas, que cada vez se hacía más fuerte en las provincias del Litoral. Finalmente, Alvear fue desterrado y la Asamblea disuelta. Con el gobierno de Juan Martín de Pueyrredón (1816-1819), considerado por muchos sectores como “moderado” en referencia a su política contra los artiguistas, se constituyó un grupo de oposición conocido como la “oposición popular”, formado mayormente por militares y publicistas. Sus principales líderes fueron Miguel Soler, Vicente Pagola y Manuel Dorrego, quienes además tenían un fuerte ascendiente sobre la plebe. Eran líderes carismáticos, quienes lograban su influencia sobre los sectores populares, en buena me-

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dida, por su rol dentro del ejército. Sin embargo, esta oposición todavía no podrá ser considerada como un “partido”, sino que será un antecedente de la oposición que en la siguiente década ejercerá Dorrego. La década del 20 Con la caída del poder central en 1820, las provincias –entendidas como estados soberanos autónomos- debieron establecer autoridades legítimas para que gobernasen las ciudades y sus hinterlands. En la provincia de Buenos Aires, sus dirigentes dejaron de lado sus pretensiones hegemónicas sobre el resto del territorio y se volcaron a la construcción interna de la misma. La lucha facciosa dio paso, luego de una depuración de la elite que se había forjado con la Revolución y que estaba muy vinculada al ejército, a la formación de un grupo dirigente que se volcó a reorganizar la provincia. La elite bonaerense apoyó entonces al nuevo gobernador, Martín Rodríguez, y sus ministros Bernardino Rivadavia y Manuel García, conformándose el Partido del Orden. Este partido estaba compuesto por una clase política alistada de los notables urbanos, y contaba con el apoyo de los grandes propietarios rurales y comerciantes, todos nucleados bajo la figura de Rivadavia. Entre sus miembros más destacados se encontraban, además de Rivadavia, Valentín Gómez, Julián Segundo de Agüero, Ignacio Núñez, entre otros. La intención de este grupo era llevar a cabo una modernización de la administración y de otros aspectos como la economía, la sociedad, la cultura y la política. La vida política bonaerense se rigió por una nueva ley electoral dictada en 1821. Esta establecía el sufragio amplio el voto activo a todos los hombres mayores de 20 años. Si las restricciones para el voto activo eran mínimas, no fue así en el caso del voto pasivo, el electo debía ser ciudadano mayor de 25 años que contara con alguna propiedad. A través del voto se elegían los diputados para la Sala de Representantes, organismo representativo de la provincia, doce representantes para la ciudad y once para la campaña. A su vez, la Sala era la encargada de elegir al Gobernador. Las elecciones se manifestaron en la explosión de la prensa periódica, editada por los miembros de la elite, donde se informaban los resultados y se publicaban las listas de candidatos. Esto era un cambio con respecto a la política facciosa de la primera década revolucionaria, donde el debate se daba al interior de grupos secretos o logias. Si bien existieron elecciones en la década anterior, la nueva ley otorgaba un nuevo carácter a las mismas. ¿Cómo se elaboraban las listas de candidatos? El sistema distaba de ser como el que se implementará posteriormente, en una estructura partidaria moderna. Tampoco era una disputa entre grupos de “unitarios” y grupos

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de “federales”. Este régimen representativo se basó en un grupo reducido de notables, quienes se alternaban los cargos durante esta década. A esta forma de elección se la conoció como la “práctica de las candidaturas”: la elite debía confeccionar listas de candidatos para cada elección. Pero las listas no estaban formadas por diferentes nombres, sino que eran una combinación de candidatos, que se cruzaban y repetían en las listas. Bajo esta práctica la lucha facciosa disminuyó y el Partido del orden gobernó la provincia con tranquilidad. Si bien contaba con grupos de oposición, como los miembros del partido popular, dirigidos por Manuel Dorrego, quien contaba con un fuerte ascendiente en el ejército. Sin embargo, esta situación cambió cuando surgieron propuestas para llevar a cabo un Congreso Constituyente para reorganizar a las provincias en un estado central. En este congreso, las disputas entre federales y unitarios –facciones que contaban en ambos casos con personas de Buenos Aires y el interior- fueron cada vez más profundas, fundamentalmente por la indivisibilidad o no de la soberanía y por la forma de gobierno (centralista o confederal). El partido unitario, pretendía imponer una forma de gobierno centralizada y de unidad, y los federales propugnaban el respeto por la soberanía de las provincias. Estas disputas en el marco del Congreso se trasladaron a la vida política bonaerense. El Partido del Orden -atravesado por las combates entre unitarios y federales- se dividió entre quienes apoyaban a Rivadavia y su política unitaria, y quienes se opusieron a ella bajo el liderazgo de Gregorio Las Heras. Estos últimos se organizaron debido a la Ley de Capitalización, que nacionalizaba la ciudad y escindía la provincia de Buenos Aires en dos, separando a la zona portuaria de la agroganadera. Asimismo, al Partido del Orden se le opuso el grupo opositor liderado por Manuel Dorrego y Manuel Moreno, el Partido Popular, identificado con los “federales”. La reyerta entre ambos partidos tuvo su punto álgido con la guerra con el Brasil, pues mientras el Partido del Orden buscaba mantener una política prudente con respecto a la Banda Oriental, los “populares” se inclinaron por una posición más belicista; postura que definitivamente se impuso. Finalmente, los intentos de recrear un poder central fracasaron, y las provincias volvieron a convertirse en estados autónomos y soberanos. Así, a mediados de la década del 20, las divisiones facciosas entre unitarios y federales –que coincidió con la reunión del Congreso Nacional de 1824- se hicieron tangibles y la disputa por las candidaturas se tornó más encarnizada. Luego de la fallida experiencia presidencial de Rivadavia, el Partido Popular, ahora federal, se hizo con el control de la provincia de la mano de Manuel Dorrego. Este grupo logró el apoyo de los propietarios de la campaña y los comerciantes, quienes se alejaron del Partido del Orden luego

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del intento de implementar la Ley de Capitalización. La prensa periódica se hizo eco de estas disputas facciosas, y la radicalización del conflicto fue total. A estas disputas se sumaron los descontentos de los oficiales que habían combatido en la Guerra contra el Brasil, quienes estaban furiosos por el tratado de paz firmado que no reflejaba el éxito de las acciones militares. A estos oficiales se aglutinaron con miembros unitarios del Partido del Orden que todavía quedaban. El punto más álgido del conflicto político fue el derrocamiento de Dorrego el 1º de diciembre de 1828 y su posterior fusilamiento en manos de Juan Lavalle. Muerto Dorrego, Juan Manuel de Rosas -importante hacendado bonaerense y nuevo líder federal-, buscó llegar a un acuerdo con Lavalle, y entre ambos acordaron nombrar a Juan José Viamonte -un federal moderado-, como nuevo gobernador de la provincia. Para principios de 1829, la Sala de Representantes nombró por unanimidad gobernador de Buenos Aires a Rosas. El Gobernador se presentó como el defensor de las instituciones mancilladas por los unitarios y el único capaz de lograr el orden de la provincia. Para ello, comenzó una política de persecución a todos los participantes del movimiento “decembrista”, se implementó el uso de la divisa punzó –símbolo federal por excelencia- y limitó la libertad de prensa. Con estas medidas, se intentó demostrar la hegemonía del Partido Federal. Hegemonía que era real, en tanto el partido unitario se encontraba vencido, con la mayoría de sus miembros exiliados o en el ostracismo. Sin embargo, las divisiones se empezaron a vislumbrar al interior mismo del Partido Federal. Uno de los puntos conflictivos fue la cesión de las facultades extraordinarias a Rosas, que no todos los federales veían con buenos ojos. Cuando terminó el mandato de Rosas, este fue reelecto pero sin estas extraordinarias atribuciones, motivo por el cual, renunció. La Sala de Representantes aceptó su renuncia y fue nombrado en su lugar, Juan Ramón Balcarce, federal opositor a Rosas. El alejamiento de Rosas del poder y la llegada a la gobernación de Juan Ramón Balcarce, lejos de apaciguar el clima de finales de la década del 20, provocó su recrudecimiento. El interregno que comprendido entre 1827 y 1835, fue una etapa de tránsito en la política bonaerense, signada por altos niveles de violencia. Durante este período, el nivel de conflictividad de la elite se incrementó, consecuencia de la fragmentación interna de la elite dirigente. El rosismo y el sistema unanimista A la inestabilidad política producto de las disputas entre unitarios y federales, que todavía proseguían en el interior del país, se había sumado el conflicto interno entre los propios federales bonaerenses: los cismáticos que apoyaban a Balcarce y apostólicos que apoyaban a Rosas. Durante el breve

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gobierno del primero, entre diciembre de 1832 y noviembre de 1833, los conflictos entre las dos tendencias -que escondían a su vez una disputa personal entre Balcarce y Rosas- se acrecentaron. Acusaciones cruzadas e insultos publicados en la prensa entre las dos facciones del partido federal provocaron el acontecimiento que determinaría la derrota de los cismáticos y que permitiría el retorno de Rosas al poder: la “Revolución de los Restauradores”. El sistema electoral se mostró incapaz de solucionar las disputas políticas. Alejados del gobierno la facción balcarcista fue perdiendo peso. El gobierno de Viamonte quien se había mantenido alejado de las disputas entre ambos bandos −así como su sucesor Maza− no pudo apaciguar las aguas políticas de una provincia turbulenta.

PARA SEGUIR LEYENDO

Goldman, Noemí (Ed.) Lenguaje y revolución: conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850. Buenos Aires, Prometeo, 2008.

González Bernaldo de Queirós, Pilar. Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires 1829-1862, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.

Ternavasio, Marcela La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, Buenos Aires, siglo XXI editores, 2002

Con el asesinato de Facundo Quiroga, a comienzos de 1835, Rosas y los apostólicos pudieron hacerse nuevamente con el poder. Existía un consenso en que la gravedad de la situación requería de la férrea mano del “Restaurador”. En este contexto de crisis el retorno al gobierno de la provincia de Juan Manuel de Rosas supuso cambios en la forma de concebir la política, el sistema electoral y, por ende, los partidos. Al otorgamiento de las facultades extraordinarias y de la suma del poder público, hay que añadir la puesta en práctica de una forma de entender el mundo político que, si bien no era nueva, se plasmó de allí en más. El cambio estuvo determinado por la consideración sobre el origen del desorden político. Para Rosas y sus partidarios era la existencia de partidos en el seno de la sociedad lo que provocaba la inestabilidad del sistema político. De allí en más la denominación de partido federal sólo cabría para los rosistas. Este segundo período abierto en 1835 se caracterizó, entonces, por la supresión de la competencia electoral entre partidos. En su reemplazo se buscó uniformar la opinión y se estableció lo que la historiografía ha denominado “unanimismo”. Aunque las elecciones continuaron siendo el modo de legitimación político para el gobierno –se realizaron todos los años mientras estuvo Rosas en el poder- lo cierto es que la disputa entre partidos en aquella instancia desapareció. De allí en más fue el poder ejecutivo quien se encargó de confeccionar una única lista de candidatos para la Sala de Representantes que era refrendada por los votantes. Por otro lado, el “unanimismo” significó en el plano práctico la muestra de que en Buenos Aires existía una única opinión. Caseros y la renovación de la vida pública La batalla de Caseros significó un cambio muy importante para Buenos Aires. No sólo por la reticencia que durante 10 años tuvo en incorporarse al proyecto constitucional inaugurado por Justo José Urquiza sino también porque experimentó una profunda renovación de su vida pública. La dé-

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cada de 1850 ha sido caracterizada por la explosión del asociacionismo, el renacer de la prensa periódica y la consolidación de una activa opinión pública. En este contexto el rol de las elecciones como acto legitimador del poder político continuó vigente y, junto con él, la idea y rol de partido. Fue Bartolomé Mitre quien en este contexto de fuertes cambios puso en el centro de la escena la figura del partido. Si bien carecían de una institucionalización tal como conocemos a los partidos modernos la presentación que hizo del “Partido de la Libertad” es sugestiva. El partido era representante de valores superiores que encarnaban en el conjunto de la sociedad y que, por ende, lo convertían en superior a cualquier rival. Por cierto, en esta definición el partido se constituía en la principal referencia política, incluso por sobre el Estado o los líderes políticos partidarios. En este contexto la búsqueda de un pasado para el partido fue otro elemento central de la época. Esta operación sobre el pasado tuvo un doble carácter. Por un lado Mitre buscó un pasado para su propio partido y un pasado para la propia provincia de Buenos Aires que sea menos censurable que el rosismo. La respuesta que alcanzó entonces fue una línea que comenzaba en mayo de 1810, pasando luego por el partido unitario y la experiencia rivadaviana. La concepción esbozada por Mitre de partido no hacía referencia a los miembros del mismo. En este sentido el análisis debe centrarse en algunos de los cambios operados en Buenos Aires a partir de 1852: el sistema electoral y la movilización de votantes. A diferencia de lo sostenido por la historiografía más tradicional sobre la existencia de un sufragio restringido, fraudulento y que mantenía alejado de las urnas al “pueblo”; en los últimos años se ha modificado esta visión. Si bien los datos refieren a que, efectivamente, la participación en las urnas constituía un bajo porcentaje de la población autorizada para hacerlo −recordemos que la ley electoral no imponía limitaciones de riqueza o capacidad para los hombres adultos− esto no significó en absoluto una restricción. Lo que ocurrió es que el voto era un mecanismo más de participación política que convivía junto con otros que parecían, a los ojos de los contemporáneos, más efectivos para hacer oír sus demandas. Efectivamente, el desarrollo de una esfera pública en Buenos Aires provocó la multiplicación de diferente tipo de asociaciones que iban desde Sociedades de ayuda mutua, logias masónicas, asociaciones culturales, de inmigrantes, etc. Las mismas parecen haber constituido canales de expresión más efectivos para la sociedad en su conjunto. Por otro lado ese bajo porcentaje de votantes no eran miembros de la élite sino sectores de jornaleros, trabajadores y empleados públicos quienes eran movilizados por redes y clientelas políticas organizadas a partir de dirigentes que tenían un diverso posicionamiento social. Por cierto, la caracterización de elecciones violentas también ha sido matizada en tanto parecen corresponder a un juego de fuerzas controladas y ritualizada en el acto comicial.

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En relación a lo anterior es menester señalar el progresivo debilitamiento -lo que no significó su desaparición- de ciertos lazos comunitarios que influían de manera determinante en las elecciones. Efectivamente, los distritos electorales se establecían en relación a las parroquias de la ciudad. Estos “clubes parroquiales” eran importantes en las elecciones en tanto tenían como objetivo seleccionar a los candidatos para las elecciones. Sin embargo, su carácter comunal y tradicional los hacía presa fácil de las decisiones de los personajes más influyentes de las mismas: curas, jueces de paz, vecinos prominentes, etc. Quienes no estaban conformes con las decisiones de estas autoridades tradicionales debieron buscar caminos alternativos para hacer oír su voz en el sistema electoral. Se crearon entonces organizaciones basadas no ya en el territorio sino en la opinión, los llamados “clubes de opinión”. Creados por quienes se encontraban al margen de las decisiones en los “clubes parroquiales” los “clubes de opinión” provocaron una ruptura en tanto, al suponer la opinión como fundamento de la asociación, admitía la existencia de un ciudadano moderno. Si bien no corresponde compararlos con los partidos modernos lo cierto es que fueron estos quienes permitieron la movilización de las clientelas para los actos electorales. Por otro lado no significaba esto una democratización ni una igualación de la todavía difusa figura de la ciudadanía. Tanto los “clubes de opinión” como los “clubes parroquiales” constituyeron instancias previas a las elecciones donde los notables acordaban la nómina de candidatos para luego, en una segunda instancia, hacer participar a otros sectores sociales del proceso electoral. Fue entonces gracias a estos “clubes” que las clientelas electorales se movilizaban el día de la elección, en un “combate” regulado y controlado de antemano. En este sentido, al elegirse los candidatos en una instancia previa al día de la elección los diferentes mecanismos aplicados no implicaban una impugnación al sistema electoral sino parte constitutiva del mismo. Conclusión Durante la primera mitad del siglo XIX, es difícil hablar de “partidos políticos” en el sentido moderno. Con la Revolución se dio inicio a una serie de disputas facciosas entre miembros de la elite bonaerense, que si bien en muchos casos tenía un asidero ideológico, mayormente reflejaba otras lógicas vinculadas con el desarrollo de la vida política en un momento de constante cambio. De esta forma, en los primeros cinco años de la Revolución, las facciones se expresaban en asociaciones, clubes o logias secretas y entraban en constante conflicto con el grupo gobernante de turno. Estas facciones estaban compuestas por miembros de la elite y rara vez otros grupos sociales tomaban parte de estas disputas. Esta lógica comenzó a cambiar con la aparición de líderes “populares” como Soler o Dorrego que

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aprovechando su carisma y su rol como oficiales del ejército, acercaron a otros sectores de la sociedad a la lucha facciosa. Con el derrumbe del poder central en 1820, las disputas políticas al interior de la provincia de Buenos Aires tomaron otro cariz. El Partido del Orden, al mando de Rivadavia, se hizo con el control del gobierno e implementó una serie de reformas en diferentes ámbitos que renovaron a la provincia. Esta estabilidad política se reflejó en las elecciones, que más que mostrar una disputa entre facciones eran una sucesión de los mismos notables en los distintos cargos. Este equilibrio terminó en 1824, con la convocatoria a un Congreso Constituyente, donde la división entre unitarios y federales se hizo más marcada. Al interior de la provincia de Buenos Aires, estas facciones se replicaron en la vida política local, fragmentando al Partido del Orden –que mantuvo un ala unitaria- y consolidando un Partido Federal, compuesto por miembros disidentes del rivadavianismo y con los miembros del grupo “popular”. Luego de la fallida experiencia centralista, las disputas entre estos grupos fue cada vez más álgida, llegando a su punto máximo con el asesinato de Dorrego. Esto llevó a un nuevo momento político, iniciado con el primer gobierno de Rosas, que eliminó a los unitarios de la provincia, pero dio paso a las luchas entre los mismos federales. Finalmente, Rosas logró controlar la situación, imponiendo una unanimidad y homogeneidad federal en toda la provincia, hasta su caída en 1852. Derrocado Rosas la provincia inició un período de renacer político. Allí, como lo demostró Mitre, la idea de partido se convirtió en fundamental tanto por la disputa que la provincia tenía con la Confederación Urquicista como también para la construcción de un orden estatal interno en la provincia. En medio de esta nueva centralidad dada al partido que convivió igualmente con otras formas de participación política se produjeron cambios que abrirían el camino para la aparición de partidos políticos modernos. El desarrollo de los “clubes de opinión” llevaba consigo la idea de un ciudadano moderno que se agrupaba según su libre opinión. Cambio trascendental que conduciría -no sin conflictos, esfuerzos y contradicciones- a la Argentina moderna.

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Bibliografía

Di Meglio, G., ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo, Buenos Aires, Prometeo, 2007. Halperín Donghi, Tulio. Una Nación para el desierto. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1982. Halperín Donghi, Tulio, Revolución y Guerra, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972 Sábato, Hilda (Coord.) Ciudadanía política y formación de las naciones: perspectivas históricas de América Latina. México, El Colegio de México. Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, 1999. Sábato, Hilda. La política en las calles: entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880. Buenos Aires, Sudamericana, 1998. Souto, Nora “Partido/Facción” en Fernández Sebastián, Javier (Dir.) Diccionario político y social del mundo iberoamericano, vol. II. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en prensa. Ternavasio, M., “Nuevo régimen representativo y expansión de la frontera política. Las elecciones en el Estado de Buenos Aires: 1820-1840”, en Antonio A. (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, Buenos Aires, FCE, 1995.

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CAMINO A LA REVOLUCIÓN EL PARTIDO COMUNISTA DE LA ARGENTINA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 1930-1943 por Mercedes F. López Cantera Mercedes F. López Cantera es egresada de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y docente del Ciclo Básico Común y de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Participó en la publicación de Buenos Aires-Moscú, Moscú-Buenos Aires (Centro Cultural de la Cooperación, 2007) sobre la historia de las relaciones entre el comunismo argentino y la III° Internacional en los años ‘20. Actualmente está realizando su tesis doctoral sobre el anticomunismo en la Argentina de entreguerras.

Resumen Este artículo pretende ilustrar sobre los aspectos más importantes de la vida del Partido Comunista de la Argentina (PCA) entre los años 19301943 en la provincia de Buenos Aires. Para ello, presentamos las estrategias desarrolladas por el mismo con el fin de influir en la actividad sindical de las localidades industriales bonaerenses más relevantes. Asimismo, se detalla en breve la relación entre los gobiernos de la provincia de esos años y el PCA, señalando las prácticas represivas y los mecanismos de negociación en el marco de la lucha emprendida por el movimiento obrero.

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Trasmitir la vida de un partido político lleva a adentrarnos en una historia de ideas e ideales, de personas y acciones, de estrategias y escenarios. En el caso del Partido Comunista de la Argentina, esos elementos cobran características especiales de acuerdo a los años en que ubiquemos su actividad política. Desde 1930 hasta el golpe de Estado de 1943, el comunismo argentino formó parte activa de las transformaciones que nuestro país sufrió a todo nivel y en los que la provincia de Buenos Aires tuvo un papel significativo. Por otra parte, la etapa elegida fue acompañada por una gran convulsión política. La misma se abre con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en septiembre de 1930 y el inicio de la cruenta dictadura de J. F. Uriburu (1930-1932) de corte fascista-corporativo. A su vez, los gobiernos que le sucedieron llegaron al poder a través de elecciones fraudulentas. Tanto el de A. P. Justo (1932-1938) como el de Ortiz – Castillo (1938-1943) marcaron lo que se consideró como la “restauración conservadora”. En esos años, la política estatal en la provincia de Buenos Aires fue

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hegemonizada por esa última corriente. El uso del fraude en elecciones llegó a niveles bochornosos, y en sucesivas oportunidades el gobierno provincial fue intervenido por el federal. Las gobernaciones de Federico Martínez de Hoz (1932-1936) y de Manuel Fresco (1936-1940) ofrecieron una posición de intransigencia contra la protesta obrera de izquierda, en particular la segunda gestión, que no escatimó en represión sobre todo contra obreros comunistas. La llamada “década infame” no sólo fue la década del retorno conservador, del fraude, sino también la década del anticomunismo. Organizando a la clase obrera: estrategia vs. represión 1930 fue un punto de inflexión en la vida económica del país. El estallido financiero de EEUU de 1929 generó como consecuencia una crisis en el modelo argentino de exportación de materias primas. El fin de la hegemonía del conocido “modelo agroexportador” dio lugar al desarrollo de industrias para el consumo del mercado interno como solución a la crítica situación que atravesaba la economía del país. Estas nuevas actividades se arraigaron en algunas ya desarrolladas en la década del ‘20 y promovieron transformaciones en el espacio urbano y en la vida del movimiento obrero. Nuevas fuentes de trabajo atrajeron población del interior hacia las principales ciudades (Buenos Aires, Córdoba, Rosario). Así, zonas aledañas como el conurbano ubicado en la provincia de Buenos Aires, los centros frigoríficos de Zárate o Berisso, o la región pesquera del sudeste bonaerense, crecieron en materia de estructura productiva y población. En esos escenarios, el comunismo argentino desplegó sus estrategias para movilizar a la clase obrera hacia la lucha política. Heredero del legado de la Revolución Rusa de 1917, el objetivo primordial del PCA fue combinar la actividad sindical con la política partidaria. Esta postura fue una de las bases de la fundación del Partido Socialista Internacional en 1918, llamado PCA a partir de 1920. En clara línea con los procesos de Rusia, se vinculó desde un principio con la Internacional Comunista o III° Internacional. Esta fue la organización que nucleó a los partidos de línea comunista a nivel mundial y los conectó con la URSS. La III° Internacional no sólo apoyó a esas organizaciones sino que además delineó estrategias, también llamadas “líneas”, que planteaban medidas para organizar la lucha obrera frente al capitalismo. Desde 1928 hasta 1935 el PCA desarrolló la estrategia de clase contra clase. Consistía en la intransigencia revolucionaria: no asociarse ni pactar con ninguna otra izquierda (anarquistas, socialistas, sindicalistas), mostrando a las masas obreras que la única solución frente a la explotación capitalista era optar

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por una tendencia revolucionaria. Si bien ello se llevó a cabo con algunos desaciertos, también le permitió al partido hacerse un lugar entre los trabajadores. Para principios de 1930, el movimiento obrero estaba dirigido por sindicalistas y socialistas concentrados en la CGT, creada en 1930. El PCA criticó la postura tibia de esa central frente a la represión de Uriburu, lo que le permitió ganar adeptos que se oponían tanto a la dictadura como luego al gobierno de Justo. Este discurso se centró por lo tanto en marcar las diferencias con lo que ofrecían los socialistas o los sindicalistas en materia de lucha política. Un ejemplo de ello fue el acercamiento del partido a los trabajadores de la industria de la carne. El comunismo argentino se presentó como el defensor de los legítimos reclamos, marcando diferencias con los anarquistas y los socialistas. Su acción tuvo relevancia en los frigoríficos de las localidades de Berisso, Avellaneda y Zárate. En esta última localidad fueron protagonistas, desde fines de los años ‘20 hasta principios de la dictadura uriburista, en las luchas que encabezó el frigorífico River Plate (exAnglo). El mismo año del golpe, el PCA dirigió una dura resistencia contra el cierre de ese establecimiento en base a tácticas clandestinas que venía desarrollando dado el contexto de la dictadura. Si bien el cierre del frigorífico tuvo lugar poco tiempo después y el partido fue perdiendo centralidad entre los obreros zarateños, siguió manteniendo contacto con el Sindicato de Obreros de los Frigoríficos y Afines de Zárate, el más importante de la zona. La clandestinidad fue también una herramienta clave para la organización que inició el PCA en Berisso y Avellaneda. Ello fue combinado a partir desde 1932 con trabajo de base: los comunistas recorrieron los barrios obreros de esas localidades, identificaron a los trabajadores y dialogaron con cada uno. El acercamiento por fuera del ámbito laboral les permitía mayor libertad de acción que en los establecimientos productivos, donde la vigilancia a las actividades políticas de los trabajadores era constante. En función de ello, organizaron grupos de militantes por fábricas conocidos como células (metodología que ya empleaban desde mediados de 1920) y tomaron los reclamos “concretos” como las consignas de lucha que el partido enarbolaba. En el caso de Berisso, tanto en el frigorífico Armour como en el Swift se había introducido el sistema estándar que implicaba la organización de la producción en tareas desmenuzadas y repetitivas con el fin de reducir tiempos muertos en la producción. Esta aplicación del fordismo fue una importante presión sobre las condiciones laborales. Los comunistas, por lo tanto, apelaron a los trabajadores de esa y otras localidades a ser conscientes de sus derechos y deberes dentro del trabajo, ya que eso

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implicaba defender sus condiciones laborales y la estabilidad de sus empleos. Estas ideas de lucha se promovieron en los establecimientos de Berisso a través de publicaciones impresas por los sindicatos; aquí podemos citar El joven proletariado y La voz de la fábrica, periódicos del Swift y el Armour respectivamente. Gerónimo Arnedo Álvarez y José Peter fueron dos representantes de la militancia comunista en este rubro. Estos habían participado en las huelgas de Zárate y luego se trasladaron a la zona sur de la provincia. Fue en Avellaneda donde a través de la clandestinidad organizaron a los obreros de los frigoríficos de la zona. En los años de Uriburu, estos protagonistas y otros militantes sufrieron detenciones y torturas en el marco de la represión que esa dictadura aplicó sobre el movimiento obrero. Ya libres en el gobierno de Justo, Arnedo Álvarez y José Peter impulsaron desde el PCA, junto a otras organizaciones, la Federación de Obreros de la Industria de la Carne (FOIC), creada en 1932. La FOIC elevó denuncias en 1936 al Congreso Nacional contra el sistema estándar, las condiciones de trabajo y exigió el reconocimiento de las organizaciones sindicales. La Federación tuvo una activa presencia en el poder legislativo a través de la presentación de proyectos de ley para la mejora en las condiciones de trabajo o jubilaciones. Como hemos desarrollado, la actividad sindical de la clase obrera argentina de esos años tuvo que abrirse camino frente al control y la represión del poder estatal. El comunismo, como la izquierda en general, significó una ideología rival a los intereses del Estado conservador de ese entonces. Ello, sumado a la transformación económica que agudizó la protesta social, generó que la respuesta de los gobiernos del período fuera en un principio la represión. Luego de Uriburu, los gobiernos conservadores (cuyas filas estaban compuestas por la clase terrateniente y los nuevos industriales) continuaron con la maquinaria represiva aplicada al activismo obrero. De hecho, la complejizaron. En este punto fue crucial el empleo de la Policía Federal. En 1931 se creó la Sección Especial de Represión contra el Comunismo (SERCC). Las acciones de la SERCC tuvieron repercusión desde 1933, cuando diarios como Crítica (dirigido por Natalio Botana) y el Socorro Rojo Internacional (organización dedicada a la defensa de presos políticos vinculada a la III° Internacional) comenzaron a denunciar en publicaciones y ante la Justicia los abusos de la fuerza policial. En efecto, la SERCC realizó tareas de inteligencia, detenciones y aplicó, de forma sistemática y organizada, la tortura. Los conservadores bonaerenses fueron un buen ejemplo de esa persecución. Durante el gobierno de Martínez de Hoz, fueron frecuentes los despidos por “actividades comunistas” en los frigoríficos de las zonas citadas. El mismo

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gobernador alentó decretos que limitaban el derecho a reunión y aplicó medidas que perjudicaban la situación salarial de los obreros. Ello no evitó que la actividad militante se replegara, por el contrario. En esos años adquirió relevancia la militancia estudiantil de los comunistas. En 1932, la agrupación Insurrexit (creada por Héctor Agosti) resultó elegida para dirigir el Partido Universitario de Izquierda de la Universidad Nacional de La Plata, conducido hasta ese momento por anarquistas. La estrategia que se desplegó en el ámbito estudiantil fue la de Frente Único, es decir, promover la alianza entre las líneas de izquierda. Si bien el PCA no promovía esa tendencia en el mundo del trabajo, ésta fue clave para fortalecer la presencia de las izquierdas en la vida universitaria dominada por conservadores y radicales. Para mediados de la década, la coyuntura económica encontró su cauce y con ello tanto el Estado como el sector productivo y los trabajadores pudieron reubicar sus papeles como actores. En el nuevo escenario de expansión industrial, el comunismo argentino apuntó a aquellas actividades estratégicas que le permitieran un lugar de ascendencia en el movimiento obrero. Ya puestas las bases para ello, la segunda mitad de los años ‘30 encontró a un PCA decidido a fortalecer su presencia. Frente Popular, lucha y negociación En 1935 la estrategia de clase y contra clase fue reemplazada por la de Frente Popular. El ascenso del fascismo en Europa y el estallido de la Guerra Civil española (hecho de gran incidencia en la sociedad argentina) llevó a que la Internacional Comunista planteara la guerra contra el autoritarismo del fascismo y de las democracias afines al mismo. A pesar de lo desplegado en la etapa anterior, esta línea propuso que para llevar a cabo ese enfrentamiento debían cerrarse alianzas con otras corrientes de izquierda. Ello fue la formación de los llamados Frentes Populares. Al PCA esa estrategia le permitió establecer alianzas con el socialismo. Ambos participaron de la CGT Independencia, una fracción de la central que se separó en 1935 de otra dirigida por sindicalistas. Esta segunda etapa del PCA de la “década infame” se inicia además con un hito del comunismo argentino. Nos referimos a la huelga general de enero de 1936, promovida por los trabajadores de la construcción. Desde octubre de 1935, ante el crecimiento de la rama en esos años, sus sindicatos decretaron el paro de actividades con el fin de reclamar mejoras salariales y el reconocimiento de sus organizaciones gremiales. Esta protesta fue dirigida por la Federación Obrera de los Sindicatos de la Construcción (FOSC), cuya mayoría estaba representada por el Sindicato de Obreros Albañiles, Cemento Armado y Anexos, dirigido por comunistas. Sindicalistas y algunos gremios anarquistas se solidarizaron con la huelga a partir de diciembre 1935.

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En enero de 1936, el Comité de Solidaridad declaró la huelga general. A ese comité -compuesto por sindicatos vinculados a la construcción y a las actividades marítima, textil y madera- se sumaron sesenta y ocho organizaciones más. La huelga comprometió a toda la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y La Plata. Esta protesta se convirtió en la más importante del año y tuvo implicancias relevantes. En primer lugar, el Estado debió intervenir reconociendo a los organismos sindicales de la protesta. En segundo lugar, el PCA logró consolidarse como fuerza política dentro del movimiento obrero, y junto con la línea de Frente Popular, avanzó sobre estructuras sindicales clave. Esta presencia generó dos reacciones. Por un lado, la acción política de los trabajadores había demostrado con la huelga un grado de organización que no se veía desde hacía años. Ello despertó inquietudes en los gobiernos conservadores, lo que los llevó a promover en algunas oportunidades la negociación como herramienta para hacer frente a la lucha obrera. Los comunistas no estuvieron ajenos a ello. Sin embargo, por otro lado, la represión no concluyó con esa tendencia. Con posterioridad a la huelga tuvo lugar la presentación del proyecto de Ley de Represión al Comunismo, el cual proponía proscribir tanto al PCA como a toda expresión vinculada a la ideología comunista (publicaciones, actos, etc). Si bien el proyecto fue vetado ya que atentaba contra la libertad de expresión, numerosos sindicatos obreros -comunistas o no- se manifestaron contra el mismo por ser “un mecanismo para controlar a la clase obrera”. Mientras tanto, en el mismo año de la huelga de la construcción, Manuel Fresco fue envestido como gobernador de la provincia de Buenos Aires. De origen conservador y con tendencias filofascistas, al poco tiempo de asumir declaró ilegal al PCA y a la difusión de su propaganda y de toda referencia a la III° Internacional y sus ideas. Ello fue acompañado por la restauración del voto cantado, la continuación del fraude, la violencia política y los abusos de la fuerza policial. Fresco promovió una intervención social a fin de captar la adhesión obrera y ganarle terreno a las corrientes del Frente Popular. Para esto último también recurrió al apoyo de rompehuelgas y del uso de la fuerza, al punto de “militarizar” a la Policía provincial. Esa represión no detuvo el activismo sindical del comunismo argentino. Para ese entonces, desde la CGT Independencia y sus sindicatos afines, el partido desplegó un tipo de organización de base que continuó la desarrollada por las viejas células de fábrica: las comisiones internas. En este punto es relevante lo ocurrido en dos importantes textiles de Berazategui-Quilmes y Ramos Mejía, las empresas DUCILO y Danubio respectivamente. En ellas se conformaron estas comisiones desde las cuales el PCA recibía informes sobre

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la situación obrera. Las comisiones internas de esas empresas bonaerenses estaban vinculadas a la Unión Obrera Textil, de origen socialista y a la que el comunismo se unió en 1936. En el caso de la fábrica DUCILO (rama de la seda) las comisiones internas fueron centrales para la organización obrera y en los conflictos que protagonizó en 1939 en la provincia. En 1940 y 1941, las comisiones de Danubio también fueron voz de diferentes reivindicaciones que generaron presiones de la patronal y la policía sobre aquellos obreros que participaban en ellas.

PARA SEGUIR LEYENDO

Camarero, Hernán. A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina 1920-1935, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2007. Ceruso, Diego. Comisiones internas de fábrica. Desde la huelga de la construcción hasta el golpe de estado de 1943, Buenos Aires, PIMSADialectik, 2010. Béjar, María Dolores. El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires 19301943, Siglo XXI Editores, 2005.

Entre 1940 a 1942 la provincia fue intervenida. Esa situación fue propicia para la negociación estatal frente a situaciones de conflicto sindical protagonizada por tendencias de izquierda. Más adelante, la llegada de Rodolfo Moreno a la gobernación de Buenos Aires en 1942 continuó con esa postura. Al margen del origen conservador de ese gobernador, el comunismo tomó su elección como un “respiro” en comparación a la experiencia vivida durante la gobernación de Fresco. La apelación a la intervención del Estado y la firma de convenios laborales fueron incorporadas como estrategias por los sindicatos comunistas. Para ello el PCA se vinculó a nivel nacional con el Departamento Nacional de Trabajo y a nivel bonaerense con el Departamento Provincial de Trabajo. Si bien la firma de convenios y la participación del Estado en los conflictos obreros fueron un avance, no siempre tuvieron resultados exitosos. Un ejemplo de esto último fue el convenio entre el Departamento Provincial, la empresa DUCILO y el comité de huelga del personal firmado en 1940, que si bien reincorporó a trabajadores despedidos (razón de la protesta), no reconoció al sindicato de la empresa. Caso diferente fue la situación del PCA en Mar del Plata. A lo largo de la década del ‘30, la famosa ciudad de la costa bonaerense experimentó un crecimiento edilicio e industrial importante, producto de las consecuencias de la crisis, como por ejemplo el auge turístico. Allí los comunistas lideraban los gremios adheridos a la Federación Obrera Nacional de la Construcción (construcción y canteras, por ejemplo). Eran una fuerza relevante frente a la sindicalista y a la anarquista, de mayor trayectoria en la ciudad. En 1942 tuvo lugar una huelga dirigida por los trabajadores del pescado en Mar del Plata, agremiados a la Unión Obrera Local. El PCA, desde el sindicato de la construcción, no se solidarizó con los huelguistas por considerar que las instancias de negociación no habían sido agotadas. En paralelo, los comunistas habían estado discutiendo la firma de un convenio colectivo de trabajo, que finalmente fue firmado con el Departamento Provincial de Trabajo, razón por la cual se alejó de la intransigencia obrera de otras organizaciones. El acuerdo estableció, entre otros puntos, la jornada de

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ocho horas, la eliminación del trabajo a destajo y el pago de horas extras. El convenio incluyó tanto el compromiso de los empresarios firmantes como el control del cumplimiento del acuerdo por parte de los trabajadores. Los comienzos de los años ‘40 encontraron al comunismo argentino al frente de los sindicatos más importantes. Su tarea revolucionaria y la negociación con el Estado no se consideraban contradictorias, por lo que ambas siguieron marcando su discurso y sus prácticas políticas, manteniéndolo como un partido de influencia decisiva en el mundo obrero hasta el año 1943. En junio de 1943 un conjunto de oficiales nacionalistas del Ejército dio el golpe de Estado que terminaría con la hegemonía conservadora. La impopularidad del fraude y la represión de los años anteriores generó que la mayor parte de la población tomara con indiferencia este hecho. Hasta 1943, la vida del movimiento obrero había sido signada por la presencia de las izquierdas, en las que las estrategias del comunismo local dieron forma a un tipo específico de militancia sindical. Por otro lado, el Estado puso las bases para una nueva economía y organizó herramientas como la intervención, la represión y la negociación sindical. La provincia de Buenos Aires fue central en esta expansión, constituyendo su historia como representativa de los cambios de la Argentina de esos años. Los tres años que continuaron a ese golpe y la llegada del peronismo en 1946 iniciaron una nueva etapa también signada por características del ciclo que se dejaba atrás. En ella, el PCA fue perdiendo su impronta como aquél partido que supo en su momento interpelar a la clase trabajadora y organizarla.

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Bibliografía

Béjar María Dolores. El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires 1930-1943, Siglo XXI Editores, 2005. Camarero, Hernán. A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina 1920-1935, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2007. Caruso Diego. Comisiones internas de fábrica. Desde la huelga de la construcción hasta el golpe de estado de 1943, Buenos Aires, PIMSADialectik, 2010.

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EL PARTIDO PERONISTA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1947-1955 por Oscar H. Aelo Oscar H. Aelo (1961), es Licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Doctor en Historia Social por el Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Docenteinvestigador en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en los Departamentos de Historia y de Sociología. Director del Grupo de Estudios Socio-Históricos y Políticos. Ha compilado el volumen colectivo Las configuraciones provinciales del peronismo. Actores y prácticas políticas, 1945-1955 (La Plata, 2010). Es autor de El peronismo en la provincia de Buenos Aires, 1946-1955 (Caseros, 2012). Es miembro de la Red de Estudios sobre el Peronismo.

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Resumen El trabajo analiza la trayectoria inicial del Partido Peronista en la provincia de Buenos Aires, observando en conjunto las normas estatutarias y las acciones de los integrantes del partido. Se sostiene que entre 1947 y 1955 el partido tuvo dos modelos organizativos diferentes, defendiendo que el pasaje de uno a otro modelo fue la resultante de una disputa entre grupos dirigentes rivales dentro del peronismo. Introducción ¿Existió el Partido Peronista? Para un lector no académico, la pregunta probablemente sea un sinsentido. ¿Cómo no existiría un partido que, desde su emergencia hasta hoy, ha estado en el centro de la política argentina? Y, sin embargo, hasta hace muy poco tiempo, la investigación histórica

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sobre el primer peronismo creía que ese partido no había existido; o, apenas matizando el asunto, consideraba que el peronismo nunca había constituido un “verdadero” partido. Aproximaciones de este tenor eran derivaciones de una poderosa imagen que presentaba al peronismo como un movimiento político articulado exclusivamente en la relación directa entre Perón y las masas populares. Sin embargo, desde mediados de la década del noventa una serie de estudios realizados por una nueva “camada” de historiadores de la política han comprobado una y otra vez que el peronismo tuvo su partido; y que ese partido se mostró como una herramienta electoral formidable, al punto de ganar con amplitud cada una de las elecciones desarrolladas entre 1948 y 1954. Pero, avanzando un paso más, sería posible plantear otro interrogante: ¿Qué tipo de partido constituyó el peronismo entre 1946 y 1955? Esta cuestión ya es menos fácil de responder. No estoy pensando aquí en ubicar al peronismo en alguno de los “tipos” de partido que los especialistas en ciencia política se han esforzado por establecer especialmente porque ni aún ellos mismos se ponen de acuerdo en los elementos que definirían el “tipo”. Para el análisis histórico, más importante que una definición específica resulta indagar en torno a la trayectoria de una fuerza política o, dicho en otras palabras, en las acciones de los hombres que iniciaron, constituyeron, y consolidaron una fuerza política. En cualquier caso, el “tipo” de partido será una resultante de esas acciones, y no un punto de partida. En lo que sigue, intentaré mostrar la trayectoria del Partido Peronista en sus años iniciales, en el espacio político-administrativo de la Provincia de Buenos Aires. La idea principal que se intenta defender es la siguiente: en este espacio provincial, el peronismo indudablemente construyó un partido. Pero ese partido tuvo dos modelos organizativos diferentes, establecidos tanto al nivel de los estatutos partidarios como al de las prácticas reales de los actores (esto es: dirigentes y militantes): y que el paso de uno a otro modelo organizativo fue una resultante, o consecuencia, de una aguda lucha por el poder entre grupos dirigentes rivales. Los modelos El peronismo, como movimiento político, reconoce su origen en la vasta movilización popular del 17 de octubre de 1945. En las semanas y meses siguientes, se formaron dos fuerzas políticas de alcance nacional, el Partido Laborista y la Junta Renovadora, que conformaron una coalición de hecho respaldando la candidatura presidencial de Juan Perón. En la Provincia de Buenos Aires, ambos partidos, acompañados por dos partidos menores sin mayor relieve, se lanzaron a la campaña electoral que desembocaría en el acto comicial del 24 de febrero de 1946. Tras una penosa negociación, los

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laboristas consiguieron el apoyo renovador para su candidato al Ejecutivo provincial -el Coronel Domingo Mercante-, pero las estridentes diferencias entre ambas fuerzas impidieron la conformación de listas unificadas para cargos legislativos, tanto nacionales como provinciales. Esas diferencias no impidieron que el peronismo obtuviera una contundente victoria en las urnas, consiguiendo en la provincia el 53% de los votos. Sin embargo, el triunfo electoral de los peronistas no acalló las disensiones entre los partidos de la coalición sino que las amplificó. En un marco que parecía preanunciar la ruptura del frente peronista, el presidente electo Perón ordenó, en una famosa proclama leída por radio el 23 de mayo de 1946, la disolución de las fuerzas peronistas y su integración en una nueva, denominada Partido Único de la Revolución. La “orden” de Perón forzaba la unificación de las fuerzas que lo apoyaban; sin embargo, acaso previsiblemente, no resolvía sus discordias sino que las trasladaba al interior del nuevo partido. La búsqueda de una dirección orgánica en el peronismo estuvo plagada de alianzas y enfrentamientos de diversas características entre sus dirigentes, al punto de que el prácticamente nonato Partido Único avanzó sin rumbo y culminó en un abierto fracaso. La reconstitución partidaria, entre fines de 1946 y principios de 1947, ahora como Partido Peronista, intentaría desde su máximo organismo -el Consejo Superior- dotar al nuevo partido de una mecánica orgánica, trabajando para ello en lo que sería su principal objetivo: la convocatoria a un Congreso Constituyente partidario, con delegados electos por los afiliados peronistas. En el arduo proceso de organización unificada del Partido Peronista se destacan entonces, por su importancia intrínseca, las elecciones internas llevadas a cabo el 21 de setiembre de 1947. Estas se caracterizaron en el espacio bonaerense por una inmensa movilización partidaria, cuyos componentes pluralistas y participativos probablemente no tuvieran parangón con lo sucedido en el conjunto de las provincias argentinas. En principio, la elección interna definía los delegados al Congreso Nacional Partidario (que se realizó el 1 de diciembre de 1947). Pero simultáneamente el formato organizativo de la elección en Buenos Aires presentó una radical novedad que avanzaba hacia una estructura representativa en la conducción partidaria. En efecto, los peronistas bonaerenses elegían también las autoridades de 120 Consejos Directivos locales, es decir que en cada uno de los municipios en que se dividía administrativamente la provincia emergería una conducción política electa por los afiliados. Las situaciones locales no fueron homogéneas; así, los electores debieron optar por concurrir a votar una lista única, o bien a elegir entre varios candidatos. De todos modos, la concurrencia fue imponente: en total participaron alrededor de ciento cuarenta mil personas. En esta primigenia “organización”, el Partido Peronista en la Provincia de

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Buenos Aires se estructuraba en base a los Consejos Directivos electos en cada municipio; por debajo de ellos, en una multitud de “unidades básicas” escasamente formalizadas; y por encima, hasta entonces sólo el Consejo Superior (nacional). La experimental organización parece haber sido observada con particular interés por los dirigentes peronistas de todo el país al momento de establecer las reglas formales del partido; eso es lo que puede deducirse del articulado de la Carta Orgánica partidaria, sancionada en el Congreso del Partido Peronista reunido en diciembre de 1947. En ella, el diseño organizativo, que el Partido se otorgaba, se basaba en la elección de autoridades partidarias en cada “distrito” (bonaerense) o “departamento” (en las demás provincias), y delegados de esas localidades para un Congreso partidario provincial, el cual tendría a su cargo tanto la elección del Consejo Directivo Provincial (la autoridad ejecutiva partidaria en cada provincia) como la designación de los candidatos a cargos públicos. Diversas interpretaciones han realzado el carácter personalista de aquella carta orgánica, en función de las atribuciones otorgadas a Perón, suponiéndose que toda autoridad partidaria iba de “arriba hacia abajo”. Pero tan, si no más importante, es su reverso: el margen de participación que se otorgaba al afiliado y la elección de un conjunto de autoridades que iban, sin duda, de “abajo hacia arriba”. Que el método escogido para la elección de autoridades superiores al nivel local fuera indirecto no invalida el punto: la cuestión es que Perón no elegía (de acuerdo a la Carta Orgánica) a los dirigentes partidarios, sino que lo hacían los afiliados. Estas disposiciones, que tendencialmente apuntaban a conformar autoridades deliberativas y ejecutivas a partir del voto de los integrantes del partido, no quedaron apenas en el papel, por lo menos en la Provincia de Buenos Aires. Dos años después, en diciembre de 1949, un volumen aún mayor de afiliados peronistas (calculado en doscientas mil personas) concurrió a una nueva ronda de elecciones internas y reeligieron autoridades partidarias locales y delegados del Congreso provincial. Una vez concluido el comicio interno, y renovadas las autoridades de los Consejos Directivos locales, el Congreso partidario provincial inició sus deliberaciones con vista a tres objetivos principales; sancionó, en primer lugar, la plataforma que el partido levantaría en las siguientes elecciones generales de marzo de 1950; designó, en segundo lugar, los candidatos a cargos públicos que integrarían las listas partidarias; y en tercer lugar, estableció la integración del Consejo Directivo provincial. Es preciso remarcar este último hecho, ya que hasta entonces todas las provincias, incluida Buenos Aires, habían estado conducidas por un Interventor partidario designado por el Consejo Superior (me refiero a la vida interna del peronismo, no a los gobiernos provinciales). Asimismo, la composición humana de este Consejo Provincial era una muestra de la hegemonía que en el ámbito territorial bonaerense ejercía el grupo dirigente que tenía como referente al Gobernador Mercante.

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De este modo, la construcción partidaria emprendida por los peronistas en la Provincia de Buenos Aires parecía haber llegado, hacia 1950, a una relativa estabilidad. Las normas y procedimientos adoptados por sus dirigentes y practicados consecuentemente indican que, en el principal distrito electoral del país, el Partido Peronista era una auténtica organización política de masas, cuya estructura interna de autoridades ejecutivas y deliberativas se basaba en la consulta al cuerpo de afiliados. Del mismo modo, los candidatos a cargos públicos eran designados por el órgano competente, y no por alguna decisión autoritaria de Perón o sus adláteres, como frecuentemente se ha sostenido. Cabría señalar, como indicador del mínimo grado de aleatoriedad con que el Congreso provincial designaba sus candidatos, que para las elecciones de 1950 el 76% de los mismos habían resultado triunfadores de la elección interna en sus respectivos municipios. Este modelo partidario no resistió una aguda crisis política intraperonista que se desarrolló impetuosamente durante 1951. En ella, o por ella, la cúpula nacional del Partido Peronista avanzó decididamente sobre la experiencia partidaria bonaerense. Los mandatos de los congresales partidarios y del Consejo Directivo provincial fueron cancelados y se nombró un Interventor partidario en la provincia que, a su vez, designó delegados (interventores de hecho) en cada uno de los Consejos Directivos municipales. El efecto final de las sucesivas caducidades de las direcciones partidarias electas por los afiliados fue la forma de designación de los candidatos peronistas para cargos públicos. El Consejo Superior del partido, por su cuenta, nombró a todos los candidatos, desde gobernador hasta el último concejal, para las elecciones generales que se desarrollaron el 11 de noviembre de 1951. Esta impronta vertical y autoritaria que descendía desde la cúpula nacional del partido, si pretendía durar, debía partir de -o ser acompañada por- la modificación de las reglas partidarias. Y esto fue lo que sucedió. Acallados los ecos de la victoria electoral, el Consejo Superior se mantuvo enfrascado en una ardua, y tal vez penosa, tentativa de reconstrucción partidaria. Suprimidos los canales representativos que hasta entonces estuvieron vigentes -consejos locales, consejo y congreso provincial- un nuevo organigrama fue dado a conocer a finales de 1952. El documento, denominado “Directivas básicas del Consejo Superior”, establecía una dependencia directa, en cascada, de agencias partidarias. En primer lugar, se decretaba como “Jefe Supremo” a Perón, quien designaba los integrantes del Consejo Superior. Este organismo, a su vez, designaba los componentes de los Consejos Directivos provinciales, quienes tenían a su cargo escoger los integrantes de los Consejos Directivos locales y (aparentemente) los nuevos Consejos de Unidades Básicas. El Consejo Superior se arrogaba la facultad de elegirlos candidatos a cargos públicos nacionales y la de indicar –o delegar a los consejos provinciales– las candidaturas públicas de orden

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provincial y municipal. Esta serie de disposiciones sería formalizada tiempo después en una nueva Carta Orgánica partidaria, sancionada en 1954 por el máximo organismo del partido, sin mediar congreso alguno. Las nuevas disposiciones tendían claramente a establecer el “control” como la suprema norma partidaria. Los mecanismos para designar autoridades cambiaban de rumbo; si antes iban de “abajo hacia arriba”, ahora se trataba de una tendencia inversa. Estas disposiciones, al igual que las anteriores, no quedaron simplemente en el papel sino que determinaron las prácticas de los actores partidarios. En la Provincia de Buenos Aires, desde comienzos de 1953, el Interventor partidario fue dando a conocer, paulatinamente, los nombres de los integrantes de los Consejos de Distrito y de los Consejos de Unidades Básicas. Luego de la sanción de la reformada Carta Orgánica, a comienzos de 1954, el Interventor junto al Consejo Superior nacional dieron a conocer los candidatos que el partido postularía para las elecciones que se desarrollaron en abril de ese año. Y una vez “reorganizado” el partido bajo estos presupuestos, el interventor bonaerense normalizó el funcionamiento del Consejo Directivo Provincial y designó a sus integrantes. Como puede observarse, las elecciones internas y los congresos partidarios habían quedado en el olvido. Algunas reflexiones Indicadas las características principales de los formatos partidarios que estuvieron vigentes en el peronismo bonaerense entre 1947 y 1955, intentaré una sumaria comparación. No cabe duda que entre una y otra de las Cartas Orgánicas los mecanismos básicos para elegir autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos mostraron notables diferencias. Sin embargo, entre ambas normativas se registran también evidentes continuidades. La primera de ellas, casi podría decirse obviamente, fue la referencia básica a Perón como centro aglutinante. En este sentido, ambos estatutos sancionan un tipo de organización partidaria, al que usualmente se denomina carismático, donde el líder aparece como “el creador e intérprete indiscutido” de la doctrina y los objetivos partidarios. Un segundo elemento de continuidad se revela en el formato “federal” de organización partidaria. En la medida que las provincias eran el ámbito básico para la elección de autoridades legislativas o ejecutivas nacionales, al mismo tiempo que elegían sus propios representantes políticos, la inserción de los principios federales en la normativa partidaria no hacía más que reproducir los lineamientos generales del sistema político argentino. De este modo, en la Carta de 1947 los órganos máximos de poder partidario eran el Congreso y el Consejo Directivo provincial, que decidían sobre las cuestiones partidarias de niveles menores (distritales o de unidades básicas). En la Carta de 1954, eliminados los órganos deliberativos, el Consejo provincial fue, nuevamente, la máxima

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autoridad partidaria en cada provincia.

PARA SEGUIR LEYENDO

Aelo, Oscar H. El peronismo en la provincia de Buenos Aires, 1946-1955, Caseros, Eduntref, 2012. Mackinnon, Moira .Los años formativos del Partido Peronista, Buenos Aires, Siglo XXI/Instituto Di Tella, 2002. Panella, Claudio. (comp.), El Gobierno de Domingo A. Mercante en Buenos Aires (1946-1952). Un caso de peronismo provincial, La Plata, Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, 2005.

Las similitudes o continuidades acaban aquí. Una discontinuidad manifiesta precisa ser establecida, dado que sobre ella circula una permanente confusión. Me refiero a la supuestamente eterna organización tripartita del “movimiento” peronista, de acuerdo al lenguaje de sus integrantes. En el ámbito académico, se considera generalmente que hacia 1950 tal organización movimientista estaba, si no consolidada, por lo menos claramente diseñada. Esta evaluación no aparece confirmada en el material empírico. En la Carta de 1947 no se definía al Partido Peronista como parte de algo mayor; por el contrario, era la organización política que se daba el “movimiento” (esto puede resultar algo confuso, pero deriva del lenguaje utilizado por los peronistas). Pero desde 1952, con las “Directivas” mencionadas previamente, se definía terminantemente al peronismo como un movimiento organizado en tres ramas: el Partido (masculino), el Partido Peronista Femenino y la CGT; cuyos organismos directivos se denominaban “comandos” o “subcomandos”, estratégicos y tácticos. Finalmente, las profundas diferencias en torno a la relevancia otorgada a la participación del afiliado de base en ambos modelos de partido obligan a preguntar: ¿Cuáles fueron las razones que fundamentaron el paso de una organización partidaria inclusiva y participativa a otra restrictiva? ¿Cómo explicar el pasaje de un mecanismo de selección de candidatos descentralizado e inclusivo, a otro antagónico? Un primer elemento para ser considerado es la coyuntura crítica de 1951/1952 donde se registra la transición entre diseños partidarios. Los datos asequibles indican con razonable grado de certeza que hubo una dura lucha por el control del Partido Peronista entablada entre “sublíderes”. En este punto, es preciso subrayar el predominio del Consejo Superior nacional del partido por parte de Domingo Mercante y sus seguidores hacia 1949. Durante 1951, en un marco de agudas disputas entre peronistas y opositores rumbo a las elecciones generales en las que Perón iría por su reelección, y entre dirigentes peronistas por las candidaturas relevantes, el dominio mercantista del Consejo Superior fue revertido, y otro estamento de dirigentes -que reconocía en Alberto Teisaire su principal figura- hegemonizó la conducción partidaria. La lógica que subtendía esta disputa intraperonista anudaba la lucha por el control de los puestos directivos del Partido con las prácticas organizativas diferentes que esos grupos expresaban: dicho en términos simples, representativas versus verticales, democráticas versus autoritarias. Asimismo, esta disputa entre colectivos dirigenciales expresaba, de modo oblicuo, un problema presente en toda organización carismática, al cual el peronismo no fue ajeno: la potencial, y acaso amenazante, aparición de liderazgos alternativos al mismo Perón. La persistencia de normas representativas en la selección de autoridades partidarias, podría -eventualmente- permitir el surgimiento

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de dirigentes ampliamente reconocidos. Esencialmente, este era el caso del propio gobernador de Buenos Aires, quien para 1950 era indudablemente un líder nacional del peronismo. Mecanismos verticales de selección de autoridades y candidatos evitaban esta amenaza, convirtiendo a la cooptación (en lugar de la representación) en el método básico de ascenso partidario. Unas palabras de Perón, a comienzos de 1952, permiten pensar que fue el propio líder quien “inclinó la balanza” en esa disputa entre grupos dirigentes rivales (o acaso, simplemente sancionó con su autoridad el hecho consumado): “Este respeto al sistema federal, lleva involucrado el germen del “caudillismo”, verdadero cáncer de nuestra política, por lo que resulta indispensable instituir una forma de conducción y dirección que concilie estas circunstancias contrapuestas. Es decir, debemos mantener el sentido regional y a la vez eliminar el caudillo. La solución puede ser la de formar “comandos” que reemplacen a los “comandantes”, germen de caudillos en política” (Plan Político Orgánico 1952-1958, s/e, s/f.) La forma dubitativa en la cual Perón apuntaba una probable solución al “caudillismo” (término que en ese contexto específico refería a liderazgos secundarios del peronismo) es indicativa de la fluidez con que los peronistas trataban las opciones de organización partidaria que tenían ante sí. El Consejo Superior del partido adoptó estas sugerencias de Perón y las plasmó efectivamente, como pudo verse previamente. La pesada maquinaria partidaria implantada desde 1952 se mostró, acaso obviamente, incapaz de enfrentar los vertiginosos acontecimientos que precedieron el derrumbe del gobierno de Perón. En un contexto de extrema polarización azuzada por la movilización católica, hacia junio/julio de 1955, hubo bruscos reacomodamientos en la cúpula directiva del Partido Peronista. Un grupo distinto de dirigentes encabezados por Alejandro Leloir, entre los que se contaban varios de los desplazados hacia 1951, se hicieron cargo del partido, e intentaron revivir las formas participativas y representativas de acción partidaria. Pero las palabras que anunciaban ese nuevo rumbo no tuvieron tiempo de plasmarse en la práctica, y ciertamente no hubo entre julio y septiembre de 1955 ningún cambio apreciable en la estructura del Partido Peronista bonaerense. Tras el vendaval antiperonista, en la derrota y la prohibición, diversos grupos dirigentes peronistas reconocerían, tardíamente, que “lo mejor que tenemos es el pueblo” y apostarían a sostener e impulsar, desde el llano, el núcleo duro que había dado origen al peronismo: la tumultuosa, desbordante, e inorgánica participación popular. Quedaría para el futuro la tarea de reestructuración e institucionalización del Partido Peronista.

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Bibliografía

“Carta Orgánica Nacional del Partido Peronista” [1947], en Doctrina Peronista, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, Buenos Aires, 1951, pp. XXVII-XLII. Partido Peronista, Directivas básicas del Consejo Superior, Buenos Aires, 1952. “Carta Orgánica del Partido Peronista”, en Partido Peronista, Consejo Superior, Manual del Peronista, Buenos Aires, 1954, pp. 326-416. Aelo, Oscar H. (comp.), Las configuraciones provinciales del peronismo. Actores y prácticas políticas 1945-1955, La Plata, Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, 2010. Aelo, Oscar H. y Quiroga, Nicolás, “Modelos en conflicto. El Partido Peronista en la provincia de Buenos Aires”, Estudios Sociales, Nº 30, Santa Fe, 2006. Alberto Ciria, Política y cultura popular: la Argentina peronista, 1946-1955, Buenos Aires, De la Flor, 1983. Luna, Félix, El 45, Buenos Aires, Sudamericana, 1972. Panebianco, Angelo, Modelos de partido, Madrid, Alianza, 1990. Torre, Juan C. (dir.), Los años peronistas (1943-1955), Buenos Aires, Sudamericana, 2002. Torre, Juan C., La vieja guardia sindical y Perón, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

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Conflictos, prácticas políticas y organización partidaria en el peronismo de Bahía Blanca 1945-1960 por José Marcilese Doctor en Historia, egresado de la Universidad Nacional del Sur, actualmente es investigador asistente del CONICET y profesor adjunto en la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO). Es autor de capítulos de libros, trabajos en actas de congreso y artículos en revistas nacionales y extranjeras.

RESUMEN El presente trabajo se propone reconstruir el accionar del peronismo de Bahía Blanca desde la perspectiva de su funcionamiento como partido político, teniendo como marco temporal el período que se extiende desde las elecciones generales de febrero de 1946 hasta los comicios de marzo de de 1962, donde el peronismo nuevamente vuelve a participar de un acto electoral con candidatos propios.

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Los objetivos principales son estudiar los diversos procesos internos que se generaron y enfrentaron a las diversas facciones del peronismo local y el papel que detentaron las autoridades partidarias en dicho proceso. Para ello se tendrán en cuenta las características de cada una de las agrupaciones internas en lo que respecta a su conformación, particularidades, intereses y prácticas. En relación a la periodización elegida la misma contempla tres etapas principales, una inicial representada por el peronismo clásico de la etapa 1945-1955, un segundo momento representado por la resistencia peronista del período 1955-1958 y un último período caracterizado por los primeros intentos del peronismo por dejar la clandestinidad y comenzar un nuevo proceso de institucionalización. La escala de análisis contempla en forma específica a los procesos políticos ocurridos en Bahía Blanca y de manera secundaria el contexto bonaerense.

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El proceso formativo del Partido Peronista en Bahía Blanca, 1946-1947 Luego de los sucesos de octubre de 1945, la candidatura a la presidencia de Juan Perón originó un reordenamiento de las fuerzas políticas preexistentes. Fue así como en los diversos distritos del territorio bonaerense convergieron, en torno a la propuesta política del militar, un heterogéneo conjunto de militantes y dirigentes provenientes de fuerzas partidarias preexistentes conjuntamente con líderes de diversas organizaciones obreras, en su mayoría de reciente formación, al igual que simpatizantes sin antecedentes partidarios. Las organizaciones políticas que formalizaron este proceso fueron el Partido Laborista y la UCR- Junta Renovadora, dos fuerzas constituidas en las postrimerías de 1945 a modo de encausar al conjunto de electores que simpatizaban con la proyecto de Perón. En Bahía Blanca esas fuerzas aglutinaron mayoritariamente a representantes del radicalismo y en menor proporción, del conservadorismo, quienes junto con referentes sindicales conformaron los equipos políticos locales. Para el caso bahiense, el rasgo diferenciado estuvo representado por la incorporación de una activa célula del grupo nacionalista FORJA, que alcanzó un protagonismo inusual en relación a lo ocurrido en otros distritos bonaerenses. Luego que la coalición peronista se impusiese en las elecciones del 24 de febrero de 1946, permitiendo el acceso de Perón a la presidencia de la nación y de Domingo Mercante a la gobernación bonaerense, se inicio un proceso de reorganización de la heterogénea coalición de actores políticos y sindicales con el objetivo de generar una única unidad partidaria. La aplicación de esta resolución se inició en mayo de 1946 con la conformación del Partido Único de la Revolución y culminó en marzo de 1947, cuando aquel se transformó en Partido Peronista. A partir de entonces se inició la organización partidaria, a través de la apertura de locales y de sucesivas instancias de afiliación, poniéndose de manifiesto la compleja trama de alianzas que subyacía dentro del emergente peronismo, que en su interior alienaba a dirigentes con orígenes ideológicos y tradiciones políticas diferenciadas. Esta diversidad colaboró tanto en Bahía Blanca como en otros distritos, con la formación de facciones internas, interesadas en disputar la dirección de la subunidades locales del peronismo Fueron dos las líneas internas principales que se formaron en Bahía Blanca. Por un lado, un grupo de ex militantes conservadores junto a un sector mayoritario de la dirigencia sindical de la ciudad en torno al liderazgo del gremialista de Luz y Fuerza, Eduardo Forteza; por otro, se aglutinó un conjunto de dirigentes de origen radical forjista, junto con algunos representantes

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obreros y del radicalismo renovador, reconociendo como referentes a dos jóvenes abogados Julio César Avanza y Miguel López Francés. Esta línea, se encontraba estrechamente vinculada al mercantismo, línea interna que por entonces comenzaba a conformarse en derredor del gobernador distrital. Las diversas facciones partidarias frente a los comicios internos Luego de culminado el proceso de afiliación, las autoridades partidarias provinciales decidieron convocar a elecciones internas para el 21 de septiembre de 1947, con el objetivo de constituir los consejos directivos locales de nivel municipal y seleccionar los delegados al congreso constituyente del partido, que tendría lugar el 1 de diciembre de ese año. De esta forma, se daría un paso fundamental en la normalización del funcionamiento partidario atenuando así, las disputas que aquejaban al partido desde su origen ya que finalmente cada distrito contaría con una conducción legítimamente elegida por el voto de los afiliados, mediante un proceso interno, donde las diversas núcleos disputarían la conducción. En especial, porque según estipulaba la Carta Orgánica, el sistema contemplaba que la lista vencedora monopolizaba la totalidad de los cargos en juego, una modalidad que si bien resulta funcional para la consolidación de un grupo, bloqueaba las pretensiones de los sectores perdedores de obtener incentivos personales o colectivos inherentes a las posiciones partidarias. Partiendo de esta situación, en Bahía Blanca se conformaron tres agrupaciones, dos de las cuales -que presentaban un mayor caudal de adherentes- respondían, con algunas excepciones, a las principales líneas internas que convergieron en la génesis del peronismo local: laboristas y forjistas. Como era de esperarse, el proceso electivo promovió una intensa actividad proselitista, que consistió en la apertura de numerosos locales partidarios en la totalidad de los barrios de la ciudad y la realización de actos. Finalmente, el resultado de los comicios dejó al Centro Cívico Peronista “24 de febrero”, conducido por Eduardo Forteza, como agrupación vencedora quedando en segundo lugar a la Agrupación Revolucionaria Peronista (con los ex forjistas Miguel López Francés y Julio César Avanza al frente), seguida de la Agrupación Peronistas Plan Quinquenal de trabajadores manuales e intelectuales (liderada por el radical renovador Roberto Volpe). La diferencia obtenida por la lista vencedora demostró el peso electoral de los grupos sindicales dentro del peronismo local, por sobre el caudal de votos conseguidos por los núcleos de ascendencia radical, tanto forjistas como renovadoras. Las facciones partidarias y sus estrategias ante los comicios municipales A pesar de que los comicios internos establecieron qué sector del peronismo

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detentaría la conducción partidaria en las diversas comunas bonaerenses, no determinaron de manera directa las candidaturas municipales ni legislativas, nacionales y provinciales, que debían renovarse a fines de 1948. Esta función estuvo a cargo de una convención provincial, conformada por delegados partidarios seccionales, aunque influida por la opinión del gobernador y su entorno, al igual que por legisladores y funcionarios. Terminado el proceso de selección, Julio C. Avanza fue designado candidato a senador provincial y Eduardo Forteza a diputado nacional. Mientras que la convención eligió como candidato a intendente a Rafael Laplaza, un joven abogado de origen radical, que había ocupado previamente el cargo de comisionado y secretario del municipio. Si bien Laplaza no era una figura con ascendiente dentro del peronismo bahiense, era un profesional y docente respetado dentro de la comunidad municipal. Fue así como la combinación de reconocimiento social con experiencia administrativa se asociaron para legitimar su candidatura; en un momento en el que dirigentes con esas condiciones no abundaban dentro del peronismo local, especialmente dentro de las filas del fortecismo, sector que reunía mayormente a dirigentes de extracción sindical. Un perfil diferente presentó el grupo de militantes que integró la nómina de candidatos a concejales, donde los gremialistas locales obtuvieron un lugar preponderante. Este hecho revela el grado de inserción que los representantes obreros habían logrado para entonces en la totalidad de las líneas internas del peronismo bahiense, lo que constituyó uno de los rasgos más renovadores de la cultura política peronista. La elección general se realizó en forma desdoblada el 7 y 14 de marzo de 1948, obteniendo el peronismo un claro triunfo que le permitió reafirmar su condición de fuerza hegemónica, tanto en el medio bahiense como a escala provincial. Esta tendencia determinó que, en la composición del Concejo Deliberante local, el peronismo obtuviera once concejales frente a cinco del radicalismo y sólo dos por el socialismo. A pesar del proceso electoral interno que determinó una dirección local, el Partido Peronista bahiense siguió funcionando como una fuerza sumamente dividida y enfrentada, donde las tendencias centrífugas eran un obstáculo para el funcionamiento orgánico que el Consejo Superior promovía. Esta tendencia se manifestó en el cuerpo deliberativo local donde el bloque peronista funcionó en ocasiones de forma desagregada de acuerdo a los intereses de las facciones internas, actitud que también se apreciaba en la dinámica partidaria, donde los actos faccionales competían en importancia con las acciones promovidas desde la dirección partidaria distrital. Una situación que revela la pervivencia de los conflictos de la etapa formativa y un escaso acatamiento de las directivas partidarias.

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La consolidación del fortecismo en el segundo proceso de internas En este contexto, el interventor provincial del Partido dispuso un llamado a elecciones internas para el 18 de diciembre de 1949, iniciándose así una nueva carrera electoral por alcanzar la conducción partidaria del peronismo bahiense. Frente a esta elección se conformaron cinco líneas internas, dos más que las que participaron en los comicios del 21 de septiembre de 1947, un dato que revela un activa dinámica partidaria, marcada por divergencias intestinas al mismo tiempo que por la existencia de un amplio conjunto de dirigentes y militantes interesados por participar de los juegos de poder internos. La elección concluyó nuevamente con la victoria del fortecismo, la única facción que salió indemne del proceso atomizador que fragmentó el capital electoral de sus competidores. En esta ocasión, el número de afiliados que concurrió a votar superó al de 1947, posiblemente como resultado de una acción proselitista más intensa gracias a la formación de nuevas agrupaciones. El predominio electoral que mantuvo en ambas elecciones internas la facción liderada por Forteza frente a los grupos de extracción forjista ligados a la gestión Mercante, reveló no solo un mejor manejo preelectoral por parte del vencedor sino también la existencia de una cierta independencia por parte de cada distrito partidario de los intereses e imposiciones provenientes del Consejo Partidario Provincial o incluso del propio gobernador. De otra manera, difícilmente un sector que tenía como referentes directos a dos de los ministros del gabinete provincial (Avanza y López Francés), hubiera podido ser derrotada en los comicios internos correspondientes a su distrito de origen. En la determinación de las candidaturas correspondientes a Bahía Blanca, el Congreso Provincial del Partido Peronista fue equitativo entre las dos facciones mayoritarias, al momento de confeccionar las listas legislativas. En la nominación de las cargos locales -intendente y concejales- la posición que primó fue la del diputado Forteza, quien distribuyó entre su entorno las totalidad de los lugares en juego. Esta resolución causó un fuerte malestar entre los referentes de las demás facciones en juego y dejó en claro la influencia de Forteza en la convención partidaria provincial que había acordado las candidaturas. El resultado de la elección del 12 de marzo de 1950 marcó la continuidad del la supremacía electoral del peronismo, que obtuvo seis de las nueve bancas que se renovaban. Los nuevos concejales eran en su totalidad militantes peronistas miembros del Centro 24 de febrero, la agrupación que representaba localmente al fortecismo. Luego de esta renovación parcial

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del Concejo Deliberante, la bancada oficialista alcanzó un total de doce representantes, una amplia mayoría ante los cinco representantes radicales y al único edil socialista. En tanto que como intendente resultó electo Norberto Arecco, un ingeniero vinculado al conservadorismo aunque sin trayectoria en el peronismo, pero reconocido en la ciudad por su participación en diversas entidades de la sociedad civil. Determinación que pone de manifiesto como la “notabilidad” fue unos de criterios principales al momento de seleccionar a los dirigentes que detentarían una fuerte exposición pública. Asimismo, otra medida fundamental que resolvió la convención partidaria peronista, reunida en diciembre de 1949 y compuesta por los delegados de los 112 distritos comunales, fue la elección de una conducción orgánica, de manera que la dirección distrital del partido dejaría de estar en manos de interventores designados por el Consejo Superior para recaer en dirigentes bonaerenses nombrados por el conjunto de los representantes distritales. Entre los cuales fue designado para ocupar una vocalía el propio Eduardo Forteza, junto a un conjunto de legisladores nacionales y provinciales. El predominio alcanzado por el fortecismo en las sucesivas instancias electorales, aceptado y respetado tanto por la dirección partidaria provincial como por el gobernadora Mercante, se acentuó a partir de 1952. La desarticulación del mercantismo abrió una nueva etapa en el peronismo bahiense ya que los sectores internos que competían con Forteza por la dirección del movimiento en el orden local al mismo tiempo formaban parte de los equipos de gobierno del ex gobernador. Diversas investigaciones se han concentrado en los últimos años en las circunstancias que rodearon el abrupto final de la carrera política del gobernador Domingo Mercante y del equipo que lo acompañó en su gestión. Entre ellas se destacan, por su profundidad interpretativa, las efectuadas por Oscar Aelo, quien sostiene que más allá de las posibles aspiraciones personales del mandatario bonaerense, es preciso señalar que, la causa de su caída hay que buscarlas en el propio estilo de gestión que Mercante imprimió al funcionamiento político de su distrito; caracterizado por la consolidación de una dinámica partidaria democrática y participativa, diferente a la existente en otros distritos provinciales. Aelo destaca, también, cómo las aspiraciones de sectores marginados de la conducción provincial por el mercantismo, resultaron funcionales para su remoción y aseguraron un rápido reemplazo de los cuadros políticos desplazados. La ruptura se afianzó a partir de la asunción del mayor Carlos Aloé como gobernador de Buenos Aires, luego de lo cual un importante número

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de funcionarios ligados al mercantismo fueron expulsados del Partido Peronista, conjuntamente con el ex primer mandatario bonaerense. Este hecho selló el destino de la facción del peronismo bahiense liderada por los ex ministros Miguel López Francés y Julio C. Avanza, a quienes se inició sendos procesos judiciales que los llevarían luego a la cárcel.

PARA SEGUIR LEYENDO

Acha, Omar y Quiroga, Nicolás, El hecho maldito. Conversaciones para la historia del peronismo, Rosario, Prohistoria, 2012. Aelo, Oscar, El peronismo en la provincia de Buenos Aires 19461955, Buenos Aires, EDUTRES, 2012. Melón Pirro, Julio César, El peronismo después del peronismo. Resistencia, sindicalismo y política luego del 55, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2009. Tcach, César, De la Revolución Libertadora al Cordobazo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012

Esta situación consolidó la posición del diputado Eduardo Forteza, quien a partir de ese momento se instituyó como el principal referente del peronismo local, cumpliendo el rol de interventor partidario entre junio de 1951 y junio de 1953, cuando la conducción provincial decidió reinstaurar los consejos locales. Sin embargo, en esa oportunidad y ante la inexistencia de nuevas elecciones internas, estos se conformaron con un criterio discrecional a partir de lo dispuesto por la intervención provincial. En Bahía Blanca fueron dirigentes y militantes del fortecismo quienes acapararon los cargos, al igual que la mayoría de los secretariados de las Unidades Básicas, cuya organización tuvo lugar el 17 de mayo de 1953 también por disposición de la autoridad provincial. Esta situación se mantuvo hasta 1954 cuando la intervención provincial dispuso intervenir nuevamente el peronismo del distrito Bahía Blanca. Esta medida, afectó el liderazgo de Eduardo Forteza que debió compartir con sus tradicionales opositores de origen radical la conducción local de la fuerza y el reparto de los espacios de poder aunque sólo por espacio de unos meses debido a que el levantamiento cívico-militar de septiembre de 1955 culminó con la década peronista. El golpe militar de septiembre de 1955, la desarticulación del Partido Peronista y el inicio de la resistencia Luego del golpe militar de septiembre de 1955, un período de proscripción y persecución afecto a tanto a los equipos de gobierno como a los dirigentes políticos y sindicales que habían tenido relación con el peronismo. A partir de entonces, la fuerza política proscripta generó estrategias de acción acordes a su nueva condición, que fluctuaron entre la oposición representada por la “resistencia” del sindicalismo combativo y los militantes de base, y la integración propuesta por algunas fuerzas políticas y sectores gremiales, designados por los investigadores con la denominación genérica de neoperonistas Las restricciones impuestas por el gobierno de la “Revolución Libertadora” al accionar del movimiento peronista y sus dirigentes, activaron un conjunto de acciones clandestinas de parte de los proscriptos. Estas se extendieron con diverso éxito e intensidad a la totalidad de los espacios provinciales, siendo el levantamiento del general Valle en junio de 1956 la acción de

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mayor trascendencia, y al mismo tiempo, el ejemplo más claro del rigor que mostraron las acciones represivas. En ese contexto, en Bahía Blanca comenzaron a articularse vinculaciones clandestinas entre diversos grupos peronistas con el fin de establecer una trama organizativa que asegurase la supervivencia del movimiento frente al proceso de desperonización que el gobierno militar promovía con total determinación. Por entonces, las militantes peronistas asumieron un rol organizativo que solo en casos excepcionales habían tenido antes de septiembre de 1955. Este cambio se hizo evidente en los sucesivos equipos políticos, clandestinos o no, que el peronismo bahiense mantuvo en la etapa 1955-1958, en los que las mujeres y los militantes de base tuvieron a su cargo la coordinación de acciones políticas y de difusión antes reservadas a los principales dirigentes. Esta tendencia se evidenció en la conformación del primer comando peronista de Bahía Blanca, organismo encargado de coordinar las acciones políticas en el medio local y al mismo tiempo de responder a su equivalente en el orden nacional mediante el envío de delegados. En su conformación participaron tanto representantes sindicales de los gremios intervenidos como de los “recuperados”, conjuntamente con miembros de la rama masculina y femenina del peronismo. La reinstitucionalización del peronismo: la formación del Partido Justicialista Una atenuación de las restricciones políticas a partir de la asunción de Arturo Frondizi permitieron al peronismo comenzar un proceso de reinstitucionalización, a partir de la formación del Partido Justicialista. Su proceso formativo comenzó en el medio bonaerense el 6 de diciembre de 1958, mediante una asamblea de dirigentes y militantes peronistas realizada en La Plata, se decidió formar la organización en la provincia y al mismo tiempo, se nombró una Junta Promotora para que ejerza la conducción provisoria. A la reunión constitutiva asistieron referentes tanto del Gran Buenos Aires como de del interior provincial, dato que permite suponer la existencia de una instancia previa de negociación. En términos organizativos la formación de la Junta Promotora fue consumada por un grupo de referentes bonaerenses, en base a la determinación del Consejo Coordinador y Supervisor del Movimiento Peronista (CCSMP) que bregaba por el establecimiento de centros promotores en los diversos espacios provinciales; para de ese modo acelerar la reinstitucionalización de el peronismo, mediante la oficialización del PJ en todo el país.

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Entre sus disposiciones iniciales los asistentes al acto asambleario dispusieron la conformación de una comisión que dirigiese el proceso organizador, cuya presidencia fue ocupada por sindicalista Federico Durruty. Lo secundaron en esa labor un heterogéneo grupo de dirigentes, en el que convivían referentes seccionales, que había desempeñado funciones políticas o sindicales de cierta importancia durante el período previo a 1955, conjuntamente con ignotos militantes, y entre estos últimos, un importante número de mujeres, rasgo innovador de este período. Una vez superado el ordenamiento inicial la Junta Promotora progresó en las instancias formales inherentes al proceso formativo de un partido político: dispuso una carta orgánica junto a una declaración de principios, delineó una plataforma electoral y comenzó las gestiones necesarias para obtener le personería electoral ante la justicia provincial y nacional. En Bahía Blanca la Junta Electoral del Partido Justicialista se constituyó en febrero de 1959 y como ya se señaló, a diferencia de lo ocurrido en los años del peronismo clásico, varias mujeres ocuparon posiciones centrales en la organización. El resto de los participantes fueron ex miembros de unidades básicas, dirigentes estudiantiles y referentes sindicales, todos ellos con roles secundarios en los equipos políticos peronistas que habían participado en la etapa previa. Poco después de conformarse, la Junta Promotora bonaerense promovió la constitución de centros de acción justicialista en los diversos partidos del distrito, con el fin de reorganizar al movimiento en los niveles de base, en lo que se suponía sería un proceso de reinstitucionalización previo a la reinserción electoral. Sin embargo, el esfuerzo organizativo que el peronismo bonaerense dispuso para constituir el Partido Justicialista en el distrito finalmente resultó en vano, debido a que Arturo Frondizi dispuso quitar la personaría jurídica de la organización e impidió su participación en los comicios de marzo de 1960. De esa manera, se cerraba una nueva instancia en la historia partidaria del peronismo, tanto de Bahía Blanca como de la provincia de Buenos Aires, que volverá a aglutinarse dentro de un formato partidario en 1962, cuando ingresen masivamente al Partido Unión Popular, la fuerza política que se impondrá exitosamente en la elección de ese año, anuladas poco después debido a la presión militar.

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Amaral, Samuel y Ben Plotkin, Mariano (Comp.), Perón del exilio al poder, Buenos Aires, EDUNTREF, 2004. Da Orden, María y Melón Pirro, Julio César, Organización política y estado en tiempos del peronismo, Rosario, Prohistoria, 2012 Levitsky, Steven, La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. Mackinnon, Moira Los años formativos del Partido Peronista, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2002 Macor, Dario y Tcach, César (edit.), La invención del peronismo en el interior del país, Santa Fe, UNL, 2003 Marcilese, José, “El proceso formativo y consolidación del peronismo en Bahía Blanca” en Julio Melón Pirro y Nicolás Quiroga (comp.), El peronismo bonaerense. Partidos y prácticas políticas, 1946-1955, Mar del Plata, Ediciones Suarez, 2006 Marcilese, José, “La sociedad civil de Bahía Blanca frente al primer peronismo” en Actas de las IX Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2003 Quiroga, Nicolás, “El Partido Peronista en Mar del Plata: articulación horizontal y articulación vertical, 1946-1955, en Actas de las X Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia, Córdoba , UNC, 2003 (edición digital) Rein, Rannan, “El primer peronismo sin Perón: la Unión Popular durante la Revolución Libertadora” Disponible en historiapolitica.com, http:// historiapolitica.com/datos/biblioteca/Rein.pdf [último acceso: 8/11/2011]. Rosanvallon, Pierre, Por una historia conceptual de lo político, Fondo de Cultura Económica, 2002.

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Bibliografía

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La apertura electoral en la provincia de Buenos Aires y la gravitación juvenil en el gobierno de Oscar Bidegain 1972-1974 por Mariana Pozzoni Profesora en Historia (UNMdP) y becaria doctoral del CONICET. Su tema de investigación comprende los proyectos, ideas, prácticas políticas y disidencias en la Tendencia Revolucionaria del peronismo en la provincia de Buenos Aires entre c. 1970 y 1976. Algunos de sus trabajos más recientes son: “Una mirada sobre la militancia en los primeros años ’70 a través de la revista ENVIDO (1970- 1973)”. En Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Cuestiones del tiempo presente, 2012, [En línea], Puesto en línea el 30 enero 2012. URL : http://nuevomundo.revues.org/62672. ISSN: 1626-0252; y Recuerdo de la muerte de Miguel Bonasso: entre la denuncia y la autocrítica. Una mirada exílica”, en Malas Artes. Revista de Teoría y Crítica de la Cultura, Nº 1, junio de 2012. pp. 25-35. ISSN: 2250- 8678

resumen Este artículo propone realizar un recorrido por el contexto de apertura electoral de principios de los 70, poniendo especial énfasis en las características que el proceso adquirió en la provincia de Buenos Aires, la cual se convirtió en una experiencia piloto del “trasvasamiento generacional” propiciado por Juan D. Perón. En este sentido, se realizará una aproximación a los objetivos del gobernador Oscar Bidegain y a la gravitación que los jóvenes de la Tendencia Revolucionaria (TR), partidarios de la “patria socialista”, tuvieron en el gobierno provincial hasta su paulatino desplazamiento en enero de 1974.

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Hacia una apertura electoral El 11 de noviembre de 1970, las principales figuras de los partidos peronista y radical, junto con autoridades de otros partidos menores, se reunieron en un encuentro multipartidario conocido como La Hora del Pueblo, para exigir al gobierno dictatorial la rehabilitación de la actividad política y la convocatoria a elecciones sin proscripciones. Este pedido, sumado a la escalada de violencia y de radicalización política y social, llevaron al presidente Alejandro A. Lanusse a lanzar el Gran Acuerdo Nacional (GAN) a mediados de 1971. Se trataba de una estrategia de la dictadura militar para restablecer las reglas del juego electoral con las distintas fuerzas políticas. Lanusse creía que, una vez incorporado a las negociaciones, Perón dejaría sin sustento ideológico a las organizaciones revolucionarias (FAP, FAR, Descamisados, Montoneros) que invocaban su nombre, y pretendía erigirse como el nuevo presidente constitucional de la transición, neutralizando la candidatura del líder peronista. La intención continuista del régimen no escapó a Perón y a los diferentes sectores del peronismo, que percibieron al GAN como una falsa salida

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o “trampa electoral”. Las dudas generalizadas sobre las intenciones del gobierno militar respecto a una concreta institucionalización de la vida política determinaron que el líder no sólo se rehusara a condenar a las organizaciones armadas que actuaban en su nombre, sino que, bajo el rótulo de “formaciones especiales”, las alentó para ejercer presión sobre Lanusse. Al percibir su pérdida de gravitación en el proceso, el 7 de julio de 1972, Lanusse renunció a la estrategia acuerdista y decidió declararse prescindente en cuanto a su candidatura. Por otro lado, impuso la exclusión de Perón mediante una cláusula legal que expresaba que quien aspirase a un cargo electivo en el próximo gobierno constitucional debía estar presente en el país antes del 25 de agosto de ese año y residir permanentemente en el territorio nacional hasta la asunción del poder. Tras este fracaso del GAN, el Poder Ejecutivo convocó a elecciones generales para el 11 de marzo de 1973. En este marco, el 17 de noviembre de 1972 Perón retornó por primera vez al país e inició una serie de negociaciones que culminaron en la constitución del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). El Frente, que integraban el Justicialismo, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) dirigido por el ex presidente Arturo Frondizi, el Partido Conservador Popular de Vicente Solano Lima, el Partido Popular Cristiano de José Allende, y otros partidos menores, presentó la fórmula Héctor Cámpora - Vicente Solano Lima, como candidatos a presidente y vicepresidente. La definición de la fórmula frentista y las elecciones en la provincia de Buenos Aires El proceso nacional del justicialismo que se inició con la apertura política planteada por la dictadura y resultó en la preeminencia del sector juvenil, tuvo su reflejo en la provincia de Buenos Aires. En agosto de 1971, durante la gestión de Jorge D. Paladino como delegado personal de Perón, se conformó la Junta Promotora Provincial, bajo la conducción de Héctor A. Sáinz -estrechamente vinculado a Paladino-, con el objetivo de llevar a cabo la campaña de afiliación y la organización partidaria en la provincia. Poco tiempo después, la crisis paladinista, basada en las sospechas de la excelente relación mantenida con Lanusse por parte del delegado, en los problemas que tuvo para disciplinar a la Juventud Peronista y en el enfrentamiento con la Rama Femenina y las 62 Organizaciones, provocó el alejamiento de Sáinz, quien no pudo distanciar su imagen de la de Paladino y fue reemplazado por Oscar Bidegain. Este último, peronista de la primera hora y vinculado a la rama política, tenía una extensa trayectoria en el Movimiento Peronista que lo colocaba entre los principales candidatos para encabezar la fórmula del FREJULI en la provincia de Buenos Aires. Sus antecedentes políticos se remontan a 1945

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cuando se incorporó al Partido Laborista, propiciando la candidatura de Perón a la primera magistratura. Más tarde ocupó un rol fundamental en el Partido Peronista de Azul, su ciudad natal. Fue electo Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires en los dos primeros gobiernos peronistas, alcanzando la presidencia del Bloque de Diputados Nacionales del Partido Peronista en 1955. Luego de la Revolución Libertadora permaneció encarcelado hasta 1957, y con posterioridad participó activamente de la Resistencia como integrante del Comando Táctico Nacional Peronista, creado por Perón para la conducción del movimiento durante el exilio. En 1970 fue confirmado como Delegado Representante de la Provincia de Buenos Aires en el Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ). Un año después, fue designado para actuar en varios cargos partidarios: Secretario Delegado para la Reorganización del PJ en la Provincia de Buenos Aires, Congresal Nacional del PJ, Miembro del Consejo Nacional del PJ; y en 1972, organizador del PJ de la Provincia de Buenos Aires, controlando las afiliaciones. El 16 de diciembre de 1972, durante el Congreso Provincial de Avellaneda desarrollado en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), debió enfrentar en la interna del partido al estanciero Manuel de Anchorena, conductor del Movimiento Federal. Conformado hacia fines de los ’60 a partir de desprendimientos de Tacuara y de la Guardia Restauradora Nacionalista –vinculadas al nacionalismo católico y al anticomunismo- se fue incorporado en la estructura del justicialismo a mediados de 1970. En el congreso, los sectores vandoristas bonaerenses, aliados con los integrantes del Movimiento Federal, pretendían imponer la fórmula integrada por Manuel de Anchorena y el sindicalista metalúrgico Luis Guerrero. Para ello impidieron el ingreso del delegado electoral del Consejo Superior en la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Díaz Bialet y desalojaron violentamente del recinto al secretario general del Movimiento Nacional Justicialista (MNJ), Juan Manuel Abal Medina, quien había sido formado en el nacionalismo católico, pero estaba estrechamente vinculado con la juventud radicalizada a través de su hermano Fernando, miembro de uno de los grupos fundadores de de Montoneros. Ante la actitud de quienes intentaban copar el congreso, Abal Medina dispuso su nulidad y la expulsión de Anchorena. Ambas medidas fueron respaldadas por el Consejo Superior del MNJ y la disputa fue resuelta por Perón, quien manifestó su conformidad con la designación de Bidegain. Por otra parte, Victorio Calabró, tesorero de la UOM nacional, abandonó al grupo de Guerrero y se puso a disposición de Cámpora, hecho que le permitió permanecer en la escena política del principal distrito electoral de la República -la provincia de Buenos Aires- y que la Conducción del MNJ aceptara designarlo como a candidato a vicegobernador.

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De este modo, la dupla Oscar Bidegain - Victorio Calabró se constituyó en la fórmula del Frente para competir electoralmente por el ejecutivo provincial. Su lanzamiento se llevó a cabo el 26 de enero de 1973, en un acto en Vicente López. A diferencia de su compañero de fórmula, quien recibía el apoyo del sector sindical, Bidegain no contaba con una importante capacidad de movilización. Esta situación, sumada a la recomendación de Perón, lo llevó a vincularse con los sectores juveniles de la izquierda peronista, nucleados en torno a la TR (hegemonizada por Montoneros hacia 1973), convirtiéndose en los principales elementos dinamizadores de la campaña electoral del FREJULI en la provincia. Las actividades de la juventud correspondieron especialmente a la concurrencia a los actos y los eventos realizados en los diferentes distritos, la pegatina de carteles, las pintadas y el reparto de panfletos. Más allá de la efervescencia que rodeó la campaña, su derrotero en la provincia de Buenos Aires estuvo caracterizado también, por constantes tensiones y negociaciones entre los jóvenes de la TR y la “burocracia sindical”, seguidoras de uno u otro de los candidatos de la fórmula frentista. Los primeros debieron llegar a un acuerdo respecto de cada expresión pública en los actos, para evitar cualquier reacción de los sindicalistas, al tiempo que éstos formaron la Juventud Sindical para darle cuerpo a sus cuadros juveniles y evitar que la juventud del partido quedara identificada exclusivamente con la de la TR. En medio de este clima, en el que ninguno de los bandos descartaba el uso de las armas como medio de presión, se realizaron los comicios, el 11 de marzo de 1973. Las elecciones estuvieron atravesadas por enormes expectativas tanto por la posibilidad del ejercicio del voto tras siete años de interrupción institucional iniciados con el golpe de estado de 1966, como por retorno del peronismo al juego político tras casi 18 años de proscripción, con matices si se tiene en cuenta la participación de los partidos neoperonistas. Además de la fórmula del FREJULI en la provincia de Buenos Aires se presentaron otras 8 candidaturas que abarcaban un amplio espectro ideológico. Dentro de la izquierda se encontraban el Partido Socialista de los Trabajadores de tendencia trotskista (Jorge Mara - Adela Mayor) y el Frente de Izquierda Popular, expresión de la izquierda nacional (Blas AlbertiL. Alberto Abeldaño); entre las fuerzas de centroizquierda, el Partido Intransigente (Marcelo Arabolaza - Eduardo Pinentel) y el Partido Socialista Democrático (J. Félix Martella - Martín Ibáñez); en el centro, la Unión Cívica Radical (César García Puente - Raúl Vaccarezza); y cercanos a la derecha, el Partido Renovador (Luis Herrera - Eduardo Deluca); la Unión Conservadora (Víctor Carrique-J. Carlos Fonrouge) y Nueva Fuerza (Nicolás Ruiz GuiñazúFelipe Castro).

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En un clima caracterizado por el temor ante la posibilidad de irregularidades en los comicios, cerca de cuatro millones y medio de ciudadanos bonaerenses concurrieron a votar. Tras un lento escrutinio, que duró casi veinte días, se conocieron los resultados definitivos de la elección provincial que consagraron triunfante a la fórmula del FREJULI en las 7 secciones electorales de la provincia, descartando la posibilidad de ballotage (50,94 %). La UCR se ubicó en segundo lugar muy alejada del frente ganador con el 19,71% de los votos, y el tercer puesto se dividió entre el Partido Intransigente y el Partido Renovador. El FREJULI concentró un apoyo indiscutido, muy superior a cualquiera de las fuerzas políticas restantes en toda la provincia de Buenos Aires. De las 43 bancas de senadores provinciales a cubrir obtuvo 30 y de las 92 correspondientes a diputados, 57. Bidegain y la primavera juvenilista El triunfo electoral del FREJULI y el acceso de Oscar Bidegain al gobierno de la provincia de Buenos Aires el 25 de mayo de 1973 marcaron el momento cúlmine de los sectores de izquierda del peronismo. Los ocho meses transcurridos hasta la renuncia del gobernador, el 22 de enero de 1974, y su reemplazo por el vicegobernador Victorio Calabró, pueden identificarse inicialmente como la primavera política de los grupos vinculados a la TR, que lograron acceder a bancas legislativas y a posiciones jerárquicas dentro de los ministerios, secretarías y equipos de gobierno dependientes del poder ejecutivo provincial. Muy poco tiempo después este sector perdería gravitación, en consonancia con el endurecimiento de la posición de Perón hacia los sectores radicalizados de la izquierda peronista , sucesivo a la renuncia de Héctor Cámpora el 13 de julio de 1973. En el mensaje inaugural a la Asamblea Legislativa, Bidegain expuso detalladamente los objetivos de su gobierno. Manifestó la voluntad de impulsar la pacificación, de acuerdo con el llamamiento de Perón, expuesto el 21 de noviembre de 1972 en la asamblea multipartidaria, afirmó las tres banderas justicialistas de libertad, soberanía y justicia social, y anunció la puesta en marcha de la provincia “hacia la Liberación”. En lo que respecta a las diferentes áreas de gobierno, las propuestas apuntaban, en general, a corregir los vicios del gobierno de facto precedente. En materia económica y financiera proyectaba rectificar el déficit presupuestario provincial, la evasión impositiva y planteaba la necesidad de realizar un ordenamiento del comercio e impulsar la promoción de un desarrollo industrial equilibrado. En el área de educación y cultura, proponía resolver el elevado índice de deserción escolar y efectuar una reforma de los planes de estudio para adecuarlos a la “realidad y la cultura nacionales”, en consonancia con los

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principios “humanistas y cristianos” y como paso previo para la consolidación del “socialismo nacional”. En cuanto a la salud pública, observaba la carencia de una política sanitaria orientada a servir las necesidades de todos los habitantes, independientemente de sus posibilidades individuales, por lo que sostenía, entre otras medidas, la creación de consejos técnicos y comisiones de hospital, la ampliación de la capacidad hospitalaria, la normalización de los establecimientos asistenciales comunales y la descentralización de la salud mental. Finalmente, en el área agropecuaria, los objetivos eran aumentar la productividad y lograr la ocupación plena de la mano de obra, en un marco de respeto a la propiedad privada siempre que ésta mantuviera su función social (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 25/5/1973, pp. 13- 20). A la luz de las metas propuestas y del conjunto de leyes sancionadas por la Legislatura provincial en los ocho meses que duró el mandato de Bidegain, es posible advertir que su gestión sólo pudo dar respuestas parciales a sus aspiraciones. Estas estuvieron orientadas principalmente a enmendar la situación de los presos políticos de la dictadura (leyes de indulto y amnistía; reparación económica del Estado provincial a todo condenado erróneamente) y a reforzar el sentimiento nacional y la unidad latinoamericana entre la población, especialmente a través de la política educativa (inclusión de la Semana de América Latina en los establecimientos de enseñanza primaria y secundaria; prohibición de la utilización de nombres y denominaciones en idioma extranjero para las escuelas privadas; creación de la Semana de la Soberanía Nacional en el calendario escolar; derogación de la ley 139 y reconocimiento al brigadier J. M. de Rosas por su obra de “reconstrucción nacional, defensa de la soberanía, reparación económica y espíritu americanista”). Entre otros proyectos, quedaron truncos los de prevención y represión de la delincuencia mediante la reconstrucción de las instituciones a las que se consideraba corrompidas por el régimen dictatorial, la promoción de cooperativas villeras de trabajo y vivienda, la modificación del régimen previsional bonaerense para devolverle la autonomía al Instituto de Previsión Social. Muchas de esas medidas fueron continuadas por su sucesor, Victorio Calabró. Por otra parte, a comienzos de su gestión, Bidegain designó a los funcionarios provinciales, rodeándose de una serie de colaboradores controvertidos por su filiación “izquierdista” y fuertemente cuestionados por el vicegobernador Calabró y el ala más de derecha del movimiento. Entre ellos se encontraban, Floreal Ferrara (Ministro de Bienestar Social); Ricardo Mariátegui (Ministro de Gobierno); Rolando García (titular de la Asesoría Provincial); Guillermo Gallo Mendoza (titular de Asuntos Agrarios), Alberto González (titular de Obras Públicas) y Julio Troxler (subjefe de Policía), quienes se rodearon, a su vez, de militantes pertenecientes a la TR.

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Desde distintos espacios de gobierno y partidarios, los jóvenes de este sector realizaron un conjunto de acciones en la provincia, imprimiéndole características propias al proceso. Su presencia fue destacable en el ámbito universitario, donde buscaron impulsar un contenido “nacional y popular” en los planes de estudio, a la vez que apuntaron a la resolución práctica de algunos problemas sociales, al brindar, por ejemplo, apoyatura legal y colaborar en el diseño de escuelas, hospitales y dispensarios médicos en los barrios.

PARA SEGUIR LEYENDO

Calveiro, Pilar, Política y/ o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los ’70. Buenos Aires, Norma, 2005. De Riz, Liliana. La política en suspenso. Buenos Aires, Paidós, 2000. Pucciarelli, Alfredo (edit.). La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN. Buenos Aires, Eudeba, 1999.

En este contexto, en abril de 1973 lanzaron oficialmente los Equipos Político Técnicos (EPT) que venían trabajando desde 1972, en diferentes áreas como salud, educación y vivienda, los cuales estaban destinados a integrar la ciencia, el arte y la técnica como herramientas de lucha política. También participaron en las Juntas Vecinales de Consumidores (JUVECO), conformadas en junio por decreto de Bidegain, para colaborar en el cumplimiento de las normas de comercialización, precios y ordenamiento comercial y económico, en virtud de las exigencias impuestas por el Pacto Social, acuerdo tripartito entre trabajadores, empresarios y el Estado para controlar precios y salarios y mejorar la participación de los asalariados en la distribución del producto bruto interno. Por último, en octubre, participaron conjuntamente con el Ejército Argentino en el plan de recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones acaecidas en varios distritos bonarenses conocido como “Operativo Dorrego”, que fue lanzado por el gobernador. Sin embargo, pese a este protagonismo inicial, las tensiones internas en el movimiento peronista, que iban in crescendo desde el acto de retorno definitivo de Perón al país en Ezeiza, el 20 de junio de 1973, terminaron provocando el declive de la TR. En esa oportunidad, Perón se despojó de las ambigüedades discursivas que caracterizaron el período previo y comenzó a respaldarse en los sectores sindicales a los que calificó como la “columna vertebral del movimiento”. A modo de cierre El paulatino desplazamiento institucional de los jóvenes vinculados a la TR en la provincia de Buenos Aires comenzó en agosto de 1973 cuando varios funcionarios cercanos a la misma fueron reemplazados ante las denuncias recurrentes de “infiltración” por parte de Calabró, quien no dudó en hacer públicas sus diferencias con el Gobernador. En octubre del mismo año, poco después del asesinato de José I. Rucci, secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT) por parte de Montoneros, Perón impulsó una reunión con los gobernadores

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para impartir un conjunto de directivas para la lucha contra la “infiltración marxista” en las provincias. Estos lineamientos fueron reunidos por el Consejo Superior Peronista en el “Documento Reservado”. En el ámbito bonaerense, los cuestionamientos del líder se agravaron como consecuencia del ataque al regimiento militar de Azul protagonizado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el 19 de enero de 1974. En esa oportunidad, Perón sostuvo que “No es por casualidad que estas acciones se produzcan en determinadas jurisdicciones (…) Ha pasado la hora de gritar Perón, ha llegado la hora de defenderlo” (El Día, La Plata, 21/1/74, pp. 1), en clara alusión al primer mandatario provincial, quien presentó su renuncia para evitar ser sometido a juicio político. Producido el alejamiento de Bidegain, el ejecutivo quedó a cargo de Calabró. La sucesión, constitucional por cierto, puso de manifiesto el giro político del Partido Justicialista en la provincia, como correlato de lo que sucedía en el orden nacional.

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Bibliografía

Anzorena, Oscar. Tiempo de violencia y utopía. Del golpe de Onganía (1966) al golpe de Videla (1976). Eds. del pensamiento nacional, Buenos Aires, 1998. Baschetti, Roberto. “Cronología comentada de un patriota: Oscar Raúl Bidegain”, Buenos Aires, 2004. En: www.eldescamisado.org. ----------------------. De la guerrilla peronista al gobierno popular. 19701973. Ed. de la Campana, Buenos Aires, 1995. Bonasso, Miguel. El presidente que no fue. Los archivos ocultos del peronismo. Planeta, Buenos Aires, 2002. Fernández Pardo, Carlos y Frenkel, Leopoldo. La unidad nacional entre el conflicto y la reconstrucción (1971- 1974). Ediciones del Copista, Córdoba, 2004. Pozzoni, Mariana. “La Tendencia Revolucionaria del peronismo en la apertura política. Provincia de Buenos Aires, 1971- 1974”. Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, año XIX, Nº 36, Santa Fe, Argentina, Primer semestre, 2009, pp. 173- 202. Pucciarelli, Alfredo (edit), La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN. Eudeba, Buenos Aires, 1999.

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El radicalismo bonaerense en la reconstrucción democrática: de la ilusión al desencanto de las mayorías 1983-1987 por Marcela Ferrari Historiadora. Profesora del Área Argentina, Departamento de Historia, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Investigadora de CONICET, especializada en historia política argentina del siglo XX. Directora de PolHis, Boletín bibliográfico electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política. Ha publicado Los políticos en la República radical. Prácticas política y construcción de poder (2008), Resultados electorales y sistemas políticos en la provincia de Buenos Aires (2010), como también compilaciones, artículos en revistas académicas y capítulos de libros.

Resumen En 1983 la Unión Cívica Radical triunfó en las elecciones y obtuvo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuatro años después fue desplazada de esa posición. Los motivos del cambio son complejos y exceden a la crítica situación política y socio-económica nacional. En este artículo se coloca el énfasis de la explicación en la interna partidaria provincial, atravesada por constantes fraccionamientos y acuerdos preelectorales que sumieron al partido en comportamientos autorreferenciales, a costa de enajenarle la voluntad de las mayorías.

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Con el retorno de la democracia, la Provincia de Buenos Aires fue testigo del ascenso del radicalismo al gobierno. La fórmula Alejandro ArmendárizElva Roulet se impuso sobre sus rivales peronistas, por primera vez, en elecciones libres de toda proscripción. Cuatro años más tarde la Unión Cívica Radical (UCR) era desplazada del ejecutivo provincial para ya no volver a ejercerlo hasta la actualidad. La reversión de la tendencia electoral es inescindible de la suerte del gobierno nacional jaqueado por las altas tasas de interés internacionales, los bajos precios de las exportaciones y la imposibilidad de controlar la inflación. Un gobierno hostigado, además, por las reivindicaciones sindicales traducidas en un plan de huelgas generales y por las presiones militares que derivaron en la sanción de la Ley de Punto Final, el levantamiento de Semana Santa de 1987 y la Ley de Obediencia Debida. Las respuestas ofrecidas al movimiento obrero, la manera de resolver la crisis castrense -que no conformó a los militares, a la derecha, ni a los sectores identificados con la defensa de los Derechos Humanos- se sumaron a las dificultades económicas y restaron

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votos al oficialismo, que en 1987 sólo logró conservar dos gobernaciones. El gobierno radical bonaerense sumó a ello sus propias dificultades. Si bien reivindicó el respeto a la moralidad en la función pública, la normalización administrativa y la jerarquización de los municipios, poco pudo hacer para reactivar la producción, ofrecer soluciones suficientes al déficit habitacional y contribuir a resolver el crónico problema de las inundaciones en el interior de la provincia. En especial, fue criticado por la cesión de puntos de coparticipación federal. Ciertamente, la situación general arrastró hacia un consenso de desilusión con el radicalismo. Ahora bien, hubo otros factores inherentes a la organización partidaria de la UCR, y en particular de la UCR bonaerense (UCRB), que contribuyeron a esos resultados. Mientras el peronismo asumió la derrota y protagonizó un proceso de recambio de dirigentes que derivó en el desplazamiento de los sectores más afines al sindicalismo de derecha (“los mariscales de la derrota” de 1983) por los autodenominados renovadores que llevaron a Antonio Cafiero a la candidatura de gobierno, el radicalismo mantuvo en las primeras líneas a los mismos dirigentes que en 1983 y se sumergió en un proceso de enfrentamientos internos y acuerdos coyunturales que, sumados a la situación general atravesada por el país y la provincia, le enajenó la voluntad de las mayorías. Camino al poder El sector del radicalismo bonaerense que hegemonizó el poder en 1983 provenía de dos vertientes formadas a fines de los sesenta y comienzos de los setenta. Una de ellas era la de los jóvenes que después del golpe de 1966 radicalizaron su discurso a la vez que sostenían la defensa de las instituciones republicanas. Desde adentro del partido, estos acusaron de “quedantista” al oficialismo liderado por Ricardo Balbín y organizaron dos agrupaciones: la Unión Nacional Reformista Franja Morada (1967), brazo universitario de la juventud radical, y la Comisión Coordinadora Nacional de Jóvenes Radicales (1968), más conocida como Junta Coordinadora Radical (JCN). Los coordinadores, que se autodefinían como la izquierda del radicalismo, coparon la Franja Morada y en 1971 promulgaron su documento emblemático, “La contradicción fundamental”. En él realizaban un diagnóstico de la situación nacional en términos dicotómicos (democracia/dictadura, justicia social/ mayorías privilegiadas, liberación/dependencia, pueblo/antipueblo), que compartía un clima de época proclive a los movimientos nacionales y populares, aun cuando optaban por la democracia de partidos y rechazaban la violencia política. La otra vertiente era el Movimiento de Renovación y Cambio (MRyC), for-

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mado en 1972 bajo la conducción de Raúl Alfonsín, dirigente bonaerense nacido en Chascomús. El MRyC fue gestado por la llamada generación intermedia, también perturbada por la percepción de inmovilidad del partido ante la dictadura. Tras conocer la participación del radical balbinista Arturo Mor Roig en el gabinete del gobierno militar, se aproximaron a Franja Morada y la Junta Coordinadora Nacional, pronunciándose a favor de la democracia representativa, de la estabilidad institucional y de una política económica que permitiera una mejor distribución del ingreso, a la vez que se comprometían con la causa de la liberación. Al levantarse la veda política en 1972, los renovadores se presentaron a elecciones internas en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos se encontraba un militante oriundo de Saladillo, Alejandro Armendáriz. Fueron derrotados, pero lograron la minoría y Alfonsín asumió como delegado en el Comité Nacional. El MRyC se constituyó formalmente en 1972 y compitió por la candidatura a presidente y vicepresidente de la Nación. Si bien la fórmula Raúl Alfonsín-Conrado Storani fue derrotada por la de los oficialistas de partido, Ricardo Balbín-Eduardo Gamond, se logró dar estructura nacional al MRyC. Durante el tercer gobierno peronista fueron minoritarios dentro de la minoría radical. Pasada la dictadura, la posición del MRyC había cambiado. Balbín y otros dirigentes tradicionales habían muerto y si bien la conducción partidaria permanecía en manos de ese sector, el recambio biológico facilitó el ascenso de la “generación intermedia” alfonsinista. No era sólo eso. Tras la derrota en la guerra de Malvinas, iniciada la apertura democrática, Alfonsín aparecía como el rostro visible que el partido necesitaba. Contaba con un enorme prestigio: participaba en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos desde 1975, fue uno de los pocos dirigentes que no apoyó la guerra con su presencia en el archipiélago y comprendía, como pocos, el ánimo propicio a la defensa de la paz democrática que reclamaba la ciudadanía después de la más cruenta dictadura militar de la Argentina. Además, tenía una larga trayectoria partidaria y varias veces había sido presidente del Comité provincial. Con él, el MRyC triunfó en las internas nacionales y su prestigio se derramó sobre los renovadores radicales que pretendían llegar al gobierno de la mano de Alfonsín -según rezaba el cántico de campaña-. En vísperas de la recuperación democrática, la Provincia de Buenos Aires era epicentro del MRyC por ser el distrito de origen de su referente. Sus principales integrantes eran los “históricos” que en 1972 se habían escindido del tronco balbinista –Alejandro Armendáriz, Edison Otero-, a los que después se sumaron Leopoldo Moreau y Juan Manuel Casella. Posteriormente adhirió a ellos la Línea Popular, liderada por Horacio Domingorena, con presencia en el oeste y el norte del Gran Buenos Aires. Militaban en él también los ex coordinadores que por razones de edad en 1981 dejaron la Juventud partidaria y se incorporaron a las filas del partido. En sentido institucional

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estricto, la JCN dejó de existir en 1984 al formarse el Comité Nacional de la Juventud de la UCR. Pero los fundadores y su entorno político, que provenía en gran medida de la Franja Morada, conservaron esa identidad. Su referente en la provincia era Federico Storani, de origen cordobés, de probada militancia y conducción en los círculos universitarios desde los primeros años 70 en La Plata, donde cursó su carrera de Derecho. A la derecha del MRyC se encontraba Línea Nacional. Conducida por César García Puente -ex candidato a gobernador, presidente del comité provincial y delegado al Comité Nacional en 1973-, recogía las banderas del balbinismo, reclamaba una actitud independiente del partido y rechazaba las coaliciones, aun la Multipartidaria de 1981. De Línea Nacional se desprendió el Balbinismo Auténtico cuyos referentes eran Juan Carlos Pugliese, presidente del Comité Provincial en 1982, y Antonio Tróccoli, quien asumiría como ministro del Interior en 1983. También a la derecha se encontraba el Movimiento Nacional de Desarrollo (MONADE), escisión del MID encabezada por Alfredo Allende y Melchor Posse, Intendente de San Isidro por ese partido en 1958. Un acuerdo entre los históricos del MRyC y el Balbinismo Auténtico contrarrestó el impulso de los coordinadores. Las internas se realizaron en etapas. En la primera, destinada a normalizar cargos partidarios, aquella coalición se impuso en 119 de los 125 partidos de la provincia y designó los cuatro delegados al Comité Nacional. Línea Nacional no alcanzó el 25% indispensable para presentar precandidatos a la gobernación ni al parlamento, pero sí a la legislatura y a cargos municipales. Esa instancia fue seguida por la reunión de la convención provincial que aprobó la plataforma electoral; allí se incluían cuestiones caras a la tradición radical, como cambios en las formas de propiedad y tenencia de la tierra y disposiciones favorables a las autonomías municipales. El alfonsinismo impuso los candidatos a gobernador y vice, Alejandro Armendáriz-Elva Roulet, y los senadores nacionales. La lista de candidatos a diputados nacionales fue confeccionada tras arduas negociaciones. El balbinista auténtico J. C. Pugliese obtuvo el primer lugar y su línea también obtuvo el sexto, mientras los renovadores reservaron del segundo al quinto lugar para Juan Manuel Casella (Avellaneda), Balbino Zubiri (Azul), Osvaldo Bissiotti (Lobería) y Federico Storani (La Plata) respectivamente. Las candidaturas de legisladores provinciales y autoridades comunales se dirimieron a fines de agosto de 1983. En vistas de las elecciones generales del 30 de octubre, la UCR bonaerense se lanzó a la campaña electoral opacada por la gravitación del candidato presidencial, Raúl Alfonsín. Los esfuerzos organizativos y de movilización recayeron sobre la JCN. La rápida reorganización del radicalismo y el humor colectivo favorable a las propuestas del partido facilitaron el triunfo radical

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en la provincia, con el 51,98% de los sufragios, frente a un peronismo que remontó su reorganización con más dificultades y que postuló como candidato a gobernador a Herminio Iglesias cuyo perfil fue rechazado por la mayoría de un electorado que lo identificaba con el matonismo sindical, con los años de gobierno de Victorio Calabró, el desgobierno y la violencia política experimentados durante el tercer gobierno peronista y con algunos referentes de la dictadura. Armendáriz, el gobernador electo, un dirigente de muy bajo perfil, atribuyó su triunfo a la intensa campaña electoral realizada, las visitas a las villas de emergencia o a las fábricas y al “caminar” distintas ciudades. Pero sin duda, como afirmó un militante radical entrevistado, “la boleta de Alfonsín hizo ganar a personas que jamás hubieran pensado que podrían ganar una elección”. La UCR, partido de gobierno En paralelo a la euforia derivada del triunfo, el radicalismo atravesó numerosas tensiones. Algunas provenían de la imposibilidad de que Armendáriz consolidara su liderazgo en el distrito donde Alfonsín era la figura indiscutida. Si bien el gobernador era un buen referente, algunos militantes consideraban que era opacado aun por Roulet, quien tenía mejor y más cercana relación con la juventud partidaria. Otras derivaron de las divisiones internas en que se sumió el partido. Los coordinadores bonaerenses consolidaron un perfil “programático” a la izquierda de sus pares “pragmáticos”, alfonsinistas, de Capital Federal. Su autorrepresentación como el componente más dinámico del partido, reaseguro de los principios de libertad, ética y solidaridad, agudizó las tensiones con los “históricos” del MRyC, que a comienzos de 1985 señalaban la necesidad de que las minorías de raíz universitaria entendieran que “la UCR es un partido del pueblo y que por lo tanto no puede ser manejado por jóvenes que desconozcan el sentir y las angustias diarias del trabajador” porque en ello se jugaban el destino del partido y del país. Fuera del MRyC, el Balbinismo Auténtico conducido por Pugliese se convirtió en Movimiento Integrador Nacional (MIN), mientras la Línea Nacional y el MAY conservaron su presencia minoritaria. Ante las elecciones legislativas de 1985 las tensiones fueron superadas por un acuerdo que derivó en la formación de listas únicas para cubrir cargos partidarios en el Comité Provincial y designar candidatos a diputados nacionales. La UCR triunfó en buena medida gracias al éxito del Plan Austral para controlar la inflación y, en otro orden, al resultado de los juicios a las Juntas Militares de ese año. Pasadas las elecciones legislativas retornaron los conflictos. Los históricos

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denunciaban el desviacionismo de los coordinadores, mientras Storani ponía en evidencia el divorcio del partido de la voluntad popular y mostraba la falta de movilización y de debate con los militantes. Esas ideas fueron plasmadas en un documento elaborado en un encuentro realizado en City Bell. La respuesta de los históricos fue la Declaración de San Miguel, en la que este sector realizó una relectura del controvertido discurso de Parque Norte de diciembre de 19851, según la cual interpretaban que Alfonsín, en calidad de máxima autoridad partidaria, había manifestado su voluntad de constituir un tercer movimiento histórico. Así, para legitimarse, convocaron a todos los sectores del radicalismo a reunirse “con humildad y sin soberbia ideológica” para instrumentar la propuesta movimientista expresada por el presidente, sin “divisionismos” ni “cosas extrañas” porque “el MRyC es nuestro”. 1986 era decisivo para definir las candidaturas de quienes competirían al año siguiente. En esa coyuntura la escisión interna del sector hegemónico partidario resultaba preocupante. El MIN y Línea Nacional propusieron volver a unificar el balbinismo para contrabalancear el enfrentamiento interno del MRyC. Formaron el MIN-Línea Nacional, aunque el sector que respondía a García Puente postergó su decisión con el argumento de consultar a las bases. El conflicto del MRyC se resolvió por acuerdo interno del “triunvirato de la verdad”: Juan Manuel Casella, Leopoldo Moreau y Federico Storani, renovadores de distinto perfil y adscripción. El primero provenía de Avellaneda, 3ª sección electoral, quien por entonces ya había sido diputado nacional y Ministro de Trabajo y nucleaba a su alrededor algunos equipos de técnicos e intelectuales. Moreau, fundador de la Coordinadora que tempranamente adhirió al MRyC, se caracterizaba por operar entre las bases del partido, mientras Storani, líder coordinador, reclutaba más adhesiones entre los sectores universitarios. En sus declaraciones estos dirigentes aludieron a la necesidad de marchar unidos para ganar la provincia y consolidar la democracia. Como resultado, renovadores, coordinadores, partidarios del MIN y de Línea Nacional confluyeron en un nuevo acuerdo acerca de las candidaturas a gobernador y vice, el senador y las listas de diputados nacionales a renovar y, en el orden partidario, la titularidad del Comité Provincial y las listas de convencionales y de delegados al Comité Nacional. La fórmula de gobierno recayó en el renovador Juan Manuel Casella, presidente del Comité Provincial, secundado por el coordinador Osvaldo Pozzio. La lista de diputados nacionales quedó encabezada por J. C. Pugliese (MIN-Línea Nacional), F. Storani (JCB) y José Gabriel Dumon (histórico). Dos renovadores, Edison Otero y Leopoldo Moreau, fueron electos candidato a senador nacional y candidato a presidente del Comité Provincial, respectivamente. Era evidente la primacía del MRyC sobre el resto. Las elecciones internas del 30 de noviembre, en las que participó alrededor del 40% de los afiliados, confir-

1. Según otras lecturas, Alfonsín criticó en esa oportunidad la tendencia hegemónica que suponían los movimientos históricos. Cf. G. Aboy Carlés, “Parque Norte o la doble ruptura alfonsinista”, en M. Novaro y V. Palermo (comps.), La historia reciente. Argentina en democracia. Buenos Aires, Edhasa, 2004.

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maron los acuerdos alcanzados. Sirvieron para legitimar la lista concertada por las cúpulas y permitieron dirimir la composición de las candidaturas a legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros. Los coordinadores prevalecieron en las secciones 4ª y 8ª y los históricos en el resto. Es decir, mientras el gobierno provincial sufría la imposibilidad de responder a una serie de dificultades -ya mencionada- generadas en buena medida por el escaso éxito del gobierno nacional para controlar las variables macroeconómicas y las presiones corporativas, la UCR provincial se fragmentaba para competir por la primacía interna y se unía por acuerdo ante las coyunturas electorales, sin nunca producir un verdadero recambio de dirigentes. Privilegiaba el mantenimiento del equilibrio entre fracciones, por frágil que fuera, a riesgo de enajenarse la voluntad del electorado que no veía que los mismos dirigentes pudieran ofrecer una solución a los problemas que los afectaban. Epílogo

PARA SEGUIR LEYENDO

Novaro, Marcos. Historia de la Argentina. 1955-2010. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2010. Ollier, María Matilde. Atrapada sin salida. Buenos Aires en la política nacional (1916 - 2007). Buenos Aires, UNSAM Edita, 2010. Persello, Ana Virginia. Historia del radicalismo. Buenos Aires, Edhasa, 2007.

El “internismo exagerado” al que aludían los medios de prensa fue uno de los motivos que llevaron a la derrota de la UCRB en 1987. Su performance electoral descendió del 51, 98% de los votos en 1983 a 39,66%. El peronismo, considerado como la alternativa a un gobierno que atravesaba serias dificultades, había hecho grandes esfuerzos para presentarse como una opción válida. Además de cambiar sus dirigentes volvió a su tradición frentista y como punta de lanza del Frente Justicialista Renovador triunfó con el 46,48% de los sufragios. La experiencia no fue suficiente para que el radicalismo rompiera prácticas de largo plazo. Las candidaturas siguieron distribuyéndose de acuerdo a la gravitación de cada línea interna. En 1989 de los 21 candidatos a diputados nacionales por el radicalismo bonaerense, 8 respondían a Moreau, 7 a Storani, 4 a Casella y 2 a Juan Carlos Pugliese. La derrota en las elecciones nacionales de ese año introdujo un nuevo realineamiento: alfonsinistas y antialfonsinistas. Pero los protagonistas no cambiaban. En la provincia el referente alfonsinista era Moreau, presidente del Comité Provincial en 1990, acompañado por el MIN de J. C. Pugliese. Los antialfonsinistas se dividían en conservadores y progresistas. Los conservadores, cuyo referente nacional era el cordobés Eduardo Angeloz, se nucleaban en torno a Troccoli, primer ministro del interior en 1983, y a Melchor Posse, Intendente de San Isidro que encabezaba por entonces la Corriente de Recuperación Radical. Entre los progresistas, F. Storani se alejó de la JC y organizó en marzo de 1990 la Corriente de Opinión Nacional, de orientación social-demócrata, a la que tiempo después sumó a Casella. El mayor peso

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relativo de los alfonsinistas llevó a enfrentar la nueva convocatoria electoral presentando como candidato a gobernador a Juan Carlos Pugliese. El electorado provincial lo recordaba como uno de los ministros de Economía de Alfonsín que no pudieron controlar la hiperinflación. En la compulsa se enfrentaría a Eduardo Duhalde, el vicepresidente del gobierno que había logrado hacerlo. La victoria del candidato peronista era predecible. Al comenzar los años noventa, este partido centenario en la Provincia de Buenos Aires no lograba superar su autorreferencialidad.

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Bibliografía

Aboy Carlés, Gerardo. “Parque Norte o la doble ruptura alfonsinista”, en M. Novaro y V. Palermo (comps.), La historia reciente. Argentina en democracia. Buenos Aires, Edhasa, 2004. Novaro, Marcos. Historia de la Argentina. 1955-2010. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2010. Pozzoni, Mariana. “Los coordinadores bonaerenses: una mirada desde la revista Generación ‘83”, en M. Fabris y R. Tortorella (coords.), Democracia en reconstrucción. Mosaico histórico de los años ochenta. Mar del Plata, EUDEM, 2011.

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De alianzas y circunstancias La política bahiense entre 2003 y 2007 por Nidia Burstein Nidia Burstein es Licenciada en Sociología (UBA,1972) y Doctora en Historia (UNS, 2005).Investigadora y docente de la Universidad Nacional del Sur en la que es Coordinadora de la Maestría en Sociología. Sus áreas de interés se centran en historia política reciente y en sociología política. Entre otras publicaciones se encuentran: Autonomía Municipal y Cultura Política en la Provincia de Buenos Aires (EDIUNS 2006), Cultura Política y Crisis en la Provincia de Buenos Aires.1999-2001, en coautoría con Fernando Romero (EDIUNS,2008) y Pobreza y Planes Sociales en Bahía Blanca, en coautoría con Stella Maris Pérez (EDIUNS, 2004).

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RESUMEN El objetivo de este trabajo es reseñar las circunstancias políticas particulares que enfrentó el intendente de Bahía Blanca elegido en 2003 en el marco de dos crisis: la crisis económica y la de representación política. En este contexto, se destaca el papel crucial que jugaron las contradicciones y enfrentamientos entre los referentes de un mismo espacio político, contradicciones y enfrentamientos que explican los sucesos que hemos de describir. iNTRODUCCIÓN Las primeras elecciones libres al término de la última dictadura consagraron en 1983 al abogado Juan Carlos Cabirón como nuevo Intendente de Bahía Blanca con el 54.36% de los votos. Por aquellos años, la ciudad exhibía un desarrollo mediano que no provocaba una excesiva complejidad: el puerto generaba una actividad interesante, el Polo Petroquímico se encontraba en sus inicios y en general puede decirse que los problemas urbanos podían resolverse. Asimismo, es correcto interpretar el apoyo decidido de

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la ciudadanía bahiense al candidato de la UCR como parte del apoyo que concitó el Dr. Alfonsín, quien expresaba entonces los anhelos argentinos por justicia, libertad, paz y estado de derecho. El intendente Cabirón se propuso dotar al Hospital Municipal de mayor complejidad y capacidad de atención, extendió el tendido de agua y cloacas a los barrios que no poseían esos servicios, estableció un nuevo espacio para el tratamiento de la basura y luchó contra vectores que provocaban serios trastornos. Estas iniciativas concitaron la aprobación popular y el Dr. Cabirón fue reelegido en el año 1987. En esta ocasión lo votó casi un 46% de los bahienses. En las elecciones de 1991 el agrimensor Jaime Linares, quien fuera secretario de Obras Públicas en la gestión anterior, accedió a la intendencia con el 44.79% de los votos. La ciudad entonces ya mostraba un crecimiento económico, demográfico y urbano que la dotaba de una complejidad creciente. El intendente Linares continuó y acrecentó las mejoras y apoyó el mayor desarrollo del Polo Petroquímico y del puerto de Bahía Blanca. En las elecciones de 1995 obtuvo su segundo mandato con el 59.15 % de los votos. Las iniciativas en materia urbana, tales como la creación del Paseo de las Esculturas y la apertura de calles y avenidas fueron valoradas por la población. Esto le valió acceder por tercera vez a la intendencia en el año 1999 con un 62.26% de adhesión. En este último caso, Linares ya era parte de la Alianza que gobernó el país hasta 2001, año en el que renunció el presidente De La Rúa . La crisis que se abatió sobre el país afectó a la ciudad de Bahía Blanca en forma muy pronunciada. Sin embargo, el intendente Linares completó su mandato. Los problemas económicos generales y el alto desempleo en la ciudad trajeron la necesidad de cambio. Es así que en el turno electoral de 2003, el candidato del Partido Justicialista, un médico reconocido, Dr. Rodolfo Lopes, ganó las elecciones con el 43.15% de los sufragios. Linares quedó segundo con un 31.65% de votos. Otra etapa y otra historia se iniciaban en la ciudad. Un candidato y varios enfrentamientos Una muestra muy elocuente de la crisis de representación que recorría a todos los partidos políticos en estos años es que en las listas de candidatos a concejales y diputados provinciales aparecían nombres nuevos, no ligados a pertenencias políticas pero sí reconocidos socialmente por sus desempeños en la vida de la ciudad. Tanto en la UCR como en el PJ, se incluyeron para las elecciones internas del 14 de setiembre del año 2003 candidatos de las más variadas extracciones. Fruto de las divisiones internas que sobrevinieron

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con el intento de apartarse del “menemismo”, el PJ bahiense se presentó a la contienda interna dividido. La denominación de la lista menemista fue impugnada y debió actuar la justicia electoral. En las elecciones internas justicialistas triunfó claramente el candidato de consenso. En efecto, después de largas negociaciones, sectores antes enfrentados acordaron que el mejor candidato era sin dudas el Dr. Rodolfo Lopes, médico con clara visión social y que se encontraba al frente de la Delegación de la Zona Sanitaria provincial. Quien ejercía la jefatura del justicialismo local, Dámaso Larraburu, había resistido la figura de Lopes en ocasión de las elecciones de 1999 y avaló entonces a un joven abogado, el Dr. Marcelo Feliú, quien sólo obtuvo el 23% de los votos. En 2003, las condiciones habían cambiado. No sólo Larraburu entendía que el momento era propicio en todo sentido para ganarle la intendencia al radicalismo, sino que aceptaba que Lopes contaba con conocimiento y carisma para atraer nuevos votantes. En política está visto que las alianzas son débiles en tanto los eslabones que las componen no siempre consiguen engarzar fuertemente entre sí. Esto quiere decir que las diferencias en cuanto a los programas de gobierno y su ejecución más las disidencias entre las variadas personalidades que las conforman, tienden a fragilizar los acuerdos. El Dr Lopes, una vez elegido intendente debió enfrentar algunas maniobras internas a su partido y él mismo enfrentó rápidamente a diversos sectores políticos y religiosos todo lo cual produjo una situación de convulsión en una ciudad que gustaba definirse como “tranquila” y no acostumbrada a tales conmociones. Una de las primeras señales de la conflictiva situación política de la ciudad se advirtió en los primeros meses del año 2005 en relación a la rendición de cuentas del año 2004. Ya en junio, los concejales, tanto del bloque radical como los ediles del PJ, anunciaban que no estarían dispuestos a avalar los datos del ejercicio del primer año de mandato del nuevo intendente por lo que llamaron “severas inconsistencias”. Desde la UCR se le cuestionaba un “desapego de la institucionalidad” y la reiteración de situaciones reñidas con las normas básicas de administración. En el Concejo Deliberante se discutía la contratación de maquinarias para mantenimiento y conservación de calles, los montos pagados por trabajos de bacheo, la adquisición de productos para los planes sociales y otros gastos que no habían obtenido autorización de ese cuerpo. En el bloque Justicialista se vivía un estado de inquietud. Una parte importante de sus miembros se mostraban dispuestos a no aprobar la rendición de cuentas. Sólo dos aliados, pertenecientes al Polo Social, acompañaban al intendente Lopes y aseguraban que votarían positivamente la rendición

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del año 2004. Marcelo Feliú, quien había sido titular de la bancada del PJ, desplegó enormes esfuerzos para conseguir la aprobación por parte de los ediles justicialistas. Estos últimos habían solicitado al secretario de Hacienda la remisión de una cantidad de expedientes a fin de analizar con detenimiento el origen y destino de los gastos. Algunos de ellos manifestaron que después de analizar los números sus dudas “tomaron mayor cuerpo aún”. Entretanto, el día 13 de junio el Intendente Lopes, quien se encontraba en Capital Federal, declaró que durante el fin de semana personas ajenas al bloque peronista, entre quienes se contaba al ex diputado Dámaso Larraburu, se habían reunido con los concejales renuentes a aprobar la rendición, a fin de acordar el rechazo. Es importante recordar que el plazo legal para la presentación y análisis de la rendición de cuentas vencía el día 15 de junio. Es así, que ese día en el Concejo Deliberante se vivían horas decisivas. Desde la UCR se consideraba improbable la aceptación de la rendición contable. La decisión era hacer intervenir al Tribunal de Cuentas y en última instancia, si se habían cometido delitos, dar cuenta a la justicia penal. Finalmente, la sesión se realizó como estaba previsto y 18 de los 24 ediles rechazaron la rendición de cuentas, haciendo mención de todas y cada una de las cuestiones económicas y financieras que mostraban severas falencias. Entre esos 24 ediles se encontraban los propios integrantes de la bancada del PJ. Sólo votaron a favor de la rendición contable cuatro peronistas, uno de ellos Feliú, y los dos concejales por el Polo Social. ¿Tuvo Lopes el poder alguna vez? Al estudiar cómo se dieron estos hechos y el significado político profundo que refleja el no haber conseguido la aprobación de la rendición de cuentas, se constata que la alianza tejida con los otros actores de su partido era frágil y que los intentos del intendente por construir su propio capital político para enfrentar a sus adversarios internos no alcanzaron ante semejante panorama de oposiciones. No terminaron allí los conflictos. Al revés, recién comenzaban. Tan solo unos pocos días después, del tema de la rendición de cuentas, el 23 de junio, miles de trabajadores municipales se manifestaron a las puertas de la Municipalidad, después de congregarse en la sede sindical y haber marchado hacia el Concejo Deliberante donde finalmente los concejales apoyaron los reclamos salariales. Fue una marcha sin precedentes en la ciudad. A las bombas de estruendo le siguieron cánticos agraviantes. El Dr. Lopes no salió a las puertas del palacio municipal a recibir el petitorio, lo que generó mayor disgusto en los trabajadores. El intendente llamó a conferencia de prensa, en la que dejó trascender la duda que le generaba la magnitud del hecho ocurrido, ya que en 20 años no se había producido ninguna marcha

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de protesta. Llamaba la atención -ciertamente- esta conexión de conflictos. Con el fin de solucionar la situación creada con los trabajadores se conformó una comisión a fin de analizar los aumentos. Sin embargo, el problema verdadero era más profundo e inquietante: durante el corto período que llevaba Lopes al frente de la Comuna, los municipales denunciaron cerca de un centenar de nombramientos que ocupaban categorías de la planta permanente, muchos de ellos sin calificaciones para el puesto y en otros casos siendo nombrados por ser familiares de los ocupantes de los puestos políticos del Municipio. Una muestra más de la debilidad del poder del Intendente lo prueba el hecho de que, desde el mes de octubre de 2005, se le habían intervenido los teléfonos y grabado sus conversaciones. De esas grabaciones surgió -según se explicó entonces- la Comisión de delitos en torno a la recaudación de fondos para la campaña electoral del año 2003. Esas escuchas fueron profusamente publicadas por diversos medios y afectaron de manera superlativa la posición del Intendente Lopes. La combinación de las escuchas y las cuestiones administrativas que se le imputaban crearon un marco de sospechas cruzadas y de honda incertidumbre en la ciudadanía. Fruto de este complejo panorama resulta el allanamiento a las oficinas del ejecutivo municipal y de la Secretaría de Desarrollo Humano el último día de febrero de 2006. Al día siguiente, los allanamientos continuaron en empresas ubicadas en el Polo Petroquímico, en una editorial, una imprenta, una sociedad de fomento y en la vivienda de un empleado del Municipio. Se pretendía rastrear así las conexiones en torno a la recaudación de fondos para la campaña electoral. Estos allanamientos fueron dispuestos por el fiscal de delitos complejos, Dr. Gustavo Zorzano. Unos pocos días posteriores a los allanamientos, el Dr. Lopes manifestaba su extrañeza por la cantidad de datos que disponía la prensa mientras se mantenía el secreto del sumario. En una recorrida por un barrio, en el que se estaba completando el entoscado, los periodistas lo consultaron acerca de los rumores sobre un “armado” político de la causa. Al respecto, consideró que se es “dueño de los silencios” y que si la población creía o intuía que Larrabauru estaba detrás de estos acontecimientos, “sabrá por qué”. Entre tanto, la Comisión Investigadora creada en el marco del Concejo Deliberante con el objeto de analizar la causa relativa a las irregularidades administrativas completó el análisis de las actuaciones y solicitó el día 21 de junio de 2006 que se suspendiera al Dr. Lopes como Intendente de la Municipalidad de Bahía Blanca. El dictamen de dicha Comisión consta de más de 100 carillas y fue votado afirmativamente por siete ediles: cuatro de la UCR y tres pertenecientes al FPV (Frente para la Victoria) contra tres concejales, igualmente miembros del FPV pero leales al Intendente.

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El presidente del Concejo Deliberante, el Dr. Juan Pedro Tunessi, de la UCR, declaró que esa Comisión Investigadora “calificó como graves las imputaciones que formuló contra el Intendente en su predictamen y rebatió los argumentos esgrimidos por Lopes en su descargo”. El día 24 de agosto de 2006 el Dr. Rodolfo Lopes fue destituido. De este modo, se convirtió en el primer Intendente de la ciudad en ser removido de su cargo por “faltas graves”. Dieciocho concejales contra seis (del FPV) se pronunciaron a favor de la remoción. Al ser notificado, el Dr. Lopes denunció “un armado mafioso, armado por los poderes “político, legislativo, judicial y periodístico”. Asumió entonces la Intendencia el primer concejal de la lista que había resultado ganadora en las elecciones, el Dr. Christian Breitenstein, quien ya venía reemplazándo a Lopes desde la suspensión dispuesta en junio de ese año. Los avatares del campo político. El sociólogo francés Pierre Bourdieu acuñó el concepto de campo para dar cuenta del espacio social en el que se producen las prácticas de los agentes. Según el autor, un campo es el lugar de la competición y el conflicto. En efecto, un campo funciona cuando los agentes -considerados aquí como “jugadores”- aceptan jugar el juego. Dicho en otras palabras, en cada campo -cultural, político, científico, deportivo, etc.- existe algo que despierta el interés de cada jugador. Por ello, el campo funciona porque quienes lo integran o aspiran a integrarlo tienen interés en que ese campo continúe y se desarrolle. En ello también está implicado el propio desarrollo de los agentes o jugadores. Ahora bien, para jugar el juego, los contendientes deben poseer “capitales” (entendidos como capacidades) eficientes en cada campo. En tanto los jugadores interactúan entre sí y disputan los lugares de jerarquía en cada campo, allí se entablan las disputas. Sin embargo, el campo produce a su vez cooperación entre los agentes. El campo político posee algunas particularidades específicas que lo distinguen de los otros campos mencionados. A partir de las características propias y la dinámica de ese campo pueden entenderse las circunstancias que atravesaron las alianzas que tejió el Dr. Rodolfo Lopes en su aspiración a ser elegido Intendente de Bahía Blanca. Asimismo, puede comprenderse por qué no poseía todas las “cartas” eficientes para el juego, y detectar quién efectivamente conservaba cuotas de poder capaces de tronchar su carrera política. El campo político, en efecto, es el ámbito en el que intervienen diferentes agentes con intereses específicos en el juego de las posiciones políticas. Esto es que, como afirma Bourdieu, esos agentes establecen una lucha

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por las representaciones sociales y por el monopolio del principio de visión y división del mundo social, lo que los habilita al derecho de hablar y de actuar en nombre de una parte o de la totalidad de la población. A su vez, el conjunto de los partidos políticos puede ser pensado en términos de campo e incluso cada partido puede ser concebido en sí mismo como un campo. La característica más saliente del campo político radica en el capital que predomina en su interior: el capital político es una especie particular de capital simbólico fundado en el prestigio y reconocimiento que acumulan los diferentes agentes. Entre ellos, alguno puede sobresalir por el volumen de capital acumulado, lo que le acerca la fidelidad y seguimiento de agentes profanos o profesionales (de la política). Sin embargo, esto mismo es lo que puede tornar a los políticos profesionales vulnerables a sospechas, calumnias o escándalos que amenazan de manera profunda la confianza que se ha depositado en ellos. De aquí se produce que deba trabajar constantemente para evitar el descrédito. Ahora bien, también es menester distinguir dos especies principales de capital político: una de ellas se funda en la notoriedad y popularidad que otorgan el reconocimiento y la reputación. La otra especie eficiente en el campo proviene del capital delegado por la autoridad política, investidura o acto mágico de institución por el cual el partido político consagra oficialmente al candidato oficial y le transfiere fidelidades acumuladas históricamente, de manera más o menos limitada y provisoria. Por ello, en un sistema de partidos, el capital político de un agente depende, en primer lugar, del peso de su partido y, luego, del peso de cada político en el interior de aquél. En el caso que analizamos, se revela que el capital político acumulado por el Intendente Lopes, a partir de su reconocimiento como médico sanitarista y consecuente militante del peronismo, era menor al capital de reconocimiento -instituido por el mismo partido en ese acto mágico de consagración que hemos referido- que poseía e intercambiaba el presidente del Partido Justicialista en esos años. Es así que los concejales “propios” se animaron a votar en su contra retirándole toda su confianza. Aún más, la votación conjunta de partidos diferentes y generalmente enfrentados en las cuestiones políticas más sensibles -tales como la rendición de cuentas, presupuestos, gastos de campaña y publicidad oficial, entre otras- expresaba una situación completamente inusual. La coincidencia en la votación contra el Intendente de los concejales radicales y de parte de los concejales justicialistas del FPV llamaba la atención. En la población, cuando se la consultaba, aparecía en muchas ocasiones la idea de conspiración. Asimismo, aparecía con fuerza la idea de desmanejo y desprolijidad en la administración pública por parte del Intendente Lopes, cuestión que justificaba, para la ciudadanía, la grave

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acusación que se le había formulado. La sospecha de la conspiración se fundaba en que, durante el gobierno municipal anterior, las diferencias contables no habían suscitado acusaciones al Intendente de la magnitud con que se lo acusaba -y acosaba- a Lopes. El acuerdo interno del justicialismo que llevó a Lopes a la candidatura a intendente y, más tarde, a ser elegido como Jefe Comunal, no le garantizó la lealtad de todo su partido. En efecto, en el campo político de Bahía Blanca en ese tiempo puede constatarse que la jefatura del partido justicialista poseía una capacidad de maniobra y un poderío que no disponía quien, como en este caso, accedió a posiciones ejecutivas por la vía de las elecciones. En otras palabras, la historia de los liderazgos partidarios (y el estilo particular de ejercerlo) juega un papel fundamental a la hora de explicar quién o quiénes disponen efectivamente del poder de mando. Max Weber insistía en que posee el poder quien posee capacidad de dominación, entendiendo por dominación la posibilidad de que los mandatos sean obedecidos. En Bahía Blanca, en esos años, dominó sin dudas quien ejercía la presidencia del partido justicialista y que por ello logró encolumnar a la mayoría de los concejales de su partido contra el Intendente Lopes. Los concejales justicialistas que apoyaron al Intendente electo hasta el último momento son un claro ejemplo de los conflictos internos y las luchas despiadadas que se producen al interior de un partido por la consecución de los medios formales y simbólicos de la representación legítima y, por ello, del poder político derivado. Entre las particularidades del campo político que nos facultan a explicar los sucesos que examinamos, se destaca el hecho de ser un universo que obedece a sus propias leyes, diferentes a las leyes del mundo social ordinario. Bourdieu recuerda que quien ingresa en el mundo de la política, como quien ingresa en una religión, debe sufrir una transformación, una suerte de conversión que es tácitamente impuesta. Aún más, su incumplimiento está ligado a una sanción: el fracaso o la exclusión. Entonces, en el caso referido, se entiende que el Intendente electo parece no haber respetado acuerdos o pactos establecidos respecto de la cuota de poder a la que aspiraba. De allí que rápidamente su propia coalición, casi en su totalidad, le retiró o retiraría su apoyo. La comisión de irregularidades en las cuentas de la Comuna y en la recaudación para la campaña no es motivo de valoración en este trabajo. Al respecto, es posible consultar los despachos del Concejo Deliberante de Bahía Blanca y todas las actuaciones judiciales que han sido consideradas para este estudio. El relato de los motivos -tales irregularidades- que llevaron a la destitución del Intendente destitución sólo persigue focalizar las conductas políticas de los actores que ponen de relieve que al interior

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del campo político la tendencia dominante es la fidelidad hacia quien concentra los medios de producción propiamente políticos. Esto explica que integrantes del FPV, que antes le respondían, le hayan retirado todo su apoyo y que hayan valorado más aliarse en las acusaciones con partidos políticos rivales. En suma, el campo político bahiense en su conjunto cooperó en esta situación por demás extraña para la historia política de la ciudad. En las siguientes elecciones del año 2007, Christian Breitenstein ganó ampliamente el cargo de intendente, que ya venía desempeñando. En esta ocasión, el FPV alcanzó el 37.32% de los votos.

Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loic, Respuestas, Grijalbo, México, 1995.

Transcurridos varios años desde aquellas acusaciones y la destitución de su cargo, Lopes continuó accionando en la Justicia. En el mes de marzo de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó la nulidad de las escuchas que habían detonado toda la causa. La Corte entendía que resultaba viciada una causa fundada sobre un ilícito.

Burstein, Nidia, “La cuestión del Poder”, en Introducción a la Sociología, Stella M. Pérez y Leila Vecslir, compiladoras, EDIUNS, 2010. Gutiérrez, Alicia B., “Poder y representaciones: elementos para la construcción del campo político en la teoría de Bourdieu”, Revista Complutense de Educación, Vol.16, Núm.2, 2005. Pasquino, Gianfranco, La Oposición en las Democracias Contemporáneas, EUDEBA, Buenos Aires, 1997. Weber, Max, Economía y Sociedad, FCE, México, 1964.

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Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loic, Respuestas, Grijalbo, México, 1995.

Bibliografía Burstein, Nidia, “La cuestión del Poder”, en Introducción a la Sociología, Stella M. Pérez y Leila Vecslir, compiladoras, EDIUNS, 2010. Gutiérrez, Alicia B., “Poder y representaciones: elementos para la construcción del campo político en la teoría de Bourdieu”, Revista Complutense de Educación, Vol.16, Núm.2, 2005. Pasquino, Gianfranco, La Oposición en las Democracias Contemporáneas, EUDEBA, Buenos Aires, 1997. Weber, Max, Economía y Sociedad, FCE, México, 1964.

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Las tres vidas del sistema de partidos bonaerense por Santiago Rotman y Carlos Varetto Santiago Rotman Es politólogo de la Universidad de Buenos Aires con estudios de maestría en metodología de la investigación social en la Universidad de Bologna y candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Se desempeña como docente de grado y posgrado en distintas universidades y como investigador en la UBA y en la UNSaM. Sus temas de interés son la metodología de la ciencia política, la política subnacional y el estudio de las élites políticas.

Carlos Varetto Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM). Actualmente es docente e investigador en la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Córdoba. Por otra parte, se desempeña como Director de Extensión de la Escuela de Política y Gobierno de UNSaM. Ha publicado artículos en revistas especializadas y en congresos referentes a la temática de los sistemas partidarios, la política subnacional y las carreras políticas.

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Resumen Este trabajo describe las características del sistema de partidos de la provincia de Buenos Aires entre 1983 y 2011. El análisis se basa en la identificación de tres arenas de interacción partidaria relativamente autónomos entre sí: la disputa por el ejecutivo provincial en un distrito único, la competencia en ocho secciones electorales por las bancas legislativas en el legislativo provincial y las contiendas por las 124 intendencias. Para cada nivel se presentan las reglas institucionales, su impacto y la dinámica de la competencia entre partidos. Esto nos permite visualizar un partido predominante en el ejecutivo provincial que convive con una legislatura con mayorías cambiantes y una distribución de ejecutivos municipales con tradición bipartidista, aunque con una tendencia en los últimos años a transformarse en escenario de predominio justicialista. Importancia política de la Provincia de Buenos Aires La Provincia de Buenos Aires es uno de los 24 distritos electorales de la Argentina, y se destaca notablemente del resto si se quiere comprender la lógica política nacional y la relación entre ésta y las arenas subnacionales. La relevancia política se explica en primera medida por su peso demográfico que ha crecido sostenidamente desde la segunda mitad del siglo XX por la explosión poblacional del cinturón que rodea la Ciudad de Buenos Aires, más conocido como conurbano bonaerense. En los 141 años que separan el primer y el último censo nacional, el 40% del crecimiento poblacional total

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de la Argentina se dio en Buenos Aires. En este período, la población del país se multiplicó por 21 mientras que la correspondiente a esta provincia lo hizo por 31. Este creciente peso de la Provincia de Buenos Aires se explica por el boom demográfico del conurbano que, a principios de siglo XX, representaba menos del 20% del total provincial pero que, gracias a las migraciones internas producto de cambios en el modelo de acumulación productiva del país, en la década de 1950 pasa a superar la población del resto de la provincia. Desde 1970 se consolida con algo más del 60% del total de la población provincial, llegando en 2010 a un cuarto de la población de toda la Argentina. El peso relativo de este distrito en el total nacional aumenta con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que incorpora la elección directa del Presidente de la Nación. La elección mediante Colegio Electoral, instaurada en la Constitución de 1853, estaba pensada para potenciar la trascendencia de los distritos más pequeños. Cada provincia contaba con el doble de electores de sus diputados y senadores y estos últimos, surgen de una representación territorial igualitaria. A partir de 1994 aumenta la importancia de los cinco distritos más poblados y de todos ellos, el voto bonaerense es el que creció más significativamente, haciéndolo en un 14.6%. Tal es el crecimiento demográfico de la Provincia de Buenos Aires que varios municipios que la integran contienen por sí mismos más población que algunas de las provincias argentinas. En los municipios de La Matanza, Gral. Pueyrredón (cuya cabecera es la ciudad de Mar del Plata) y en la ciudad de La Plata -capital provincial-, viven más electores que en la mitad de las provincias. Y en la más populosa de las localidades se concentran más personas que en Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja y La Pampa juntas. Estos factores poblacionales se potencian con el armado del calendario electoral. Buenos Aires es una de las siete provincias que, desde 1995 elige Gobernador, intendentes, diputados y senadores provinciales en elecciones concurrentes con las presidenciales y los cargos legislativos nacionales. Esta superposición conlleva a variadas conjeturas sobre los impactos de los resultados de una arena de competencia sobre las otras, pero especialmente pone el armado de la oferta electoral bonaerense en el centro de la agenda política nacional. Esta preocupación de los dirigentes políticos se sustenta en una realidad concluyente: Buenos Aires es el único de los 24 distritos en el que ganaron todos los presidentes electos desde el retorno democrático. Dicho de manera más sencilla, ningún candidato se consagró como presidente sin imponerse en Buenos Aires.

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Un buen indicador de su relevancia política es la presencia bonaerense entre los líderes políticos. De las 12 personas que integraron los binomios presidenciales electos por el voto popular en la Argentina entre 1983 y 2011, cinco fueron bonaerenses: Raúl Alfonsín como presidente y Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, Daniel Scioli y Amado Boudou como vicepresidentes.1 Estos políticos llegaron al ejecutivo nacional una vez que ya habían transitado por otros cargos de la política nacional, pero ninguno lo hizo desde la gobernación, como sí sucedió con tres de los cuatro presidentes no bonaerenses del período. En sus trayectorias a posteriori se puede observar la jerarquización del poder bonaerense, que incluso puede ser superior al nacional. Alfonsín siguió su carrera en el ámbito nacional representando a la provincia en cargos electivos y partidarios. De todos modos, lo más significativo se encuentra entre los vicepresidente peronistas del período; Duhalde, Ruckauf y Scioli fueron electos gobernadores bonaerenses siendo vicepresidentes y este pasaje fue visualizado como un crecimiento político para estos actores2. En cambio, ninguno de los seis políticos de otros distritos que integraron el binomio presidencial tuvo un retorno similar a la arena provincial. Otros casos particularmente destacables son los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes cimentaron sus carreras políticas en la provincia de Santa Cruz y, a pesar de ello, encabezaron la oferta electoral bonaerense de su partido en las elecciones legislativas de 2009 y 2005 respectivamente. En el primer caso, luego de ejercer la presidencia y en el segundo, como plataforma de exposición pública hacia la misma. Los escenarios de la competencia partidaria

1. Eduardo Duhalde también ocupó a la Presidencia de la Nación, entre el 2 de Enero de 2002 y el 25 de Mayo de 2003 por elección de la Asamblea legislativa reunida a tal fin, debido a la acefalía por la renuncia de Fernando De la Rúa al Poder Ejecutivo Nacional. 2. Amado Boudou aún ocupa el cargo de vicepresidente que asumió en diciembre de 2011.

En nuestra presentación nos proponemos abordar al sistema partidario bonaerense, a través de los diferentes niveles de la vida competitiva de partidos y no como un espacio homogéneo. Esta diferenciación hace posible comprender los límites de las interacciones partidarias de modo correcto, evitando explicaciones erróneas, donde por ejemplo tratemos de explicar el sistema de partidos únicamente por lo que ocurre en la competencia por la gobernación o por la competencia por cargos legislativos. A su vez, podríamos distinguir entre la vida electoral del sistema partidario y la vida gubernativa, pero por cuestiones de precisión nos detendremos aquí, principalmente en la vida electoral del sistema partidario. En nuestro trabajo abordaremos tres niveles o arenas de interacción partidaria relativamente autónomos entre sí; la disputa por el ejecutivo provincial, el legislativo provincial y la competencia por el ejecutivo a nivel local (intendencias). Se justifica la observación diferenciada de cada una de

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ellas en tanto se sustentan en reglas de juego, territorios y –potencialmenteactores diferentes. En primer término, el ejecutivo provincial y los municipales pone en juego un único cargo en una competencia de distrito único la provincia y el municipio respectivamente- por simple mayoría de votos. Por su parte, la representación de la legislatura se construye sobre ocho secciones electorales que no son coincidentes con ningún nivel de gobierno efectivo y que incorporan en su interior varias intendencias. A su vez, el Senado y la Cámara de Diputados poseen asambleas de diferente tamaño y por lo tanto eligen diferente magnitud de representantes en cada elección. Finalmente, si bien los actores partidarios pueden jugar simultáneamente en más de una arena –mediante diferentes formas de coordinación y/ alianzasno es una condición necesaria. Por esta razón, los actores en cada uno de estos niveles pueden variar y los sistemas de alianzas y oposición también. Así, es posible encontrar una fuerza partidaria que compite con otra a nivel local pero sin embargo comparten espacios en la lista de legisladores y/o apoyan al mismo candidato a Gobernador. Todo esto cobra mayor importancia dada la vastedad y diferenciación del espacio provincial. Especialmente, vale tener presente la posibilidad de que sea conveniente diferenciar la arena local entre los territorios del “conurbano” y la región “interior” de la provincia. Esto cobra relevancia en tanto la bibliografía especializada ha demostrado la existencia de patrones diferenciales de comportamiento electoral y de relaciones con el poder central provincial entre las distintas regiones de la provincia (Escolar 2001). La descripción de los diferentes niveles nos permite brindar una mejor información respecto al escenario político bonaerense, que constituye un primer paso fundamental para reconocer los desafíos y posibilidades de la competencia electoral y por el gobierno en el juego provincial que enfrentan los actores políticos. Escenario que modela, ni más ni menos, las oportunidades y estrategias de formación de coaliciones tanto electorales como de gobierno. La gobernación provincial El ejecutivo provincial se elige de manera directa, a simple pluralidad de sufragios con posibilidad de una reelección consecutiva. Desde el retorno democrático se celebraron ocho elecciones a gobernador y, salvo la primera, el peronismo ganó en todas. La consolidación del predominio justicialista en la categoría gobernador se puede observar desde los guarismos de las distintas elecciones. Una vez llegado a la casa de gobierno provincial, el peronismo logró imponerse por márgenes crecientes, exceptuando 1999

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donde la tendencia a favor de la Alianza en todo el país, producto del cambio de gobierno nacional, significó que el margen de victoria se achicara, para luego retomar su crecimiento. Gráfico 1: Elecciones a Gobernador 1983-2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires

En el gráfico 1 puede percibirse que el justicialismo tiene un piso de 39.7% en 1983. Una vez superada esta derrota consigue un promedio del 49% de los votos y nunca obtiene menos del 43% de los sufragios. La regularidad de la base electoral justicialista contrasta con las performances de los otros partidos. La UCR triunfa en 1983 como consecuencia del impacto de la elección presidencial en la que se impone Raúl Alfonsín y desde entonces, comienza un pronunciado descenso de su desempeño electoral que lleva a que en promedio obtenga un 25% de los sufragios. Las elecciones en las que parece cambiar la tendencia hay que tomarlas en forma relativa. En 1999, la fórmula a la que en este trabajo se la categoriza como UCR, correspondió a la Alianza integrada por este partido junto al FrePaSo, perteneciendo el primer lugar a Fernández Meijide del FrePaSo y la candidatura a vicegobernador al radical Melchor Posse. Por tanto, esta recuperación del voto radical debe relativizarse ya que la parte más importante del binomio propuesto no perteneció a su partido. Lo mismo sucede en 2007 cuando la UCR concurre en el frente electoral denominado UDESO y resigna los dos lugares de la fórmula para la gobernación en manos de sus aliados. En el gráfico 1 también se puede ver que, salvo en 1995 (cuando el FrePaSo llega al 24%) el resto de los partidos políticos no alcanzan nunca el 20% de los sufragios. Si a estos resultados le sumamos el hecho que las fuerzas que

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intentaron terciar entre el PJ y la UCR tuvieron escasa permanencia en el tiempo3 , es necesario destacar la escasa capacidad del resto del universo partidario por competir con algún horizonte de triunfo a la gobernación bonaerense. Tal cual explicó Torre (2003) para el conjunto de la Argentina, el peronismo no ha modificado sustancialmente su caudal electoral desde el retorno democrático. En Buenos Aires, ha podido consolidar una base de más del 40% de los votantes, e incluso ha sabido tener políticas de alianzas para no resignar la gobernación en momentos en que el ciclo político nacional podía perjudicarlo. Para consolidar su lugar de supremacía el peronismo debió garantizar su base electoral. Con ello, pasó de perder en 1983 a ganar en un escenario bipartidista en 1987, para luego despegar de sus competidores más próximos, consolidando su preminencia en elecciones que lo dieron ganador por cada vez más diferencia. Así, en 1991 le saca más de 23 puntos porcentuales de ventaja a la segunda fuerza, a la que prácticamente dobló en votos. Para 1995 la proporción de votos con el FrePaSo (que ingresa en segundo puesto) es de casi tres veces y la diferencia asciende a 35%. Luego del paréntesis de 1999, (en la que a pesar del contexto nacional desfavorable su fórmula para la gobernación obtiene un 48.3%) se retoma la senda de fragmentación de la oposición y por tanto, la dinámica se vuelve cada vez menos competitiva. Desde 2003 el PJ saca como mínimo el triple de votos que sus competidores. En la literatura sobre análisis electoral este tipo de resultados se clasifican como un sistema predominante, o como situaciones con una baja competencia interpartidaria. La Legislatura bonaerense El Poder Legislativo en Buenos Aires se conforma de dos cámaras, una con noventa y dos (92) diputados y otra con cuarenta y seis (46) senadores. Ambas tienen la misma base territorial y demográfica, conformando un bicameralismo congruente y simétrico (Malamud, 2004). Para las elecciones legislativas, la provincia se divide en ocho secciones electorales plurinominales. El total de senadores y diputados que le corresponde a cada sección deriva de la distribución de población de principios del siglo XX, con algunas pequeñas modificaciones4 posteriores pero que no adecuan la cantidad de bancas a los cambios demográficos puntualizados en el apartado anterior. De las ocho secciones, tres nuclean el territorio del Gran Buenos Aires (la primera el Norte, la tercera el Sur y la octava a la Ciudad de La Plata) y las otras cinco al extenso espacio restante (la segunda, el Norte provincial; la cuarta, el Oeste; la quinta, el Este; la sexta, el Sur y la séptima, el Centro de la Provincia).

3. En 1983 la 3ª fuerza fue el PI, en 1987 la UCD y en 1991 el MODIN. En 1995 el FrePaSo queda segundo por encima de la UCR. En 1999 es 3ª fuerza el PAUFE, que pasa en 2003 a ser segundo (a 30 puntos del PJ) por la notable baja radical. En 2007 detrás del PJ queda la Coalición Cívica y en 2011, sale tercero el Frente Amplio Progresista. 4. La Constitución de 1934 y la Ley 4316 del año siguiente determinaron las características de las secciones electorales y asignaron los escaños en función de los datos del Censo de población de 1914. Bajo el primer peronismo se sanciona una nueva ley electoral (nº 5109 de 1946) que no altera en nada lo existente. Más adelante se realizan modificaciones en la cantidad de bancas correspondientes a cada sección con la Ley 6698 de 1960, en la que se toma como parámetro las cifras del Censo de población de 1947, pero no se modifican ni la cantidad ni el alcance territorial de las secciones. (Escolar, Minvielle y Castro, 2004; Malamud, 2004)

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Cuadro 1: Distribución y proporcionalidad de las bancas de la Cámara de Diputados bonaerense actual y corregida al padrón 2011. Cantidad % del Votantes Padrón % del de total de por cada electoral Padrón Sección Diputados la Cámara diputado 2011 provincial (A) (B) (C) (D) (A/C)

Cantidad de bancas Diferencia si se asignaran según el (C-F) Padrón 2011 (F) -17 32 7 4

3.853.687

34,56

16,30

537.517

4,82

11,96

48.865

3.887.334

34,87

19,57

215.963

-14

474.549

4,26

15,22

33.896

1.074.520

9,64

11,96

97.684

584.109

5,24

11,96

53.101

6 4

256.912

245.040

2,20

6,52

40.840

492.414

4,42

6,52

82.069

TOTAL

11.149.170

100,00

100

121.187

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Electoral; Malamud (2004) y Escolar, Minvielle y Castro (2004)

5. La sección primera elige ocho (8) senadores y quince (15) diputados; la sección segunda elige cinco (5) senadores y once (11) diputados; la sección tercera elige nueve (9) senadores y dieciocho (18) diputados; la sección cuarta elige siete (7) senadores y catorce (14) diputados; la sección quinta elige cinco (5) senadores y once (11) diputados; la sección sexta elige seis (6) senadores y once (11) diputados.; La sección séptima elige tres (3) senadores y seis (6) diputados; la sección octava elige tres (3) senadores y seis (6) diputados

Como se ve en el cuadro 1 un diputado de la región circundante a la Ciudad de Buenos Aires representa hasta 7 veces y media más personas que uno del centro de la Provincia. Este fenómeno que se conoce en ciencia política como malapportionment, altera el principio de representación proporcional del cual habla la Constitución provincial y en términos políticos genera una sobrerepresentación de los partidos con presencia más marcada en las zonas menos pobladas y un déficit de presencia legislativa de las organizaciones partidarias con bastiones en el conurbano. Exactamente el mismo fenómeno se repite en la conformación de la Cámara de Senadores provincial, donde la cantidad de bancas por sección es la mitad de los diputados, salvo en aquellas que por tratarse de números impares se altera un poco este principio5 . La fórmula utilizada en la elección de cargos legislativos provinciales también tiene efectos fuertes sobre la distribución de bancas. Desde 1946 rige una alteración de la fórmula de cociente Hare que es la siguiente: se calcula el cociente electoral dividiendo la cantidad de votos positivos totales sobre la cantidad de cargos a repartir. Luego, se divide la cantidad de votos obtenidos por cada lista sobre el cociente electoral, quedando como resultado la cantidad de bancas que se lleva cada partido en un primer momento. Hasta aquí el procedimiento es exacto a cualquier otro uso de la fórmula de cociente Hare. La alteración bonaerense deviene en los dos momentos posteriores de asignación de bancas. Primero, porque los partidos que no llegan obtener un número entero de la división de sus votos por el cociente electoral, no son tenidos en cuenta para el segundo momento de asignación, en donde se distribuyen una banca más a cada partido en función del resto mayor de manera decreciente. La segunda

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alteración es que, si aún faltaran asignar escaños se llega al tercer momento de distribución, en donde todos los cargos restantes se le otorgan a la fuerza con más votos (Art. 109 de la Ley Electoral Provincial Nº 5.109/ 46). Esta fórmula electoral para el legislativo provincial distorsiona el principio de representación proporcional, beneficiando a la/s fuerza/s mayoritaria/s y fijando en los hechos una barrera electoral muy alta. El malapportionment ha afectado negativamente al PJ que tiene bases electorales más estables en el conurbano que en el interior provincial. Pero este perjuicio ha sido compensado por el sesgo mayoritario que trae la alteración de la fórmula Hare. Como se observa en el gráfico 2, la combinación de estos dos factores tiene un saldo positivo para este partido. En todas las elecciones del período el porcentaje de diputados que logra es más alto que el porcentaje de votos obtenidos y en promedio tiene un 7.3% más de bancas que de sufragios. Gráfico 2: Diferencia entre porcentaje de votos y porcentaje de bancas obtenidas en la categoría de Diputado provincial, por año

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires

En el caso del radicalismo el saldo es aun más positivo. En promedio de todo el período, obtiene un 8.5% más de escaños que de votos. En cambio, el resto de las fuerzas políticas han sido perjudicadas por las reglas electorales. Aunque en algunos años consiguieron un porcentaje de bancas más alto que el de sufragios, la tendencia de todo el período les resulta pernicioso ya que en promedio obtuvieron prácticamente un 1 % menos de bancas que de votos6. Las características del sistema electoral y la señalada distribución territorial

6. Es preciso aclarar que se tomaron únicamente los partidos que han obtenido alguna banca. Si se hiciera el cálculo con todas las fuerzas políticas presentadas, la diferencia entre el porcentaje de votos y de bancas sería mucho más grande.

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de las preferencias electorales permitieron que el ámbito legislativo sea el espacio de supervivencia del radicalismo provincial. Gracias a ello, tiene acceso a recursos materiales y simbólicos que lo mantienen como un actor relevante de la política bonaerense, a pesar de las dificultades que tiene para conformar una oferta electoral atractiva para el conjunto de los votantes bonaerenses. Las intendencias Los municipios bonaerenses al igual que la Nación y las provincias poseen un formato presidencialista de gobierno, en el que el Ejecutivo es desempeñado por un Intendente y el Legislativo por un Concejo Deliberante. La fórmula para la asignación de bancas en los concejos deliberantes es la misma que la utilizada para el reparto de escaños en la Legislatura provincial. Como los concejales se eligen en una misma boleta junto a los intendentes sin posibilidad de corte entre las dos categorías, esta fórmula de asignación de escaños ha facilitado la construcción de mayorías en los poderes legislativos locales. Si nos enfocamos en el formato de competencia partidaria por los cargos locales, se puede observar un recorrido similar a la competencia por la gobernación. En 1983, en medio de un escenario bipartidista nacional, la primera fuerza es la UCR y el justicialismo la segunda. Pero la proporción de intendencias con las que contaba cada partido comienza a revertirse en 1987 y se reafirma el crecimiento del peronismo en la cantidad de gobiernos municipales en los años subsiguientes. Con breve un interregno en 1999 la tendencia continúo y se acentuó a partir de 2003. En el último período la caída del radicalismo permitió que nuevas fuerzas políticas se hicieran cargo de algunos gobiernos municipales. Aunque vale aclarar que este dato hay que tomarlo con cuidado ya que muchas de ellas son producto del pasaje de líderes locales radicales hacia otros partidos o la creación de partidos políticos municipales creados en torno a intendentes que no acordaban con la conducción partidaria provincial. Como algunos de estos grupos han regresado luego a las filas de la UCR, queda la incógnita sobre el derrotero en los próximos años del radicalismo en el plano local. No obstante, nótese que aquí estamos presentando la distribución de intendencias y no de las preferencias, es preciso recordar que no es equivalente obtener –por ejemplo- un 20% de los votos a gobernador que un 20 % de las intendencias. Mientras en el primer caso estamos ante un partido que se retira con las manos vacías de la contienda, en el segundo estamos ante un grupo político que ha logrado retener para sí importantes recursos institucionales. Por lo tanto, preferimos hablar de “bipartidismo

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imperfecto” antes que de partido predominante para dar cuenta de la disparidad de la distribución de triunfos entre las dos fuerzas. Aunque este bipartidismo se encuentre en retroceso, en tanto que desde 2001 el peronismo ha recuperado lugar y ha continuado desplazando a las otras fuerzas del plano local. gráfico 3: distribución de intendencias en la provincia de buenos aires. 1983-2011

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Juntal Electoral de Provincia de Buenos Aires

Sin embargo, corresponde tener presente la diferenciación territorial que marcáramos entre el área del conurbano y la región del interior. A continuación se observa que el predominio del justicialismo en el conurbano ha sido mas elevado, teniendo como piso un 60% de las intendencias en juego; mientras que en la región “interior” la presencia del radicalismo –y de otras fuerzas partidarias- ha sido más sostenida, bajando el piso justicialista y demostrando una distribución más equitativa de las intendencias. gráfico 4: distribución de intendencias en el area conurbano de la provincia de buenos aires. 1983-2011

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Juntal Electoral de Provincia de Buenos Aires

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gráfico 5: distribución de intendencias en LA REGIÓN INTERIOR de la provincia de buenos aires. 1983-2011

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Juntal Electoral de Provincia de Buenos Aires

Mientras que en la región “interior” la presencia del radicalismo –y de otras fuerzas partidarias- ha sido más sostenida, bajando el piso justicialista y demostrando una distribución más equitativa de las intendencias.

PARA SEGUIR LEYENDO

Calvo, Ernesto y Marcelo Escolar (2005) La nueva política de partidos en la Argentina. Crisis política, realineamientos partidarios y reforma electoral. Buenos Aires: Prometeo Libros Ollier, María Matilde (2010) Atrapada sin salida. Buenos Aires en la política nacional, UNSAM Edita. Tula, María Inés (2005 Ed.) Aportes para la discusión de la Reforma Política bonaerense, Buenos Aires: Prometeo Libros

Es así, que en buena medida la “imperfección” bipartidista de este nivel de la dinámica partidaria está dada por el predominio peronista en el área del conurbano. Pudiéndose establecer la lectura de que el peronismo ostenta una posición dominante en el conurbano y en el interior se conforma un juego bipartidista. REFLEXIONES FINALES A lo largo de este trabajo hemos descripto la existencia de tres niveles diferenciados al interior del sistema partidario bonaerense. Por un lado, ejecutivo provincial en el que se ha consolidado una dinámica de partido predominante. Contrapesando esta lógica, el PJ no logra acompañar las grandes diferencias alcanzadas en las preferencias electorales en la categoría gobernador con mayorías sustantivas en los recintos legislativos. Un escenario particular se encuentra en el plano local, en donde el justicialismo viene incrementando la cantidad de municipios que gobierna, pero si se analiza todo el período en perspectiva se observa que el bipartidismo fue la norma en la región interior. La incógnita pasa por si esta lógica regresará en el futuro o si el justicialismo se quedará con la inmensa mayoría de los ejecutivos locales como sucedió en 2011. El contexto político descripto nos permite hacer algunos señalamientos

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acerca de la política bonaerense, su estabilidad, su lógica de competencia sistémica y su complejidad. En primer lugar, cabe destacar la estabilidad de su funcionamiento. A 28 años del regreso de la democracia sólo dos partidos ocuparon la gobernación, enviaron todos los senadores y la mayoría de los diputados al Congreso de la Nación, ocuparon la mayor parte de las bancas de la legislatura provincial y se repartieron casi todas las intendencias. Si bien en los últimos años el declive electoral del radicalismo permitió el crecimiento de otras fuerzas, los efectos son disímiles al del escenario nacional. Esto se sustenta en un sistema de reglas que dificulta el ingreso de nuevos actores a los principales cargos provinciales. La mencionada estabilidad política parece deberse a una cierta inercia institucional: una serie de juegos superpuestos con efectos de retroalimentación. Como se ha ilustrado en este trabajo, el sistema político posee un enrevesado entrecruzamiento de escenarios donde se presentan diversas reglas de juego, patrones de competencia y actores, cuya complejidad resultante tiende al sostenimiento del status quo.

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Bibliografía

Escolar, Marcelo. “La posibilidad del gerrymandering político. Estabilidad y concentración geográfica del voto en la provincia de Buenos Aires” en Calvo, Ernesto y Juan Manuel Abal Medina (comp.) El federalismo electoral argentino, Buenos Aires: EUDEBA. 2001. Escolar, Marcelo; Minvielle, Sandra y Castro, Luis. “Sobrerepresentación periférica y compresión partidaria. El sistema electoral de la provincia de Buenos Aires en las categorías legislativas” en Tula, María Inés (Ed.) Aportes para la discusión de la Reforma Política bonaerense, Buenos Aires: Prometeo Libros. 2004. Malamud, Andrés. “Federalismo distorsionado y desequilibrios políticos: el caso de la provincia de Buenos Aires” en Tula, María Inés (Ed.): Aportes para la discusión de la Reforma Política bonaerense, Buenos Aires: Prometeo Libros. 2004. Torre, Juan Carlos. “Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y naturaleza de la crisis de representación partidaria.” en Desarrollo Económico. Revista de Ciencia Sociales. 42-168, Enero-Marzo (647-665). 2003.

FORJANDO PARTIDOS Y SISTEMAS DE PARTIDOS CONTEMPORÁNEOS

PARTIDOS, FEDERALISMO Y PRÁCTICA ELECTORAL: LA PROVINCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA LOCAL EN LAS ELECCIONES DE 2011 por Carla Carrizo y Cecilia Galván Carla Carrizo. Politóloga. Directora de la Carrera de Ciencia Política de la USAL. Profesora e investigadora en el IDICSO (USAL) y el IIGG (UBA). Área de investigación: Instituciones Políticas y Partidos de Gobierno. Cecilia Galván. Politóloga (UBA). Doctoranda en Ciencia Política (UNSAM). Profesora en las carreras de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina y la Universidad del Salvador. Investigadora en el IDICSO (USAL) y el IIGG (UBA). Área de investigación: Política subnacional y organismos de control.

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RESUMEN La Provincia de Buenos Aires, una de las ocho provincias argentinas con federalismo territorial, sufriría, debido a este diseño constitucional, la fragmentación de intereses que produce una competencia focalizada en gobiernos locales y serios problemas de coordinación para un Gobernador que debe contrarrestar, en el armado de la oferta provincial o nacional de un partido, la dispersión de intereses y representaciones que surge en el terreno local. En el año 2007, la fórmula Scioli-Balestrini del Frente para La Victoria obtuvo el 48,10% de los votos. A su vez ganó 13 de las 26 bancas del Senado provincial puestas en juego y 26 de las 46 bancas para diputados. En el año 2011, la fórmula Scioli–Mariotto, del mismo partido, obtuvo el 55,18% de los votos, 21 de las 23 bancas de senadores y 26 de las 46 bancas de diputados. En este artículo indagamos sobre los incentivos institucionales y las prácticas políticas que han operado para generar estos resultados. Asimismo se introduce el concepto de partido presidencializado para pensar sobre cómo la política provincial ha ganado terreno a la política local en la provincia de Buenos Aires.

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Presentando el Problema: Federalismo y Fragmentación de la Competencia La literatura sobre partidos señala que las democracias federales, a diferencia de las unitarias, afectan negativamente la consolidación de partidos nacionales o provinciales y generan resultados paradójicos en la competencia: que en sistemas presidenciales como el argentino, a nivel nacional, y en las provincias, a nivel subnacional, sobren partidos locales y parlamentarios y falten partidos presidenciales (los que compiten por la presidencia y/o la gobernación). El argumento es el siguiente: la fragmentación de intereses que produce una competencia focalizada en gobiernos locales genera serios problemas de coordinación para un presidente o gobernador que deben contrarrestar, en el armado de la oferta provincial o nacional de un partido, la dispersión de intereses y representaciones que surge en el terreno local (partidos vecinales, coaliciones de partidos locales, etc.). Precisamente, el término “desnacionalización de la política partidaria” fue acuñado en el ámbito de la ciencia política para indicar aquellos casos en los que la dispersión federal obstruye la nacionalización de los partidos que compiten por el premio mayor: la presidencia. Cuando estudiamos las instituciones de gobierno de la Provincia de Buenos Aires encontramos rápidamente similitudes con el diseño nacional. En efecto, ambos sistemas políticos se caracterizan por un diseño presidencial federal con un bicameralismo simétrico, es decir, que el Senado y la Cámara de Diputados tienen el mismo poder en el proceso de sanción de leyes. A pesar de esta similitud, en la literatura tradicional fue común establecer que, a diferencia del sistema nacional, la regla de hierro de la política provincial era la coexistencia de un poder ejecutivo peronista con un poder legislativo radical, producto de la sobrerrepresentación de distritos chicos y la subrepresentación de distritos grandes. Sin embargo, al llegar el año 2007, la UCR mostró la continuidad de la pérdida de su peso territorial en el interior: trayectoria que en 2011 permitiría pronosticar la conclusión del bipartidismo provincial y el predominio del Frente para la Victoria, versión electoral del peronismo del siglo XXI. En el marco del debate sobre el impacto del federalismo en las estrategias de competencia partidaria, las elecciones del 2011 son un buen laboratorio de análisis para indagar los efectos de las reglas en la distribución del poder institucional, teniendo en cuenta que en esta provincia se localiza un 38% de la población nacional. Los problemas de representación de la provincia, en definitiva, terminan afectando a gran parte del electorado nacional. Además, como han sostenido especialistas en cuestiones partidarias, la provincia ha sido un lugar central en la estrategia competitiva de los dos principales partidos de gobierno: la UCR y el PJ.

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En este artículo, sostenemos que en la última elección comenzó a reordenarse el escenario competitivo provincial con un saldo positivo hacia fuerzas políticas que compitieron por cargos ejecutivos provinciales que, siguiendo al autor David Samuels, llamamos partidos presidencializados. Estos llevan, como contrapartida, a la desaparición de los partidos que poseen, en cambio, una orientación localista y/o parlamentaria. Reglas Electorales y Premios en las Elecciones 2011 Un año después de la sanción de la Constitución Nacional, la Provincia de Buenos Aires, en 1854, sancionó su primera constitución. En ese tratado se estableció el sistema bicameral como base de organización del Poder Legislativo. La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 46 senadores, cuyos cargos tienen una duración de cuatro años. La cámara se renueva por mitades cada dos años. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, por su parte, está compuesta por 92 diputados, cuyos cargos tienen la misma duración que los de la Cámara de Senadores; y también se renueva por mitades cada dos años. Pero las secciones que eligen cargos a diputados junto a la fórmula para acceder al poder ejecutivo son la primera, la cuarta, la quinta y la séptima sección electoral. La particularidad de la elección en la provincia es que desdobla el calendario para senadores y diputados, y que en cada elección se renuevan todos los cargos. Es decir, hay dos modelos de competencia y estrategia electoral posible de acuerdo a los distritos en juego: por un lado, las secciones que eligen senadores y gobernador; por otro, las que eligen diputados provinciales junto al poder ejecutivo. Este desdoblamiento parcializado impacta sobre las segundas fuerzas y las terceras para diseñar una estrategia competitiva, ya que deben tener en cuenta el diferente impacto que se produce en las secciones electorales de los incentivos institucionales para poder coordinarse. En el año 2007, la fórmula Scioli-Balestrini del Frente para la Victoria para el cargo de Ejecutivo provincial obtuvo el 48,10% de los votos. En estas elecciones, este partido obtuvo 13 de las 26 bancas del Senado provincial puestas en juego y 26 de las 46 bancas de diputados. En el año 2011, la fórmula Scioli–Mariotto, del mismo partido obtuvo 55,18% de los votos, 21 de las 23 bancas de senadores y 26/46 bancas de diputados. Las variaciones porcentuales por distritos o secciones electorales no fueron significativas, y esto está reflejado parcialmente en la distribución de las bancas para la Cámara Baja. Sin embargo, con una misma trayectoria en los distritos que eligieron senadores, el oficialismo resultó único ganador en un sistema

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electoral que promueve ganadores múltiples. Concurrencia entre elección de diputados y elección del gobernador: Secciones que eligieron diputados (1, 4, 5 y 7) y Jefe del Ejecutivo La primera sección, que comprende 24 partidos, aporta 15 diputados y 8 senadores provinciales. Según el padrón electoral de 2011, está compuesta por 3.854.745 electores habilitados para votar en 10.550 mesas. Los resultados electorales mostraron que en esta sección el Frente para la Victoria obtuvo 8 bancas con el 49,44% de los votos y representó el 53,33% de las bancas de la sección. Los partidos no oficialistas, que obtuvieron en conjunto 7 bancas, sumaron 38,73% de los votos. La cuarta sección, que comprende 19 partidos, aporta 14 diputados y 7 senadores provinciales. Según el último padrón electoral (2011), está compuesta por 474.560 electores habilitados para votar en 1.542 mesas. Para esta población de electores, con un 52.58% de los votos, el FPV obtuvo 8 bancas (es decir, 57,14% de las mismas) y la oposición 6 bancas con un 37.81% de los votos. La quinta sección aporta 11 diputados y 5 senadores provinciales. Según el padrón electoral ya mencionado, está compuesta por 1.075.133 electores habilitados para votar en 3.121 mesas. Comprende 26 partidos. Esta sección distribuyó las once bancas para diputados de la siguiente manera: 6 bancas (54% de las totales) para el FPV que obtuvo poco más del 50% de los votos, y el resto de las bancas se repartió entre partidos que obtuvieron juntos el 30% de los votos. La séptima sección aporta 6 diputados y 3 senadores provinciales. De acuerdo al l último padrón electoral, está compuesta por 245.058 electores habilitados para votar en 801 mesas. Comprende 8 partidos. Las bancas obtenidas por el partido del gobernador electo fueron 4, representaron el 54% de los cargos a diputados y obtuvieron poco menos del 50% de los votos. Mientras que la oposición, la Unión para el Desarrollo Social (UDeSo), obtuvo 2 bancas (33%) con el 20% de los votos. Al evaluar los resultados electorales y la distribución de las bancas obtenidas, para estas secciones electorales, observamos que si bien hay un importante sesgo mayoritario en el reparto de las bancas, tanto para primeras fuerzas políticas como para segundas y terceras, en estos distritos la estrategia electoral de los partidos permite la ausencia de coordinación electoral y la permeabilidad de partidos con orientación parlamentaria.

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Concurrencia entre Cámara Alta y Ejecutivo provincial: Secciones que eligen senadores en el año en que se elige al gobernador (2, 3, 6, 8) La segunda sección aporta 11 diputados y 5 senadores provinciales. Según el último padrón electoral (2011), está compuesta por 537.541 electores habilitados para votar en 1.618 mesas. Comprende 15 partidos. De los cinco cargos en disputa para ingresar en la Cámara de Senadores, el partido Frente para la Victoria con un 54,76% de los votos, obtuvo el 100% de las bancas. La tercera sección aporta 18 diputados provinciales y 9 senadores provinciales. Conforme al padrón citado , la sección está compuesta por 3.888.503 electores habilitados para votar en 10.603 mesas y comprende 19 partidos. Se eligieron nueve senadores y el Frente para la Victoria, con un 57,82% de los votos, obtuvo, al igual que en la primera sección, el 100% de las bancas. La sexta sección, que comprende 22 partidos, aporta 11 diputados y 6 senadores provinciales. Según el último padrón electoral , está compuesta por 583.936 electores habilitados para votar en 1.810 mesas. Se pusieron en juego en esta elección seis cargos para senadores. Esto permitió el acceso de 4 senadores del Frente para la Victoria que obtuvo un 47.81% de los votos y un 66% de las bancas; y dos bancas le correspondieron a la UDeSO que, con el 22% de los votos, alcanzó el 33% de las bancas. . La Octava Sección o Sección Capital aporta 6 diputados y 3 senadores provinciales. De acuerdo al padrón electoral de 2011, está compuesta por 391.472 electores habilitados para votar en 1.383 mesas. Abarca sólo el Partido de La Plata. Los tres cargos para senadores provinciales fueron para el Frente para la Victoria que obtuvo el 43,43% de los votos. Estas cuatro secciones, a diferencia de las secciones tratadas en el apartado anterior, inducen a reexaminar las estrategias no cooperativas entre partidos políticos que posibilitan la ausencia de coordinación electoral. La regla electoral que distribuye votos en bancas para los cargos de senadores provinciales, si bien es de la familia de los sistemas proporcionales, incluye una cuota electoral para el reparto de las bancas. Los pisos o umbrales efectivos que instalan estas cuotas son muy costosos de alcanzar en la Octava Sección, pues establecen un piso del 23% de los votos para acceder al reparto de las mismas. En la segunda sección electoral y la sexta el umbral efectivo es de 17% y 14% respectivamente, mientras que en la tercera el umbral es de 10%. En las elecciones de 2007, la distribución de votos en la segunda sección fue de la siguiente forma: el 58% para el FPV y el 21% para la Coalición Cívica

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(distribuyéndose 3 y 2 bancas respectivamente). En ese mismo distrito, cuatro años después, el FPV perdió poco más de 3% de los votos, pero logró las 5 bancas. Para la tercera sección con 51% de los votos obtuvo 5 bancas y la oposición se dividió en partes guales las cuatro bancas restantes. En ese distrito, con menos del 7% de los votos, el FPV se lleva las 9 bancas en juego en el 2011. En la Sección Capital en el 2007, con un 23,51% de los votos, la Coalición Cívica se llevó dos tercios de las bancas y con el 16,69% de los votos el PJ se llevó un tercio. En el 2011, el FPV logró las tres bancas con el 43% de los votos. En las elecciones del 2007 los partidos opositores al oficialismo lograron alcanzar los pisos electorales en las cuatro secciones, pero, al igual que en las elecciones nacionales, las distancias entre unos y otros no fueron tan amplias. Cuando los márgenes se ampliaron, como en el 2011, no tanto por mejores resultados electorales sino por dispersión de los votantes de la oposición, las brechas en el reparto de las bancas para la Cámara Alta implicaron la retirada en las mismas de actores de la oposición.

Los Partidos Municipales Un aspecto relevante de la última elección provincial es la caducidad de 212 agrupaciones partidarias locales. En efecto, entre 2010 y 2011 caducaron dos terceras partes de estas agrupaciones. Si bien es importante subrayar que ello fue un efecto directo de la reforma política del 2009, las 106 agrupaciones vigentes que tienen implantación en 73 de las 126 unidades territoriales provinciales tuvieron un desempeño magro en los cargos ejecutivos de los municipios. Al observar el mapa post-electoral, encontramos que lograron llegar a las intendencias sólo 9 de los 126 partidos (7%). Ellas se distribuyen en la segunda sección electoral, la sexta, la cuarta y la quinta. Cabe resaltar que ninguna agrupación local logra traspasar los umbrales electorales, excepto el Partido Nuevo Encuentro de Morón que, como partido de distrito, logró ubicar dos diputados provinciales con el 8,16 % de los votos (13% de las bancas) por la primera sección electoral. A Modo de Conclusión Si bien la particularidad del federalismo en la provincia parece haberse cuestionado por problemas de sobrerrepresentación y subrepresentación de los distritos electorales, lo más problemático para las estrategias partidarias se pone en evidencia en la distribución de bancas entre los partidos y las con-

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secuencias del calendario dividido entre las secciones electorales. Particularidades de la política provincial. Hay incentivos claros desde las reglas electorales que distribuyen votos en bancas para generar una estrategia de competencia bipolar cuando hay elecciones a gobernador en las secciones que eligen senadores, donde es conveniente unirse dados los altos umbrales efectivos que corresponden a la cuota necesaria para entrar en la Cámara de senadores. A pesar de ello, el aumento de la oferta dispersó el voto no oficialista y terminó otorgando un porcentaje elevado de bancas al partido del gobierno. Es decir, donde debían unirse, dadas las reglas de la competencia, las estrategias de la oposición no fueron las correctas.

PARA SEGUIR LEYENDO

Malamud, Andrés y De Luca,Miguel. La política en tiempos de los Kirchner, Buenos Aires, Eudeba, 2011. Ollier, María Matilde. Atrapada sin salida. Buenos Aires en la política nacional (1916-2007), Buenos Aires, UNSAM Edita, 2010. Tula, María Inés. Aportes para la discusión de la Reforma Política bonaerense, Buenos Aires, Prometeo, 2004.

Por otra parte, los partidos más castigados fueron aquellos que no consolidaron un puente entre la política local y la provincial. Los partidos municipales perdieron terreno y el panorama provincial, en la versión hegemónica del PJ o un bipartidismo con asentamiento municipal, parece reafirmar la tendencia hacia la restauración de la vigencia de la dinámica UCR–PJ en la política provincial. Corolario de la observación del comportamiento electoral de los partidos políticos en las últimas elecciones: las reglas importan, pero las estrategias políticas aún más.

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Malamud, Andrés. “Federalismo distorsionado y desequilibrios políticos: el caso de la provincia de Buenos Aires”, en María Inés Tula, Aportes para la discusión de la Reforma Política bonaerense, Buenos Aires, Prometeo, 2004. Malamud, Andrés y Costanzo, Martín “Bicameralismo subnacional: el caso argentino en perspectiva comparada”, en Igor Vivero Ávila, Democracia y reformas políticas en México y América Latina, México, UAM, 2010. Samuels, David. “Presidentialized parties. The separation of power and Organization and Behavior”, Comparative Political Studies, Vol. 35, nº 4. Datos electorales consultados en www.juntaelectoralgba.gov.ar, octubre 2012.

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Bibliografía

Impreso en diciembre de 2012 en Adagraf Impresores S.A. Salm煤n Feij贸o 1035 - Capital Federal - C1274AGO