UN MARCO JURÍDICO NACIONAL REFORZADO

Para contrarrestar este fenómeno, el Gobierno de Honduras ha adoptado varias medidas, como la creación en 2002 de un órgano interinstitucional para promover la erradicación de la explotación sexual en la niñez: La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Honduras (CICESCNNA), 28 centró inicialmente sus esfuerzos en combatir los delitos de explotación sexual infantil. En 2005, CICESCNNA se convirtió en la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), 29 ampliando su mandato para incluir la trata de personas. Al igual que CONATT en Costa Rica, CICESCT se hizo permanente por una ley contra la trata de personas adoptada en 2012. Ahora es responsable de promover, articular, supervisar y evaluar acciones destinadas a prevenir y erradicar este delito, a través de la gestión y aplicación de políticas públicas especializadas, además de la sensibilización de los Estados miembros y sectores profesionales implicados en la lucha contra la trata de personas.

El Gobierno también ha aplicado varios planes de acción nacionales para combatir la trata de personas y la explotación sexual comercial de niñas y niños para el período 2006-2011, y más recientemente contra la trata en general para el período 2016-2022. Este último plan tiene como objetivo implementar acciones preventivas con poblaciones vulnerables, enjuiciar a las y los traficantes y apoyar mejor a las víctimas.

Sin embargo, los esfuerzos realizados por el gobierno hondureño siguen siendo insuficientes. Aunque se ha fortalecido a lo largo de los años, y a pesar del aumento de su presupuesto entre 2019 y 2021, la CICESCT carece de recursos financieros y humanos para apoyar a las víctimas de manera adecuada, como lo es recopilar y analizar datos relacionados con ellas. Esta falta de fondos también afecta el Plan de Acción Nacional para Combatir la Trata de Personas, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La entrada en vigor de un nuevo Código Penal en 2020 y los ajustes realizados en 2021 han dado lugar a importantes reformas y actualización en el marco normativo que data de 1983. Si bien estos cambios han permitido definir nuevas modalidades de trata de personas y armonizar ciertos delitos penales con las normas internacionales, siguen existiendo vacíos. De hecho, al reducir las penas por delitos relacionados con la trata, genera dificultades en la protección contra delitos como el abuso sexual de niñas y niños, además de las adopciones irregulares. Quedan muchos esfuerzos por hacer para garantizar una mayor protección y un apoyo más adecuado a las víctimas de la trata de personas.

// Desafíos en la lucha contra la trata de personas en Costa Rica y Honduras

Honduras y Costa Rica han ratificado los principales instrumentos internacionales sobre trata de personas y han incorporado en sus respectivas legislaciones medidas para proteger a las víctimas y condenar los delitos relacionados con este fenómeno. Los dos países también han establecido un programa y estructuras dedicadas a coordinar los esfuerzos contra la trata de personas a nivel nacional.

A pesar de estos esfuerzos, la trata de personas sigue siendo un problema importante en ambos países, al igual que muchos otros Estados, enfrentan muchos desafíos en la lucha contra este delito, entre los que podemos mencionar:

» Falta de recursos

En su último informe sobre la trata de personas publicado en 202230, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señala la falta de recursos financieros y humanos asignados por ambos gobiernos a instituciones, estructuras y programas dedicados a combatir la trata de personas, dejando un déficit en el apoyo a las víctimas, situación ya señalada en informes anteriores. En Honduras, el informe señala la falta de financiamiento de estructuras como CICESCT y Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas 31. En Costa Rica, se informa de fondos insuficientes para la vigilancia de rutina o las patrullas asignadas contra la trata.

» Falta de coordinación entre las y los actores involucrados

Además, en el mismo informe32 se señala una falta de coordinación entre las diversas estructuras que participan en la lucha contra la trata de personas en cada uno de los dos países. Para contenerla, es necesaria una respuesta integral a la trata, y no puede ser eficaz sin mecanismos de colaboración normalizados y funcionales. Si bien la creación de los diversos órganos de coordinación mencionados anteriormente responde en parte a este desafío, la falta de financiación, la diversidad de las y los participantes involucrados y su dependencia de los cambios políticos limitan su impacto real.

También son dignas de mención las deficiencias en los procedimientos que deben aplicarse en la detección de casos de trata dentro de cada sector. Pocos han sido definidos, y cuando lo son, siguen siendo poco seguidos. Esta falta de procedimientos internos afecta la eficacia de la lucha contra la trata de personas, y genera un desconocimiento del papel de las y los diversos actores involucrados.

30. Departamento de Estado de los Estados Unidos (2022). Reporte sobre la trata de personas 2022. https://www.state.gov/wp-content/ uploads/2022/10/20221020-2022-TIP-Report.pdf.

31. Unidad programa especial de lucha contra la trata, explotación sexual comercial y trata de personas (UTESCTP), Creada en 2018.

32. U.S. Department of State. (2022). Trafficking in persons report 2022. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221020-2022-TIPReport.pdf

» Participación insuficiente de las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades vulnerables

Las poblaciones (especialmente las de mayor riesgo, como las niñas y los niños, las mujeres, las comunidades indígenas, afrodescendientes o LGBTQI+) siguen estando poco involucradas en la lucha institucional contra la trata de personas. Su movilización a menudo se limita a la participación en actividades de sensibilización, no relacionadas con el Estado u otros participantes de la lucha contra la trata. Como resultado, siguen estando mal integrados en mecanismos holísticos, lo que limita la coordinación de una respuesta nacional

Las personas en situación de riesgo y las víctimas también siguen participando poco en los programas institucionales de lucha contra la trata, excepto durante su atención. El equilibrio entre el principio de no daño33 y salvaguardia34 y el derecho de estas personas a participar en las acciones que les afectan, es difícil de encontrar, lo que complica su integración en los programas de control, especialmente para las niñas y los niños. Este equilibrio es aún más frágil en los contextos hondureño y costarri- cense, donde el predominio de bandas criminales constituye un riesgo significativo para la población.

Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la integración de las personas vulnerables y las organizaciones de la sociedad civil es esencial para que la lucha contra la trata sea efectiva y adecuada. Actualmente, las poblaciones no están suficientemente equipadas e involucradas, lo que limita tanto los esfuerzos de prevención como la identificación y reintegración de las víctimas de la trata de personas.

Además, estos diversos agentes siguen estando escasamente representados en los órganos de coordinación de la lucha contra la trata de personas. Si bien a veces están a nivel local, su presencia disminuye a medida que aumenta el nivel de coordinación, esta ausencia, priva a los órganos de coordinación de una perspectiva esencial.

» Iniciativas demasiado centralizadas

La centralización de los medios implementados para prevenir y combatir la trata de personas en las principales ciudades de cada país tiene consecuencias negativas para su eficacia a nivel nacional. Así pues, algunas formas de trata han sido visibles en regiones donde faltan mecanismos e iniciativas contra la trata, en particular en la agricultura, la industria del turismo y ciertas poblaciones marginadas, como las poblaciones indígenas o afrodescendientes.

» Brechas en la capacitación de las y los actores involucrados

El Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas35 han identificado lagunas en la capacitación de las y los actores de primera línea que participan en la lucha contra la trata de personas36 Las fuerzas policiales, además del personal del sector judicial o social, no están sufi- cientemente equipadas en sus respectivas esferas para identificar y remitir a las víctimas de la trata de personas Adicionalmente, las y los actores tienen poco conocimiento de las especificidades de la trata y están poco capacitados para detectar sus indicadores, aplicar las disposiciones penales pertinentes en esta esfera o comunicarse adecuadamente con las víctimas.36

33. El principio De No hacer daño requiere de organizaciones e instituciones que minimizan el riesgo de daño que podrían causar inadvertidamente al intervenir con las personas a las que buscan ayudar, por ejemplo, alimentando indirectamente la dinámica de un conflicto o situación problemática determinada. Debe tenerse en cuenta desde la etapa de planificación y durante toda la intervención.

34. El principio de Salvaguardar incluye políticas, procedimientos preventivos, mitigativos, reactivos y otros para proteger personas participar en un programa, en una póliza o à cualquier otro proyecto el daño que puedan sufrir como resultado de su asociación con la organización o institución que implementa el proyecto. Estos son: garantizar que la participación no está en detrimento de la seguridad y el bienestar de personas participantes.

35. Estados Unidos. Departamento de Estado (2021). Reporte sobre la trata de personas 2021. https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/.

Por ejemplo, en Costa Rica se ofrecen sesiones o cursos de capacitación sobre trata de personas en escuelas de formación policial y judicial, así como en unidades de educación permanente en las diversas instituciones judiciales. Estos cursos se centran en el marco normativo internacional y nacional sobre la trata de personas, las técnicas de investigación y las medidas para ayudar a las víctimas de delitos conexos. Sin embargo, hay varias deficiencias en esta oferta formativa. En primer lugar, a menudo se limita a módulos ad hoc, a corto plazo e insuficientemente detallados, que no se centran en las funciones y responsabilidades de cada participante en la lucha contra la trata de personas. Además, estos cursos no vinculan sistemáticamente la teoría y la práctica. Por último, no hay una proporción de las y los diferentes participantes pertinentes sobre las y los capacitadores calificados y no se difunden en todo el país.

Como resultado, muchos de las y los profesionales actuales y aspirantes no desarrollan las competencias y la especialización necesaria para aplicar el marco regulatorio, las técnicas de coordinación y las buenas prácticas para el manejo adecuado de los casos de trata de personas.37 Esto es aún más cierto en el caso de situaciones específicas de la región, como la trata de personas migrantes o desplazadas, o la selección de niñas y niños retenidos para actividades relacionadas con las bandas criminales.

Se pueden observar deficiencias similares dentro de los órganos de coordinación, cuya compleja misión –que combina la intervención inmediata, movilización y coordinación de las y los actores en la lucha contra la trata– requiere competencias específicas. Para promover la participación efectiva y segura de todas y todos los actores, lo cual es esencial para un fortalecimiento integral de los sistemas de protección contra la trata de personas, los órganos de coordinación deben poder implementar prácticas adecuadas.

» Comunidades que no confían en las instituciones estatales

Tanto en Honduras como en Costa Rica, las personas son generalmente reacias a colaborar con las y los actores estatales en la lucha contra la trata de personas. Esta situación está vinculada en parte a las percepciones heredadas de la historia a veces represiva de los Estados en cuestión, pero también es el resultado de las prácticas individuales de las personas que representan al Estado y no respetan los derechos de las poblaciones. Por lo tanto, existe una falta de confianza entre la población hacia las y los integrantes institucionales, en particular los del sistema de justicia, y una percepción particularmente negativa de las fuerzas policiales. Como resultado, es menos probable que las personas y las comunidades denuncien los delitos relacionados con la trata de personas que de los que son víctimas o testigos.

Además, los estereotipos que sufren los grupos marginados, como las niñas, los niños, las mujeres, las comunidades indígenas, afrodescendientes o LGBTQI+, a menudo conducen a la normalización de la violencia contra ellos

36. Comité de los Derechos del Niño (2011). Examen de los informes presentados por los Estados Parte en virtud del artículo 44 de la Convención. Observaciones finales: Costa Rica, CRC/C/CRI/CO/4 https://www.undocs.org/fr/CRC/C/CRI/CO/4 y a la banalización de su experiencia por parte de las y los agentes del Estado. En muchos casos, la denuncia conduce a una victimización secundaria (véase la definición en la página 29) y es poco gratificante para las víctimas ante el riesgo de represalias de las y los traficantes, a menudo vinculado a ellos las redes criminales influyentes.

37. IBCR (2016). Informe de mapeo sobre el combate a la trata de personas en Costa Rica. http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2016/08/Cartographie-Costa-Rica-ESP_int_WEB.pdf.

Por lo tanto, el problema es doble: por un lado, las personas no denuncian los crímenes de los que son víctimas o testigos por falta de confianza en el Estado. Por otro lado, cuando lo hacen, las personas que representan al Estado no los escuchan, no los consideran suficientemente relevantes si pertenecen a ciertas comunidades.

Más allá de la capacitación de las y los actores institucio - nales en prácticas no discriminatorias que respeten los derechos y el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades, para identificar y denunciar los casos de trata y participar en la lucha contra la trata de personas, persiste un desafío en la construcción de un vínculo de confianza entre las instituciones estatales, la sociedad civil y las comunidades, además es necesario para luchar eficazmente contra este delito

» Falta de conocimiento y visión incompleta de la trata de personas

La trata de personas sigue siendo un fenómeno desconocido para la población, lo que dificulta su identificación y, por lo tanto, la presentación de informes. Las propias víctimas a menudo no son conscientes de que se encuentran en una situación de trata, por el contrario, a veces son las y los perpetradores los que no son conscientes de haber cometido un delito, por ejemplo, cuando se trata de miembros de la familia o comunidad distante.

Por otra parte, los funcionarios del Estado a menudo no están familiarizados con los instrumentos existentes para prevenir y enjuiciar el delito de trata de personas, lo que limita sucapacidad de actuación. De hecho, debido a la naturaleza multifacética de este delito, los actores estatales de varios sectores pueden enfrentarse a casos de trata, ya sea el personal de la justicia, la policía, la salud, la seguridad fronteriza, la inspección del trabajo o de la industria del turismo, pero muchos siguen sin ser conscientes del papel que podrían desempeñar para contenerla.

» Poco se tiene en cuenta el acompañamiento a las víctimas

La respuesta actual a la trata de personas es a menudo represiva, centrándose en enjuiciar y condenar a las y los perpetradores. Si bien la impunidad es de hecho un factor en la persistencia de este crimen, muchos de los desafíos mencionados aquí también están relacionados con la falta de reconocimiento de los problemas sociales y humanos relacionados con la trata de personas, así como la falta de consideración de la experiencia de las víctimas. Un enfoque centrado en la víctima, respetando sus derechos y adaptado a sus necesidades, permite superar estas deficiencias y crear o fortalecer el vínculo de confianza entre la población y el Estado. Las iniciativas de prevención y apoyo basadas en las experiencias de las víctimas son, por lo tanto, una garantía de su eficacia y pertinencia.

Al igual que la participación de las poblaciones vulnerables, este desafío también está vinculado a la capacitación de las y los actores involucrados, con el fin de promover la implementación de prácticas adaptadas a los derechos de las víctimas para garantizar su seguridad y evitar la victimización secundaria (ver más página 29).

» Falta de coordinación regional e interregional

Más allá de los desafíos nacionales, la forma misma de la trata, a menudo vinculada a la movilidad y la delincuencia internacional, requiere una acción concertada a nivel regional en América Central y a nivel interregional en las Américas, coordinación que sigue siendo insuficiente en la actualidad. Dado que los órganos encargados de investigar y enjuiciar los delitos relacionados con la trata de personas y los servicios de apoyo ofrecidos a las víctimas son en su mayoría jurisdicciones nacionales, la lucha contra la trata de personas a menudo permanece compartimentada y, por lo tanto, incompleta. Además, la coordinación de una diversidad de las y los actores con diferentes prácticas, intereses y medios genera muchos desafíos. Aunque existen órganos de coordinación regional, como la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT)38, se ha puesto en marcha iniciativas regionales de cooperación policial y judicial, y los donantes internacionales son conscientes de esta necesidad, la escala y las consecuencias de esa coordinación hacen que sea un desafío persistente garantizar una lucha eficaz contra la trata de personas.