Sociedad Civil en Mexico by IDENTIDADES SOMOS O NO SOMOS

SOCIEDAD

CIVIL EN MÉXICO Módulo I NIVEL 1 Convocatoria de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las OSC 2012 - Indesol MANUAL DE LAS Y LOS PARTICIPANTES

Coordinación docente

RAFAEL REYGADAS ROBLES GIL

Docentes del módulo Maria Luisa Guzmán Aguirre Sara San Martín Romero Rebeca Montemayor López José Guadalupe Sánchez Suárez Roberto Sergio Vega González Rafael Reygadas Robles Gil Coordinación Institucional Servicio, Desarrollo y Paz, A.C. Centro de Estudios Ecuménicos, A.C. Diseño gráfico Gabriela Reygadas Robles Fotografías Mariana Robles Rendón Servicio, Desarrollo y Paz, A.C. Centro de Estudios Ecuménicos Tercera Edición Actualizada Abril de 2012 Servicio, Desarrollo y Paz, A. C. Huatusco 39, Col. Roma Sur, C.P. 06760, México, D. F. Tel: 01 (55) 5574-6397 Correo electrónico: sedepac@laneta.apc.org Página web: www.laneta.apc.org/sedepac Centro de Estudios Ecuménicos, A. C. Yosemite 45, Col. Nápoles, C.P. 03810, México, D. F. Tels: 01 (55) 5543-6140, 5682-9740, 5523-2114 Fax: 5682-8715. Correo electrónico: ceecomunicacion@estudiosecumenicos.org.mx Página web: www.estudiosecumenicos.org.mx

Este material se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social. Empero la SEDESOL no necesariamente comparte los puntos de vista expresados en este documento. Este Manual es de uso exclusivamente pedagógico y no tiene fines de lucro, por lo tanto se entrega gratuitamente a las y los promotores que participan en cada sede, para apoyar su aprendizaje.

Dedicamos este Manual de las y los participantes en el Módulo sobre Sociedad Civil en México a nuestra querida amiga y compañera María Alicia Puente Lutteroth de Guzmán, Licha para todos nosotros, quien a lo largo de su vida participó en movimientos familiares, sociales, ciudadanos y eclesiales de base con su sabiduría como mujer, esposa e historiadora de la Iglesia con un inmenso compromiso y dedicación, quien en los últimos nueve años de su vida ofreció al Consejo Directivo del Centro de Estudios Ecuménicos sus conocimientos y su experiencia para abordar con alegría la vida cotidiana y los retos actuales de la sociedad mexicana. ¡Licha, vives en nuestro corazón, en nuestros sueños y trabajos diarios por la justicia y la paz digna!

ÍN DI CE

7 Presentación de Servicio Desarrollo y Paz 11 Presentación del Centro de Estudios Ecuménicos 15 Presentación del Manual de las y los Participantes 19 Estructura del Módulo 23 Bloque 1 Concepto de Sociedad Civil 24 Presentación e introducción general al módulo 25 Guía 1 27 Concepto de Sociedad Civil 28 Lectura 1

39 Bloque 2 ¿Qué son las Organizaciones de la Sociedad Civil en México? 40 Caracterización e identidad de las OSC participantes 41 ¿Qué son las OSC? 41 Lectura 2 56 Formas de intervención de las OSC: La Asistencia y la Promoción Social 57 Guías 2 y 3 58 Lectura 3 107 108 109 109 111 112 113

Bloque 3 Trayectoria reciente de las OSC, retos y perspectivas Procesos y trayectoria de las OSC locales de la sede, región o estado Guía 4 Lectura 4 Trayectoria de las OSC en México y la participación ciudadana Guía 5 Lectura 5

138 138 140 162 162 167 167

Participación ciudadana y movimientos sociales recientes en México Guía 6 Lectura 6 Guía 7 Lectura 7 Guía 8 Lectura 8

173 Bloque 4 Marco Legal de las OSC en México 175 Formas de asociación reconocidas por la ley. 183 Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por

184 185 202 203 211 215 220 221 222 223 247 248

Organizaciones de la Sociedad Civil. Guía 9 Lectura 9 Marco fiscal de las OSC en México Lectura 10 Lectura 11 Lectura 12 Ley General de Desarrollo Social Guía 10 Guía 11 Lectura 13 Aportes, aprendizajes y evaluación del módulo Guía 12

251 Semblanzas

ÍN DI CE

PRESENTACIÓN

SERVICIO, DESARROLLO

Y PAZ

Presentaci贸n de SEDEPAC y CEE tttttttttttt

ervicio,Desarrollo y Paz, A.C. (sedepac) surge como Asociación Civil el 30 de mayo de 1983. Somos una organización no lucrativa, formada por mujeres y hombres con diversas capacidades profesionales. Trabajamos en el terreno de la educación no formal para lograr una sociedad incluyente, de paz, libertad y sustentabilidad; en general, para el desarrollo integral y pleno de la población de nuestra nación, así como para una cultura de solidaridad entre los pueblos.

de desarrollo, organización, de transformación local y regional, así como en la elaboración de propuestas para formular políticas públicas. Nuestras actividades de educación y capacitación, los sectores de población destinataria y nuestra cobertura territorial se han localizado principalmente en las áreas de: la zona Metropolitana de la ciudad de México, del poniente de Tlaxcala, de la frontera norte del estado de Coahuila, del centro Chiapas, la Sierra Huasteca Potosina y la Sierra Norte de Puebla.

Dirigimos nuestros esfuerzos a la consolidación de organizaciones populares y sociales, como sujetos de sus propios procesos de desarrollo, corresponsables de las relaciones sociales y de los vínculos con la naturaleza y con el planeta. Impulsamos iniciativas sociales por los derechos humanos y ambientales, orientadas al bienestar colectivo y a favorecer la articulación de experiencias y energías a niveles local, nacional e internacional. En estrecha alianza con otras organizaciones y redes sociales y civiles, buscamos la gestión pacífica y democrática del bienestar colectivo y, desde nuestra especificidad educativa, incidir directamente en procesos

PRESENTACIÓN

del

CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS

Presentaci贸n de SEDEPAC y CEE tttttttttttt

l Centro de Estudios Ecuménicos, A. C. (cee) es una organización ecuménica de la sociedad civil fundada en 1968 que desde su larga trayectoria y posicionamiento nacional e internacional es puente para construir sentido de fe en lo político-social y sentido político-social en la fe. Como actor civil, junto con otras y otros, tejemos confluencias para impulsar propuestas y experiencias transformadoras que contribuyan a la vida digna basada en la paz con justicia social, desde, con y para los sectores más empobrecidos y vulnerables en nuestro país. Nuestra misión es contribuir a la formación y el fortalecimiento de colectivos comunitarios civiles o eclesiales para que, como sujetos sociales, incidan desde una perspectiva de derechos humanos, de equidad de género y ecuménica, en su ámbito social para mejorar las condiciones de vida en sus comunidades

Trabajamos para: Apuntalar procesos, liderazgos y propuestas autónomas y autosustentables de transformación política, social y/o incidencia en lo local, regional y nacional con sentido ecuménico. Contribuir a la articulación y comunicación entre diversos actores sociales para ser y hacer voz pública profética, generando pensamiento crítico sobre realidades que niegan la vida digna y estrategias para la transformación social hacia un orden social justo y un mundo sustentable hoy y mañana Facilitar, elaborar y difundir información y materiales educativos y metodologías que alimenten pensamiento crítico y visibilicen prácticas alternativas. Ser ecuménicos es ser universales, conocer, comprender y tomar en cuenta la diversidad de formas de habitar nuestra Tierra, y defender el derecho de todos y todas para vivir en este hogar común. Creemos que la expresión, reflexión y acción de la fe debe dar cuenta de un compromiso por la vida digna.

PRESENTACIÓN

del

MANUAL DE LAS Y LOS

PARTICIPANTES

Presentaci贸n del Manual de las y los Participantes tttttttttttttttttt

l material que tienes entre tus manos fue elaborado para facilitar el aprendizaje de las y los participantes en el módulo de Sociedad Civil en México, que es el módulo I del nivel 1 de la Convocatoria de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc)-2012 del Instituto Nacional de Desarrollo Social (indesol). El Manual de las y los Participantes contiene en primer lugar la presentación de la estructura del Módulo: su objetivo general y su organización en cuatro bloques o unidades de enseñanza y aprendizaje, en los que se van presentando paso a paso los temas, objetivos, objetivos específicos, actividades a realizar, apoyos didácticos, lecturas y/o bibliografía. En otras palabras, se muestran los dispositivos pedagógicos con los que trabajaremos a lo largo de tres días.

Se procura partir siempre de la experiencia, de los intereses, del contexto y de los saberes de todas y todos los participantes, se proporcionan documentos o materiales que contienen información calificada y se desarrollan procesos de trabajo, reflexión y análisis grupal, organizados para lograr un aprendizaje significativo relacionado no solamente con nuevos conocimientos sino con una recreación de las propias prácticas sociales en sus contextos cotidianos. Se busca socializar los saberes, ampliar la visión, vincular los conocimientos con el quehacer público de las organizaciones civiles en base a trabajar por una sociedad más incluyente y cimentada en la vigencia, promoción, exigibilidad y justiciabilidad de todos los derechos humanos. Lo central para que el dispositivo pedagógico propuesto nos lleve a buen término es la participación activa y creativa de todas y todos en las actividades propuestas, la actitud de escucha, atenta y respetuosa de las y los demás, a fin de poder dialogar y juntos/as generar nuevos saberes. Después de la presentación del dispositivo pedagógico de cada bloque vienen lecturas y/o bibliografía que apoyan los procesos de trabajo en el aula, así como guías pertinentes para facilitar el trabajo en grupos y la revisión de las lecturas propuestas.

ESTRUCTURA del

MÓDULO

Estructura del Módulo ttttttttt

El objetivo general de este módulo es que las y los participantes conozcan y se reconozcan como integrantes de organizaciones de la Sociedad Civil, ubicando su historia, identidad, pluralidad, transformaciones, prácticas, campos de acción, formas de participación ciudadana y el marco legal que las rige, así como también sus aportes al desarrollo social y a la democratización del país.

La estructura del módulo está formada por cuatro bloques, que van permitiendo a las y los participantes aproximarse al concepto de Sociedad Civil y a la historia e identidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil en sus estados y a nivel nacional. En cada bloque se presentan los diversos temas, objetivos de los mismos, subtemas y objetivos específicos, las actividades a realizar y los apoyos didácticos y metodológicos que permitirán el abordaje de los diferentes contenidos y problemáticas. Finalmente se llevará a cabo una evaluación personal y colectiva del módulo.

Como fruto de aprendizaje del módulo se espera que las y los participantes elaboren un relato contextualizado o línea de la vida de su propia organización civil, destacando y fundamentando la historia y algunos de los principales retos que enfrentan.

¿QUÉ SON LAS

2 SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO? ORGANIZACIONES

CONCEPTO DE

TRAYECTORIA RECIENTE

SOCIEDAD CIVIL

¿Qué es y qué no es la sociedad civil? Conceptualizaciones de la sociedad civil.

DE LAS

DE LA

Caracterización de las OSC locales: su papel y aportes. Formas de intervención: asistencia y promoción.

OSC,RETOS Y PERSPECTIVAS

Aproximación a la historia e identidad de las OSC en el estado

o región de las y los participantes. Momentos de la historia de las OSC y la participación ciudadana. Retos y perspectivas.

• BLOQUES •

MARCO LEGAL DE LAS

OSC

EN MÉXICO

Diferentes figuras asociativas. Ley Federal de Fomento a las Ac

tividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Marco fiscal para las OSC. Ley General de Desarrollo Social.

B1.

CONCEPTO de

SOCIEDAD

CIVIL

Concepto de Sociedad Civil tttttttttt

TEM

Presentación e introducción general al módulo OBJETIVO: Ubicar los objetivos, bloques del módulo y expectativas de las y los participantes, iniciando la integración grupal para el trabajo a realizar. SUBTEMA: Presentación de expectativas e introducción general al módulo. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Dinámica de presentación de las y los participantes y sus expectativas. Presentación y revisión en plenaria de objetivos y momentos o bloques del módulo. Dinámicas sugeridas: Círculos concéntricos / las lanchas. Guía de trabajo 1 de apoyo al docente. APOYOS DIDÁCTICOS:

Material para la dinámica. Listas de registro y asistencia. Lista de recepción del Manual de las y los Participantes. Esquema del módulo. Cuestionario inicial.

GUÍA 1 Dinámicas de presentación sugeridas:

a) PRESENTACIÓN SUBJETIVA Se forman dos círculos concéntricos por parejas. Cuando lo indique el o la docente, el círculo de adentro gira a la derecha y el de afuera a la izquierda. Se dan dos minutos para que ambas personas que quedaron una frente a la otra en pareja puedan responder la pregunta que se hace cada vez. Las preguntas que pueden hacerse para facilitar la comunicación y romper el hielo pueden ser unas 5 o 6 de las siguientes:

1. ¿Qué esperas de este programa de formación? 2. ¿Qué haces en la organización de la que vienes? 3. ¿Cuál es uno de los problemas de tu estado que más te preocupa?

4. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? 5. Si pudieras ser un animal, ¿Cuál te gustaría ser y por qué?

6. ¿Cuál ha sido una de las películas que más te ha gustado y por qué?

7. ¿Qué aprendes tú de los niños/as? 8. ¿Qué aprendes de los ancianos/as? 9. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más felices de tu vida? Al final de las preguntas se pide a los participantes que comenten como se sintieron en este ejercicio y para qué les sirvió. La o el docente podrá utilizar otras dinámicas para este momento.

10. ¿Cuál uno de los más tristes? 11. ¿Cuál es el personaje contemporáneo que más admiras y por qué?

GUÍA 1

b) LAS LANCHAS Objetivo: Iniciar de manera ágil la integración del grupo y reconocer las características principales de las y los participantes y sus expectativas en torno al módulo. Desarrollo: Se pide a las y los participantes que se levanten dejen todas sus cosas e imaginen “que van a hacer un viaje en el barco de la profesionalización de las OSC, y que llegarán a diferentes puertos el primero será el de la Sociedad Civil en México sus retos y perspectivas. Se les invita a abordar y una vez que estén todos los pasajeros/as a bordo, se les invita a que se paseen en la cubierta y que se saluden y reconozcan a sus compañeros/as, después de unos dos minutos se anuncia sorpresivamente que hay peligro de tormenta. Para salvarse, tienen que formar lanchas de X número de personas. Una vez que se han conformado los grupos/ lanchas, se les dice que fue falsa alarma y pueden seguir disfrutando del viaje, la brisa del mar y saludándose. A continuación, se les dice que hay otra alerta y que tendrán nuevamente que organizarse en las lanchas para salvarse, pero en esta ocasión a partir de ciertas características como, por ejemplo sus edades.

Se realiza esta actividad varias veces con diferentes indicadores (sexo, lugar de nacimiento , temas que trabajan en su OSC, sector o sujetos con los que trabajen su OSC, estado civil, tiempo de constituida legalmente su OSC, si no está constituida puede ser una lancha, pasatiempo, tiempo de participar o trabajar en lo social) para tener una radiografía o diagnóstico inicial de cómo está constituido el grupo. En una hoja de rotafolio se va apuntando las características y cuántos participantes quedan en cada tipo de lancha. Por último, se pide que formen lanchas de 5 o 6 personas y que comenten ¿Qué esperan de este módulo?

Concepto de Sociedad Civil tttttttttt

TEM

Concepto de sociedad civil. OBJETIVO: Diagnosticar las concepciones de sociedad civil de las y los participantes contrastándolas con otras definiciones. Revisar las apropiaciones del concepto de sociedad civil en México. Ubicar lo que es y lo que no es la sociedad civil. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Dinámica de diagnóstico conceptual. Trabajo de lectura en grupos. Plenaria de presentación de reflexiones de los grupos. APOYOS DIDÁCTICOS: Hojas de rotafolio, marcadores y lectura 1.

LECTURA 1. Primera parte del texto de Olvera, Alberto J. “Representaciones e ideologías de los organismos civiles en México: crítica de la selectividad y rescate del sentido de la idea de sociedad civil”, en Cadena Roa, Jorge (coord.): Las Organizaciones Civiles Mexicanas Hoy. México, UNAM, 2004, pp. 23-31.

Concepto de Sociedad Civil tttttttttt

REPRESENTACIONES E IDEOLOGÍAS DE LOS ORGANISMOS CIVILES EN MÉXICO: CRÍTICA DE LA SELECTIVIDAD Y RESCATE DEL SENTIDO DE LA IDEA DE SOCIEDAD CIVIL Primera parte Alberto J. Olvera Como casi todos los conceptos referidos al mundo de lo civil, el de organizaciones civiles es de carácter polisémico y de difícil aprehensión. Esta noción ha venido a sustituir a la de sociedad civil en los años recientes en una operación ideológica que, una vez más, busca acotar el significado de la idea de sociedad civil a uno de sus componentes: las organizaciones no gubernamentales.1 Nos enfrentamos a una disyuntiva: o bien, establecemos la convención de que el concepto organizaciones civiles será utilizado para nombrar en positivo a las ONG’s, o bien, resemantizamos el concepto para hacerlo más abarcativo de la pluralidad y diversidad implícitas en la sociedad civil. En realidad no existen razones teóricas a favor de una u otra opción, sino que se trata de un mero acuerdo sobre el significado del término. Lo que no es posible aceptar es que la idea de organismo civil sustituya a la de sociedad civil. Como he explicado en otra parte (Olvera 1999), la sociedad civil 1 Para una crítica de esta concepción, véase Olvera, 1998.

implica la existencia simultánea de tres niveles de la realidad: el sistema jurídico, en especial el conjunto de derechos civiles, políticos y sociales establecidos en la ley e institucionalizados en una red de prácticas y agencias de carácter público; una red de movimientos sociales y asociaciones civiles heterogéneas y social y políticamente plurales; y una cultura de la tolerancia y de la crítica. Las organizaciones civiles son un subconjunto del sector asociativo de la sociedad civil, y por tanto, constituyen un fenómeno acotado. La especificidad de las organizaciones civiles debe ser reconocida para evaluar sus alcances y limitaciones, así como su papel en el México contemporáneo y en la culminación de la transición democrática. Dados los riesgos y oportunidades abiertos por la alternancia política, es importante reflexionar, ante todo, sobre el problema de la representación en el campo de la sociedad civil. En las páginas que siguen se hace una primera aproximación al tema. En la primera parte se recuerdan los elementos fundamentales de la teoría de la sociedad civil, subrayando sus distintas dimensiones. En la segunda se abordan algunas de las nociones convencionales sobre la sociedad civil mexicana. En la tercera se explica la composición interna de la sociedad civil visible, esto es, de su sector asociativo. En la cuarta se analizan las formas de acción y el sentido de la política de la sociedad civil.

En la quinta se estudian las características específicas de los organismos civiles. En la sexta y última se hacen algunas propuestas tendientes al fortalecimiento de este sector de la sociedad civil mexicana. LAS DIMENSIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL En las dos últimas décadas del siglo XX se produjo un esfuerzo intelectual que buscó ir más allá del marxismo y mantener al mismo tiempo una crítica del liberalismo y del republicanismo clásicos. La versión más elaborada de esta vertiente es el libro de Jean Cohen y Andrew Arato: Teoría Política y Sociedad Civil (2000). Estos autores desarrollan un concepto de sociedad civil basado en la teoría de la acción comunicativa de Habermas2. Ellos encuentran en la parte institucional del mundo de vida, es decir, en las instituciones y normas asociativas que requieren la acción comunicativa para su reproducción, el fundamento mismo de la sociedad civil. Dichas instituciones se refieren a la estructura de los derechos, a la operación del sistema judicial y a los aparatos que garantizan la reproducción sociocultural de la sociedad. Cohen y Arato señalan que los movimientos e insti2 Sobre Habermas y una teoría de la sociedad civil, véase Olvera, 1996.

tuciones de la sociedad civil pueden localizarse tanto en la esfera privada como en la pública y estar vinculados al mercado y al Estado como puntos de contacto entre los propios subsistemas y la sociedad misma. En este sentido, estos autores van más allá de la dicotomía habermasiana entre sistema y mundo de vida y ubican la unidad de los movimientos propios de la sociedad civil en su forma de organización, que debe ser interactiva, es decir, fundada en la comunicación. Desde esta perspectiva, la sociedad civil tendría dos componentes principales: por un lado, el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado, y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema; por otra parte, estaría el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos valores y demandas sociales, y que vigilan la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados. Tendríamos así que la sociedad civil contendría un elemento institucional definido básicamente por la estructura de derechos de los Estados de bienestar contemporáneos, y un elemento activo, transformador, constituido por los nuevos movimientos sociales (Arato 1999).

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Concepto de Sociedad Civil tttttttttt

El fortalecimiento de la sociedad civil depende entonces del desarrollo de las asociaciones voluntarias que forman su tejido social y materializan nuevas formas de solidaridad; de la existencia de una esfera pública en la que asuntos de interés colectivo puedan discutirse, y de la disponibilidad de medios institucionales para establecer puentes de comunicación entre la sociedad civil, la esfera pública, las instancias políticas representativas y el aparato de Estado. Es aquí donde los movimientos sociales y los partidos políticos devienen indispensables.

Los aportes ofrecidos por Cohen y Arato establecen claramente los contornos de una teoría de la sociedad civil. En esencia, se trata de rescatar el potencial autonómico contenido en las formas de racionalización cultural del mundo de vida, debidamente protegidas y estabilizadas por un marco de derechos construidos a lo largo de la modernidad. De esta manera es posible pensar el problema de la legitimidad democrática en una nueva perspectiva que vaya más allá de los procedimientos normativos de la representación y el sistema electoral. El análisis de la democracia debe incluir también un concepto mucho más amplio de la participación, una crítica rigurosa de la representación y una extensión de los procedimientos consensuales a todas las actividades de la vida cotidiana. Si bien éstos son los fundamentos de una teoría básica de la sociedad civil, la discusión sobre este concepto se ha visto enriquecida y obscurecida al mismo tiempo por la introducción de conceptos análogos y/o complementarios. La polémica sobre el concepto de capital social (Putnam 1993), de tercer sector (Salomon y Anheier 1995) y, en el caso de México, sobre la idea de participación (Rivera 1998), añadió nuevo material a la confusión reinante. Hoy día es difícil abordar una discusión sobre cualquiera de estos conceptos sin referirse a los otros. No es nuestra intención abrir aquí una discusión conceptual, por lo que sólo ubicaremos sus referentes más generales.

La literatura sobre sociedad civil ha crecido exponencialmente, dando lugar a conceptos muy diversos y a una extensión inusitada en su aplicación empírica. Pérez Díaz ha desarrollado una de las investigaciones más penetrantes sobre la sociedad civil para el caso de España. Su libro La primacía de la sociedad civil (1997) constituye un interesante análisis de la formación histórica de la sociedad civil en España desde una perspectiva liberal. La definición de Pérez Díaz enfatiza su carácter civilizatorio, esto es, el hecho de que la sociedad civil constituye una constelación articulada de elementos que confluyen en la vigencia de un Estado de derecho, un mercado operativo, un amplio espacio público aunado a una libertad asociativa y a una cultura política de la tolerancia (Pérez Díaz 1997: 61-73). Este concepto amplio de sociedad civil sólo deja fuera del complejo institucional y cultural que la compone al Estado. Se posiciona así el autor español en el campo de las concepciones liberales de la sociedad civil, las cuales enfatizan que su sustrato está en el mercado, que su fundamento está en las libertades negativas y su posibilidad en la asociación plural. Sin embargo, Pérez Díaz ha incluido la dimensión cultural, acercándose a una posición republicana, para subrayar que sin los principios de la tolerancia y la aceptación del otro no puede haber coexistencia de los diferentes, es decir, de la diversidad de intereses que constituye el tejido social.

Alexander (1993,1998), por su parte, ha desarrollado su propia versión del concepto centrándose en su dimensión moral-sistémica, inspirado en una lectura parsoniana de la vida social. Este autor considera que el eje fundamental de la sociedad civil es una red de valores y principios institucionalizados que propician y estabilizan las capacidades asociativas de los ciudadanos, reproducen los valores de la tolerancia y respeto a la ley e inducen un activismo cívico que tendencialmente construye canales de influencia hacia el mercado y hacia el Estado. Así, para él la sociedad civil es “una esfera de solidaridad social universalizadora”. Pérez Díaz ha señalado correctamente que Alexander confunde la sociedad civil con la esfera pública (normativamente entendida), y que es esto lo que conduce a dicho autor a rechazar el concepto de sociedad civil que incluye a las empresas mercantiles, que apoyan Keane (1988) y el propio Pérez Díaz. Lo interesante aquí es que estos autores subrayan la dimensión sociocultural de la sociedad civil, la cual queda un tanto oculta en la definición de Cohen y Arato. Este déficit puede tornarse relevante en el análisis empírico, pues una descripción meramente organizacional deja de lado los fundamentos culturales de los movimientos sociales. Cohen y Arato han evitado incluir la dimensión cultural como definitoria y han subrayado en cambio

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Concepto de Sociedad Civil tttttttttt

la dimensión de los derechos porque en las sociedades contemporáneas no hay homogeneidad en los valores centrales, sino una diversidad de concepciones de lo que es la buena vida, la corrección moral y hasta la justicia. La ley marcaría entonces el “piso común” en que se desenvuelven los conflictos culturales de una manera tal que no afectan ni alteran la convivencia colectiva. Esta vía de análisis posibilita entender a la sociedad civil como un espacio de conflicto cultural, cosa que es pasada por alto con demasiada frecuencia en las concepciones liberales. Este debate de carácter conceptual es desconocido en la mayor parte de los textos que en México utilizan la noción de sociedad civil. Las definiciones más comunes acotan su objeto de estudio a las características formales de ciertas organizaciones civiles y movimientos sociales, desconociendo así que la noción original de sociedad civil fue pensada, en el campo de la filosofía política, para definir un espacio social plural, constitutivo de una forma de vida y de un potencial crítico en relación con el Estado y el mercado. Las definiciones empíricas no operacionalizan el concepto sino que lo reducen a uno de sus componentes, generalmente a las redes asociativas autónomas. Así, por ejemplo, Diamond (1994:5) entiende a la sociedad civil como “el ámbito de la vida social organizada que es voluntaria, autogestiva, autofinanciable,

autónoma del Estado y dirigida por un orden legal o un conjunto de reglamentos compartidos”. Linz y Stepan (1996:7) la definen como “el ámbito de la constitución política donde los grupos organizados por sí mismos, movimientos e individuos, relativamente autónomos del Estado, intentan articular valores, crear asociaciones y solidaridad para aventajar en sus intereses”. En el caso de los modernos discursos de la banca multilateral, la sociedad civil es entendida como una especie de partner de las políticas de desarrollo impulsadas por el Estado a la cual se asigna la doble función de recibir fondos y proyectos y vigilar su ejecución (Rabotnikof 1999). Los enfoques funcionalistas y descriptivos ignoran normalmente las dimensiones de los derechos (o el aspecto institucional) y de los valores y principios (o el aspecto cultural) de la sociedad civil, empobreciendo la noción y creando una falsa ilusión de homogeneidad, falta de conflictividad y unidireccionalidad en la sociedad civil. MITOS Y REALIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL Sin embargo, aun si asumimos como válido el concepto de Cohen y Arato sobre la sociedad civil, nos enfrentamos a una serie de paradojas y limitaciones que conviene explicitar para evitar caer en los errores más comunes de interpretación que tanto plagan nuestro mundo académico.

1. La sociedad civil no es un actor colectivo y homogéneo. En su aspecto movimiento, la sociedad civil es un conjunto heterogéneo de múltiples actores sociales con frecuencia opuestos entre sí, que actúan en diferentes espacios públicos y que por regla tienen sus propios canales de articulación con los sistemas político y económico. Esto quiere decir que la socie-

dad civil está entrecruzada por múltiples conflictos, que es en todo caso una “arena de arenas” (Walzer 1992) y no un territorio de la convivencia pacífica y no conflictiva.

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Concepto de Sociedad Civil tttttttttt

2. La sociedad civil no porta por sí misma ningún proyecto de transformación radical ni un programa político específico. Normativamente, tiende a promover el principio de un control social sobre el Estado y el mercado y a defender el Estado de derecho y la cultura de la tolerancia como los fundamentos mínimos que le permiten sobrevivir y desarrollarse.

3. El concepto de sociedad civil es polémico y no define un modo específico de relación con los sistemas político y económico. En algunas de las recuperaciones contemporáneas de la sociedad civil existe el riesgo de la antipolítica, es decir, de la idea de que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión institucional y que los actores políticos son dignos de desconfianza por definición. En otros casos, los esfuerzos de institucionalización y permanencia de la sociedad civil son con frecuencia incomprendidos o perdidos de vista. Por ejemplo, instituciones como la defensoría del pueblo (Colombia, Brasil), mecanismos de consulta popular vinculante como el presupuesto participativo (Brasil), instituciones como los organismos electorales “ciudadanizados” (México), la legalización de consejos consultivos (Brasil, México), y de mecanismos de democracia directa como el referéndum y el plebiscito, son todos avances legales

e institucionales que estabilizan nuevas formas de intervención civil en la vida pública, sin constituir por sí mismas un programa coherente. Lo que en todo caso se resalta es el principio de la participación ciudadana.

4. Puesto de otro modo, las relaciones entre la sociedad civil y los sistemas político y económico no son reducibles a un modelo único. La propia heterogeneidad de la sociedad civil plantea la existencia de formas diversas de relación entre dichas instancias. Así, por ejemplo, los sindicatos, organizaciones patronales, asociaciones profesionales y organizaciones campesinas son actores civiles y económicos al mismo tiempo y operan como grupos de interés. En cambio, asociaciones de carácter privado, como las culturales, deportivas y religiosas, carecen de una vocación de intervención de la esfera pública, aunque de hecho lo hagan, reduciéndose su acción a la reproducción de sus intereses morales o colectivos dentro de su propio seno o promoviendo sus ideales en microesferas de carácter voluntario y no material. Por otra parte, asociaciones del tipo ONG, especialmente grupos de derechos humanos, feministas y ecologistas, se plantean explícitamente su intervención en la esfera pública con el fin de ejercer influencia sobre el sistema

político. Si bien teóricamente el concepto de sociedad civil no resuelve el problema de la interrelación con los sistemas, lo cierto es que en los desarrollos teóricos más acabados queda claro que la necesidad de un Estado de derecho y de instituciones estables que protejan los espacios de acción societales, implica un modelo de relación que define y especifica los límites de acción de cada sistema y de la sociedad y señala un espacio de posibilidades de interacción, sin que esto signifique la predicción de sus efectos.

5. Un concepto riguroso de sociedad civil nos indica que su construcción y desarrollo es un proceso de muy largo plazo que forma parte de la modernidad occidental. Si bien puede hablarse de sociedades civiles tradicionales, lo cierto es que la sociedad civil moderna no puede concebirse sin instituciones como el mercado, el Estado, el derecho y la libertad de asociación. Dado que varias de estas instituciones se han desarrollado débil y desigualmente en los diferentes países del mundo, es natural que los procesos de formación de las sociedades civiles difieran de nación a nación. Puede hablarse de que núcleos de autonomía social existen siempre en la sociedad independientemente de su grado de desarrollo económico y de su evolución política. En cada

caso debe analizarse el potencial de esos espacios como protección y plataforma de una sociedad civil. Sin embargo, es sólo cuando un Estado democrático moderno se afianza y un Estado de derecho protege a la ciudadanía cuando una sociedad civil moderna se consolida y expande.

6. Lo anterior nos indica que la sociedad civil tiene

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una composición variable en cada país de acuerdo con las condiciones históricas específicas de su formación y desarrollo. En regímenes autoritarios, por ejemplo, los partidos políticos son parte de la sociedad civil en tanto que articulan luchas por la defensa de los derechos políticos y por la vigencia del Estado de derecho en general. Lo mismo puede decirse de los sindicatos y de las asociaciones profesionales, que en la defensa de la libertad de asociación crean los primeros espacios de autonomía social en muchos países. Movimientos sociales de pueblos indígenas pueden representar un ascenso civil si se traducen en luchas por la efectivización o expansión de los derechos civiles, políticos y sociales. En cambio, en democracias estabilizadas los partidos políticos suelen separarse progresivamente de la sociedad civil e integrarse cada vez más en el sistema político. Si bien continúan siendo siempre una mediación

Concepto de Sociedad Civil tttttttttt

entre la sociedad y el Estado, los partidos tienden por su propia naturaleza a cerrarse relativamente a la participación civil. Por su parte, los sindicatos y asociaciones patronales pueden constituirse en meros grupos de interés sin mayor preocupación por el resto de la sociedad e integrarse en estructuras corporativas que representan un modo poco civil de integración política. Todo lo anterior debe prevenimos contra una noción de sociedad civil demasiado estrecha o funcionalista. La sociedad civil no es un actor colectivo, no es un espacio único o unificado, no se limita a ONG’s y no constituye una especie de actor histórico transformador por naturaleza. La sociedad civil es un resultado contingente de la construcción de la modernidad que sólo se consolida plenamente con la democracia y el Estado de derecho. La sociedad civil porta la promesa de una relación crítica con los sistemas económico y político, pero la actualización de ese potencial es contingente y no necesaria. Dentro de la sociedad civil coexisten intereses contrapuestos y contradicciones económicas, políticas y culturales. Es un espacio de conflicto dentro del cual se procesan intereses y principios al mismo tiempo que se crean modelos de interacción con el mercado y el Estado que puedan

o no favorecer la institucionalización democrática. La sociedad civil tiene como un referente sociológico necesario el espacio público3, el cual tampoco es una entidad abstracta, sino una red de espacios que van desde lo microlocal hasta lo internacional. La indeterminación de la sociedad civil debe prevenirnos contra cualquier hipótesis causal unidireccional. Sin embargo, en el fondo de esta categoría existe un contenido normativo que la vincula con la autonomía, el autocontrol, el debate y la construcción de consenso. Por más que este contenido sea contrafactual, es decir, sin relación necesaria con su actualización práctica, existe como trasfondo simbólico y de sentido de la categoría de sociedad civil, razón por la cual este concepto continúa y continuará siendo un referente simbólico de las luchas por la democratización de la vida pública.

3 Sobre este concepto, véase Metapolítica, 3 (9), 1999.

B1 lectura 1

NOTAS:

B2. ¿QUÉ SON

las ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

CIVIL?

¿Qué son las Organizaciones de la Sociedad Civil? ttttttttttttttttt

OBJETIVO GENERAL

Reconocer qué son las OSC en México, su papel, aportes y sus desafíos.

TEM A 1

Caracterización e identidad de las OSC participantes. Objetivos: Socializar la identidad y quehacer de las OSC presentes. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Trabajo en grupos por afinidad (por sujeto o por temática que trabajan) sobre su quehacer y aportes. Plenaria de presentación. Apoyos didácticos: Papelógrafos, marcadores, cinta adhesiva.

¿Qué son las OSC? OBJETIVOS: Presentar experiencias de desarrollo local. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Video: Experiencias de OSC en México. Comentarios en plenaria sobre las experiencias presentadas. Lectura y trabajo grupal sobre caracterizaciones de OSC. Plenaria de análisis y socialización. APOYOS DIDÁCTICOS: Computadora, cañón de proyección. Cápsulas del Canal 11–Indesol de experiencias de OSC en México. LECTURA 2. Segunda parte del texto de Olvera, Alberto J. “Representaciones e ideologías de los organismos civiles en México: crítica de la selectividad y rescate del sentido de la idea de sociedad civil”, en Cadena Roa, Jorge (coord.): Las Organizaciones Civiles Mexicanas Hoy. México, UNAM, 2004, pp. 31-41 y 47.

B2 REPRESENTACIONES E IDELOGÍAS DE LOS ORGANISMOS CIVILES EN MÉXICO: CRÍTICA DE LA SELECTIVIDAD Y RESCATE DEL SENTIDO DE LA IDEA DE SOCIEDAD CIVIL Segunda Parte Alberto J. Olvera LA SOCIEDAD CIVIL COMO RED ASOCIATIVA: LAS FORMAS ORGANIZATIVAS

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TEM A 2

En la práctica, la parte visible de la sociedad civil está constituida por conjuntos y redes de asociaciones civiles. En la sociedad contemporánea existen muy diversas formas de asociacionismo, cada una de las cuales tiene un origen histórico, una forma particular de institucionalización, una vía de legitimación de sus prácticas y un modo particular de relación con los sistemas político y económico. Algunas de esas formas se sitúan directamente en un plano privado, pues se reducen a prácticas colectivas de manifestación de afinidades culturales personales y a espacios de convivencia de grupos que se forman sin objetivos políticos o sociales. Otras son formas de asociación cuyo fin es precisamente ser públicas en el sentido de intervenir en la esfera pública. Se presenta a continuación una tipología básica, de tipo ideal, de las distintas formas de asociacionismo

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civil, todas las cuales son parte de la sociedad civil, pero cuya función y potencial de influencia en la vida pública difieren radicalmente. No es una tipología exhaustiva, pues no pretende abarcar toda la infinita gama de com binaciones posibles. Asociaciones de carácter económico-gremial. Sindicatos, grupos y clubes empresariales, asociaciones profesionales y grupos de productores rurales. Estas asociaciones constituyen la mediación entre la economía y la sociedad, son el puente que vincula la solidaridad básica de clase con los intereses mercantiles. Este tipo de asociación se encuentra fuertemente condicionada por las leyes del mercado y con frecuencia pesa sobre ellas una reglamentación legal más o menos precisa que les otorga reconocimiento jurídico y acota sus campos de acción de tal manera de excluirlas de la acción política. Estas asociaciones suelen ser los actores más visibles en cualquier país debido a su importancia estratégica y su capacidad de representación de intereses. Sin embargo, estas asociaciones se concentran en la defensa de intereses particulares y representan a minorías sociales, especialmente a las minorías organizadas. Ahora bien, cuando estas organizaciones padecen el yugo de un

régimen autoritario, pueden convertirse en el eje de una sociedad civil emergente. De hecho, ese fue el caso en España durante la transición a la democracia, y en Brasil en la fase de liberalización política. En México estas organizaciones constituyeron una de las formas de la sociedad civil emergente en los años setenta y primeros ochenta. La defensa de la libertad de asociación y la crítica del corporativismo ha sido una aportación de este sector de la sociedad civil a la construcción de la democracia. Pero sin duda, es en este terreno donde el déficit democrático es aún mayor. Asociaciones políticas formales. El concepto de sociedad civil que hemos enunciado excluye a los partidos políticos en tanto que éstos forman parte del sistema político, constituido por el aparato político-electoral, el parlamento y el gobierno. Los partidos y el parlamento tienen en realidad un pie en la sociedad civil y otro en el Estado, pues por un lado representan aspiraciones colectivas y organizan a la sociedad creando identidades fuertes, y por otro se sujetan a las reglas de la lucha por el poder y a las restricciones que impone la eficacia de la acción política en términos de prácticas de dirección vertical sobre sus miembros. Ellos

constituyen el puente entre la sociedad y el Estado. Por tanto, los partidos son formas de asociación que, habiendo surgido de forma voluntaria, y siendo indispensables en una sociedad democrática, no pueden funcionar sin reglas claras de disciplina interna y sin subordinarse a la lógica de la lucha por el poder. No son, por tanto, formas de asociacionismo civil una vez que están profesionalizados y establecidos, pero pueden serlo en periodos de resistencia antiautoritaria o de transición a la democracia. En estos periodos los partidos son con frecuencia uno de los pocos espacios posibles para la acción contestataria. En México hoy día los partidos ya superaron esa etapa y se encuentran integrados plenamente en la sociedad política.

etc.), las asociaciones informales de las elites sociales y políticas (Movimiento Familiar Cristiano, movimientos juveniles, grupos de damas distinguidas, etc.); los grupos pentecostales que actúan en la esfera pública con enorme vigor y constancia; los grupos masónicos, cuyas prácticas son en verdad religiosas, etc. Estas asociaciones son muy importantes en tanto que generan una visión del mundo y una interpretación de la religión que define un horizonte de prácticas sociales legítimas. Asimismo, estas asociaciones contribuyen a crear o nutren a otros actores y movimientos sociales.

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Asociaciones de matriz religiosa. Las que, como su nombre indica, tienen su eje en la religión como institución y dependen con frecuencia de las jerarquías eclesiásticas. Estas asociaciones son de muy diverso tipo y deben a su vez ser clasificadas de acuerdo con su función: de culto religioso, de promoción social (las comunidades eclesiales de base, por ejemplo), las órdenes religioso-civiles (Caballeros de Colón, etc.), las asociaciones de orden religioso-cultural (Pro-vida,

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Organizaciones civiles. Que son asociaciones voluntarias de ciudadanos cuyo fin es actuar en el espacio público para contribuir a la resolución de problemas de la sociedad y llenar los vacíos de atención a las necesidades de la población creados por los déficit de la acción del Estado y las consecuencias negativas del mercado. A su vez, estas organizaciones pueden ser de tres tipos:

a. Asociaciones y movimientos sociales para la defensa de los derechos ciudadanos, las cuales amplían el horizonte de la política en tanto critican y tratan de reformar las reglas de operación del sistema político. Nos referimos ante todo a los movimientos sociales pro-democráticos (Alianza Cívica), y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Los primeros promueven la ampliación de la esfera pública y el respeto a los derechos individuales y políticos, y crean en el proceso nuevas formas de participación política de la sociedad. Las segundas ponen de manifiesto los enormes déficit existentes en materia de respeto a las libertades individuales y colectivas, sin las cuales una sociedad civil no puede existir. Este tipo de asociaciones carecen con frecuencia de reconocimiento legal y se expresan

más como movimiento que como institución. Para los fines del fortalecimiento de la sociedad civil, estas asociaciones son fundamentales.

b. Organizaciones de promoción, desarrollo y servicios a la comunidad, más conocidas como organizaciones no gubernamentales (ong). Estas asociaciones son el resultado de varios factores, entre ellos la existencia de una vocación transformadora en los sectores progresistas de la iglesia; el descrédito de la política partidaria; la falta de credibilidad de la izquierda; el colapso del socialismo; la existencia de un movimiento mundial de apoyo y financiamiento a las iniciativas sociales innovadoras; y la emergencia de los llamados nuevos movimientos sociales (ecologismo, feminismo, pacifismo, etc.). Estas asociaciones, vistas en su conjunto, constituyen un verdadero movimiento social por cuanto reflejan los nuevos valores morales, políticos y culturales gestados después de la segunda guerra mundial y reflejan una vocación deliberada y explícita por transformar un orden social que se considera injusto a la luz de principios éticos. Tomadas individualmente, estas asociaciones son organizaciones formales con algún tipo de registro legal, normalmente homogéneas en términos de

orientaciones políticas y con poca vida institucional, las cuales llevan a cabo tareas específicas en proyectos de promoción del desarrollo y creación de grupos y movimientos culturales. Estas asociaciones crean nuevas agendas sociales y políticas y son por consiguiente actores relevantes para una estrategia alternativa de desarrollo y para la democratización de la vida pública.

c. Asociaciones de asistencia privada, estas asociaciones ofrecen servicios a la comunidad que ni el Estado ni el mercado son capaces de ofrecer en la dimensión y profundidad necesarias. Si bien no cuestionan el orden establecido ni pretenden modificarlo, prestan un servicio social que, cuando es realizado profesionalmente, tiene una importancia social indudable. Estas asociaciones no critican las causas de la pobreza, sino que buscan compensarla por una vía asistencial. Algunas de estas asociaciones dependen de la jerarquía eclesiástica y pueden constituir un sector de las asociaciones religiosas. En México las grandes asociaciones asistenciales cuentan con una forma de reconocimiento legal: las instituciones de asistencia privada (IAP).

Asociaciones de tipo cultural. Que van desde grupos musicales y de baile, teatrales y artísticos en general, grupos de defensa del patrimonio histórico, de recuperación de tradiciones culturales, etc. Estas asociaciones representan la parte activa del patrimonio cultural de cada nación y contribuyen a la creación y reproducción de una identidad nacional. Tienen una gran importancia simbólica, pero la mayor parte de las veces carecen de reconocimiento legal y hasta de apoyo oficial.

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Asociaciones privadas de tipo deportivo y recreacional. Las cuales son importantes como instancias primarias de socialización y de las cuales pueden surgir también iniciativas asistenciales. Asociaciones de tipo urbano-gremial. Que van desde asociaciones de vecinos de algún barrio, de un edificio o conjunto de ellos, hasta grupos populares-urbanos, organizados con frecuencia como demandantes de servicios o de terrenos. Se conjuntan aquí el particularismo gremial o de grupo con el universalismo ciudadano. Estas asociaciones y movimientos son importantes en tanto constituyen uno de los primeros pisos para la acción colectiva, crean espacios públicos

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primarios y se convierten en interlocutores privilegiados en el diseño, ejecución y vigilancia de las políticas públicas territorializadas. Movimientos y asociaciones de comunidades indígenas. Se trata de actores colectivos cuya identidad se funda en usos y costumbres compartidos, un idioma común propio y una adscripción espacio-temporal asumida como dada. Cuando estos grupos forman movimientos sociales que actúan en la esfera pública, actúan como miembros de la sociedad civil. Si, por el contrario, mantienen una separación del resto de la sociedad y aplican usos y costumbres para mantener esquemas de dominación tradicionales, actúan de una forma incivil. En México los movimientos indígenas de los años noventa han jugado un papel fundamental en la ampliación de los espacios políticos para un sector de la población históricamente marginado del Estado de Derecho y carente de reconoci miento. Junto a estas formas de asociación, que comparten las características de relativa permanencia, autonomía y autodeterminación, se sitúan como miembros importantes de la sociedad civil los movimientos sociales propiamente dichos, de cuyo desarrollo y capacidad de aprendizaje se nutren las asociaciones más permanentes.

Los movimientos sociales constituyen el origen de la sociedad civil organizada. Los movimientos estudiantiles, por ejemplo, son la matriz originaria de muy diversas organizaciones, movimientos e instituciones innovadoras. Los movimientos indígenas han sido actores centrales de un relativo renacimiento civil y político de algunos grupos étnicos, los cuales pueden también constituir formas asociativas propias. El movimiento de solidaridad con Chiapas ha sido uno de los más importantes de los noventa. Puede decirse que cada tipo de asociación es el resultado de un ciclo histórico que inicia con la emergencia de formas de identidad y de acción colectivas que definen un nuevo campo de conflicto, dando lugar a movimientos sociales de una escala cada vez mayor, los cuales posteriormente se institucionalizan en determinadas formas de asociación civil (Melucci 1996b). Después, algunas de esas asociaciones vuelven al campo de lo privado (asociaciones de asistencia y de autoayuda, muchas de las culturales, las deportivas), o bien, se constituyen en espacios de mediación entre los sistemas económico y político y la sociedad. Las asociaciones gremiales caen en el primer caso, mientras las cívico-políticas y las urbano-populares caen con frecuencia en el segundo.

Como puede observarse, las distintas formas de asociacionismo civil son un reflejo de los diferentes espacios y formas de acción colectiva, que van desde el privatismo y el particularismo, hasta la acción pública con fines culturales. Precisamente por ello es necesario reconocer la diversidad de prácticas y potencialidades sociales a que nos referimos cuando hablamos del campo de lo civil. Los medios de comunicación constituyen una intermediación entre la sociedad civil, el mercado y el Estado, en tanto que son el componente principal de la esfera pública. En ciertos momentos, los medios se convierten en actores de la sociedad civil, cuando por ejemplo denuncian excesos o abusos del gobierno y situaciones de injusticia y violación de derechos, o bien, cuando facilitan el debate sobre temas de interés público. Sin embargo, los medios también están sujetos a las leyes del mercado y a las presiones del sistema político. Ahora bien, los grupos inciviles existen por cierto y pueden ser más poderosos que la sociedad civil. La incivilidad se expresa como la imposición de intereses particulares sobre otros actores y/o sobre el sistema político, pasando por encima de la ley o situándose al margen de ella. Los grupos de interés que adquieren un control monopólico sobre algún recurso o área de la

vida social, los grupos de delincuentes, las mafias políticas y económicas, el narcotráfico, la corrupción, son todas expresiones de incivilidad que en determinadas condiciones históricas y en ciertos espacios son, pueden ser o han sido dominantes. En este sentido, la sociedad civil es una construcción, un resultado de largos ciclos de luchas sociales y de la lenta institucionalización de un Estado de Derecho. La sociedad civil no es un dato, sino un proceso en continua renovación y en incesante lucha contra el autoritarismo, la ilegalidad y la antidemocracia. Sus ganancias nunca son permanentes, sino que exigen ratificarse en la práctica social cotidiana.

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POLÍTICA Y REPRESENTACIÓN EN LA SOCIEDAD CIVIL La política de la sociedad civil es la política de la influencia, es decir, la presión indirecta sobre el sistema político que se ejerce apelando a la crítica, a la movilización y al convencimiento. Naturalmente, esta forma de acción política es limitada y poco eficiente, pues por definición construye escenarios múltiples, tantos como diversos sean los actores, temas e intereses en juego. La diversidad, pluralidad y heterogeneidad política, cultural y simbólica de la sociedad civil coloca el problema de la representación en una nueva óptica. En la práctica, dentro de la sociedad civil conviven criterios y formas de representación múltiples y hasta contrapuestos. Los componentes gremiales de la sociedad civil (sindicatos, asociaciones patronales y profesionales, organizaciones campesinas, organizaciones dé colonos, pobladores urbanos) reclaman la representación de los intereses económicos de sus miembros, pero no tienen más la legi timidad (en una época tendencialmente poscorporativa) necesaria para reclamar la representación política de los mismos. Las asociaciones culturales, deportivas y recreacionales no tienen vocación alguna por la representación de intereses, siendo como son asociaciones privadas para fines privados. Las asociaciones civiles tipo

ONG tampoco pueden reclamar representación alguna, pues son ante todo asociaciones privadas, aunque tengan fines públicos. Sus opiniones y propuestas tratan de influir en la opinión pública y en las políticas públicas a partir de criterios de eficacia y justicia y no de derechos sectoriales. Los grupos de derechos humanos y los movimientos sociales prodemocráticos tampoco reclaman una representación, sino que apelan a la aplicación real de los derechos ciudadanos en general por motivos de moralidad pública. Las asociaciones religiosas también son de carácter privado. Es por ello que la sociedad civil en cuanto tal es irrepresentable en términos convencionales. Sólo en un terreno altamente simbólico y en coyunturas extraordinarias la "sociedad civil" puede reclamar una representación moral colectiva: en campañas contra las dictaduras, contra la delincuencia, contra la violación de los derechos políticos, contra la impunidad de la clase política, contra el hambre, por elecciones libres y equilibradas, por los derechos indígenas, por la paz, por una vida digna.

B2 En México, los movimientos prodemocráticos han compartido con las ONG's el esfuerzo de reivindicar la identidad de la sociedad civil mexicana. Han monopolizado este concepto para sí mismos, bajo el argumento de que constituyen el único sector social organizado independientemente del gobierno y de los partidos políticos. Esta idea se originó en el reconocimiento del incremento del número y diversidad de las ONG's a partir de la segunda mitad de los ochenta. Más aún, su nivel de articulación creció grandemente al formarse en 1991-92 las primeras coordinaciones nacionales de ONG's: Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, el Foro de Apoyo Mutuo y el Movimiento Ciudadano por la Democracia. Esta concepción es errónea, como puede colegirse a partir de los argumentos antes expuestos. Sin embargo, dada la debilidad y falta de visibilidad de los sectores populares y ante la centralidad de la acción partidaria en la fase de liberalización avanzada de la transición política mexicana, el único sector activo y altamente visible de la sociedad civil eran las ONG's y los movimientos cercanos a estos grupos. Este reclamo exclusivo de la identidad como sociedad civil contribuyó a aumentar la falta de visibilidad de los sectores populares y dejó a los sectores

conservadores de lado, como si no existieran, a pesar de que su fuerza también era creciente. En México, las organizaciones civiles se definen por las siguientes características fundamentales: a) tienen una organización formal, aunque no necesariamente bien institucionalizada; b) sus miembros se adscriben voluntariamente a la misma y la mayor parte de los casos tienen una relación laboral con la institución; c) ocupan un segmento del mercado laboral en tanto reciben financiamiento y desarrollan labores bajo convenios, contratos y compromisos; d) tomadas individualmente son organizaciones de carácter privado y generalmente política y culturalmente homogéneas; e) sus objetivos implican muchas veces la búsqueda de cambios sociales, políticos y económicos impulsados desde el campo de la sociedad civil; f) con frecuencia se orientan a la prestación de servicios a terceros de manera profesional. Las organizaciones civiles, vistas en su conjunto, constituyen un movimiento social de carácter cultural que se orienta a la intervención pública en la definición e implementación de políticas sociales. Se trata de un movimiento social en la medida en que los organismos civiles son un resultado de la acción colectiva de acto

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LÍMITES Y ALCANCES DE LOS ORGANISMOS CIVILES

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res sociales que comparten un conjunto de normas, principios, valores y capacidades técnico-organizativas, que en muchos casos tienen como objetivo deliberado incidir en la transformación de un orden social político y económico que se juzga injusto, incorrecto o violatorio de principios fundamentales de orden ético. Las organizaciones civiles operan dentro de un campo de conflicto de tipo cultural (en un sentido amplio), en el que a los valores e instituciones del orden establecido se oponen valores nuevos y se instituyen prácticas sociales alternativas. Si bien en la práctica las acciones de los organismos civiles se expresan en una multitud de conflictos ubicados la mayor parte de las veces en espacios microsociales, lo relevante desde el punto de vista analítico consiste en el tipo común de conflicto que suscitan dichas acciones. En otras palabras, lo que le da unidad al abigarrado conjunto de organismos civiles es ante todo el hecho de que libran una batalla político-cultural que busca reformar aspectos diversos de la vida social. Las organizaciones civiles comparten también otra característica definitoria: son el resultado de la asociación voluntaria de individuos con capacidades técnicas y organizativas sumamente escasas en el conjunto de

la sociedad. Como primer resultado de la conjunción de esas capacidades, los individuos asociados consiguen recursos económicos en un mercado mundial de apoyos financieros a iniciativas de transformación social que se ha constituido a partir de la consolidación de los estados de bienestar en los países desarrollados. Cabe destacar que las organizaciones civiles, tomadas individualmente, constituyen la dimensión administrativa de un movimiento social, y que en la escala microsocial todos ellos pueden padecer las restricciones y patologías de las organizaciones institucionalizadas. Nos referimos a la concentración del poder de decisión en la dirección, la creciente búsqueda de la autopreservación por encima de los objetivos supuestamente defendidos, el faccionalismo político, la falta de respeto a los derechos laborales de sus empleados, etc. Pueden llegar así a perder los atributos que caracterizan a los nuevos movimientos sociales, deviniendo en aparatos administrativos no estatales. Esto nos indica que las organizaciones civiles no son por definición ejemplos de civilidad, y que deben sujetarse a los mismos criterios de publicidad, transparencia y legalidad que ellas con razón le exigen al sistema político (…)

PROPUESTAS PARA AFIRMAR EL CARÁCTER DEMOCRÁTICO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Los cambios macropolíticos, legales y culturales que pueden ayudar a la consolidación y empoderamiento de la sociedad civil no garantizan per se el desarrollo de ésta. Factores internos a las organizaciones civiles pueden ser uno de los grandes obstáculos a la cooperación con el gobierno, a la inserción en la sociedad de las propias organizaciones y al debido uso de las condiciones favorables a su desarrollo. La sociedad civil realmente existente expresa también en su interior las limitaciones históricas que ha padecido y las condiciones en que se ha desarrollado. Se proponen a continuación algunos principios que, a pesar de su obviedad, siguen siendo válidos y necesarios. Las organizaciones civiles deben ser democráticas y transparentes a su interior. Con frecuencia las organizaciones civiles reproducen a su interior los mismos vicios que critican al Estado. Los sindicatos y organizaciones campesinas independientes suelen ser paradigmá ticamente verticales y poco transparentes, y concentran decisiones y visibilidad en sus dirigentes. En realidad este problema es generalizado en casi todas las organi-

zaciones de carácter gremial. Si bien hay restricciones organizacionales que explican en parte este fenómeno, sin duda influye también la inexistencia de una cultura democrática en la mayoría de las fuerzas de la izquierda mexicana. Lo mismo vale para muchas ONG's, que igualmente trabajan en medio de la informalidad y bajo el control unipersonal o de pequeños grupos de personas. Por elemental congruencia es necesario que lo que las ONG's y organizaciones gremiales demandan al sistema político lo cumplan ellas mismas a su interior.

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Debe lograrse un mayor grado de institucionalidad y formalización en las organizaciones civiles. Buena parte de las ONG's trabajan sin respetar sus estatutos internos y sin que funcionen sus órganos formales de dirección. Las finanzas no siempre son transparentes y las relaciones laborales al interior casi nunca se fundan en las leyes aplicables. Durante años la precariedad económica y política de su existencia explicaba la informalidad e improvisación de su vida interna. Pero la continuidad de este estilo de trabajo en la década de los noventa, cuando al menos para las organizaciones

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más importantes hubo mayores recursos, no se justifica. Este estilo de trabajo lleva a la imposibilidad de formar nuevos cuadros, a la rutinización de las organizaciones, a la personalización de su dirección, y, con frecuencia, a su conversión en una especie de empresas privadas de consultoría. Debe crearse una cultura de la tolerancia y la pluralidad al interior del mundo de las organizaciones civiles. En México las ONG's de izquierda y los movimientos sociales prodemocráticos trataron de retomar para sí la identidad de sociedad civil de manera exclusiva a lo largo de los años noventa. Este uso simbólico de la identidad de sociedad civil era excluyente de otras fuerzas y sectores sociales. El desconocimiento de los sectores conservadores, de las organizaciones gremiales y profesionales, de los grupos culturales, reflejaba una falta de tolerancia y de pluralidad. Más aún, al interior del propio campo de las ONG's se han presentado algunas veces conflictos por áreas de influencia, por la mayor influencia sobre las fundaciones que financian y por el liderazgo. Esta situación está cambiando rápidamente y la alternancia política ha dado lugar a nuevos esfuerzos de articulación plural en este tipo de organizaciones. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en este campo.

Debe avanzarse en la profesionalización de las organizaciones civiles. Al igual que el Estado, las organizaciones civiles que aspiran a o han logrado la permanencia y el reconocimiento público, deben estabilizar un cuerpo profesional de empleados que les permita dotarse de una mayor capacidad de proposición, de análisis y de intervención. La inestabilidad laboral que priva en el sector y la informalidad y localismo como métodos de allegarse de personal deben ser superados si se desea adquirir la capacidad de interactuar con el gobierno en un plano de igualdad. Hoy día hay una contradicción entre la demanda de interlocución y la relativa incapacidad de propuesta. Debe recuperarse la relación entre ONG's y movimientos y organizaciones populares. En México la mayoría de las ONG's cercanas a posiciones de izquierda surgieron con la vocación de ayudar a los movimientos populares en sus luchas contra el régimen autoritario. Sin embargo, como ha sido señalado a lo largo del libro, a partir de la crisis de los sectores populares de la sociedad civil en los años ochenta se dio un proceso de autonomización de las ONG's respecto a su viejo ethos, y en la década de los noventa la democratización de la vida pública condujo a este sector a privilegiar su interlocución

B2 CONCLUSIÓN En México se reconoce que en los años recientes se ha producido una emergencia de nuevos actores sociales que cuestionan el monopolio de la política por parte de los partidos y el gobierno. La identidad común que unifica a esos actores sociales de otra manera dispersos es la de su pertenencia a la "sociedad civil". Esta identi dad, vaga en sí misma, tiene como novedad principal el fundarse en dos nuevos principios de la acción colectiva: la autonomía y la autolimitación. La autonomía se refiere a la abierta diferenciación que estos actores sociales hacen frente al Estado y al mercado. Se reclaman independientes del sistema político en el sentido de que no se asimilan a la lógica de la lucha por el poder ni se subordinan a las directivas estratégicas de los partidos. Aceptan la pluralidad y su relación con el sistema político es de crítica y cooperación. Respecto al mercado son igualmente autónomos en tanto en su mayor parte estos actores no persiguen actividades lucrativas y más bien se orientan a controlar los excesos y efectos negativos de su operación. La autolimitación indica que la teleología de los nuevos actores ya no se guía por la búsqueda de, la toma de o la integración en el Estado. Estos actores

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con los distintos niveles de gobierno. De esta manera las ONG's desplazaron su misión original y de alguna manera dejaron un enorme hueco en el campo de la educación cívica y de la transmisión de conocimientos y habilidades técnicas y organizacionales desde las clases medias hacia los sectores populares. En un país tan desigual como México, es imprescindible que los sectores organizados de la sociedad civil contribuyan a la organización y al aprendizaje colectivo en el seno de los sectores no organizados. La política social del Estado no puede suplir esta misión, pues no se pueden crear organizaciones civiles auténticas desde arriba, como lo señala repetidamente la experiencia.

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están más allá de la revolución, pertenecen a la época posrevolucionaria, y tienden más bien a proponerse la reforma radical de la vida pública. Se abre así una serie de nuevos espacios públicos en los que el campo de la política se ensancha. Pero la política de la sociedad civil es la política de la influencia, es decir, de la presión indirecta que se ejerce apelando a la crítica, al convencimiento y al consenso. Naturalmente, esta forma de acción política es limitada y poco eficiente, pues por definición construye escenarios múltiples, tantos como diversos sean los actores, temas e intereses en juego. Las organizaciones civiles son parte constitutiva de la sociedad civil, pero ésta se extiende en un horizonte social, cultural y legal mucho más amplio. Establecer una analogía conceptual entre las organizaciones civiles y la sociedad civil es un error conceptual que tiene consecuencias políticas muy claras en el México de la transición: contribuye a la ya de por sí grave pérdida de visibilidad de las organizaciones populares en la esfera pública, les resta legitimidad y reconocimiento, y concentra simbólica y conceptualmente en un solo tipo de asociación civil un papel y una misión social y política que en realidad otros actores sociales llevan a cabo también. Más aún, en México se olvida que las propias

organizaciones civiles son políticamente plurales, y que no se puede derivarse de su carácter un proyecto común de transformación sociopolítica. En todo caso, dentro del conjunto de organizaciones civiles se libra una lucha de proyectos, intereses e ideas, que refleja la pluralidad que caracteriza a la sociedad civil toda. Es necesario ir más allá de este discurso y reconocer la importancia de la sociedad civil en el proceso de democratización de la vida pública en tanto que los principios normativos que la caracterizan, a saber, la autonomía del Estado y del mercado, y la autolimitación, contienen el potencial de una relación crítica y democrática entre la sociedad y el Estado, estabilizada por el Derecho y por una cultura de la tolerancia. Éste es el único piso común de un conjunto de actores e instituciones que difieren sustancialmente en intereses e ideas, y que en realidad forman parte de campos de conflicto muy diversos. Las organizaciones civiles son parte central de la construcción de una vida pública democrática, pero no sus actores exclusivos. Es preciso reconocer sus alcances, pero también sus limitaciones. En esta tarea, una conceptualización rigurosa de la sociedad civil es necesaria. La confusión ideológica y teórica no beneficia a las organizaciones civiles ni a la democracia que hoy se aspira a extender más allá del terreno electoral.

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TEM A 3

Formas de intervención de las OSC’S: La Asistencia y la Promoción Social OBJETIVOS: Conocer los dos modelos o paradigmas históricos de intervención social de las OSC's e identificar las propias formas de intervención y los desafíos de las y los participantes. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Trabajo en grupos sobre la lectura y el cuadro síntesis. Ubicación de sus formas de intervención (Guía 2). Plenaria de presentación y profundización de reflexiones de los grupos con Guía 3: desafíos o mejoras que pueden hacer a su práctica social. Desde el día anterior dar a leer la lectura 3.

APOYOS DIDÁCTICOS: Hojas, rotafolio, marcadores, revistas para recortar, tijeras y pegamento.

GUÍA 2

GUÍA 3

1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre pro-

1. Cuál es la relación entre asistencia y seguridad

moción social y asistencia social?

2. Elaboren una definición o representación gráfica de asistencia.

3. Elaboren una definición o representación gráfica de promoción.

4. Dialoguen en su grupo acerca de dónde se ubican de acuerdo al trabajo que realizan y a la trayectoria de su organización y por qué piensan que están en ese rubro.

social

2. Cuáles son las relaciones entre asistencia y necesidades básicas

3. Cuáles son las relaciones entre asistencia y redistribución de recursos públicos.

4. ¿Por qué la política de asistencia debe ser plural? 5. ¿Cómo entender el bienestar social? 6. ¿Cuáles son las relaciones entre lo público y lo privado en la asistencia?

7. Señalen algunos criterios sobre la institucionalización de la asistencia.

8. ¿Cuáles son las características principales de la promoción?

9. ¿Cómo se entiende el papel del sujeto en la promoción? Preguntas a plantear en la plenaria según se dé la discusión y presentación de los grupos:

10. ¿Cuáles son las relaciones entre la promoción y la esfera de la vida pública?

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ABRIENDO VEREDAS Dr. Rafael Reygadas Robles Gil

LECTURA 3. Reygadas, Rafael. Abriendo veredas. Iniciativas Públicas y Sociales de las redes de organizaciones civiles. UNAM-UAM-UIA-Convergencia, México 1998. pág. 6-41. Consultar libro electrónico en http://vinculando. org/sociedadcivil/abriendo_veredas/

CAPÍTULO I GÉNESIS SOCIAL DE LAS REDES DE OCPDS1. 1.2 Prácticas sociales asistenciales y promocionales Las prácticas sociales preceden a su conceptualización teórica. El concepto de génesis social se refiere al conjunto de fuerzas, vicisitudes, encargos y demandas, condiciones sociales, y subjetividades que, en un período determinado, dan origen a nuevas prácticas y organizaciones sociales y alteran el funcionamiento rutinario de la sociedad. De esta manera se configura socialmente la base material para la conformación de nuevos conceptos teóricos. En las relaciones sociales actuales de la sociedad mexicana aparecen, entre otras, dos conjuntos de prácticas sociales de grupos de profesionales referidos al análisis y enfrentamiento de la pobreza. A esas prácticas se les ha conceptualizado como: asistencia y promoción. No es la intención del trabajo hacer la historia de las mismas, sino más bien, desde las semejanzas y diferencias actuales, hacer un breve rastreo histórico de cómo se definieron y evolucionaron sus principales características, 1 Organizaciones Civiles de Promoción del Desarrollo Social.

como resultados de interrelaciones entre diversos actores de la sociedad civil2 y de la sociedad política. En el lenguaje cotidiano los conceptos de asistencia y promoción a veces tienen connotaciones complementarias, a veces diferentes, y en ocasiones, hasta contradictorias. La asistencia y la promoción son instituciones que se refieren a vínculos complejos de relaciones transversales o implicacionales entre sujetos de la sociedad civil y de la sociedad política. Estos vínculos se concretan en diferentes imaginarios3 sociales, en diferentes intencionalidades, en la búsqueda de la hegemonía para establecer una dirección intelectual y moral, en la formación de consensos sociales, ya sea a través de discursos, principios, valores y normas, ya sea a través de prácticas sociales o a través de formas institucionalizadas de acción en diversos terrenos. 2 Aquí sólo diferenciamos entre sociedad civil y sociedad política. Para precisar más la forma como usamos el concepto de "sociedad civil", puede verse más adelante en este mismo capítulo, el inciso "¿Sociedad civil o tercer sector?". 3 Para precisar en qué sentido empleamos el concepto de imaginario, se puede ver más adelante el capítulo siguiente, el apartado: "Las iniciativas sociales: imaginar, hacer".

Los sujetos de la asistencia y de la promoción practican una forma de acción o intervención4 de unos sujetos frente a otros, con los que se relacionan a través de diversos problemas, temáticas, propuestas y metodologías, generando en la práctica social misma, determinadas prioridades y exclusiones. Nos interesó estudiar, investigar desde los sujetos, esas relaciones, ese conjunto de complejidades sociales que se encontraban detrás de las palabras asistir y promover, tanto en su dimensión imaginaria como de práctica e intervención social, abarcando a los sujetos

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4 "A pesar de una práctica efectiva de treinta años, la noción de intervención que busca designar este proyecto, sigue siendo vaga y ambigua. Además la etimología nos introduce en principio en esta equivocidad. Intervenir (del latín interventio) es venir entre, interponerse. Por esta razón, en el lenguaje corriente, esta palabra es sinónimo de mediación, de intercesión, de buenos oficios, de ayuda, de apoyo, de cooperación; pero también, al mismo tiempo o en otros contextos, es sinónimo de intromisión, de injerencia, de intrusión en las que la intención violenta, o cuando menos correctiva, se puede convertir en mecanismo regulador, puede asociar la coerción y la represión para el mantenimiento o el restablecimiento del orden establecido..." Ardoino, Jacques. "La intervención: imaginario del cambio o cambio de lo imaginario?", en: Intervención Institucional, Folios Ediciones, México, 198l, p. 13.

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intervinientes, sus intereses, su imaginario del cambio, sus acciones sociales, su relación con el gobierno, sus resistencias y sus implicaciones. De esta manera vimos asistencia y promoción como síntesis de múltiples determinaciones en la que se expresan sujetos, concepciones, imaginarios y prácticas sociales. Asistencia y promoción se diferencian entre sí por la forma como ven, explican y analizan las causas de la pobreza y de la existencia de pobres, y a partir de ahí plantean la misión y el proyecto con el que delimitan sus objetivos, definen los sujetos con los cuales trabajar, establecen las relaciones prioritarias a desplegar, así como las estrategias y métodos a seguir, y concretan su trabajo a través de centros, programas y acciones diversas. En el proceso de desarrollo de su proyecto, tanto las organizaciones asistenciales como las promocionales, se constituyeron a sí mismas de manera pública. Las constelaciones de relaciones a las que responden las organizaciones de asistencia y de promoción pueden condensarse en las siguientes preguntas: ¿quiénes son los actores?, ¿quiénes son los destinatarios?, ¿qué temas tratan?, ¿a qué intereses, encargos y demandas responden?, ¿qué métodos emplean?, ¿cuál es su imaginación colectiva?, ¿qué alianzas establecen?, ¿cómo se

financian?, ¿con qué teoría explican?, ¿cómo consideran la dinámica de los procesos?, ¿con qué leyes se regula su acción?, ¿quién certifica y evalúa o controla su quehacer?. Aunque inicialmente nos planteamos esta constelación de preguntas para develar algunas de las múltiples determinaciones de las organizaciones de promoción, ciertamente en el recorte que hicimos en esta investigación, abordamos más algunas de ellas que nos permitieron conocer los rasgos sobresalientes de su evolución histórica, la dinámica general de la formación de su proyecto y los procesos de su constitución como redes. La línea divisoria entre la asistencia y la promoción no ha sido siempre muy nítida; aún más, en algunas ocasiones parece desdibujarse. Es el caso de los años recientes. Frente a la política neoliberal cada vez más excluyente, los sujetos que hacían asistencia y los que hacían promoción vieron multiplicarse las demandas sociales y empezaron a encontrar dificultades semejantes para cumplir sus objetivos. Surgieron entonces puntos de contacto y perspectivas de trabajo articulado.5 5 Es el caso de la iniciativa conjunta entre Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Foro de Apoyo Mutuo, Centro Mexicano de Filantropía, Fundación Miguel Alemán y Universidad Iberoamericana, para llevar adelante una Propuesta de Proyecto de Ley de Fomento de las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social, trabajada de común acuerdo desde 1994

B2 1.3 Génesis social de la asistencia6 Asistir proviene del vocablo latino assistere (de ad=a, hacia, y sistere=detenerse). En el Diccionario de la Real Academia significa: "acompañar a alguno en un acto público, servir, favorecer, ayudar y si se trata de enfermos, cuidarlos y procurar su curación". Asistencia está referido a la acción de asistir , ayudar, apoyar, favorecer o contar con la presencia de alguien7.

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Para apreciar mejor la génesis social de las redes de ocpds, hemos visto conveniente hacer dos aproximaciones a ellas; una relativa a su génesis lejana, y otra a través de su génesis reciente. Dado que una característica fundamental de las redes es el concepto de promoción, en un primer apartado el esfuerzo esta centrado en un breve rastreo histórico de las añejas prácticas sociales de asistencia y su contraste con la promoción, a fin de encontrar los elementos comunes y diferentes de ambas, y los modos de imaginar, pensar y actuar de los sujetos sociales involucrados en ellas en diversos períodos y coyunturas. Enseguida describiremos y analizaremos los orígenes recientes de las redes de ocpds en el período, abordando en primer lugar las nuevas condiciones sociales en las que conformaron su proyecto, y después sus relaciones con la sociedad y el gobierno, su impacto y, finalmente las visicitudes y procesos internos de organización, decisión y autocomprensión de su quehacer.

6 En este apartado sigo los planteamientos hechos por Martha Patricia Casanova, que durante más de 10 años ha trabajado e investigado la temática, a partir de su propia práctica y de la asesoría de investigaciones de tesis y de servicio social de estudiantes de Psicología de la UAM-Xochimilco. Casanova, Cardiel, M. Patricia, "El Frente Psi en México. Notas sobre asistencia, universidad y sociedad II", mimeo, México, 1995, artículo publicado posteriormente en la Memoria del Tercer Foro del Departamento de Educación y Comunicación, 1995, UAM-Xochimilco, México, pp. 101-118, y Casanova, M.P., en "La Sociedad Intervenida", en: Perspectivas Docentes Nº 16, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tab., enero-abril de 1995, pp. 23 a 38. 7 Diccionario de la Real Academia Española, 1970, p. 132.

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Desde el punto de vista psicológico, asistir se refiere a que "quien va a estar al servicio de las necesidades asistenciales del otro deberá necesariamente implicarse activa, íntima, hasta corporalmente con él para socorrer y ayudar a quien así se reconoce necesitado, o para hacer que se reconozca como tal." 8 Muy a menudo la noción de asistencia ha sido utilizada como sinónimo de caridad cristiana tal y como es vista y entendida hoy, como ayuda directa a necesidades inmediatas de los pobres, y desde esa noción se ha rastreado la historia como registro de los lugares y fechas donde se abrieron obras de asistencia, sobre los establecimientos fundados y sobre los destinatarios de la misma. En esta búsqueda interesa recuperar otros problemas, contenidos e implicaciones sociales, económicas y culturales, la imaginación subyacente en las prácticas de asistencia, aspectos no obvios ni evidentes, a diferencia de las lecturas que han privilegiado la óptica caritativa.

8 Casanova Cardiel, Patricia. El Frente "Psi" en México. Notas sobre asistencia, universidad y sociedad II. México, 1995. Mimeo, pág 3.

Moisés González Navarro9 plantea cuatro períodos para analizar la asistencia en México: un período originario durante la época prehispánica; otro orientado por un imaginario caritativo que se completa en el siglo XVIII con la idea de filantropía y que va de la época de la colonia hasta bien entrada la reforma; un tercer momento de asistencia empírica, que va de la reforma a 1910, caracterizado por la separación e independencia de la iglesia y el estado; y por último un período plenamente secularizado de asistencia laica y científica, base de la beneficencia moderna que parte de la revolución hasta la fecha. Me parece conveniente proponer un quinto período para entender la asistencia en el México de hoy. Este nuevo período va aparejado al modelo neoliberal de sociedad y de cultura y a la resistencia creciente al mismo, que surge a partir de 1982.

9 González Navarro, Moisés. "La pobreza en México", El Colegio de México, México, 1985, citdo por Casanova, P. Op. cit., p. 7.

1.3.1 Período originario En las culturas mesoamericanas la asistencia social formaba parte de un sistema social global, en donde la producción estaba orientada a preservar la vida de la comunidad, de tal modo que era una función intrínseca a la misma que tendía a: "satisfacer las necesidades colectivas... con acuerdo o correspondencia a la cantidad y calidad de los servicios necesarios para el pueblo." 10 "el estado tenía la obligación... de velar por todos los integrantes de su comunidad, no permitiendo las carencias individuales, exigiendo a cada uno de sus miembros realizar una función o actividad en provecho de la colectividad." 11 Para comprender cuáles eran algunos de los vínculos comunitarios del México prehispánico, es necesario 10 Leyva, Lucio. "Economía de autosuficiencia en Anáhuac", en: "Ometéotl. Tonacatecuhtli-Tonacacihuatl. Señor y Señora de nuestro sustento", UAM-Azcapotzalco. México, octubre de 1991, pp. 38-43. 11 Camarena Bolaños, "Memorias del Primer Simposium sobre la Asistencia Social Privada", Junta de Asistencia Privada, México, 1986, p. 28.

aproximarse al mundo de las formas de relación con la tierra, la producción y sus relaciones con las prácticas sociales. Trasladando el lenguaje actual a esa época, Valdés habla de la asistencia en la sociedad azteca: "las acciones asistenciales se dividen en gubernamentales y populares... las acciones gubernamentales de asistencia social estaban dirigidas hacia los sectores necesitados, en tanto que las acciones populares eran los actos de la población que tenían como fin satisfacer las necesidades del grupo al que pertenecían." 12

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Ciertamente la lectura que Valdés hace, básicamente desde el presente, dificulta dar cuenta cabal de relaciones de solidaridad y ayuda mutua, que como prácticas colectivas permitían la sobrevivencia de los grupos y pueblos prehispánicos como tales. En un sentido diferente, bajo otro encuadre, Leyva pone el acento en 12 Valdés, L. (compilador del vol. 2, Asistencia Social), en Soberón, Jorge; Kumate, Jesús; y Laguna, José (compiladores), La Salud en México, 1988. Desarrollo Institucional. Asistencia Social. Biblioteca de la Salud, tomo III. Vol. 2, Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública, Fondo de Cultura Económica, México, 1988, citado por Casanova, Op. cit. p. 10.

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los vínculos de reciprocidad existentes en los pueblos del Valle del Anáhuac, en donde la articulación de las funciones y responsabilidades sociales aparece como una constelación de relaciones sociales referidas a una imaginación y una organización social y productiva centradas en la continuidad de la vida de la comunidad entera y de sus miembros en lo particular: "Nuestro pueblo ha mantenido por siglos el tequiyotl, tequio o "fáina", trabajo de responsabilidad moral, por riguroso turno de los habitantes en edad de hacerlo de un pueblo o calpolli... El trabajo personal del macehuatl, en unidad con los miembros de la familia, dado en la parcela que tiene en posesión individual, resulta insuficiente en algunos trabajos, por ejemplo, cuando se trata de sembrar o cosechar y pormediar. Por tal razón el macehuatl invita otros macehualtin, labradores artesanos, que puedan y quieran cooperar con esos trabajos de premura; esta forma de ayuda mutua y solidaridad tiene una naturaleza jurídica, la cual recibe el nombre de maquitl, mano devuelta en condición acordada y voluntad expresa... La producción que tiende a satisfacer las necesidades colectivas, se hace en tierras de posesión colectiva que se parcelan de acuerdo o correspondencia en

cantidad y calidad de los servicios necesarios al pueblo; obras materiales como monumentos de culto, obras hidráulicas y edificios educativos, el sostenimiento de la administración local y la contribución a la federación. También entre otras parcelas, los anahuacas destinaron una porción adicional cuya producción se almacenaba en los almacenes del pueblo, y se tenía como reserva en caso de desgracia ocasionada por una sequía, helada, terremoto, o bien alguna plaga; en tales casos la reserva se distribuía a los necesitados..." 13 Las relaciones sociales solidarias garantizaban así las condiciones minimas necesarias para la supervivencia de todos los integrantes de un pueblo o calpulli. O en palabras de François-Xavier Guerra: "En el caso de las comunidades indígenas, la fuerza de los lazos internos es la garantía de su misma existencia y tiene raíces que se remontan a los tiempos precolombinos. El calpulli azteca, a la vez barrio te13 Leyva, Lucio. "Economía de Autosuficiencia en Anáhuac". Leyva, Lucio (Coordinador), Ometéotl. TonacatecuhtliTonacacihuatl. Señor y señora de nuestro sustento. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 1991, pp. 38 y 39.

14 Guerra, François-Xavier, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 140.

1.3.2 Prácticas asistenciales y resistencia. Hay estudios históricos y religiosos15 que abordan las tareas asistenciales desempeñadas por la iglesia católica bajo el mandato de la Corona Española y del Papado, señalando que la conquista despojó a muchos pueblos de sus tierras y obligó a otros al trabajo en las encomiendas y en las minas, golpeando el sistema económico existente y debilitando los sistemas de solidaridad social y reciprocidad, lo que trajo consigo desequilibrios sociales, mayor pobreza individual e indigencia. Fue tan fuerte el desajuste, que la Corona de España tuvo que emitir leyes de protección a los pueblos indios. La conquista armada fue acompañada por la búsqueda de la conquista cultural; frente a ellas se dio una fuerte resistencia que tuvo como resultado la combinación y articulación de prácticas a través de las cuales subsistían y se reiventaban formas prehispánicas de solidaridad y de vínculos comunitarios. Entre el conjunto de prácticas sociales impulsadas por la Corona española se impulsaron también formas caritativas europeas y se crearon establecimientos encargados de la caridad y la beneficencia, que operaban

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rritorial y linaje, con su jerarquía interna, su mansión común para las fiestas y las ceremonias religiosas, sus tierras comunales, su propio contingente en el ejército, era ya una agrupamiento humano de fuerte coherencia." 14

15 Sejourné, Laurette. Historia de América Latina, volumen I, Siglo XXI, México, 1982; y Dussel, Enrique. Historia de la Iglesia en América Latina, M. Negro, España, 1983.

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como centros de refugio espiritual y de evangelización, a la vez que jugaban un rol complejo de confinamiento y segregación de la comunidad.16 La imaginación asistencial, en sus orígenes, remite claramente a dos realidades. Por un lado a una disimetría y dominación: la violencia de la conquista desorganizando la vida productiva de los pueblos indios subordinándola a los intereses de las minas, de las encomiendas y al envío de oro y plata a la metrópoli; y por otro lado, remite a la combinación de formas prehispánicas y castellanas, a través de las cuales las comunidades, los pueblos y villas se hacían cargo de las necesidades de subsistencia de sus miembros, a fin de preservar la comunidad. Veamos esto con mayor detalle. La conquista fue acompañada de la cristianización de los naturales, que como imposición de las formas religiosas españolas contribuyó a debilitar las culturas 16 "Con la creación de establecimientos para los sujetos de caridad y beneficencia se asiste a un doble juego. Por una parte los destinatarios son confinados y encerrados, es decir, insertados a partir de sus "males y dolencias", a una marginación y estigmatización social. La otra figura que encontramos es que empiezan a formar parte del ejército de integrados al sistema de asistencia social." Casanova Cardiel, Martha Patricia. "La Sociedad Intervenida", Perspectivas Docentes Nº 16, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tab. Enero-abril 1995, pág. 32.

y las religiones indígenas. La conquista trajo secuelas de miles de huérfanos, viudas, epidemias, miseria, vejación y hambre: "La conquista de América no significa solamente la incorporación de nuevas extensiones de tierra a los dominios de la Corona Española, significa también la incorporación de los indígenas al mundo cristiano de Occidente, incorporación que no fue sólo un resultado sino una condición..." 17 "a partir del predominio casi siempre por la fuerza de una (cultura) sobre otra... la sociedad es desigual porque desde el principio se estableció la desigualdad y en ella se basó, en buena medida, el desarrollo económico de México." 18 Comenta Casanova que el estudio sobre la asistencia de González Navarro, combina el análisis sobre los roles duales desempeñados por la iglesia católica y el estado, puesto que mientras por un lado contribuían a generar 17 Moreno, T. Alejandra. "El siglo de la conquista", en Historia General de México, tomo I, El Colegio de México-Harla, México, 1988, citado por Casanova, P. Op. cit. p. 32. 18 Cordera, R. y Tello, C. "La desigualdad social en México". Ed. Siglo XXI, México, 1986.

e incrementar el número de pobres y marginados, por otro, ayudaban a algunos a sobrevivir. La caridad programada por la Iglesia en la Colonia, recuerda Ramón Menéndez Pidal, es una curiosa mezcla de religiosidad y mercantilismo: "el español sólo concibe los servicios sociales a través de la caridad, los que realiza no tanto por amor directo a Dios y al prójimo como por alcanzar el propio galardón de la otra vida. El español propende a sentir la solidaridad social sólo en cuanto le proporciona ventajas inmediatas." 19 Probablemente la acción de los defensores de los indios llevó a que pardójicamente, durante dos siglos estuvieran vigentes leyes que buscaban la protección de los pueblos originarios, prohibiendo a españoles, criollos y mestizos instalarse en los pueblos indios constituídos, a fin de evitar la alienación de sus tierras. Con este encuadre jurídico de fondo, los misioneros españoles, basados en el equivalente indio de los propios, crearon un mecanismo de fortalecimiento comunitario que fueron 19 Menéndez Pidal, R. "Historia, tomo I, vol. I pp. XVII-XXIX" (citado por González Navarro, M. La Pobreza en México. El Colegio de México. México, 1985), citado a su vez por Casanova, P. Op. cit.

las cajas de comunidad, que comprendía "todos los bienes que el cuerpo y colección de Indios de cada pueblo tuviere" 20, destinadas a preservar formas colectivas de subsistencia y a dar fortaleza a la vida comunitaria. Gracias a la resistencia de los pueblos de indios a la conquista, fue posible que asumieran las "cajas de comunidad" como un dispositivo que contribuyera a mantener la autonomía y la cohesión comunitarias, pues a través de ellas pudieron conjuntar sus propios recursos y administrarlos en función de sus necesidades, garantizando la sobrevivencia comunitaria. En los tres primeros siglos de la colonia en la Nueva España, los servicios sociales de salud, de educación y otros aspectos relacionados con éstos, combinaron las tradiciones comunitarias indígenas con costumbres heredadas del régimen católico español, que permeaba de la imaginación caritativa cristiana, los establecimientos de asistencia y educación. La asistencia social de la iglesia a los pobres estuvo signada por la lógica de la autoridad tradicional, donde las iniciativas de protección provinieron de reminiscencias de un sistema

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20 Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias (RLRI), libro VI, título IV, ley II, citado por Guerra, F-X. Op. cit. p. 252.

¿Qué son las Organizaciones de la Sociedad Civil? ttttttttttttttttt de fidelidades que era también portador de un conjunto de vínculos y solidaridades comunitarias de origen castellano, conformando una "economía moral" o "garantías de subsistencia" 21, de dádivas y de protección a cambio de lealtad y servicios22: 21 Se ha llamado "economía moral" al término acuñado por E. P. Thompson en: "Eighteenth-Century English Society: Class Struggle without Class?" Social History, III, nº 2 (mayo de 1978) y en "La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII", en Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, Editorial Crítica, 1979, en donde el autor construye un conjunto complejo de relaciones sociales entre "la gentry o ingleses nobles" y "los plebeyos" pletórico de relaciones sociales mutuas, caracterizadas por el paternalismo y los favores a los que se tenía derecho a cambio de una reciprocidad de obligaciones y servicios y una "garantía de subsistencia", ligada a las necesidades humanas de los protegidos y su familia. Este sistema perduró en Inglaterra hasta bien entrado el siglo XVIII. En América Latina y particularmente en México se utiliza por diversos autores entre los que destacan Lloyd, Nickel, Rendón, Guerra y otros, en las relaciones coloniales y más particularmente en el sistema hacendario posterior a la independencia. 22 Esta reflexión también está inspirada en un estudio realizado para América Latina, en general, y para Brasil, en particular, por la investigadora Leilah Landim: Para Além do Mercado e do Estado. Filantropia e Cidadania no Brasil. ISER, Núcleo de Pesquisa. Rio de Janeiro, Brasil, 1993.

"Las instituciones españolas vienen a recubrir o modificar las instituciones indígenas. Pero como las dos sociedades reconocen el grupo como célula básica de la sociedad, la mezcla no fue antinatural. Los pueblos indígenas tienen una personalidad jurídica reconocida, asimilada a la de los pueblos castellanos dependientes de la Corona, con un cabildo con alcaldes y regidores -un concejo muncipal con magistrados propios-, sus tierras comunales, sus autoridades tradicionales, los caciques, ... La teoría medieval de una sociedad constituida por comunidades humanas, todas ellas naturales en su orden, e integradas en esa comunidad superior que es el reino, permite el reconocimiento de la diferencia y la integración en una sociedad "holista" de los elementos de base de otra sociedad "holista".23 Señala Guerra que incluso la configuración de las ciudades, burgos y pueblos además de contar con dotación de tierras individuales proveía siempre tierras colectivas de uso común:24 23 Guerra, F-X, Op. cit., pág 140. 24 Recopilación de leyes de los reynos de Indias (RLRI), libro IV, título VII, leyes VI, XIII y XIV, citado en Guerra, F-X, Op. cit., pág. 251.

"Además poseen tierras que pertenecen a la colectividad, considerada como persona moral, los propios; de los que obtienen los recursos más importantes para la vida comunal. La importancia de estos propios es considerable pues deben asegurar, no la vida personal de los habitantes que tienen para ellos sus tierras y el uso de los ejidos y de la dehesa, sino la vida de la comunidad como tal. Por ello la ley determina que la superficie de los propios debe ser la misma que la de los ejidos, de la dehesa y de los solares juntos".25 Sin embargo las reformas modernizantes de Carlos III de España, siguiendo la Ilustración, se orientaron hacia la libre circulación de bienes y mercancías, fijando como uno de sus blancos privilegiados el debilitamiento de los municipios y de los mecanismos corporativos que aseguraban la subsistencia comunitaria, diseñando para ello dispositivos que transferían los recursos y los ámbitos de decisión financiera propios de las comunidades hacia los funcionarios y las arcas de la corona: "El Estado, primero en España y después en América, ejerció su control sobre la administración de los propios, después sobre los pósitos, vieja institución 25 Ibid., citando RLRI, ley VI.

municipal en la que se depositaban granos y dinero para ser prestados a los vecinos en caso de necesidad" 26 Para lograr estos fines, las reformas modernizantes por medio de la Junta superior de finanzas reales y el Ordenanza de intendentes de 1786 pusieron fin a la autonomía financiera de los municipios27, pues al controlar los propios por medio de impuestos locales o arbitrios sobre los bienes de las comunidades y de los pósitos, permitieron un flujo sistemático de la riqueza de las comunidades hacia el Estado.28 Con estas medidas, los gastos que las comunidades podían realizar para actividades colectivas tales como sus fiestas religiosas, disminuyeron considerablemente. Para imaginar lo que pudieron representar estas políticas en la Nueva España, Guerra documenta el caso de los gastos de las fiestas de Corpus Christi en Sevilla, España, cuyo monto en 1634 equivalía al 12.85% proveniente de los prespuestos comunitarios, mostrando enseguida

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26 Ibid., citando el libro VII, título VI, "De los pueblos y arbitrios de los pueblos", sobre todo a partir de las leyes de 1760 de Carlos III (leyes XI y ss.). Cursivas mías. 27 Ochoa y Campos, 1955, pp. 225 y ss., citado por Guerra, F-X. Op. cit. p. 254. 28 Op. cit., p. 254.

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cómo disminuyeron al 1.17% de las mismas arcas comunitarias en 1765, y señalando que el diferencial de excedentes fue abosorbido por el Estado. Todo esto le permite concluir que: "Estas cuentas sacan a la luz otro fenómeno, conocido por sí mismo, pero no relacionado suficientemente con la evolución posterior: el papel de las comunidades en la asistencia y en la educación; las leyes de la época lo confirman como un dato de hecho "Tanto en [...] los salarios del Médico, Cirujano, Maestro de primeras letras [...] que la asignación sea con respecto al valor de los propios. Es probable, que como diremos más adelante, que la asistencia sanitaria y la alfabetización del campo, aun del más apartado, haya alcanzado a fines del periodo colonial niveles inconcebibles para el siglo XIX, en donde precisamente la supresión de los propios y cajas de comunidad privó a las comunidades del más importante de sus recursos".29 Así pues, el liberalismo en boga en la metrópoli y en la Nueva España, pugnó por apropiarse de dispositivos sociales que servían de base para la redistribución de la riqueza y para la solidaridad y reciprocidad comunitaria. 29 Guerra, F-X., Op. Cit. p. 255.

1.3.3 Secularización de la asistencia, (1810-1920). Durante el período de la Colonia se mezclaron vínculos sociales procedentes de la cultura indígena con otros que llegaron de la misma cultura española. Frente al desquiciamiento de la vida social novohispana, la caridad fue desarrollándose como una función pública, especializada e institucionalizada, que tendía a separarse de las comunidades y de sus mecanismos y políticas para enfrentar las necesidades de todos sus miembros, que tendía también a aislarse de las causas sociales que la hacían necesaria, así como a aislar a aquellos sujetos que eran objeto de la misma. En la época independiente, el liberalismo representó un proyecto de las élites de pensamiento, de los liberales y sus logias para acabar con el universo de poder y relaciones indígenas, de las diversas corporaciones, y de la iglesia. Frente a la propiedad colectiva, los bienes comunales y los bienes en manos de la iglesia, las Leyes de Reforma se propusieron la desamortización de los bienes en manos muertas en miras a instaurar el imaginario del ciudadano, del propietario individual: "Aparece el individualismo, cuyos orígenes hay que buscar indudablemente en la Reforma y en la ciencia económica moderna. Pues esta noción del individuo

como el único actor posible de la vida social verdaderamente humana es una radical novedad en sociedades que hasta entonces conocían sobre todo actores colectivos... Por la desamortización de los bienes de mano muerta, no únicamente la Iglesia como tal, sino también las cofradías, fundaciones, conventos y las corporaciones civiles y, por lo tanto, también los pueblos, perdían ante la ley tanto sus medios de acción colectivos como una gran parte de su capacidad jurídica...".30 De esta manera la modernidad buscaba suplir el imaginario social comunitario, con todas sus implicaciones y relaciones sociales, familiares, religiosas y festivas por el imaginario del ciudadano individual, que consideraba los vínculos tradicionales anteriores como una servidumbre y un atraso plagados de privilegios jurídicos y estatutos particulares que era necesario abolir. De esta manera la marcha del progreso se entendió como: "aquella que tiende a ejecutar de una manera más o menos rápida, la ocupación de los bienes del clero, la abolición de los privilegios de esta clase y de la milicia, la difusión de la educación pública entre 30 Guerra, F-X. Op. cit. p. 160.

las clases populares, absolutamente indepenidente del clero, la supresión de los monacales, la absoluta libertad de opiniones".31 A través de este nuevo imaginario del progreso, el liberalismo decimonónico, emanado de la revolución francesa que privilegió al ciudadano en lo individual y las formas de propiedad individual, asestó fuertes golpes a las formas colectivas de propiedad, de organización de la producción y de redistribución de los bienes de la tierra. Pero, después de la guerra de independencia, se había incrementado el número de miserables y desamparados. El imaginario liberal buscó desprender la asistencia de las funciones eclesiásticas y darle un perfil estatal, a modo de que las funciones públicas contribuyeran a conservar el orden social liberal y la paz.

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"Durante el siglo XIX, la asistencia social sufre varias transformaciones: varía su enfoque, la atención se diversifica, la administración cambia... El enfoque de la asistencia social se modificó en esta etapa a causa de la transformación del pensamiento occidental, que poco a poco toma conciencia de los derechos del hombre".32 31 Mora, José María Luis (1837), 1963, p. 4. Citado por Guerra, F-X., Op. cit., p. 169. 32 Valdés, I, Citado por Casanova, Op. cit., p. 32.

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Los liberales buscaron modificar la relación con la asistencia a partir de la libertad de los derechos individuales al trabajo, al ingreso, al mercado, al culto, a la educación, a la no supeditación del estado a la iglesia. Las formas solidarias de los pueblos prehispánicos, combinadas con las tradiciones castellanas, a través de las cuales la comunidad se hacía cargo de todos los aspectos de la vida social mediante diversos sistemas de solidaridades y vínculos, serían golpeadas con las formas liberales modernas, que acentuaban la transformación de hombres y mujeres en ciudadanos individuales, a fin de abolir el viejo mundo corporativo, derivado de las solidaridades gremiales y de la economía moral de la sociedad colonial. La reforma liberal es pregonera de un imaginario que fue asimilado por los liberales a través de lograr la hegemonía cultural entre las capas sociales cultas. Sus vehículos privilegiados para instalar desde arriba el nuevo concepto del mundo fueron las leyes y la institucionalización de una nueva educación. Los propagandistas básicos de este nuevo imaginario fueron las logias masónicas. Sin embargo, la estrategia y los procedimientos de desamortización de los bienes comunales enfrentaron una

amplia resistencia en muchos lugares del territorio.33 33 Un estudio apasionante de esta resistencia se encuentra en "Francisco Agustín Dieguillo: un liberal cuetzalteco decimonónico (1861-1894)" de Guy P.C. Thomson, en Paisajes rebeldes. Una larga noche de rebelión indígena. Lloyd, Jane-Dale y Pérez Rosales, Laura (Coordinadoras). Universidad Iberoamericana. Dpto. de Historia. Serie Historia y Grafía Nº 1. México, 1995. Ahí se analiza cómo las acciones persistentes de Agustín Dieguillo a lo largo de 30 años, iniciadas siempre desde los barrios periféricos hacia la cabecera de Cuetzalan, tuvieron como motivación de fondo hostigar, disuadir, una y otra vez, a la gente de razón, haciendo difícil la vida a los que querían gozar de la aplicación de la ley de desamortización. Los hostigamientos se hacían de noche, se bloqueaban carreteras, se hacían reuniones esporádicas. La estrategia de acción directa estaba dirigida más a minar la resistencia blanca, a animar a buscar otra vida más llevadera en Zacapoax tla o en otro lugar, para que los indios pudieran disfrutar de las tierras de la municipalidad que siempre les habían pertenecido, independientemente de la ley Lerdo.

Como saldo de la estrategia desarrollada por Pala Agustín se logró impedir que se diera una especialización en el cultivo del café en un sistema de plantaciones y se construyera un modelo de desarrollo de la producción sobre la base de pequeñas propiedades trabajadas por gente de razón y por indios, condicionando así la forma de capitalismo agrario que las leyes de desamortización preconizaban. Los indios, controlando parte de las tierras y

En lo que se refiere al proceso de institucionalización de las funciones gubernamentales de asistencia, el 2 de mayo de 1861 se creó la Dirección de Beneficencia Pública, adscrita a la Secretaría de la Gobernación: "Juárez barrió... la vieja beneficencia, que en manos del clero no había servido sino de arma política y la entregó al gobierno que ya barruntaba su obligación de convertirla en asistencia pública".34 En ese contexto "se secularizan los hospitales y establecimientos de beneficencia, que hasta 1861 habían sido administrados por la Iglesia".35 Sin embargo los de la mano de obra, además de salvaguardar su entorno, conservaron sus formas culturales antiguas de uso de la tierra y quedaron incluidos en el proyecto modernizador, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XX. Al imponer su ritmo al proceso de adjudicamiento de tierras y al erigir obstáculos a la gente de razón para establecer ahí su residencia, evitaron que reunieran los requisitos necesarios para poder optar por tierras desocupadas de la municipalidad, asegurando así su propia participación en la repartición de tierras supuestamente privadas. 34 Velasco, R. "El niño mexicano ante la caridad y el estado". Beneficencia Pública en el D.F. México, 1935. Citado por Casanova. Op. cit. p. 34. 35 Casanova, P. Op. cit, pág 33.

liberales, bajo su nuevo esquema de relaciones sociales no tuvieron la capacidad suficiente para atender las necesidades de los pobres; por eso lo que se había arrojado por la puerta regresó por la ventana, pues al caracterizar las virtudes que debían tener las personas trabajadores y profesionistas dedicados a la asistencia social por parte del gobierno, regresaba el paradigma de la caridad de los siglos anteriores, aunque planteando la profesionalización de los servicios y criticando implícitamente que "antes" se hacían de forma espontánea y con escasa preparación:

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"en lo que se refiere a las personas dedicadas a la asistencia social, se pidió que fueran profesionales preparados y que no actuaran como empleados a sueldo, sino como seres con caridad y justicia; además se pedía que tuvieran una adecuada preparación científica y técnica". 36 El imaginario de este período queda claramente marcado por el lenguaje mismo: "mujeres perdidas", abandonadas... mendigos ambulantes, niños huérfanos y abandonados, delincuentes juveniles, ladrones irredentos, enfermos incurables, 36 Valdés, C. Citado por Casanova, P. Op. cit., p. 35.

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la chusma harapienta, dependientes del alcohol y la marihuana, son los destinatarios de los establecimientos y proyectos".37 Así pues, la asistencia va siendo el vehículo de una doble función social moderna: por un lado atiende a las personas necesitadas de manera urgente, y por otro las va separando del resto de la sociedad, como si los establecimientos contuvieran o encerraran a los elementos estigmatizados por la sociedad otorgándoles un lugar donde estar, pero también aislándolos del resto de la sociedad. En cualquier caso, es necesario reconocer que el estado liberal no pudo llenar el vacío dejado por el clero, pues simplemente no contaba con la estructura material ni con la experiencia que pudieran atender cabalmente la asistencia. Por eso Porfirio Díaz finalmente dejó a la Iglesia continuar con parte importante de la labor que había venido realizando por tres siglos.

37 Casanova, P. Op. cit. pág. 8.

1.3.4 Modernización de la asistencia (1921-1982). Después de la revolución mexicana, las fuerzas triunfantes van a buscar una relación entre demandas de justicia social y acciones asistenciales a las que darán carácter de servicio social. En la década de los 30's el concepto de beneficencia dejó el lugar al de asistencia en donde el estado reconoce una obligación de intervenir en lo que se refiere a salud y auxilio social. En este período "un nuevo fundamento filosófico implicaba una transformación en la finalidad y en los métodos de la asistencia pública... que debía promover el desarrollo integral (de los desprotegidos) para hacer de ellos factores útiles a la sociedad... convirtiendo... a los marginados en factores activos de la producción...".38 Un hito importante en el quehacer de la asistencia es el Primer Congreso Nacional de Asistencia, realizado en el Distrito Federal en 1943, en donde se buscó un en38 Gutiérrez del Olmo, J.F.A. "De la caridad a la asistencia. Un enfoque de la pobreza y la marginación en México", La Atención Materno Infantil. Apuntes para su historia. Oficialía Mayor, Centro de Documentación Institucional, Subsecretaría de Servicios de Salud. Dirección General de Atención Materno Infantil. Secretaría de Salud, México, 1993. Citado por: Casanova, P., Op. cit., pág. 9.

"a) sistemas de asistencia social... que tienen como destinatarios a los indigentes... que no tienen un derecho subjetivo a la misma, pero que permiten cubrir objetivos de salud pública... b) Sistemas de Previsión Social: su ámbito ... es la población asalariada... que cuenta con un derecho subjetivo a las prestaciones que otorga el sistema, c) Sistemas de Seguridad Social: su ámbito ... toda la población... que cuenta con un derecho subjetivo a las prestaciones que otorga el sistema... la cobertura otorgada es amplia y va dirigida a la gestión estatal de los roles sociales de trabajador, no trabajador y consumidor".39

39 Molina Ramos, G. En: "Introducción al Sistema Mexicano de la Seguridad Social", Irapuato, Gto, 1989, citado por Casanova, P. Op. cit. p. 13.

1.3.5 El neoliberalismo y la asistencia, (1982-1995). Durante el período llamado de desarrollo estabilizador, que va de 1934 a 1981, se conformó un estado de bienestar en el que se fue incrementando la cobertura y extensión territorial y sectorial de la asistencia y la seguridad social a diferentes grupos. Sin embargo, con la política neoliberal iniciada bajo la presión de la deuda externa creciente del período de Miguel de la Madrid, en 1982 se inició una continua y drástica reducción del gasto público destinado a la asistencia y a la seguridad social, a cambio de otorgar cada vez mayores recursos a los exportadores. Esto ocasionó que los servicios gubernamentales de salud, de seguridad y de asistencia entraran en una fase de escasez, deterioro y presión para la mercantilización, transformando un conjunto de dispositivos sociales de salud pública heredados de la revolución mexicana, que aunque nunca fueron concretados del todo, sí preconizaban el derecho a la salud para toda la población. Hoy se tiende a un sistema de salud estrechamente relacionado con el pago que cada quien pueda hacer para conservarla, ya sea a través de sistemas privados de seguros médicos y hospitalarios, ya sea a través del pago directo de los servicios requeridos, ya sea a través de la reducción del cuadro de

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cuadre científico de la asistencia, a través de principios y métodos acordes con la nueva filosofía abanderada por el Dr. Gustavo Baz, y en concordancia con la modernización económica, política y social. Casanova apunta algunos rasgos definitorios de la nueva política que clasifica a los sujetos destinatarios en:

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medicamentos básicos de las instituciones de salud pública u otras formas de trasladar los gastos de salud pública a los enfermos.40 Esta situación ocasionó que a partir de 1982 y más particularmente a partir de 1985, se incrementara la formación de Instituciones de Asistencia Privada (IAP's) dedicadas centralmente a la asistencia. También antiguas congregaciones religiosas y fundaciones filantrópicas pusieron el acento en cubrir una mayor parte de la demanda social de asistencia, abandonada por las políticas gubernamentales. La modernización ha acentuando la racionalización de las actividades orientadas a la producción y ha disminuido el volumen global de recursos destinados al bienestar social. En el Primer Simposium Sobre Asistencia Social Privada, realizado en julio de 1986, el Dr José M. Camarena Bolaños, delegado ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada señala que desde las políticas gubernamentales la asistencia social se puede definir como:

40 Sobre este particular se puede consultar: Laurell, Asa Cristina. La Salud y el Tratado de Libre Comercio. Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Mimeo, 1993.

"el conjunto de acciones de promoción, prevención, asistencia (sic) y rehabilitación que realizan los Sectores Público y Privado, en beneficio de las poblaciones marginadas o rezagadas, tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de orden biológico, cultural, económico y social que favorezcan en el individuo o comunidad con carencias, su desarrollo integral y consecuentemente, su acceso a los satisfactores básicos de alimentación, vivienda, vestido, educación, salud, trabajo, hasta lograr una solución permanente de sus carencias, incorporándolos a una vida digna, decorosa y humana".41 Dentro de la lógica propia del estado neoliberal mexicano moderno existe una contradicción en relación a las actividades de bienestar social y de asistencia, puesto que el gobierno está dejando al mercado cada vez mayor cobertura de servicios de salud y asistencia, pero sin establecer las condiciones fiscales favorables para que ésta pueda cubrir esas demandas sociales. La ausencia de una verdadera reforma política integral ha mantenido una reglamentación para la asistencia y la promoción 41 Memorias del Primer Simposium sobre la Asistencia Social Privada. Junta de Asistencia Privada, México, 1986, pág 32.

social de carácter ambiguo y discriminador, poniendo en el centro el control corporativo y hacendario antes que el apoyo a los establecimientos que han asumido parte de las funciones que el gobierno está abandonando aceleradamente. En el sexenio de 1988 a 1994, muchos establecimientos asistenciales, para poder sobrevivir tuvieron que jugar en la lógica del Programa Nacional de Solidaridad, a menudo con tintes neocorporativos y electorales.42 Hoy se da también una batalla, un debate en torno a la conceptualización de la asistencia social y la promoción, a partir del concepto de Tercer Sector, empleado de manera inicial por la filantropía norteamericana y difundido con amplios recursos hacia países del Tercer Mundo por el Council of Foundations, la universidad Johns Hopkins y algunas grandes fundaciones norteamericanas. En la medida misma en que la miseria y las sociedades del sur van padeciendo las consecuencias de la política neoliberal de desarticulación productiva y de deuda 42 Durante las campañas electorales de Luis Donaldo Colosio y de Ernesto Zedillo, las invitaciones y las presiones a las ongs y a las iaps, que habían ganado algún concurso público de recursos, para participar en actos de campaña fueron constantes. Se demandaba una fidelidad al gobierno.

externa creciente, las organizaciones de asistencia van siendo encargadas de nuevas y más arduas tareas de salud pública abandonadas por los gobiernos, incrementándose severamente las demandas, pero manteniendo intocado el modelo de desarrollo y de relaciones económicas internacionales. Un escrito de Dondé, publicado en 1986, ya preludia el abandono parcial del gobierno a sus responsabilides de asistencia; en los noventas será declarada, una nueva estrategia:

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"la asistencia privada es aquella que patrocinan los particulares como personas físicas y morales, que realizan actos humanitarios sin propósitos de lucro. El Estado les reconoce personalidad jurídica, si están constituídos institucionalmente y tiene capacidad patrimonial propia, pues lo apoyan en la solución de los graves problemas asistenciales que afronta".43 Un efecto de las restricciones fiscales a la acción social, introducidas en la Miscelánea Fiscal de diciembre de 1989, fue el de fortalecer jurídicamente los canales 43 Dondé, E. R. "Instituciones de Asistencia Privada en el Distrito Federal". "Memorias del Primer Simposium sobre la Asistencia Social Privada", Junta de Asistencia Privada, México, 1986, p. 43.

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de regulación y de supervisión de las instituciones de asistencia privada, dando mayor peso a algunos establecimientos. Según la Ley: "la Junta de Asistencia Privada, órgano administrativo desconcentrado por función, subordinado a la Secretaría de Salud, es el medio por el cual el poder público ejerce el cuidado, vigilancia y asesoría de las instituciones de asistencia privada".44 "Las principales responsabilidades de la junta son: autorizar la constitución de las IAPs; promover con las autoridades incentivos fiscales; aprobar los presupuestos de las instituciones al igual que sus inversiones; aprobar los reportes anuales de las organizaciones; aprobar la desaparición de las instituciones; y asesorar a los consejos de las organizaciones en la promoción de buenas prácticas administrativas.".45 Las Instituciones de Asistencia Privada, ya sean fundaciones o asociaciones, por el hecho mismo de 44 Valdés,C., Op cit. pp. 142 y 143. 45 Carrillo Gamboa, Emilio. "Regulation of Mexican Philanthropy, 1994". Citado por Fernández, Rosa María, en "Las Fundaciones Norteamericanas y las Instituciones No Lucrativas en México", pag. 21.

aparecer en el Diario Oficial de la Federación, califican automáticamente para obtener el permiso de otorgar recibos deducibles de impuestos. Ante la diversidad y complejidad de los problemas sociales, otra característica de la Asistencia Social, es que en los últimos diez años, ha venido incrementando la convocatoria a la participación de diversos profesionistas: psicólogos, antropólogos, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y otros, para dar al quehacer un carácter científico-profesional, en una lógica de clasificar, readapatar, prevenir, aislar, controlar, separar en diversos establecimientos a los diversos destinatarios de la asistencia. Landim señala que el modelo neoliberal y la creciente pobreza extrema y desempleo en América Latina, a pesar de las claras diferencias han venido incrementando los campos de trabajo compartidos por la asistencia privada, los organismos no gubernamentales y las organizaciones sociales: "Sin duda, existe un área de intersección entre los sectores sociales con los cuales actúan las entidades de asistencia y aquellos por lo que transitan las ongs. Con todo, en tanto las ongs no tienen una historia consistente de actuación con segmentos "marginali-

En México la alianza formada por las iaps, las fundaciones, las ocpds y ongs para proponer una iniciativa pública de "Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social"47, es un innegable signo de articulaciones inusitadas frente al modelo de nueva conquista económica y cultural que lleva a cabo la lógica del libre mercado en nuestro país.

46 Landhim, L. Op. cit., pág. 35. 47 Propuesta de Proyecto de "Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social", Versión Final, México, D.F., octubre de 1995. Centro Mexicano para la Filantropía, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Foro de Apoyo Mutuo, Fundación Miguel Alemán y Universidad Iberoamericana.

1.4 Génesis social de la promoción La palabra promover proviene del verbo latín promovere que quiere decir mover hacia, mover a favor de. En español se refiere a: "iniciar o adelantar una cosa, procurando su logro, o levantar o elevar a una persona a una dignidad o empleo superior al que tenía".48

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zados" de las actividades productivas, han preferido el universo del trabajo, a la vez que las entidades de asistencia social, han estado generalmente distantes de los valores de la "militancia" y del campo de los movimientos sociales organizados".46

El concepto de promoción en México cuenta con menos trabajos y desarrollos que la multitud de textos existentes en relación al de asistencia. El concepto y la práctica actuales de la promoción son relativamente recientes, aunque en cuanto a algunos de sus contenidos básicos seguramente pueden ser rastreados hasta el período colonial. En un primer sentido, la palabra promoción aparece en planes de desarrollo realizados a raíz de la Alianza para el Progreso y en la corriente de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en los años 60's y 70's. El término es utilizado en documentos de los gobiernos y de organismos multilaterales, en los que promover es 48 "Real Academia Española." Diccionario de la Lengua Española. Ed. Espasa Calpe. Decimonovena Edición. Madrid, 1970. pág. 1072.

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plantear y desarrollar propuestas técnicas a través de la acción de sujetos promotores. Sin embargo, la noción de promoción ha venido siendo resignificada a partir de la práctica social latinoamericana y rescatada de esa visión técnica, que únicamente se refiere a la adaptación de los sujetos a propuestas de desarrollo decididas sin ellos y externas a su cotidianidad. La noción de promoción también fue leída de otra manera a partir de fuentes cristianas y marxistas. Se refiere por un lado al quehacer de los educadores sociales frente a los sectores populares, campesinos, indígenas, de trabajadores, mujeres, jóvenes, y otros, a fin de que las relaciones entabladas entreambos los conduzcan a transformarse mutuamente en sujetos activos de sus propios procesos, de su propia historia, esto es, que los vínculos construídos aporten no sólo respuestas y alternativas para las demandas vividas, sino elementos que generen capacidad teórica y metodológica para que los sujetos de la educación puedan gestar sus propios proyectos en la perspectiva de una solución justa y de fondo a las causas de la situación que viven. "La promoción... parte de una posición frente a la situación social, de una conciencia histórica y ética...

no se trata de un simple subsidio a las carencias populares... sino de poner en movimiento los procesos requeridos de transformación, y los sujetos que en ella deben participar".49 La promoción no se refiere sólo ni primordialmente al discurso, sino a una praxis que implica reflexiones y acciones articuladas, de cara a problemas concretos, se refiere a la congruencia entre la palabra, los estilos de trabajo y los métodos propuestos para enfrentar los retos externos conjuntamente: "Por utopía entendemos aquellas expresiones globalizantes, de aplicación general, que denoten tendencia e intencionalidad de cambio social. Nuestra hipótesis de trabajo es que los individuos, los equipos y las instituciones que trabajan en promoción popular expresan, con distinto grado de coherencia interna de planteamiento y con distinto grado de explicitación, una serie de connotaciones valorales y de logros a nivel de sociedad en su conjunto que les permite definir, identificar o explicar los objetivos a mediano y largo plazo, las relaciones que establecen, el sentido 49 Barquera, Humberto. "Dos tipos de promotor y de promoción", cita de la Revista Christus s/n y s/f, pp. 40-42, s/f.

de su práctica y la motivación de su acción".50 Actualmente el concepto de promoción es objeto de diversos debates, particularmente en lo que se refiere a las formas y límites de las relaciones con la esfera del gobierno y con la esfera de la economía. Hay para quienes la promoción termina en la capacitación técnica y profesional y hay quienes, buscando responder a procesos más complejos afirman que la promoción debe acompañar la generación de iniciativas sociales de políticas públicas que contrapesen la lógica implacable de la ganancia y del libre mercado. Por otro lado, algunos funcionarios del gobierno y miembros del PAN, precisan que si la promoción genera y articula poderes ciudadanos, debía entrar en la esfera de la sociedad política, mientras que los promotores populares sostienen que la formación y articulación de las demandas ciudadanas es parte del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y de la sociedad civil, por 50 Puede verse: Sotelo, J. y Peraza, A. "La Promoción Social. Su identidad, sus estrategias y sus tareas fundamentales", Praxis, Serie Promoción Popular, Cuadernos de Trabajo Nº 1. México, 1988, pp. 7 y 8. También puede consultarse en el capítulo siguiente sobre Génesis Teórica la forma como entendemos la utopía.

lo que las organizaciones de promoción, a través de la búsqueda del consenso, pueden ejercer una orientación intelectual y moral de la sociedad en su conjunto. Para estos últimos, la ética en la política es parte de su terreno de trabajo y la defensa de los derechos humanos es un terreno privilegiado. En fechas recientes frente a la propuesta de "Ley de Fomento de las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social" el debate sobre los límites y los derechos de las organizaciones civiles está abarcando al conjunto de la sociedad civil y de la sociedad política, puesto que la cámara de diputados y diversas secretarías de estado están involucradas. El debate se concentra en quiénes tienen derecho a gozar de estímulos fiscales y de exención de impuestos y en el establecimiento del tipo de control gubernamental que deben tener las organizaciones que obtengan el derecho de recibir donativos exentos del pago de impuestos. Sin embargo lo que está en juego va mucho más allá de las medidas fiscales: puesto que la Ley de Fomento postula un proyecto nacional donde las actividades no lucrativas, orientadas a la promoción y al bienestar general de la población, tengan una autonomía relativa del mercado y del gobierno, estableciendo así la base para dar un peso relevante a una nueva política de responsabilidad social.

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Así pues, según se definan las líneas relevantes del concepto de promoción, el historiador puede curiosear, investigar, postular entidades y preguntas e indagar algunas relaciones y prácticas sociales en períodos anteriores. Y esto vincula este apartado con el siguiente sobre la Génesis Teórica de la problemática de las redes de ocpds.

1.4.1 Antecedentes Aunque la noción de promoción se acuñará propiamente en el período poscardenista, me parece importante señalar solamente algunas de las concepciones y prácticas sociales que pueden considerarse como sus antecedentes. En ese sentido, los trabajos realizados por Vasco de Quiroga, por Toribio de Benavente, por Bartolomé de las Casas al sostener que los indígenas tenían alma y eran iguales a los otros hombres sentaban las bases de las relaciones de promoción entre diferentes actores sociales. Sin duda que estas primeras experiencias de un trato de igualdad desde saberes especializados, forma parte del patrimonio histórico que llevará a conformar la noción de promoción, puesto que más allá de la lógica de la enseñanza religiosa o de la asistencia, la procuración de la la defensa de los derechos de los indios y su inclusión activa, consciente y diferenciada en la gestión de la vida económica, social y cultural de su época estarán en los orígenes de las prácticas sociales y el concepto actual de promoción. Es por eso que estos misioneros, pueden ser considerados como los precursores de la promoción social en México. Otro caso semejante sería el de fray Alonso de la Veracruz que en tanto filósofo y educador se preocupaba también de la psicología, de las almas:

"Esta educación que propugnaba fray Alonso, si bien de inspiración distinta a los pensamientos de sus colegas De Las Casas o de Quiroga, toca aspectos que se constituyen como elementos importantes en los trabajos que después se definirían como promoción".51 En el período posterior a la guerra de independencia, la influencia liberal va a criticar las políticas caritativas de la colonia y va a buscar legislar sobre la asistencia como un derecho de los individuos. Pero, algunos liberales, como Ponciano Arriaga orientaron su discurso y sus acciones hacia una defensa de los pobres que ciertamente fue más allá de la asistencia. En 1847, Ponciano Arriaga, en un vigoroso estilo que anticipa al de Ricardo Flores Magón, presenta una propuesta de Procuraduría de los Pobres en San Luis Potosí, que es una propuesta paradigmática del imaginario social, que bien podría ser una matriz común a la asistencia y a la promoción, nacida de la conciencia de los derechos humanos y donde cuestiona severamente a la sociedad sobre sus implicaciones en el trato social y público a los pobres: 51 Casanova, P. et alii. "La Psicología social de intervención". Perspectivas Docentes Nº 18, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, enero-abril de 1996, p. 32.

"Hay en medio de nuestra sociedad una clase desvalida, menesterosa, pobre y abandonada a sí mismo. Esta clase está en las entrañas de nuestra sociedad, es la clase más numerosa, es nuestro pueblo, es nuestra sociedad misma; se compone de todos aquellos infelices que no habiendo tenido la suerte de heredar un patrimonio, ni la fortuna de adquirir educación, se encuentran sumergidos en la ignorancia y en la miseria, se ven desnudos y hambrientos, por todas partes vejados, en todas partes oprimidos. Sobre esta clase recae, no solamente el peso y rigor de las leyes sino también, y esto es lo más terrible, la arbitrariedad e injusticia de muchas autoridades... ¿Qué deben esos desgraciados a la sociedad? ¿reciben de ella pan, sustento para sus familias, educación para sus hijos y un porvenir halagüeño para sus nietos? ¿tienen protección de sus derechos?... ¿Qué hace, pues, la sociedad en favor de los pobres? Nada. ¿Cómo protege sus derechos? De ningún modo".52

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52 Citado por Casanova Op. cit. pág 31 y tomado de Arriaga, Ponciano: "Proyecto para el establecimiento de una Procuraduría de los Pobres en San Luis Potosí", 1847, Antología de Clásicos Mexicanos de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1991.

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1.4.2 Modernización y promoción. El movimiento anarquista iniciado en México en 1861 por Plotino Rhodakanaty53, proporcionó a los movimientos campesinos y sindicales del último tercio del siglo XIX una tradición de lucha autogestiva y de ideas libertarias procedentes de Europa que combinó con las viejas banderas de solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua prehispánicas y castellanas, y las concretó en proyectos socialistas, propuestas de autonomía, concepciones sobre el municipio libre, prácticas y construcciones colectivas, organizaciones mutualistas y sindicatos, formas organizativas de socorro mutuo y de lucha, círculos obreros, movimientos de huelga, etc. De entre los seguidores del anarquismo destacó Ricardo Flores Magón que conformó clubes liberales, círculos obreros, el Partido Liberal Mexicano y otras formas de lucha que a modo de espacios civiles de obreros y campesinos, se articularon en torno a propuestas libertarias y a formas solidarias y organizativas que estuvieron en los orígenes de la Revolución Mexicana. No es nuestro propósito explorar ni detenerse en las formas civiles de promoción que se dieron durante la 53 Véase: Hart, John M. El anarquismo y la clase obrera mexicana 1860-1931, Siglo XXI, México, 1980.

Revolución Mexicana, sino únicamente señalar algunos antecedentes lejanos de los proyectos y propuestas que se desarrollaron posteriormente y que estuvieron en los orígenes de las concepciones y prácticas de la promoción de finales de los ochentas y principios de los noventas. Es por eso que solamente abordaremos, de manera breve, cuatro períodos, posteriores a la revolución: el cardenismo y los orígenes; el desarrollo estabilizador y la promoción; los inicios de cuestionamiento al modelo socioeconómico; y, el camino hacia un desarrollo incluyente.

1.4.21 El cardenismo y los orígenes de la promoción actual. En el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940), enmedio de las consecuencias de la crisis del capitalismo en los Estados Unidos y de la situación previa a la segunda guerra mundial, se definieron simultáneamente políticas económicas y vínculos políticos internos de la sociedad mexicana. Por un lado se perfiló un proyecto nacionalista y el país contó con una base de recursos que permitió ejercer una mayor autonomía e independencia en el desarrollo económico. A la vez las organizaciones sindicales, campesinas y populares se desplegaron bajo un control gubernamental corporativo, que dio como resultado un poder ejecutivo fuerte. Con la expropiación petrolera y la reforma agraria, el gobierno respondió a demandas campesinas y obreras que habían estado en los orígenes de la revolución, generando en el proceso mismo de respuesta a ellas, organizaciones articuladas

y controladas por el presidente de la república.54 Este conjunto de relaciones sociales estuvo en los orígenes del llamado desarrollo estabilizador que imperó durante casi cuatro décadas pues los sectores obreros, campesinos y populares quedaron ceñidos a un esquema de vínculos subordinados al gobierno, que a modo de una nueva economía moral o pacto implícito, concedía algunas prestaciones, demandas, pequeñas mejoras salariales, diputaciones y cargos públicos, pero casi siempre a costa de la autonomía y la democracia interna de las organizaciones sociales. Algunos sectores sociales escaparon parcialmente de ese control corporativo centralizado: las instituciones de educación superior donde las luchas estudiantiles

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54 Maldonado Leal, Edelmiro. Breve Historia del Movimiento Obrero. Estrella Roja, México, 1978. Esta historia tiene el valor de ser un estudio que parte de la experiencia interna de participación en los más diversos movimientos obreros y sindicales de un reconocido comunista durante más de treinta años. También puede verse: Sarvide, Laura, Sector No Lucrativo en México, como continuación de su trabajo anterior: Sociedad Civil y Pueblos Emergentes. Las Organizaciones Autónomas de Promoción Social y Desarrollo, PDP-ILET, México, 1987, donde realiza una segunda exploración histórica breve de los antecedentes de las ocpds en México. Espiral, S.C. México, 1995.

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iniciadas desde la década de los 30's, habían logrado la autonomía universitaria55; y la Iglesia Católica, que ante los grandes problemas previos y posteriores a la revolución mexicana, a la par que buscaba negociar su nuevo lugar en las relaciones sociales posteriores al movimiento armado, dando aliento a la lucha cristera56, impulsaba también su Doctrina Social y la Acción Católica, como dispositivos de intervención en la sociedad, aunque esta última fuera impulsando un proyecto social diferente de las labores asistenciales tradicionales y logrando una progresiva autonomía laical.

55 Un detallado análisis del origen y visicitudes de la autonomía universitaria como un lugar de desarrollo de la sociedad civil se encuentra en: Semo Groman, Ilán, en la "Oposición Estudiantil: ¿una oposición sin atributos?", Departamento de Investigación Educativa, Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, Instituto Politécnico Nacional, México, 1982. 56 Un amplio desarrollo sobre el movimiento cristero se encuentra en los tres vólumenes de: "La Lucha Cristera" de Jean Meyer, Siglo XXI, México, 1978; también puede consultarse: Canto Chac, Manuel y Pastor Escobar Raquel. ¿Ha vuelto Dios a México?. La transformación de las relaciones Iglesia Estado. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México 1997, pp 48-57.

En 1923 se había formado el Secretariado Social Mexicano (SSM), pionero de la educación para la participación social y la democracia; en 1928 había padecido diversas visicitudes durante la guerra cristera y fue virtualmente clausurado por la policía. Con la incorporación del padre Pedro Velázquez al SSM en 194157, siguiendo el modelo de la Acción Católica de Bélgica, se empezaron a desarrollar más organizaciones sociales intermedias, independientes tanto del gobierno como, progresivamente, de la misma jerarquía católica, "el año de 1944 fue crucial para el Secretariado Social Mexicano pues... se obtuvo que el Episcopado Mexicano aprobara la separación de la Acción Católica y el 57 "Conviene recordar que desde 1941, Mons. Luis María Martínez decidió dedicarlo (al Padre Pedro Velázquez) totalmente a la acción social y con ese objeto lo hizo miembro del SSM. Pero aquel Secretariado Social, fundado por el Episcopado Nacional en 1923 para ser promotor y coordinador de la acción social cristianamente inspirada, por aquellos tiempos, y debido a la persecución religiosa, se había centrado en la fundación y organización de la Acción Católica Mexicana... era más bien de asesoramiento de agrupaciones confesionales de Acción Católica con un marcado tinte de apostolado religioso..." Velázquez, Manuel: Pedro Velázquez H. apóstol de la justicia. Jus, 1978, pp. 43 y 44.

Secretariado Social... como fruto del fuerte impulso del P. Pedro por hacer volver el SSM a su campo específico: el campo económico social...".58 Las empresas públicas y privadas aprendieron rápidamente a desarrollarse aprovechando la tutela del gobierno y las reglas corporativas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social apareció, muy a menudo, al lado de los intereses patronales y del control sindical vinculado al Partido Revolucionario Institucional. El resultado fue una gran debilidad del conjunto de la sociedad civil frente al gobierno, frente a los intereses de las grandes empresas, tanto públicas como privadas. Por las razones antes señaladas, algunos de los primeros organismos civiles autogestivos posrevolucionarios, parcialmente herederos del anarquismo59, nacieron vinculados a la iglesia católica y a grupos de profesionistas universitarios.

Los secretariados sociales se fueron extendiendo en diferentes diócesis, como el ámbito amplio de acción, tanto de las organizaciones laicales perfiladas conforme a la Doctrina Social de la Iglesia, dotadas progresivamente de un criterio de interpretación histórica de la Biblia y de la sociedad60, como de las nuevas organizaciones de profesionistas definidas con autonomía de la jerarquía católica.

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58 Ibid. pág. 44. 59 Las cooperativas de ahorro y crédito, de producción y de consumo impulsadas por la iglesia católica, paradójicamente, tienen su raíz histórica en la tradición de los socialistas utópicos para quienes las mutualidades y las cooperativas son formas de defensa y organización de los individuos frente al poder de los gobiernos y de los empresarios. Puede verse: Bertolo, Amadeo y Lourau, René. Autogestión y Anarquismo. Antorcha, México, 1984.

60 Núñez González, Oscar. Innovaciones democrático-culturales del movimiento urbano popular. UAM-Azcapotzalco, México, 1990, pp. 157-176.

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1.4.22 El desarrollo estabilizador y la promoción. El llamado modelo de desarrollo estabilizador generó relaciones entre el gobierno y la sociedad caracterizadas por un férreo control de los sectores y organizaciones sociales, mantenido normalmente a través de una cierta distribución corporativa de beneficios, mediante la coptación de líderes y la desorganización de las identidades populares y campesinas. Es por eso que se desarrollaron pocos contrapesos sociales entre los movimientos ciudadanos y el gobierno. Esta debilidad de la sociedad civil a lo largo de tantos años fue a la vez origen y efecto de vías autoritarias61, clientelares y antidemocráticas de gestión social y política. Siguiendo la doctrina social de la Iglesia, los Secretariados Sociales de algunas capitales y ciudades del interior del país: Morelia, Monterrey, Mérida, León, Cuernavaca y otros, empezaron a hacerse eco de las demandas e intereses de los sectores obreros, campesinos, empresariales y profesionales, a los que buscaron 61 Puede consultarse: Linz, Juan. "Totalitarian and Authoritharian Regimes" en: "Handobook of Political Science" dirigido por Fred I. Greenstein y Nelson W. Polsby. Ed. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1975. Vol. 3, pág 175411.

dotar de instrumentos de organización y mejoramiento social y económico, tales como las cajas de ahorro y las cooperativas de consumo y producción. El 12 de octubre de 1951 nació la primera cooperativa de ahorro y crédito, la Caja Popular "León XIII", en la Colonia América, en la Ciudad de México.62 Las cajas populares y el modelo cooperativista formaron a sus afiliados en el conocimiento y promoción de sus derechos básicos, en los hábitos de solidaridad y ayuda mutua, y fueron a la vez parte de un esfuerzo de formación social y humana y de generación y gestión de organizaciones intermedias propias de los trabajadores: "...Por un lado se hace necesario crear la conciencia para que los organismos intermedios existentes cumplan con su función social en el plano económico, social, cultural y político, por otro... se hace improrrogable una acción para promover las organizaciones de base en los sectores empresarial, profesional, obrero, campesino y marginado, atendiendo a sus distintas 62 Sarvide, Laura, Op. cit. p. 22: "En 1951 se constituye en la Ciudad de México la primera Caja Popular y dos años más tarde este movimiento se empieza a expandir por los estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro... para 1964 el movimiento se había expandido a veinte estados de la República."

funciones: económica, profesional, comunal...".63 En 1958-59 se dio en México una lucha de carácter nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana por la democratización de su sindicato. El movimiento de huelga general fue apagado a sangre y fuego por el gobierno de López Mateos que envió al ejército a combatir a los ferrocarrileros, cuyos dirigentes, Demetrio Vallejo y Valentín Campa y el comité ejecutivo nacional del sindicato, fueron encarcelados bajo el pretexto de aplicarles los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que tipificaba el delito de disolución social.64 63 Programa de Acción Social para México, México, Secretariado Social Mexicano, 1956. Citado por Velázquez, M. Op. cit, p. 60. 64 Con la participación de México al final de la Segunda Guerra Mundial, se aprobaron los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que castigaban la conspiración contra el país. Pero los gobiernos de López Mateos (1958-1964) y de Díaz Ordaz (1964-1970) los aplicaron a los movimientos ferrocarrilero, médico, de maestros, de telegrafistas y estudiantiles, encarcelando a dirigentes que demandaban fundamentalmente democracia sindical. El problema fue tan agudo, que el movimiento estudiantil popular de 1968 tomó como una de sus banderas centrales, la derogación de dichos artículos, que también se aplicaron a

A pesar de la represión, el movimiento de los ferrocarrileros despertó y catalizó la imaginación y las luchas de otras organizaciones por la democracia sindical. A principios de la década de los sesentas surgieron los movimientos magisterial, médico y telegrafista; levantaron banderas de democracia interna, de tal modo que las políticas respondieran, en primer lugar, a las demandas de sus agremiados y no a encargos oficiales. Sin embargo, también sus dirigentes fueron encarcelados. De esta manera, la política autoritaria y represiva de los regímenes priístas generó los primeros movimientos de abogados por la defensa de los presos políticos. Debido al estatuto de autonomía universitaria, las instituciones de educación superior también contribuyeron a generar espacios civiles independientes del control corporativo.65 En 1956 el movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional luchó por el incremento de las becas y por el mejoramiento de la alimentación de los estudiantes internos.

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sus propios dirigentes que fueron a la cárcel por más de un año. Como fruto posterior al movimiento estudiantil, el gobierno de Luis Echeverría derogó ambos artículos. 65 Semo, Ilán. Op.cit.

¿Qué son las Organizaciones de la Sociedad Civil? ttttttttttttttttt

Así pues, empezó a desarrollarse, lentamente y con muchas dificultades, un germen de una sociedad civil democrática: la formación de organizaciones intermedias, las luchas campesinas por la tierra, las demandas estudiantiles por autonomía y servicios y las primeras demandas obreras por democracia sindical. Para 1964 se habrían fundado más de un millar de cooperativas por todo el país. Y precisamente en ese año nació la Confederación Mexicana de Cajas Populares como una primera Red de organizaciones civiles cooperativas al servicio de un movimiento social amplio. En la década de los sesentas, la preocupación del desarrollo permeó muchos de los análisis y propuestas de los pueblos latinoamericanos para acceder a condiciones de mayor justicia y distribución de la riqueza. Igualmente, el discurso de la Iglesia Católica, particularmente aquel contenido en los Documentos del Concilio Vaticano II, en la II Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, Colombia, y en la encíclica Populorum Progressio de Paulo VI, señalaron que el desarrollo era el nuevo nombre de la paz.

1.4.23 Inicios de cuestionamiento al modelo. En este contexto social y religioso, a mediados de la misma década se fundaron, derivados del arduo trabajo del Secretariado Social Mexicano y su coordinador, el padre Pedro Velázquez, un conjunto de organismos intermedios y organizaciones de profesionistas especializadas, para promover el desarrollo en diferentes estratos y grupos de la sociedad mexicana. Para 1965 el Secretariado Social Mexicano había formado o asesoraba a 27 organismos intermedios66 y aglutinaba a 33 secretariados sociales 66 En el informe del SSM al episcopado de 1965 se mencionan los organismos formados y asesorados en ese momento por el SSM: Centro de Formación Social Cristiana (CEFOSOC), Seminario de Sociología Religiosa, Instituto Mexicano de Estudios Sociales (IMES), Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C. (COPEVI), Instituto de Fomento de la Casa Mexicana, A.C. (PROCALLI), Fundación Alfabetizadora Mexicana "Método Laubach", A.C., Unión Mexicana de Escuelas de Traabajo Social (UMETS), Unión Mexicana de Trabajadoras Sociales (UMETSAC), Instituto de Desarrollo de la Comunidad, Instituto Cooperativo "Moisés M. Coady", A.C., Federación Mexicana de Formación Integral (FEMEPI), Unión Social de Empresariaos Mexicanos (USEM), Unión de Empresarios Católicos (UDEC), Instituto Técnico de Estudios Sindicales (ITES), Juventud Obrera Cristiana (JOC), Juventud Obrera Cristiana Femenina (JOCF), Juventud Agrícola Cristiana (JAC),

diocesanos bajo la concepción de una pastoral del desarrollo inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia y en el Concilio Vaticano II, esbozada en sus líneas centrales en el texto de la Conferencia de Organizaciones Nacionales: Desarrollo integral de México, tarea de todos: "Hoy, sobre todo, un cristiano no puede dejar de pensar en el problema social por excelencia de nuestra época, que es el subdesarrollo que afecta a dos terceras partes de la humanidad. Que es la miseria total y el desorden colectivo más grande que ha existido en el mundo. No es que la miseria, la desnutrición, la falta de salud o la ingnorancia, el manipuleo de las masas, sean fenómenos nuevos en la historia humana... estos pueblos han tomado conciencia de su situación y no están dispuestos a continuar en la miseria, en la incultura, en la explotación, en el subdesarrollo... lo grave es que ese mundo de la incultura se enfrenta al mundo de la técnica; ese mundo de las carencias se Juventud Agrícola Femenina (JACF), Uniones Campesinas de México, Federación Campesina Latinoamericana (FCL), Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Movimiento Cooperativo, Confederación Nacional de Cajas Populares, Cooperativa México Nuevo, Central de Servicios Populares (SERPAC), Promoción Cultural y Social, A.C. y Editora Social Latinomaericana, S.A. (Velázquez, M., Op. cit. p. 62).

enfrenta al mundo dominado por el frenesí del poder económico o político... Nuestro pueblo tiene derecho al desarrollo, no solamente económico o técnico del país, sino al desarrollo integral... porque, en definitiva, lo que se trata de desarrollar no son, a despecho de las expresiones frecuentemente en uso, los países o los territorios, no son la economías o las subsistencias; no son los laboratorios, las fábricas o las finanzas, las técnicas de producción o la productividad, sino son los pueblos o más exactamente las naciones que están subdesarrolladas o en vías de desarrollo. Son las comunidades de hombres...".67

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Para Pedro Velázquez y el Secretariado Social Mexicano las acciones para el desarrollo, aunque inspiradas en la fe cristiana, no le reclaman a ésta que les plantee las mediaciones ni las estrategias, que corresponden a la acción social y política y no son espontáneas ni pueden ser dejadas a la buena voluntad, pues requieren de un proceso organizativo, teórico y metodológico preciso que busca articular esfuerzos e influir en decisiones de bienestar social: 67 Conferencia de Organizaciones Nacionales, realizada a fines de 1964: Desarrollo integral de México, tarea de todos, México, CON, 1965, Citado por Velázquez, Manuel, Op. cit., pp. 95 a 97.

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"... toda esta acción exige una metodología y estrategia propia y en este campo la aportación de las ciencias y técnicas de promoción y desarrollo son irremplazables... No basta hacer movimientos aislados, se deben integrar en el plano local, regional, nacional y aún internacional... se debe propiciar una acción integradora de la sociedad, que es el resultado de los esfuerzos paralelos de los diversos sectores de la sociedad, que, actuando en un plan de autonomía se ligan e integran... Pensar juntos, actuar juntos no es una moda, sino expresión de nuestra vocación comunitaria... para el desarrollo del hombre".68 Encontramos en este texto, presentado, por Pedro Velázquez a la Conferencia de Organizaciones Nacionales, a fines de 1964, una de las síntesis más comprehensivas y originales de la identidad de las ocpds y una prefiguración de los elementos centrales del proyecto de las redes que se formarían veinticinco años más tarde: la visión utópica procedente de una imaginación comunitaria que podía convocar a articulaciones entre las organizaciones presentes en el evento, provenientes de los más variados sectores de la sociedad, tanto en el plano local, regional, 68 Ibid, p. 102.

nacional e incluso internacional, como formas propias y reconocidas de expresión de la sociedad civil; aparece también de manera nítida la autonomía de las organizaciones que pueden tomar una decisión para sumarse a otras en beneficio comunitario; en el texto se dibuja también la necesidad de la estrategia y la metodología de las ciencias y técnicas de la promoción del desarrollo. Todos estos rasgos, serán elementos fundantes de las federaciones de cajas populares o cajas de ahorro y crédito y de las federaciones de cooperativas de producción y consumo inspiradas por el Secretariado Social Mexicano69, y serán también rasgos distintivos de las redes de ocpds que se conformarán cinco lustros después. Inspiradas por la iglesia católica, pero ya orgánicamente independientes de ella, nacieron en este período varias organizaciones, que en calidad de asociaciones civiles, uniones, organizaciones sectoriales, frentes, cooperativas y otras, con el concurso de diversos profesionistas y con consejos directivos y estructura organizativa 69 Alrededor del Secretariado Social Mexicano surgirá un núcelo de promotores sociales de gran iniciativa y creatividad social entre los que se encontraban el Padre Rodolfo Escamilla y un amplio equipo civil, que llevaron a los movimientos sociales, campesinos y obreros a concretar e impulsar los principios del SSM.

propia, a menudo incluyeron en su nombre su carácter orientado a la problemática social o al desarrollo: el Instituto Mexicano de Estudios Sociales (IMES, 1959); la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM); el Frente Auténtico del Trabajo (FAT, 1960)70, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario en Guadalajara (1963); la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (1963); Centro de Promoción y Desarrollo Popular (CPDP, 1964); el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI, 1965)); el Centro de Desarrollo Popular (1966); Desarrollo Social para Mexicanos Indígenas (1969); todas estas organizaciones se fueron asumiendo como autónomas de la jerarquía eclesiástica, establecieron sus propios órganos de dirección, aunque conservaron vínculos fraternos y de colaboración con los asesores del SSM. También ligado inicialmente a la jerarquía católica y teniendo sus antecedentes inmediatos en el Movimiento Familiar Cristiano, a raíz del Concilio Vaticano II, fue fundado el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), el 22 de junio de 1964. 70 El FAT se constituyó el 18 de octubre de 1960 y desde sus inicios se planteó como una organización autónoma de la jerarquía.

A partir de demandas de género, o de la iniciativa de las iglesias evangélicas surgieron también otras organizaciones: Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL, 1969), en Cuernavaca; Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL, 1969); y en el campo del ecumenismo el Centro Coordinador de Proyectos Ecuménicos (CECOPE, 1969) y el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE, 1968) en el Distrito Federal. El Secretariado Social Mexicano (SSM) se movió entre posiciones anticomunistas que contrarrestaran la revolución cubana y una fidelidad intensa a la promoción popular de base71, y fue esta última fidelidad la que tuvo 71 Carlos Fazio, señala que el Secretariado Social Mexicano (SSM) de principios de los sesenta, vivía una fuerte tensión entre posiciones que consideraban justas las demandas del comunismo, pero no sus métodos, porque aniquilaban las libertades personales. El SSM se movió siguiendo un esquema de justicia social, unión de las clases y corporativismo, pero no contaba con un bagage teórico que le permitiera contar con un análisis y una propuesta social alternativa. Es necesario recordar que en ese período la iglesia católica oficial, hablando por los intereses de grupos monopólicos, vivía un clima claramente anticomunista expresado en la consigna: ¡Cristianismo sí, comunismo no!, que llevó al surgimiento de grupos profascistas como el Partido Nacional Anticomunista y el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación

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más peso buscando construir organizaciones sociales que no estuvieran a merced de cualquier posición de la Iglesia fijada por Roma o por una jerarquía poco sensible a los grandes problemas de la gente. De esta manera, las organizaciones impulsadas por el SSM empezaron a ser independientes de los encargos eclesiásticos. Desde otra experiencia diferente, desde la lucha por la democracia en el terreno electoral y de gobierno, en San Luis Potosí, el Dr. Salvador Nava encabezó un importante movimiento cívico contra el centralismo, que más adelante sería visto como la raíz de un nuevo paradigma de la dignidad y de la lucha ciudadana. De 1953 a 1968 se habían dado 22 intervenciones militares o policíacas en instituciones de educación superior en todo el país. Muchos diferendos universitarios

(MURO). Fazio, Carlos. Algunos Aportes del Secretariado Social Mexicano en la transición a la democracia, Ong de los sesenta, Academia Mexicana de Derechos Humanos, México, 1997, p. 22-23.

terminaban con la presencia autoritaria represiva.72 El movimiento estudiantil popular de 1968, luchando centralmente en contra del autoritarismo y por las libertades democráticas sería el parteaguas de los avances de la sociedad civil mexicana.73 A partir de entonces diversos movimientos sindicales, campesinos74, urbano populares, estudiantiles, de médicos y de abogados, se fortalecieron 72 Semo, Ilán, en La oposición estudiantil, ¿Una oposición sin atributos?, Op. cit., a lo largo de su trabajo construye cuidadosamente las causas profundas y las formas particulares como se fue constituyendo lentamente la oposición estudiantil frente al autoritarismo y la falta de libertades democráticas de 1940 a 1968, hasta dibujar el clima, las demandas y la experiencia que aflorarían en el movimiento estudiantil popular de 1968. 73 Se puede consultar: Zermeño, Sergio: "México: una Democracia Utópica. El movimiento estudiantil del '68". Siglo XXI, México, 1984. O también: Reygadas, Rafael, "Universidad, Autogestión y Modernidad. Estudio Comparado de la Formación de Arquitectos (1968-1983)", CESU-UNAM, México, 1988. 74 En Guerrero, Genaro Vázquez Rojas convocó a cientos de campesinos a formar la Unión Cívica Guerrerense, para luchar por la democratización de la sociedad; sin embargo la miseria, el caciquismo, la impunidad y la dureza de la represión fueron llevando a muchos campesinos a conformarse como movimiento guerrillero.

75 En México, el concepto teórico de Sociedad Civil se comienza a cargar de contenido histórico social y se empieza a emplear, a partir de varios movimientos histórico sociales: el Movimiento Estudiantil Popular de 1968, la solidaridad frente a los sismos de 1985, el movimiento popular cardenista de 1988, el movimiento navista y los movimientos ciudadanos posteriores por el respeto al voto, son fenómenos en los que miles de ciudadanos se lanzaron a tomar las calles y a inventar alternativas. Sólo después se les asigna el nombre de sociedad civil. Las prácticas sociales precedieron al uso del concepto.

1.4.3 Promoción, desarrollo y sujeto popular Después de las brutales represiones del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, una parte del movimiento estudiantil y la guerrilla ya existente en Guerrero consideraron que el problema principal del país era que los trabajadores del campo y de la ciudad no contaban con un proyecto revolucionario ni con un aparato armado para llevarlo adelante y para defenderse de las fuerzas represivas; otra parte del mismo movimiento estudiantil trasladó la lucha de las calles al seno de la academia, buscando transformar y democratizar la vida interna de las universidades e instituciones de educación superior; otros grupos y corrientes analizaron que el problema principal era que los estudiantes habían estado solos y asislados frente a una sociedad civil poco organizada y que lo primordial era dedicarse a la organización de movimientos de masas; otro sector estudiantil, heredero del espartaquismo, consideró que lo que hacía falta en México era un verdadero partido revolucionario, de tal manera que se dedicó a la organización de estudiantes, colonos pobres, campesinos y trabajadores, que, durante la década de los setentas, se sumaron a una docena de organizaciones clandestinas enmedio de un clima de represión y persecusión, luchando por construir simul-

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como sujetos y protagonistas de sus propios procesos y no como clientes u objetos de beneficencia.75

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tánemaente organizaciones de masas y organizaciones revolucionarias estrechamente vinculadas; y otros grupos se orientaron a conformar partidos políticos que pudieran dar un rumbo público a las luchas del pueblo por la democracia.76 Hacia mediados de los ochentas, algunos amnistiados de las guerrillas de los setentas, y miembros de las organizaciones clandestinas, pasaron a la vida pública dentro de amplias coordinadoras de masas obreras, campesinas, urbano populares y estudiantiles, otros luchadores sociales se incluyeron en los nacientes esfuerzos de partidos de izquierda, progresivamente legalizados por reformas electorales sucesivas e inicios de reformas políticas; pero también algunos de ellos, pasaron a formar parte de las ocpds a las que aportaron un amplio conocimiento y vínculos sólidos con los movimientos populares, ricas experiencias de análisis, capacidad de apoyo a tareas organizativas y una orientación a trabajos que tuvieran mayor incidencia política y potenciaran la acción popular. De esta manera los nuevos movimientos civiles y políticos se construyeron en buena medida con cuadros y militantes que dieron 76 Reygadas, Rafael. Universidad, autogestión y modernidad... Op. cit., pp. 98-100.

continuidad en el tiempo al movimiento estudiantil y a las amplias luchas de las coordinadoras de masas de los años setenta, de tal modo que parte del capital social acumulado durante casi dos décadas, circuló hacia las nuevas formas organizativas que de entrada contaron con múltiples relaciones sociales previas, que no sólo las hicieron viables, sino que les dieron trascendencia y profundidad. En Brasil, Paulo Freire había desarrollado un conjunto de propuestas y estrategias de inclusión social y de educación concientizadora de los campesinos pobres del nordeste de su país77; después del golpe militar de 77 Paulo Freire ya exiliado por la dictadura militar brasileña vino a México por vez primera en 1971 e impartió un Seminario sobre Educación Concientizadora y el Método Psicosocial de Alfabetización de Adultos, en Cuernavaca, Morelos, en el Centro de Investigación y Documentación (CIDOC), instituto presidido por Iván Ilich. A partir de entonces se difundieron entre sectores campesinos y urbano-populares sus propuestas y dos de sus libros traducidos al español: Educación como Práctica de la Libertad, Siglo XXI, México 1973 y La Pedagogía del Oprimido, Siglo XXI, México, 1974. Freire colaboró en Educación de Adultos en el gobierno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende, pero nuevamente con el golpe militar de Pinochet el 11 de septiembre de 1973 tiene que huir de Chile. Se trasladó a Ginebra en donde trabajó en el Consejo Mundial

1968 fue expulsado de Brasil, y viajó por varios países de América Latina. Particularmente en México en 1970 y 1971, impartió varios seminarios en el Centro de Información y Documentación (CIDOC), establecimiento coordinado por Iván Ilich en la ciudad de Cuernavaca, al que asistieron varias docenas de jóvenes, trabajadores, profesionistas, religiosas y grupos cristianos, que habían vivido el 68, y que buscaban propuestas e ideas frescas para la acción social creativa y comprometida. La concepción de Paulo Freire, y su método de educación y concientización ofrecieron sin duda a estos grupos, una estrategia de transformación social, un mundo simbólico enriquecedor, una ética atractiva, un cuerpo conceptual de Iglesias y fundando posteriormente el INODEP en París. En este período fue invitado a participar en las experiencias de alfabetización y educación en Guinea-Bissau y en Angola. Sus cartas de estas experiencias y reflexiones fueron publicadas en español con el título de: Cartas a Guinea-Bisseau, Siglo XXI, ya avanzados los años ochenta. A la caída de la dictadura militar en Brasil, Paulo Freire regresó a Brasil y poco después aceptó una responsabilidad educativa en el gobierno de Erundina en Sao Paulo en donde abrió nuevas perspectivas en la formación concientizadora de técnicos. De este tercer período de su vida se ha publicado en español la Pedagogía de la Esperanza, Siglo XXI, México, 1993. Freire muere en 1997 en Brasil.

y teórico novedoso, y una metodología congruente con estos planteamientos. Freire influyó en los movimientos sociales y en la conformación de objetivos y principios de las nacientes organizaciones civiles de promoción del desarrollo, brindando una concepción teórica y una metodología que pusieron en el centro de las organizaciones a los sujetos sociales como autores de sus propios procesos, a través de su práctica, su reflexión y su organización. En ese sentido el pensamiento y la experiencia de Paulo Freire incidieron fuertemente en la conformación de una imaginación utópica con caminos viables para desplegarla históricamente: de esta manera, la promoción del desarrollo, la acción técnica, educativa, profesional o especializada de promotores sociales, arquitectos, agrónomos, sociólogos, antropólogos, educadores, que se organizaron en la formación de asociaciones civiles, sería comprendida en la década de los setenta como acción de apoyo a alternativas comunitarias, como concientización sobre las implicaciones económicas, políticas y culturales de la acción social, como fortalecimiento y autonomía de las organizaciones populares y de la sociedad civil para plantear y llevar adelante propuestas de desarrollo incluyente y democrático.

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También en la década de los setenta se van a conformar en las grandes ciudades del país movimientos urbano populares independientes del PRI. Ante la carencia de legalidad en la tenencia de la tierra y la falta de vivienda y servicios, estos movimientos en los que también van a participar estudiantes, van a luchar en primer lugar por la tenencia de la tierra y por vivienda y servicios básicos: agua, luz, drenaje, escuelas, transporte y en segundo lugar por por la democracia en una ciudad habitable para todos. Estos nuevos movimientos demandarán a las universidades y a los nacientes y hoy llamados organismos civiles de promoción del desarrollo (ocpds), apoyo para el diseño de estrategias de vivienda, poblamiento y servicios.78 En este período surgieron muchas asociaciones civiles estrechamente ligadas a los movimientos populares, tales como: la Sección Mexicana de Amnistía Internacional (1971); el Instituto Nacional de Alternativas Comuni78 Reygadas hace un estudio sobre las relaciones de la Escuela Nacional de Arquitectura-Autogobierno y de la carrera de Diseño Arquitectónico impartida por la UAMAzcapotzalco con los movimientos urbano populares del área metropolitana, en: Universidad, Autogestión y Modernidad. Estudio Comparado de la Formación de Arquitectos (1968-1983). CESU-UNAM, México, 1988.

tarias, (INALCO) 1972; el Centro de Desarrollo Humano, A.C, (CEDHAC), 1975; el Instituto de Comunicación y Educación Popular, A.C. (ICEPAC), 1977; el Equipo Pueblo (1977); la Unión de Colonias Populares, A.C., (UCP), 1979, y otras muchas. En este período se compartían locales, actividades y personal con las organizaciones populares, pues muchas de las asociaciones civiles que surgieron en ese período tenían una identidad compartida con las organizaciones sociales. En esta etapa, por las necesidades de los movimientos rurales y urbanos y por el surgimiento de docenas de organizaciones sociales para responder a ellas, las demandas de apoyo especializado y técnico se hacían en primer lugar a los propios miembros de las organizaciones que tenían algún nivel de especialización o de formación, en segundo lugar a sectores universitarios o eclesiales, por lo que a menudo hubo una simbiosis entre organización popular y asociaciones civiles. Será más adelante, con la aparición de las coordinadoras nacionales de masas de inicios de los ochenta, cuando los procesos y las alternativas populares exigirían mayor profesionalización e independencia orgánica a las asociaciones civiles, y cuando éstas, para desarrollarse funcionaron de manera autónoma.

Es un hecho que el vínculo cercano de éstas asociaciones civiles con los movimientos populares y con las urgentes demandas de los trabajadores y trabajadoras y de los pobres del campo y de la ciudad, constituirán un rasgo, una impronta distintiva de su identidad y un abrevadero de experiencias para pensar nuevas propuestas y nuevos caminos de acción civil. En el caso mexicano, fue el ingreso de recursos internacionales para la emergencia de 1985 y para la reconstrucción, lo que llevó a hablar de manera pública de ongs distinguiéndolas de las instituciones de asistencia privada y de las fundaciones filantrópicas, refiriéndose a ellas de manera amplia como colectivos pequeños de profesionistas de diferentes campos, que forman asociaciones civiles no lucrativas, como grupos de asistencia privada, como fundaciones de filantropía, como movimientos o frentes ciudadanos autónomos que buscan el bienestar social.79 En todos los casos, hablar 79 Una importante búsqueda a realizar se refiere a la caracterización de las relaciones entre ocpds y fundaciones de filantropía, sus diferencias y semejanzas, sus concepciones y metodologías, puesto que ambas organizaciones son objeto de encargos o mandatos en la lógica de continuidad y reproducción renovada de las relaciones sociales actuales. Muchas fundaciones de filantropía son

de ong refiere a un objeto social no preponderantemente económico y que en caso de tener remanentes económicos los destina a su mismo objeto social.

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sostenidas por donantes estrechamente ligados a los grupos económicos clasificados por la revista norteamericana Forbes de junio de 1994 en su lista de los 300 hombres más ricos del mundo. Basta ver los directorios de las fundaciones y compararlos con los mexicanos de aquella lista. Aproximarse a los intereses de estas fundaciones, a su mandato, a sus principios, a sus metodologías y a sus estrategias de acción, sin duda es algo que sobrepasa el objetivo de este trabajo, pero algunas preguntas son tocadas a lo largo del mismo: ¿Cuáles son los intereses de los organismos de filantropía?, ¿qué vínculos y relaciones desarrollan con el gobierno y con sus beneficiarios?, ¿qué relaciones tienen con sus patronatos?, ¿qué alianzas han desarrollado con las ocpds y con los movimientos sociales? Puede consultarse Casanova, Martha Patricia, "El Frente PSI en México..." Op. cit., pp. 101-118 y Casanova, Martha Patricia, "La Sociedad Intervenida", Op. cit., pp. 23-38.

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PERIODO

EXPRESIONES CONCRETAS

SENTIDO DE LA ASISTENCIA

ANTERIOR AL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

Tequio, faena, mano vuelta; propios, pósitos o lugares de reserva comunitaria de granos o animales.

La comunidad es la responsable de todos y cada uno de sus miembros y genera mecanismos para proveer la subsistencia de los particulares en situaciones de emergencia, catástrofe natural, viudez u orfandad.

LA ASISTENCIA DURANTE LA COLONIA 1521-1810

El gobierno español con la mano militar y religiosa genera desorganización de la producción y de la vida social, orfandad y muerte y con la “caridad” provee de instituciones para atender a algunos de los “damnificados o daños colaterales”.

Ante la amenaza de la extinción de los naturales, los reyes de España legislan para que se instituyan “Repúblicas de Indios” a las que tienen prohibido entrar los peninsulares y los criollos. Algunos misioneros organizan las “cajas de comunidad” a semejanza de instituciones castellanas, que procuran el ahorro y el bien colectivo, y que se arraigan en las viejas instituciones indígenas golpeadas fuertemente por la política colonial. La articulación de instituciones añejas y nuevas permite la resistencia y la sobrevivencia económica y material de miles de pueblos, que a pesar de todo conservaran su lengua, sus costumbres y algunos de sus territorios. Se institucionaliza la asistencia en hogares de huérfanos, atención a mujeres viudas, y muchas otras instituciones coloniales. La caridad está inspirada en la religión católica que predica la salvación individual.

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PERIODO

EXPRESIONES CONCRETAS

SENTIDO DE LA ASISTENCIA

SECULARIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 1810-1920

Se institucionaliza la función gubernamental del Estado. En 1861 se crea la Dirección de Beneficencia Pública adscrita a la Secretaría de Gobernación. Se secularizan hospitales y establecimientos de beneficencia antes administrados por la iglesia católica. Se pide que las personas dedicadas a la asistencia social sean profesionales, con adecuada preparación técnica y científica. Hay un énfasis en la profesionalización.

Las ideas liberales impulsadas con la Reforma, impusieron al individuo como el único actor posible de la vida social. Con la desamortización de los bienes, las cofradías, los conventos, las corporaciones civiles y los pueblos indígenas perdieron ante la ley sus propiedades y sus medios de acción colectivos. La asistencia se realiza con una doble función social; por un lado, atiende a las personas de manera urgente, por otro las separa del resto de la sociedad. El Estado liberal no puede llenar el vacío dejado por el clero pues no contaba ni con la experiencia ni con la estructura para ello, Porfirio Díaz dejó a la Iglesia continuar con ese trabajo. El enfoque de la asistencia social se va modificando a causa de la transformación del pensamiento occidental, que poco a poco toma conciencia de los derechos del hombre.

MODERNIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 1921-1982

Se realiza el Primer Congreso Nacional de Asistencia en 1943 donde se buscan nuevos encuadres científicos que vayan de acuerdo a la modernización económica, política y social que se vive (Estado de bienestar). Se definen los sistemas de asistencia social para atender a los indigentes; de previsión social y de seguridad social para los trabajadores y ciudadanos en general.

Después de la revolución Mexicana se busca una relación entre demandas de justicia social y acciones asistenciales. Hay una transformación en la finalidad y métodos de la asistencia que se orienta a promover el desarrollo integral de los desprotegidos para hacer de ellos factores activos de la producción. Se conformó un Estado de bienestar que incrementó la cobertura de la asistencia social y la seguridad social de 1934 a 1981.

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EXPRESIONES CONCRETAS

SENTIDO DE LA ASISTENCIA

NEOLIBERALISMO Y ASISTENCIA SOCIAL 1982-1994

A partir del gobierno de De La Madrid se inicia la reducción del gasto público dedicado a la asistencia y seguridad social. Se entra en un proceso de deterioro y presión para su mercantilización.

Se inicia una política económica neoliberal ante la presión de la deuda externa creciente, llevando a la reducción del gasto publico y al aumento de recursos a los exportadores. El conjunto de dispositivos sociales de salud heredados de la revolución mexicana se transforman hacia un sistema relacionado con el que pago que cada quien pueda hacer para conservarlo. A pesar del incremento de organizaciones de asistencia privadas, el gobierno no genera una reforma política y reglamentaciones para promover y apoyar sus acciones, poniendo en el centro el control corporativo y hacendario.

NEOLIBERALISMO Y ASISTENCIA SOCIAL 1995-2004

Se incrementan las instituciones de asistencia privada que realizan cada vez más tareas de salud pública abandonadas por el gobierno.

En la medida en que la miseria se incrementa por las políticas neoliberales de desarticulación productiva y de deuda externa creciente. El modelo de desarrollo y de relaciones económicas internacionales se mantiene intocado y por lo tanto incrementando la pobreza y exclusión. Ante la diversidad y complejidad de los problemas sociales, otra característica de la asistencia social es que en los últimos diez años, ha venido incrementando la participación de diversos profesionistas para dar al quehacer un carácter científico-profesional, en una lógica de clasificar, readaptar, prevenir, aislar, controlar, separar en diversos establecimientos a los diversos destinatarios de la asistencia. Se da una “asistencialización” de la sociedad mexicana, que lleva a políticas económicas y sociales que dificultan que el estado mexicano sea garante de condiciones de vigencia de los derechos humanos. Se han incrementado los campos de trabajo compartidos por la asistencia privada, los organismos no gubernamentales y organizaciones sociales, dándose articulaciones inusitadas frente al modelo económico que vive México. La confusión entre lo público, lo gubernamental y lo privado crece debido a la ambigüedad de la identidad de la Fundación Vamos México.

PERIODO

Sinopsis de Historia de Asistencia y Promoción.

NOTAS:

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PERIODO

EXPRESIONES CONCRETAS

SENTIDO DE LA PROMOCIÓN

ANTECEDENTES 1523-1920

Vasco de Quiroga, Toribio de Benavente, Bartolomé de las Casas, sostienen que los indígenas tiene alma y son iguales a los otros hombres, sentando las bases de las relaciones de promoción entre diferentes actores sociales. La influencia liberal criticará las política caritativas de la colonia y buscará legislar sobre la asistencia como un derecho de los individuos. En 1847 Ponciano Arriaga, presenta una propuesta de Procuraduría de los pobres en San Luis Potosí.

Se procura la defensa de los derechos de los indios y pobres. Los indios y los pobres son sujetos de derechos.

EL CARDENISMO Y LOS ORÍGENES DE LA PROMOCIÓN ACTUAL 1921-1940

En el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se perfila un proyecto nacionalista y el país contó con una base de recursos que permitió ejercer una mayor autonomía en independencia en el desarrollo social de México. Las instituciones de educación superior lograron la autonomía universitaria. En 1923 se formo el Secretariado Social Mexicano (SMN) pionero de la educación para la participación social y la democracia, el cual fue duramente golpeado por los cristeros.

Ante el origen de organizaciones corporativas de obreros y campesinos. Se gestan instituciones que pugnan por la educación para la participación y la democracia, en el ámbito religioso y universitario. Algunas organizaciones civiles autogestivas posrevolucionarias, parcialmente herederos del anarquismo, nacieron vinculados a la iglesia católica y a grupos de profesionista universitarios.

Promocón Social ttttttt

PERIODO

EXPRESIONES CONCRETAS

SENTIDO DE LA PROMOCIÓN

EL DESARROLLO ESTABILIZADOR Y LA PROMOCIÓN 1941-1955

Generó relaciones ente el gobierno y la sociedad caracterizadas por un férreo control de los sectores y organizaciones sociales, manteniendo normalmente de una cierta distribución corporativa de beneficios. Los secretariados sociales de algunas capitales y ciudades del interior del país, empezaron a hacerse eco de las demandas e interese de los sectores obrero, campesinos, empresariales y profesionales, a los que buscaron dotar de instrumentos de organización y mejoramiento social y económico tales como las cajas de Ahorro.

Se genera un criterio de interpretación crítica de la Biblia y de la sociedad. Nuevas organizaciones de profesionistas se definen con autonomía de la jerarquía católica. Se empiezan a desarrollar organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de productores, de profesionistas, independientes del control corporativo del PRI. Al ser los pobres sujetos de derechos participan en las decisiones sobre las actividades que realizan, a modo de un convenio entre iguales.

INICIOS Y CUESTIONAMIENTO AL MODELO 1956-1981

El movimiento ferrocarrilero, los movimientos sindicales de los sesentas, el movimiento estudiantil popular de 1968, y después las coordinadoras de masas y las corrientes democráticas de los setentas se organizaron de manera autónoma fuera de los canales materiales e imaginarios del corporativismo.

Vinculadas a los movimientos sociales, las organizaciones civiles se van fogueando y politizando al buscar enfrentar las causas estructurales de la pobreza y no sólo sus efectos inmediatos. La lucha por los derechos sociales conlleva a la lucha por los derechos políticos.

PROMOCIÓN, DESARROLLO Y SUJETO POPULAR 1982-2012

Los ajustes estructurales empobrecen progresivamente a la población. Los movimientos sociales generan grupos civiles especializados de servicio, tales como bufetes de abogados, despachos de asesoría a la vivienda popular, grupos especializados en salud, y en general grupos de educación popular que abordan estratégicamente necesidades inmediatas fortaleciendo a las organizaciones sociales y propiciando que desarrollen sus capacidades.

No basta luchar por las demandas inmediatas, sino que es necesario luchar por cambios más profundos en el modelo de desarrollo que despliega México. Se pasa de la crítica a las carencias a la lucha directa por la democracia y por el cambio de gobierno. Los movimientos sociales politizan a las organizaciones civiles que los acompañan y les reclaman mayor capacidad de propuesta y de incidencia en políticas públicas.

B3.

TRAYECTORIA reciente de las

OSC

RETOS Y

PERSPECTIVAS

Trayectoria reciente de las OSC en México, retos y perspectivas tttttttttttttttttttttt

OBJETIVO GENERAL

Conocer la trayectoria de las OSC de la región, relacionarla con la historia de las OSC en México, ubicando sus retos y perspectivas.

TEM A 1

Procesos y trayectoria de las OSC locales de la sede, región o estado OBJETIVOS: Construir colectivamente la historia de las OSC en la región o estado. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Elaboración de la línea de la vida de las OSC’s en su region por grupos afines. Surgimiento, contexto, etapas, acciones sustantivas, papel y aporte de mujeres y hombres. Plenaria y presentación de grupos, aspectos comunes y complementarios.

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APOYOS DIDÁCTICOS: Hojas de rotafolios, revistas, marcadores de varios colores, maskin-tape y papel kraft. Guía 4 y lectura 4.

PARA ESCRIBIR HISTORIA DE ORGANIZACIONES CIVILES". Sinópsis

1. Leer sinopsis del artículo “Para escribir historia de las organizaciones civiles” (lectura 3)

2. Con la dinámica de análisis “La línea de la Vida” elaboren la secuencia histórica de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el contexto de su estado y después ubiquen a su organización en ella.

3. Hagan algunas reflexiones en torno a las tendencias de las OSC en su estado.

1. ¿Por qué escribir historia de su organización civil? Porque conocer cómo surgió, cómo se ha desarrollado y qué conflictos ha enfrentado una organización civil permite entender sus diferentes momentos, sí como también situarse como actriz o actor de la misma, responsable de responder de manera creativa a los nuevos retos y desafíos.

lectura 4

GUÍA 4

B3 w

2. Elaborar las preguntas sobre el pasado que quieren ser contestadas. Formulen dos o tres preguntas que resuman su curiosidad sobre el pasado de su organización, pues la historia es un entramado de relaciones que tienen un sentido, que apuntan a explicar determinadas preocupaciones.

3. Establezcan cuáles son sus principales fuentes para

Lectura 4: Sinópsis del artículo “Para escribir historia de organizaciones civiles”. Rafael Reygadas.

responder sus preguntas, ya sean documentos o testimonios, y procedan a consultarlos, estableciendo una tensión entre ustedes como investigadores/as del pasado y su material vivo o documental.

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B3 lectura 4

4. Procuren recuperar por un lado el “decir social” es decir, los documentos, informes, discursos, normas de su organización civil y por otro su “hacer social”, sus prácticas sociales, las formas como aborda los problemas y como interviene para transformar una situación inicial detectada.

5. Particular importancia tiene encontrar los principales problemas o acontecimientos que hicieron dar un giro importante a su organización civil. A esos eventos que en su momento modificaron la orientación el tipo de trabajo, los vínculos de la organización civil les llamamos “analizadores” porque permiten desconstruir las prioridades, las relaciones establecidas, las implicaciones sociales y personales de los trabajadores, organizaciones con la que se trabaja develando compromisos y encargos sociales, en una palabra generan cambios cualitativos en el rumbo de la organización.

6. Un método sencillo para elaborar la historia de cada organización es “la Línea de la vida” o “el Río de la vida” que es un recurso gráfico o visual que consiste en desarrollar una sesión colectiva de trabajo poniendo un río o una línea en un pizarrón o papelógrafo e ir

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colocando en medio o en los recodos, los principales acontecimientos, contextos o momentos más significativos de la organización civil, desde su fundación hasta la fecha, explicando entre todos por qué es significativo. Se nombra previamente una comisión que vaya registrando la reflexión y se le encomienda que elabore un documento memoria y vaya así elaborando la propia historia.

Puede consultarse Reygadas, Rafael. “Para escribir historia de organizaciones civiles”. Anuario de Investigación del Departamento de Educación y Comunicación. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, México, 2002, pp. 179-187. Versión electrónica http//bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_libro.php?id_libro=23

TEM A 2

Trayectoria de las OSC en México y la participación ciudadana. OBJETIVOS: Vincular las líneas de vida regionales con el proceso histórico de la línea del tiempo de las OSC en México, ubicando mujeres y hombres que han aportado a través de la participación ciudadana para la transformación del país. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Presentación de la línea de la vida o etapas en la historia de las OSC en México relacionándola con la línea de la vida de las OSC de la región construída por las y los participantes. Guía de trabajo con lectura 5 en grupos y/o charla dialogada en plenaria con apoyo en powerpoint. APOYOS DIDÁCTICOS: Presentación en power point, computadora, cañón de proyección, lectura. (Desde el día anterior se pide a las y los participantes que para preparar el trabajo del día siguiente lean la Lectura 5).

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GUÍA 5

1. Destacar las formas en que la amplia y plural sociedad civil se va relacionando con los grandes momentos históricos del país desde el último tercio del siglo XX hasta la fecha.

2. En estos mismos periodos cómo se fue configurando la identidad de las organizaciones de la sociedad civil a partir de su forma de responder a cada coyuntura.

LECTURA 5. Reygadas Robles Gil, Rafael. “La nación en los rostros y en los corazones”. En: Pensar el Futuro de México. Colección Conmemorativa de las Revoluciones Centenarias Nº 8. Problemas psicosociales de México: elementos para la reconstrucción de la esperanza en el siglo XXI. Radosh Corkidi, Silvia y Ruiz Velasco María Eugenia (coordinadoras). Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 2010, pp. 85-109.

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Juárez se nos muere de tristeza Tere Almada 3 de febrero de 2010 PRIMERAS PALABRAS La invitación a participar en este memorial del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución “Problemas Psicosociales de México: elementos para la reconstrucción de la esperanza en el siglo XXI”, es sin duda una fuerte interpelación para escudriñar la historia de México que me ha tocado vivir y en la que he participado, evocando con gusto la historia leída y estudiada de los movimientos que constituyeron la patria mexicana a favor del pueblo. Pronto revolotearon por mi mente diversas instituciones, historias, experiencias y realidades que dan cohesión y contribuyen a reproducir la sociedad mexicana, así como también sueños y expectativas condensadas en preguntas como las siguientes: ¿cuáles son algunas 1 Profesor investigador de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante de la Asamblea Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC).

de las significaciones imaginarias sociales surgidas en la historia contemporánea que aportan esperanza al presente y prefiguran transformaciones sociales más radicales de la sociedad mexicana?, ¿qué pasa en la subjetividad individual y colectiva en medio de los movimientos sociales, populares y de la sociedad civil frente a una creciente acumulación de agravios y políticas económicas y sociales cada vez más excluyentes?2 Sin duda estamos ante preguntas complejas. Por un lado estas reflexiones quieren contribuir a plantearlas; por otro, buscan contribuir a pensar y develar, desde la psicología social, desde las encrucijadas de vínculos y significaciones imaginarias sociales un horizonte de autonomía, de participación ciudadana. Empezar a abordar esta tarea también me llevó a preguntarme para qué, para quién y desde qué implicaciones me interesa elaborar este relato, es decir, se me hicieron presentes todas y todos aquellos amigos y compañeros,

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LA NACIÓN EN LOS ROSTROS Y EN LOS CORAZONES Rafael Reygadas Robles Gil1

2 Sobre los agravios recientes y algunos de sus impactos en la subjetividad individual y colectiva puede consultarse: Genealogía del terror, el miedo y la resistencia ciudadana, publicado en El Cotidiano Núm. 152, pp. 15-24, México, nov-dic de 2008, o también Abyección política y resistencia ciudadana, publicado en El Cotidiano núm. 159, México, ene-feb de 2010.

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ciudadanos y ciudadanas de a pie, maestros y estudiantes, con quienes he compartido luchas y movimientos populares y que le han dado sentido al quehacer cotidiano de más de cuatro décadas. Y me vinieron a la memoria los rostros, las voces, las historias, las experiencias, los sentimientos y los acontecimientos vividos con todas y todos aquellos con los que a lo largo y ancho del país he trabajado. Tampoco pude olvidar a algunas y algunos de los que contribuyeron a hacer mejor este país y se les agotó la vida en ese camino con quienes la vida me regaló la palabra, el tiempo y el trabajo conjunto para luchar por derechos y construir esperanza. Formado en la escuela de la vida del movimiento urbano popular, en los grupos cristianos de base, en la teología de la liberación, y en el pensamiento y la práctica de Paulo Freire en clave de derechos humanos, a lo largo de los años he hecho muchas preguntas y he buscado afanosamente sus respuestas en mis prácticas ciudadanas y docentes, de investigación y de acción social. A partir de estas primeras palabras sobre el encuadre y sentido de estas líneas intento pensar desde una experiencia y una visión de la historia reciente de México para explorar algunas preocupaciones, nuevas preguntas y nuevas identidades a sustentar a fin de descubrir o

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avizorar inicialmente algunas significaciones imaginarias sociales transformadoras, presentes y vigentes en la memoria colectiva de hombres y mujeres, viejos, adultos y jóvenes que viven día a día buscando caminos por un México más incluyente y justo.

GÉNESIS DE LAS SIGNIFICACIONES IMAGINARIAS SOCIALES INSTITUIDAS E INSTITUYENTES.

La historia de México nos ha legado, entre otras muchas, cuatro grandes instituciones imaginarias sociales que en su vigencia cotidiana han reproducido y reproducen la vida de la sociedad, le dan cohesión y la conservan en sus mecanismos básicos de poder y distribución de la riqueza, éstas son: el presidencialismo, el corporativismo, el partido de estado y la “convivencia” entre iglesia y estado. De estas cuatro instituciones, cimentadas en añejas prácticas sociales autoritarias, muchas veces jurídica y legalmente sustentadas, como la cláusula de exclusión en los sindicatos o el sistema de partidos que excluye a una ciudadanía adulta, es decir instituciones formales, construidas a partir de bases materiales y de prácticas sociales cotidianas que van instituyendo vínculos, prioridades, relaciones sociales y tradiciones que, además de esa materialidad, adquieren un peso imaginario de reproducción de la sociedad que las instituye. Estas instituciones materiales e imaginarias tienen su eje central en el presidencialismo, que aparece tanto en la presidencia de la república, como en las gubernaturas de los estados o en los presidentes municipales. No importa la dimensión de esa función presidencial, sino

el hecho de estar investida de todo el poder, del control de la información y de la represión, prácticamente sin contrapesos ciudadanos, ni obligaciones de información, rendición de cuentas ni transparencia. Ciertamente la institución presidencial tiene tanto peso porque es heredera de tres siglos de un imaginario monárquico, recordemos el “viva Fernando VII” de la guerra de independencia. Es por eso que después de la consumación de la independencia hubo una férrea batalla por expulsar al monarca interior que todos los mexicanos llevaban dentro, por construir una república, no una nueva monarquía. La agudeza de estas batallas se concretó tanto en importar a Maximiliano como emperador de México, como en la insistencia juarista en su fusilamiento, pues estaba en juego no sólo poner o quitar a una autoridad, sino las significaciones imaginarias sociales fuertemente vinculadas al virreinato como las nuevas significaciones relacionadas con la nueva nación. Sin embargo podemos afirmar que ese vasallaje internalizado del sistema virreinal, nunca ha sido totalmente expulsado del imaginario social instituido y dominante y su peso imaginario y simbólico se trasmitió a la investidura presidencial y a su correlato en una sociedad de súbditos, de vasallos, de escasa legitimación

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de la voz independiente y crítica frente a la institución presidencial, que imperó jurídicamente hasta antes de la reforma política de 1996 en que el efecto indirecto del movimiento estudiantil popular, de los movimientos sociales autónomos de los años setentas y ochentas, de los movimientos ciudadanos de principios de los noventas, y del levantamiento zapatista del 1º de enero de 1994, se tradujeron a una mayor separación de poderes y al establecimiento de contrapesos en términos jurídicos. Con todo, las significaciones imaginarias sociales siguen fuertemente arraigadas y generan prácticas de culto y veneración a la institución presidencial. Pero veamos con mayor detenimiento las significaciones imaginarias sociales con las que aparecieron algunos de los movimientos históricos de resistencia y de propuesta de transformaciones a la estructura autoritaria de la sociedad mexicana.

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1.1 La evolución del cardenismo (1934-1956) Calles creó el Partido Nacional Revolucionario para evitar la reelección y para incluir a las diferentes fracciones revolucionarias en una sola perspectiva de gobierno. Para consolidar el nuevo estado con un gran consenso, Lázaro Cárdenas llevó a cabo una reforma agraria y la expropiación petrolera al unísono con una reforma laboral que permitió consolidar los derechos de las y los trabajadores y de los campesinos y comunidades indígenas. Lo hizo incorporándolos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y a la Confederación Nacional Campesina (CNC), centrales gremiales estrechamente vinculadas al partido en el gobierno. Cárdenas también ejerció de hecho la soberanía nacional frente a los Estados Unidos en una coyuntura internacional favorable. Ese gobierno fuerte, con recias centrales obreras y campesinas forjadas al calor de urgentes demandas de la revolución, con el paso de los años se fue institucionalizando, pero fue perdiendo su arraigo, su consenso y su representatividad popular, generando estructuras y prácticas sociales cada vez más autoritarias, y en ocasiones represivas, perdiendo la independencia y la autonomía en relación a la decisión soberana de sus integrantes, que quedó sometida a los secretarios generales de la CTM,

de la CNC y de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), y de éstos a las directivas del partido de estado, no sólo en los procesos electorales sino en torno a políticas económicas y sociales lesivas a los intereses de trabajadores y campesinos. De esta manera, la atadura de las organizaciones gremiales al partido en el poder, que con los años se transformó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), acabó totalmente con la autonomía de las organizaciones sociales. La sociedad civil quedó sumamente debilitada. De esta manera, el partido de estado se configuró como otra de las grandes instituciones de control y reproducción material e imaginaria de la sociedad instituida por la revolución mexicana. Todo pasaba por el partido, al que de manera clientelar todos los afiliados deben su condición de trabajo, de tierra o de seguridad social y por eso en los procesos electorales, en reciprocidad, deben responder con su voto por los candidatos del partido. El poder colonial de la iglesia, socia indisoluble de la conquista y del virreinato, empezó a ser cuestionado por el movimiento liberal que después de la independencia, a través de las Leyes de Reforma decretó la separación entre iglesia y estado, como un nuevo modus vivendi. Aunque en el imaginario social, la iglesia católica siguió

ocupando un importante lugar de poder político y la exclusividad del poder religioso. Con el porfiriato, el gobierno devolvió a la Iglesia muchos fueros y poder. Con la revolución mexicana quedó cuestionado el lugar de la iglesia en el nuevo orden, por lo que ésta, como lo muestra el historiador Jean Meyer, bendijo la lucha cristera como un mecanismo para ocupar de nuevo un lugar privilegiado en la sociedad posterior a la revolución. Con los “arreglos” entre el gobierno y la jerarquía católica, está dejó de lado a aquellos a los que había impulsado a tomar las armas, abandonándolos y cerrando los ojos ante la masacre de muchos de los que depusieron las armas. A pesar de todo, gracias a la tradición liberal y revolucionaria quedó un conjunto de afirmaciones, leyes, tradiciones y prácticas sociales que en medio de la convivencia pacífica establecieron una verdadera separación entre la iglesia y el estado, así como un estado laico que en periodos de auge de la derecha son puestos en duda y son sujetos a cambios tanto de leyes como de prácticas sociales lesivas a los derechos humanos3.

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3 Aquí se encuentra un campo de batalla en contra de los logros de la guerra de independencia. Cuando la jerarquía en 2009 logró la redacción de 18 reformas a constituciones de

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Las instituciones autoritarias que evolucionaron a partir del cardenismo dejaron un saldo de una débil sociedad civil y una ciudadanía más bien súbdita que autónoma. Sin embargo nunca ha dejado de haber movimientos y luchas sindicales, campesinas, indígenas, populares y ciudadanas de resistencia al autoritarismo y de propuestas de otro tipo de vínculos entre sociedad y gobierno. Nos interesa aproximarnos a algunas de esas prácticas sociales innovadoras que fueron constituyendo sujetos sociales autónomos, con capacidad de pensar e incidir en la política pública, a partir de que imaginaron una sendos estados, en textos que institucionalizan el discurso de la iglesia católica sobre la vida humana y criminalizan a la mujer que dispone de su cuerpo. Se consagraron el discurso y las prácticas para que los gobiernos garanticen la vida desde el primer instante de la concepción, haciéndose eco de la instrucción Donum Vitae , elaborada por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano de 1987, que señala: "La vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción..." De esta manera, la iglesia católica impone a toda la sociedad su moral como "la moral", haciendo añicos el estado laico y violando los derechos humanos de las mujeres. Ver: Flores, Javier: ¿Qué ideología respaldan las legislaturas que penalizan el aborto? México, LaJornada, 9 de noviembre de 2009, p. 19.

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sociedad distinta. Nos interesa explorar el imaginario social instituyente4 que se fue expresando en prácticas sociales que implicaban una utopía o una geografía imaginaria movilizadora de la transformación de las relaciones políticas instituidas. Los movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas han venido luchando, a lo largo de 40 años, por constituir sujetos sociales independientes y con tendencias crecientes a la autonomía a través movimientos instituyentes de nuevas relaciones entre sociedad civil y gobierno. 4 Abordar la dimensión imaginaria de la sociedad nos coloca en el terreno de la generación del consenso social y la construcción social de la hegemonía, impidiendo la reducción de la realidad a estrategias económicas, mercadotécnicas, o políticas. La dimensión imaginaria nos relaciona con un campo simbólico fundamental referido a la imaginación, a los sueños, a los sentimientos, a las emociones, a las demandas sociales de la gente, a la cultura, a la transformación de la vida cotidiana. Siguiendo a Castoriadis, entendemos por imaginario social instituyente, algo inventado, capacidad magmática de creación permanente de la sociedad: "ya se trate de una invención absoluta, de una historia imaginada en todas sus partes, o de un deslizamiento o desplazamiento de sentido, en el que los símbolos ya disponibles están investidos de significaciones diferentes de sus significaciones "normales" o canónicas..." Castoriadis, Cornelius. La Institution imaginaire de la societè.Seuil, Paris, 1975, pp. 177 y 493.

A partir de dinámicas históricas internas a los mismos movimientos sociales y de claves de significación que elucidan y analizan complejas constelaciones de relaciones entre diversos actores, podemos caracterizar cuatro periodos básicos en los que nos interesa develar el papel de los movimientos sociales y ciudadanos: resistir las instituciones autoritarias e imaginar la autonomía y la democracia (1956-68); movimientos sociales y populares (1969-1981); neoliberalismo e iniciativas políticas (19821988); movimientos feministas, ciudadanos, indígenas y por un nuevo proyecto de nación (1989-2010).

1.2 Resistir las instituciones autoritarias e imaginar la autonomía y la democracia (1956-1968) Las luchas antiautoritarias y contra el presidencialismo corporativista iniciadas por estudiantes y ferrocarrileros en la segunda mitad de los años cincuenta, continuadas por maestros, médicos, telegrafistas y estudiantes de educación superior en los sesenta, se nos develan hoy como analizadores históricos5 del pasado reciente. Estos movimientos, colocaron las bases de las luchas actuales del conjunto de la sociedad por la autonomía y la democracia, no sólo a través de un discurso distinto

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5 El analizador histórico es un concepto que permite aproximarse a un determinado periodo buscando las claves de sentido intrínsecas a los procesos sociales; el concepto surge de la lógica misma de los acontecimientos; permite abordar la complejidad de las relaciones, dinámicas y la transversalidad en que están implicados los diferentes actores de los procesos económicos, políticos y culturales de determinada época. Así la lógica interna de los acontecimientos proviene de los vínculos intrínsecos entre actores, proyectos, prácticas sociales y hechos que descubren y analizan las implicaciones profundas, a menudo ocultas, los compromisos, los intereses en juego. Se puede consultar: Manero Brito, Roberto. Introducción al análisis institucional Tramas 1, UAM-Xochimilco, México, 1990, núm 1, pp.143-145.

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al hegemónico, sino a través de un conjunto de prácticas sociales autogestivas: asambleas, información veraz y oportuna, elección democrática de dirigentes, ejercicio del derecho de huelga, gestión autónoma de demandas colectivas, formación de bases y cuadros y otras formas de lucha inventadas en cada circunstancia. Estas prácticas sociales, que fueron portadoras de una imaginación social contestataria o utópica, tuvieron una resonancia simbólica en otros movimientos obreros, magisteriales, estudiantiles, médicos, y de trabajadores al servicio del estado, convocando a grupos y organizaciones de la sociedad a actuar como sujetos autónomos, capaces de establecer su propia ley, invitándolos a decidir desde su fuero interno, y por lo tanto, a colocarse por fuera de los dispositivos corporativos de control real y simbólico de las organizaciones sociales. Paralelamente a estas luchas y movimientos generados entre obreros y estudiantes, partiendo de la misma matriz socio histórica y de cierta distancia que la iglesia tenía frente al gobierno, en la década de los sesenta, el Secretariado Social Mexicano (SSM), órgano oficial de la pastoral social de la iglesia católica, presidido por el padre Pedro Velázquez, fundó y promovió por todo el país un conjunto de organizaciones sociales,

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predominantemente laicales, que en calidad de nuevos sujetos y movimientos, conformaron asociaciones civiles, uniones, cajas de ahorro y crédito, frentes, cooperativas de producción, asociaciones de profesionistas, y otras formas de articulación civil, que se fueron asumiendo a sí mismas de manera autónoma, tanto frente al gobierno como frente a la jerarquía católica y frente al PRI. (Escontrilla, 2000: 45-96). El movimiento del 68, por sus demandas, apareció como continuidad y reviviscencia de las luchas sociales y sindicales que le precedieron; a través de sus prácticas, dirigidas en lenguaje cotidiano a la gente común y corriente, fue instituyendo un imaginario social autónomo que analizó desde sus raíces los pactos y comportamientos subordinados a los encargos gubernamentales; quizá su mayor irreverencia se dio en el campo de las representaciones simbólicas, pues desde sus aspiraciones utópicas, cuestionó profundamente el autoritarismo, habló de diálogo, ejerció en los hechos sus propias concepciones y soñó con relaciones democráticas entre el gobierno y el conjunto de la sociedad. De esta manera, el movimiento tomó la estafeta de las luchas posrevolucionarias contra el autoritarismo presidencialista.

El movimiento estudiantil se enfrentó a un poder ejecutivo que estaba respaldado por recios mecanismos, estructuras y prácticas de control económico y político de la sociedad, como la capacidad de utilizar la prensa y los medios de comunicación electrónicos bajo las órdenes de la secretaría de gobernación, o de alentar a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) contra los estudiantes, o la capacidad de disponer de las fuerzas armadas; pero también se enfrentó al poder simbólico, configurado por significaciones y representaciones que las instituciones autoritarias imaginarias habían venido estableciendo, cada vez más bajo la forma de coacción y dominio sobre el conjunto de la sociedad. El movimiento estudiantil instaló un imaginario alternativo: eran posibles otro tipo de vínculos sociales, otra forma de ejercicio de la autoridad, otro posicionamiento de la ciudadanía, otro rol de los estudiantes en la sociedad, otra función del poder legislativo, otras preguntas desde donde partiera la educación, en fin, otro paradigma de las relaciones entre sociedad y gobierno. Quizá la apertura de los espacios imaginarios y simbólicos a la ciudadanía fue el delito más sancionado. La represión gubernamental ejecutada de manera brutal en la masacre de Tlatelolco, bajo órdenes de Díaz Ordaz

y Echeverría, pretendía un castigo ejemplar orientado a quebrar la insolencia imaginaria y el atrevimiento de pensar y actuar por canales distintos a los establecidos. Por primera vez en México la institución autoritaria del presidencialismo quedó pública y socialmente cuestionada. Con el movimiento ferrocarrilero primero y después con los movimientos de maestros, médicos, telegrafistas de los sesentas, y posteriormente con los movimientos estudiantiles y campesinos de la misma década, se empezaron a construir alternativas públicas y sociales desde fuera del partido en el poder y desde fuera del poder presidencialista. Las universidades pública; organizaciones sociales; diversas izquierdas vinculadas a los movimientos populares, ya fueran espartquistas, comunistas, trostkistas o maoístas; jugaron un papel importante en la resistencia y en la búsqueda de autonomía e independencia política, social y sindical de los movimientos, por encima del control y la dependencia política de las organizaciones del partido oficial. El gobierno escuchaba menos y resolvía todo por la vía de la coptación, amenaza o represión, mostrando una creciente pérdida de la capacidad de incluir a los diferentes.

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1.3 Movimientos sociales y populares (1969-1981) Reprimido brutalmente el movimiento, los “ecos6” y la “resonancia” del 68 permearían no sólo al seno de las aulas y recintos académicos, sino que se desbordarían a los más diversos movimientos sociales y políticos, contagiando de afán utópico y de deseos de democracia y justicia a amplios sectores a todo lo largo del país. Es por todo esto que el movimiento estudiantil de 1968 ha sido considerado el parteaguas de la sociedad mexicana moderna y el inicio de la transformación de un régimen autoritario (Linz, 1975: 175-411) corporativo, presidencialista y de partido de estado (Meyer, 1995:15-36 y 139-144). Las consecuencias del 68 en la vida nacional del último tercio del siglo XX son hoy evidentes. Así pues, en un país demasiado acostumbrado al autoritarismo y a formas de vasallaje social y político, centrado en desplegar solamente iniciativas originadas en el poder estatal, la participación de organizaciones 6 El término eco es empleado por Henri Desroches, citando a Durkheim y se refiere a las formas como las acciones y sentimientos de hechos pasados se evocan e inciden en el presente en forma de memoria colectiva o recuerdo, construyendo nuevas significaciones sociales imaginarias y movilizando actores en el presente. Desroche, Henri. Sociología de la esperanza, Herder, Barcelona, 1978, p. 39.

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de origen cristiano, de estudiantes, trabajadores y profesores de la generación del 68 en nuevos movimientos sociales de la década de los setenta contribuyó a perfilar nuevos sujetos sociales y a articular importantes batallas por la democracia sindical y política, a través de los más variados caminos: la formación de organizaciones sociales independientes que lucharon por la autonomía política y respondieron a las demandas de sus agremiados; la formación de los primeros organismos no gubernamentales; la organización de grandes coordinadoras de masas en el movimiento obrero, campesino, magisterial y urbano popular; la formación de sindicatos o corrientes sindicales autónomas; la generación y auge de organizaciones y partidos políticos independientes del aparato gubernamental, e incluso el surgimiento de grupos armados que después del 10 de junio de 1970 proliferarían por muchos rincones del país7. 7 Entre éstos destacan: el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas (OIR-LM), la Corriente Socialista (CS), la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), la Comisión Nacional de Auscultación y Organización (CNAO), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

De esta manera, a partir del fracaso de su profecía (Muhlmann, 2009: 68-83), el movimiento estudiantil popular siguió despertando la imaginación creadora del conjunto de la sociedad civil y despertando genes civiles de autonomía. Muchos movimientos se dieron en campos a los que difícilmente se podía responder de manera burocrática o formal, pues se dirigieron a la raíz de profundas problemáticas civilizatorias y culturales para las que no había una respuesta inmediata, puesto que demandaban un desarrollo sustentable e incluyente, cuestionaban las exclusiones y las consecuencias del autoritarismo llevadas al proceso productivo, las relaciones entre hombres y mujeres, y las relaciones con la naturaleza, cuya armonía ni siquiera se tomaba en cuenta. Así, ante nuevos retos, fueron surgiendo, desde la periferia de la sociedad, movimientos de nuevo tipo y nuevas perspectivas. En 1969 y 1970, el educador de adultos Paulo Freire, exiliado de Brasil por la dictadura militar, visitó México e impartió varios seminarios a los que asistieron docenas de jóvenes, estudiantes, maestros, profesionistas, cristianos que habían vivido el 68 y que buscaban con ahínco propuestas e ideas frescas para la acción social

creativa, comprometida y liberadora. La concepción del hombre y de la pedagogía, las prácticas sociales congruentes con ella, ofrecieron a cientos de grupos una visión y una estrategia de transformación social, un mundo simbólico enriquecedor, una ética atractiva, un corpus conceptual y teórico novedoso y una metodología consecuente. Así se fue conformando una corriente, llamada hoy de educación popular, que ha estado en la base del trabajo de cientos de grupos y docenas de miles de personas en el país.

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1.4 Neoliberalismo e iniciativas ciudadanas (1982-1988) A partir de 1982, el panorama de México se ensombrecería de manera creciente para la mayoría de las y los mexicanos debido a las políticas económicas neoliberales que empezaron a generar complejos dispositivos socioeconómicos que fueron polarizando a la sociedad al aumentar progresivamente el número de pobres en el país, desde ese momento hasta la fecha. En 1985, los terremotos padecidos en el centro político y económico del país, permitieron importantes avances en la tendencia de las organizaciones y movimientos sociales hacia la autonomía. En la capital del país, en medio del dolor, la respuesta autogestionaria de la sociedad, dinamizó la imaginación colectiva nacional, pues la gestión de la ciudad y de las calles estuvo, literalmente, en las manos de miles de ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes que, en respuesta a la emergencia, brincaron los rígidos cánones establecidos para luchar por la vida. A partir de entonces una especie de eco fue resonando por todo el país: sería posible evocar un nuevo tipo de ciudadanía, pues la imaginación había sustentado nuevas prácticas sociales, e interpelado y convocado a la sociedad a transgredir barreras, a inventar nuevos destinos y a recorrer nuevas rutas.

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En 1988 se habían acumulado seis años de deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores, la sociedad mexicana entera era reconvertida forzosamente para ajustarla al libre mercado. En realidad no era solamente un cambio en la economía sino un cambio civilizatorio que atropellaría la vida nacional, destruiría las cadenas productivas, vendería baratas las empresas nacionales a capitales privados nacionales e internacionales, debilitaría los tejidos sociales y mermaría las bases materiales y culturales de la soberanía nacional. Es por eso que cuando Cuauhtémoc Cárdenas salió del PRI y diferentes fuerzas de izquierda se unieron, quedó configurado un escenario mesiánico denso en el que la memoria del viejo cardenismo agrarista y justiciero jugaría un papel decisivo. De un día para otro, millones de mexicanos, pobres y de clases medias, votaron por el nuevo cardenismo, o mejor, por el nuevo Cárdenas. Los aspectos simbólicos, la imaginación, los sentimientos profundos de estos sectores jugaron su papel. De la misma forma que los terremotos de 1985 habían permitido abrir masivamente la imaginación a nuevas posibilidades, expandiendo un eco que resonó por todos los rincones de México; frente al deterioro de las condiciones de vida, frente al partido de estado,

también sería posible asumir el destino del país en las propias manos, bajo la conducción de un nuevo mesías. Es posible ver a Cárdenas desde los vínculos entre 1985 y 1988, terremoto-nuevas-posibilidades-nuevo-imaginario, abriendo el espacio: elecciones-votaciones-masivasnuevo-imaginario-nuevo-presidente. De esta manera, millones de ciudadanos irrumpieron por todo el país, planteando, exigiendo y proponiendo con su voto nuevos mundos deseables. Surgía una nueva profecía: llevar al hijo del general Cárdenas, del “tata” Cárdenas, a la presidencia. El fraude electoral frustró esta profecía y abrió a una nueva de más largo alcance en la que se jugaba la construcción de otra alternativa nacional.

1.5 Movimientos feministas, ciudadanos, indígenas y por un nuevo proyecto de nación (1989-2010) La última década del siglo XX fue testigo de fuertes luchas antiautoritarias, y de la formación de una sociedad civil, plural y disímbola, que se autoconvocó, de manera natural y espontánea, a participar en procesos que pasaron masivamente de la contestación y crítica al gobierno y al modelo de desarrollo, a la elaboración de estrategias de avances democráticos y propuestas específicas de generación, diseño y operación de políticas públicas viables.

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1.5.1 Movimientos feministas

Desde las luchas de los años 50 en que las mujeres mexicanas plantearon públicamente su presencia necesaria en el diseño de la nación mexicana, como una presencia significativa y renovadora frente al autoritarismo y la estructura patriarcal del conjunto de la sociedad, el movimiento feminista heredero de las luchas libertarias de 1968 en el contexto de propuestas feministas internacionales de gran alcance, a través de una iniciativa cultural y política empezó a luchar por el respeto a la igualdad y a la diferencia a través de acciones positivas, eventos de formación en derechos de las mujeres, y sobre todo

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a través de una presencia de la voz y de las demandas de las mujeres en los más diversos espacios públicos. El movimiento feminista cabildeo leyes para lograr una mayor presencia de mujeres en la política formal, pero sobre todo impulsó modificaciones culturales en el papel de hombres y mujeres en la estructura doméstica, así como también demandas como derecho a decidir sobre su propio cuerpo, la despenalización del aborto, el derecho a escoger la preferencia sexual y otras. Por su profunda raíz cultural antiautoritaria y antipatriarcal, el movimiento feminista tuvo que inventar mil formas de participación a nivel local, a nivel de problemáticas específicas y tuvo la habilidad de vincularse a procesos y eventos internacionales ligados o no al sistema de la Organización de Naciones Unidas, de gran trascendencia para organizar e impulsar un amplio movimiento en defensa de sus derechos y para lograr cambios en las prácticas sociales y en las leyes, a través de sistemáticos y propositivos cabildeos con legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos. Al movimiento feminista se debe la creación del Instituto de la Mujer, la formación de centros de apoyo a las mujeres y contra la violencia intrafamiliar, amén de muchos otros logros a nivel de los estados y una transformación de la vida cotidiana y doméstica.

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1.5.2 Movimientos ciudadanos

En este último período, muchas organizaciones civiles, indignadas por el fraude electoral de 1988, golpeadas por políticas fiscales, a veces hostigadas por la policía, empezaron a articularse en redes para defenderse del autoritarismo gubernamental, incidir en políticas públicas en su campo de experiencia, y contribuir a la defensa y promoción de un proyecto nacional incluyente y democrático. Las organizaciones civiles, a través de prácticas encaminadas a proyectos de interés social y de impulso a formas comunitarias de decisión, trabajaron en la formación individual y colectiva de nuevos sujetos sociales. De esta manera fueron contribuyendo, así fuera indirectamente, al quiebre progresivo del corporativismo como forma organizativa y pacto perverso de reciprocidad entre autoridades y súbditos. Después de 1988, las organizaciones civiles jugarían un papel destacado en abrir la imaginación del conjunto de la sociedad mexicana a las luchas y movimientos ciudadanos contra los fraudes electorales y por la democracia. En 1991, docenas de organizaciones civiles empezaron a observar sistemáticamente las elecciones, empezaron a documentar los procesos y a develar los dispositivos

ocultos en la caja negra de la institución electoral. Fue el fraude de San Luis Potosí el detonante de la indignación ciudadana encabezada por el doctor Salvador Nava, de modo tal que a partir de entonces, nuevos y antiguos movimientos cívicos pondrían en el centro algunas demandas democrático electorales claves: Instituto Federal Electoral autónomo, independiente del gobierno y del partido oficial; topes a los gastos de campañas; oposición al uso de recursos públicos para favorecer a cualquier candidato; equidad de los medios de comunicación en base al derecho a la información; nuevo padrón electoral confiable; vigilancia de la gestión pública. Las experiencias de participación ciudadana se multiplicaron una vez que se precisaron los objetivos a lograr, pues se elaboraron y probaron instrumentos y metodologías de observación y vigilancia ciudadana cada vez más pertinentes y calificadas. Las organizaciones civiles empezaron a jugar un papel de contrapeso al corporativismo y al autoritarismo gubernamental; como expresión social organizada, sumaron su fuerza a las iniciativas de movimientos y partidos políticos de oposición para impulsar una reforma electoral que estatuyera la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE), hiciera transparentes los procesos electorales, y

estableciera dispositivos que prohibieran la compra y coacción del voto8. En todo estos movimientos se desplegaron procesos de educación ciudadana dirigidos a la cabeza y al corazón de la gente, a su dignidad, a sus sentimientos, a su coraje, empezando a modificar comportamientos sociales que mantenían a las y los ciudadanos como súbditas y súbditos. En este período, quizá como fruto de treinta años de luchas y de la irrupción progresiva de una imaginación distinta, se fue construyendo una nueva relación entre

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8 Las prácticas de compra y coacción del voto son un conjunto de dispositivos sociales, que concentran hoy la herencia del presidencialismo y el corporativismo autoritario modernizado, y otorgan un viático a la institución imaginaria del control omnipresente del estado y de los partidos políticos. Las prácticas de compra y coacción del voto van desde la amenaza de perder el permiso de vender en un tianguis o mercado, de no ser considerado para la lista de permisos de trabajo, de ser excluido del sindicato, hasta la entrega de recursos de programas gubernamentales en dinero o en especie. Unos días antes de la jornada electoral, se formaliza una densa trama reticular para llevar a las casillas cuotas de votantes por cada manzana, barrio o colonia, mediante pago a promotores u organizadores del voto, entrega de dinero a votantes, de láminas o despensas, o de otros escasos recursos materiales o promesas a cambio del voto.

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gobierno y sociedad, más allá de una mera modificación de reglas electorales, apareciendo un ciudadano no corporativizado, ubicado como sujeto de derechos, con dignidad y autonomía, incluido en el proyecto nacional. Diversas experiencias entre las que destaca Alianza Cívica/Observación94, en las que participaron docenas de miles de ciudadanos y ciudadanas, son signos claros de la nueva relación que la sociedad quiere plantear a su gobierno, a la vez que fueron en sí mismas ejercicios legitimados anticipatorios de democracia directa en busca de ser legalizados e instituidos. Estas nuevas prácticas revelan y materializan nuevas formas de trato y propuesta entre ciudadanos y gobierno.

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1.5.3 Movimientos indígenas El imaginario histórico instituido en México, a través de encendidos discursos y prácticas sociales autoritarias, ha convocado y presionado siempre a los pueblos indios a “integrarse a la cultura mestiza nacional” (Manero, 1999: 1-23), sin apreciar ni valorar las diferencias y desplegando prácticas de gobierno que excluyen a pueblos enteros, postulando, como señala Luis Villoro (Villoro, 2000: 36), “La idea de Estado nacional unitario, homogéneo, excluye necesariamente a todos los que no se identifican con este proyecto”. En 1992, a raíz del recuerdo de los 500 Años de Resistencia India, Negra y Popular, los pueblos indios, desde sus raíces y desde su dignidad, se manifestaron como sujetos que exigían ser incluidos en el proyecto nacional. Este ascenso se vio reforzado con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, y con los Acuerdos de San Andrés, que hicieron escuchar la voz de los indios por todos los rincones del país, planteando su inclusión como parte fundante de la vida y la cultura nacional del futuro. Ante la insurgencia india, la política del Estado, entendiendo por ella poder ejecutivo federal, poder legislativo y poder judicial, optaron por una guerra de

desgaste prolongada en la que se ocupa militarmente el territorio, se tolera, y en algunos casos se impulsa, la existencia y las acciones de grupos paramilitares y su impunidad, poniendo nuevamente una política de tutela y no de reconocimiento a la autonomía y derechos de los pueblos indios en el centro, formulando una reforma constitucional legal pero ilegítima e injusta, contraria a acuerdos internacionales firmados por México, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Esta situación tiene que ver con proyectos financieros e inversiones de capital en recursos naturales, maquiladoras y turismo, sin tomar en cuenta la palabra de comunidades y pueblos enteros en las estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo. Se impulsan así políticas económicas que, de hecho, tienen forma de enclaves neocoloniales de explotación de mano de obra barata y de agotamiento extremo de la biodiversidad y de los recursos naturales. El desmantelamiento de las comunidades indígenas que iniciaron los liberales del siglo XIX a partir de la promulgación de las Leyes de Reforma, fue frenado por el movimiento revolucionario de 1910-17 gracias a la promulgación del artículo 27 constitucional; sin

embargo, con las reformas salinistas al mismo artículo 27 en 1992, se volvieron a sentar bases jurídicas para la mercantilización y enajenación de la tierra de pueblos y comunidades indígenas, suprimiendo la base material de sus prácticas sociales y culturales comunitarias y solidarias de producción y reproducción de la naturaleza y de la vida. Es por eso que la lucha por el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas, y su expresión concreta en su autonomía como pueblos, acordada y firmada en San Andrés el 16 de febrero de 1996, y llevada a la iniciativa de Ley de Derechos y Cultura Indígena de la Comisión de Concordia y Pacificación, forma parte central del debate nacional. En este sentido, la sociedad civil indígena, sin ser ciertamente un paradigma general de sociedad, es portadora de una reserva de humanidad, que tiene aportes que ofrecer a una nueva historia de respeto a las diferencias, de decisión por consensos y de sustentabilidad de la vida sobre el planeta.

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1.5.4 Movimientos por un nuevo proyecto de nación (1989-2010) Desde las negociaciones y la firma del Tratado de Libre comercio de América del Norte que entró en vigor el 1º de enero de 1994, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari inició una crisis cuyas consecuencias padecemos hasta hoy, pues al firmar un tratado que no consideró las disimetrías de una economía de relación de producción de 1 a 25 con los Estados Unidos y que benefició solamente al 5% de las y los mexicanos, como lo afirmó en 1994 Jaime Serra Puche, entonces Secretario de Hacienda, en un famoso lapsus en que la política económica salinista se olvidaba del 95% de la ciudadanía, se perfiló un país para privilegiar a una minoría rica y empobrecer a la mayor parte de la población. Esto tuvo como consecuencia una negociación totalmente desfavorable para los mexicanos y mexicanas, puesto que no hubo preparación ni adecuada transición para la nueva estructura productiva del país, como se hizo en Europa durante 25 años. No se reconocieron las disimetrías. Ni siquiera se negoció un Tratado en el que fuera obligatorio incorporar un 40 o 50% de partes nacionales para la industria maquiladora, de tal manera que el tratado repercutiera en el desarrollo y consolidación de cadenas

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productivas nacionales. Se firmó un tratado de libre inversión devastador para nosotros. A la industria maquiladora se le dieron todos los privilegios sin tener que cumplir un mínimo de responsabilidades sociales en las ciudades en las que se iba a alterar profundamente la vida económica social, cultural y ambiental. El resultado: ciudades fronterizas profundamente desequilibradas en las que se violan estructuralmente los derechos sociales, ambientales y laborales. Las consecuencias de estas realidades en la configuración de las subjetividades individuales y colectivas de las y los mexicanos son todavía poco conocidas, sin embargo podemos afirmar que se debilita el tejido social, se deteriora las condiciones para que el gobierno haga vigentes los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo digno. El estado abdica de sus funciones de ser garante de la vigencia de los derechos sociales y se agudiza de manera profunda el abandono del campo mexicano, pues se desmanteló parte importante de la planta productiva y sobre todo de las instituciones estatales para apoyar la producción agrícola, mientras que Estados Unidos y Canadá siguieron con una política de apoyo al campo, en México éste fue abandonándose progresivamente perdiendo soberanía alimentaria.

B3 1. Una de ellas, quizá la más socorrida, fue le migración hacia los Estados Unidos y Canadá para buscar trabajo que permitiera alimentar a las familias. La migración fue creciendo geométricamente hasta llegar a un promedio de casi medio millón de mexicanos cada año en el último quinquenio, más de tres millones de mexicanos durante los gobiernos panistas, no obstante el endurecimiento de las políticas migratorias. Esto llega a tener tal peso que al 1º de septiembre de 2009, los ingresos de las remesas provenientes del exterior eran mayores que los ingresos por venta de petróleo. Hoy el 25 % de la clase trabajadora mexicana está trasnacionalizada. Esto modifica las prácticas sociales, las redes, las formas de comunicación y las solidaridades transfronterizas.

3. Otros miles de mexicanos, no encontrando otros caminos, se fueron a la economía ilegal del narcotráfico, gracias a un estado corrupto en el que reina la impunidad. Y esto se ha ampliado como una economía empresarial, que ilegal sí, compite en el mercado, genera trabajo, acumula, valoriza y gana como cualquier empresa capitalista. Es una industria trasnacionalizada que deja fuertes secuelas de violencia, tráfico de armas y descomposición del tejido social, cuyos horrores se vieron en la masacre de 16 jóvenes en Ciudad Juárez el 31 de enero de 2010.

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Frente a esta política económica desastrosa y rapaz, el pueblo tuvo que inventar mil formas de sobrevivir que han cambiado la faz del país:

Hoy, a casi nueve años del PAN en el gobierno federal, el país está situado en una profunda crisis nacional económica, política, ecológica y cultural, que también se ubica en el contexto de una crisis internacional del modelo neoliberal de desarrollo impuesto durante los últimos 27 años9. "Desde el año 2000... la economía se estanca, convirtiéndose México en el país con el peor

2. Millones de mexicanos se dedicaron a trabajar en la economía informal, para poder autogenerar su empleo y subsistir. Gracias a eso se ha evitado mayor desempleo y mayor violencia.

9 Se trata de la tendencia del capitalismo a construir una enorme capacidad productiva que termina por rebasar la capacidad de consumo de la población debido a las desigualdades que limitan el poder de compra popular, lo cual termina por erosionar las tasas de beneficio . (Bello, octubre-diciembre 2009: 7).

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desempeño en toda América Latina. El crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2001 y 2007 fue tan sólo del 2.3% (INEGI, 2008). Para 2009 se estima que el PIB puede decrecer casi al triple, es decir, un 7%, según cálculos del propio FMI. El 8 de julio de 2009, la secretaría de Turismo declaró que los ingresos por turismo entre enero y mayo de 2009 se han reducido en 5,241 millones de dólares, equivalentes al 14.8% menos que en el mismo periodo en 2008 " (Pueblo, 2009: 4). En mi opinión enfrentamos un tsunami económico político caracterizado por el deterioro grave del modelo económico que se había cimentado en la explotaciónexportación de petróleo crudo, las remesas de los migrantes provenientes de Estados Unidos y Canadá, el turismo y las maquiladoras y no en la articulación de cadenas productivas que partiendo del campo generaran un desarrollo integral que articulara la producción de alimentos, el apoyo al campo y la producción industrial. El modelo económico neoliberal ha polarizado al país. Además de las erróneas políticas macroeconómicas, nueve años de gobierno del PAN arrojan saldos estremecedores:

Diferencias salariales abismales: un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del IFE gana en dos meses lo mismo que un trabajador de salario mínimo durante 35 años de trabajo. Las 50 empresas más grandes en México pagaron entre 2000 y 2005 un Impuesto Sobre la Renta y un Impuesto al Valor Agregado $705.00 en promedio, es decir, la cantidad de $141.00 por año (Aguayo, 16 de septiembre 2009:11), con un régimen fiscal que mientras estrangula a los causantes cautivos concede privilegios y exenciones para los más acaudalados a los que no se atreve a tocar ni con el pétalo de una rosa. Tenemos 15,000 mexicanos ejecutados en los tres años del gobierno de Calderón y hasta la fecha no se cuenta con una estrategia integral de combate al narcotráfico. El presidente Calderón se enorgullece de haber dejado sin trabajo a 44,000 trabajadores de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. Tenemos 18 estados de la república en que se han acordado reformas jurídicas que violan los derechos de las mujeres y atentan contra el estado laico.

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Tenemos un país donde se criminaliza la oposición y a luchadores sociales a los que se les ha impuesto sentencias de más de 112 años de cárcel. Las otrora instituciones republicanas confiables como el IFE, el TRIFE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación están estalladas, no cumplen las funciones principales para las que fueron creadas y solapan intereses de grupos económicos y políticos poderosos como Televisa y TV Azteca, Befesa en el caso de Zimapán, pederastas en el caso de la periodista Lydia Cacho, y otros muchos. Las luchas de los movimientos sociales y de la sociedad civil por la democracia desde 1958 hasta la fecha han puesto en el centro otras significaciones imaginarias sociales sobre la ciudadanía, como adulta, no tutelada, independiente del partido en el poder y del gobierno, normada por sus propias reglas. La imposición del modelo económico y político lejano a la ciudadanía y favorable a intereses monopólicos: bancos, FOBAPROA, Televisa y TV Azteca, el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro del 11 de octubre

de 2009.10 Además de todas estas políticas favorecedoras de pequeños grupos empresariales y excluyentes, la imposición del modelo neoliberal, se da cada vez más acompañada de una creciente criminalización de la disidencia social y política, inventando nuevos delitos para que los movimientos sociales en vez de luchar por sus demandas urgentes luchen por liberar a sus presos políticos. Casos paradigmáticos son los crímenes de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca que, permitió el asesinato de 26 luchadores sociales por parte de escuadrones de la muerte formados por expolicías y policías, como consta en las investigaciones de la Misión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (http://cciodh. pangea.org). También es de sobra conocido el caso de la criminalización en contra del movimiento de resistencia de San Salvador Atenco, que fue castigado el 3 y 4 de mayo de 2006 por el grupo Atlacomulco, diversas policías y el gobernador Enrique Peña Nieto como venganza por su recia oposición a que se hiciera ahí el nuevo aeropuerto

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10 Política que además de violar los derechos de los trabajadores abre el camino para la apropiación privada de la fibra óptica sin garantizar su uso para las instituciones públicas que representan los derechos de la ciudadanía.

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internacional; en este operativo se ordenó reprimir brutalmente a la población, incluyendo la violación de varias mujeres y después la condena de jueces venales a 67 y más de 112 años de cárcel a los principales dirigentes. Este modelo de criminalización altera profundamente las relaciones sociales pues lo que busca es generar el miedo, desmovilizar, cambiar las horas útiles de lucha por los derechos ciudadanos por largas horas de burocracia de trámites, de búsqueda de liberar a los y las presas políticas, es decir de desmovilizar y aislar a los movimientos para que no sigan luchando contra lo que les sigue quitando la política neoliberal. Pero también estas políticas van generando mayor oposición, resistencias, nuevas redes y organizaciones que van obteniendo importantes triunfos contra grandes poderes, como en el caso de la presa de La Parota en Guerrero que quedó suspendida hasta el año 2018, o la formación del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, que aglutina a docenas de sindicatos y organizaciones nacionales campesinas, al lado de movimientos magisteriales, civiles y por derechos de las mujeres; o el Frente por la Unidad de las

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Izquierdas11; o docenas de redes regionales que resisten proyectos de presas o de privatización del agua como El Zapotillo, Paso de Reina; o en contra de los privilegios y concesiones a las mineras: Minera San Xavier, Pasta de Conchos, Cananea12; y muchas otras luchas sociales a todo lo largo del país. La criminalización genera rabia, indignación y desesperación que acrecientan la distancia entre gobierno y ciudadanía. Con todo lo anterior queremos destacar como se están produciendo nuevas subjetividades y relaciones sociales que resisten y generan alternativas frente a un modelo deshumanizante y excluyente. 11 El 20 de noviembre de 2009 y después el 5 y 6 de febrero de 2010, se reunieron docenas de organizaciones sociales y civiles para avanzar hacia una asamblea por una nueva constituyente, consensando un documento que recoge el ánimo popular en el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. El documento se titula "Los nuevos sentimientos de la Nación". 12 Apenas el 8 de febrero de 2010, el Sindicato Minero manifestó a la opinión pública el sentido de 2 años y medio de la huelga de Cananea frente a la Minera México, empresa que ha contado con el respaldo incondicional de Javier Lozano, Secretario del Trabajo.

B3 EL CORAZÓN Y LOS ROSTROS DE LA NACIÓN

Después de este repaso historiográfico sobre cómo ha vivido parte de la ciudadanía contemporánea los sentimientos de la nación, inventando caminos y nuevas solidaridades que implican nuevas subjetividades, hemos dibujado el contexto de sentido de las significaciones imaginarias sociales en torno al Bicentenario de la Independencia y al Centenario de la Revolución. Una parte importante de la ciudadanía, inspirada en una visión del pasado lejano y reciente sueña y trabaja cotidianamente por un México más incluyente y más justo. Ahora podemos volvernos a hacer la pregunta inicial: ¿cuáles son algunos de los principales legados de las luchas y movimientos sociales por la independencia y por la revolución mexicana que están presentes en el ánimo y generan sentido y perspectivas para docenas de millones de ciudadanos y ciudadanas?

1. Tener una nación propia, con una base material de territorio y recursos propios, pero también una nación propia en el campo de las significaciones imaginarias sociales de un nombre, una bandera, un escudo, un himno, una historia compartida y fiestas que celebrar.

2. Una nación soberana, no supeditada al rey de España, ni a los Estados Unidos, con sus propios poderes, separados entre sí, con una constitución propia y una clara separación jurídica entre Iglesia y Estado, que ha construido desde hace más de siglo y medio un estado laico. En el centro de la iconografía de la Independencia se encuentra esa parte de la Iglesia que, en contra de su propia jerarquía, decidió sumarse a la insurgencia. Es el momento en que la Iglesia se convierte en un sinónimo de la fundación de la nación, así sea gracias a los curas que se enfrentaron a ella misma (Semo, I: 23 de enero de 2010, 14).

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3. Un nación rica por su diversidad, multiétnica y plurilingüe. Aunque esto sigue en disputa frente a fuertes intentos de homogenización e imposición de una visión mestiza homogenizante.

4. Una república federada, no una monarquía, no un virreinato, aunque la lucha por descolonizar el imaginario virreinal y centralista del presidencialismo como institución imaginaria, sigue siendo escenario de grandes batallas ciudadanas. Dicho imaginario monarquista tuvo en el imperio de Maximiliano y en el debate sobre su fusilamiento una fuerte discusión

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nacional sobre la identidad del modelo de relación entre gobierno y sociedad. Esto llevó a que durante casi todo el siglo XX la institución imaginaria de la presidencia tuviera un poder inmenso frente al poder ejecutivo y el judicial. Después de la reforma política de 1996 en que se dotó de mayor autonomía y un cierto carácter ciudadano al Instituto Federal Electoral, con la derrota del PRI en las elecciones del año 2000 y con la distribución de parte de los excedentes de la venta de petróleo, se otorgaron abundantes recursos a los gobernadores de los estados, y parte del peso de esa institución de la presidencia se concentró en los gobernadores de los estados, que en general con el apoyo de los nuevos recursos asumieron la institución imaginaria del presidencialismo y empezaron a actuar como señores feudales, controlando los medios de comunicación, los procesos electorales, prácticamente sin leyes de rendición de cuentas, de transparencia y mucho menos de iniciativa ciudadana, referéndum o revocación de mandato. En síntesis, hubo cambios en las prácticas de la institución presidencial a nivel de la presidencia de la república, sin embargo en los estados de la federación, carentes de leyes de participación ciudadana y de contrapesos institucio-

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nales se reavivó, de manera por demás autoritaria, la institución de la presidencia en los gobernadores de los estados, haciendo de las y los ciudadanos vasallos de los nuevos reyes estatales. Basten los ejemplos de Ulises Ruiz13; Mario Marín, Enrique Peña Nieto, Zeferino Torreblanca, Fidel Herrera, o Emilio González; aunque ciertamente un análisis cuidadoso nos arrojaría datos semejantes de la mayoría de los gobernadores, que se han constituido jurídica, política, económica e imaginariamente como reyes a los que se debe rendir pleitesía por parte de sus súbditos. ¿Qué pueden celebrar los 80 millones de mexicanos/as pobres en recuerdo de la independencia y de la revolución? Sin duda hay una disputa por la memoria y por las significaciones imaginarias sociales de los grandes movimientos sociales de la independencia y la revolución, como lo manifiestan los fastuosos festejos de los gobiernos en contraposición a las propuestas que los cientos de organizaciones firmantes del Encuentro Nacional Preparatorio hacia un Congreso Social proponen 13 Caso ampliamente documentado por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos. Informe sobre los hechos de Oaxaca. http://cciodh.pangea.org

para la conmemoración de los Centenarios desde una perspectiva popular.14 O la política del PAN de suprimir fiestas populares que revivían anualmente en la memoria de las y los mexicanos las gestas de la independencia y de la revolución. Se trata sin duda de una fuerte disputa simbólica por la memoria y por las significaciones imaginarias sociales actuales de esos grandes movimientos: Asombra la cantidad de esos rituales que han sido suprimidos: ya no hay desfile con porristas y acróbatas de la CTM el 20 de noviembre; el recuerdo de Plutarco Elías Calles se quedó sin el día fastuoso que le deparaban los priístas anualmente en el Monumento a la Revolución; el 5 de febrero se celebra el lunes previo& (Semo, 23 de enero de 2010 : 14). Dice también Ilán Semo que el problema es cómo vincular el pasado con el futuro, y ante ellos "la nueva oficialidad panista ha tratado de suprimir o desplazar del centro de la atención los rituales de la Revolución… se cree que suprimiendo su evocación, su iconografía pública, se cartografía la historia en un "antes" y un "después" de que la derecha ascendió al poder máximo de la República. Es un deseo y un espejismo a

la vez: el deseo de situarse en el umbral de los símbolos actuales de la modernidad. El espejismo: ese después ya no es tan claro en 2010 como podía serlo en 2000". (Semo, 23 de enero 2010 : 14).

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14 Hacia un Congreso Social.La Jornada, 2 de febrero de 2010, p. 36, y Plan de Acción leído el 7 de febrero de 2010 en la Ciudad de México.

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TEM A 3

Participación ciudadana y movimientos sociales recientes en México. OBJETIVO: Reflexionar sobre los retos y perspectivas de la participación ciudadana en los movimientos actuales.

LECTURA 6. Alberto J. Olvera Rivera. “Notas sobre la participación ciudadana”, en: Agendas Ciudadanas de políticas públicas para el fortalecimiento de la sociedad civil. Incide Social, México, 2009, págs. 23 a 43.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Lectura en tres grupos de trabajo y respuestas a las guías. Panel presentando síntesis de los contenidos de cada lectura, relacionándolos con la participación ciudadana en su región y en México. APOYOS DIDÁCTICOS: Guías 6, 7 y 8, lecturas 6, 7 y 8, pizarrón, rotafolios, marcadores. GUÍA 6

1. ¿Cuáles son las principales formas de participación ciudadana en la región y qué efectos han tenido?

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NOTAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE LA ÓPTICA DE LAS OSC1 Alberto J. Olvera Rivera2

INTRODUCCIÓN El debate sobre la participacion ciudadana en el ejercicio y el control del gobierno constituye un terreno complejo y políticamente confuso hoy día. Todos los actores políticos y sociales aceptan y reclaman la necesidad de la participación. Esto significa que el concepto mismo es polisémico, ya que cada actor le otorga significaciones diferentes. La matriz última de esta curiosa coincidencia se remite a la lucha ideológica que libran actualmente los dos principales proyectos políticos que se disputan hoy la hegemonía política e ideológica en América Latina.3 En efecto, desde el proyecto neoliberal se concibe a la participación ciudadana como un instrumento o mecanismo que permite mayor eficiencia de la acción del 1 Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Universidad Veracruzana (aolvera@iv.mx). 2 En Breña Huerta Laura (coord). Agenda Ciudadana de Políticas Públicas para el fortalecimeinto de la sociedad civil, Incide Social, A.C., México, Octubre 2007. 3 Al respecto, véase Dagnino, Olvera y Panifichi, 2006

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gobierno, es decir, la mejora administrativa y procesual de la política pública; la tercerización de la política social, o sea la ejecución de la misma por entes privados, y, últimamente, la desresponsabilización del Estado en relación con los derechos de ciudadanía, en especial los derechos sociales. El discurso neoliberal de la participación ha ganado terreno en los últimos años gracias a algunas de las políticas públicas fomentadas por el Banco Mundial y al avance del discurso contemporáneo del tercer sector, el voluntariado y la responsabilidad social de las empresas. Desde el otro proyecto político, que denominaremos democrático-participativo, la participación es vista como una forma nueva de concebir la política misma, como el eje de una práctica de la política que permite a los ciudadanos intervenir en los asuntos de interés colectivo a partir de la creación de espacios públicos donde no sólo se debaten sino que se deciden y vigilan las políticas y acciones de los diferentes ámbitos de gobierno. Esta vertiente de la participación resume numerosos experimentos sociales en varias partes del mundo y se inspira en desarrollos recientes de la teoría democrática ante todas las teorías de la sociedad civil, del espacio público, la democracia deliberativa y la propia democracia participativa.

En México la limitada experiencia nacional en esta materia ha conducido a que se restrinja la noción de participación ciudadana a formas de democracia directa: referéndum, plebiscito e iniciativa popular. Indudablemente, estás últimas formas abren un espacio político a la expresión de las preferencias de la ciudadanía, pero todas ellas tienen un carácter excepcional, es decir, sólo pueden ser utilizadas en condiciones políticas muy específicas, de tal forma que rara vez pueden ser empleadas realmente. Más aún, no dejan de ser ambivalentes en la medida que pueden ser utilizadas para fines de legitimación de gobiernos autoritarios o de líderes personalistas. Por tanto, reducir la participación ciudadana a la democracia directa es un error conceptual que limita el horizonte político de la democracia. Puede afirmarse que en México la discusión sobre la participación está atrasada respecto de los debates latinoamericanos dominantes, que, como se señaló, se sitúan en dos polos principales, siendo uno de ellos el neoliberal y el otro el democrático-participativo. En México en realidad atestiguamos el predominio de una confusión conceptual y política, de manera que los sujetos sociales y políticos hablan de participación en un sentido meramente figurativo, es decir, como una

alusión a muy diferentes procesos en marcha. No encontramos en el horizonte simbólico de los actores de la sociedad civil ni de los actores de la sociedad política una idea clara acerca del papel de la participación en la democratización de la vida pública. En este ensayo tratamos de ofrecer una mirada a la noción de la participación desde las organizaciones de la sociedad civil (OSC), las cuales han desarrollado una vocación histórica por una intervención en el campo de las políticas públicas. Sin embargo, como se sabe, las OSC constituyen un conjunto heterogéneo de actores sociales, en cuyo campo encontramos desde organizaciones no gubernamentales (ONG) profesionales, con capacidad de investigación y de proposición en materia de política pública, hasta micro-organizaciones especializadas en la atención de grupos específicos a partir de proyectos asistenciales. Es evidente que no todas las OSC están en capacidad de proponer formas de participación en la definición de políticas públicas ni que todas pueden desarrollar una vocación en este campo, y por tanto, contribuir a la democratización de la vida pública. Al referirnos al tema de cómo las OSC pueden plantearse el tema de la participación como un elemento consustancial de su agenda, estamos necesariamente

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acotando el concepto mismo de OSC a dos de sus subtipos, que son las organizaciones no gubernamentales de carácter profesional y ciertos movimientos sociales que, en su desarrollo, llegan a establecer mecanismos de interacción con los aparatos de gobierno que implican una negociación sobre contenidos de la política pública o sobre las formas de ejecución de la misma. Nos referimos en este último caso tanto a movimientos sociales populares que, por medio de distintas formas de resistencia y de lucha, pueden incidir en los modos en que se realiza la política pública (definiciones de público-objetivo, volumen del suministro de bienes y servicios básicos, tiempo de aplicación, etcétera) como a movimientos sociales de corte cultural, como el ecologista y el feminista, que pueden, en forma de acciones colectivas orientadas a un fin, establecer una interacción constructiva con el Estado, en un momento dado. Aclarado este punto, es preciso enmarcar las páginas que siguen en este contexto. Abordaremos aquí la problemática de la participación desde la perspectiva de las OSC con capacidad de incidencia y negociación con el Estado. Cabe señalar que, con frecuencia, estas organizaciones, más que representar una necesidad colectiva ya reconocida o señalada por el resto de la

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sociedad, tienden a anticipar o proponer soluciones de problemas que, en realidad, ellas mismas están señalando en un proceso de diagnóstico, toma de conciencia y aprendizaje colectivo. En las páginas que siguen ofreceremos, en un primer momento, una discusión teórica sobre el concepto de participación, en una segunda sección analizaremos brevemente y de manera totalmente descriptiva los campos en que interactúan el tipo de OSC que nos compete y los distintos aparatos del Estado, intentando hacer un mapeo de prácticas; y en tercer lugar, mencionaremos algunos ejemplos internacionales relevantes para los fines que se propone esta contribución. Finalmente, en una cuarta sección, se proponen medidas de carácter estructural para establecer políticas públicas que favorezcan la participación de las OSC y, a partir de este proceso, el fortalecimiento de los derechos de ciudadanía que, en última instancia, constituyen el objetivo último de la acción de este tipo de organizaciones.

PRECISIONES CONCEPTUALES Como se ha mencionado en la introducción, el concepto de participación ciudadana es polisémico y ambivalente. En su uso cotidiano ha adquirido una enorme diversidad de significados, por lo que es preciso acotar el sentido del concepto. Participación ciudadana en abstracto: se refiere a las acciones de ciudadanos en lo individual o en lo colectivo para influir en las decisiones o las acciones del gobierno. A este nivel de generalidad muchas formas y espacios de acción colectiva pueden ser entendidas como participación ciudadana. Participación ciudadana como democracia directa: en México la limitada experiencia nacional en esta materia restringe la noción de participación ciudadana a las formas de democracia directa: referéndum, plebiscito, iniciativa popular, consulta pública. Indudablemente estas últimas abren un espacio político a la expresión de las preferencias de la ciudadanía, pero todas tienen un carácter excepcional, es decir, sólo pueden ser utilizadas en condiciones políticas muy específicas, de tal forma que rara vez pueden ser empleadas realmente. Por tanto, equiparar la participación ciudadana con la democracia directa es

un error conceptual que limita el horizonte político de la democracia. La participación política: el concepto también puede aplicarse a la participación de los ciudadanos en procesos electorales y en partidos políticos. Sin embargo, las elecciones suceden cada tres o seis años y, como es del dominio público, los partidos políticos son instituciones en las cuales la opinión de los ciudadanos tiene relativamente poco peso y, ante todo, poca influencia en términos de decisiones de política pública.

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Lo anterior nos deja con otros conceptos más acotados de participación: participación comunitaria es entendida como aquella que los ciudadanos desarrollan en los microespacios en donde viven, sea la comunidad campesina, el barrio urbano o una comunidad de afinidades culturales. La noción de participación social ha sido usada también en México para referirse a la presencia de organizaciones sociales de algún tipo en espacios consultivos formales. La noción de participación ciudadana normalmente se asocia con la participación individual de los ciudadanos en algún tipo de proceso político, sin que esta intervención se enmarque en un conjunto de derechos o instituciones establecidas.

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El concepto de participación, para los fines que nos ocupa, puede ser definido como la intervención organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en vinculaciones socioestatales que puedan o no estar definidas por la ley, y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en materia de políticas públicas a partir de diversas formas de contraloría ciudadana. Como puede observarse, el concepto de participación alude a una intervención organizada en alguna de las partes del ciclo de las políticas públicas, en espacios que preferentemente deben tener un carácter dialógico, es decir, que deben permitir la crítica y el debate, y a la vez estar organizados o institucionalizados de forma tal que se pueda arribar a algún tipo de decisión vinculante. Esta última característica difícilmente se cumple en la práctica, ya que para ello se requiere la autorización legal de los espacios de interacción o vinculación, es decir, la institucionalización jurídica de los espacios de encuentro, y la resolución de los problemas políticos propios de la participación.

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Si aceptamos la definición rigurosa de participación, estamos operando en un marco normativo que asume que la democracia no se limita a los procesos electorales, sino que se expresa como una concatenación de espacios y mecanismos de intervención cotidiana de los ciudadanos en los asuntos públicos. No obstante, esta forma de ampliación de la democracia no está exenta de contradicciones, paradojas y problemas de realización. El principal problema es el de la representación. La democracia electoral es un procedimiento para generar una representación política legítima de los ciudadanos en los órganos de gobierno. Las elecciones producen agentes autorizados para tomar decisiones políticas. En cambio, la participación de ciudadanos en lo individual o de organizaciones de la sociedad civil en los asuntos públicos no puede asumir la representación legítima de la colectividad, sino la de ciertos intereses materiales, programáticos o ideológicos de los actores participantes, quienes sólo pueden apelar a una representación simbólica de causas o intereses generales al intervenir en la esfera pública. Es lógico entonces que los espacios de participación –o incluso los reclamos de participación- puedan ser interpretados o constituyan de facto un contrapoder a los

poderes legítimamente constituidos. Este contrapoder es una forma de expresión de intereses provenientes del campo de lo privado que se trasladan a lo público en nombre de una visión o de un proyecto. El problema es que el reconocimiento de esos intereses privados como intereses públicos no tiene una vía estructurada y legítima, sino que opera a partir de mecanismos informales situados en la esfera pública y cuya fuerza e intensidad depende del poder que los propios agentes privados tengan. Este poder puede ser económico, político o simbólico. La inexistencia de mecanismos institucionales que permitan el reconocimiento y ponderen la importancia relativa de las causas de las organizaciones de la sociedad civil genera un problema de legitimidad política para esos actores, que, al intervenir en la esfera pública e interactuar con el gobierno, llevan a cabo una acción política, es decir, desarrollan la política de la sociedad civil. Esta forma de la política tiene reglas diferentes de la política electoral y de la política partidaria, pero coincide con los actores políticos en términos de compartir, al menos parcialmente, espacios de decisión y agendas programáticas. Al hacerlo, generan necesariamente una especie de competencia política con los partidos, el poder Legislativo y el poder Ejecutivo.

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Esta competencia puede interpretarse desde varias perspectivas. En la teoría del neocorporativismo la intervención de agentes privados organizados en los asuntos públicos se interpreta como la acción de grupos de interés que buscan proteger sus agendas específicas mediante la intervención en la definición de las políticas públicas. El ejemplo més claro lo constituyen las organizaciones empresariales y los sindicatos. Desde la perspectiva de las teorías del tercer sector y de ciertas interpretaciones de la sociedad civil, un indiferenciado tercer sector/ sociedad civil definido como un conjunto de grupos y organizaciones que defienden los intereses de terceros sin fines de lucro constituyen el andamiaje de lo social en contraste con los sectores económico o político. En todo caso, el problema de la representación persiste, pues si bien las organizaciones sindicales y empresariales pueden reclamar la representación legítima de intereses específicos, lo cierto es que sus causas son también abiertamente parciales e interesadas. Desde la perspectiva del tercer sector se supone que los actores sociales no tienen intereses específicos sino generales, pero no es posible saber cuáles de ellos representan legítimamente a los promotores de las causas que cada grupo enarbola.

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En este marco, resulta explicable que la mayor parte de las formas llamadas “exitosas” de la participación ciudadana sean aquellas que suponen la participación de ciudadanos en lo individual, y que se enmarcan en un tiempo y en un espacio acotado, es decir en un territorio y en un arco temporal de corto plazo. Tal es el caso del famoso presupuesto participativo de Brasil y de la mayoría de los mecanismos creados a partir de la descentralización de los gobiernos en América Latina, incluida la descentralización de los gobiernos municipales en unidades más pequeñas que conservan una capacidad decisoria en ámbitos específicos de las políticas públicas. Sin embargo, es de comprenderse que estas formas de participación se refieran a temas extremadamente específicos (aplicación de una pequeña parte del presupuesto de obras públicas, consulta pública sobre ciertas obras y programas de gobierno, vigilancia de obras específicas, de funcionarios en lo individual o de instituciones microlocales como la policía) y es una escala local o micolocal. Por tanto, la participación ciudadana se fragmenta en una multiplicidad de temas y espacios de tal forma que su misma dispersión genera un fenómeno de fragmentación del espacio público que hace muy difícil que los ciudadanos en lo individual puedan

efectivamente intervenir en los asuntos públicos más allá de un tema y espacio acotados. En el proyecto que nos convoca estamos más interesados en la participación entendida como intervención de las organizaciones de la sociedad civil en el ciclo de las políticas públicas. Como antes se apuntó, este proceso puede leerse desde una perspectiva neocorporativa o desde una perspectiva del tercer sector o de la sociedad civil. Dado que el interés específico de este proyecto es promover el fortalecimiento de las OSC, nos concentraremos en lo que sigue en los problemas propios de este tipo de actores en cuanto a sus participación en el proceso de ampliación de la democracia. Como apuntamos antes, el problema central es el de la representación, tanto de causas como al interior del sector. En efecto, un primer problema es el de definir que tipo de campos problemáticos, y por tanto de demandas y proyectos, son reconocidos como de interés público en un contexto determinado. Actualmente en México la propia Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil define cuales son los campos de acción que se reconocen jurídicamente como válidos. Este reconocimiento es el resultado de las acciones de diversos movimientos sociales a lo largo de

varias décadas. En efecto, es la acción de los movimientos sociales lo que abre espacios y genera legitimidad a las causas emergente, como la ecología, los derechos de las mujeres, el respeto a los derechos humanos, etcétera. Se trata entonces de una disputa en el espacio público por ampliar progresivamente las nociones de justicia y corrección política, que cambian con la propia acción social, ya que ésta modifica la cultura política. En otras palabras, se trata de la promoción en el espacio público de nuevos proyectos políticos que ganan reconocimiento, no sólo de la ciudadanía sino también de los propios actores políticos, y que poco a poco logran institucionalizar nuevos espacios de acción en la ley y en las instituciones. Pero los movimientos sociales no necesariamente logran garantizar un espacio de representación de sus causas en los espacios formales. De hecho, la representación en los mismos es en sí misma disputada por diversos factores. Esta disputa se expresa en las luchas por la definición de qué es y quién forma parte de la sociedad civil, y de qué intereses y demandas son de interés general y de carácter público y cuáles son de carácter privado. En resumen, el reconocimiento de causas y la apertura de espacios es un proceso político cuyo eje es una lucha

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por el reconocimiento, esto es, el posicionamiento de causas y de organizaciones. Este reconocimiento debe traducirse en cambios legales e institucionales, los cuales a su vez deben implicar la apertura de espacios de poder civil en el ciclo de la política pública. Si bien el proceso es ante todo político, está atravesado también por el reconocimiento del saber experto. En efecto, las OSC experimentan el siguiente proceso: tienen su origen en movimientos sociales concretos que poco a poco se institucionalizan en organizaciones cada vez más profesionales cuyo eje es algún tipo de expertise, es decir, de conocimiento técnico o jurídico o una combinación de ambos. El ciclo de los movimientos sociales lleva a que la relación entre estos movimientos y las OSC que tuvieron su origen en ellos no sean siempre claras ni lineales. Todo esto quiere decir que la legitimidad de las OSC en un campo determinado de las políticas públicas se basa, desde el punto de vista simbólico, en su vínculo con las causas enarboladas por un movimiento social, mientras que en lo político se fundamenta en el conocimiento técnico especializado y, junto con ello, en su eficacia operativa y en los vínculos que conserve con el movimiento social originario.

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Es preciso ahora subrayar que la intervención efectiva de las OSC en el ciclo de la política pública necesita de algún tipo de autorización política, es decir, del reconocimiento formal de los poderes constituidos. En efecto, es el poder Legislativo el que puede sancionar leyes que abran los espacios de participación de la sociedad civil, y es el poder Ejecutivo el que puede establecer los espacios concretos de interlocución y de acuerdo con estos actores. Este hecho introduce un factor de discrecionalidad política en la asignación de representatividad a los actores de la sociedad civil. Ciertamente, el poder Ejecutivo conservará una capacidad de convocatoria a organizaciones específicas en tanto que la interpretación y la aplicación de las leyes dependen en gran medida delos cursos de acción decididos por él. Esto significa que, aun cuando los actores de la sociedad civil logren un reconocimiento simbólico, pueden quedar excluidos de una intervención efectiva en los asuntos públicos si el poder político no abre los espacios necesarios para tal fin. Por consiguiente, los actores civiles tienen que plantear una lucha constante ante los poderes del Estado para poder abrir esos espacios. En el caso mexicano el escaso poder político de las OSC constituye una de las explicaciones de la escasez

de espacios de participación, tan importante como la hegemonía de una cultura estatista en los actores políticos provenientes del antiguo régimen y de una visión liberal casi decimonónica en los actores de derecha. En ambos casos, los actores de la sociedad civil son vistos con desconfianza y se les niega legitimidad política. A este hecho debemos agregar que el concepto de participación ha sido apropiado por los dos principales proyectos políticos que se disputan hoy la hegemonía política e ideológica en la región, como vimos anteriormente. En la actualidad, el discurso de la participación está colonizado por una concepción neolibeal que ha ganado terreno en lo últimos años gracias a las políticas públicas fomentadas por el Banco Mundial y al avance del discurso contemporáneo del tercer sector, la solidaridad abstracta, el voluntariado y la responsabilidad social de las empresas. Esto no quiere decir que estas prácticas o discursos sean negativos en sí mismos, sino que constituyen el andamiaje intelectual de la política neoliberal en el campo de la participación de las OSC. En efecto, la teoría del tercer sector borra los vínculos entre movimientos sociales y OSC al ubicarlas a todas en un conjunto indiferenciado de organizaciones que sólo tienen en común su vocación de “servicio a terceros”,

con lo cual cualquier noción de derechos y de ciudadanía queda eliminada del discurso y, por tanto, de la práctica política. La subcontratación de las políticas sociales se ha convertido también en un instrumento que favorece la fragmentación de la política pública, la privatización de la misma y la pérdida de visibilidad de las responsabilidades del Estado. En conjunto, todos estos discursos y sus respectivas prácticas conducen a una generalización del asistencialismo privado como concepto dominante del bien público. Por consiguiente, tanto las acciones de investigación como la acción política concreta de las OSC deben centrarse en la búsqueda de aquellas instituciones y prácticas que fortalezcan la acción de las OSC como promotoras de derechos y por tanto como constructoras de ciudadanía. Esta elección normativa nos señala el tipo de leyes, instituciones y prácticas que conviene impulsar desde la perspectiva de un proyecto de democratización de la democracia. Esto no implica negarle legitimidad ni mucho menos promover el debilitamiento del asistencialismo privado. Éste tiene un espacio propio y legítimo en sociedades tan brutalmente desiguales como las nuestras. De lo que se trata es de evitar que ese modelo se convierta en hegemónico, precisamente porque su

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plena realización conduce a perder de vista el conflicto social y la lucha política. Por el contrario, una política de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil debe tener como objetivo visibilizar los conflictos morales, de intereses y políticos que atraviesan la vida social, canalizarlos constructivamente y promover vías legales e institucionales de resolución de los mismos a partir del fortalecimiento de los derechos de ciudadanía.

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LA PARTICIPACIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS OSC Un modelo ampliamente conocido de participación es aquel que, fuera de un marco legal establecido o de vínculos formales, relaciona a la sociedad civil y al gobierno en un formato de crítica y vigilancia desde el exterior de los procesos estatales. Se trata de una acción política en la medida en que sus objetivos y sus efectos están vinculados al ejercicio del poder (aunque es una política de la sociedad civil y no una política partidaria). Como se sabe, a mayor grado de autoritarismo, mayor expansión de este modelo de acción crítica y vigilante. Esto por la inexistencia misma de vínculos formales de relación y por la necesidad de desarrollar prácticas de control de los abusos gubernamentales desde la sociedad. En este terreno la experiencia mexicana es muy vasta y cuenta con una larga trayectoria tanto en el campo de los movimientos sociales como en el de las OSC formalizadas. En este apartado nos interesa resaltar experiencias recientes, poco estudiadas y que se adaptan al nuevo estadio de la transición democrática. Tal vez las acciones más visibles en este modelo son las que se refieren al seguimiento de políticas públicas específicas. Es el caso, por ejemplo, del Observatorio Ciudadano de la Educación, entre otros muchos grupos

dedicados a la crítica de las prácticas educativas, los que, a partir de su presencia en los medios de comunicación, talleres y conferencias, procuran criticar la política pública y proponer medidas alternativas. En el campo de la transparencia y el acceso a la información se ha avanzado mucho en años recientes gracias a las actividades de OSC como Fundar AC, Alianza Cívica, Equipo Pueblo, Incide Social, Cencos, CESEM, etcétera, cada una de las cuales ha desarrollado la evaluación de uno o varios campos de la política pública o ámbito de gobierno. Por ejemplo, el trabajo de Fundar en materia de presupuestos públicos y en el ámbito de la transparencia del poder Legislativo federal es importante en la crítica del ejercicio discrecional de los recursos, en el mismo ámbito se ha movido también Alianza Cívica, mientras que el CESEM ha denunciado la falta de transparencia de acceso a la información en diversos municipios del país. La alianza de varias de estas organizaciones ha permitido la creación del programa llamado CIMTRA, que ha desarrollado un índice de transparencia municipal que se ha aplicado a municipios de Nuevo León, Veracruz, Morelos, Estado de México, Zacatecas y Jalisco. Alianza Cívica en particular ha apoyado la sistematización de experiencias de vigilancia ciudadana de diversos casos

de política pública local, como el sistema de agua de Saltillo y la vigilancia de la distribución de recursos del Fondo III en varios municipios de Yucatán. Cabe mencionar que el campo que podríamos llamar de transparencia electoral, de frente a las elecciones federales de 2006, convocó la acción concertada de numerosas OSC en un amplio abanico de experiencias, varias de ellas apoyadas por la propia Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el marco de los programas de “blindaje electoral”. En este campo, el apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) a algunas OSC permitió el desarrollo de experiencias ejemplares, como la de Radio Teocelo, Veracruz o Centeotl de Oaxaca, que se suman a las ya conocidas capacidades profesionales de incide Social, Alianza Cívica, Fundar, Equipo Pueblo y Cencos. Un espacio en el que hay creciente activismo civil es el de la seguridad ciudadana. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal organizó la gigantesca megamarcha de junio de 2004 en la Ciudad de México y ha continuado haciendo estudios y denuncias sobre esta materia en años recientes, a pesar de no contar con una verdadera capacidad de interlocución con el gobierno de la Ciudad de México. En Ciudad Juárez numerosas ONG han denunciado y estudiado el fenómeno

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de la violencia contra las mujeres y en varias ciudades de la República se han formado iniciativas ciudadanas orientadas al estudio y denuncia de los problemas de inseguridad, como es el caso de Guadalajara con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, entre otros. En el campo del medio ambiente hay también múltiples experiencias, algunas básicamente conflictivas, y otras colaborativas, que nos muestran una amplia gama de modelos de relación entre OSC, el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales en esta delicada materia. La diversidad de experiencias y resultados es tan grande que en este campo es muy difícil extraer lecciones de orden general. Son conocidas ampliamente en nuestro país las miles de denuncias sobre desastres

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ambientales causados por la falta de regulación estatal y la ambición de empresarios sin escrúpulos, y lamentablemente son pocos los casos de éxito en la protección de la naturaleza. Recientemente han empezado a emerger iniciativas ciudadanas tendientes a la vigilancia del poder Legislativo, como la impulsada por la Red Ciudadana de Chihuahua, experiencia señera en tanto fue la primera iniciativa civil de observación sistemática del poder Legislativo local. Recientemente, en el ámbito académico tanto el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) como el Centro de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) han empezado a trabajar en esta materia y Fundar AC ha desarrollado también una metodología

y una capacidad de seguimiento interesantes. Incide Social ha desarrollado también un relevante programa de visibilización del Congreso. La lista se puede hacer mucho más larga al incluir temas de derechos de las mujeres, políticas contra la pobreza, políticas de salud, política laboral, política internacional, entre otros campos de las políticas públicas para los cuales hay organizaciones civiles especializadas que ejecutan algún tipo de crítica con el fin de controlar la acción gubernamental en esas materias. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA NO PARTIDARIA DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Es importante no olvidar en este recuento que la acción de los movimientos sociales es el método de control más socorrido por la sociedad civil mexicana, tanto por tradición histórica como por ausencia de otros espacios relevantes en el contexto de una transición política que aún no logra la inclusión política de numerosos sujetos sociales. El caso reciente de la gigantesca movilización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) es tal vez una de las demostraciones más evidentes de este hecho, dada su radicalidad y permanencia en el tiempo, pero no es de ninguna manera la única.

El caso de Oaxaca es relevante porque demuestra que en ausencia de espacios de diálogo, y ante la negativa frontal del gobierno estatal a negociar civilizadamente con los actores y proyectos en pugna, la única vía disponible es la movilización social. Que el conflicto social se vea canalizado a la arena política informal es generalmente una demostración de existencia de un grave autoritarismo político. Dado que en la actual transición mexicana no se ha logrado la democratización simultánea de todos los espacios del poder, y dado que los actores políticos han construido un sistema casi autorreferente de representación, es decir, limitado a sus clientelas y a sus redes, es obvio que los movimientos sociales seguirán siendo un canal importantísimo de la participación política.

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LA PARTICIPACIÓN COMO PRESENCIA EN CONSEJOS CONSULTIVOS Desde hace ya algunos años, en especial desde el gobierno del presidente Zedillo (1994-2000), y con más claridad en el del presidente Fox (2000-2006), la participación de personalidades provenientes de los campos civil y académico en algunos consejos consultivos ha constituido otra forma de concebir la participación ciudadana.

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Diversas disposiciones legales han creado una multiplicidad de consejos consultivos en casi todas las secretarías de Estado, tradición inaugurada durante el gobierno de Miguel de la Madrid a raíz de su fe en las virtudes de la planeación del desarrollo. Reformulados varias veces en los gobiernos subsiguientes, en el gobierno del presidente Fox se buscó convocar a personajes de la sociedad civil para que formaran parte de los mismos y les dieran alguna legitimidad. Los ejemplos más conocidos son el Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (que es relativamente nuevo), los consejos Consultivo y Social del Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Consultivo Ciudadano del Consejo Nacional de Población, el Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social, los consejos de Cuencas de Agua de la Comisión Nacional del Agua y el llamado “Aval Ciudadano” de la Secretaría de Salud. Se tiene también el Consejo Consultivo de la Auditoría Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Más recientes son el Consejo de Desarrollo Social creado a raíz de la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social en 2004, el cual tiene funciones de análisis y balance de las políticas públicas de su campo de acción, y el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Fe-

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deral de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.4 En los ámbitos estatal y municipal hay una cantidad innumerable de consejos de todos los tipos, desde consejos municipales de la mujer, como el de Mérida, Yucatán, el Consejo Consultivo de participación Ciudadana de Querétaro, y así sucesivamente en decenas de ciudades mexicanas. Algunos gobiernos estatales cuentan también con consejos consultivos en sus secretarías de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Social, Educación y Cultura y Seguridad Pública, entre otros. Lamentablemente es imposible saber en este momento cuáles de esos consejos funcionan, en qué forma y con qué resultados, ya que se carece de investigación sobre los mismos. Organismos autónomos como las comisiones de derechos humanos cuentan también con consejos consultivos ciudadanos al igual que algunos institutos de transparencia y acceso a la información. Los institutos electorales estatales y el federal no requieren de esos consejos puesto que se supone que son organismos ciudadanizados. En resumen, el mundo de los consejos consultivos es verdaderamente enorme, desconocido en su ma4 Cfr. Hevia, 2006.

yor parte desde el punto de vista académico y casi con toda seguridad poco productivo en términos de la democratización de la vida pública debido al carácter meramente consultivo de las instancias, a su estilo de trabajo privado y al escaso poder de decisión y control que efectivamente ejercitan. Es importante señalar que varios estados de la República cuentan con leyes de Participación Ciudadana (Morelos, Baja California, Coahuila, Sinaloa), que fundamentalmente aluden a los mecanismos de democracia directa y a sus reglas de aplicación. En estas leyes se trata de regular el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular y no se propone la creación novedosa de espacios diferentes de participación ciudadana. ALGUNAS PROPUESTAS TENDENTES A FORTALECER EL PAPEL DE LAS OSC EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS Como puede derivarse de las páginas precedentes, no es sencillo imaginar medidas que directamente potencien el papel de las OSC en el terreno de la participación ciudadana con una orientación al fortalecimiento de la ciudadanía. El problema no radica solamente en la dificultad para localizar los diseños legales e institucionales adecuados,

sino en la densidad asociativa, la fuerza política y la legitimidad de las propias OSC. La medidas de política pública en este campo no pueden ser independientes del grado de desarrollo de las propias OSC en México, que, como se sabe, es aun incipiente si lo comparamos con los casos de otros países de América Latina. No es el objeto de este texto discutir este problema,5 pero el tema de la participación visto desde el campo de las OSC necesariamente debe tomarlo en cuenta. Por tanto, una propuesta inicial gira en torno a la necesidad de impulsar el surgimiento de una mayor cantidad de OSC, democratizar y lograr la autonomía política de las asociaciones civiles de todo tipo, especialmente los colegios profesionales, los sindicatos, las asociaciones de vecinos y las gremiales, así como establecer políticas transparentes de apoyo a las OSC existentes que demuestren profesionalismo y propongan causas relevantes para la construcción de ciudadanía. Algunos pasos se han dado en esta última dirección con la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, pero la carencia de legislación similar en los estados y la persistencia de prácticas y normas de asignación de fondos públicos a asociaciones civiles 5 Al respecto, véase Olvera, 2003.

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y grupos sociales sobre la base del particularismo y el clientelismo limitan los alcances de dicha ley.6 La experiencia ha indicado que las OSC profesionales aún no tienen el poder político para revertir ese orden de cosas. Por ello mismo la transparencia en la asignación de fondos a grupos sociales en todas las dependencias federales y en todos los ámbitos de gobierno es, obviamente, un primer paso obligado en esta dirección. Otro paso es crear leyes similares o mejores que la ley federal antes mencionada en los estados. Un programa específico debería estar orientado a darle mayor poder y representatividad a los consejos consultivos (que deberán tornarse en consejos gestores) y convertirlos en verdaderos espacios de debate público y de toma de decisiones colegiadas. Pero esto implica una verdadera reforma del Estado, ya que hasta hoy los aparatos del Estado están concebidos como instancias del poder centralizado de los presidentes, gobernadores o presidentes municipales y no como instancias de contacto entre ciudadanos y gobierno. Este problema se expresa en los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno. 6 Véase el excelente trabajo coordinado por Sergio García sobre los fondos federales para proyectos de la sociedad civil, 2003

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Por ejemplo, hay una patente falta de autonomía legal y política de las instancias creadas para el control horizontal del ejercicio del poder. En efecto, las contralorías generales de los estados y la Secretaría de la Función Pública en el plano federal, son instituciones que no pueden cumplir a cabalidad sus funciones debido a la dependencia de sus titulares respecto de los gobernadores o del presidente en turno. Este mismo problema afecta a la Auditoría Superior de la Federación, controlada por el poder Legislativo federal, y a los órganos de fiscalización de los estados, los cuales, de una forma u otra, están también sujetos a los intereses de la clase política y con frecuencia carecen de los recursos necesarios para desarrollar su labor. Una de las reformas principales del Estado debe ser la garantía de la autonomía política efectiva de las contralorías y de los órganos de fiscalización y la creación, dentro de estas instancias, de espacios de participación ciudadana que permitan obligar a esos mismos aparatos a trabajar de acuerdo con sus propias reglas, al mismo tiempo que les otorgan una defensa ciudadana contra los intentos de control y colonización de parte de los gobiernos. El ejemplo internacional más interesante a este respecto es la dupla constituida por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de Colombia.

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Trayectoriattttttttttttt reciente Marcode legal las de OSClas enOSC México, en México retos y perspectivas tttttttttttttttttttttt

Otro ámbito central de una reforma democrática del Estado en su relación con las OSC tiene que ver con las instancias de manejo de las principales políticas públicas y con los procesos de decisión, seguimiento y evaluación de las obras públicas. Al respecto hay mucha experiencia internacional disponible, a la cual se puede recurrir en el proceso de imaginar nuevas leyes e instituciones. Todas ellas deben apuntar en la dirección del combate al particularismo y al clientelismo, los males principales que vician dicha relación, y por tanto, deben garantizar, en la medida de lo posible, la aplicación universal de reglas, la transparencia de los procesos y la duplicidad de los mismos. En este sentido, como se planteó en el foro de discusión de las agendas en la Ciudad de México (2007), es necesario aprovechar los marcos jurídicos existentes que favorecen al fortalecimiento de las OSC y lograr que éstas puedan colocarse como actores públicos, apoyando iniciativas que no necesariamente prevengan de su seno, como la denominada Propuesta Chihuahua” para mejorar los mínimos constitucionales en lo referente al acceso a la información pública, o las iniciativas de Reforma del Estado que están en el Senado de la República. Por otra parte, pueden reglamentarse mejor la com-

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posición y las capacidades de los Consejos de Planeación Municipal o bien, al menos en las ciudades medias y grandes, sustituir estos mecanismos por los actuales Institutos de Planeación Municipal ya existentes en unas 15 ciudades mexicanas.7 Se trata de institutos dotados de una precaria autonomía política cuya función es planear y regular el desarrollo urbano de las ciudades. En casi todos los casos estos institutos cuentan con instancias de participación ciudadana y son más o menos representativos. Si están bien diseñados, otorgan además un papel relevante en la capacidad de decidir sobre los planes de ordenamiento y desarrollo urbanos a las asociaciones ciudadanas existentes. La experiencia demuestra que están sujetos a todo tipo de contingencias políticas, pero lo cierto es que constituyen la forma más promisoria de control institucional de la arbitrariedad de los presidentes municipales, de potencial control de la corrupción en materia de especulación urbana, y de crear espacios públicos deliberativos que no sólo fomenten la transparencia sino también el aprendizaje colectivo. No está por demás mencionar que los institutos, originalmente creados por una tecnocracia de la planificación 7 Sobre estos institutos, véase Quiñones y Olvera, 2006

urbana, fueron pensados como solución al problema de la imposibilidad de la planeación a largo plazo dado el corto ciclo de los gobiernos municipales. Por tanto, la importancia estratégica de esta iniciativa es notable. Así, sumado a una reforma política que permita la reelección o la ampliación del mandato de los presidentes municipales, la elección por parte de la ciudadanía de los miembros del cabildo, la creación y fortalecimiento de los institutos de planeación municipal en las ciudades y de los comités de planeación en los municipios pequeños, se puede revitalizar la vida política local crear una mayor responsabilización tanto de los políticos electos como de los servidores públicos y abrir espacios más auténticos a la participación ciudadana. Otro aspecto decisivo en la creación de una arquitectura democrática que abre espacios a la participación ciudadana se ubica en el campo de las políticas públicas de educación, salud y vivienda. En efecto, tratándose de servicios fundamentales para la población, es necesario pensar que la participación de asociaciones de ciudadanos que, por un lado, representen los intereses de los mismos en el acceso y en el control de la calidad de los servicios y, por otro, proporcionen un conocimiento técnico y una capacidad crítica en el campo específico de

que se trate, pueden crear nuevos espacios públicos que en un momento dado no sólo transparentes los procesos sino asuman capacidades de decisión, de control y de evaluación. En este campo una vez más Brasil aporta el ejemplo relevante de los Consejos Gestores, ya antes mencionados. Sin embargo, el éxito de todas estas propuestas depende de un proceso concomitante: la democratización de las propias OSC. Es difícil luchar por la democratización del Estado sin democratizar las asociaciones, grupos y OSC, que hasta la fecha reproducen, en su mayoría, los vicios del viejo régimen: el particularismo y el centralismo. Sólo de esta manera se podrán enfrentar los dilemas de la representación de los que hemos hablado en la sección teórica, y sólo así podrá adquirirse la fuerza política suficiente para contrarrestar la selectividad política del Estado y su capacidad de exclusión.

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Trayectoriattttttttttttt reciente Marcode legal las de OSClas enOSC México, en México retos y perspectivas tttttttttttttttttttttt BIBLIOGRAFÍA • Claves Teixeira, Ana Claudia (2002), “La actuación de las organizaciones no gubernamentales entre el Estado y la sociedad civil”, en Dagnino, Evelina (coord). Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil, FCE/UNICAMP, México. • Dagnino, Evelina, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi (coord) (2006), La disputa por la construcción democrática en América Latina, FCE/CJESAS/UV, México. • Garcés Lloreda, María Teresa (2006), “La veeduría distrital y la Política Bogotá. Transparente un modelo de control preentivo y de liderazgo ético para una gestión de integridad en el Distrito Capital”, en Isunza Vera, Ernesto, y Alberto J. Olvera (eds), Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social, CIESAS/UV/Miguel Ángel Porrúa, México. • García, Sergio y otros (2003), Fondos federales para apoyar proyectos de las organizaciones de la sociedad civil, cemefi/indesol, México. • Hevia de la Jara, Felipe (2006), “La contraloría social mexicana: participación ciudadana para la rendición de cuentas”, Cuadernos para la Democratización 2, CIESAS/UV, México.

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• Olvera, Alberto J. (ed.) (2003), Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina México, FCE/UV, México. • Panfichi, Aldo, y José Luis Dammert (2006), “Oportunidades y limitaciones de la participación ciudadana en Perú, La Mesa de Concertación en la Lucha contra la Pobreza”, en Dagnino, Evelina, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi (eds). La disputa por la contracción democrática en América Latina, FCE/CIESAS/UV, México. • Quiñonez, Efraín, y Alberto J. Olvera (2006), “Actores políticos y ciudadanos en un espacio de innovación institucional”, ponencia presentada en el VII Encuentro Nacional de Institutos Municipales de Planeación, 2527 de octubre de 2006, Ensenada, B.C., México. • Tatagiba, Luciana (2002), “Los consejos gestores y la democratización de las políticas públicas en Brasil”, en Dagnino, Evelina (coord..), Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil, FCE/UNICAMP, México. • Contraloría General de la República-Colombia (2006), Control social en Colombia; una mirada desde el Control Fiscal, Bogotá, Contraloría Delegada de Participación Ciudadana-Contraloría General de la República.

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NOTAS:

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GUÍA 7

1. ¿Cuáles son los movimientos sociales más recientes en la región y cuáles son las nuevas formas de participación ciudadana?

2. ¿Cómo valoran el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad?

LECTURA 7. Equipo docente del manual. “Formas recientes de participación ciudadana y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)”, Elaboración propia para el Módulo Sociedad Civil en México. México, 2012, .

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FORMAS RECIENTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD (MPJD). Equipo docente del Manual. Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Eduardo Galeano

Trayectoria reciente de las OSC en México, retos y perspectivas tttttttttttttttttttttt

rente a la falta de oficio político y de capacidad de responder a grandes demandas sociales de soberanía energética y alimentaria y apoyo a la producción agrícola nacional, empleo, salud y seguridad ciudadana, durante los años del gobierno de Felipe Calderón, se han multiplicado los movimientos sociales en lucha por sus derechos. Frente a megaproyectos y violaciones a derechos colectivos han nacido diversas organizaciones como la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (comda); el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (mapder), que articula a nivel nacional diversos movimientos locales como a las comunidades y pueblos que luchan contra las presas de La Parota, en Guerrero, el Zapotillo, en Jalisco, Paso de Reina, en Oaxaca, y otros. También se han formado otros movimientos territoriales en defensa de bienes colectivos: Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, en San salvador Atenco; la familia Pasta de Conchos por la búsqueda de sus familiares enterrados por el derrumbe de la mina en 2006; las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y de Mexicana de Aviación, que luchan por recuperar su fuente y derecho al trabajo; o la comunidad de Zimapán, Hidalgo, que lucha contra el basurero tóxico de la trasnacional

Abengoa-Befesa; la lucha de cientos comunidades contra las mineras canadienses a cielo abierto que todo contaminan y que cuentan con privilegios excepcionales; y muchísimas otros movimientos y organizaciones que luchan por sus derechos colectivos y por la revisión del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio. Otro conjunto de movimientos sociales antiguos y nuevos, tales como la Unión Nacional de Trabajadores (unt) y otros antiguos sindicatos, casi todas las organizaciones campesinas del país y organizaciones de la sociedad civil se han aliado en la creación del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas (mpsaedtld), que articula y conjuga diversos movimientos en torno a una propuesta de Reforma Social del estado mexicano, y que ha mantenido complejos procesos de alianza social plural y amplia durante más de 5 años buscando incidir en las políticas públicas a través de una Agenda Nacional consensada en torno a la cual luchar, movilizarse local y nacionalmente y dialogar con los poderes ejecutivo y legislativo, con pocos resultados ante un gobierno que no modifica sus políticas públicas. En 2011, el malestar creciente de la ciudadanía y la multiplicación de los “daños colaterales“ de la guerra de

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Trayectoria reciente de las OSC en México, retos y perspectivas tttttttttttttttttttttt

Calderón contra el crimen organizado, la mayor inseguridad ciudadana, la falta de justicia y la impunidad, fue configurando el clima político y social para que surgiera, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para articular a las víctimas de esta política tan limitada y tan parcial. Este nuevo movimiento que se gestó en 2011 es sin duda heredero de los movimientos obreros, estudiantiles, campesinos, urbano populares, juveniles, de comunidades eclesiales de base, ciudadanos, feministas, ecologistas, indígenas, zapatistas, de las últimas cinco décadas, que cambiaron parcialmente las viejas estructuras de corporativismo y clientelismo que mantuvieron durante 71 años el partido de estado. En él convergen todos los descontentos y se oyen las voces y los reclamos provenientes de los más diversos orígenes, pero cuyo común denominador ha sido dar voz a las víctimas y exigir respuestas claras que no enmascaren en diálogos interminables la falta de voluntad política de cambiar la estrategia de lucha contra el crimen organizado para llevarla hacia las causas profundas del mismo y no sólo a los combates policíaco militares, estilo estadounidense, que son la manifestación última de un estado que no decide ponerse al servicio de toda la ciudadanía. El mo-

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vimiento propone una estrategia integral para abordar la crisis en que la política actual ha sumergido a México: “Los parientes y amigos de las víctimas cuya voz silenció la violencia de un sistema impune y corrupto, han alzado la suya para demandar justicia, para exigir que se castigue a quienes arrebataron la vida de los suyos, o para que se presente vivo, como lo estaba antes de desaparecer, el ser que amaban…” “A fuerza de ser tantas, y tan vehementes, esas voces, las voces de las víctimas a través de los suyos, empiezan a confluir, a encontrarse, a identificarse…1” Y esta voz se manifestó con toda la fuerza que ha nutrido el dolor, paradójicamente, en el silencio de una marcha a la que convocó el poeta Javier Sicilia. Y la voz exigió, con su elocuente silencio, que las cosas ya no pueden seguir así; que nuestro México debe refundarse, debe reencontrar el piso en el que se asentaba y que ha perdido lo que nos ha llevado al punto donde somos todos los mexicanos las víctimas de una violencia criminal e institucional. 1 Pacto Nacional por la Paz, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 10 de junio de 201, p. 1.

En palabras de Javier Sicilia frente al Congreso de la Unión, el 17 de agosto de 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad expresó sus horizontes profundos a los que se habían comprometido tres meses antes diputados y senadores:

2 Idem. p. 2

“juntos podremos establecer una ruta para poner lugares, fechas y procedimientos que nos lleven a encarnar lo que juntos establecimos como agenda en el Alcázar del Castillo de Chapultepec: una Ley de Víctimas y un fondo de apoyo inmediato para ellas, una Comisión de la Verdad, Auditores especiales, Consejeros Ciudadanos en el Consejo de Seguridad, reforma del marco legal que tipifique como delito federal la desaparición

forzada, la creación de un registro nacional de detenciones y desapariciones, la redacción y aprobación de una exhaustiva y profunda Ley que persiga el lavado de dinero… la ampliación de recursos destinados a la educación media superior, a la ciencia y a la cultura, como parte de una política que deberá ser integral para atender a nuestro jóvenes y niños… una Ley de Medios que garantice la libre expresión de la gran pluralidad social y política de México y rompa los monopolios que asfixian nuestra democracia y degradan nuestra cultura, y la urgente atención a las demandas de los pueblos indios…mismas que ni siquiera tendríamos que estar planteando aquí si ustedes, el poder legislativo, hubiera honrado la palabra empeñada por el gobierno y hubiese cumplido los Acuerdos de San Andrés.3”

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“Somos un movimiento en proceso por la Paz con Justicia y Dignidad” hacemos nuestro emplazamiento ético al Estado y Gobierno. Nuestro ser y quehacer tiene un sentido cualitativo por la exigencia de la refundación de nuestro México, desde una perspectiva de transformación y seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos2”

3 Sicilia, Javier (2011). Palabras de Javier Sicilia en el Congreso de la Unión, 17 de agosto de 2011. Se puede consultar el Diario del Congreso.

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En los últimos diez años, las condiciones históricas y materiales de una gran parte de la sociedad civil mexicana, y de los movimientos sociales añejos: indígenas, campesinos, sindicales, feministas, juveniles, ecologistas, y otros, los han llevado a transitar a una estrategia de un “ya basta” que oscila entre la organización y movilización por sus demandas urgentes y estratégicas y el diálogo crítico con los poderes del estado mexicano para buscar apropiarse de parte del estado como bien público. Crece cada día el malestar de la ciudadanía por la escasa sensiblidad de los partidos políticos a los problemas de la gente, por la corrupción, la impunidad, la inseguridad y el desempleo masivo, lo cual en coyunturas electorales lleva a los movimientos ciudadanos a participar manteniendo su autonomía y su voz, elaborando agendas propias y propuestas, presentándolas en diálogos críticos a las y los diferentes candidatos/as y partidos, para que las demandas sociales sean incluídas por todos, como perspectivas de bien público y de interés social, independientemente del voto que no puede ser corporativo sino opción individual de las y los ciudadanos. La participación ciudadana en las organizaciones de la sociedad civil se da mucho más allá de las coyunturas electorales, para contribuir a políticas públicas

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de inclusión, y equidad, transparencia y rendición de cuentas basadas en la exigibilidad y vigencia de todos los derechos humanos, incluido el derecho al voto libre y secreto, más allá de todos los colores políticos y de manera autónoma e independiente de los mismos.

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Trayectoria reciente de las OSC en México, retos y perspectivas tttttttttttttttttttttt

3 GUÍA 8

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MÉXICO Miguel Concha Malo *

1. ¿Cuáles son los 8 motivos, que señala el autor, que

El 8 de febrero pasado, en el antiguo recinto de Xicoténcatl del Senado de la República, se presentó el libro Cambiar México con participación social, trabajos del foro nacional: participación ciudadana en el proyecto de nación, coeditado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl), Siglo XXI y la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales del Senado. La publicación es uno de los frutos del foro mencionado en el subtítulo, organizado por el Centro de Reflexión para la Elaboración de Alternativas (entidad académica perteneciente a la uanl, con el propósito de generar espacios de reflexión en ambientes universitarios y sociales para contribuir a la construcción de alternativas para el proyecto de nación), que tuvo lugar en el marco del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana (entre el 1 de septiembre de 2010 y el 15 de junio de 2011). El programa del Foro contempló la realización de conferencias magistrales impartidas por especialistas de reconocida trayectoria, que ahora integran el libro

hacen necesaria la participación ciudadana hoy, y qué opina el grupo de trabajo sobre ellos?

LECTURA 8. Miguel Concha Malo. “Participación Social en México”, <http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/author/concha/> Sección: Opinión <http://contralinea.info/archivo-revista/ index.php/category/opinion/>, 25 de marzo 2012 .

* Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

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Trayectoria reciente de las OSC en México, retos y perspectivas tttttttttttttttttttttt

bajo la coordinación de la doctora en economía política Esthela Gutiérrez Garza, directora de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la UANL. El documento, en el que se recoge la mayor parte de ese trabajo, indica que México transita por una profunda crisis que abarca varios de los ámbitos de la vida colectiva y que existen grandes brechas entre un pequeño grupo de ricos, frente a más del 50 por ciento de la población pobre. La productividad y competitividad han caído y el medio ambiente y los recursos naturales se agotan por una explotación sin sustentabilidad. Se ha privilegiado el interés privado sobre el colectivo y ha habido un desvanecimiento de la identidad nacional, acentuado también por una política de seguridad que ha dejado a partir de 2007, más de 40 mil muertes (aunque otras estadísticas señalan más de 60 mil). Algunos jóvenes o son cooptados por el crimen organizado o emigran a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, a pesar de que el resultado pueda serles adverso o les ocasione un mayor detrimento. Económicamente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sustentado en un régimen de política neoliberal, ha contribuido al aumento de las exporta-

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ciones. No obstante, el mercado interno no creció, y en lo referente a la parte de la alimentación, dejamos de ser un país que producía para su autoconsumo, para ser uno de dependencia alimentaria. El monopolio de los medios de comunicación, fincado principalmente en dos empresas (Televisa y TV Azteca), ha hecho prevalecer su poder al grado de favorecer a personajes de la vida pública o candidatos de elección popular con propaganda mediática, capaces también de doblegar la voluntad de representantes populares y altos servidores públicos, en menoscabo de los intereses nacionales. No obstante, y a pesar de las vicisitudes, la participación social ha sido fundamental para oponerse a los embates, en algunas ocasiones del gobierno y en otras de los poderes fácticos. Así lo recoge la historia de los grandes momentos de transición del país, durante el movimiento de Independencia, la Reforma e incluso, la Revolución Mexicana y en la época actual. Durante la Independencia se peleó por la liberación de los lazos coloniales con España y el inicio del proceso de la construcción nacional. En el movimiento de la Reforma, México se constituyó como un Estado republicano, laico, federal, liberal y democrático y buscó reducir el poder

de todas las corporaciones económicas existentes. El movimiento revolucionario de 1910 hubiera sido un fracaso de no ser por la administración del entonces presidente Lázaro Cárdenas, que con una visión estadista optó por una economía de Estado, como contrapeso al capital extranjero. En los tiempos posrevolucionarios y ante la lucha social, hubo también represión contra los maestros en la década de 1940; los ferrocarrileros en la de 1950; y los médicos en la de 1960; y se dio además la más sangrienta del régimen del entonces partido hegemónico, el asesinato de estudiantes del movimiento de 1968. La sociedad y su participación han estado presentes en las transiciones del poder, al buscar generarlas o al luchar contra el continuismo. A veces, incluso, con la opción de morir por éstas. El ensayo “Los actores de la participación ciudadana”, de Alicia Ziccardi, investigadora y doctora en economía del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que la participación es un componente esencial de la democracia, como forma de organización social y de gobierno. La participación permite concretar el ejercicio de la ciudadanía en diferentes dimensiones: la ciudadanía civil asociada a

derechos propios de la libertad individual, la ciudadanía política que se sustenta bajo principios de la democracia liberal y la ciudadanía social frente a los derechos que el Estado le debería garantizar. Quienes participan son movimientos sociales, organizaciones ecológicas, de derechos humanos, sindicatos, agrupaciones políticas, jóvenes, profesionistas y organizaciones no gubernamentales, entre otras. A pesar de que existe una participación social real, en la actualidad quedan retos que aún deben cubrirse y ser inmediatos; por ejemplo, alentar y garantizar la pluralidad de voces, opiniones e informaciones. De entre algunos de los motivos que hacen necesaria la participación social, destacamos:

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1. El principal problema de México no es económico sino político, lo que hace que haya una burocratización de las instituciones y en algunos casos opacidad y corrupción; y que los proyectos de supuesta modernización terminen por beneficiar sólo a quienes los proponen, lo que genera desigualdad y conflicto social. Para que la democracia no sea una máscara anticipada del autoritarismo, ésta debe ser funcional y tener como origen y destino a la población.

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Trayectoria reciente de las OSC en México, retos y perspectivas tttttttttttttttttttttt

2. Cuando los poderes fácticos influyen de forma determinante en los ámbitos económico, político y social para crear una democracia disfuncional, sólo la participación social puede introducir, desde la legalidad y legitimidad, medidas correctivas.

3. La política neoliberal ha sido un fracaso evidente. Contrario a la defensa de los intereses nacionales, México no ha progresado como sí lo han hecho China, Corea, Japón, India, Brasil y Chile, en los últimos 10 años. Lo cual deja en claro que la política neoliberal en el país ha sido un fracaso, porque si bien el Estado no puede resolver todos los problemas sociales, el mercado tampoco. Hay que dar paso a las propuestas de la sociedad civil.

4. Los mexicanos debemos construir un Estado socialmente responsable y un mercado bien regulado, en el que la ley y su aplicación sean instrumentos que fomenten la eficacia, productividad y equidad; desarrollo sustentable y de la sociedad del conocimiento.

5. El desarrollo sustentable involucra a todos los sectores de la sociedad en un diálogo constructivo, en el que las diferencias características de los distintos grupos sociales puedan plantearse con respeto y apertura

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para alcanzar consensos. Que forme además parte de nuestra vasta historia cultural y tenga el potencial de conducir la transformación de las estructuras económicas, al robustecer eficazmente las instituciones en un marco de amplia participación ciudadana que fortalezca la capacidad de gobernar. Nada será viable si no se fortalecen las instituciones, el estado de derecho y la paz social.

6. México es un país con una gran riqueza cultural. Medio propicio para la formación de liderazgos verdaderos y organizaciones ciudadanas comprometidas, que desde la política conciban un proyecto nacional que genere de nuevo la esperanza social.

7. La educación sigue siendo la apuesta para que millones de jóvenes se formen y adquieran valores que les permitan participar en el desarrollo humano y la generación de un crecimiento económico sustentable, que se vea reflejado en una calidad de vida.

8. Es fundamental afirmar el compromiso irrestricto con los derechos humanos.

El gobierno de México está dilapidando la oportunidad histórica de contar con una población mayoritariamente joven, en la cima de su edad productiva. No utilizarla con provecho e inteligencia será razón de futuros pauperismos

y problemáticas. Por lo que es necesario reinventar un futuro colectivo. No debemos ser testigos vivientes de un país que se nos muere.

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B4.

MARCO LEGAL de las

OSC EN MÉXICO

Marco legal de las OSC en MĂŠxico ttttttttttttt

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OBJETIVO GENERAL

Conocer y apropiarse del marco legal y normativo que rige el quehacer de las OSC en México.

TEM A 1

Formas de asociación reconocidas por la ley. OBJETIVOS: Reconocer diferentes formas de asociación en México. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Trabajo en grupos por interés en tipo de asociación, contrastando ventajas y desventajas de las figuras asociativas, a partir de la revisión de la sinópsis sobre las mismas. Plenario de presentación de sus análisis y complementación por parte del docente. APOYOS DIDÁCTICOS: Cuadro de figuras asociativas, hojas de rotafolio, pizarrón y marcadores.

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DEFINICIÓN

Marco legal de las OSC en México ttttttttttttt ASOCIACIÓN CIVIL

SOCIEDAD CIVIL

SOCIEDAD COOPERATIVA

Asociación de que convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no está prohibido por la Ley y que no tenga carácter preponderantemente económico.

Asociación de individuos que se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de realización preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Se define el que pretenda realizar pero no debe ser para especulación comercial.

Asociación de individuos de la clase trabajadora que aportan su trabajo personal (Cooperativa de Producción), se aprovisionen a través de la sociedad o utilicen los servicios que ésta distribuye (Cooperativa de Consumo)

Se define que se pretenda realizar, que no esté prohibido por la Ley y que no tenga carácter lucrativo. No distribuye remanentes, en caso de disolución otorgará sus bienes a otra.

Se define el que pretenda realizar de acuerdo al tipo de cooperativa (Producción o de Consumo), sin que exista prohibición de realizar operaciones mercantiles.

REQUISITOS

Se requiere permiso previo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Acta Constitutiva y los Estatutos se protocolizan ante un notario público y se inscriben en el Registro Público de la Propiedad.

Se requiere permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Acta y Bases Constitutivas previa certificación de firmas, se registran en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y se inscriben en el Registro Nacional de Cooperativas.

INTEGRANTES

En la práctica, la Dir. Gral.de Fomento Cooperativo (STPS) impone sus formatos de objeto social.

Se requieren dos o mas personas.

Se requieren dos o mas personas físicas.

Se requieren 10 personas mínimo.

Cuadro comparativo de algunas Figuras Asociativas tttttttttttttttttt SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA

Se requiere permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Acta y Bases Constitutivas previa certificación de firmas se registrarán en la Secretaria de la Reforma Agraria, tratándose de industrias rurales, y se inscriben en el Registro Agrario Nacional o en la Sría. del Trabajo y Previsión Social en los demás casos.

Se requiere presentar un escrito ante la Junta de Asistencia Privada de la entidad, con los datos de quienes van a formar la institución, su objeto y sus actividades, además de identificar en forma pormenorizada el patrimonio inicial dedicado a crear y a sostener la institución, así como las bases generales de su administración.

Se requieren 15 personas físicas mínimo, deben ser mexicanas, en especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, parvifundistas y personas que tengan derecho al trabajo.

Se tienen que definir las personas que vayan a fungir como patronos, o quiénes integrarán los órganos que las representen y administren. El patronato deberá estar integrado por un mínimo de cinco miembros, salvo cuando sea ejercido por el propio fundador.

Marco legal de las OSC en México ttttttttttttt

RÉGIMEN FISCAL

ASOCIACIÓN CIVIL Son sujetos del Impuesto Sobre la Renta a excepción de las que se dediquen a la enseñanza con autorización de la Secretaría de Educación Pública, las que tengan fines científicos, políticos, religiosos, culturales, deportivos, tecnológicos, las que lleven a cabo actividades similares a las de asistencia o beneficencia (que tengan autorización para recibir donativos deducibles) y las que su objeto sea administrar fondos o cajas de ahorro.

OTROS REQUISITOS

Son sujetos de impuestos al activo (exentas las que no pagan Impuestos Sobre la Renta).

Únicamente para la autorización del nombre e inserción de la cláusula de Extranjería.

SOCIEDAD CIVIL

SOCIEDAD COOPERATIVA

Son sujetos del Impuesto Sobre la Renta a excepción de las que se dediquen a la enseñanza con autorización de la Secretaría de Educación Pública, las que tengan fines científicos, políticos, religiosos, culturales, deportivos, tecnológicos, las que lleven a cabo actividades similares a las de asistencia o beneficencia (que tengan autorización para recibir donativos deducibles) y las que su objeto sea administrar fondos o cajas de ahorro.

Exentas de Impuesto Sobre la Renta las de Consumo (Las Cooperativas de Vivienda son de Consumo).

Son sujetos del impuesto al activo (exentas las que no pagan Impuesto Sobre la Renta).

Únicamente para la autorización del nombre e inserción de la cláusula de Extranjería.

La S.T.P.S.: Autoriza su funcionamiento y las registra. Dictamina todo el funcionamiento y operaciones de la cooperativa (acuerdos de consejo, comisiones y asamblea general, contabilidad, etc.) Revocar autorización de funcionamiento. La dependencia fomentadora (SEDUE, SCT, SECOFIN, etc.), emiten dictamen de viabilidad al cual se sujeta la autorización para su constitución.

Cuadro comparativo de algunas Figuras Asociativas tttttttttttttttttt SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL Se deduce que son contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta. Discrecionalmente el Ejecutivo podr谩 otorgar, estimular, franquicias o subsidios mediante disposiciones concretas para cada sociedad.

La Secretar铆a respectiva: Autoriza su funcionamiento y las registra. Puede convocar a Asamblea General para regular el funcionamiento. Puede obtener informaci贸n sobre funcionamiento o actividades. Vigila el patrimonio social y el fondo de solidaridad. Revoca la autorizaci贸n de funcionamiento.

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Se rigen por la Ley Federal de Asistencia Privada.

Marco legal de las OSC en México ttttttttttttt SOCIEDAD COOPERATIVA

MARCO JURÍDICO

SOCIEDAD CIVIL

Código Civil, artículos 2670 a 2687

PATRIMONIO

ASOCIACIÓN CIVIL

No se requiere capital mínimo para su constitución.

Se requiere capital para su constitución pero no se establece mínimo.

La calidad de socio es transmisible a familiares en caso de muerte.

Los socios que se separen pierden todo derecho al haber social.

Es adecuada para los prestadores de servicios.

Los socios deben suscribir por lo menos un certificado de aportación.

La calidad de socio es intransferible.

El contrato social solo puede modificarse por decisión unánime de los socios.

Funciona sobre principios de igualdad en derechos y obligaciones de sus miembros.

Código Civil, artículos 2688 al 2735.

Acta Constitutiva.

Acta Constitutiva

Artículos 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Estatutos.

Estatutos

Ley General de Sociedades Cooperativas. Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Reglamento del Registro Cooperativo Nacional. Bases Constitutivas.

Los votos son computados en relación con las cantidades aportadas.

Los socios que salgan de la cooperativa tienen derecho a que se les devuelva el importe de sus certificados de aportación o la cuota que proporcionalmente les corresponda. Tiene obligación de pertenecer a la Confederación Nacional de Cooperativas.

Cuadro comparativo de algunas Figuras Asociativas tttttttttttttttttt SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL Ley de Sociedades de Solidaridad Social. Bases Constitutivas. Estatutos.

El patrimonio social inicial se integra con las aportaciones de cualquier naturaleza que los socios efectúen. El patrimonio queda afectado en forma irrevocable a los fines sociales. No pueden contratar asalariados. La calidad de socio es transmisible a familiares en caso de muerte.

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Las IAP se regulan a través de la junta de asistencia privada en donde están clarificadas las disposiciones que se aplican a cada caso que se incorpora en esta figura jurídica.

Los donativos que reciban las instituciones requerirán autorización previa del Consejo Directivo de la Junta cuando sean onerosos o condicionales. En los demás casos, las instituciones deberán informar a la Junta de la donación recibida, al presentar su informe periódico. Los donativos, herencias o legados que se destinen a la asistencia privada en general, serán recibidos por la Junta y será el Consejo Directivo, quien determine a cuál, o cuáles, instituciones de Asistencia privada serán destinados. La persona que quiera hacer un donativo oneroso o condicional a una institución, lo manifestará por escrito al patronato de la misma para que ésta lo haga del conocimiento de la Junta. Una vez concedida la autorización a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, la institución lo hará del conocimiento del donante por escrito, para que quede perfeccionada la donación sin perjuicio de que se cumplan las formalidades establecidas en el Código Civil.

Salazar, Ana María; Godoy, Ernestina y Luengas, Claudia

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TEM A 2

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC). OBJETIVO: Reconocer la historia alcances y retos de la LFFAROSC y analizar las partes sustantivas. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Dejar la lectura de la Ley desde el día anterior. Video de Convergencia de Organismo Civiles por la Democracia. Revisión en grupos de la Ley: Actividades objeto de fomento, Comisión de Fomento, Consejo Técnico Consultivo, Registro. Plenaria, discusión para ubicar retos. Power point. Opcional: Dinámica de canasta revuelta (Guía 9). APOYOS DIDÁCTICOS: Presentación en power point “Pasado y futuro de la LFFAROSC” de Rafael Reygadas y Carlos Zarco. Video sobre la Ley o fragmentos de teleconferencia sobre el módulo en 2011. La Ley de Fomento, retos participativos para la democracia. Cañón, pizarrón, rotafolios y marcadores.

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GUÍA 9 Dinámica de “Canasta Revuelta”.

Sugerencias de preguntas:

Las y los participantes se forman en círculo con sus respectivas sillas o de pie. La o el coordinador queda al centro, de pie. En el momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡ Piña!, la persona señalada debe responder el nombre del compañero que esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda . Si se equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, se le hace una pregunta sobre La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (a continuación ver sugerencias de preguntas). Si responde bien se salva si no pasa al centro y el coordinador/a o quien este al centro ocupa su lugar. En el momento que se diga ¡Canasta revuelta !, todos cambiarán de asiento o lugar, quien está al centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro compañero al centro.

1. Señala tres objetos principales de esta Ley. 2. Quién puede beneficiarse de esta Ley 3. Señala cinco actividades de las organizaciones

LECTURA 9. Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

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de la sociedad civil que son objeto de fomento de esta Ley.

4. Señala tres derechos que la ley otorga a las organizaciones de la sociedad civil.

5. Señala tres obligaciones que tienen las organizaciones de la sociedad civil según la Ley de Fomento.

6. ¿Quién es la autoridad encargada de facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades que establece la Ley?

7. ¿Quiénes conforman la Comisión de Fomento? 8. En qué consiste el Registro Federal de las organizaciones de la sociedad civil.

9. ¿Qué requisitos debe cumplir una organización para registrarse?

10. ¿Qué es el Consejo Técnico Consultivo? 11. ¿Quiénes conforman el Consejo Técnico Consultivo?

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LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (Incluye reformas del 5 de Agosto de 2011 resaltadas en azul).

ARTÍCULO ÚNICO Se expide la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue: LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: I. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil señaladas en el artículo 5 de esta ley; II. Establecer las facultades de las autoridades que la aplicarán y los órganos que coadyuvarán en ello;

III. Determinar las bases sobre las cuales la Administración Pública Federal fomentará las actividades a que se refiere la fracción I de este artículo;

lectura 9

IV. Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con los requisitos que esta ley establece para ser objeto de fomento de sus actividades, y V. Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias, en lo relativo a las actividades que señala el artículo 5 de la misma. Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por: a) Autobeneficio: bien, utilidad o provecho que obtengan los miembros de una organización de la sociedad o sus familiares hasta cuarto grado civil, mediante la utilización de los apoyos y estímulos públicos que le hayan sido otorgados para el cumplimiento de los fines de la organización;

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b) Beneficio mutuo: bien, utilidad o provecho provenientes de apoyos y estímulos públicos que reciban, de manera conjunta, los miembros de una o varias organizaciones y los funcionarios públicos responsables y que deriven de la existencia o actividad de la misma; c) Comisión: la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil; d) Consejo: el Consejo Técnico Consultivo; e) Dependencias: unidades de la Administración Pública Federal Centralizada; f) Entidades: los organismos, empresas y fideicomisos de la Administración Pública Federal Paraestatal; g) Organizaciones: las personas morales a que se refiere el artículo 3 de esta ley; h) Redes: agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre sí, prestan servicios de apoyo a otras para el cumplimiento de su objeto social y fomentan la creación y asociación de organizaciones, y i) Registro: el Registro Federal de Organizaciones en el que se inscriban las organizaciones de la sociedad civil que sean objeto de fomento.

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Artículo 3. Podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta ley, todas las agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades a que se refiere el artículo 5 de la presente ley y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en otras disposiciones legales. Artículo 4. Las organizaciones de la sociedad civil que constituyan los capítulos nacionales de organizaciones internacionales que cumplan con lo establecido en el artículo 3, podrán gozar de los derechos que la misma establece, siempre que sus órganos de administración y representación estén integrados mayoritariamente por ciudadanos mexicanos. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, las organizaciones internacionales deberán inscribirse en el Registro y señalar domicilio en el territorio nacional. Las organizaciones de la sociedad civil constituidas conforme a las leyes extranjeras, previo cumplimiento de las disposiciones correspondientes del Código Civil Federal, que realicen una o más de las actividades cuyo fomento tiene por objeto esta ley, gozarán de los derechos

que derivan de la inscripción en el Registro, con exclusión de los que se establecen en las fracciones II a VIII y XI del artículo 6 y del 25, reservados a las organizaciones constituidas conforme a las leyes mexicanas.

CAPÍTULO SEGUNDO De las Organizaciones de la Sociedad Civil. Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes: I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y en la Ley General de Salud;

lectura 9

II. Apoyo a la alimentación popular; III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público; IV. Asistencia jurídica; V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; VI. Promoción de la equidad de género; VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con capacidades diferentes; VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario; IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos; X. Promoción del deporte;

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XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias;

Artículo 6. Para los efectos de esta ley, las organizaciones de la sociedad civil tienen los siguientes derechos:

XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales;

I. Inscribirse en el Registro;

XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico; XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular; XV. Participación en acciones de protección civil; XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley, y XVII. Las que determinen otras leyes.

II. Participar, conforme a la Ley de Planeación y demás disposiciones jurídicas aplicables, como instancias de participación y consulta; III. Integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la Administración Pública Federal, en las áreas vinculadas con las actividades a que se refiere el artículo 5 de esta ley, y que establezcan o deban operar las dependencias o entidades; IV. Participar en los mecanismos de contraloría social que establezcan u operen dependencia y entidades, de conformidad con la normatividad jurídica y administrativa aplicable; V. Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para fomento de las actividades previstas en el artículo 5 de esta ley, establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; VI. Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos, que establezcan las disposiciones jurídicas en la materia;

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VII. Recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y demás ordenamientos aplicables;

VIII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los convenios que al efecto se celebren, en la prestación de servicios públicos relacionados con las actividades previstas en el artículo 5 de esta ley; IX. Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de los convenios o tratados internacionales y que estén relacionados con las actividades y finalidades previstas en esta ley, en los términos de dichos instrumentos; X. Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y entidades para el mejor cumplimiento de su objeto y actividades, en el marco de los programas que al efecto formulen dichas dependencias y entidades; XI. Participar, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y procesos que realicen las dependencias y entidades, en relación con las actividades a que se refiere el artículo 5 de esta ley, y XII. Ser respetadas en la toma de las decisiones relacionadas con sus asuntos internos.

Artículo 7. Para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública Federal, dirigidos al fomento de las actividades que esta ley establece, las organizaciones de la sociedad civil tienen, además de las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes obligaciones: I. Estar inscritas en el Registro;

lectura 9

II. Haber constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de representación; III. Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados; IV. Proporcionar la información que les sea requerida por autoridad competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras o de ambas, patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban; V. Informar anualmente a la Comisión sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación financiera, contable y patrimonial, que reflejen en

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forma clara su situación y, especialmente, el uso y resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento, para mantener actualizado el Sistema de Información y garantizar así la transparencia de sus actividades; VI. Notificar al Registro de las modificaciones a su acta constitutiva, así como los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la modificación respectiva; VII. Inscribir en el Registro la denominación de las Redes de las que forme parte, así como cuando deje de pertenecer a las mismas; VIII. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a otra u otras organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el Registro. La organización que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quién transmitirá dichos bienes; IX. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social; X. Promover la profesionalización y capacitación de sus integrantes;

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XI. No realizar actividades de proselitismo partidista o electoral; XII. No realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos, y XIII. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de beneficiarios. Artículo 8. Las organizaciones de la sociedad civil no podrán recibir los apoyos y estímulos públicos previstos en esta ley cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos:

I. Exista entre sus directivos y los servidores públicos, encargados de otorgar o autorizar los apoyos y estímulos públicos, relaciones de interés o nexos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, o sean cónyuges, y

II. Contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de parentesco con los directivos de la organización, ya sea por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado.

Artículo 9. Las organizaciones de la sociedad civil que con los fines de fomento que esta ley establece, reciban apoyos y estímulos públicos, deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia. Las organizaciones que obtengan recursos económicos de terceros o del extranjero, deberán llevar a cabo las operaciones correspondientes conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional o, cuando así proceda, con base en los tratados y acuerdos internacionales de los que el país sea parte.

CAPÍTULO TERCERO De las Autoridades y las Acciones de Fomento Artículo 10. El Ejecutivo Federal constituirá la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades establecidas en el artículo 5 de esta ley. La Comisión se conformará por un representante, con rango de subsecretario u homólogo, al menos, de cada una de las siguientes dependencias:

lectura 9

I. Secretaría de Desarrollo Social; II. Secretaría de Gobernación; III. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y IV. Secretaría de Relaciones Exteriores. Las demás dependencias o entidades de la Administración Pública Federal participarán a invitación de la Comisión, cuando se traten asuntos de su competencia. La Secretaría Técnica estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Esta dependencia tendrá la facultad de interpretación de esta ley, para efectos administrativos.

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Artículo 11. Para el cumplimiento de su encargo, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: I. Definir las políticas públicas para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil; II. Realizar la evaluación de las políticas y acciones de fomento de las actividades que señala la presente ley; III. Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado para mejorar las políticas públicas relacionadas con las actividades señaladas en el artículo 5 de esta ley; IV. Conocer de las infracciones e imponer sanciones correspondientes a las organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en el capítulo IV de esta ley; V. Expedir su reglamento interno, y VI. Las demás que le señale la ley.

Artículo 12. La Secretaría de Desarrollo Social será la encargada de coordinar a las dependencias y entidades para la realización de las actividades de fomento a que se refiere la presente ley, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades. Artículo 13. Las dependencias y las entidades, para garantizar el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 6, fomentarán las actividades de las organizaciones mediante una o varias de las siguientes acciones: I. Otorgamiento de apoyos y estímulos para los fines de fomento que correspondan, conforme a lo previsto por esta ley y las demás disposiciones legales y administrativas aplicables; II. Promoción de la participación de las organizaciones en los órganos, instrumentos y mecanismos de consulta que establezca la normatividad correspondiente, para la planeación, ejecución y seguimiento de políticas públicas; III. Establecimiento de medidas, instrumentos de información, incentivos y apoyos en favor de las organizaciones, conforme a su asignación presupuestal;

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IV. Concertación y coordinación con organizaciones para impulsar sus actividades, de entre las previstas en el artículo 5 de esta ley; V. Diseño y ejecución de instrumentos y mecanismos que contribuyan a que las organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplan con las obligaciones que esta ley establece; VI. Realización de estudios e investigaciones que permitan apoyar a las organizaciones en el desarrollo de sus actividades;

El informe respectivo, consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluirá como un apartado específico del Informe Anual que rinde el Ejecutivo al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública, con base en las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, de Transparencia y Acceso a la Información, de Fiscalización Superior de la Federación y demás leyes aplicables.

lectura 9

VII. Celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto de que éstos contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta ley, y VIII. Otorgamiento de los incentivos fiscales previstos en las leyes de la materia. Artículo 14. La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberá elaborar y publicar un Informe Anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados a favor de organizaciones de la sociedad civil que se acojan a esta ley.

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CAPÍTULO CUARTO Del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información Artículo 15. Se crea el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión, y se auxiliará por un Consejo Técnico Consultivo. Artículo 16. El Registro tendrá las funciones siguientes: I. Inscribir a las organizaciones que soliciten el registro, siempre que cumplan con los requisitos que establece esta ley; II. Otorgar a las organizaciones inscritas la constancia de registro; III. Establecer un Sistema de Información que identifique, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de esta ley, las actividades que las organizaciones de la sociedad civil realicen, así como los requisitos a que se refiere el artículo 18, con el objeto de garantizar que las dependencias y entidades cuenten con los elementos necesarios para dar cumplimiento a la misma;

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IV. Ofrecer a las dependencias, entidades y a la ciudadanía en general, elementos de información que les ayuden a verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta ley por parte de las organizaciones y, en su caso, solicitar a la Comisión la imposición de las sanciones correspondientes; V. Mantener actualizada la información relativa a las organizaciones a que se refiere esta ley; VI. Conservar constancias del proceso de registro respecto de aquellos casos en los que la inscripción de alguna organización haya sido objeto de rechazo, suspensión o cancelación, en los términos de esta ley; VII. Permitir, conforme a las disposiciones legales vigentes, el acceso a la información que el Registro tenga; VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que le correspondan y que estén establecidas en la presente ley; IX. Hacer del conocimiento de la autoridad competente, la existencia de actos o hechos que puedan ser constitutivos de delito; X. Llevar el registro de las sanciones que imponga la Comisión a las organizaciones de la sociedad civil, y

XI. Los demás que establezca el Reglamento de esta ley y otras disposiciones legales. Artículo 17. Los módulos para el trámite de inscripción deberán ser operados únicamente por el Registro. Artículo 18. Para ser inscritas en el Registro, las organizaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: I. Presentar una solicitud de registro; II. Exhibir su acta constitutiva en la que conste que tienen por objeto social, realizar alguna de las actividades consideradas objeto de fomento, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de esta ley; III. Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que destinarán los apoyos y estímulos públicos que reciban, al cumplimiento de su objeto social; IV. Estipular en su acta constitutiva o en sus estatutos, que no distribuirán entre sus asociados remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciban y que en caso de disolución, transmitirán los bienes obtenidos con dichos apoyos y estímulos, a otra u otras organizaciones cuya inscripción en el Registro

se encuentre vigente, de acuerdo con lo previsto en la fracción VIII del artículo 7 de esta ley; V. Señalar su domicilio legal; VI. Informar al Registro la denominación de las Redes de las que formen parte, así como cuando deje de pertenecer a las mismas, y VII. Presentar copia simple del testimonio notarial que acredite la personalidad y ciudadanía de su representante legal.

lectura 9

Artículo 19. El Registro deberá negar la inscripción a las organizaciones que quisieran acogerse a esta ley sólo cuando:

I. No acredite que su objeto social consiste en realizar alguna de las actividades señaladas en el artículo 5 de esta ley;

II. Exista evidencia de que no realiza cuando menos alguna actividad listada en el artículo 5 de la presente ley; III. La documentación exhibida presente alguna irregularidad, y IV. Exista constancia de que haya cometido infracciones graves o reiteradas a esta ley u otras disposiciones jurídicas en el desarrollo de sus actividades.

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Artículo 20. El Registro resolverá sobre la procedencia de la inscripción en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de que reciba la solicitud. En caso de que existan insuficiencias en la información que consta en la solicitud, deberá abstenerse de inscribir a la organización y le notificará dicha circunstancia otorgándole un plazo de treinta días hábiles para que las subsane. Vencido el plazo, si no lo hiciere, se desechará la solicitud. Artículo 21. La administración y el funcionamiento del Registro se organizarán conforme al Reglamento interno que expida la Comisión. Artículo 22. El Sistema de Información del Registro funcionará mediante una base de datos distribuida y compartida entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relacionadas con las actividades señaladas en el artículo 5. Artículo 23. En el Registro se concentrará toda la información que forme parte o se derive del trámite y gestión respecto de la inscripción de las organizaciones en el mismo. Dicha información incluirá todas las acciones de fomento que las dependencias o entidades emprendan con relación a las organizaciones registradas.

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Artículo 24. Todas las dependencias y entidades, así como las organizaciones inscritas, tendrán acceso a la información existente en el Registro, con el fin de estar enteradas del estado que guardan los procedimientos del mismo. Aquellas personas que deseen allegarse de información establecida en el Registro, deberán seguir el procedimiento a que se refiere el Capítulo III del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Artículo 25. Las dependencias y entidades que otorguen apoyos y estímulos a las organizaciones con inscripción vigente en el Registro, deberán incluir en el Sistema de Información del Registro lo relativo al tipo, monto y asignación de los mismos.

CAPÍTULO QUINTO Del Consejo Técnico Consultivo Artículo 26. El Consejo es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la aplicación y cumplimiento de esta ley, así como concurrir anualmente con la Comisión para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Artículo 27. El Consejo estará integrado de la siguiente forma: I. Un servidor público que designe la Comisión, quien lo presidirá; II. Nueve representantes de organizaciones, cuya presencia en el Consejo será por tres años, renovándose por tercios cada año. La Comisión emitirá la convocatoria para elegir a los representantes de las organizaciones inscritas en el Registro, en la cual deberán señalarse los requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, membresía y desempeño de las organizaciones;

III. Cuatro representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural; la Comisión emitirá las bases para la selección de estos representantes; IV. Dos representantes del Poder Legislativo Federal, uno por cada Cámara, cuyo desempeño legislativo sea afín a la materia que regula esta ley, y V. Un Secretario Ejecutivo, designado por el Presidente del Consejo con base en la terna propuesta por los integrantes del mismo.

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Artículo 28. El Consejo sesionará ordinariamente en pleno por lo menos dos veces al año, y extraordinariamente, cuando sea convocado por su Presidente o por un tercio de los miembros del Consejo. La Secretaría Técnica proveerá de lo necesario a todos los integrantes del Consejo para apoyar su participación en las reuniones del mismo. Artículo 29. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las funciones siguientes: I. Analizar las políticas del Estado mexicano relacionadas con el fomento a las actividades señaladas en el artículo 5 de esta ley, así como formular opiniones y propuestas sobre su aplicación y orientación;

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II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas del Estado mexicano señaladas en la anterior fracción; III. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones; IV. Sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones; V. Coadyuvar en la aplicación de la presente ley; VI. Emitir recomendaciones para la determinación de infracciones y su correspondiente sanción, en los términos de esta ley, y VII. Expedir el Manual de Operación conforme al cual regulará su organización y funcionamiento.

CAPÍTULO SEXTO De las Infracciones, Sanciones y Medios de Impugnación Artículo 30. Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere y que se acojan a ella: I. Realizar actividades de autobeneficio o de beneficio mutuo; II. Distribuir remanentes financieros o materiales provenientes de los apoyos o estímulos públicos entre sus integrantes; III. Aplicar los apoyos y estímulos públicos federales que reciban a fines distintos para los que fueron autorizados; IV. Una vez recibidos los apoyos y estímulos públicos, dejar de realizar la actividad o actividades previstas en el artículo 5 de esta ley; V. Realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados que impliquen proselitismo político, a favor o en contra, de algún partido o candidato a cargo de elección popular; VI. Llevar a cabo proselitismo de índole religioso; VII. Realizar actividades ajenas a su objeto social;

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VIII. No destinar sus bienes, recursos, intereses y productos a los fines y actividades para los que fueron constituidas; IX. Abstenerse de entregar los informes que les solicite la dependencia o entidad competente que les haya otorgado o autorizado el uso de apoyos y estímulos públicos federales; X. No mantener a disposición de las autoridades competentes, y del público en general, la información de las actividades que realicen con la aplicación de los apoyos y estímulos públicos que hubiesen utilizado; XI. Omitir información o incluir datos falsos en los informes; XII. No informar al Registro dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la decisión respectiva, sobre cualquier modificación a su acta constitutiva o estatutos, o sobre cualquier cambio relevante en la información proporcionada al solicitar su inscripción en el mismo, y XIII. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los términos de la presente ley.

Artículo 31. Cuando una organización de la sociedad civil con registro vigente cometa alguna de las infracciones a que hace referencia el artículo anterior, la Comisión, a través de la Secretaría Técnica, impondrá a la organización, según sea el caso, las siguientes sanciones: I. Apercibimiento: en el caso de que la organización haya incurrido por primera vez en alguna de las conductas que constituyen infracciones conforme a lo dispuesto por el artículo anterior, se le apercibirá para que, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, subsane la irregularidad;

lectura 9

II. Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 30 de esta ley; se multará hasta por el equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; III. Suspensión: por un año de su inscripción en el Registro, contado a partir de la notificación, en el caso de reincidencia con respecto a la violación de una obligación establecida por esta ley, que hubiere dado origen ya a una multa a la organización, y

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IV. Cancelación definitiva de su inscripción en el Registro: en el caso de infracción reiterada o causa grave. Se considera infracción reiterada el que una misma organización que hubiese sido previamente suspendida, se hiciera acreedora a una nueva suspensión, sin importar cuáles hayan sido las disposiciones de esta ley cuya observancia hubiere violado. Se considera como causa grave incurrir en cualquiera de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 30 de la presente ley. Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de que una organización sea sancionada con suspensión o cancelación definitiva de la inscripción, la Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, deberá dar aviso, dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación de la sanción, a la autoridad fiscal correspondiente, a efecto de que ésta conozca y resuelva de acuerdo con la normatividad vigente, respecto de los beneficios fiscales que se hubiesen otorgado en el marco de esta ley.

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Artículo 32. En contra de las resoluciones que se dicten conforme a esta ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, procederán los medios de impugnación establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. La Comisión a que hace referencia el artículo 10 deberá quedar conformada dentro de los 30 días hábiles siguientes a que entre en vigor esta ley. TERCERO. El Ejecutivo Federal deberá expedir el reglamento de esta ley, en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. CUARTO. Para efectos de la inscripción de las organizaciones a que se refiere el Capítulo Cuarto de esta ley, el Registro deberá conformarse e iniciar su operación dentro de los 120 días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley. QUINTO. La integración e instalación del Consejo deberá llevarse a cabo por la Comisión, dentro de los 180 días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de este ordenamiento. SEXTO. Por primera y única ocasión, para la instalación e integración del Consejo a que se refiere el artículo 26, los consejeros representantes de las organizaciones serán

invitados mediante un procedimiento de insaculación, en tres grupos de tres personas cada uno, que llevará a cabo la Comisión a que se refiere el artículo 9 de esta ley, de entre las propuestas que hagan las propias organizaciones. También por única ocasión, el primer grupo durará en su encargo un año, el segundo grupo dos años y el tercer grupo tres años, para que después sea renovado un tercio cada año por un periodo de tres de duración. México, D.F., a 15 de diciembre de 2003.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Yolanda E. González Hernández, Secretario.- Dip. Amalín Yabur Elías, Secretaria.- Rúbricas.” En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de enero de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

lectura 9

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TEM A 3

Marco fiscal de las OSC en México. OBJETIVO: Conocer y analizar criticamente el marco fiscal que aplica para las OSC. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Análisis sobre LISR y el IETU y valoración del carácter de las donatarias autorizadas. Lectura en grupos, comentando de que manera el marco fiscal favorece o dificulta el trabajo cotidiano de las OSC. Plenaria de socialización y aclaración de dudas. APOYOS DIDÁCTICOS: Lectura 10, 11 y 12.

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LECTURA 10. Rafael Reygadas Robles Gil, Ana María Salazar Sánchez y Claudia Luenguas Escudero. “Por un marco fiscal que respete la libertad de organización”. Anuario de Investigación 2008 del Depto. de Educación y Comunicación de la UAM-Xochimilco. México 2009, págs 18 a 37.

POR UN MARCO FISCAL QUE RESPETE LA LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN Rafael Reygadas Robles Gil, Ana María Salazar Sánchez y Claudia Luengas Escudero Este texto es parte de un artículo más amplio publicado en 2009. POR NUEVAS RELACIONES GOBIERNO-SOCIEDAD Y UN MARCO FISCAL Y HACENDARIO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. El nuevo paradigma de relaciones gobierno–sociedad civil requiere pues una nueva arquitectura que apenas

empieza a esbozarse. Es necesario un esfuerzo constante y general para construir una política de Estado de fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.1 Por todo esto es necesario recordar que la Ley de Fomento señala en su exposición de motivos: "En los umbrales del siglo xxi[...] persisten enormes problemas en los ámbitos social, político, económico y cultural [...] los cuales se traducen en la precaria situación económica y la exclusión social en que se encuentra un considerable porcentaje de la población del planeta. La superación de estos problemas ha hecho necesario el rompimiento paulatino de los paradigmas en los que se habían venido desenvolviendo las fuerzas sociales y sus relaciones con el Estado, para que la capacidad de la ciudadanía organizada

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1 Otro problema que ha abordado el poder legislativo, queriendo evitar los abusos de Vamos México, presidido por la esposa del ex-presidente Fox, Martha Sahagún, lo ha llevado a no percibir de manera clara que la inmensa mayoría de las organizaciones de la sociedad civil son no lucrativas, no distribuyen remanentes y se dedican a las actividades reconocidas por la Ley de Fomento, y tienen y reciben escasos recursos para la amplitud de actividades de interés público y de bienestar social a las que se dedican.

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emerja plenamente en el diseño de propuestas para construir un mundo mejor para las generaciones futuras, con oportunidades de desarrollo para todos (dof, 9 de febrero 2004). En las últimas décadas los ciudadanos se han organizado de forma autónoma para colaborar, voluntaria, activa y solidariamente, en la atención de los que menos tienen, promoviendo acciones y proyectos orientados a superar carencias sociales y a procurar bienes y servicios socialmente necesarios. El surgimiento de esas nuevas fuerzas sociales ha transformado la relación gobierno-sociedad . Hoy México cuenta con un vigoroso y creciente número de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el bienestar social, cuyas acciones deben ser fomentadas por el Estado, reconociendo la experiencia y capacidad filantrópica que dichas organizaciones han adquirido en años de trabajo directo con la población menos favorecida económica y socialmente, así como en el desarrollo sustentable y la promoción de los derechos humanos, entre otras" (Higuera, 2007:22).

Para avanzar e impulsar esta política de Estado de Fomento a las Actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil, un “Estudio Evaluatorio de

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las políticas de Fomento de la Administración Pública Federal” realizado por el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento (López, 2006: 198-199), recomienda, entre otras, las siguientes medidas: Reformas al marco fiscal para fomentar las 16 actividades que establece la Ley de Fomento, con la finalidad de que las propias organizaciones de la sociedad civil sean el sujeto principal de generación de los propios recursos para sus actividades que por definición son no lucrativas, de interés publico y de bienestar social. Desde los poderes legislativo y ejecutivo ampliar el techo financiero del Presupuesto de Egresos de la Federación realmente dedicado a las actividades que promueve la Ley Federal de Fomento. En el gobierno y en la legislatura actual han surgido dificultades para dar una plena vigencia a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

PRECISIÓN DE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES DEL MARCO FISCAL ACTUAL La problemática fiscal de las OSC de desarrollo social integral está presente, pues no se ha logrado resolver de fondo dicha problemática, la cual, en sus puntos fundamentales aunque no sólo, se encuentra en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (lisr) y en la reciente Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (lietu). Ley del Impuesto Sobre la Renta (lisr) No se ha logrado, en el artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la inclusión del total de las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil a fomentar que consigna el Artículo 5 de la lffarosc a fin de que en virtud de sus actividades se les considere personas morales con fines no lucrativos y no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Se han dado algunos avances como la inclusión, mediante una reforma anterior, de las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos. Asimismo el 27 de mayo último se publicó una miscelánea fiscal 2008 en la que shcp amplía la interpretación de algunas actividades dando cabida a mayor número de

organizaciones que las realizan. Por ejemplo, amplía el concepto de asistencia jurídica; orientación social y mejoramiento de las condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad. Sin embargo, en materia de derechos humanos mantienen una interpretación no integral, más bien dirigida a derechos cívicos y políticos estableciendo limitantes más amplias que los establecidos en el artículo 97 para las donatarias autorizadas. En efecto dice que las actividades en defensa y promoción de los derechos humanos a las que se refiere la fracción VI del Artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta pueden realizarlas las personas morales con fines no lucrativos siempre que no impliquen o conlleven acciones de índole político, religioso o destinadas a influir en la legislación y que no estén vinculadas con:

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a. Actos o resoluciones de Organismos y autoridades electorales b. Resoluciones de carácter jurisdiccional c. Conflictos de carácter laboral d. La interpretación de las disposiciones constitucionales o legales e. Actos u omisiones entre particulares

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Estamos conscientes que la Ley de Fomento prohíbe a las organizaciones civiles realizar acciones de proselitismo partidista o electoral así como de proselitismo o propaganda con fines religiosos, pero la interpretación de esta nueva miscelánea fiscal sólo habla de acciones de índole “político o religioso” con lo cual introduce una prohibición indebida puesto que lo político en sentido amplio se refiere al trabajo a favor de la construcción de la democracia, pues lo que está prohibido es la actuación de carácter político partidista, que implica intereses diferentes al trabajo encaminado a la construcción de la democracia para todos, sin limitaciones de carácter partidista o particular. Asimismo se habla de que no deben las organizaciones tratar de influir en la legislación y esta limitante es violatoria del derecho de participación social y de opinión, ya que no puede impedirse el diálogo o acercamiento de las OSC con los legisladores sobre materias legislativas que pueden concernirles respecto de sus actividades y, en su caso, emitir opiniones o peticiones en los términos constitucionales sin que implique exigencia o forzamiento a los legisladores respecto al ejercicio de sus facultades legislativas, ni implica aplicación de recursos que las organizaciones solamente deben destinar al cumplimiento de su objeto social.

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Lo anterior agrava la disposición del Artículo 97 de la misma lisr, en su fracción II, que prohíbe a las organizaciones para ser consideradas donatarias autorizadas que puedan intervenir en “campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda” y en la miscelánea que se comenta, no se limita a campañas políticas o actividades de propaganda sino a la política en sentido amplio por lo cual a su vez incurre en la limitación a los derechos ya señalados. En la misma fracción del Artículo 97 que se señala, se prohíbe influir en la legislación. Se aclara al mismo tiempo que la publicación de análisis o investigaciones que no tengan carácter proselitista, ni la asistencia técnica a un órgano gubernamental que lo hubiese solicitado por escrito, no influyen en la legislación. Por ello consideramos que la miscelánea fiscal agrava la indebida prohibición porque ni siquiera tiene en cuenta la salvedad que hace el artículo 97, que también limita los derechos de las organizaciones. Aparte de lo mencionado, el problema principal que afecta a las organizaciones civiles y las hace sujetas al ietu, es la confusión existente en la Ley del Impuesto sobre la Renta entre personas morales con fines no lucrativos, que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, y personas morales con fines no lucrativos que

son donatarias autorizadas. Ambas condiciones jurídicofiscales deben quedar diferenciadas y separadas expresamente en la repetida lisr. Se afirma lo anterior porque el articulo 93 de la lisr con toda claridad determina que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta las personas morales a que se refieren los artículos 95 y 102 de la propia Ley, lo cual coloca a las organizaciones de promoción del desarrollo y los derechos humanos en esa categoría de no contribuyentes, pero luego el Artículo 95 en sus fracciones VI, XI y XII condiciona dicha categoría a la obtención del permiso de donatarias autorizadas, con lo cual estrictamente hablando si no se es donataria autorizada se está obligada al pago del isr aunque se realicen las actividades del Artículo 95.

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Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (lietu) En cuanto a la situación de las organizaciones civiles respecto del ietu, quedan obligadas al mismo las organizaciones que realicen actividades de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes en caso de que no sean donatarias autorizadas o no realicen actividades de carácter científico, político, religiosas y culturales, con lo cual se limita la gama de actividades que

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constituyen el objeto social de muchas de las organizaciones de la sociedad civil. Además no queda claro el alcance del concepto de estas actividades. En virtud de que la lisr y la lietu se encuentran íntimamente relacionadas, resulta fundamental que la Ley del Impuesto sobre la Renta distinga entre personas morales no contribuyentes y personas morales donatarias autorizadas. Estas últimas serían personas morales no contribuyentes que solicitan y obtienen el permiso de donatarias autorizadas en los términos del Artículo 97 de la lisr. Si se logra la mencionada diferenciación quedarían reconocidas como no contribuyentes al Impuesto Sobre la Renta las organizaciones de desarrollo y de derechos humanos y se abriría el camino para que también sean excluidas del ietu porque la excepción a este impuesto rige para quienes no causan el isr. Y con esta base se puede buscar que en la lietu se exceptúen del nuevo impuesto a las organizaciones civiles inscritas en el Registro Federal de Organizaciones Civiles que cuentan con Clave Única (cluni).

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PROPUESTA DEL MOVIMIENTO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ENERGÉTICA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas es una amplia alianza social multiclasista, sindical, campesina y social, que frente a las políticas de exclusión a las reformas calderonistas y a la entrada en vigor del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio, se ha coordinado desde el 31 de enero de 2007 para presentar un conjunto de propuestas de reforma social que beneficien a la mayoría de la población. Desde entonces se han instalado 4 mesas y han sido innumerables las sesiones de trabajo con el Poder Ejecutivo. En términos generales, después de largas discusiones, se han tenido muy escasos logros porque los funcionarios del gobierno de Calderón no asumen las consecuencias de las discusiones y acuerdos. Es por eso que el Movimiento ha realizado grandes manifestaciones nacionales apoyando las propuestas presentadas que, en lo que se refiere a la problemática fiscal de las organizaciones de la sociedad civil, se resumen en las siguientes:

1. Consolidación de la política de fomento del Estado Mexicano hacia las actividades de las OSC 2. En materia fiscal, Reforma al Artículo 95 de la lisr para que: Incluya todas las actividades del Artículo 5 de la lffarosc. Distinga y reconozca dos tipos de organizaciones: • No contribuyentes del impuesto sobre la renta • Donatarias autorizadas 3. Y mientras tanto, emita un Decreto que suspenda por cuatro años el ietu a las organizaciones inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (cluni). EN SÍNTESIS Las organizaciones de la sociedad civil han jugado y juegan un papel social fundamental a favor del desarrollo sustentable, la democracia, los derechos humanos y la inclusión de todas y todos en el proyecto nacional. Aunque en 2004 lograron un importante reconocimiento jurídico y social con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por

Organizaciones de la Sociedad Civil, en los dos últimos años, con el gobierno de Felipe Calderón, tanto el Partido Acción Nacional como el poder ejecutivo dificultan el reconocimiento real del aporte de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sustentable, pues proponen leyes y bloquean otras que están en curso para dar mayor peso y certeza a la acción ciudadana autónoma. El gobierno y su partido buscan fomentar todo tipo de apoyos a la asistencia privada y transformar toda acción ciudadana en asistencia. La promulgación de leyes fiscales obstaculiza la libertad de asociación y ofrece recursos para la asistencia no para el desarrollo sustentable y la promoción de los derechos humanos. Igualmente las leyes fiscales impiden a las organizaciones de la sociedad civil que son donatarias autorizadas realizar cabildeo para mejorar o proponer iniciativas de leyes. De esta manera se promueve el estatus de la asistencia, fomentando el paternalismo y la dependencia y se dan muy escasos apoyos a organizaciones no asistenciales de promoción que incluyen a los destinatarios de su acción como coautores de su propio futuro. Es por todo esto que cientos de organizaciones de la sociedad civil, cercanas a los movimientos sociales,

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campesinos, obreros, ecologistas, feministas, juveniles, indígenas y populares, luchan diariamente por conservar y renovar su identidad y por construir un México donde

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todos tengamos lugar y donde las políticas públicas y fiscales se orienten a un proyecto de país más incluyente, justo y democrático.

LECTURA 11. María Magdalena López García. “Comentarios al título III de la LISR: del régimen de las personas morales con fines no lucrativos”, Campo jurídico físcal de la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. Abril 2012.

COMENTARIOS AL TÍTULO III DE LA LISR: DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS María Magdalena López García. (En azul se resaltan los comentarios a la ley).

Acerca del nombre del Título III: Desde el momento en que se enuncia como del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, ubicaríamos a todas las OSC’s que en sus estatutos mencionen que son con fines no lucrativos. Artículo 93. Las personas morales a que se refieren los artículos 95 y 102 de esta Ley, así como las so-

ciedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, salvo por lo dispuesto en el artículo 94 de esta Ley. Sus integrantes considerarán como remanente distribuible únicamente los ingresos que éstas les entreguen en efectivo o en bienes. Este artículo límita a que solo las personas morales con fines no lucrativos que se encuentran en los artículos 95 y 102 no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, hay que señalar que el artículo 102 se refiere a los partidos, asociaciones políticas y la Federación, los Estados, los Municipios entre otros.

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Asimismo, lo dispuesto en este Título será aplicable tratándose de las sociedades de inversión a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión, excepto tratándose de las sociedades a que se refiere el artículo 50 de esta Ley. Los integrantes o accionistas de las sociedades de inversión a que se refiere este párrafo, serán contribuyentes conforme a lo dispuesto en esta Ley. Este párrafo corresponde a obligaciones para otro tipo de personas morales. Las personas morales a que se refiere este artículo determinarán el remanente distribuible de un año de

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calendario correspondiente a sus integrantes o accionistas, disminuyendo de los ingresos obtenidos en ese periodo, a excepción de los señalados en el artículo 109 de esta Ley y de aquéllos por los que se haya pagado el impuesto definitivo, las deducciones autorizadas, de conformidad con el Título IV de la presente Ley. En los estatutos de las OSC’s está establecido que no se distribuirá ningún remanente, es requisito para la obtención del CLUNI, y poder acceder a los recursos públicos de los distintos programas de coinversión. En este apartado habría que agregar que las OSC’s reciben recursos por mandato lo que los hace diferente de un ingreso, los ingresos tienen la libertad de ser utilizados para lo que se decida de manera unilateral, distinto de los recursos que se reciben de los PCS, de la Cooperación Internacional, de los Donativos, pues todos estos recursos como se señala son por mandato, teniendo temporalidad, rubros, beneficiarios, metas, productos y por supuestos todo esto señalado en un instrumento, donde además se establecen los pasos a seguir si no se cumple con el mandato. Cuando la mayoría de los integrantes o accionistas de dichas personas morales sean contribuyentes del Título

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II de esta Ley, el remanente distribuible se calculará sumando los ingresos y disminuyendo las deducciones que correspondan, en los términos de las disposiciones de dicho Título. Cuando la mayoría de los integrantes de dichas personas morales sean contribuyentes del Título IV, Capítulo II, Secciones I o II de esta Ley, el remanente distribuible se calculará sumando los ingresos y disminuyendo las deducciones que correspondan, en los términos de dichas Secciones, según corresponda. De igual forma este párrafo se refiere a aquellas personas morales en las que si se distribuye remanente y su especificidad de tributación. Los integrantes o accionistas de las personas morales a que se refiere este Título, no considerarán como ingresos los reembolsos que éstas les hagan de las aportaciones que hayan efectuado. Para dichos efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 89 de esta Ley. Se refiere cuando una persona moral reduce capital, lo que no es aplicable a las OSC’s. En el caso de que las personas morales a que se refiere este Título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus

miembros o socios, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, en los términos del Título II de esta Ley, a la tasa prevista en el artículo 10 de la misma, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate. Este párrafo señala el monto de actividades como la enajenación de bienes distintos al activo fijo (mobiliario, muebles, enseres, inmuebles) de la organización, también por servicios prestados, que las OSC’s pueden hacer sin pago de ISR, sin embargo si superara el 5% del total de los recursos totales habria que calcular y pagar el ISR. Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. No se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que reciban por donativos; apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, las entidades federativas,

o municipios; enajenación de bienes de su activo fijo o intangible; cuotas de sus integrantes; intereses; derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; uso o goce temporal de bienes inmuebles, o rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito, colocados entre el gran público inversionista en los términos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que sus ingresos no relacionados con los fines para los que fueron autorizadas para recibir dichos donativos excedan del límite señalado, las citadas personas morales deberán determinar el impuesto que corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.

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En este párrafo se establece que las personas morales autorizadas para recibir donativos, por supuesto que esta es la limitante, es decir se tiene que ser donataria autorizada, y claro que no deben exceder del 10% de los recursos totales en el ejercicio, en nuestro País se considera un ejercicio de enero a diciembre de cada año, y es muy importante porque también señala que no se consideran donativos los, apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, Estatales y Municipales, y habría que reflexionar que de acuerdo a la

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redacción de este párrafo en la primera línea, refiere a personas moralesautorizadas para recibir donativos lo que acota a las donatarias autorizadas y en la fila cinco no habla que estos recursos se consideren ingresos, tampoco señala ¿qué son? y por supuesto en los formatos para las distintas declaraciones que se tienen como obligación tampoco existe una forma adecuada para informarlos. También habría que señalar que no son ingresos la enajenación de bienes de activo fijo, cuotas de los integrantes, intereses, derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, muy importante que nuestras elaboraciones, productos intelectuales entre otros sean registradas con derechos de autoría, claro que tampoco se señala ¿que son? y como se registran en los formatos mencionados, cuando excedan del 10% deberán pagar el ISR correspondiente, es importante reiterar que es limitativo de acuerdo a la redacción a las donatarias autorizadas.

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LECTURA 12. Ana María Salazar Sánchez. “Comentarios al marco físcal de la Organizaciones de la Sociedad Civil en México”, Campo jurídico físcal de la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. Marzo 2012.

LOS IMPUESTOS A LAS OSC TRANSCRIPCIÓN de los comentarios de Ana María Salazar en reunión en el Centro Antonio de Montesinos (CAM) con contrapartes de la EED. 26 marzo 2012 La postura pública, incluso de Hacienda, por parte

de la persona responsable de las autorizaciones de donatarios, ha dicho: miren cada vez tenemos menos dinero, por ese motivo la cooperación internacional se está yendo, tenemos que buscar los recursos, si buscamos los recursos tenemos que pagar impuestos sobre ellos, entonces bueno,

estamos sustituyendo a tí gobierno que deberías darnos de acuerdo a la ley y todavía de esos fondos que ahora nosotros tenemos que conseguir tú nos cobras impuestos. Hay 2 impuestos: La ley del Impuesto Sobre la

Renta que supuestamente deberíamos estar exentas todas las organizaciones, pero en la realidad el artículo 95 establece como condición para ser exentas, ser donatarias autorizadas pero muchas no queremos serlo porque se complica aún más la contabilidad, hay que pagar los dictámenes fiscales, presentarlos ante Hacienda cada año.

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Por otro lado por ser donataria estás condicio-

nada a una serie de limitaciones en relación a los derechos de las organizaciones, por ejemplo, dice la ley que las donatarias no podrán influir en la legislación, no podrán realizar o intervenir en campañas políticas, lo que en último término queda a la interpretación de Hacienda, se entenderá que no es intervención en campañas políticas ni cuestiones políticas si es un estudio que les haya sido solicitado por la autoridad o

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por los interesados, debería ser en todo caso no entrar en campañas político-partidistas pero bueno, cómo le piden a las Organizaciones de derechos humanos o a las de análisis, no hacer opiniones políticas, no puede ser, es de su misma naturaleza entonces es una negación de la propia naturaleza de las organizaciones. La otra es no tratar de influir en la legislación. Esta ley que propusimos busca influir en la legislación, nos vienen estas otras leyes, no podemos decir que esa leyes nos afectan, no podemos hablar con los legisladores, y decirles oigan esto está mal cámbienlo. El ser donataria me limita en el ejercicio de mis derechos . Eso es el Impuesto Sobre la Renta (ISR.) Luego

hacen la Ley del impuesto empresarial a tasa única (IETU), supuestamente en forma temporal en 2011, y en 2012 el Congreso iba a definir si permanecía sólo el ISR o permanecía únicamente el IETU, porque además mensualmente hay que hacer un cálculo cuánto sería de ISR o impuesto

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Empresarial, cuál sería más, el que paga más, ese se paga, y hay que hacerlo todos los meses, eso es terrible. Entonces en conclusión, el Congreso no cambió nada y volvió a dejar los dos impuestos. La ley del ISR todavía nos da un poquito más posibilidades de defendernos, pero el impuesto empresarial está aplicando a todas las empresas porque por ejemplo la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única es también aplicada a los profesionistas libres. Por ejemplo, un profesionista libre, un abogado que tiene su despacho, es empresa internamente, después es como tú, entonces cuáles son las actividades que están planeadas por el IETU: rentar un inmueble de su propiedad, para de ahí obtener un recurso eso paga impuestos; prestación de servicios, tienen una consultoría, los consultó el gobierno, les pidió una consulta o un curso para sus funcionarios paga el IETU, o si vendes tus folletos, libros o videos. ¿Entonces quiénes están libres del IETU? Sólo las donatarias autorizadas pero

en la realidad, a muchas donatarias autorizadas el gobierno les esta diciendo: ¿Por qué no me has pagado el IETU?, entonces ¿a quiénes más obliga? No lo paguen todas las que no están obligadas a pagar el Impuesto sobre la Renta, pues estarían libres del IETU, pero sale lo mismo porque de todos modos lo están cobrando o bien a las organizaciones que realizan investigaciones científicas o tecnológicas o bien culturales. Pero culturales no con sentido amplio, sino en el sentido de La Ley del ISR que son los institutos culturales que realizan investigaciones de acuerdo con la ley correspondiente o hacen cine, de acuerdo con la ley de las cinematográficas, etc. Las educativas y también las culturales, tenemos el mismo problema. A la Ley de Fomento la han convertido en una cosa muerta. Lo importante es que se reconozcan los derechos, que se posibilite la defensa y el ejercicio de los derechos porque no es igual exigir un derecho que pedir un favor, ahora podemos de todos modos exigir el cumplimiento de derechos para ver más posibilidad de organizarse.

Para ello también creo, que hay mucho desconocimiento por parte de las organizaciones de todo esto, por ejemplo al Instituto Federal de las Mujeres el CAM le presentó un proyecto, se aprobó, pero según ellos, faltaron requisitos, el requisito es el formato donde Hacienda dice que estemos al corriente de nuestras obligaciones fiscales, que dan una opinión favorable, para ello no tenemos opinión favorable es desfavorable a nosotros porque no hemos declarado el IETU cuando por la ley del impuesto Art. 4 dice que las organizaciones que realicen investigaciones científicas tecnológicas no lo pagan y el CAM está en ese caso y está inscrita en el Registro Nacional de Investigadores lo cual es la prueba, precisamente para tener esa calidad y a pesar de eso nos están exigiendo que paguemos o declaremos el IETU. Entonces esto es una verdadera persecución de Hacienda a las organizaciones , porque está violando expresamente la ley del IETU, porque dice quienes quedan libres de ese impuesto. Entonces lo que Hacienda quiere es o

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pagas el IETU o declaras en ceros, declaras que no tuvimos ingresos en esas actividades por este concepto, pero si el CAM presenta declaración en ceros, está admitiendo que es causante del IETU, porque si yo digo ceros, pues es que no ha entrado nada por ahí, pero me puede entrar, ya reconocí que me puede entrar pues entonces ya reconocí que debo en algún momento pagártelo, por eso en el CAM no queremos hacer declaraciones en ceros y como no las hicimos pues ahora no vamos a poder firmar ese proyecto que estaba aprobado y así están muchas de las organizaciones, varias otras ya tuvieron su formato 32 aprobado, ya Hacienda les dio favorable para eso o pagaron el IETU o declararon en ceros, entonces lamentablemente ya lo aceptaron. Como Convergencia ya se mandó un boletín en ese sentido porque ya están enviando invitaciones que todavía no tienen fuerza obligatoria, invitación de Hacienda a la organización para que declare su IETU, porque no lo ha hecho, y si ya lo hicieron entonces desgraciadamente muchas organizaciones que

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no ven más allá o que no analizan bien y que no saben, pues ya lo iniciaron ya se amolaron, ya se agregaron una obligación fiscal que una vez asumida voluntariamente, ya no te la quitas. Se mandó el boletín a todas o no lo leyeron o no le hicieron caso porque desgraciadamente vienen a vernos cuando ya lo recibieron cuando ya están informando a Hacienda, que ya los iban a embargar o que vienen corriendo para que los saquemos del atolladero, cuando están en una situación muy difícil, entonces ésta es la realidad, y si nosotros analizamos las aportaciones o las acciones del momento del gobierno federal hacia las organizaciones en cumplimento de la ley son relativas, entonces haciendo análisis conjuntos de la aplicación de la ley, entonces vemos como hay un manejo, en ese sentido por ejemplo por parte de la Secretaría de Educación aparece que dan un altísimo apoyo, no recuerdo si son tres mil millones que ponen como apoyo a la sociedad civil, pero si analizamos la realidad de todo ese

dineral que dan, la mayor parte está canalizada a organizaciones que en realidad son entidades paraestatales, por ejemplo: La Comisión Nacional del Deporte o el Instituto Nacional de Educación

de Adultos y otras similares. A esas les dan los fondos, ¿Cuánto les dan a las organizaciones de la sociedad civil como las nuestras? Hacienda definitivamente no quiere soltar.

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TEM A 4

Ley General de Desarrollo Social. OBJETIVOS: Conocer algunos aspectos de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) que tienen que ver con el quehacer de las OSC. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Se puede pedir que se haga la lectura desde el día anterior. Lectura en grupos o exposición, preguntas y comentarios. Guía 10. Opcional: Dinámica vivencial integradora Jurado 13 (Guía 11). APOYOS DIDÁCTICOS: Ley General de Desarrollo. Guía 10 y 11.

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GUÍA 10

1. ¿Cuáles son los principios de la Política de Desarrollo Social?

2. ¿Qué son los derechos sociales? 3. ¿Qué derechos y obligaciones tienen los beneficiarios de los programas de desarrollo social?

4. ¿Cuáles son los programas que se consideran prioritarios y de interés público en la Ley General de Desarrollo Social?

5. ¿Cuáles son las zonas consideradas de atención prioritaria, según la Ley General de Desarrollo Social?

6. ¿Qué atribuciones corresponden a los gobiernos de entidades federativas y de municipios para fomentar el sector social de la economía?

7. ¿Qué es la Comisión Nacional y como está integrada?

8. ¿Cómo presentar una denuncia sobre cualquier hecho que pueda producir daño al ejercicio de la Ley General de Desarrollo Social?

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GUIA 11 “Jurado 13” El “Jurado 13” utiliza los mismos roles que el jurado tradicional, y tiene la misma mecánica que un juicio por lo que se nombra entre el grupo: a un juez/a (que funge más como coordinador), cinco a siete miembros del jurado (quienes darán su veredicto sobre la base de la acusación y los argumentos que den las partes). El resto de las y los participantes se dividen en dos grupos: uno que defenderá al acusado y el otro que estará en su contra. Se presenta al grupo una breve acusación que puede ser la siguiente: Se acusa a la LGDS de ser una ley que en realidad no promueve ni genera, ni establece las condiciones necesarias para el desarrollo social en nuestro país. (Ésta puede ser ampliada si el juez y el jurado lo desean) El grupo que está a favor deberá: nombrar a la defensa (abogado defensor de la Ley) preparar sus argumentos, pruebas y testigos (éstos representarán un papel que el grupo crea importante para sustentar su posición). El grupo que está en contra (el que acusa) deberá: nombrar al fiscal (abogado acusador), e igualmente preparar sus argumentos, testigos y pruebas.

Se da un tiempo a los grupos para revisar la ley, discutir y preparar su participación en el juicio. El jurado y el juez deben revisar también las partes sustantivas de la ley. Se organiza el espacio a manera de tribunal colocando cartones o papeles que identifiquen cada uno de los puestos. Para iniciar el juicio la o el juez lee nuevamente la acusación a la ley y comienza a coordinar el uso de la palabra y el proceso de enjuiciamiento, después de que las partes den sus argumentos, el jurado delibera unos minutos y emite su verdicto final. El juez hará el resumen del juicio, de los elementos centrales, retomará la decisión del jurado, y sobre esa base dictará sentencia. Después se pasa a una discusión plenaria sobre lo debatido para relacionarlo con la realidad y precisar conclusiones.

LECTURA 13. Ley General de Desarrollo Social.

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ARTÍCULO ÚNICO Se crea la Ley General de Desarrollo Social. TÍTULO PRIMERO De las disposiciones generales

III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal; IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado;

lectura 13

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

V. Fomentar el sector social de la economía; CAPÍTULO I Del Objeto

VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales;

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:

VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia;

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social;

VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, y IX. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia popular, en materia de desarrollo social. Artículo 2. Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas para el desarrollo social.

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Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios: I. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal así como para participar en el desarrollo social; II. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas; III. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad; IV. Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Social; V. Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;

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VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias; VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades: Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del Estado, y

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz. Artículo 4. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y organismos, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias; así como las que les competen, de acuerdo a sus atribuciones, al Poder Legislativo. Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por: I. Beneficiarios: Aquellas personas que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social que cumplen los requisitos de la normatividad correspondiente; II. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo de Desarrollo Social; III. Consejo Nacional de Evaluación: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; IV. Comisión Intersecretarial: Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social;

V. Comisión Nacional: Comisión Nacional de Desarrollo Social; VI. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar;

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VII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal; VIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Desarrollo Social; IX. Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social, y X. Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas federales de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente.

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TÍTULO SEGUNDO De los derechos y las obligaciones de los sujetos del desarrollo social CAPÍTULO ÚNICO Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa. Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus

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respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables. Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones: I. Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad; II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura; III. Tener la reserva y privacidad de la información personal; IV. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta Ley; V. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada; VI. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón; VII. Participar de manera corresponsable en los programas de desarrollo social;

VIII. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las autoridades, en los términos que establezca la normatividad correspondiente, y IX. Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo social.

TÍTULO TERCERO De la política nacional de desarrollo social CAPÍTULO I De los Objetivos Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos: I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social;

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II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.

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CAPÍTULO II De la Planeación y la Programación Artículo 12. En la planeación del desarrollo se deberá incorporar la Política Nacional de Desarrollo Social de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia. Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes: I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; II. Seguridad social y programas asistenciales; III. Desarrollo Regional; IV. Infraestructura social básica, y V. Fomento del sector social de la economía.

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Artículo 15. La Elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Social estará a cargo del Ejecutivo Federal en los términos y condiciones de la Ley de Planeación. Artículo 16. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal harán del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos. Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.

CAPÍTULO III Del Financiamiento y el Gasto Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: I. Los programas de educación obligatoria; II. Las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica; III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad; IV. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil;

VI. Los programas de abasto social de productos básicos; VII. Los programas de vivienda; VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.

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Artículo 20. El presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal. Artículo 21. La distribución de los fondos de aportaciones federales y de los ramos generales relativos a los programas sociales de educación, salud, alimentación,

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infraestructura social y generación de empleos productivos y mejoramiento del ingreso se hará con criterios de equidad y transparencia, conforme a la normatividad aplicable. Artículo 22. En el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación, se establecerán las partidas presupuestales específicas para los programas de desarrollo social y no podrán destinarse a fines distintos. Artículo 23. La distribución del gasto social con el que se financiará el desarrollo social, se sujetará a los siguientes criterios: I. El gasto social per cápita no será menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior; II. Estará orientado a la promoción de un desarrollo regional equilibrado; III. Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales, y IV. En el caso de los presupuestos federales descentralizados, las entidades federativas y municipios acordarán con la Administración Pública Federal el destino y los criterios del gasto, a través de los convenios de coordinación.

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Artículo 24. Los recursos presupuestales federales asignados a los programas de desarrollo social podrán ser complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado. Artículo 25. El Ejecutivo Federal podrá establecer y administrar un Fondo de Contingencia Social como respuesta a fenómenos económicos y presupuestales imprevistos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinará el monto y las reglas mínimas a las que quedará sujeta su distribución y aplicación, incluyendo las previsiones correspondientes para garantizar que los recursos del fondo sean utilizados en el ejercicio fiscal. Artículo 26. El Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales.

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Padrón. Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. CAPÍTULO IV De las Zonas de Atención Prioritaria Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social. Artículo 30. El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto, hará la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

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Artículo 31. La Declaratoria tendrá los efectos siguientes: 1. Asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios; 2. Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo;

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3. Generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales, y 4. Desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

productivos; identificar oportunidades de inversión, y brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la organización y el diseño de proyectos y apoyo legal para la realización de estas actividades.

Artículo 32. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal podrán convenir acciones y destinarán recursos para la ejecución de programas especiales en estas zonas.

Artículo 35. El Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas podrán aportar recursos como capital de riesgo para dar viabilidad a las empresas sociales y destinar recursos para apoyar a personas, familias y organizaciones sociales cuyo objeto sea el financiamiento de proyectos de desarrollo social.

CAPÍTULO V Del Fomento del Sector Social de la Economía

CAPÍTULO VI De la Definición y Medición de la Pobreza

Artículo 33. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal fomentarán las actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas.

Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:

Artículo 34. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal estimularán la organización de personas, familias y grupos sociales, destinando recursos públicos para promover proyectos

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I. Ingreso corriente per cápita; II. Rezago educativo promedio en el hogar; III. Acceso a los servicios de salud; IV. Acceso a la seguridad social; V. Calidad y espacios de la vivienda; VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; VII. Acceso a la alimentación, y VIII. Grado de cohesión social. Artículo 37. Los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años, para lo cual deberán hacerse las previsiones presupuestarias correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática pueda llevar a cabo los censos, conteos y encuestas correspondientes.

TÍTULO CUARTO Del sistema nacional de desarrollo social CAPÍTULO I Del Objeto e Integración Artículo 38. El Sistema Nacional es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos; federal, los de las entidades federativas y los municipales, así como los sectores social y privado, que tiene por objeto:

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I. Integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social; II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social; III. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social;

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IV. Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones y, en general, de los sectores social y privado en el desarrollo social; V. Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, e VI. Impulsar la desconcentración y descentralización de los recursos y acciones para el desarrollo social, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del pacto federal. CAPÍTULO II De las Competencias Artículo 39. La coordinación del Sistema Nacional compete a la Secretaría, con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las organizaciones. La Secretaría diseñará y ejecutará las políticas generales de desarrollo social. Al efecto, coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social. La Secretaría coordinará la correspondencia entre el Programa Nacional de Desarrollo Social, los programas

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sectoriales y los de las entidades federativas, promoviendo que la planeación sea congruente, objetiva y participativa. Artículo 40. En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta Ley las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los municipios emitirán normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades. Artículo 41. Los gobiernos de las entidades federativas instituirán un sistema de planeación del desarrollo social; formularán, aprobarán y aplicarán los programas de desarrollo social respectivos, en los términos de la Ley de Planeación y de esta Ley, y, de manera coordinada con el Gobierno Federal, vigilarán que los recursos públicos aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y equidad. Artículo 42. Los municipios formularán, aprobarán y aplicarán sus propios programas de desarrollo social, los cuales deberán estar en concordancia con los de las entidades federativas y el del Gobierno Federal.

Artículo 43. Corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:

VI. Diseñar los criterios de ejecución anual del Programa en el ámbito de su competencia;

I. Proyectar y coordinar la planeación nacional y regional del desarrollo social con la participación que, de acuerdo con la Constitución y demás leyes aplicables, corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y los municipales;

VII. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración, ejecución y evaluación de las Políticas Públicas de Desarrollo Social;

II. Formular el Programa Nacional de Desarrollo Social y los otros programas en la materia que le señale el Ejecutivo Federal, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con la materia, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación;

IX. Realizar evaluaciones de la Política Nacional de Desarrollo Social e informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social;

III. Determinar anualmente las zonas de atención prioritaria y proponer a la Cámara de Diputados la declaratoria correspondiente; IV. Diseñar y coordinar los programas y apoyos federales en las Zonas de Atención Prioritaria; V. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones civiles y privadas, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social;

VIII. Promover y apoyar instrumentos de financiamiento en materia de desarrollo social;

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X. Promover, con la intervención de los gobiernos de los estados respectivos, la participación de los municipios en el diseño y ejecución de los programas de desarrollo social, y XI. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables. Artículo 44. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: I. Formular y ejecutar el programa estatal de desarrollo social; II. Convenir acciones y programas sociales con el Gobierno Federal;

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III. Convenir acciones y programas sociales con los gobiernos de sus municipios;

III. Coordinar acciones con municipios de su propia entidad, en materia de desarrollo social;

IV. Concertar acciones con organizaciones en materia de desarrollo social;

IV. Coordinar acciones de desarrollo social con municipios de otras entidades federativas, con la aprobación de las legislaturas correspondientes;

V. Fomentar la organización y participación ciudadana en los programas de desarrollo social; VI. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social, en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría sobre el avance y resultados generados con los mismos; VII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y VIII. Las demás que le señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. Artículo 45. Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: I. Formular y ejecutar el programa municipal de desarrollo social; II. Coordinar, con el gobierno de su entidad, la ejecución de los programas de desarrollo social;

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V. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría, a través de los gobiernos estatales, sobre el avance y resultados de esas acciones; VI. Concertar acciones con los sectores social y privado en materia de desarrollo social; VII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas y acciones de desarrollo social; VIII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y IX. Las demás que le señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. Artículo 46. En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley para efectos administrativos, se estará a lo que resuelva el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría.

CAPÍTULO III De la Comisión Nacional de Desarrollo Social

Además de los titulares de los organismos sectorizados de la Secretaría podrán ser invitados a participar en reuniones específicas los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Artículo 47. La Comisión Nacional es un instrumento de coordinación de los programas, acciones e inversiones que para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social lleven a cabo, en el ámbito de sus competencias, las dependencias y entidades federales, ya sea de manera directa o en concurrencia con gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o en concertación con los sectores social y privado.

II. El titular de la dependencia responsable del desarrollo social en cada gobierno de las entidades federativas. Podrán ser invitados a participar en reuniones específicas, los titulares de otras dependencias de dichos gobiernos;

Artículo 48. La Comisión Nacional tiene por objeto consolidar la integralidad y el federalismo sobre bases de coordinación, colaboración y concertación de estrategias y programas de desarrollo social.

IV. Los presidentes de las comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Artículo 49. La Comisión Nacional será presidida por el titular de la Secretaría y además estará integrada por: I. Los titulares de las Secretarías de Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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III. Un representante de cada una de las asociaciones nacionales de autoridades municipales, legalmente reconocidas, y

Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada para atender la solicitud de colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos de su interés o competencia, y sus funciones son las siguientes: I. Proponer Políticas Públicas de Desarrollo Social bajo los criterios de integralidad y transversalidad;

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II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo social en los ámbitos regional, estatal y municipal; III. Proponer programas estatales y regionales, así como acciones e inversiones en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Social y las políticas públicas a que se refiere la fracción anterior; IV. Proponer mecanismos de financiamiento y distribución de recursos federales para el desarrollo social de las entidades federativas; V. Opinar sobre los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en los programas de desarrollo social; VI. Analizar y proponer esquemas alternativos de financiamiento para los programas de desarrollo social y de superación de la pobreza; VII. Promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo social y de superación de la pobreza; VIII. Revisar el marco normativo del desarrollo social y, en su caso, proponer y promover modificaciones ante las instancias competentes; IX. Aprobar la propuesta de reglas que deban regir la

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participación social que haga la Secretaría; X. Proponer acciones de capacitación para servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en aspectos relacionados con el desarrollo social; XI. Proponer la creación de grupos de trabajo temáticos y regionales para la atención de asuntos específicos; XII. Sugerir las actividades que estime necesarias y convenientes para el funcionamiento adecuado del Sistema Nacional, y XIII. Las demás que le señale esta Ley.

CAPÍTULO IV De la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social Artículo 51. La Comisión Intersecretarial será el instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo Federal para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social. Estará integrada por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, quien lo presidirá; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; la Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria y Turismo. Podrán ser invitados a participar, con derecho a voz, los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El Subsecretario que designe el Titular de la Secretaría será el Secretario Técnico. La Comisión Intersecretarial sesionará cuando menos una vez por bimestre. Artículo 52. La Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes funciones: I. Recomendar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones vinculadas con las Políticas de Desarrollo Social y Económica;

II. Proponer las partidas y montos del gasto social que se deban integrar en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; III. Acordar y dar seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Nacional de Desarrollo Social, sectoriales, regionales, institucionales y especiales; IV. Recomendar mecanismos para garantizar la correspondencia entre la Política Nacional de Desarrollo Social, con la de los estados y municipios, y

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V. Revisar los términos de los convenios de coordinación entre el Gobierno Federal y las entidades federativas en materia de desarrollo social y proponer, en su caso, modificaciones. Artículo 53. Los acuerdos de la Comisión Intersecretarial serán obligatorios para las dependencias del Ejecutivo Federal. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública vigilarán su cumplimiento. Artículo 54. Los acuerdos de la Comisión Intersecretarial serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

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CAPÍTULO V Consejo Consultivo de Desarrollo Social Artículo 55. El Consejo es el órgano consultivo de la Secretaría, de participación ciudadana y conformación plural, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social. Artículo 56. El Consejo tendrá las funciones siguientes:

I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Nacional de Desarrollo Social;

II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social; III. Apoyar a la Secretaría en la promoción ante los gobiernos estatales y municipales y para el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social; IV. Proponer a la Secretaría los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;

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V. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, en el desarrollo social; VI. Proponer la realización de estudios e investigaciones en la materia; VII. Solicitar a las dependencias responsables de la Política de Desarrollo Social información sobre los programas y acciones que éstas realizan; VIII. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten; IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social; X. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a la Política Nacional de Desarrollo Social; XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones; XII. Expedir su reglamento interno, y

XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

CAPÍTULO VI Participación Social

Artículo 57. El Consejo estará integrado por un Presidente que será el titular de la Secretaría; un Secretario Ejecutivo que designará éste, así como por los consejeros invitados por la Secretaría. El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario Ejecutivo.

Artículo 61. El Gobierno Federal, los de las entidades federativas y los municipios garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad a participar de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social.

Artículo 58. Los consejeros deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural vinculados con el desarrollo social.

Artículo 62. Las organizaciones que tengan como objetivo impulsar el desarrollo social de los mexicanos podrán participar en las acciones relacionadas con el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones públicas en esta materia.

Artículo 59. La Secretaría prestará al Consejo la colaboración necesaria para el ejercicio de sus funciones. Artículo 60. El Consejo podrá recibir la colaboración de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales, de organizaciones civiles y de particulares.

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Artículo 63. El Gobierno Federal deberá invitar a las organizaciones, mediante convocatorias públicas que deberán contener los requisitos, objetivos y modalidades de participación. Artículo 64. Las organizaciones podrán recibir fondos públicos para operar programas sociales propios, a excepción de aquéllas en las que formen parte de sus órganos directivos servidores públicos, sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.

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Artículo 65. Para efectos del artículo anterior, las organizaciones deberán estar formalmente constituidas ante autoridad competente o fedatario público, además de cumplir con lo que establezca el reglamento respectivo. Artículo 66. Las organizaciones estarán sometidas al escrutinio de la Secretaría, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes respectivas para el uso de fondos públicos.

CAPÍTULO VII De la Denuncia Popular Artículo 67. Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social. Artículo 68. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:

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I. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante y, en su caso, de su representante legal; II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

CAPÍTULO VIII De la Contraloría Social Artículo 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social:

I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones;

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de operación; III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos; IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas, y V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales.

TÍTULO QUINTO De la evaluación de la política de desarrollo social CAPÍTULO I De la Evaluación Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

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Artículo 73. Los organismos evaluadores independientes que podrán participar serán instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas. Cuando las evaluaciones se lleven a cabo por un organismo distinto del Consejo, éste emitirá la convocatoria correspondiente y designará al adjudicado.

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Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación. Artículo 75. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social. Artículo 76. Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social. Artículo 77. El Consejo Nacional de Evaluación, antes de aprobar los indicadores a que se refiere este artículo, los someterá a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, para que emitan las recomendaciones que en su caso estime pertinentes.

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Artículo 78. La evaluación será anual, definiendo como periodo del primero de mayo al treinta de abril y podrá también ser multianual en los casos que así se determine. Artículo 79. Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán ser entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y a la Secretaría. Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

CAPÍTULO II De el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. Artículo 82. El Consejo estará integrado de la siguiente forma: I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, o la persona que éste designe; II. Seis investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación

superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y III. Un Secretario Ejecutivo designado por el Ejecutivo Federal. Artículo 83. Los investigadores académicos a que se refiere el artículo anterior durarán cuatro años en el cargo y podrán ser reelectos la mitad de ellos. Serán designados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social a través de una convocatoria pública cuya responsabilidad será del Secretario Ejecutivo.

lectura 13

Artículo 84. El Consejo tendrá su sede en la ciudad de México y su patrimonio se integrará con los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de la Secretaría, y con los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título. Artículo 85. La administración del Consejo estará a cargo de un Comité Directivo, que presidirá el titular de la Secretaría, o la persona que éste designe; además estará integrado por las personas a que se refiere la fracción II, del artículo 82 de esta Ley. Sus decisiones se tomarán por mayoría.

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Marco legal de las OSC en México ttttttttttttt

B4 lectura 13

TRANSITORIOS PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá el reglamento de esta Ley en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor. TERCERO. En un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán quedar constituidos e instalados el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional, la Comisión Intersecretarial y el Consejo Consultivo. CUARTO. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Nacional de Evaluación deberá sujetarse a criterios de austeridad y eficiencia. QUINTO. Las comisiones de Desarrollo Social, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados deberán revisar la distribución de los fondos relativos al desarrollo social contenidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en un plazo no mayor a 90 días y, en su caso, recomendar las modificaciones que se consideren pertinentes.

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SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. México, D.F., a 9 de diciembre de 2003.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Amalín Yabur Elías, Secretario.- Sen. Lydia Madero García, Secretaria.- Rúbricas”. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

Aportes, aprendizajes y evaluación del módulo ttttttttttttttttt

TEM A 5

Aportes, aprendizajes y evaluación del módulo. OBJETIVO: Valorar el aporte del módulo, la participación y aprendizajes de las y los asistentes en el mismo. ACTIVIDADES DE ENSEÑANA-APRENDIZAJE: Narración escrita por organización sobre su trayectoria, desafíos y perspectivas como OSC en la democratización y desarrollo social del país. Plenaria de evaluación de aprendizajes del módulo y retroalimentación al docente. Llenado individual de formatos; cuestionario de salida (aprendizajes) y de evaluación del módulo. APOYOS DIDÁCTICOS: Papel y pluma, formatos de evaluación, rotafolios y marcadores.

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GUÍA 12

1. ¿Qué aprendiste acerca de la Sociedad Civil? 2. ¿Qué aprendiste acerca de las organizaciones de la sociedad civil en tu estado o región?

3. ¿Cuáles son los principales aportes de las organizaciones de la sociedad civil para la vida nacional?

4. ¿Qué aprendiste acerca del marco legal de las organizaciones de la sociedad civil en México?

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Material de apoyo en Internet tttttttttttt

• Castro y Castro, Fernando. Avances y desafíos de la relación sociedad civil y gobierno, Secretaría de Gobernación, 2008, pag. 60-66; www.consejotecnicoconsultivo.org.mx/.../Informe_ CTC_2008.pdf • Concha Malo, Miguel. “La Ley de Fomento, retos participativos para la democracia". En: Avances y desafíos de la relación sociedad civil y gobierno, Secretaría de Gobernación, 2008, pag. 67-72: www.consejotecnicoconsultivo.org.mx/.../Informe_ CTC_2008.pdf • Reygadas, Rafael. “Formas de articulación y coordinación de las organizaciones civiles en México.” En: Cadena Roa, Jorge. Las organizaciones civiles mexicanas hoy: http://institut-governance.org/fr/document/fiche/157. html

• Reygadas, Rafael. Abriendo veredas. Iniciativas Públicas y Sociales de las redes de organizaciones civiles: http://vinculando.org/sociedadcivil/abriendo_veredas/ • Reygadas, Rafael. “Para escribir historia de las Organizaciones Civiles”. Anuario de Investigación del Departamento de Educación y Comunicación: http://bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_libro.php?id_libro=23 • Salazar, Ana María; Luengas, Claudia y Reygadas, Rafael. “Por un marco fiscal que respete la libertad de organización.” Anuario de investigación 2008 del Dpto. de Educación y Comunicación, UAM-Xochimilco, 2010: http://bidi.xoc.uam

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SEM BLAN ZAS

Semblanzas tttttt

SARA SAN MARTÍN

icenciada en Ciencias de la Educación, UDLA- Puebla (1982), ROMERO maestra en Comunicación y Política, UAM-X, México, D. F (2010). Directora del Centro de Estudios Ecuménicos, A. C. (2010 a la fecha). EXPERIENCIA PEDAGÓGICA

Junio- Docente del Módulo 1 “Sociedad Civil en Diciembre México” del Programa de Profesionaliza2010 ción y Fortalecimiento Institucional para las OSC 2010. 2008-2009 Líder Coordinadora de Proyectos en la Sub procuraduría de Promoción de los DESCA en la Procuraduría Social del Distrito Federal 2001-2007 Asesorías y facilitación de procesos de planeación estratégica y evaluaciones institucionales y de proyectos a diversas organizaciones civiles como: Servicios de Promoción Integral Comunitario (SEPICJ A.C), Servicios a la Juventud (SERAJ A.C.), Compartir A.C., Fundación Vamos A.C., Caritas Suecia con sus contrapartes en México y América Latinoamérica.

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2005-2009 Contraparte en México para la evaluación de proyectos de jóvenes de la IYF y la fundación Rostros y Voces (Ocúpate y Cámara ahí nos vemos). Adecuación del modelo educativo para México del Programa de Habilidades para la vida Ocúpate. 2006 Coordinación y facilitación del proceso de formación para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades en Comunidad Participativa Tepito, A.C. 2004-2005 Asesorías a la unidad de formación de la Pastoral de la Tierra Interdiócesana- Guatemala. 2003-2009 Docente en el Módulo de Sistematización de Experiencias de OSC, del Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional como equipo de colaboradores externos del IMDEC, A.C. 2002-2005 Asesorías y prestación de servicios profesionales para la elaboración de estrategias educativas y material didáctico en el programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la SEDESOL.

2001-2002 Co-coordinadora y metodóloga del segundo ciclo de la escuela de formación ciudadana “Gobierno y ciudadanía”, COPEVI (Centro Operacional de Vivienda, A.C.), México, D. F. 1998-2001 Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C.): Coordinadora del área de Comunicación; Responsable del Programa de Educación Popular para la Paz la Solidaridad y los Derechos Humanos; coordinación de diferentes talleres de metodología de educación popular, investigación participativa, comunicación popular, derechos humanos, resolución de conflictos, fortalecimiento institucional.

1981-1984 Organizadora Regional y Capacitadora en el Programa Nacional de Alfabetización (PRONALF) y el Instituto Mexicano para la Educación de los Adultos (INEA) en los programas de alfabetización, educación básica, promoción cultural y capacitación para el trabajo, en el estado de Puebla y en Cuetzalan, Puebla.

1985-1988 Supervisora-metodóloga del Programa de Educación de Adultos del Ministerio de Educación en Nicaragua; coordinadora del área de capacitación en la Empresa Nacional de Puertos de Nicaragua CA.

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Semblanzas tttttt

MARÍA

LUISA

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA

icenciatura en Sagrada Teología por el Seminario Teológico Presbiteriano de México (pasante). Coordinadora de la línea Estratégica de Procesos Territoriales con Incidencia Social en el Centro de Estudios Ecuménicos, A. C.

GUZMÁN AGUIRRE

EDUCACIÓN POPULAR Escuela Metodológica Local. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. 1996. Escuela de Sistematización. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C.1998. Diplomado de Educación Popular del CEAAL-URM 2011-2012. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS Taller de competencias para la contraloría social. Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática. CIESAS. 2011. Taller de Incidencia en Políticas Públicas. Alternativas y Capacidades A. C. 2011.

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2010-2011 Docente del Módulo 1 “Sociedad Civil en México” del Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las OSC 2010. 2005-2007 Co-Propietaria de Organic Select México. Proyecto de Comercialización de alimentos orgánicos de la región, fortalecimiento de la actividad campesina orgánica. Puerto Vallarta, Jalisco, México. 2000-2004 Coordinadora del Área de Participación Ciudadana del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario IMDEC. Procesos de organización participativa en 24 municipios del estado de Jalisco, realización de diagnósticos comunitarios, acciones de comunicación, propuestas metodológicas, integración en proyectos nacionales de agendas de derechos humanos y agendas ciudadanas basadas en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales desde una perspectiva de género; manejo de proyectos de financiamiento; integrante del grupo promotor “Poder Ciudadano Jalisco”.

2000 Coordinadora Estatal de Observadores Electorales del Estado de Jalisco “Alianza Cívica”. Elecciones federales, elecciones estatales en Jalisco y Chiapas. Guadalajara, Jalisco, México. 1998-1999 Coordinadora del área de Acción Cristiana del Centro Alberto Rembao, Guadalajara, Jalisco, México. Proyecto Binacional de Ministerios Hispanos de la Iglesia Unida de Cristo (UCC)- Discípulos de Cristo de USA y de la Junta de Iglesias Congregacionales de México. 1996-1998 Coordinadora del Proyecto de comercialización Artesanal “Flor de Maíz”, San Cristóbal Zapotitlán, Jalisco, México. Proyecto socioeconómico de fortalecimiento organizativo de mujeres artesanas para la comercialización de sus productos. 1995-1996 Coordinadora del Proyecto Socio-Económico y Educativo “Martha y María”, Colonia El Colli, Guadalajara, Jalisco, México. Proyecto de apoyo al fortalecimiento económico de mujeres solas y sus familias en colonias populares.

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Semblanzas tttttt

REBECA PATRICIA

MONTEMAYOR

LÓPEZ

aestría en Estudios de la Mujer. Integrante de Pensamiento, Voz Pública y Acción Ecuménica del Centro de Estudios Ecuménicos.

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 2010-2011 Coordinadora de Pensamiento, Voz Pública y Acción Ecuménica del Centro de Estudios Ecuménicos, A. C. 2005-2007 Centro de Estudios Ecuménicos, A. C., responsable de Educación emancipadora. 1991-2003 Comunidad Teológica de México: Decana de la Institución 1995-2000 Coordinadora Académica: Coordinadora del Diplomado de Educación Cristiana (1993-1994): Diplomado en Estudios de la Mujer. Docencia: en área de educación; área de estudios de la mujer y área de la biblia.

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1991-1993 Profesora en los cursos de Culturas Mesoamericanas, español, Taller de Redacción y Evangelios Sinópticos. 1991-1993 Profesora en las áreas de Biblia: Literatura Juanina y Efesios, Hermenéutica General: área de Mujer: Mujer e identidad en el nuevo Testamento, Centro de Estudios Superiores de Integración Cristiana (CESIC). 1983-1988 Profesora en las áreas de exégesis y educación cristiana. Seminario Teológico Bautista de Monterrey. 1974-1979 Profesora y capacitadora en cursos de alfabetización y educación de adultos con método de ALFALIT e INEA. 1974-1989 Profesora de Educación Primaria, Secundaria y Preparatoria, en las áreas de Español, Literatura, y Etimologías Grecolatinas. Monterrey Nuevo León y México D. F. 2003 Cátedra: Teología y Género en Taller Socio teológico, Centro Martin Luther King, La Habana, Cuba. 2004 Cátedra: Teología y Género en Cátedra de la Mujer.

Semblanzas tttttt

JOSÉ

icenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac GUADALUPE SÁNCHEZ y en Teología por la Universidad SUÁREZ Pontificia de México, con estudios en Letras Clásicas por la UNAM y Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo por la UIA, México. Coordinador de Pensamiento, Voz Pública y Acción Ecuménica en el Centro de Estudios Ecuménicos, A. C. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 2011 Promotor-Investigador del Centro de Estudios Ecuménicos. Tallerista con grupos de base en temas de análisis social, político y religioso. 2011 Docente del Módulo 1 "Sociedad Civil en México" del Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las OSC 2010. 1998- Profesor de filosofía, sociología, historia y a la fecha letras en diversas instituciones de educación media y superior. 1998- Experiencia como educador popular con a la fecha grupos de base urbanos, campesinos e indígenas.

2009-2010 Investigador y líder de proyecto en Católicas por el Derecho a Decidir. 2006-2010 Secretario ejecutivo del Observatorio Eclesial, espacio de reflexión y análisis social. 2003-2006 Asesor pedagógico en instituciones educativas de nivel medio y superior: participando en la elaboración, implementación, acompañamiento y seguimiento de políticas y proyectos educativos; coordinando la elaboración de textos y metodologías actualizadas para la formación en humanidades; impartiendo cursos y diplomados de actualización docente. 2001- Ha dictado ponencias e impartido cursos a la fecha en diversos foros públicos y privados sobre temas de religión, sociología, políticas públicas y género. 2000- Publicaciones diversas sobre temas de a la fecha religión, educación, análisis social, entre otros, en revistas académicas y sociales tales como Estudios-ITAM, Cencos-Iglesias, Oikodomein, entre otras.

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Semblanzas tttttt

RAFAEL

aestro en Orientación Educativa y Vocacional por la NorROBLES mal Superior Nueva Galicia (1971), GIL Maestro en Ciencias por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (1984), Doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana (1998) e integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999.

REYGADAS

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 2010-2011 Instructor del Módulo 1 “Sociedad Civil en México” del Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las OSC 2010. 1980- Ha dirigido 99 tesis (93 de licenciatura y a la fecha 6 de maestría) sobre Derechos Humanos relacionados con la Psicología Social. La tercera parte han sido en relación con OSC. 1978-2008 Autor de diversas publicaciones: 23 libros, 44 capítulos de libros y 53 artículos.

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2005-2007 Consejero Propietario por parte del Sector académico y fundador del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 2004,2005 Coordinador del Módulo “Historia e Ideny 2006 tidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil” (3 diplomados sobre profesionalización, en 20 sedes cada uno; 3 diplomados de formación de dirigentes de 20 organizaciones civiles en el Programa “Formar para Transformarnos”, coordinado por el ITESO, el IMDEC, la Fundación Sophia, entre otros. 1989-2004 Miembro del equipo promotor de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil desde la coordinación de la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. 1999-2001 Formador de personal de las OSC a través de 3 diplomados conjuntos entre la UAMXochimilco y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia.

1985-1989 Formador de profesores de universidades públicas de todo el país, desde la Comisión de Planeación y Desarrollo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. 1978-1985 Formador de profesores de universidades públicas de todo el país, desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. 1972-1978 Formador de profesores de universidades públicas de todo el país, desde el Centro de Didáctica y desde el Centro de Estudios sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. 1978- Profesor de la Universidad Autónoma Mea la fecha tropolitana en diversas licenciaturas y posgrados.

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Semblanzas tttttt

ROBERTO

studios de Antropología Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cursos de AdminisGONZÁLEZ tración de la Capacitación: I) 2-11 marzo 1981; II) 30 de noviembre a 5 de diciembre 1981; III) 11-17 marzo 1982; Instituto Nicaragüense de Administración Pública (Managua). Talleres de Educación Popular, Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) y otras redes; de 1981 a la fecha. Diplomado de Formación de Dirigentes para Organizaciones Sociales, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) - SINFIN 11 de Mayo de 2001 - 16 de Junio de 2002.

SERGIO

VEGA

DEDICACIÓN ACTUAL Secretario Ejecutivo de Servicio, Desarrollo y Paz A. C. (SEDEPAC). De 1981 a la fecha coordina proyectos de alfabetización, capacitación de promotores rurales y miembros de la sociedad civil en Nicaragua, Sierra Huasteca Potosina, Sierra Norte de Puebla, Coahuila y Tlaxcala.

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EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 2010-2011 Instructor del Módulo I: “Sociedad Civil en México”, Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional (PF), Centro de Estudios Ecuménicos (CEE)-Indesol. 2007-2011 Capacitador del Programa Formación de Promotores, de la Organización Mazahua Pjoxte y Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable A.C. Mayo-Junio Instructor del Módulo de Historia e Iden2006 tidad de OC y el Desarrollo; Diplomado de Profesionalización de OSC; Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) - INDESOL. Febrero Instructor del Diplomado Regional de Eco2006 turismo en Aguascalientes; SEMARNATUniversidad Tecnológica del Note de Aguascalientes (UT). Julio 2005 Instructor del Módulo de Historia e Identidad de las OC y el Desarrollo; Diplomado de Profesionalización de OSC; CEE-Fundación Rostros y Voces-INDESOL.

2005-2006 Capacitador del Programa de Formación de Facilitadores Comunitarios ,Diplomado del CECYTEV-Red de Estudios para el Desarrollo Rural, (RED A. C.); Pajapan, Ver.

1987-1989 Coordinador del proyecto: Intercambio y Capacitación Campesino a Campesino de la UNAG de Nicaragua y Servicio, Desarrollo y Paz, A. C. (Sedepac) de México.

Julio 2004 Instructor del Módulo de Historia e Identidad de OC y el Desarrollo; en Diplomado de Profesionalización de las OSC; VAMOS FDS-INDESOL.

1985-1987 Capacitador del Programa de Participación Popular de UNAG-FAO (Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura), Nicaragua.

2001-2002 Capacitador en metodologías participativas del Programa de Formación de Facilitadores de Innovaciones Tecnológicas para la Agricultura Campesina; de la Red de Estudios para el Desarrollo Rural (RED, A.C.).

1983-1985 Septiembre 1983-Agosto 1985: Capacitador del Programa de Formación de los Consejos Zonales y Municipales de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), Nicaragua.

1998-2003 Capacitador de campesinos y técnicos en Medio Ambiente, Agroecología y Metodologías Rurales Participativas; en el Centro de Capacitación Campesina del Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, A. C., Mpio. de Españita, Tlaxcala.

1982-1985 Capacitador en Cursos de Organización, Desarrollo Cooperativo y Formación de Técnicos de Reforma Agraria, Nicaragua.

1987-1990 Coordinador del Programa de Desarrollo Rural Sedepac, proyectos regionales de agroecología y ecotecnias, en Sierra Huasteca Potosina y Sierra Norte de Puebla

1981-1982 Coordinador de Capacitación, Ministerio de Finanzas, Nicaragua. Enero 1980- Asesor Técnico de la Cruzada Nacional de Diciembre Alfabetización, Nicaragua. 1975-1976 Alfabetizador voluntario (Método Paulo Freire), Col. Ampliación, Mpio. de Tejalpa, Morelos, México.

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1987- Colaborador en artículos y libros del Proa la fecha grama de Participación Popular (UNAGFAO, Nicaragua). En México, del Proyecto Escuelas Campesinas (Ecas) de la Red de Estudios para el Desarrollo Rural. Del Proyecto: Sistematización y Proyección de los Aportes de la Sociedad Civil al Desarrollo Local del Consejo de Educación de Adultos de América Latina. AUTOR DEL LIBRO: El Campesino va a Saber Organizarse, Guía Metodológica para la Organización del Campesinado (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, Nicaragua, 1988; 201 pág.)

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NOTAS:

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NOTAS:

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