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¿ES LA VIVIENDA UN DERECHO HUMANO? LOS VOTANTES DE CALIFORNIA PODRÍAN DECIDIRLO
Más de 170,000 personas están sin hogar en California. Algunos demócratas quieren que el estado sea el primero de la nación en declarar que la vivienda es un derecho humano, pero a los opositores les preocupa que sea costoso.
Marisa Kendall CalMatters
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La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad y… ¿de la vivienda?
Los legisladores de California están tratando de consagrar el derecho a la vivienda en la constitución del estado. Pero ¿qué significa eso exactamente en un estado que carece de los recursos para dar a todos un techo sobre sus cabezas?
Los partidarios dicen que la enmienda constitucional responsabilizaría más a los funcionarios estatales y locales por resolver la crisis de personas sin hogar en California.
“Realmente es una forma de asegurarnos de que los funcionarios electos y el gobierno hagan su trabajo y no sigan fallando tan miserablemente en garantizar el acceso a la vivienda para todos”, dijo el autor de la Enmienda Constitucional 10 de la Asamblea, el demócrata de San Francisco Matt Haney.
Pero el lenguaje de la medida es breve y vago, y no especifica qué implica el derecho a la vivienda o cómo se haría cumplir. A algunos críticos les preocupa que la enmienda no sirva de mucho. Otros temen que haría demasiado, con consecuencias no deseadas.
Si bien varios intentos anteriores de crear un derecho a la vivienda en California fracasaron, este recientemente pasó su primera votación del comité. Incluso si se aprueba, la enmienda propuesta aún necesitaría la aprobación de los votantes de California.
¿Qué haría un derecho a la vivienda?
La enmienda propuesta reconoce el derecho fundamental a una “vivienda adecuada” para todos en California. Los legisladores locales y estatales deben trabajar para cumplir con ese derecho “por todos los medios apropiados”.
Eso es todo. Los funcionarios locales y los tribunales determinarán cómo se ve eso en la práctica y cómo se aplica.
Haney, uno de los pocos legisladores estatales que alquila una casa en lugar de ser propietario, calificó la medida como un “cambio de juego” durante una manifestación reciente frente al Capitolio. Lo respaldaron varias docenas de personas que portaban carteles que decían “La vivienda es un derecho humano” y “Mantenga a las familias en casa”.
Dijo que la enmienda podría influir en las decisiones de planificación local, por ejemplo, al facultar las demandas contra las reglas de zonificación o las decisiones de políticas que restringen el desarrollo de viviendas asequibles. También podría ayudar al estado a hacer cumplir las leyes existentes a favor de la vivienda, dijo.
Según Michael Tubbs, exalcalde de Stockton y ahora asesor del gobernador Gavin Newsom, el derecho a la vivienda también requeriría que el gobierno regulara a los propietarios, potencialmente mediante la promulgación de políticas de control de alquileres o contra el acoso de inquilinos, o garantizando a los inquilinos el derecho a abogado durante los desalojos. También crearía una obligación para el gobierno de presupuestar programas de vivienda, según escribió en un reciente artículo de opinión para CalMatters .
Newsom no ha respaldado la enmienda del derecho a la vivienda.
¿Cuánto le costaría a California el ‘derecho a la vivienda’?
Declarar el derecho a la vivienda no resolvería de inmediato la crisis de personas sin hogar en California, reconoció Haney, ni requeriría que las ciudades proporcionen vivienda a todos o le den derecho a la gente a una vivienda gratuita.
Décadas de subconstrucción han llevado a que los precios de la vivienda se disparen y a que más personas vivan en las calles. El estado necesitaba construir 220,000 viviendas nuevas por año durante dos décadas para satisfacer las necesidades de su población, según estimó el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California en 2000. El año pasado, el estado agregó solo 113,130. Como resultado, los alquileres son inasequibles para muchos californianos. El alquiler medio de una casa de dos habitaciones en San José, por ejemplo, es de $3,100, según Zillow. Es lo mismo en Los Ángeles.
Ann Owens, profesora de sociología en la Universidad del Sur de California que se especializa en desigualdad social y vivienda, cree que todos tienen derecho a la vivienda. Pero no está segura de cuánto bien hará ponerlo en la constitución del estado.
“Creo que la parte de los recursos es donde el derecho a la vivienda a menudo choca contra un muro”, dijo. “Puedes tener esta enmienda constitucional, pero ¿qué sucede cuando en realidad no tienes el dinero para proporcionarla?”.
En 2020, Newsom vetó un proyecto de ley que habría garantizado el derecho a la vivienda, citando su precio estimado de más de $10 mil millones al año. Un análisis realizado por el Comité de Asignaciones del Senado estableció miles de millones en costos potenciales para que las agencias estatales diseñen programas y conecten a las personas con viviendas y otros servicios.
La enmienda de Haney aún no tiene una es- timación de costos. California tendría que gastar $8.1 mil millones al año durante los próximos doce años para albergar a todos sus residentes sin hogar, según un análisis de 2022 realizado por la Corporación para Viviendas de Apoyo y la Asociación de Vivienda de California.
Al mismo tiempo, varios legisladores expresaron su preocupación de que el derecho a la vivienda iría demasiado lejos.
El asambleísta Joe Patterson, republicano de Granite Bay, votó en contra de la medida en el comité la semana pasada. Dijo que está “realmente asustado” por el margen de maniobra que tendrían los jueces de California al interpretar el derecho a la vivienda.
Al asambleísta Jesse Gabriel, demócrata de Woodland Hills y abogado, le preocupaba que cada decisión presupuestaria que toma la Legislatura sea objeto de litigio. Si los legisladores asignan dinero a energía limpia o atención médica, preguntó, ¿alguien podría demandar porque ese dinero no se gastó en vivienda?
“La mayor, gran acidez que tengo en este momento tiene que ver con la aplicación e implementación de esto”, dijo, aunque terminó votando a favor de la enmienda.
Haney desestimó el argumento de Gabriel como un “hombre de paja, si es que alguna vez hubo uno”. Pero prometió trabajar con legisladores, expertos constitucionales y líderes de vivienda para abordar las preocupaciones de sus colegas.
La medida fue aprobada por poco por el comité de vivienda de la Asamblea y luego debe liquidar las asignaciones.
Grupos de inquilinos de California respaldan enmienda
Si esta idea llega a la boleta electoral y los votantes la aprueban, California se convertiría en el primer estado de EE.UU. en reconocer legalmente el derecho a la vivienda.
“Sería un gran problema”, dijo Eric Tars, director legal del Centro Nacional de Leyes para
Personas sin Hogar.
No es por falta de intentos que no se haya hecho antes. Los intentos en 2020 y en 2022 de poner el derecho en la constitución estatal fracasaron, ninguno fue escuchado en el comité. Y el alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, propuso el derecho a la vivienda en su ciudad, junto con la obligación de que las personas sin vivienda aceptaran una cama cuando se les ofreciera, pero no llegó muy lejos.
Es probable que la nueva propuesta estatal corra la misma suerte, dijo el consultor político Steven Maviglio, quien se desempeñó como portavoz de la campaña contra la iniciativa de control de alquileres de la Proposición 21 de California en 2020. Es probable que los funcionarios locales se resistan al costo, dijo, al igual que los propietarios individuales. preocupado por las subidas de impuestos.
“No veo que tenga un futuro muy largo”, dijo. Más de 100 grupos de defensa de viviendas e inquilinos y otras organizaciones apoyan la enmienda, que está copatrocinada por Alliance of Californians for Community Empowerment Action, ACLU California Action, Abundant Housing LA y varias otras.
No hay organizaciones registradas que se opongan a la enmienda, pero la Liga de Ciudades de California ha expresado reservas.
“Cal Cities tiene preocupaciones con ACA 10, ya que no incluye la inversión significativa necesaria del estado para impulsar la construcción de viviendas asequibles muy necesarias en todo California”, dijo Jason Rhine, subdirector de asuntos legislativos en un comunicado enviado por correo electrónico.
¿Qué es lo que sigue?
Para llegar a la boleta electoral primaria de marzo de 2024, la enmienda del derecho a la vivienda debe ser aprobada por la Legislatura antes de que cierre la sesión a mediados de septiembre. Para llegar a la boleta electoral de noviembre de 2024, tiene hasta junio de 2024. Necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras.
Después de escuchar los comentarios de sus colegas el miércoles, Haney dijo que podría llevar más tiempo que este año aprobar su medida.
“No estoy tratando de apresurar esto solo para forzarlo a votar”, dijo.
Si se aprueba, Haney espera que ayude a personas como Peggy Pleasant, quien habló en la audiencia del comité en nombre de la enmienda. La madre de Los Ángeles perdió su trabajo en 2008 y se quedó sin hogar, durmiendo con su hija en su automóvil hasta que fue embargado. Eventualmente encontró vivienda, pero reconoce que es una de las pocas afortunadas que lo hizo.
“Cuando estás sin hogar, pierdes vivienda, lo que sea, pierdes miembros de la familia”, dijo Pleasant. “Pero pierdes la esperanza. Y cuando pierdes la esperanza, eso te convierte en una persona inadecuada”.
IS HOUSING A HUMAN RIGHT? CALIFORNIA VOTERS COULD DECIDE
More than 170,000 people are homeless in California. Some Democrats want to make the state the nation’s first to declare housing a human right, but opponents worry it would be costly.
Marisa Kendall CalMatters
Life, liberty, the pursuit of happiness and…housing?
California lawmakers are trying to enshrine the right to housing in the state’s constitution. But what exactly does that mean in a state that lacks the resources to give everyone a roof over their heads?
Supporters say the constitutional amendment would hold state and local officials more accountable for solving California’s homelessness crisis.
“It’s really a way to make sure elected officials and the government does its job and doesn’t continue to fail so miserably in ensuring access to housing for all,” said the author of Assembly Constitutional Amendment 10, San Francisco Democrat Matt Haney.
But the language of the measure is brief and vague, and doesn’t specify what a right to housing entails or how it would be enforced. Some critics worry the amendment wouldn’t do much. Others fear it would do too much — with unintended consequences.
While several prior attempts to create a right to housing in California failed, this one recently passed its first committee vote. Even if it passes, the proposed amendment would still need approval from California voters.
What would a right to housing do?
The proposed amendment recognizes the fundamental right to “adequate housing” for everyone in California. Local and state lawmakers must work toward fulfilling that right “by all appropriate means.”
That’s about it. What that looks like in practice and how it is enforced would be hammered out by local officials and the courts.
Haney, one of the few state legislators who rents rather than owns a home, called the measure a “game-changer” during a recent rally in front of the Capitol. He was backed by several dozen people carrying signs that read “Housing is a human right” and “Keep families home.”
He said the amendment could influence local planning decisions, such as by empowering lawsuits against zoning rules or policy decisions that restrict affordable housing development. It could also help the state enforce existing pro-housing laws, he said.
According to Michael Tubbs, former mayor of Stockton and now an adviser to Gov. Gavin Newsom, a right to housing also would require the government to regulate landlords, potentially by enacting rent control or tenant anti-harassment policies, or guaranteeing renters a right to counsel during evictions. It also would create an obligation for the government to budget for housing programs, he wrote in a recent op-ed for CalMatters. Newsom has not endorsed the right to housing amendment. What would a ‘right to housing’ cost California?
Declaring a right to housing wouldn’t immediately solve California’s homelessness crisis, Haney acknowledged, nor would it require cities to provide housing to everyone or entitle people to free housing.
Decades of under-building have led to soaring housing prices and more people living on the streets. The state needed to build 220,000 new homes per year for two decades to meet its population’s needs, California’s Department of Housing and Community Development estimated in 2000. Last year, the state added just 113,130.
As a result, rents are unaffordable for many Californians. The median rent for a two-bedroom home in San Jose, for example, is $3,100, according to Zillow. It’s the same in Los Angeles.
Ann Owens, a sociology professor at the University of Southern California specializing in social inequality and housing, believes everyone has a right to housing. But she’s not sure how much good putting it in the state’s constitution will do.
“The resources part, I think, is where the right to housing often hits a wall,” she said. “You can have this constitutional amendment, but what happens when you don’t actually have the money to provide it?”
In 2020, Newsom vetoed a bill that would have guaranteed a right to housing, citing its estimated price tag of more than $10 billion a year. An analysis by the Senate Appropriations Committee laid out billions in potential costs for state agencies to design programs and connect people with housing and other services. Haney’s amendment doesn’t yet have a cost estimate. California would have to spend $8.1 billion a year for the next dozen years to house all its homeless residents, according to a 2022 analysis by the Corporation for Supportive Housing and the California Housing Partnership.
At the same time, several lawmakers expressed concern that a right to housing would go too far.
Assemblymember Joe Patterson, a Granite Bay Republican,