Derechos sociales, un deber de justicia by Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Derechos sociales. Un deber de justicia Es hora de decir, y de repetir cada día, que «las necesidades de los pobres deben tener preferencia sobre los deseos de los ricos; los derechos de los trabajadores, sobre el incremento de los beneficios» (Juan Pablo II, Toronto, 14 de septiembre de 2004). Es hora, sobre todo, de vivir y actuar en consecuencia con este principio básico de humanidad. En razón de nuestra fe en Jesucristo, a la comunidad cristiana la práctica de la caridad política se nos propone como camino de humanidad, en lo personal y en lo social: «El amor por el hombre, y en primer lugar por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se concreta en la promoción de la justicia» (Juan Pablo II, Centesimus annus, 58). El amor concretado en primer lugar en la búsqueda de la justicia para los empobrecidos. Vivir y proponer este camino de humanización es hoy fundamental. Los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras son un componente esencial del respeto a la dignidad de las personas y de la justicia debida a los empobrecidos. Defender los derechos sociales es un deber de justicia. Esta reflexión de la Hermandad Obrera de Acción Católica pretende colaborar humildemente en la búsqueda de esos caminos de justicia.

DEFENDER LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, UN DEBER DE JUSTICIA

Cuadernos HOAC © Hermandad Obrera de Acción Católica Portada: Ignacio Rojo ISBN: 978-84-92787-14-2 Depósito legal: M. 10.877-2012 Preimpresión e impresión: Gráficas Arias Montano, S. A.

«El primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad, pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social» (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 25). «El amor por el hombre, y en primer lugar por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se concreta en la promoción de la justicia» (Juan Pablo II, Centesimus annus, 58). «Las necesidades de los pobres deben tener preferencia sobre los deseos de los ricos; los derechos de los trabajadores, sobre el incremento de los beneficios» (Juan Pablo II, Toronto, 14 de septiembre de 2004).

Defender los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras, un deber de justicia Nos han dicho, y repetido muchas veces, que es imprescindible reducir el gasto público, porque es muy elevado. Sin embargo, el de España es uno de los gastos públicos más bajos de los países ricos, el 41,7% del Producto Interior Bruto (PIB). Sólo Estados Unidos, con el 39,4% del PIB, lo tiene más bajo. Nos han dicho, y repetido muchas veces, que es imprescindible hacer frente antes que nada a la deuda pública. Hasta han hecho una reforma de la Constitución para ello. Sin embargo, la deuda pública española es de las más bajas de la Unión Europea. En 2010 era del 60% del PIB, frente a una media de los países de la UE del 80%. Grecia tenía el 143%, Italia el 117%, Bélgica el 97%, Irlanda el 96%, Portugal el 93%, ¡Alemania! El 83%, ¡Francia! el 82%… La deuda global de España sí es muy alta. ¡Pero la pública, la de todas las administraciones públicas, es sólo el 16% del total! El resto es deuda privada: el 32% de los bancos, el 31% de empresas no financieras… Nos han dicho, y repetido muchas veces, que era (y vuelve a serlo) imprescindible hacer una reforma laboral para crear

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empleo. Sin embargo, desde la última reforma laboral el paro no ha hecho más que aumentar y, de los trabajadores y trabajadoras que aún tienen empleo, casi la mitad tienen empleos precarios. Nos han dicho, y repetido muchas veces, que «todos» debemos hacer sacrificios para afrontar la crisis. Sin embargo, el fraude fiscal en España es de 80.000 millones de euros. Y mientras millones de trabajadores han sido expulsados de su empleo y muchos han sido abocados a la indigencia, desahuciados de sus viviendas…, las grandes empresas que cotizan en el IBEX-35 de la Bolsa tuvieron, en 2010, unos beneficios de 50.000 millones de euros. Nos han dicho, y repetido muchas veces, que no hay más remedio que hacer recortes, porque gastamos «demasiado» en servicios públicos. Por ejemplo, dicen y repiten que no es posible mantener el gasto sanitario en su nivel actual. Sin embargo, el gasto sanitario en España (con datos de 2009) es el 6,7% del PIB, mientras la media de la UE-27 es del 7,4%. Nos han dicho, y repetido muchas veces, que era imprescindible reformar el sistema de pensiones, porque no es sostenible tal como estaba. Han hecho una reforma para que las pensiones sean más bajas en el futuro. Sin embargo (con datos de finales de 2010), el 54,8% de los pensionistas españoles (4.786.782 personas) viven por debajo del umbral de la pobreza porque cobran pensiones muy bajas. España dedica el 8,4% del PIB a pensiones, mientras la media de la UE-15 es del 10,2%. Y así podríamos seguir, siempre igual, con otras cosas que nos han dicho y repetido muchas veces. ¿Por qué comenzamos así una reflexión sobre los derechos sociales de los trabajadores? Porque, frente a eso que nos dicen y repiten

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muchas veces, hasta que muchos llegan a pensar que es así, aunque no lo es, hay que atreverse a decir cosas como estas: «Para que haya una economía diferente es necesario que los ciudadanos tengan el suficiente poder para asegurar que sus preferencias democráticamente expresadas se conviertan en decisiones. Lo que hoy sucede es lo contrario: las preferencias de los ricos son las únicas que lo consiguen. La crisis está mostrando el lado inmoral y criminal de muchas actividades financieras y económicas. Por la ganancia se permite todo. Hay billones de euros para ayudar a los bancos y no hay unos pocos miles para evitar que cada día mueran 25.000 personas de hambre. Las crisis seguirán produciéndose y con ellas el sufrimiento innecesario de millones de seres humanos si no logramos que lo inmoral sea inaceptable, si la ética del respeto a la vida y de la cooperación no se impone sobre la del beneficio. No sufrimos sólo una crisis económica. No nos engañemos, es la crisis de un sistema social y económico, de nuestra civilización, de una humanidad que se ha pervertido a sí misma sólo para que una minoría se harte de disfrutar y de ganar dinero»1.

Porque eso es lo que está ocurriendo con los derechos sociales de las personas, de los trabajadores y trabajadoras: se están sacrificando en el altar de los beneficios inmorales de una minoría de personas muy poderosas económicamente que han impuesto su dictadura en las decisiones políticas. Frente a esta grave inmoralidad, como decía Juan Pablo II, es hora de decir, y de repetir cada día, bien alto, que «las necesidades de los pobres deben tener preferencia sobre los deseos de los ricos; los derechos de los trabajadores, sobre el incremento de los beneficios». Es hora, sobre todo, de vivir y actuar en consecuencia con este principio básico de humanidad. Esto es una responsabilidad que nos corresponde a todos. También a los cristianos y a la Iglesia. En razón de nuestra fe en Jesucristo, que nos convoca a vivir y construir la comunión y la fraternidad entre 1 Juan Torres López: Contra la crisis, otra economía y otro modo de vivir, Ediciones HOAC, Madrid 2011, p. 38.

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todas las personas, el amor, concretado en primer lugar en la búsqueda de la justicia para los empobrecidos, se nos propone como camino de humanidad, en lo personal y en lo social: «El amor por el hombre, y en primer lugar por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se concreta en la promoción de la justicia». Vivir y proponer a todas las personas este camino de humanización es hoy fundamental, también en la defensa de los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras. Esos derechos son un componente esencial del respeto a la dignidad de las personas y de la justicia debida a los empobrecidos. Defender los derechos sociales de los trabajadores es un deber de justicia. Esta reflexión de la Hermandad Obrera de Acción Católica es para colaborar humildemente a buscar esos caminos de justicia.

I. ¿Qué está pasando con los derechos sociales de los trabajadores? Los derechos sociales de los trabajadores, en general de todas las personas, son una parte muy importante de los derechos humanos, vinculados a la dignidad de las personas. Las personas, todas las personas, sólo por el hecho de serlo, tenemos derecho a una educación de calidad y gratuita, a unos cuidados de salud sostenidos en un servicio de salud equitativo, a una pensión digna para la vejez, a prestaciones sociales adecuadas a las distintas situaciones personales y familiares, a prestaciones suficientes en caso de desempleo, a una vivienda decente, a condiciones dignas de trabajo, etc… Sin el reconocimiento práctico y efectivo de los derechos sociales nos resulta más difícil realizar nuestra humanidad. Es muy importante no olvidar que los derechos sociales son una conquista social, alcanzada con mucho esfuerzo y sacrificio. Una conquista lograda en la lucha por el reconocimiento de la dignidad

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de las personas. Desde el origen del capitalismo, y durante mucho tiempo, los trabajadores carecieron del reconocimiento de cualquier derecho social. Sólo después de una larga lucha se fueron conquistando poco a poco. Sólo a partir de la segunda mitad del siglo xx fue cuando, en algunos países, se generalizó el reconocimiento práctico de los derechos sociales. La gran resistencia de quienes controlaban el poder económico (y también el poder político) a reconocer los derechos sociales de los trabajadores se debía fundamentalmente a dos razones. Por una parte, a que un trabajador con derechos sociales es una persona más libre, a la que resulta más difícil explotar y obligar a trabajar como sea para sobrevivir. De hecho, uno de los caminos más importantes que se utilizó durante mucho tiempo para obligar a los trabajadores a adaptarse a unas brutales condiciones de trabajo fue dejarlos completamente desprotegidos y desamparados. Por otra parte, los derechos sociales, para reconocerse en la práctica, necesitan financiación. El dinero destinado a financiarlos es dinero que no va a los beneficios económicos privados. Por estas dos razones, sólo una dura y larga lucha de los trabajadores organizados, del movimiento obrero, llevó a conquistar el reconocimiento de los derechos sociales. Hoy, el ataque a los derechos sociales de los trabajadores responde a esas dos mismas razones. En consecuencia, el reconocimiento de los derechos sociales es el resultado de unas decisiones políticas que optan por dedicar recursos sociales al reconocimiento efectivo de esos derechos de las personas. Responden, pues, a una decisión política en la manera de distribuir la riqueza social. Son una conquista política de los empobrecidos que hace avanzar la justicia en la vida social. Y así, los derechos sociales, su reconocimiento práctico, son un termómetro de la calidad democrática de una sociedad porque lo son de la justicia: suponen el reconocimiento práctico de lo que en

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justicia se debe a toda persona para que pueda construir su humanidad, para que pueda vivir en libertad de acuerdo a su dignidad de ser humano. Su retroceso es un retroceso de la democracia, pues es un retroceso de la justicia.

1. El retroceso de los derechos sociales El reconocimiento de los derechos sociales ha sido una conquista social que se ha ido alcanzando poco a poco, pero sólo en unos pocos países, para una minoría de la población mundial. Es muy importante no perder de vista este hecho: para la mayoría de la población mundial son todavía una aspiración. Según un estudio de la ONU, de los 7.000 millones de habitantes del planeta, 5.100 millones de personas carecen de una seguridad social o de una protección social adecuada. Además, los derechos sociales están en una situación de retroceso allí donde se habían conquistado, y con mayores dificultades para ser reconocidos allí donde aún no lo han sido. Ya estaban en esta situación de retroceso antes de la crisis financiera que estalló en 2007 y lo están más aún ahora como consecuencia de la política que se ha impuesto para afrontar la crisis. Antes de la crisis hemos asistido a más de 25 años de políticas neoliberales (que son las que han provocado la crisis) que, entre otras cosas, han hecho retroceder los derechos sociales. Desde los años ochenta se ha ido extendiendo la idea de que los Estados gastaban demasiado, sobre todo en gastos sociales, y había que reducir los gastos públicos. Las políticas guiadas por este principio han afectado muy negativamente a los derechos sociales, pues en años de un aparente gran crecimiento económico (y, desde luego, de astronómicos beneficios económicos privados, particularmente de las grandes empresas multinacionales, los bancos y los especuladores financieros e inmobiliarios), se

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han dedicado menos recursos de los necesarios y posibles a fortalecer el reconocimiento práctico de los derechos sociales. Junto a ello, la privatización de diversos sectores de los servicios públicos (con el argumento de que la iniciativa privada gestiona mejor que la pública, pero con la realidad de que lo que se busca son más oportunidades de negocio), también ha debilitado el reconocimiento de los derechos sociales. Además, y de forma muy importante, las políticas fiscales regresivas llevadas a cabo para reducir drásticamente los impuestos de las grandes empresas, de los especuladores financieros, de la banca, de las grandes fortunas y de las rentas más altas, junto a la permisividad ante un elevado fraude fiscal, han debilitado mucho la capacidad de los Estados para responder mejor a las necesidades sociales al disminuir sus posibilidades de incrementar los ingresos. De ello se han resentido mucho los derechos sociales. En este contexto, con la crisis se han agudizado las dificultades de los Estados para hacer frente a las necesidades sociales. Precisamente ahora cuando más falta hacía para proteger a aquellos a los que el funcionamiento de una economía completamente corrompida en su sentido dejaba tirados en la cuneta; cuando disminuían los ingresos del Estado por la incidencia de la crisis financiera en la economía productiva y se producía un gran incremento del desempleo. Ante esas dificultades, continuando con las mismas políticas neoliberales, se ha pasado muy pronto a políticas de recortes descarnados en los gastos sociales que están haciendo retroceder aún más los derechos sociales. Estamos en un momento muy delicado para el presente y el futuro de los derechos sociales. Con el pretexto de que no hay dinero y es imprescindible reducir el gasto público (nunca se plantea con seriedad incrementar los ingresos con políticas fiscales justas), se está hurtando el debate social sobre cosas tan importantes como

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a qué dedicamos los recursos sociales, qué distribución hacemos de la riqueza social, qué lugar damos en la práctica al reconocimiento efectivo de los derechos sociales, qué prioridad debemos dar a los derechos de los empobrecidos… Decimos que no hay dinero, pero ese no es el problema real. Sí lo es cómo se distribuye la riqueza social. Lo que ha ocurrido, y sigue ocurriendo, es que con las políticas neoliberales, de antes y de después de la crisis, se ha producido un enorme trasvase de la riqueza social desde los trabajadores y desde los gastos de los Estados para responder a las necesidades sociales, hacia las ganancias de quienes más tienen y gozan de un enorme poder por su dominio cada vez mayor de la economía y de la riqueza social, que someten a los gobiernos, impiden la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, y vacían de contenido la democracia. Eso es lo que ha provocado el retroceso de los derechos sociales. Ahora «no hay dinero» porque se ha tomado la opción política de dar prioridad a seguir alimentando las ganancias de los mismos a los que antes se bajó los impuestos y con los que se han endeudado los Estados para hacer frente a las necesidades sociales. Se está dando prioridad a pagarles la deuda para que se sigan enriqueciendo a costa de la sociedad, en lugar de dar prioridad a los derechos sociales de las personas y a políticas de promoción de la economía real. Si se hubiera hecho la opción contraria «sí habría dinero» y no se impondrían las políticas que están haciendo retroceder los derechos sociales de los trabajadores.

2. Un modelo económico contrario a los derechos sociales Lo que está ocurriendo con los derechos sociales es una consecuencia del modelo económico y social que se ha ido construyendo y extendiendo desde los años ochenta. Este modelo económico capi-

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talista, construido desde las políticas neoliberales, pretende colonizar todas las esferas de la vida personal y social desde la lógica del mercado, que todo se rija por las «leyes» del mercado y que la sociedad se someta a sus exigencias. Supone una mercantilización extrema de la vida social. Con un objetivo: incrementar permanentemente las ganancias económicas privadas, haciendo de todo oportunidad de negocio y destinando todos los recursos sociales posibles a la ganancia en el mercado. Es un nuevo modelo capitalista que está sustituyendo al que se construyó desde mediados del siglo xx y que tenía una de sus características en el llamado Estado del Bienestar. Por lo que se refiere a los derechos sociales de los trabajadores, el modelo capitalista del Estado del Bienestar intentaba mantener un cierto equilibrio entre los beneficios privados (la rentabilidad del capital) y el reconocimiento de los derechos laborales y sociales como garantía de estabilidad y cohesión social. Era un modelo con muchos problemas de injusticia y empobrecimiento no resueltos, pero que asumía (por la lucha y el poder de negociación que logró el movimiento obrero) un cierto nivel de reconocimiento de los derechos sociales y una relativa distribución de la riqueza social hacia el conjunto de la sociedad. Era un modelo caracterizado, entre otras cosas, por la vinculación entre derechos sociales y empleo; un empleo que, por lo general, era estable y con derechos (aunque no para todos los trabajadores). Ese modelo desde mediados de los años setenta comenzó a tener problemas para continuar con un crecimiento económico sostenido en los países ricos. Para hacer frente a esa situación, los poseedores del capital empezaron a tomar medidas para incrementar sus tasas de beneficio. Decidieron romper el equilibrio relativo que intentaba mantener el modelo del Estado del Bienestar para incrementar sus

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beneficios y hacer una nueva distribución de la riqueza social más favorable a sus intereses. Eso fueron las políticas neoliberales que lograron imponer: reducción del gasto público, políticas fiscales para que los ricos pagaran menos impuestos, privatización de servicios públicos… Se comenzaron a desmantelar sistemáticamente todas las regulaciones que mantenían el equilibrio entre crecimiento económico, beneficios privados y derechos sociales. Además de todo esto, otros dos elementos han tenido una gran importancia para lograr mayor rentabilidad del capital: a) El cambio de modelo de empleo, con el ataque sistemático al empleo estable para lograr una mayor explotación del trabajo y obtener de él mayor rentabilidad. A través, entre otras cosas, de la deslocalización de la producción desde los países más ricos a otros con menos derechos laborales y con empleo más barato, del desempleo, de las reformas laborales, del debilitamiento de la negociación colectiva, del ataque a los sindicatos… Y, sobre todo, de la precarización del empleo. Las nuevas políticas laborales han ido construyendo otro modelo laboral completamente distinto, el llamado de la «flexibilidad» laboral que, en realidad, es el de la precarización del empleo. Con el desempleo y el empleo precario se ha logrado una nueva distribución de la riqueza generada por el trabajo, aumentando los beneficios empresariales y disminuyendo la participación de los trabajadores en esa riqueza. Para ello se han creado condiciones para una mayor y más fácil explotación del trabajo, trabajadores más indefensos, con menos derechos… y con más miedo ante la amenaza permanente de ser expulsados del empleo. Y en eso seguimos. b) El dominio de la economía financiera sobre el conjunto de la economía (lo que se ha denominado la «inanciarización» de la economía). Se han tomado todo tipo de medidas para

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eliminar cualquier obstáculo a la libertad absoluta de movimiento del dinero, en todas sus formas, y a la obtención de la mayor rentabilidad con la compra y venta de dinero, sin producir nada útil para la sociedad. Como la economía productiva no se consideraba suficientemente rentable, se han ido desviando cada vez más recursos hacia la especulación en los mercados financieros, inmobiliarios… La actividad financiera, desvinculada de todo control, se ha disparado. Se han obtenido astronómicos beneficios privados sin producir ningún bien social, más bien destruyéndolos. Todo esto ha hecho que lleguemos a una situación de permanente inestabilidad financiera provocada por la especulación sin límites que, después de varias crisis regionales, acabó estallando en la gran crisis financiera de 2007, que se ha trasladado a la grave crisis económica y social que hoy padecemos. La economía financiera se ha corrompido completamente, desvinculándose de la única finalidad que la justifica, su servicio a la economía productiva real, y ha dominado y corrompido el conjunto de la economía. Es como una monstruosa aspiradora que chupa todos los recursos que encuentra a su paso, de las personas, las familias, las empresas, los Estados… para dedicarlos a la búsqueda de la mayor rentabilidad especulando en los mercados, en un proceso sin fin. Es un mecanismo que destruye la economía productiva, el trabajo, los derechos sociales… La espiral de la deuda en la que actualmente estamos metidos, es la última creación de ese sistema financiero especulativo para continuar chupando los recursos de la sociedad. Es una dinámica destructiva e inmoral 2. 2 Puede verse una explicación sencilla y clara de lo que significa la deuda en: Campaña ¿Quién debe a quién?, Vivir en deudocracia, Editorial Icaria, Barcelona 2011.

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Por eso, este modelo económico es contrario a los derechos sociales porque absorbe los recursos necesarios para atenderlos con la finalidad de dedicarlos a la mayor rentabilidad económica. De esta forma, debilitando los derechos sociales, resulta más sencillo someter a las personas y a la sociedad a las exigencias de la mayor rentabilidad. El sometimiento a este modelo económico exige recortes en los derechos sociales 3. Todo esto supone una radical perversión del sentido de la economía. La finalidad de la economía no puede ser otra que el servicio a las necesidades de las personas; sin embargo, en este modelo económico-social la finalidad de la economía está cada vez más lejos de ello. Su finalidad es incrementar siempre más las ganancias, sea como sea, con independencia de que se responda o no a las necesidades humanas. Una economía así es destructiva para las personas y para la sociedad. Se ha llevado hasta el extremo un principio constitutivo del capitalismo: cada uno debe buscar su propio interés, enriquecerse es legítimo y bueno porque lo que impulsa el progreso es el afán de ganancia. Y, como se ha escrito acertadamente: «La vida económica se corrompe cuando lo que debería ser el objetivo instrumental (ganar dinero) se transforma en la finalidad fundamental (…); y lo que debería ser la finalidad fundamental (satisfacer unas determinadas necesidades humanas) pasa a ser un objetivo instrumental». «Muy poca gente es consciente de hasta qué punto el afán de ganar dinero nos ha corrompido» 4.

3 Dos ejemplos concretos de lo que esto supone son lo ocurrido con la última reforma laboral y con la reforma del sistema de pensiones. Remitimos a nuestras anteriores reflexiones: Reforma laboral y cambio de modelo de organización social, HOAC, Madrid, junio de 2010; ¿Qué hacer con las pensiones?, Cuadernos HOAC, n.º 5, Madrid 2011. 4 Luis González-Carvajal Santabárbara: El hombre roto por los demonios de la economía. El capitalismo neoliberal ante la moral cristiana, San Pablo-Universidad Pontifica de Comillas, Madrid 2010, pp. 166 y 169.

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Dicho más gráficamente: «Belzebú, el príncipe de los demonios, es el afán desmedido de lucro…: “El amor al dinero es la raíz de todos los males” (1 Tim 6, 10) (…) El neoliberalismo ha soltado las ataduras de Belzebú y ahora recorre el mundo entero acompañado de su séquito de demonios: los contratos basura, la corrupción, la Especulación, etc., provocando inenarrables sufrimientos a los más débiles. Los demonios de la economía andan sueltos» 5.

Un modelo económico como el que se nos ha impuesto, con un funcionamiento de los mercados sin ningún control social y político, campando a sus anchas y sin limitación alguna para buscar siempre la mayor rentabilidad, como dijeron los obispos de Inglaterra y Gales, hace, de hecho «una opción contra los pobres» 6.

3. Una política sin sentido de la justicia Esta perversión de la economía ha pervertido también el sentido de la política. Lo que muestra la actual situación es tan crudo como esto: «Lo peor quizá sea que hayan logrado que la ciudadanía crea que todo esto es inevitable y que no se puede hacer nada para evitar la dictadura de los mercado, de modo que estamos llegando a la perfecta extorsión y a la completa rendición de los gobiernos ante los poderes financieros». «Se está llamando valientes a los gobiernos que están adoptando las medidas antisociales de los últimos tiempos, a los que callan ante la extorsión de los poderes financieros, a los que en lugar de pedir responsabilidades y colaboración a los bancos causantes de la crisis cargan sus costes sobre las espaldas de los trabajadores. Es el mundo al revés, porque no puede haber una expresión más clara de cobardía». «El desarrollo de la crisis nos ha permitido comprobar que, en lugar de hacer frente a los daños y problemas para poner remedio a las causas que la han provocado, las autoridades se han doblegado ante los poderes que ocasionaron la crisis y que éstos han salido de ella mucho más reforzados. Los 5 Ibid., pp. 11-12. 6 Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, El bien común y la doctrina social de la Iglesia, octubre de 1996, n.º 85.

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gobiernos, cuando es que no son simplemente cómplices, son impotentes, la ciudadanía está despistada, desconcertada, no suscribe lo que se hace pero no reacciona; los financieros (ahora presentados impersonalmente como “los mercados”) tienen las manos libres igual o más que antes de la crisis y así pueden ahora extorsionar fácilmente a los gobiernos» 7.

En realidad, nos han robado la capacidad de decidir sobre asuntos fundamentales de nuestra vida social. Se presentan como inevitables e imprescindibles medidas que no son más que una opción política, y que una y otra vez muestran que no resuelven nada de aquello por lo que se dice que se toman. Es, por tanto, una opción política contraria a una justa distribución de la riqueza social, una opción política contraria a los derechos sociales. Así pues, el modelo económico que nos ha llevado a la crisis no ha nacido por generación espontánea. Ha sido construido a través de un conjunto de decisiones políticas que durante años han puesto las condiciones para que los poseedores del capital pudieran buscar sin ningún límite la mayor rentabilidad y apoderarse cada vez más de los recursos sociales. Se han puesto las condiciones para una distribución de la riqueza social en favor de los poseedores del capital y en contra del conjunto de la sociedad, en particular en contra de los trabajadores y de los más empobrecidos. Y eso ha provocado, por una parte, una inmensa acumulación de poder y una situación de privilegio para las grandes empresas, bancos, financieros… y, por otra, mayores desigualdades sociales, mayor vulnerabilidad de los trabajadores y mayor indefensión de los empobrecidos. Esa orientación de la política ha puesto en primer lugar, y en el centro de la dinámica social, el afán de ganancia. Todo esto por la creencia de que la acumulación de riqueza, el incremento sin fin de los beneficios, es lo que produce crecimiento económico y éste, de 7 Juan Torres López: Contra la crisis, otra economía y otro modo de vivir, pp. 54-55 y 59-60.

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forma automática, mayor bienestar y justicia social. Esa creencia se ha demostrado, una y otra vez, absolutamente falsa, además de injusta e inmoral. Sin embargo, se ha renunciado a buscar primero la justicia como criterio de organización de la vida económica y social y, por tanto, de la acción política. El sentido de la justicia se ha ido debilitando cada vez más. Y con ello, el bien común ha ido desapareciendo de la acción política y ha sido sustituido por la búsqueda de los intereses particulares, en la que siempre pierden los empobrecidos, que son lo que tienen una posición más débil. Esto supone una radical perversión del sentido de la política, una profunda crisis de la democracia. Con la crisis esta situación ha llegado hasta el extremo ya que esa política, sin sentido de la justicia y cada vez más alejada del bien común, ha creado las condiciones para incrementar la riqueza y el poder de los ya muy poderosos. Les ha permitido incrementar su dominio sobre la vida social. Su avaricia ha provocado la crisis, mostrando en toda su crudeza la inmoralidad e inhumanidad del capitalismo. Por otra parte, su enorme poder les ha facilitado lograr la sumisión de los gobiernos para continuar con la misma orientación de la acción política, la que a ellos (y sólo a ellos) les conviene, para continuar enriqueciéndose a costa de la sociedad, presentándola además como la única posible, aun cuando no hace más que prolongar la crisis y el sufrimiento de los empobrecidos. Vivimos, de hecho, en una dictadura con apariencia de democracia.

4. Una cultura social contraria a la comunión y la fraternidad A esta perversión del sentido de la economía y de la política, hay que añadir un tercer problema de enorme trascendencia: la cultura

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individualista y consumista, sustentada, además, por el relativismo moral, que domina nuestra sociedad. Es la cultura que ha logrado extender el capitalismo, hasta lograr que nos parezca normal lo que no es nada normal: la falta de comunión en la vida social. Esta falta de comunión no ha nacido con la crisis, era lo que ya existía antes de la crisis y no se cuestionaba socialmente: «Nuestra crisis ha vuelto a poner en evidencia algo que nos parece normal: el sufrimiento de los débiles, de los empobrecidos, de los oprimidos, de los explotados. Decimos que nos paree normal porque estos —débiles, empobrecidos, oprimidos y explotados— no son producto de la crisis, existían antes de la misma, lo que la crisis ha hecho ha sido incrementar su número y nuestro miedo: el miedo de sentirnos vulnerables, el miedo de ver acercarse cada vez más la posibilidad de poder entrar en la tragedia del desempleo y la pobreza. Pero las víctimas ya estaban ahí (…) Se ha introducido un mecanismo en la sociedad y en nuestra vida que nos induce a movernos guiados por el principio de la satisfacción personal y a alejarnos de todo lo que puede incomodarnos, especialmente del dolor y del sufrimiento de los otros» 8.

La mentalidad y la forma de vida individualista y consumista han debilitado socialmente el sentido de la justicia y del bien común, y son un gran obstáculo para darnos cuenta de lo que significa el modelo económico-social que se ha ido construyendo en las últimas décadas. Sobre todo para darnos cuenta de lo que supone de destrucción de las bases de la comunión en la vida social. Esta cultura ha extendido como normal una manera de entender la vida y una forma de vivir centrada en la búsqueda del propio interés, conveniencia, gusto…, con un olvido social cada vez mayor de las situaciones de injusticia, de los empobrecidos. Esta es una forma de vida más preocupada, en la práctica, por el tener (en forma de oportunidades de consumo) que por buscar construir juntos una vida 8 Comisión Permanente de la HOAC: Cultura consumista y libertad del hombre, Cuadernos HOAC, n.º 2, Madrid 2009, pp. 6-7. Para ampliar lo que aquí planteamos sobre la cultura puede verse este Cuaderno.

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social más justa y humana, que sólo es posible buscando de forma prioritaria el reconocimiento de los derechos de los empobrecidos. Creemos que ésta es una de las razones fundamentales que explican la facilidad con que hemos asumido socialmente algunos principios de las políticas neoliberales que son destructivos para la comunión en la vida social. Por ejemplo: que bajar los impuestos es bueno, que el crecimiento económico debe ser lo primero, que las privatizaciones son buenas, que los empobrecidos son responsables de su propia situación, que los trabajadores deben adaptarse a las necesidades de la competitividad, que proteger a las personas es malo para el funcionamiento de la economía, etc… Y también explica la escasa reacción social ante la actual situación. Es cierto que ha habido, por parte de algunos, una reacción de indignación ante lo que está ocurriendo, que existen comportamientos solidarios, que hay una cierta resistencia ante el deterioro de los derechos sociales… Pero también lo es que lo que predomina es más bien el miedo y la resignación, y la búsqueda de salidas individualistas y poder volver a tener oportunidades de consumo. Hay una característica de esta cultura individualista y consumista que debilita especialmente las bases del reconocimiento de los derechos sociales: el situarnos ante todo como consumidores. El individuo consumista piensa que todo debe ser elegible, como los productos de un supermercado. Y hemos llegado a identificar la libertad con esta capacidad de elección del consumidor. Esa manera de entender la libertad es incompatible con lo que representan los servicios públicos como concreción del reconocimiento de los derechos sociales. La atención médica, la educación, la cobertura de desempleo, las prestaciones sociales, las pensiones… no las «elegimos», son para todos según lo que establece el Estado. Y hemos llegado a pensar que sí deben ser «elegibles» por cada uno y que así seremos más libres. Pero, enton-

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ces, el problema es ¿quién puede elegir? Desde luego, los empobrecidos no pueden. Esta mentalidad debilita el acceso por parte de los más débiles a los derechos sociales y tiende a establecer un dualismo social: el de los que pueden «elegir» —con más derechos— y el de los que no pueden hacerlo —con menos derechos—. Esta cultura dominante es muy negativa para los derechos sociales porque debilita profundamente el «nosotros» sobre el que se fundamenta su reconocimiento. Más aún, otra característica de nuestra cultura es el relativismo moral también en los principios que regulan nuestra vida económica y social. Se ha extendido el pensamiento de que no hay unas conductas buenas o malas en la vida económica y social. Todo es subjetivo en función de que favorezca o no el interés particular, la acumulación de beneficios y el crecimiento económico. Esta falta de valores hace que se lleguen a justificar decisiones políticas que generan sufrimiento a las personas o que se justifique que los medios se antepongan a los fines. La defensa de los derechos sociales requiere que rompamos este relativismo moral, en concreto, en el ámbito económico y social.

II. Para valorar la situación de los derechos sociales «El amor al dinero es la raíz de todos los males» (1 Timoteo 6, 10). «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia» (Mateo 5, 6).

El planteamiento de la Doctrina Social de la Iglesia sobre los derechos sociales de las personas es muy claro: el reconocimiento práctico y efectivo de los derechos sociales de las personas es fundamental para que la sociedad funcione humanamente, estando

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al servicio de la realización de las personas. Este reconocimiento práctico de los derechos sociales debe ser siempre una prioridad en razón del respeto a la dignidad de las personas y de la justicia debida a los empobrecidos. En este sentido, Benedicto XVI, en Caritas in veritate hace un diagnóstico muy concreto de la actual situación: a) El funcionamiento de una economía profundamente desviada de su sentido humano y las decisiones políticas que se han tomado, están deteriorando las condiciones laborales y debilitando las redes de protección social, con «grave peligro para los derechos de los trabajadores, para los derechos fundamentales del hombre y para la solidaridad en las tradicionales formas del Estado social». Es urgente modificar esta situación y, para ello, hace un llamamiento a recordar y poner en práctica un principio fundamental y básico de la ética social: «el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad, pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social» (n.º 25). b) La dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren especialmente hoy que las decisiones económicas no hagan aumentar todavía más las desigualdades, como está ocurriendo, porque estas desigualdades erosionan la cohesión social y ponen en peligro la misma democracia. Más en concreto: «reducir el nivel de tutela de los derechos de los trabajadores y renunciar a mecanismos de redistribución del rédito… impiden consolidar un desarrollo duradero». Esta situación exige «una nueva y más profunda reflexión sobre el sentido de la economía y de sus fines» (n.º 32). c) Para hacer frente a la actual situación es fundamental el papel de los Estados en la defensa del bien común: «con relación a

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la solución de la crisis actual, su papel parece destinado a crecer, recuperando muchas competencias (…) Además, la articulación de la autoridad política en el ámbito local, nacional o internacional, es uno de los cauces privilegiados para poder orientar la globalización económica. Y también el modo de evitar que ésta mine de hecho los fundamentos de la democracia» (n.º 41). d) Más aún, la actual situación reclama nuevas responsabilidades en la defensa de la dignidad de las personas y para una nueva ordenación de la vida económica y social en favor de las personas: «Las nuevas responsabilidades que nos reclama la situación de un mundo que necesita una profunda renovación cultural y el redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales construir un futuro mejor. La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas» (n.º 21). Este juicio de la actual situación que hace Benedicto XVI, se fundamenta en principios fundamentales de la vida social, en principios de humanidad que defiende y propone la Doctrina Social de la Iglesia. En lo que se refiere a la valoración de la actual situación de los derechos sociales de las personas son particularmente importantes los siguientes: 1.º El reconocimiento práctico de la dignidad de las personas debe ser el principio fundamental de organización de la vida social: lo primero deben ser siempre las personas y, para ello, es necesario el reconocimiento práctico de los derechos humanos, de los que son una parte importante los derechos sociales: «El movimiento hacia la identificación y la proclamación de los derechos del hombre es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana. La Iglesia ve en estos derechos la extraordinaria ocasión que

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nuestro tiempo ofrece para que, mediante su consolidación, la dignidad humana sea reconocida más eficazmente y promovida universalmente». (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n.º 152). Este reconocimiento de los derechos sociales debe tener también en cuenta la dimensión familiar de la vida de las personas: hay que «superar las concepciones meramente individualistas y asumir la dimensión familiar como perspectiva cultural y política, irrenunciable en la consideración de las personas. Ello no se coloca como alternativa de los derechos que las personas poseen individualmente, sino más bien como su apoyo y tutela (…) porque las personas no deben ser consideradas sólo singularmente, sino también en relación a sus propios núcleos familiares» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n.º 254) 9.

2.º Este reconocimiento de la dignidad humana como centro de la vida social también implica el reconocimiento efectivo de los derechos de los trabajadores, criterio decisivo para organizar toda la actividad económica: «Cuando se trata de determinar una política laboral correcta desde el punto de vista ético (…) tal política es correcta cuando los derechos objetivos del hombre del trabajo son plenamente respetados (…) La realización de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas económicos, los cuales (…) se dejen guiar sobre todo por el criterio del máximo beneficio. Al contrario, es precisamente la consideración de los derechos objetivos del hombre del trabajo (…) lo que debe constituir el criterio adecuado y fundamental para la formación de toda la economía» (Juan Pablo II, Laborem exercens, n.º 17).

3.º Porque la economía debe estar al servicio de las necesidades de las personas y, por tanto, también del reconocimiento de los derechos sociales: 9 Esta dimensión familiar es hoy muy importante, porque vivimos en un sistema económico, sobre todo en un sistema productivo, que trata a las personas como individuos aislados y mutila su dimensión familiar, relacional, social. Por eso es tan importante contemplar los derechos sociales de las familias. Sobre esto puede verse: Comisión Permanente de la HOAC, Un trabajo digno para la familia. Una familia para la vida, Madrid 2006.

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«También en la vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona, su entera vocación y el bien de toda la sociedad. Porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social». Por ello, la finalidad de la economía «no es el mero incremento de los productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio del hombre, del hombre integral, teniendo en cuenta sus necesidades materiales y sus exigencias intelectuales, morales, espirituales y religiosas; de todo hombre, decimos, de todo grupo de hombres» (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n.os 63 y 64).

4.º Por todo lo anterior, la comunidad política tiene como primera obligación y responsabilidad garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas y salvaguardar los bienes colectivos: «La comunidad política tiende al bien común cuando actúa a favor de la creación de un ambiente humano en el que se ofrezca a los ciudadanos la posibilidad del ejercicio real de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de los respectivos deberes: de hecho, la experiencia enseña que, cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos en lo económico, lo político o lo cultural, se produce entre los ciudadanos, sobre todo en nuestra época, un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando que los derechos y deberes de la persona humana carecen de toda eficacia práctica» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n.º 389).

5.º Para hacer efectiva esa responsabilidad de la comunidad política son imprescindibles políticas para una distribución justa de la riqueza social: «El bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino también teniendo en cuenta el modo en que son producidos y el grado de equidad en la distribución de la renta, que debería permitir a todos disponer de los necesario para el desarrollo y el perfeccionamiento de la propia persona (…) Un bienestar económico auténtico se alcanza también por medio de adecuadas políticas sociales de redistribución de la renta» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n.º 303).

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Y en ello son muy importantes unas políticas fiscales justas: «Los ingresos fiscales y el gasto público asumen una importancia económica crucial para la comunidad civil y política: el objetivo hacia el cual se debe tender es lograr una finanza pública capaz de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad. Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía, porque logra favorecer el crecimiento de la ocupación, sostener las actividades empresariales y las iniciativas sin ánimo de lucro, y contribuye a acrecentar la credibilidad del Estado como garante de los sistemas de previsión y de protección social, destinados en modo particular a proteger a los más débiles» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n.º 355).

6.º P orque el destino universal de los bienes es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social para que se reconozca efectivamente la dignidad humana y los derechos sociales a ella vinculados: «Entre las múltiples implicaciones del bien común, adquiere inmediatamente relieve el principio del destino universal de los bienes: Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad». «Entre las múltiples implicaciones del bien común, adquiere inmediatamente relieve el principio del destino universal de los bienes: Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n.os 171 y 172).

7.º En la afirmación de los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, hay que prestar, por tanto, especial atención a las necesidades y derechos de los empobrecidos. Esa prioridad de las necesidades y derechos de las personas empobrecidas se concreta en la lucha por la justicia: «El Amor por el hombre, y en primer lugar por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se concreta en la promoción de la justicia (…) Esto

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será posible (…) cambiando sobre todo los estilos de vida, los modelos de producción y consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad» (Juan Pablo II, Centesimus annus, n.º 58).

Por eso, Juan Pablo II concretó esto en un principio de humanidad que tiene hoy una gran actualidad para orientar nuestra vida y acción: «Las necesidades de los pobres deben tener preferencia sobre los deseos de los ricos; los derechos de los trabajadores, sobre el incremento de los beneficios» (Toronto, 14 de septiembre de 2004). Este principio es hoy iluminador para situarnos ante los derechos sociales de las personas.

III. Defender los derechos sociales, un deber de justicia De lo que hemos planteado en esta reflexión se desprende una conclusión evidente: defender los derechos sociales de los trabajadores es un deber de justicia. Lo exige la dignidad de las personas, el bien de la sociedad y, en particular, las necesidades de los empobrecidos. Como ya hemos dicho al principio, estamos en un momento en que se están atacando los derechos sociales para hacerlos retroceder con la pretensión de someter mejor a las personas a las exigencias de la rentabilidad económica. Por eso, la defensa de los derechos sociales es hoy fundamental para construir un futuro más humano y para defender la justicia en la vida social. Para avanzar en esa defensa de los derechos sociales necesitamos: 1.º Ante todo, defender y extender socialmente una nueva mentalidad frente a la que difunden los más poderosos económicamente, los grandes beneficiarios de la actual situación, interesados en debilitar los derechos sociales de las personas para seguir enriqueciéndose y aumentar su poder y dominio sobre el conjunto de la sociedad. Este aspecto es hoy muy impor-

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tante porque la mentalidad que debilita los derechos sociales está muy extendida en nuestra sociedad y ha sido asumida, de hecho, por sectores muy amplios de la sociedad. Combatir esa situación es decisivo para extender la defensa de los derechos sociales. En particular, necesitamos defender y extender: • E xisten recursos sociales suficientes para financiar los derechos sociales. No es cierto que sea inevitable recortarlos porque, debido a la situación económica, no hay recursos para financiarlos. Lo que ocurre realmente no es que no exista dinero para financiar los derechos sociales, sino que se ha hecho la opción política, sometiéndose a los deseos de los más poderosos económicamente, de dedicar más recursos sociales a su acumulación de riqueza en lugar de hacerlo a responder a las necesidades sociales. Es la injusta distribución de la riqueza social lo que hay que cambiar. • L os derechos sociales deben tener prioridad porque son imprescindibles para la libertad de las personas, en particular para los empobrecidos. Los derechos sociales no son un coste que haya que reducir lo más posible, significan la defensa de la dignidad de las personas y crean condiciones para construir humanamente la vida personal y social. No es cierto que una adecuada protección social desincentive la iniciativa de las personas, como se dice, por ejemplo, cuando se aduce que una «excesiva» protección por desempleo hace que los parados no busquen empleo con el debido interés. Al contrario, una adecuada protección social es necesaria para que las personas no sean esclavizadas por las exigencias del mercado capitalista. • L a defensa de los derechos sociales necesita de servicios públicos suficientes, la defensa de lo público y la

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oposición a la privatización de los servicios públicos vinculados a los derechos sociales. No es cierto que la privatización de servicios públicos los haga más eficientes, lo que hace en realidad es someter derechos sociales a la lógica del negocio y provocar mayores desigualdades e injusticias. Igualmente, la supuesta libertad de elección (por ejemplo en servicios de salud, pensiones…) es, de hecho un ataque a la universalidad de los derechos sociales y perjudica a los empobrecidos; genera comportamientos individualistas en aquello que más necesita de defensa de lo común para que avance la justicia, garantizando la calidad y la suficiencia de las prestaciones para todos. • L a defensa de los derechos sociales necesita extender la mentalidad de la necesidad de políticas fiscales justas que generen de manera equitativa una redistribución de la riqueza y, al mismo tiempo, de corresponsabilidad y honradez de todos los ciudadanos. Hemos de extender la mentalidad de que evadir impuestos, sean al nivel que sea, es una inmoralidad. Inmoralidad que se agrava cuanto mayores consecuencias sociales acarrea dicha conducta. • L os derechos sociales van ligados a la dignidad de todas las personas. No son derechos que emanan de tener o no trabajo; o de haber nacido en una nación o en otra. En este sentido hemos de extender la mentalidad de que todos, también los inmigrantes, son sujetos de derechos. 2.º Luchar por modificar en profundidad el actual modelo económico que, en la práctica, es contrario a los derechos sociales. Y, a la vez, la defensa y extensión de los derechos sociales es un camino fundamental para modificar el

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modelo económico. El modelo económico actual es profundamente inmoral porque: — hace que se obtenga gran parte de los beneficios de la especulación y el engaño y no de la expansión del trabajo, ni de la producción de bienes y servicios necesarios socialmente; — elimina posibilidades de empleo para muchas personas; — ha roto toda vinculación con la finalidad social de la actividad económica; — realiza sistemáticamente prácticas de engaño y evasión de sus responsabilidades sociales. Esta situación es radicalmente injusta y está destruyendo las bases de la misma sociedad. Urge acometer las reformas legales y políticas necesarias para dotar a la economía de un profundo sentido de responsabilidad social y moral que la someta al imperativo del bien común y del interés general, mediante su orientación a las necesidades sociales, a la creación de empleo decente y a la protección y extensión de los derechos sociales de las personas. 3.º Luchar por otro modelo político. El modelo económico que debilita los derechos sociales no es algo natural e inevitable, es el resultado de políticas que se han sometido a los deseos e intereses de los más poderosos económicamente. Es necesario modificar en profundidad el modelo político actual para que la actividad política esté centrada en la defensa del bien común y de la justicia. Para ello es necesario recuperar el poder de decisión que se ha robado al conjunto de la población, pues necesitamos una acción política que: ometa el funcionamiento de la economía a las nece• S sidades sociales, acabando con todas las actividades

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especulativas, dirigiendo todos los recursos a la economía productiva, al empleo decente y a la financiación de las necesidades sociales. Para ello es imprescindible reformar en profundidad el sistema financiero de forma que sólo pueda funcionar para financiar la economía real que tenga interés para la sociedad. • D é prioridad real en el gasto público a las necesidades de los empobrecidos para que dejen de serlo. • P romueva el empleo decente, unas condiciones dignas de trabajo y fortalezca la capacidad de negociación de los trabajadores, abandonando la vía de las reformas laborales que se vienen llevando a cabo, pues no hacen otra cosa que precarizar el empleo y debilitar los derechos de las personas en el trabajo. • R eforme en profundidad el sistema fiscal y luche contra los paraísos fiscales para realizar una efectiva distribución de la riqueza social con justicia, que permita atender las necesidades sociales. • R efuerce y extienda los servicios públicos que responden a los derechos sociales de las personas, prestando la debida atención a los derechos sociales de las familias. • D esvincule progresivamente el reconocimiento efectivo de los derechos sociales del empleo y conciba los derechos sociales como algo debido a toda persona sólo por el hecho de serlo. La vinculación que hoy se da en muchos casos entre empleo y derechos sociales (por ejemplo en las prestaciones por desempleo o en las pensiones), con la extensión del empleo precario y del desempleo sólo significa un mayor empobrecimiento para muchos trabajadores, con peores prestaciones sociales. Por eso es necesario

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caminar hacia la garantía universal de todos los derechos sociales, con independencia del empleo de las personas y de su contribución particular a las prestaciones, financiándolos a través de políticas fiscales más justas. 4.º Luchar por la extensión de los derechos sociales al conjunto de la población mundial, lo cual implica dar mucho más relieve que hasta ahora a la solidaridad internacional a través de medidas para avanzar en justicia global y que permitan una redistribución más justa de la riqueza mundial. Tanto el trabajo decente como la extensión de los derechos sociales son imprescindibles para luchar contra el empobrecimiento. Como se ha escrito acertadamente: «La crisis económica (…) puede volvernos más ciegos de lo que ya estábamos. Asistimos a un creciente deterioro de las condiciones de vida de muchos conciudadanos; sin embargo, el sufrimiento humano más fuerte sigue estando fuera de nuestras fronteras. Y quizá ahora más que nunca, necesitamos fortalecer nuestra mirada internacionalista para seguir aproximándonos a quienes más sufren el empobrecimiento causado por el capitalismo neoliberal globalizado (…) Lo que se nos ofrece son salidas individuales en medio de una cultura del “sálvese quien pueda”. Pero sucumbir a esta propuesta es la mejor forma de reforzar un sistema general de precariedad a escala mundial (…) Nuestra apuesta ha de ser reconstruir un proyecto colectivo que ponga los bienes acumulados por una minoría al servicio de quienes sufren el empobrecimiento» 10. 10 Rafael Díaz-Salazar: Desigualdades internacionales. ¡Justicia ya! Hacia un programa mundial de justicia global, Icaria, Barcelona 2011, pp. 5-6. Aquí no podemos detenernos más en este aspecto. Este pequeño libro ofrece tanto un contundente análisis de las desigualdades en el mundo, subrayando que el empobrecimiento es causado por la desigualdad que genera el enriquecimiento de unos pocos, como propuesta concreta para cambiar esa situación promoviendo un programa mundial de justicia global.

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5.º Defender un medio ambiente donde sea posible la vida humana en plenitud. No hay democracia ni reconocimiento práctico de los derechos sociales si éstos no se pueden universalizar también a las nuevas generaciones. El derecho a un planeta y a un modelo de desarrollo sostenible es hoy por hoy fundamental. 6.º Construir otra manera de vivir y de actuar. Nada de lo que hemos planteado en los cinco apartados anteriores es posible si no hay personas que queramos vivirlo y luchar por hacerlo realidad. Para caminar en la dirección que hemos señalado necesitamos otra manera de vivir. Necesitamos, sobre todo, superar los modos de vida individualistas y consumistas sustituyéndolos por modos de vida presididos por la búsqueda de la comunión y la fraternidad entre las personas. No cambiará la mentalidad social y no cambiará el modelo económico, si no descubrimos y vivimos que lo que nos hace crecer humanamente no es la búsqueda del tener, del crecimiento económico, del enriquecimiento sin límites…, sino el compartir, el vivir la propiedad de los bienes desde la perspectiva de su destino universal. Y, sobre todo, no cambiará nada si no sentimos y asumimos como propio el sufrimiento de los empobrecidos y si no unimos nuestra vida a la suya para luchar juntos contra ese empobrecimiento injusto. Sin poner ese dolor de los empobrecidos en el centro de nuestra vida (sin compasión), no habrá lucha por la justicia. No cambiará el modelo político si no hay personas que queramos vivir la política de otra manera, con la búsqueda en la vida cotidiana y en la vida de las instituciones sociales de lo que construye comunión, de una acción política entendida como expresión de nuestra responsabilidad hacia los otros y hacia la construcción de

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relaciones sociales más justas y humanas. No avanzaremos en justicia global si no hay personas que nos planteemos la vida teniendo presente, cada día, el empobrecimiento que sufren miles de millones de hermanos y hermanas nuestras. Esa manera de vivir la construimos con nuestro hacer, con nuestra manera de actuar. Todo lo que hemos planteado necesita de propuestas concretas que nos ayuden a avanzar en la defensa y extensión de los derechos sociales. Para cambiar la mentalidad, el modelo económico, el modelo político…, es imprescindible la acción en la realidad concreta: lo es la reivindicación permanente de lo que es justo, la oposición decidida a todos los recortes de los derechos sociales, lo es la extensión y aplicación de las medidas que nos hagan avanzar en justicia… Y eso pasa, necesariamente, por la participación en las organizaciones y movimientos sociales, sindicales, políticos… que quieren avanzar en esa dirección y que hacen propuestas concretas para esa acción. Nuestra participación en esa acción es fundamental para vivir de otra manera. Y en esa tarea es como vamos construyendo nuestra propia humanidad. Es en la tarea común de construir un mundo más humano donde nos hacemos humanos. Una tarea que es de todos y que hemos de construir juntos. La Iglesia y cada uno de los cristianos estamos llamados a participar activamente en esa tarea. Nuestras comunidades, movimientos, parroquias…, tienen una especial responsabilidad en la defensa, extensión y promoción de los derechos sociales como un aspecto fundamental de los derechos de las personas vinculados a su dignidad de hijas de Dios. Para ello necesitamos crecer en:

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— vivir un compromiso social y político al servicio de las personas, en particular de los empobrecidos del mundo obrero y del trabajo, como expresión de la caridad; — cuidar la formación de los miembros de nuestras comunidades en la dimensión social y política de la fe, y en el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia; — que nuestras comunidades acojan, en la catequesis, la oración, la liturgia, la acción caritativa…, la situación y defensa de los derechos sociales de las personas; — a coger la vida de las víctimas de la negación y los recortes de los derechos sociales; — participar en todas las luchas sociales que buscan defender y extender los derechos sociales; — difundir y extender la nueva mentalidad social que es necesaria para la defensa de los derechos sociales… Así podremos hacer realidad las palabras del Concilio Vaticano II, que nos invitan a asumir como propia la causa de la defensa de la dignidad de las personas, en particular de los empobrecidos: «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón» (Gaudium et spes, 1).

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Cuestionario para la reflexión personal y en grupo 1. De todo lo que se explica en este Cuaderno, ¿qué destacaríamos?, ¿qué otros elementos añadiríamos? 2. ¿Qué rostros podemos poner en nuestra realidad concreta a lo que se explica en este Cuaderno? Ponemos algún ejemplo concreto de cómo se están perdiendo los derechos sociales y explicamos las consecuencias que vemos está teniendo para las personas. 3. En el Cuaderno se explica la necesidad de defender los derechos sociales de los trabajadores como un deber de justicia: ¿cómo explicaríamos nosotros las razones fundamentales para defender los derechos sociales? 4. En la última parte del Cuaderno se señalan algunos caminos para defender los derechos sociales: ¿Cómo podemos concretarlos en nuestra vida y acción? a) ¿Qué vamos a hacer en concreto para caminar en esa dirección? b) ¿Qué podemos hacer al respecto desde nuestras comunidades, movimientos, parroquias…? ¿Qué compromisos concretos podemos establecer para avanzar en el crecimiento de la dimensión política de la fe, en el conocimiento de la DSI, en la acogida de la vida de las víctimas…? 5. Al principio de esa última parte del Cuaderno se plantea la importancia de extender socialmente una nueva mentalidad sobre los derechos sociales. ¿Qué podemos hacer para compartir esta reflexión sobre los derechos sociales de los trabajadores con otras personas y/o grupos?

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