ECUADOR, LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2008
EL LEGADO DE ODEBRECHT
CON EL DECRETO DE EMERGENCIA SE PODRÁ CONTRATAR DIRECTAMENTE PARA EVITAR LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO
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BLANCO Y NEGRO
ECUADOR, LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2008
El BNDES 'acoraza' el contrato de crédito EL REEMBOLSO se hace a través del convenio de pagos de la Aladi
El miércoles, la Contraloría dará lectura al examen especial de ingeniería a los daños provocados al sistema de enfriamiento y a los filtros de San Francisco
EXPULSIÓN DE ODEBRECHT DA LUGAR AL INICIO DE AUD a expulsión de la constructora Odebrecht, decretada por el presidente Rafael Correa, dejó un legado de problemas legales, financieros, técnicos y un enfriamiento de la relación con el Brasil. A un mes del decreto, las autoridades ecuatorianas todavía no tienen muy claro el camino a seguir para enfrentar las demandas que podría plantear la empresa, en razón de que aún se
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EN EL CASO DE LA CENTRAL San Francisco el prob ilegalidades para evitar la continuación del pago d otras cosas porque los recursos se dieron a la cont
hallan vigentes los contratos del proyecto multipropósito Baba, la segunda fase del sistema de riego Carrizal Chone, la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón y la construcción del aeropuerto del Tena. El caso del proyecto San Francisco es diferente, porque la obra se entregó hace más de un año y ahora el problema se centra en demostrar la ilegalidad del contrato financiado con un crédito
del BNDES por $242 965 100, de los 10 adendum que encarecieron la obra en más de $100 millones y la posibilidad de dejar de pagar los dividendos del préstamo que entre capital e intereses subió a la suma de $461 336 297, por un
posible anatocismo, según adelantó el presidente del Fondo de Solidaridad, Jorge Glass. En todo caso, esto dependerá de los resultados de la consultora estadounidense Hogan & Horson, que auditará las condiciones del
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l Banco Nacional de Desa-
'Sobreprecio' de Baba se detectó en 2007 BORJA HABLA de realizar contrataciones directas al amparo del decreto de emergencia A/HOY
del Brasil (BNDES) se “blindó” ante la eventualidad de que el Ecuador decidiera no pagar el crédito que financió el proyecto San Francisco. El contrato de financiamiento celebrado el 13 de octubre de 2000, entre la Agencia Especial de Financiamiento Industrial (Finame), en calidad de mandataria del BNDES y el representante de Hidropastaza, Rafael Sevilla Callejas, constituyó el fideicomiso mercantil San Francisco, para el manejo del servicio de la deuda con el banco. Con ese fin se abrió la cuenta denominada CFN-Fideicomiso San Francisco, en el Banco Central del Ecuador. De esta forma, el Finame debita automáticamente los dividendos de la cuenta del Central. El último fue el pasado 29 de junio (la central ya estaba paralizada), por $15 769 230,95; el siguiente está previsto para el 29 de diciembre de este año, por $15 769 230,95 (capital) y el valor de $12 424 839,88 (intereses). En esa fecha también se canjearon 21 notas promisorias definitivas de capital por la suma de $331 153 849,86 y 20 notas promisorias de intereses, por $130 182 448. Esto da un monto total de $461 336 297,86 a favor del Finame. El pago del último dividendo del crédito brasileño deberá concretarse el 29 de junio de 2018. Para las notas que vencen a partir de 2009, según el Mandato 15 de la Asamblea Constituyente, el Estado debe asumir las deudas de las eléctricas (incluso de San Francisco). Según el contrato de financiamiento, cualquier controversia entre las partes deberá someterse al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París y regirse por las leyes brasileñas. (AA-VG)
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Errollo Económico y Social
El proyecto comprende la construcción de una serie de diques y canales a Senacor presentó una deante la Fiscalía de Buena Fe (Los Ríos), por supuestas irregularidades en el contrato del proyecto Baba. En este caso los problemas no se detectaron recientemente, pues ya fueron advertidos en mayo de 2007, por el entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta Espinosa. En un informe presentado en esa época se establecieron dos incrementos en el valor del contrato. Con el primero, subió de $182 058 512,29 a $243 678 017,81, por la reactualización de los diseños. El segundo incremento tiene que ver con un reajuste de precios por inflación de $16 252 000 más otros rubros. Así, el contrato subió a $278 500 000.
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Este proyecto prevé la generación de 42 MW, está ubicado en la zona de Buena Fe y aprovecha las aguas de la confluencia de los ríos Baba y Toachi. Comprende la construcción de una serie de diques y canales que trasvasarán los excedentes invernales del río Baba hacia el embalse de la represa Daule Peripa, de propiedad de la Comisión millones es el nuevo de Estudios pamonto, con reajustes ra el Desarrollo de la Cuenca del y reactualizaciones Río Guayas y la Península de Santa Elena (Cedegé). La construcción, llenado, operación y trasvase afectará a más de 1 000 hectáreas de terrenos cultibables de Buena Fe, Valencia y la parroquia Patricia Pilar. Según el informe del ex ministro Acosta, la Alianza Mundial para el Derecho Ambiental (ELAW)
cuestionó el estudio ambiental al encontar fallas metodológicas en su elaboración. Inicialmente, el financiamiento corría de cuenta de los consorcios Hidronación, Hidrolitoral y la Cedegé, entre otros, con aportes propios y deuda externa. No obstante, esto fue asumido por el Estado, con recursos del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero (Feiseh). “El nuevo socio de la Cedegé es el Estado”, recalca el asesor de la Senacor, Camilo Mena, tras puntualizar que el contrato se hizo bajo la modalidad de “llave en mano” y no contó con los informes de la Contraloría y de la Procuraduría. Añade que se han pedido auditorías para establecer el diseño inicial, analizar el proceso de adjudicación y verificar los precios unitarios, entre otros aspectos. Mena no adelanta las acciones que podría tomar el Gobierno para enfrentar una querella de Odebrecht, ya que un contrato se considera “ley para las partes”. Dice que el abogado del Estado es la Procuraduría. Por su parte, el ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Galo Borja, señala que las obras no se han paralizado y al momento los trabajos los ejecutan constructoras nacionales. Agrega que “se ha tomado contactos con el exterior para buscar el aporte tecnológico internacional”. Asimismo, indica que es posible realizar contratos directos con otras empresas, al amparo de la emergencia decretada por Correa. (VG-SR)
Marún adjudic del Tena, sin l
LA INVITACIÓN se hizo directam integrado por Odebrecht y Ekron de julio pasado por un monto de l contrato para la construc-
Eción del aeropuerto del Tena (Napo) fue adjudicado al Consorcio Tena, conformado por la constructora brasileña Odebrecht y la ecuatoriana Ekron, sin concurso ni licitación. El 14 de marzo de 2008, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Jorge Marún, calificó como “de emergencia” la ejecución de los trabajos. Con ese antecedente se hizo la invitación di-
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Antes de la expulsión de Odebrecht, en Hidrotoapi se decía que la renegociación del contrato San Francisco serviría de modelo para Toachi
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Carrizal: la rebaja del monto no se cumple
AUDITORÍAS Y PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS PENALES
problema consiste en demostrar supuestas go de los dividendos del crédito del BNDES; entre contratista, pero fue garantizado por el Estado crédito del BNDES. Para el asesor legal de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senacor), Camilo Mena, el contrato de San Francisco aún se halla vigente porque la central está en proceso de reparación;
Eyecto de riego Carrizal-Cho-
Una 'llave en mano' por $366 millones MS/HOY
EN CONJUNTO, el proyecto asciende a $470 595 508, financiados por el Estado l 19 de diciembre de 2007, el
Egerente de Hidrotoapi, Byron
ctamente al Consorcio Tena, Ekron; el contrato se firmó el 21 to de $34 769 924,98
iúon ei-
LA DENUNCIA fue presentada en la Fiscalía del cantón Tosagua l monto del contrato del pro-
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ca na en
anota que el problema de fondo consiste en la negativa de Odebrecht a reconocer su responsabilidad por los daños técnicos que llevaron a la paralización de la planta por casi cinco meses, cuyo costo, incluido el lucro ce-
de Ambato, como se estipula en el documento contractual. De su lado, Odebrecht afirma que el contrato está terminado. Respecto a los contratos de los proyectos Baba y Carrizal-Chone, la Senacor presentó denuncias en las Fiscalías de Santa Fe (Los Ríos) y Tosagua (Manabí); del Toachi-Pilatón se tramita una terminación por mutuo acuerdo. Del aeropuerto del Tena aún no se sabe mayor cosa. (VG-AA)
recta al consorcio Tena y el contrato se firmó el 21 de julio, por un monto de $34 769 924,98. El ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Galo Borja, considera: “En este caso no hay ninguna culpa y no sé cómo se va a manejar técnicamente”. En cambio, Alfredo Vera, de la Senacor empezó a investigar las razones por las que el contrato se adjudicó en forma directa, sin licitación. (VG-SR)
Granda, firmó un contrato EPC con Odebrecht para la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón El monto es de $366 millones. El ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Galo Borja, indica que la constructora recibió un anticipo de $112 millones, pero solo ha justificado $7 millones. También dice conocer sobre un mal uso de esos recursos aunque sostiene que es posible recobrar los $105 millones restantes con la ejecución de la garantía ($135 millones). La compañía Hidrotoapi, de propiedad del Consejo Provincial de Pichincha, estableció un presupuesto de $470 595 508 para todo el proyecto, cuyo financiamiento corre por cuenta del Estado. Además del valor del contrato EPC se contemplan otros rubros como inversión en desarrollo, administración, expropiación y servidumbres, supervisión, plan de manejo ambiental, operación y mantenimiento (primer año) y contingencias. El presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, Hermel Flores, señala que el proyecto fue “adjudicado a dedo, fuera del marco conceptual y jurídico de una concesión swiss challenge”. El proceso se hizo bajo esa modalidad y consistía en la selección de un “socio estratégico para realizar la estructuración financiera de Hidrotoapi, a fin de ejecutar el proyecto”. El socio estratégico, como accionista de Hidrotoapi, tenía que gestionar el financiamiento y
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sante, sería de $138 980 000, según la Cámara de la Construcción de Quito. Mena añade que esta y otras controversias derivadas del contrato de ingeniería de detalle, suministros y construcción (EPC), como el cambio de diseños, el cobro de un inexistente reajuste de precios, el pago del “premio” por entrega anticipada... deberán someterse al arbitraje de la Cámara de Comercio
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Entrada al túnel de evacuación vehicular del proyecto Toachi-Pilatón cualquier otra fuente de recursos privados. El momento en que el Gobierno de Rafael Correa comprometió el financiamiento, se modificó el objeto del proceso swiss challenge, porque ya no se requería de un socio estratégico ni la obtención de financiamiento o fuentes de recursos privados. También se habría incumplido la Ley del Feiseh (los recursos provienen de ese fondo), que dispone: “Los procesos de selección en materia contractual se someterán a las leyes de contratación pública y demás normas atinentes a la materia...” No obstante, el asesor de la Senacor, Camilo Mena, considera que “no se ha violado ninguna norma legal” porque esa Secre-
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taría alertó a Hidrotoapi antes de la firma del contrato, para que no repitiera los errores que se cometieron en el caso del proyecto San Francisco; “Todas nuestras sugerencias fueron aceptadas”, manifiesta. A pesar de ello, cree que hubiera sido preferible convocar a una licitación, el momento en que el Gobierno decidió financiar el proyecto. megavatios generará Actualmente la operación de esta está por conplanta hidroeléctrica cretarse la terminación de este contrato por mutuo acuerdo entre Hidrotoapi y Odebrecht. Mena dice que luego de eso debe llamarse a una licitación internacional; en cambio Borja sostiene que no habrá tiempo para ese proceso por lo que se podría contratar directamente con otra empresa. (VG-SR)
ne, ubicado en la provincia de Manabí, bajó de $102 888 118,24 a $84 888 118,24. El primer documento se firmó el 22 de noviembre de 2006 y el modificatorio fue suscrito el 25 de enero de este año. El contrato se firmó entre la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) y la asociación Odebrecht-Hidalgo & Hidalgo. El proyecto comprende la construcción de embalses para trasvasar las aguas de las represas Poza Honda y La Esperanza (al Norte y Sur de Manabí), además de la construcción de un sistema de riego por canales para 5 003 hectáreas en la zona centro-norte de la provincia. Camilo Mena, de la Senacor, recuerda que el presidente Correa obligó a la asociación a rebajar el monto del contrato, tras “detectarse el sobreprecio”. No obstante, asegura que esto no se ha cumplido en la práctica porque la constructora ha reducido los diámetros de la tubería (así ahorraría costos). Añade que la Contraloría estableció que en Colombia se realiza una obra de similares características, cuya tubería “cuesta 35% menos”, a pesar de que la del proyecto Carrizal Chone es fabricada por la empresa Odebrecht en Portoviejo. Asimismo, el CRM habría dejado la puerta abierta para la celebración de contratos adicionales (adendum). Por todo esto, la Senacor presentó una denuncia en la Fiscalía de Tosagua y se han pedido inspecciones para verificar las obras. Actualmente aún no hay una decisión sobre cómo dar por terminado este contrato (rescisión unilateral o por mutuo acuerdo); ello depende de la Procuraduría. (VG-AA)
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Glass dice que el Gobierno está indignado por la actitud de la constructora y pide que se entienda que se trata de la defensa del país ante un atropello
'PENDIENTES NO COMPROMETÍAN LA OPERACIÓN' UN LISTADO DE los problemas por resolver fue actualizado 10 días antes de la inauguración A/HOY
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recibió por la sistema de enentrega antifriamiento...”. cipada de la En todo caso, obra. Todo eslos primeros to daría un todesgastes en los tal de $43 mirodetes de las llones (en esturbinas se detectaron el 8 de to, Glass no noviembre, en concuerda marzo se obsercon la cifra de vó la fisura de 5 la Cámara de centímetros y la Construcel pasado abril ción de Quito era notoria la mencionada de 30 centímeen la página anterior). tros. Jorge Glass, presidente FS Pero lo que Para el 6 de junio se ordenó más preocupa es el contrato retirar el agua de financiamiento del crédito del túnel y se observaron todas las fallas técnicas que derivaron del BNDES, porque está garantizado por el Banco Central del en la paralización de la planta y Ecuador, por esto se ha conla posterior expulsión de Odebrecht del país. tratado al estudio jurídico internacional Hogan & Horson, El presidente del Fondo admite para preparar la estrategia del que el contrato no contiene una cláusula de pago por lucro cepaís en caso de que el Gobierno decida no pasante, pero dice que este gar los divifue el paquete de reclamo se dendos que acciones que el FS ampara en restan hasta compró a Odebrecht una norma 2018. Glass estima que del Código el lío no se Civil, que haresolverá este año. bla de ruina y de vicios ocultos. “Ahora estamos estudiando la 'Un grave problema' estrategia jurídica para reclamar lo que creemos es justo Ante la decisión del presidente para el Estado”, dice. Rafael Correa de expulsar a la El Fondo también pide que la compañía constructora, el ex empresa pague el costo de las procurador general del Estado, reparaciones y la devolución de Gustavo Medina, señala que “toalrededor de $18 millones que ●
l presidente del Fondo de Solidaridad (FS), Jorge Glass, cuenta que el 6 de noviembre de 2007 esa institución asumió la propiedad total de la hidroeléctrica San Francisco, con un último pago a la empresa Odebrecht por el 20% de las acciones que mantenía en Hidropastaza S.A. Cabe recordar que esa compañía se conformaba con el 80% de las acciones de Hidroagoyán (de propiedad del Fondo de Solidaridad) y el 20% de la participación de Odebrecht. Glass manifiesta que a la fecha de la recompra del paquete accionario “la hidroeléctrica operaba normalmente”. Además, la adquisición evitó que Odebrecht venda a otra empresa. El funcionario reconoce que al momento de la entrega-recepción de la planta “como un todo”, efectuada el 25 de junio de 2007 (la inauguración oficial se cumplió cinco días antes), quedaron pendientes varios aspectos “que no comprometían la operación de la central”. Glass entrega a BLANCO Y NEGRO un documento actualizado al 15 de junio de 2007 en el que se identifican un total de 237 pendientes, la mayoría de los cuales se han resuelto en el transcurso de este año. Indica que actualmente quedan 25 por resolverse y que se trataba de “pernos, placas, empaques, tacómetros, algunos medidores que no funcionaban, filtros del
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da actitud, por más que venga de un Gobierno, es susceptible de una acción judicial”. El jurista dice que todo contrato contiene cláusulas para la resolución de las controversias, además de los aspectos técnicos, financieros y de jurisdicción. “Se trata de solemnidades que deben cumplirse”, anota. Medina prefie no comentar sobre la forma en que debió proceder el Gobierno para hacer efectivos sus reclamos. “En un asunto de tanta gravedad resulta extemporáneo”, dice. No obstante, frente al hecho real de la expulsión se muestra seguro de que el problema devendrá en la interposición de demandas judiciales. “Por lo pronto se verían venir cuatro juicios y, en esta fase, los casos entran en la categoría de pronóstico reservado”, añade. Asimismo, aunque aclara que no conoce a profundidad los términos de los contratos, cree que alguno de ellos puede tener cláusulas de sometimiento ante algún tribunal extranjero, por lo que el Gobierno debe preparar una sólida argumentación jurídica. Otro aspecto que preocupa a Medina es el distanciamiento entre los Gobiernos del Ecuador y del Brasil. “En la última reunión de presidentes (realizada en Manaos el 27 de septiembre pasado) no se logró una solución, por lo que estamos ante un caso grave”. (VG-SR)
Diplomático sostiene que emergencia no tiene asidero MARCELO FERNÁNDEZ de Córdoba dice que las irregularidades de los contratos debieron resolverse por vía judicial l ex vicecanciller Marcelo
EFernández de Córdoba no encuentra razones para la expedición del decreto de emergencia y la expulsión de Odebrecht. El artículo 180 de la Constitución aún vigente señala que la emergencia se decreta en caso de inminente agresión externa,
guerra internacional, grave conmoción interna o catástrofes naturales. Según el diplomático, el lío de Odebrecht no encaja en ninguna de estas causales, de ahí que los problemas debieron resolverse en el marco del debido proceso y del ordenamiento jurídico. Asimismo, cuestiona la afir-
mación de que no se cumpliría el pago del crédito del BNDES. “Al estar el contrato dentro del sistema de pagos recíprocos de la Aladi, el Ecuador tiene que pagar, caso contrario pueden proceder en contra del Banco Central”, indica. Para Fernández estas actitudes denotarían que no hay se-
guridad jurídica en el país y se da una señal negativa ante los inversionistas extranjeros”. El ex vicecanciller lamenta la actual tensión diplomática con el Brasil y dice que el Gobierno debe meditar profundamente porque una buena relación con ese país es fundamental para el Ecuador. (AA)
PUNTO DE VISTA Otro dolor de cabeza gubernamental La salida del país de la constructora brasileña Norberto Odebrecht a raíz de la expulsión de la firma decretada por el Gobierno ha resultado ser un auténtico dolor de cabeza. El caso tiene implicaciones en los ámbitos legales, financieros, técnicos e incluso diplomáticos. Esto último podría resultar lo más grave, pues ha implicado, hasta ahora, el anuncio del Brasil de suspender los proyectos de cooperación; además de la amenaza de cortar prácticamente todos los lazos comerciales existentes entre los dos países. De hecho, el pasado viernes una publicación del diario brasileño O Estado, de São Paulo, daba a conocer la posibilidad de que la negociación para la compra, por parte del Ecuador, de aviones Supertucano a la firma Embraer se suspenda. En lo interno, la situación se presenta igual de compleja. Por un lado, las autoridades no tendrían todavía muy claro qué acciones tomar en caso de que la constructora decidiera emprender acciones legales contra el Estado; esto, toda vez que aún se hallarían vigentes los contratos del proyecto multipropósito Baba, la segunda fase del sistema de riego Carrizal Chone, la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón y la construcción del aeropuerto del Tena. Es más, el Régimen tendría el problema de no saber cómo dar por terminados dichos contratos. Por otra parte, también está pendiente de resolución el tema de cómo se continuará la realización de los cuatro proyectos que dejaría pendiente la constructora en el país. Al anunciarse la expulsión definitiva de Odebrecht, el ministro coordinador de Áreas Estratégicas, Galo Borja, dejó entrever la posibilidad de insistir en la contratación de firmas extranjeras, aunque nada se ha definido todavía. En resumen, el caso representa un intríngulis cuya resolución resulta difícil de prever. (LAG)
Preprensa e impresión: EDIMPRÉS S.A. Av. Mariscal Sucre Oe6-116 BLANCO Y NEGRO: es una publicación del GRUPO HOY. Más información, usted puede encontrar en la página web www.hoy.com.ec Premios Símbolos de Libertad: 1992, 1996, 1997, 2001 -Segundo Premio Jorge Mantilla Ortega: 1999
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