«No negarás justicia a tu pobre» (Ex 23,6) Documento presentado a las instituciones europeas y a los Estados miembros con ocasión de la conferencia ecuménica, organizada en el Parlamento europeo en Bruselas el 20 septiembre 2010 (traducido de Il Regno 21/2010). Cáritas Europea, KEK –Comisión Iglesia y sociedad–, Secretariado COMECE, Eurodiaconía Traducción del italiano: Isaac Núñez «Sobre la base de nuestra fe cristiana nos implicamos a favor de una “Europa humana y social”, en la que se tengan en cuenta los derechos humanos y los valores básicos de la paz, la justicia, la libertad, la tolerancia, la participación y la solidaridad» (Carta ecuménica, Estrasburgo, 22/4/2001).
Introducción En el marco del Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y en vista de la adopción por parte de la Unión Europea de una nueva estrategia social, económica y ambiental para los próximos diez años (Europa 2020), Cáritas Europea y la Comisión iglesia y sociedad de la Conferencia de las Iglesias europeas (KEK), el Secretariado de la Comisión de los episcopados de la Comunidad Europea (COMECE) y Eurodiaconía nos hemos reunido para afirmar sus preocupaciones comunes, esperanzas, responsabilidades y visiones de la realidad. Pedimos a la UE y a sus estados miembros un fuerte compromiso político y la acción correspondiente a favor de una sociedad que persiga el bienestar de todas las personas y permita a cada persona vivir dignamente.
Análisis de la situación: la crisis, una oportunidad para repensar nuestro sistema En abril de 1997, a petición de la Comisión Europea, las Iglesias y las organizaciones diaconales de la UE tuvieron unos encuentros sobre temas de la pobreza y la exclusión social. Compartieron sus convicciones y preocupaciones sobre temas como la desocupación, las pensiones, la sostenibilidad de los sistemas de la seguridad social, la migración y el racismo, los efectos de la globalización. Hoy, 13 años después, Europa y el mundo han cambiado. Ahora la UE está compuesta por 27 estados; la globalización ha aumentado la interdependencia y los intercambios en todos los campos (por ej., comercio, finanzas, educación, cultura). Las instituciones europeas han adoptado nuevos instrumentos, como el Tratado de Lisboa, y los derechos sociales han adquirido una mayor importancia política y un mayor reconocimiento legal. Pero su traducción en la práctica parece todavía débil. La UE, con su nueva estrategia «Europa 2020» y ante la negociación de sus nuevas prospectivas financieras, debe todavía afrontar varios retos para el logro de la justicia social. De hecho, aunque ésta sea una época de riqueza sin precedentes, actualmente los estados miembros de la UE atraviesan la crisis más grave desde los años 30.
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Europa: rica pero desigual Ya antes de la crisis del 2008 la situación económica estaba distorsionada, con una concentración de riqueza en un lado y una difusa hambre y pobreza en otro. En la UE, una de las regiones más ricas del planeta, el 17% de la población, casi 84 millones de personas, vive por debajo del ingreso medio del 60%, definido como umbral de la pobreza. El crecimiento económico parece haber beneficiado a los ricos más que a los pobres y en la UE el diferencial entre ricos y pobres ha aumentado, agravando así la disparidad de los ingresos y la pobreza. El paso de la sociedad del modelo industrial a un modelo basado en el conocimiento ha producido importantes efectos sociales. La transformación del mercado de trabajo ha perjudicado a los trabajadores poco cualificados y a sus respectivas familias. Al mismo tiempo, han cambiado las bases económicas de regiones enteras y ciudades tradicionalmente industriales, requiriendo un reasentamiento que ha agravado la disparidad en los estados miembros de la UE. Esto
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provoca una economía inestable y expuesta a la crisis y desestabiliza las comunidades a nivel global y local. Estas disparidades ponen en peligro la estabilidad y la paz social. Continuar en este camino no es sostenible. La crisis económica y financiera: fruto de políticas, prioridades y valores equivocados La crisis económica no ha sucedido por casualidad, sino que es el resultado de opciones políticas. Es fruto de un sistema financiero y económico determinado, de juicios equivocados por parte de quienes han tomado las decisiones en el sistema financiero, y de los gobiernos. Veinticinco años de prosperidad han inducido a economistas, gobiernos y opinión pública a creer en la bella fábula de un mercado estable, eficiente y en disposición de autorregularse. Un mercado en el cual el dinero generaba más dinero y la riqueza más riqueza. El deseo de la riqueza se ha hecho obsesivo y miope durante los años de la mayor prosperidad que Europa haya conocido jamás. Y es en este preciso contexto en el que ha madurado el boom de los prestamos sub-prime, basados sobre los precios sobrevaluados de los terrenos y de las casas. La economía mundial ha estado fuertemente influenciada por un sistema financiero especulativo, injusto respecto a los ciudadanos, que tenían que vivir únicamente de su trabajo. Es este error fundamental lo que sea necesita corregir en función de un proceso económico sano y estable. La crisis pone en cuestión una serie de convicciones que han sostenido también las políticas económicas de la UE en los últimos decenios, como la autorreglamentación del mercado, la primacía de los criterios económicos en todos los sectores de la vida, la importancia del beneficio y del crecimiento. La crisis actual se ha agravado a causa de una falta de confianza en las instituciones financieras y políticas y en el sistema que la ha generado y también a causa de una crisis de valores. De hecho, a la raíz de la actual crisis financiera y económica se encuentra una crisis de valores. La crisis demuestra que se han invertido medios y fines de la política económica. El crecimiento, la competitividad y el mercado no son fines en sí mismos sino medios para acrecentar el bienestar de las personas y asegurar sociedades estables y cohesionadas. La economía debe servir al bien común de las personas y de la sociedad. La desreglamentación de los mercados ha producido un debilitamiento de las prioridades políticas y de los objetivos sociales de la economía. No se necesita cambiar el crecimiento del producto interior bruto (PIB) para el progreso de la sociedad. Necesitamos reordenar las prioridades, de manera que el bienestar de las personas y la salvaguarda de la creación sean preservados y la economía esté guiada por principios de los derechos humanos sociales. Solamente una economía que responda a las necesidades de las personas y no a su avaricia es sostenible.
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La crisis económica y financiera: un perjuicio para los más vulnerables El impacto social de la crisis económica y financiera ha conducido a un mayor número de personas a la pobreza y la situación ha empeorado para los que ya estaban desesperados. Millones de personas han perdido su puesto de trabajo o son constreñidas a aceptar una reducción del salario o puestos de trabajo precarios. Por razón de que las finanzas públicas han sido duramente golpeadas, a veces el nivel de las prestaciones de la seguridad social ha disminuido y los recortes de gastos sociales han llevado a un empeoramiento de las condiciones de vida de los grupos vulnerables. En muchos países, el excesivo endeudamiento de individuos y familias se está haciendo un problema extendido. El desempleo entre los jóvenes ha aumentado de modo dramático y amenaza el futuro de una generación entera. No están todavía claros en toda su gravedad el impacto de la crisis y sus efectos estructurales, culturales y espirituales a largo plazo sobre grupos de riesgo, efectos que podrían agravar la fragmentación en nuestras sociedades. ¿Cuál ha sido la respuesta? Se han gastado millardos de euros para salvar a algunos bancos de la bancarrota y permitir al sistema financiero continuar operando. Son dineros que deberán devolver en los próximos decenios las futuras generaciones de contribuyentes. Se han gastado también millardos de euros para sostener la credibilidad de los deudores soberanos, miembros de la zona euro, a los ojos de los mercados financieros. Todo esto está en estridente contraste con las pequeñas sumas gastadas para proteger a las personas de las devastadoras consecuencias sociales de la crisis. Los gobiernos están cortando las transferencias a los servicios sociales, a la sanidad y a las redes de seguridad que, en tiempo de crisis, deberían garantizar a las personas el acceso a sus derechos sociales. Desde un punto de vista meramente económico, los costes sociales de la crisis podrían ser considerados las consecuencias, trágicas pero inevitables, de la dinámica del mercado. Si aceptamos esta explicación, traicionamos el bien común y no disponemos nada respecto a la crisis y al modo en el que promover la justicia y la paz en nuestras sociedades europeas y mundiales. La crisis no hace referencia solamente a los errores y las decisiones erradas del sistema económico, sino que atañe también a la legitimidad moral del sistema y de sus valores. El año 2010 debiera haber estado dedicado a la discusión no sólo sobre cómo remediar los daños causados por la crisis, sino especialmente sobre cómo cambiar el sistema y evitar nuevas crisis, reduciendo al mismo tiempo la pobreza. Los gobiernos debieran haber reformado y reglamentado el sector financiero para ponerlo al servicio de las necesidades de la sociedad y de la economía real. Es necesario reequilibrar la relación
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entre estado y mercado y subrayar que los gobiernos tienen el deber de respetar, proteger y asegurar los derechos económicos y sociales para todos. Cuando el mercado olvida los derechos humanos y el bien común, los gobiernos deben intervenir y ejercer su responsabilidad.
Pobreza: una realidad con muchas dimensiones En el actual debate político se dan dos aproximaciones clásicas para definir la pobreza. Hay personas y familias cuyos ingresos son insuficientes para la adquisición de los bienes y servicios básicos: esta es la pobreza absoluta, que en la IE ha disminuido fuertemente. Existe también la pobreza relativa, en la que se miden las desigualdades, y que ha aumentado. La pobreza relativa se calcula teniendo en cuenta los ingresos individuales en relación al ingreso medio de la población y la dificultad de cada persona y de las familias en poder permitirse los bienes y servicios típicos de la sociedad en que vivimos. Ello implica la incapacidad para participar en la vida de la sociedad al nivel normal de la mayoría de la población. Pero, desde el punto de vista cristiano, esta distinción entre pobreza absoluta y pobreza relativa en términos monetarios, aunque necesaria, es insuficiente, porque no engloba la entera realidad de la pobreza. En la concepción cristiana, la pobreza es una realidad con más dimensiones y no se reduce solamente a los aspectos materiales. Existen también aspectos relacionales y espirituales de la pobreza. Además, la tradición cristiana mantiene una visión positiva de la pobreza libremente elegida. Pobreza: límites legales al ingreso y otros aspectos Nosotros mantenemos una concepción amplia, que contempla la pobreza como una falta de bienestar, incluyendo situaciones precarias caracterizadas de modo particular por una permanente falta de recursos financieros. Pero, más allá de los recursos financieros, es necesario tener en cuenta otros importantes aspectos: bienestar físico (salud), alojamiento, educación, integración ocupacional (en vez de desempleo y condiciones de trabajo no seguras, precarias), integración social (integración en una red de relaciones, primaria y secundaria), residencia (para los migrantes), familia de origen («herencia social»). Además, en la pobreza influyen (a veces, más que el resto) otros aspectos, como los psicológicos, culturales, éticos y espirituales. Pobreza y exclusión no son solamente la falta de bienes materiales y de servicios sociales; también la fuerza de la familia y los vínculos familiares son fundamentales. Estas situaciones están ligadas, además, a la soledad y la la solidez de la red de seguridad de la persona. La pobreza genera la exclusión social y la exclusión social genera a su vez la pobreza, pero las dos realidades no se identifican. En cada sociedad pueden
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existir personas pobres, pero bien integradas en la sociedad y, al contrario, personas ricas socialmente no integradas. En base a la concepción cristiana, una sociedad inclusiva debe permitir a cada persona reconocer al otro y ser reconocida en los propios talentos personales, poder desarrollarlos y utilizarlos fructuosamente para sí y para los otros. Por ello la pobreza tiene importantes efectos relacionales, porque impide a las personas usar sus capacidades y, por tanto, contribuir al bien común. Una de las formas más profundas de pobreza es el aislamiento: la falta de relaciones y de vínculos sociales independientemente de las condiciones socioeconómicas.
«En la concepción cristiana, la pobreza es una realidad con más dimensiones y no se reduce solamente a los aspectos materiales. Existen también aspectos relacionales y espirituales de la pobreza. Además, la tradición cristiana mantiene una visión positiva de la pobreza libremente elegida» El cerco de la pobreza Algunos grupos sociales están más expuestos a la pobreza y a la exclusión; algunos de estos grupos están abandonados a múltiples discriminaciones (por ej., las mujeres incapacitadas y los migrantes ancianos). Las personas ancianas están generalmente más expuestas a la pobreza a causa de pensiones muy bajas; en algunos países, el porcentaje de las personas ancianas pobres alcanza el 25%. En muchos países de la UE las familias con hijos viven la pobreza más que la población general (19% de los niños frente al 17% de los adultos). Frecuentemente, la pobreza financiera depende del nivel del ingreso familiar, demasiado bajo para permitir condiciones de vida decente. Están particularmente en riesgo los niños que viven en una familia que no tiene trabajo o tiene un trabajo poco remunerado, los niños con un solo padre y los niños de familias numerosas, porque a menudo estas familias no están adecuadamente sostenidas por la sociedad. Muchas veces la transmisión de la pobreza de generación en generación limita las oportunidades y las elecciones desde la primera infancia, exponiendo así a los hijos a mayores obstáculos más adelante, a causa de la escasa educación, la salud y las perspectivas de trabajo. Pobreza y mujeres En la UE la pobreza y la exclusión social tienen mayormente un rostro femenino; y ello porque la ocupación, el trabajo y el salario son todavía igualmente distribuidos en todos sus estados miembros. Los factores que hacen a las mujeres más pobres que los hombres son
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complejos. En muchos casos es todavía difícil conciliar deberes familiares y trabajo remunerado. Si una familia se deshace, las mujeres corren frecuentemente un mayor riesgo de terminar en la pobreza. Los estereotipos juegan todavía un papel en la limitación de las elecciones laborales de las mujeres y de los hombres; esto impide a las mujeres disponer de iguales recursos financieros, especialmente si viven solas o dependen legalmente del marido (es el caso de muchas mujeres migrantes). Olvido del Estado de bienestar e individualización de los riesgos La pobreza y la exclusión dependen también de los sistemas del Estado de bienestar típicos de algunos países, que no sostienen adecuadamente a las personas en riesgo. Las sociedades que combaten más eficazmente la pobreza son aquellas con los niveles más bajos de desigualdad, obtenidos con una redistribución del ingreso mediante generosas aportaciones sociales y un adecuado acceso a los servicios. En los últimos veinte años algunos Estados han cancelado algunos de sus anteriores compromisos y renunciado a un acercamiento general y universal a la protección social de la pobreza. Han cambiado su sistema de bienestar, acentuando especialmente la responsabilidad individual y las condiciones para alcanzar los beneficios sociales. Esto ha determinado una mayor individualización de los riesgos sociales. El objetivo no es ya la prevención de la pobreza, sino únicamente la creación de redes de seguridad. Las políticas sociales han sido orientadas siempre hacia la ocupación y ajustadas a las exigencias de los mercados de trabajo flexible y de las políticas fiscales, haciéndoles pagar los gastos en función de las necesidades de inclusión y de seguridad social. Esto implica una creciente aceptación de la idea según la cual la sociedad no puede proteger al individuo de las disfunciones del mercado de trabajo y, por tanto, una creciente presión económica sobre los grupos desocupados. En definitiva, poniendo el acento casi exclusivamente el en mercado de trabajo, han sido relegados y además perjudicado otras fuentes y recursos del bienestar: no solamente el sistema del bienestar, sino también la familia y la sociedad civil, con sus estructuras y su potencialidad de gratuidad, reciprocidad y solidaridad. Estos cambios han inducido a algunos comentaristas a subrayar una creciente presión de los criterios económicos sobre las personas y sobre la sociedad y una acentuación predominante del beneficio y del crecimiento. Siguiendo estas tendencias, frecuentemente se han devaluado y reformado las formas de preservar el cuidado de las personas, lanzando siempre más a las que están en riesgo a la pobreza y la exclusión social. Como Iglesias cristianas, junto a las más sólidas organizaciones de sostenimiento del Estado social, nosotros queremos estar de de parte de los pobres y de los oprimidos y servir, acompañar y escuchar en espíritu de amistad, pero, al mismo tiempo y con la misma
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determinación, queremos trabajar en la reducción estructural de la pobreza y de la injusticia. Pobreza emocional, moral y espiritual: buscar la vida más allá del consumismo Hoy las sociedades ricas experimentan formas de marginación que pueden ser calificadas como pobreza emocional, moral y espiritual. No obstante la prosperidad económica, existen estas varias formas de malestar social. Cuanto más crece la prosperidad de una sociedad, más importante es, para la cohesión comunitaria, que nadie sea postergado. Una sociedad que centra la atención en el provecho individual, en el consumo y en la avaricia y no sobre la responsabilidad por el bien común, el bienestar y el futuro de todas las personas, genera pobreza relacional y está formada por personas que reducen su humanidad a un modelo para el que es más importante «tener» que «ser». Las personas endurecen su corazón, excluyen a los otros y a menudo interactúan entre ellas por razones de interés personal más que de amistad. En nuestra época, caracterizada por una gran abundancia, el consumo ha llegado a ser tan importante que induce a las personas a endeudarse gravemente para sostenerlo. Este proceso ha sido definido como una «máquina hedonística», en definitiva, insatisfactorio y, para quien no logra seguir el paso, una fuente de estrés que agrava los problemas de autoestima y el sentido de fracaso personal. Este consumismo genera una radical insatisfacción porque las aspiraciones más profundas no son apagadas, sino que son sofocadas. Un estilo de vida basado en el consumismo reduce el tiempo y el espacio dedicado a las cuestiones sobre el sentido de la vida. El afán de bienes materiales prevalece sobre la interioridad, la meditación y la reflexión espiritual. La búsqueda exclusiva de los bienes materiales y de la gratificación inmediata acrecienta la pobreza relacional y espiritual y causa también una injusta distribución de los bienes y una desigual participación en los servicios establecidos originariamente para todos. Esta máquina consumista contrasta con el ideal del cristianismo, según el cual el valor humano es independiente del éxito económico de la persona. En realidad, en el curso de la historia del cristianismo, hombres y mujeres han subrayado su preferencia por los pobres porque los cristianos, basándose en Mt 15, 3146, creen que Cristo está presente en los pobres y necesitados. Según la Iglesia de los orígenes, el significado de la comunión de bienes no se refiere solamente a la solidaridad entre las personas, sino que expresa también nuestra disposición hacia Dios (cf. Cipriano, Gregorio Niseno o Juan Crisóstomo). En la antropología ascética, la avidez es considerada la raíz de todos los males. Juan Damasceno subrayaba que todos los pecados tienen una duración limitada, mientras que la avaricia es una bestia que no muere nunca. Por ello, la avidez es considerada una forma interior de violencia, existente en todas las sociedades humanas. Francisco de
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Asís eligió libremente y radicalmente una vida pobre, porque la imitación de la condición de la inmensa mayoría de los pobres y compartir sus vidas le parecía el modo mejor de seguir a Cristo y encontrar a Dios. Para él vivir en pobreza significaba negarse a recorrer el camino equivocado de la obsesión del dinero. Las Confesiones de fe del tiempo de la Reforma animan a las personas a no poner su confianza en los bienes materiales, sino en la gracia de Dios, que conduce a la justicia y a las obras buenas (Apología de la Confesión de Augusta, art. IV y art. XXVII). Por tanto, una visión positiva de la pobreza ha sido un elemento importante de la tradición cristiana desde los orígenes y desde entonces ha continuado siendo una fuerza estimulante. Hoy, esta visión viene acompañada de la llamada a la «simplicidad de vida» que muchas Iglesias y comunidades cristianas proclaman desde hace muchos años. Más recientemente, la idea de la «simplicidad de vida» ha llegado a la opinión pública a través de proyectos de búsqueda y grupos de expertos implicados en formas alternativas, sostenibles de producción y consumo, en respuesta a algunos retos mundiales como las prácticas comerciales injustas y los cambios climáticos. La pobreza definida como «simplicidad de vida» libremente elegida puede llegar a ser, pues, un modo para profundizar no solamente en el desarrollo personal de cada individuo y reforzar las relaciones interpersonales, sino también para transformar la sociedad a través de una potenciación de la calidad y de la sostenibilidad de la vida. Hoy conviene retornar a trabajar simultáneamente por la conversión de los corazones y por el cambio de las estructuras. De otra manera, la prioridad concedida a las estructuras y a la organización técnica respecto a la persona y a las exigencias de su dignidad expresarían una antropología materialista, contraria a la construcción de un justo orden social.
la comunidad, teniendo en cuenta su vulnerabilidad y sus necesidades. Esta prospectiva ha modelado a Europa. El desarrollo de la conciencia social de Europa ahonda sus raíces en la concepción cristiana de la responsabilidad por nuestro prójimo, que expresa una forma de coexistencia en la que cada ser humano es tratado con amor, dignidad y respeto, independientemente de su condición inicial o de sus relaciones, y sin prejuicios respecto a raza, color, origen, etc. Independientemente del hecho de ser pobre, esclava o extranjera, la persona es siempre considerada un hermano o una hermana.
«Las tradiciones cristianas, en sus reflexiones sobre la justicia social, tienden a ver las condiciones sociales desde el punto de vista de los miembros más débiles de la comunidad» Esta concepción bíblica de la responsabilidad hacia el prójimo tiene tres importantes consecuencias: –el reconocimiento de la dignidad y del honor de cada persona, independientemente de sus relaciones o capacidades; cada persona humana tiene derecho a participar en la vida social; –la justicia social, como generadora de imparcialidad e igualdad de oportunidades, permitiendo así a cada persona ejercitar su propia libertad; –la solidaridad, gracias a la cual la persona, mediante las propias acciones y las propias aportaciones, asegura la calidad de la vida de los otros.
Nuestras propuestas éticas: responsabilidad hacia nuestro prójimo y por la dignidad humana de todos De la dignidad a la inclusión mediante relaciones justas Creemos que la dignidad humana tiene su origen en Dios y proviene de él, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Desde esta visión, cada persona humana posee la misma dignidad y honorabilidad. Por ello, cada persona tiene un valor inalienable, una identidad personal soberana, «dones» y potencialidad dados por Dios. Nadie puede ser considerado privado de derechos, por lo que es necesario respetar siempre la dignidad y el honor de cada persona. Las tradiciones cristianas, en sus reflexiones sobre la justicia social, tienden a ver las condiciones sociales desde el punto de vista de los miembros más débiles de
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La justicia social implica el reconocimiento de la interdependencia de los seres humanos. Por ello, todos los seres humanos tienen una común responsabilidad recíproca, una común vocación a construir una única comunidad humana, en la cual todos –individuos, pueblos y Estados– viven y se desarrollan en base a los principios de la fraternidad y de la responsabilidad.
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La opción preferencial por los pobres Desde el punto de vista de la ética cristiana, los pobres son el criterio en base al cual medir la justicia. Por lo que cada acción social, política y económica debiera ser valorada en base a la medida en que tiene en cuenta, favorece y refuerza a los pobres. Una sociedad justa capacita a las personas a reconocer sus talentos individuales, desarrollarlos, utilizarnos para sí misma y para los otros, participar activamente en la vida de la sociedad. En este sentido, la pobreza como negación de la justa distribución y participación es una ofensa a la dignidad humana. Las Iglesias están por tanto obligadas a una «una opción preferencial por los pobres». La «opción preferencial por los pobres» contiene tres líneas guía: –eliminar la exclusión e implicar a cada persona en la vida de la sociedad; –empeñarse en ver las cosas desde el punto de vista de las personas que viven excluidas de la abundancia; –estimular a las personas en situación de bienestar a compartir y establecer una verdadera alianza de solidaridad. La «opción preferencial por los pobres» presenta e ilustra estos principios: el «destino universal de los bienes» al servicio del bien común de toda la humanidad (comprendidas las generaciones futuras); una igual accesibilidad a los bienes por parte de todos; la función social y los deberes relativos de todas las formas de propiedad privada o corporativa. Estos principios demuestran que es necesario, ante todo, eliminar la pobreza. Hoy, en términos operativos, esto significa que los costes de la crisis económica deben ser soportados, sobre todo, por aquellos que pueden más fácilmente asumirlos. Por ello, la caridad, la diakonía y la filantropía (de las cuales toman nombre las principales organizaciones caritativas cristianas en Europa), desde la referencia al amor de Dios hacia el hombre, que el hombre está llamado a imitar amando al prójimo con la caridad y el servicio, son componentes esenciales del ser de la Iglesia. Las Iglesias y las organizaciones inspiradas en la fe proveen servicios –hospitales, alojamientos para los pobres, formación para los desocupados, centros para la familia, casas de descanso para los ancianos, servicios para los discapacitados y muchos otros servicios– para asegurar a todos la calidad de vida, la dignidad humana y los derechos humanos. Estas actividades forman parte de la tarea cotidiana: son una expresión del deseo de ayudar a los otros y permitirles participar plenamente en la vida social. Una justa participación Igual que cada persona tiene derecho a la participación política, también tiene derecho a la participación en la vida social, cultural y económica. La justicia social no se limita al cuidado individual de las personas desventajadas, sino que mira a la eliminación de las causas estructurales de la pobreza y a una mayor
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participación en los procesos sociales y económicos. Una sociedad justa está en disposición de sostener a las personas, reforzarlas en el uso de sus dotes y capacidades individuales, hacerlas lo más autosuficientes posible para organizar su vida y ayudar a los otros.
«La pobreza como negación de la justa distribución y participación es una ofensa a la dignidad humana. Las Iglesias están por tanto obligadas a una una opción preferencial por los pobres» La justicia es mucho más que la simple justicia distributiva. En una sociedad democrática comporta también la implicación global de cada persona: en la educación, en la actividad económica, en la seguridad social y en otras expresiones de solidaridad. La justicia exige instituciones sociales organizadas para garantizar a cada uno la capacidad de participar activamente en la vida económica, política y cultural de la sociedad en que vive. La aseguración de una igual participación es uno de los fundamentos de la democracia. Esto debiera de estar siempre presente también en las políticas fiscales de los estados miembros de la UE. Una incorrecta competición fiscal entre los estados miembros puede perjudicar la justa distribución de los recursos y la realización de fuertes sistemas de protección social. La participación en la vida de la sociedad es fundamental, porque establece un recíproco reconocimiento: la sociedad se beneficia de las aportaciones de sus miembros y cada individuos se beneficia de la interacción entre los miembros de la sociedad. La creciente interdependencia de las economías y de los sistemas sociales, las nuevas condiciones de trabajo y de vida animan a afrontar de modo adecuado las implicaciones de ser una sola comunidad; integración debiera significar solidaridad y no marginación, que a veces caracteriza a las «nuevas formas de pobreza». Riqueza y justicia: la responsabilidad social de los ricos En años recientes, en las sociedades europeas ha aumentado la distancia entre ricos y pobres. Las Iglesias están muy preocupadas por la tendencia de algunos de sus miembros ricos y en situación de bienestar a desentenderse de la solidaridad. Como cristianos, creemos que los ricos y todos tenemos el deber de compartir los pesos de la sociedad. Los gobiernos debieran combatir la consolidación de una estrecha élite financiera privilegiada y evitar, con medidas oportunas, una creciente presión sobre la «clase media», mientras personas y empresas con ingresos muy altos continúan buscando caminos para evitar su necesaria contribución a una sociedad inclusiva.
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Recomendaciones Estas recomendaciones están dirigidas sobre todo a las instituciones de la UE y a sus estados miembros. Pero, desde un punto de vista cristiano, la lucha contra la pobreza no es un deber de las solas instituciones, sino un deber de todos los administradores a nivel nacional, regional y local, de las Iglesias, de las asociaciones organizadas de la sociedad civil y de cada persona. «LA CRISIS ECONOMICA Y FINANCIERA, FRUTO DE POLITICAS, PRIORIDADES Y VALORES EQUIVOCADOS»: TRABAJAR POR LA JUSTICIA SOCIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN FINANCIERA Y LA IGUALDAD SOCIAL Aplicación del nuevo artículo social del Tratado de la IE El preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE) confirma la adhesión de los estados miembros a la Carta social europea, según la cual «cada uno tiene derecho a al protección de la pobreza y de la exclusión social» (Parte I, 30). El art. 3(3) del TUE enumera entre los objetivos de la UE «la lucha contra la exclusión social». En el art. 9 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), esta referencia y objetivo es traducido en un artículo social horizontal en el que se afirma: «Definiendo y elaborando sus políticas y actividades, la Unión tendrá cuenta las exigencias ligadas a la promoción de un alto nivel de ocupación, aseguración de una adecuada protección social, lucha contra la exclusión social y un alto nivel de educación, formación y protección de la salud humana». 1) Para honrar los propios principios y los derechos sociales que ha reconocido, la UE debería basar sus políticas en una efectiva igualación social, para asegurar a cada persona las condiciones necesarias para vivir en un modo adecuado a la dignidad humana. Por ello, cada decisión política de una cierta relevancia debiera ser precedida de una atenta evaluación de su impacto social.
La Comisión europea es responsable de la elaboración de la programación anual y plurianual de la Unión (TUE, art.17). Debiera por tanto aplicar el artículo social, asumir la propuesta de evaluar cada nueva iniciativa desde el punto de vista de su impacto sobre la «lucha contra la exclusión social», por ejemplo, mediante un capítulo específico en su estrategia político anual. Además, la Comisión debiera incluir un capítulo específico en relación con este artículo en su relación general anual al Parlamento Europeo (TFUE, art. 249). Finalmente, la Comisión europea podría establecer, según el modelo del Grupo europeo de ética, un grupo de expertos sociales para revisar anualmente la aplicación del artículo social. El Consejo europeo y el «artículo social» El presidente del Consejo Europeo ha sugerido atribuir al Consejo el gobierno económico de la Unión. Nosotros estamos convencidos de que el gobierno económico puede tener éxito solamente si asegura la coherencia con las políticas ambientales y sociales. 2) En relación al «artículo social», el presidente podría reflejar en sus relaciones al Parlamento europeo después de cada Consejo sobre el modo en que ha sido aplicado el artículo social. «EUROPA, RICA PERO DESIGUAL»: PROMOVER LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD La Carta de los derechos fundamentales Los derechos fundamentales son reconocidos también en el Tratado de Lisboa a través de la inserción de una referencia legalmente vinculante a la Carta de los derechos fundamentales de la UE. La Carta contiene una sección sobre la solidaridad, en la que se enumera una serie de derechos directamente relevantes en el campo social, como el derecho a la información y a la consulta en el seno de las empresas, el derecho a negociar convenios colectivos y a emprender acciones colectivas, el derecho al acceso a la seguridad social y a la asistencia social, etc. 3) En los próximos años, la Agencia de la UE para los derechos fundamentales debería centrar el propio programa de trabajo anual sobre los aspectos relativos al c. IV (solidaridad) de la Carta. «ABANDONO DEL ESTADO DE BIENESTAR, INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS RIESGOS»: REFORZAR Y PROTEGER LA SOLIDARIDAD Acceso universal a los servicios de «interés general» El acceso a los servicios de interés general o público, especialmente servicios sociales y sanitarios, es una exigencia básica en una sociedad que afirma respetar y promover la dignidad humana y los derechos fundamen-
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tales. El Protocolo sobre los servicios de interés general subraya su importante papel. La Comisión, en el ámbito de su competencia, debiera promover y proteger el acceso universal a los servicios de interés general. La UE y los estados miembros deberían también asegurar que los servicios sociales y sanitarios vengan establecidos en base a la solidaridad y a la justicia; esto requiere su financiamiento público. Financiamiento consistente, supervisión, autoridades legislativas e instituciones a todos los niveles deben asegurar que los ámbitos financieros, sociales y normativos puedan permitir a los provisores de los servicios sociales realizar sus respectivas misiones. Cuando los servicios son servidos a pago, deben estar al alcance de todos. Los servicios deben estar disponibles al nivel más local posible, para asegurar que nadie sea obstaculizado en el acceso a causa de la distancia. Deben estar físicamente accesibles también a las personas discapacitadas. En el citado Protocolo la UE se ha comprometido a conseguir un nivel más alto en materia de calidad, seguridad, accesibilidad, igual tratamiento y promoción de un acceso universal y de los derechos de los usuarios. 4) A la luz del «artículo social» y del citado Protocolo, la UE y los estados miembro debieran, en colaboración con las Iglesias, las organizaciones Cáritas y diaconales, organizarse para asegurar a todos en la UE servicios de interés general de calidad. «DE LA DIGNIDAD A LA INCLUSIÓN A TRAVÉS DE RELACIONES JUSTAS»: SOSTENER LA INCLUSIÓN ACTIVA Iniciativa para una vida decente: un salario que permita vivir El trabajo es el modo principal en que las personas se procuran lo que sirve para vivir y participan en la vida de la sociedad. Cada persona tiene derecho a proveer su propio mantenimiento y el de su familia. El derecho humano al trabajo contiene el derecho a un salario suficiente para vivir. Este derecho es violado allí donde existen «pobres que trabajan» porque contradice directamente las disposiciones del art. 4 de la Carta social europea sobre el derecho de los trabajadores a una «remuneración que les permita a ellos y a sus familias un decoroso nivel de vida» y del art. 7 de la Convención internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales. Los salarios deben permitir vivir; un salario que permite vivir es un salario necesario para el alojamiento, el alimento y otras necesidades fundamentales. El salario que permite vivir es un concepto central de la ética cristiana, según la cual el estado tiene un papel clave en la realización de un sistema salarial que permita vivir. Más allá de este salario vital, nosotros creemos que cada persona tiene el derecho humano a un nivel de subsistencia garantizada, con o sin trabajo remunerado. En una democracia justa nadie debiera ser marginado y cada niño debiera estar en condiciones de adquirir las necesarias capacidades relacionales y de
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crecer integrado en la sociedad y en la cultura. El estado de bienestar debiera procurar garantizar el nivel de la subsistencia sociocultural de cada persona, reforzando las familias y los vínculos familiares, permitiendo a los beneficiarios no solamente sobrevivir, sino llevar a cabo una vida digna.
«El salario que permite vivir es un concepto central de la ética cristiana, según la cual el estado tiene un papel clave en la realización de un sistema salarial que permita vivir» 5) La Comisión europea debiera colaborar con los Estados miembros para la elaboración de un sistema de salarios mínimos al punto de eliminar definitivamente el fenómeno de los pobres que trabajan y asegurar a todos un salario que permita vivir. Iniciativa para una vida decente: un ingreso mínimo Como reconoce la Recomendación sobre la inclusión activa adoptada por el Consejo, ocupación, política social, salud y consumidores (EPSCO) el 17 diciembre 2008 y reafirmado por el EPSCO el 9 marzo 2009, los planes del ingreso mínimo pueden jugar un papel decisivo para hacer salir a las personas de la pobreza y favorecer la inclusión de las que viven en los márgenes de la sociedad. 6) Muchos Estados miembros de la UE tienen una cierta forma de ingreso mínimo pero, como han afirmado los coordinadores de la red europea de expertos nacionales independientes sobre la inclusión social en su Relación sobre los planes de ingreso mínimo en los estados de la UE, «muchos estados miembros no tienen planes de ingreso mínimo que permitan a todos llevar adelante una vida en dignidad y muchos sistemas están muy lejos de permitirlo». Por ello, nosotros pedimos a los Estados miembros adoptar planes adecuados de ingreso mínimo que permitan el reforzamiento y la participación de todas las personas. Pedimos a la Comisión europea apoyar más a los Estados miembros, facilitando el intercambio de las prácticas y políticas más adecuadas. Implicarse en eliminar el fenómeno de la falta de alojamiento En muchos países de la UE se registran nuevas formas de falta de alojamiento. Un número creciente de jóvenes, familias, migrantes y personas en busca de asilo está excluido de la asignación de alojamiento o falta de alojamiento en general. En esta nueva situación conviene alargar el concepto de falta de alojamiento, pasando de la simple «falta de un techo» a una
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concepción multidimensional de la exclusión social y desarrollando un acercamiento integrado en materia de lucha contra la falta de alojamiento y contra la exclusión del mismo. Las nuevas estrategias deben tener en cuenta los nuevos aspectos, como la salud, la ocupación, la educación, el ingreso mínimo, el acceso a los servicios de interés general y el acceso a los servicios sanitarios y sociales para procurar eliminar el fenómeno de la falta de alojamiento y de la exclusión del alojamiento. La última Relación conjunta sobre protección e inclusión social (2010) pide a los estados miembros de la UE elaborar estrategias para la lucha contra la falta de los alojamientos y pide presentarles claras líneas directivas sobre ello. Obviamente, estas estrategias requerirán un fuerte sostenimiento y un adecuado monitorazgo por parte de las instituciones de de la UE y especialmente de la Comisión europea. 7) Puesto que el fenómeno de la falta de alojamiento está en continuo cambio, es necesario basarse en la realidad efectiva y promover la investigación y la recíproca información internacional para facilitar una eficaz intervención a nivel político. Los indicadores del «Open Method Coordination» (OMC) para la protección y la inclusión social continúan ignorando el problema de la falta de alojamiento. Eurostat debiera estimar el número total de las personas que carecen de alojamiento en la UE, ofreciendo estadísticas fiables a quienes toman decisiones. Para combatir eficazmente la falta de alojamiento, convendría una mayor acción gubernativa y administrativa para movilizar a todos los actores importantes. Esto significa, por ejemplo, que las autoridades locales, los provisores de alojamiento y los proveedores de asistencia social deben trabajar juntos para afrontar y prevenir el fenómeno de la falta de alojamiento. A nuestro parecer, también la Comisión europea debiera sostener y reforzar las plataformas europeas para la cooperación internacional, a fin de crear una mayor consciencia y crear políticas y acciones gubernativas más satisfactorias en materia de falta de alojamientos en los varios Estados miembros. En línea con el planteamiento de la Declaración 111 (2008) del Parlamento europeo, el Consejo Europeo debiera encontrar una solución al problema de los sin techo que viven en la calle de aquí a 2015 como prioridad de la UE, en el marco de un objetivo general de total solución del fenómeno de la falta de alojamiento. Algunos problemas ligados a la falta de alojamiento pueden ser resueltos a través de acciones emprendidas a nivel europeo: por ejemplo, en base a la legislación de la UE sobre la libre circulación se debe garantizar un alojamiento de emergencia a todas las personas que residen legalmente en ella y se trasladan a cualquier otro estado miembro. Finalmente, en relación a la falta de alojamiento, recordamos el art. 34 (3) de la Carta de los derechos fundamentales actualmente vigente: «La Unión reconoce y respeta el derecho a la asistencia social y
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habitacional para asegurar una existencia decente a todos los que no disponen de recursos suficientes». ¿CÓMO HEMOS RESPONDIDO? ¿CÓMO PODREMOS RESPONDER AHORA A LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA? Los retos causados por la elevada desocupación, el envejecimiento de la población, el cambio de las estructuras familiares y la exclusión social han colocado las cuestiones relativas a la calidad de vida a la cabeza de la agenda de la política social de la UE y han puesto en mayor discusión el valor supremo del «crecimiento a toda costa». La reciente crisis económica tiene un ulterior paso adelante hacia una crisis social que fermenta en Europa desde hace años. La desocupación, especialmente juvenil, arriesga con provocar una profunda crisis de confianza en nuestro actual sistema político, una crisis que podría tener consecuencias políticas dramáticas. En este contexto, pedimos a la Comisión europea y a los estados miembro utilizar las enseñanzas dimanantes de la actual y profunda crisis social, económica y financiera, para reforzar las propias políticas e intensificar los esfuerzos. Promover el consumo alternativo 8) El documento «Europa 2020» de la Comisión europea hace referencia al consumo alternativo y a los modelos de producción alternativos únicamente en su propuesta de una importante iniciativa titulada «Una Europa eficiente en materia de recursos». Quisiéramos que estos esfuerzos fueran intensificados, poniendo realmente en discusión las actuales tendencias culturales, en las cuales vienen estimulados y apreciados el consumo superfluo y la avidez, y promoviendo en su lugar valores alternativos como la moderación y la generosidad.
Utilizar nuevos indicadores 9) Como el Parlamento europeo pide en su Resolución sobre mujeres y pobreza, también nosotros pedimos a la Comisión Europea reconocer la economía informal y cuantificar la «economía de la vida», utilizando una metodología e indicadores centrados sobre la medida del
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impacto que la pobreza y la exclusión social tienen sobre las mujeres y sobre los hombres”. Valorar el trabajo no remunerado 10) Promover el voluntariado, que es una expresión activa de la ciudadanía, contribuye al Estado de bienestar de la comunidad y lo refuerza más allá de los lazos puramente económicos. Acrecentar el reconocimiento del trabajo no remunerado desarrollado especialmente en la familia y en el sector del cuidado, por ejemplo, mediante seguros sanitarios, el derecho a la pensión y el reconocimiento de las cualificaciones informales. «EL CERCO DE LA POBREZA»: DISEÑAR POLÍTICAS DIRIGIDAS AL SOSTENIMIENTO DE LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS (PADRES SOLOS Y FAMILIAS NUMEROSAS) Y ROMPER EL CERCO DE LA POBREZA Sostener a las familias en riesgo de pobreza En una época en que la población envejece, paradójicamente en Europa las familias tienen menos hijos de los que quisieran, porque temen lo que se espera en el futuro y los costes que tendría su crecimiento y su larga educación. La Comisión europea y los estados miembros debieran trabajar a favor de sociedades más favorables a la familia. 11) Dados los actuales costes del crecimiento y la educación de los hijos en Europa, es absolutamente necesario conceder a los Estados miembros una flexibilidad en la reducción del IVA sobre todos los productos relacionados con la fase neonatal y la primera infancia. Recomendamos fuertemente la concesión detracciones de cada hijo a cargo. Las familias con tres o más hijos debieran estar incluidas en los grupos particularmente de riesgo de pobreza mencionados en la Comunicación UE 2020 de la Comisión. La UE podría introducir un período anual hasta los diez días de permiso no pagado para cada genitor para permitir hacer frente más fácilmente a situaciones familiares inesperadas.
día semanal de descanso intentan por tanto deshacer la realidad social de alto y bajo, rico y pobre, patrones y esclavos, y mostrar el verdadero orden de la creación. Los esclavos deben poder respirar como los ciudadanos libres. Por ello cada día semanal de descanso, cada domingo recuerda que liberación e igualdad, justicia social y renovación son voluntad de Dios para todos. En años recientes, esta lección fundamental de la historia europea ha sufrido una notable presión, especialmente por causa de intereses comerciales lucrativos. Restablecer el domingo como día colectivo de descanso permitirá la construcción de las amistades, de las familias y de la cultura, porque ofrece a las personas la oportunidad de interrumpir el trabajo cotidiano y reunirse en actividades religiosas o sociales. La investigación científica demuestra que el domingo ayuda a la salud de los trabajadores, en mayor proporción a cualquier otro día de la semana. Según la legislación de la UE, el domingo está protegido como día de descanso semanal para los niños y los adolescentes. Por ello, más que cualquier otro día de la semana, ofrece la oportunidad de estar con la propia familia y los propios amigos. Así el domingo libre favorece la reconciliación y la vida social. El tiempo libre común es un importante presupuesto para una sociedad participativa, que permite a sus miembros participar en actividades cívicas. 12) Recomendamos a la UE proteger el domingo como día de descanso para la sociedad, para preservar la salud de los trabajadores y por ser una importante condición previa para una sociedad participativa
«POBREZA COMO CONCEPTO PLURIDIMENSIONAL»: TRABAJAR POR LA COHESIÓN SOCIAL Proteger el domingo como día semanal de descanso La evolución y transformación cristiana del tercer mandamiento –el referente al sábado– con la institución del domingo como día comunitario de descanso ha favorecido la introducción de un elemento común en la sociedad y ha permitido una mayor cohesión social. Bíblicamente hablando, no existe ningún fundamento para la separación a nivel social entre ricos y pobres en el orden de la creación; el mandamiento del sábado y el
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«UNA JUSTA PARTICIPACIÓN»: ESCUCHAR A LOS ACTORES CLAVE Implicar a las Iglesias y a sus organizaciones Las iglesias en Europa y sus organizaciones están directamente implicadas en la lucha contra la pobreza. Sostienen que la ayuda y la defensa de los miembros más débiles de la sociedad son un valor clave del modelo social europeo. Son importantes proveedores de servicios sociales y ofrecen eficientes redes transeuropeas. 13) Con al entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la UE ha establecido un diálogo regular, transparente y abierto con las Iglesias y las comunidades religiosas. El intercambio sobre modos y sobre medios para combatir la pobreza y la exclusión social debiera llegar a ser un punto permanente en la agenda de este diálogo particular. Respecto al principio de subsidiaridad y el empeño de la UE de favorecer un «diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas de la sociedad civil» (TUE, art.11), así como con las Iglesias y las comunidades religiosas (TFUE art. 17), es esencial implicar en la plataforma europea contra la pobreza no solamente a los representantes de la UE y de sus Estados miembros, sino también a aquellos que están más directamente en contacto con las personas necesitadas. La proyectada plataforma europea contra la pobreza debiera implicar activamente a representantes de la sociedad civil y de las Iglesias, así como a los proveedores de servicios inspirados en la fe.
«La lucha contra la pobreza y la exclusión social debiera ocupar un lugar más alto entre las prioridades de la agenda de la UE» !
«LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA GOLPEA A LOS MÁS VULNERABLES»: INVERTIR DIRECTAMENTE EN LAS PERSONAS Invertir principalmente en la protección de las personas pobres, en el marco de una revisión del Fondo Social Europeo y de su presupuesto La lucha contra la pobreza y la exclusión social debiera ocupar un lugar más alto entre las prioridades de la agenda de la UE. La lucha contra la exclusión social forma parte de la competencia compartida de la UE y de sus Estados miembro. La creación de una plataforma europea contra la pobreza puede constituir un importante paso adelante hacia un cierto desarrollo, especialmente si se persigue seriamente el objetivo de reducir a menos de 20 millones el número de las personas en riesgo de pobreza. Los fondos estructurales europeos debieran acrecentar su eficacia mediante una más estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los proveedores de servicios inspirados por la fe. 14) La reducción del número de las personas en riesgo de pobreza debiera ser considerado un objetivo primario de la UE y a ella debiera ser asignado el 10% del presupuesto anual de la Unión, equivalente al 1% de su PIB. La asignación de al menos el uno por mil del PIB de la UNE a las necesidades de las personas más pobres y socialmente excluidas podría ser inscrita como norma general en los reglamentos sobre las asignaciones generales para el Fondo Europeo de desarrollo regional (ERDF), del Fondo Social Europeo (ESF) y del fondo para la cohesión, que debieran ser revisados para el 31 diciembre 2013. A los funcionarios públicos que trabajan en el campo de la pobreza y de la exclusión social debiera ser ofrecida la posibilidad, si lo desean, de hacer una experiencia directa de trabajo en estrecho contacto con la pobreza y la exclusión social.
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