ECUADOR, LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008
CAMPO ONADO, ¿UNA VENTA A PRECIO DE 'REMATE'? AGD PONE UN PRECIO DE VENTA, PERO NI SIQUIERA CONOCE CUÁNTO PRODUCE EL YACIMIENTO
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BLANCO Y NEGRO
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l pasado 29 de agosto, los presidentes Rafael Correa Delgado y Hugo Chávez firmaron un acuerdo para que Petroecuador opere el campo Ayacucho, de 863 km² de superficie, ubicado en la faja del Orinoco, en Venezuela. En el acto, celebrado en el campamento de ese yacimiento petrolífero, PDVSA también declaró una cesión de sus derechos en el campo Onado a favor de Petroecuador. Esto permite a la estatal petrolera ecuatoriana adquirir la participación del 8,35% que mantiene en ese yacimiento el Banco Popular (actualmente en liquidación). Como hasta ahora no se han difundido los contenidos de esos convenios, hay que remitirse a las primeras declaraciones del ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, quien estimó en alrededor de $22 millones el valor del campo Onado, ubicado en el estado de Monagas, cerca del oceáno Atlántico. Pero se conoce que Petroecuador no pagaría más de $17 millones. Sin embargo, el traspaso aún no puede concretarse porque alrededor de 30 inversionistas del fideicomiso Solidez, del Banco Popular, interpusieron acciones con la prohibición de enajenar este y otros bienes de esa institución. La defensa señala que, mediante las medidas cautelares, se busca “garantizar el pago de las acreencias”. El fideicomiso Solidez se constituyó en 1995, cuatro años antes
El fideicomiso Solidez no estuvo involucrado en la compra o administración de Onado; está garantizado con todos los bienes del Popular (incluido el campo)
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VENEZUELA
COLOMBIA
BRASIL
PERÚ
ONADO: OPERACIÓN PETROLERA POR FONDO SOLIDEZ UN GRUPO DE inversionistas interpuso medidas cautelares sobre este y otros bienes del BPE de que el Banco Popular entrara en saneamiento y se adhirieron cerca de 400 personas. El Grupo Financiero Popular, conformado por el Banco Popular del Ecuador (BPE) y el Banco Popular Internacional (off shore), en calidad de fiduciario, entregaron a los beneficiarios certificados convertibles en acciones que contaban con la garantía general del banco emisor.
En diciembre de 2000 vencieron los plazos de las obligaciones y los fideicomitentes iniciaron reclamos para recuperar sus recursos, pero hasta ahora continúan impagos. El 27 de noviembre de 2006, BLANCO Y NEGRO publicó que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se resistía a pagar, a pesar de que estas acreencias siempre estuvieron garan-
tizadas por todos los activos del Banco Popular y de contar con el informe favorable de la Junta Bancaria y el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General del Estado. El yacimiento Onado está integrado por 14 pozos petroleros y tiene reservas probadas por 56,7 millones de barriles, según reconoce el liquidador del Banco Popular, Antonio Buñay.
El ex presidente del Banco Popular, Nicolás Landes, dice que el precio de $22 millones es “absurdamente bajo” y que coincide con el saldo adeudado a los inversionistas del fideicomiso Solidez, por lo que considera que la valoración fue fijada solo para pagar esta deuda, pero perjudica a casi 2000 ex accionistas del banco, incluyendo a cientos de ex empleados. (AA/SR)
Popular tiene el 8,35% de participación Para la AGD, la inversión ENTRE 2002 Y 2006 fue del 20,89%, entonces PDVSA cambió esquemas de contratos no tenía valor y la castigó n 1997, PDVSA llamó a li-
Ecitación para operar el campo Onado por 20 años. Ganaron el consorcio CGC (74%) y la compañía Carmanah (26%). Previamente, la compañía Distral Térmica había firmado un convenio de participación con CGC para adquirir los derechos en el convenio operativo del campo Onado. Poco después, Distral Térmica transfirió esos derechos (equivalentes al 14,4%) al banco Fivenez, del Grupo Popular. En diciembre de 1998, CGC y Fivenez firmaron un contrato
de venta, con opción de recom- cipe del 16% del campo Onado. En 2002, Carmanah cayó en depra, con la compañía Petróleo y Gas Inversiones. De esta forma, fault y sus acciones pasaron a los la participación de Fivenez au- otros integrantes del consorcio, cuyas participaciones subieron; mentó al 16%. la del Popular Luego, FiveEl convenio operativo llegó al 20,89%. nez transfirió se firmó el 29 de julio de Así estaban las su participa1997 entre Corpoven (fi- cosas hasta 2006, ción al Banco lial de la estatal vene- cuando PDVSA Popular, como pago de obliga- zolana) y las empresas que asumió el 60% en todas las opeciones pendien- ganaron la licitación. radoras, que tes. El valor de RESUMEN ejecutivo del BPE quedaron con el esta transacción fue de $22 millones. En 40%. La participación del Pomayo de 2000, PDVSA reconoció pular se redujo al 8,35%, equial Banco Popular como partí- valente al 40% de 20,89%.
EL NUEVO contrato de explotación está vigente y tiene un plazo de 20 años, contados a partir de 2006 ntre la primera y segunda de septiembre de 1999, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) resolvió que la participación en Onado no tenía valor alguno y la castigó con el 100% en la contabilidad del Banco Popular. Ese castigo representaba una pérdida de alrededor de $25 millones y habría sido uno de los antecedentes fundamentales que llevaron a la AGD a declarar
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que el Popular no tenía patrimonio y debía entrar en saneamiento. Posteriormente, un administrador temporal de esa época pidió revertir esa provisión y el castigo se redujo al 50%. Cuando PDVSA cambió los términos de la participación en Onado (ver nota anterior) se firmó un nuevo contrato de explotación por 20 años, contados a partir de 2006. (AA/SR)
La compaĂąĂa mixta Petronado estĂĄ conformada por PDVSA (60% de las acciones); el 40% restante lo tienen CGS, Korea Petroleum y Banco Popular
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ÂżEL CAMPO PETROLERO VALE 200 MILLONES O 17 MILLONES? LA SEGUNDA OFERTA de venta fue de $28,4 millones, pero Petroecuador la desechĂł por considerarla muy alta Banco Popular en liquidaciĂłn, el valor total del yacimiento, es decir el 100% de Onado, es de $340 millones y de ahĂ hay que sacar la parte proporcional (8,35%) del Banco Popular, lo que queda en $28 390 000. SegĂşn esas fuentes, la valoraciĂłn fue realizada en agosto pasado por la empresa mixta Petronado, integrada por PDVSA, y los socios minoritarios del consorcio operador, pero se negaron a entregar a BLANCO Y NEGRO una copia del documento de 40 pĂĄginas.
Por eso, en la nueva oferta presentada a Petroecuador constan $28,4 millones, con lo cual fue dejada de lado la propuesta inicial de $22 millones anunciada por Galo Chiriboga. La nueva propuesta habrĂa sido desechada por Petroecuador, donde se estima que la participaciĂłn del Banco Popular en el campo Onado no vale mĂĄs allĂĄ de $17 millones. AsĂ las cosas, las partes decidieron recurrir a una valoraciĂłn internacional, que serĂĄ contratada en los prĂłximos dĂas. (AA/SR)
EDU/HOY
Si se aplica el mĂŠtodo de “flujo descontadoâ€?, que considera un costo para Onado de $50 el barril, sumado costos directos de producciĂłn, administraciĂłn, impuestos y un precio de venta de $100 por barril, la utilidad neta para los operadores es de $50 por barril. Esa utilidad, multiplicada por las reservas probadas (lo que corresponde al Popular) de 4,6 millones de barriles, arroja una utilidad acumulada de mĂĄs de $230 millones. En cambio, segĂşn fuentes del
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A/HOY
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el liquidador, Antonio BuĂąay, dice que la calidad oscila entre los 22° y 26° API. Asimismo dos mĂŠtodos de valoraciĂłn establecen entre $100 millones y $200 millones el valor de las acciones del Popular. En el mĂŠtodo de “precio por reservasâ€?, el mercado bursĂĄtil asigna un valor promedio de $24 por barril de reservas probadas; la cifra determina cuĂĄnto vale cada compaĂąĂa petrolera en funciĂłn de sus reservas. Con este cĂĄlculo, los 4,6 millones de barriles que le corresponden al Popular en las reservas, por su participaciĂłn del 8,35%, superan los $110 millones.
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e mantenerse en $22 millones o en un valor menor el acuerdo de traspaso de la participaciĂłn del Banco Popular en el campo Onado a Petroecuador, la estatal se asegurarĂa ingentes dividendos por la explotaciĂłn durante 18 aĂąos. Para empezar, las reservas probadas de la totalidad del campo son de 56 704 000, de acuerdo a un informe del consorcio Petronado, que maneja el yacimiento, enviado al Banco Popular en liquidaciĂłn. A esto se aĂąade la calidad del crudo: 38° API (muy liviano), segĂşn una de las empresas integrantes del consorcio; aunque
Esta propiedad, ubicada en el sector de GuĂĄpulo (Quito), valorada en $6 millones, estaba contabilizada en los activos del Banco Popular, a diciembre de 2002
Terrenos y membresĂas del Club Los Arrayanes (Puembo), valorados en $3 millones, tambiĂŠn forman parte de los activos
'Los accionistas deben pagar el dĂŠficit patrimonial de $487 millones' EN SEPTIEMBRE DE 2002 SE terminĂł de pagar a todos los depositantes; aĂşn se adeuda a otros inversionistas y a los ex empleados de la instituciĂłn n septiembre de 2002, la AGD
EterminĂł de pagar a los de-
positantes del Banco Popular. Posteriormente, en diciembre de ese aĂąo, la administraciĂłn temporal designada por la AGD preparĂł un listado parcial de los activos que tenĂa el banco, con un valor superior a los $50 millones. El valor en caja era de $5 millones, otros $5 millones correspondĂan a bonos del Estado y habĂa $18 millones en CDR de otros bancos. En las cuentas por cobrar se contabilizaban $6 millones por
la venta de la sede al Banco Central, otros $2 millones por cobrar a la AGD por adelantos, $1 millĂłn a la AGD por cobertura de gastos de otros bancos. Los inmuebles sumaban $10,5 millones, desglosados de la siguiente forma: $6 millones por la propiedad de GuĂĄpulo, $3 millones por terrenos y membresĂas en el club Los Arrayanes (ver fotos), $1 millĂłn por la agencia ubicada en la avenida ColĂłn de Quito y $500 mil por la agencia Torre
$50
1492. A esos valores hay que aĂąadir la cuenta por cobrar del Banco Pichincha por liquidaciĂłn de venta de cartera, cuyas cifras la AGD no las ha revelado hasta la actualidad. Fuentes del Banco Popular en liquidaciĂłn, millones era el valor dirigido por de los activos en Antonio Budiciembre de 2002 Ăąay, seĂąalan que el dĂŠficit patrimonial del Banco Popular es de $487 millones y que ese monto les corresponde pagar a los accionistas del Banco Popular (el mayoritario era Ceval
y cerca de 2 000 minoritarios). Esto, porque los recursos para atender a los inversionistas del fideicomiso Solidez deberĂĄn provenir de la venta de la participaciĂłn del Popular en el campo Onado. En cuanto a los activos del Banco, el liquidador Antonio BuĂąay dice que actualmente hay $186 millones y que los activos lĂquidos llegan a $180 mil. Con estos recursos se pagarĂĄ a inversionistas y ex empleados del Banco Popular que todavĂa no cobran las acreencias adeudadas. (AA/SR)
GarantĂa general El fideicomiso Solidez estĂĄ garantizado con bonos emitidos por el Banco Popular, con garantĂa general, es decir con la garantĂa de todos los bienes de la instituciĂłn. AsĂ, cualquier bien que tenga el banco, "sea Onado o cualquier otro, debe ser obligatoriamente destinado a pagar los bonos que tiene el fideicomiso Solidez y, por tanto, a los inversionistas", dice Landes.
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Hasta la fecha, nadie informa sobre cuántos millones se han recibido por los rendimientos del yacimiento, ni cuál ha sido el destino de esos recursos
LA AGD HA MANTENIDO UNA POLÍTICA DE RESERVA Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL TEMA ONADO ●
ACH/HOY
SEGÚN LA ACTUAL administración, el año pasado habría rendido $1,5 millones; según estudios técnicos extraoficiales, en los últimos siete años habría producido $31 millones
Walter Valarezo fue gerente en 2000
Bruno Leone estuvo en la AGD en 1999
Carlos Arboleda, gerente AGD 2004 n general, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) no ha mantenido una política de transparencia sobre el campo Onado. Uno de los pocos gerentes que habló del tema fue Ramiro Espín, que en 2004 le dijo a BLANCO Y NEGRO que los recursos obtenidos con los rendimientos proporcionales a la participación del Popular se utilizaron para pagar a los depositantes. En esa ocasión, el ex funcionario señaló que ese yacimiento era la única fuente real de recursos para el banco. El reportaje también mencionaba que por entonces el campo daba un rendimiento anual de $2 millones. Actualmente, fuentes de la administración temporal dicen que en 2007 se generaron $1,5 millones de utilidades. No obstante, análisis extrao-
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Luis Villacís Guillén, AGD año 2000
Alejandra Cantos, gerenta en 2005
Patricio Dávila, 2001, luego diputado PSC
Ramiro Espín también fue gerente en 2004
ficiales señalan que los rendimientos serían mucho más altos y que la AGD habría recibido $31 millones en los últimos siete años. Esta cifra es superior a las propuestas de venta por $22 y por $28 millones realizadas por la actual administración, que tampoco ha hecho pública la valoración del 100% del yacimiento venezolano realizada por Petronado. Otro aspecto que no ha sido transparentado por parte de la AGD tiene que ver la calidad del crudo extraído. Todavía no ha presentado certificaciones sobre el tema. En la misma línea de reserva, la Agencia de Garantía de Depósitos nunca informó el precio que pagó PDVSA al consorcio CGC-Korea Petroleum-Banco Popular por la compra del 60% de la participación en Onado ni
Oswaldo Tamariz, gerente en 2002
Gloria Sabando, gerenta AGD 2007
el destino que se dio a esos recursos. El actual gerente de la AGD, Carlos Bravo, y fuentes allegadas al liquidador del banco, Antonio Buñay, manifestaron que no existe información sobre el campo Onado porque anteriores administradores se habrían llevado la documentación. “Las administraciones pasadas deberán rendir cuentas sobre lo sucedido con el campo Onado, si hubo renta o no, qué se hizo con esos recursos o si hubo pérdidas”, señalaron. Asimismo, tras afirmar que en el pasado hubo corrupción, Bravo se comprometió a realizar una profunda investigación, que establecerá responsabilidades penales. Por la reserva con que se ha manejado este tema, el grupo de 30 inversionistas del fondo Solidez que interpuso medidas cautelares sobre el campo pe-
Wilma Salgado estuvo en la AGD en 2003
Carlos Bravo, actual gerente de la AGD
Las administraciones pasadas deberán rendir cuentas sobre lo sucedido, tenemos indicios de corrupción que serán investigados y sancionados'. CARLOS BRAVO, gerente de la AGD
trolero recién se enteró en 2004 que este era uno de los activos del banco. La defensa de esas personas dice haber obtenido en Venezuela información sobre el campo, “porque la AGD no tiene un registro de los dineros ingresados por la producción”. La defensa cuestiona al actual liquidador temporal del Banco Popular, dice que por “desconocimiento del tema petrolero” se valoró la participación en $22 millones, cuando el valor real es mucho mayor. Por eso apoya una valoración internacional, independiente. (SR/AA)
PUNTO DE VISTA Un proceso que requiere claridad Durante todo el período previo al referendo aprobatorio del proyecto de Constitución, que se votará el próximo domingo, el Gobierno central no se ha cansado de enviar señales que favorezcan a su posición de apoyo al Sí. Uno de aquellos indicios ha sido las acciones del Régimen con el fin de demostrar su afán de resolver los problemas derivados de la crisis del sistema financiero de los años noventa. Quizás el caso más sonado fue la publicitada incautación de cientos de empresas que pertenecerían a los hermanos Roberto y William Isaías, ex accionistas de Filanbanco. A ello se han sumado acciones semejantes en contra del grupo Peñafiel, relacionado con el también cerrado Banco de Préstamos. Sin embargo, el gesto gubernamental más reciente en relación con la crisis bancaria ha sido el traspaso de acciones del campo petrolero Onado a Petroecuador por parte de su par venezolana PDVSA. Esto permite a la estatal petrolera ecuatoriana adquirir la participación del 8,35% que mantiene en ese yacimiento el Banco Popular (actualmente en liquidación). El dinero, de acuerdo con la propagando gubernamental, servirá para pagar a los perjudicados en el caso del fideicomiso Solidez, de dicha entidad financiera. Hasta allí, las cosas bien. Sin embargo, han empezado a surgir dudas respecto del traspaso de las acciones. La principal de ellas es la valoración de los activos del campo Onado, sobre lo cual no terminan de cuadrar las cifras. Una valoración de Petroecuador establece que el paquete representaría unos $21 millones. Sin embargo, según PDVSA, los derechos representan $28 millones. Se necesita en este caso de absoluta claridad, pues no cabe que, a título de hacer justicia a cualquier precio a los perjudicados, se produzcan errores y perjuicios contra los propios interese estatales. (LAG)
Preprensa e impresión: EDIMPRÉS S.A. Av. Mariscal Sucre Oe6-116 BLANCO Y NEGRO: es una publicación del GRUPO HOY. Más información, usted puede encontrar en la página web www.hoy.com.ec Premios Símbolos de Libertad: 1992, 1996, 1997, 2001 -Segundo Premio Jorge Mantilla Ortega: 1999