Cerrando la brecha. Recomendaciones para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas

La situación actual de los pueblos indígenas en México refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país. La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene como una de sus prioridades la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Las actividades que realizamos de documentación, monitoreo, formación, incidencia y asistencia técnica se basan en los estándares internacionales en la materia y responden a un contexto caracterizado por la falta de reconocimiento adecuado de las personas y pueblos indígenas, por la discriminación estructural y la pobreza multidimensional que continúan enfrentando, y por un modelo de desarrollo autoritario que constantemente vulnera su libre determinación y su autonomía a través de políticas y megaproyectos en sus tierras y territorios que no fueron consultados o consensados y que han tenido graves impactos en sus bienes naturales, en sus formas de vida y en su integridad. Los informes que contiene esta publicación son en el resultado de un proceso muy enriquecedor, ya que a pesar de enfrentar limitaciones de tiempo, recursos y espacio, son el resultado de diálogos amplios con una gran diversidad de actores que obviamente incluyen a personas de las comunidades indígenas de muchas partes del país y a autoridades de los tres poderes y diferentes niveles de gobierno, pero también a organizaciones de sociedad civil, a empresas, a órganos de derechos humanos y a agencias de naciones unidas, por lo que los diagnósticos y recomendaciones que derivan de estos procesos tiene un sólido respaldo y una gran utilidad para todas las partes. Pueden ser utilizados por las personas y comunidades indígenas para la exigencia y defensa de sus derechos; por las autoridades de todo tipo como guía para el cumplimiento de sus obligaciones con base en los más altos estándares, incluyendo a los jueces al momento de revisar casos y emitir sentencias; por la sociedad civil en sus labores de asesoría, fortalecimiento e incidencia; por las empresas para desarrollar sus políticas de debida diligencia y remediación; y por los órganos de derechos humanos para orientar sus intervenciones, por mencionar sólo algunos ejemplos. Extracto del Prólogo, por Jan Jarab

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