Elecciones y Democracia — Conferencias Magistrales by IEE Chihuahua

Elecciones y Democracia Conferencias Magistrales María Marván Pedro Salazar José Roldán Xopa Ciro Murayama José Woldenberg

Elecciones y Democracia Conferencias Magistrales

Primera edición: 2017

Héctor Jaramillo: dirección editorial, edición de fotografías, cuidado de la edición. Gisela Franco Deándar: portada, diseño editorial, material gráfico, cuidado de la edición. Rosa María Hernández: transcripción, redacción, ortografía, ortotipografía. Leticia Carrillo Girón: transcripción, redacción, ortografía, ortotipografía. Analucía Gutiérrez Covián: revisión ortográfica. Textura de portada: Starline / Freepik pitahayaeditores@gmail.com (614) 425 7891 (614) 196 1021 (614) 225 6285 Chihuahua, Chihauhua, México. Impreso en México Printed in Mexico

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Directorio Consejo Estatal Arturo Meraz González, Consejero Presidente Alonso Bassanetti Villalobos, Consejero Electoral María Elena Cárdenas Méndez, Consejera Electoral Claudia Arlett Espino, Consejera Electoral Julieta Fuentes Chávez, Consejera Electoral Saúl Eduardo Rodríguez Camacho, Consejero Electoral Gilberto Sánchez Esparza, Consejero Electoral Guillermo Sierra Fuentes Secretario Ejecutivo María del Carmen Loya Carmona Directora Ejecutiva de Administración Pedro Uranga Rohana Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana Liliana Loya Jaime Directora Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos Políticos y de Organización Electoral Oksana Volchanskaya Directora de Comunicación Social Carlos Alberto Morales Medina Encargado de la Dirección Jurídica Héctor Enrique Martínez Dorador Director de Sistemas Ignacio Alejandro Holguín Rodríguez Director de Transparencia y Protección de Datos Personales Silvia Ivonne Ortega Magallanes Titular de la Comisión de Fiscalización Local

Índice Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Conferencia I La democracia y su contrario. ¿Dónde estamos parados? Pedro Salazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Conferencia II La Equidad y el Modelo de Comunicación Política María Marván . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Conferencia III El Régimen Electoral y su relación con el Sistema Anticorrupción José Roldán Xopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Conferencia IV Retos para las elecciones 2018 Ciro Murayama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Conferencia V Importancia de la Investigación Jurídica Pedro Salazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Conferencia VI El malestar con (en) la democracia José Woldenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Presentación

a presente obra surge bajo la idea de conmemorar los veinte años de una institución que se ha esforzado por cumplir con los principios rectores de la función electoral, relativos a la legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad, imponiendo el reto de fortalecer la ruta democrática. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es un organismo público autónomo encargado de la organización, dirección y vigilancia de las elecciones y demás procesos que requieran consulta pública en el Estado, así como de contribuir al desarrollo de la vida democrática, y promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica en la comunidad. En el marco de la difusión de la cultura política democrática, esta obra es un ejercicio para fomentar y acercar a la ciudadanía el análisis y debate de temas de actualidad en el ámbito público. En su interior encontrará la transcripción de cinco interesantes ponencias dictadas por personas dedicadas a la investigación, que poseen las más altas credenciales en nuestro país. Se trata de líderes formadores de opinión e

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importantes académicos de las ciencias política y jurídica contemporáneas, que con suma claridad nos hacen reflexionar sobre distintos temas y nos invitan a participar en uno de los ejercicios democráticos fundamentales en toda sociedad moderna, que es la del proceso de renovación de las y los integrantes de los poderes públicos. En este tenor de ideas tuvimos el privilegio de recibir y conversar con el Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, el Dr. Ciro Murayama, quien en su participación presentó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA), que permite analizar algunas problemáticas a la luz de numerosos estudios sociológicos de nuestra realidad como país. Tuvimos también la oportunidad de conversar con el Dr. vv Salazar Ugarte, quien con destreza pedagógica invita a reflexionar sobre la democracia y su contrario, así como sobre la importancia que reviste la investigación jurídica en la vida universitaria y fuera de ella, ambas reflexiones expresadas con datos que imponen el reto de ahondar en los temas planteados. Así mismo, encontraremos la participación del Dr. José Roldán Xopa, que con toda claridad expuso el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo éste se relaciona íntimamente con los esfuerzos de las instituciones electorales por celebrar comicios que atiendan a los principios de transparencia y máxima publicidad, por citar sólo algunos de ellos. Finalmente, en la valiosa exposición de la Dra. María Marván Laborde, podrá reconocerse el proceso evolutivo de los modelos de comunicación política y los retos que impone en la materia el proceso electoral 2017-2018.

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Todos y cada uno de nuestros invitados e invitada, reconocidos a nivel internacional, con expertiz y calidad conducen la reflexión sobre la democracia, sus aristas y su valiosa aportación a la concepción civilizada de los procesos de renovación de los poderes públicos, por encima de cualquier otro método diseñado hasta ahora por el ser humano, para normar la transmisión de poderes y la toma de decisiones públicas. Sea pues esta obra, una modesta aportación a la discusión pública y un testimonio del esfuerzo de toda una institución por continuar con el fortalecimiento de la democracia, como régimen político y como forma de vida de la sociedad chihuahuense.

Arturo Meraz González Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua

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Prólogo

ntender la democracia es uno de los retos más complejos que enfrenta la ciencia política, pues su dimensión comprende un significado mucho más profundo que la simple acepción etimológica, aquella que intenta definirla como demos (pueblo) y kratos (poder), el poder emanado del pueblo. Al respecto, nuestra Constitución en su artículo tercero, al definirla establece que la democracia debe entenderse no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida, fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. En un contexto procedimental la democracia ha encontrado en el sistema electoral su más claro referente, a grado tal que la concepción social sobre la democracia está íntimamente relacionado con la idea de las elecciones como mecanismo utilizado para la renovación periódica de los poderes del Estado. Justo alrededor de esta idea es que en nuestro país se desarrollaron las instituciones que organizarían las elecciones de forma autónoma, es decir, bajo un esquema en el que instituciones ciudadanas indepen-

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dientes de los poderes públicos constituidos, fueran las responsables de organizar los procesos de renovación de las autoridades, garantizando en todo momento el principio de equidad en la contienda y que los partidos políticos, y candidatas y candidatos a ocupar los cargos públicos de elección popular, tuvieran las plataformas necesarias para emitir sus posicionamientos e ideales políticos con libertad y acordes a las normas establecidas, brindado con ello a la ciudadanía la posibilidad de conocer el proyecto de cada una de las opciones políticas y así tomar decisiones de manera informada, sin sesgos ni intereses ajenos a su voluntad. Es por eso que desde hace veinte años en el Estado de Chihuahua contamos con una institución autónoma en su funcionamiento, que tiene la responsabilidad de organizar y vigilar el proceso electoral, con la responsabilidad de garantizar la maximización de los derechos político-electorales de ciudadanas y ciudadanos, y que funge como árbitro en cada una de las elecciones locales celebradas en la entidad. Hoy nos congratulamos en celebrar veinte años del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua; esta celebración resulta el pretexto ideal para reflexionar sobre los avances de la democracia en la entidad y sobre los nuevos escenarios que plantean un mayor compromiso de parte de la institución. Estamos en las vísperas del proceso electoral 2017-2018, calificado por voces autorizadas del país como el más grande y complejo de la historia y, por lo tanto, un gran reto para nuestra democracia. En este tenor, el Consejero Presidente y los Consejeros y Consejeras Electorales del Instituto Estatal Electoral, nos dimos a la tarea de organizar una serie de conferencias magistrales que congregaron a la

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comunidad académica, política y de la sociedad civil organizada, en torno a interesantes reflexiones y posicionamientos de investigadores en el ámbito jurídico y político de México. Las conferencias magistrales conmemorativas de estos veinte años del Instituto fortaleciendo la democracia, no podían quedar únicamente en la memoria de quienes tuvimos la fortuna de presenciarlas, así que consideramos pertinente trascribir aquellas cuyos ponentes autorizaron al Instituto Estatal Electoral su edición para ser publicadas en esta obra, y contar con un instrumento actual de análisis, debate e introspección institucional, de cara al proceso electoral 20172018 y, por supuesto, de cara al futuro. Inicialmente tuvimos como invitado al Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón, quien es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Dr. Murayama dictó la conferencia denominada Retos para las Elecciones 2018 y formuló comentarios a partir de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, Enccívica 2017-2023, la que calificó como una propuesta para discutir abiertamente los problemas de la democracia en espacios donde la universalidad de las ideas dan lugar a reflexiones fundamentales para nuestra sociedad; ahí manifestó que uno de los problemas más fuertes en nuestro país es la abismal desigualdad, y que dicho fenómeno se repite en cada municipio y nos escinde como sociedad, pues somos un país con una economía fuerte en el mundo y al mismo tiempo registramos una alta taza de concentración de po-

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breza, situación que afecta de manera directa el nivel de satisfacción ciudadana con la democracia. No obstante, el Dr. Murayama resaltó que justamente la democracia y su modelo de elecciones periódicas es el único mecanismo de transmisión del poder público sin derramamiento de sangre, además de ser un elemento de igualdad, pues en medio de todas las situaciones de desigualdad, hay un día en México en que todos somos iguales, el día de las elecciones, porque el voto de todos y cada uno de los mexicanos tiene el mismo valor. Por otro lado, enfatizó que el próximo proceso electoral representa el mayor reto en la actualidad para nuestro sistema democrático, pues habrá elecciones en treinta entidades federativas, concurrentes con las federales, algo jamás antes visto. Ante ello, debemos tener presente que el actor principal de los comicios es la ciudadanía; serán ciudadanas y ciudadanos quienes emitan su voto para elegir representantes públicos, pero también serán ciudadanas y ciudadanos quienes reciban ese día el voto de sus vecinos. Estas personas serán seleccionadas y capacitadas para fungir como funcionarios y funcionarias electorales, con el propósito de que su actuación brinde certeza y seguridad a los resultados en cada una de las casillas. Para el conferencista, a pesar de todos los problemas, donde no hay elecciones hay violencia, porque toda colectividad humana va a disputarse el poder y es mejor que esa disputa se de en la vía institucional. Actualmente, el padrón electoral en nuestro país asciende a más de 86 millones de electores. En 2018 tendremos el proceso electoral en el que se elegirán más de 3,300 cargos, entre ellos el titular de la Presidencia de la República, y la totalidad de las y los integrantes

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del Senado y de la Cámara de Diputados. Se elegirán nueve gubernaturas y en siete entidades federativas habrá voto de mexicanas y mexicanos desde el exterior. Se sortearán a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos para que, en su momento, acepten desempeñarse como funcionarios de las mesas directivas de las casillas. Como dato interesante, el Dr. Murayama citó por un lado, que el 52% del padrón electoral está integrado por mujeres y el 48% por hombres y, por otro lado, históricamente, las mujeres acuden en mayor número a votar a las casillas electorales. Con base en ello es que se puede asegurar que la participación de las mujeres es determinante en los resultados electorales. Además, destacó que la estructura del Instituto Nacional Electoral esta diseñada y probada para organizar procesos electorales transparentes, apegados a la legalidad, con órganos desconcentrados imparciales que toman las decisiones más minuciosas para que las elecciones cumplan con los propósitos que plantea la legislación y con el conocimiento directo de cada región y de sus problemáticas, para alcanzar una mejor operatividad, tales como la ubicación de casillas, la cual se decide en el seno de cada uno de los 300 consejos distritales. Para el Dr. Ciro Murayama el reto no se limita a las actividades electorales y así lo expuso; el desafío es más ambicioso, es llevar a la realidad la definición constitucional de democracia como una forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Posteriormente, en otro de los eventos conmemorativos tuvimos como invitado al Dr. Pedro Salazar Ugarte, Licenciado en Derecho y Doctor en Filosofía Política, actual Director del Instituto de Investi-

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gaciones Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Dr. Pedro Salazar presentó en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la conferencia magistral denominada La Democracia y su Contrario. ¿Dónde estamos parados?. Sin duda, un título provocador y de sumo interés que anticipaba la exposición de los retos que afronta la democracia hoy en día. Durante su exposición manifestó que, tal y como lo planteaba el jurista alemán Hans Kelsen, la autocracia es el opuesto teórico de la democracia y afirmó que el rasgo distintivo de la democracia es que las y los destinatarios de las normas colectivas, de una u otra manera, encuentran la forma de participar en su creación; es decir, la ciudadanía es la que cuenta con los instrumentos para darse a sí misma un orden normativo que responda a su realidad y que resuelva, o regule, los fenómenos sociales que se presentan en la sociedad. Por otro lado, encontramos que en la autocracia el rasgo distintivo es justamente lo opuesto a la democracia, pues en ella, las decisiones y las normas que regulan la conducta de las y los gobernados, son dadas por el poderoso y no permiten la participación de la ciudadanía en la creación, construcción y eventual modificación del marco jurídico que les rige; es decir, en las autocracias los ciudadanos jamás participan de la creación de las normas que regulan su actuar, no encuentran bajo ninguna circunstancia la forma de incidir en la actividad del Estado y mucho menos pueden establecer contrapesos del poder de los gobernantes. Ante ello, el Dr. Salazar Ugarte nos recuerda que nuestro país venía de un régimen en el cual había un partido político hegemónico, se

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celebraban elecciones pero que su resultado era siempre la victoria de esa opción política que no encontraba un contrapeso político natural. A pesar de que la ciudadanía contaba con un sistema electoral como mecanismo para renovar la titularidad del Poder Ejecutivo y Legislativo, el triunfador era siempre el partido político que estaba en el poder público, sin que la oposición tuviera representación efectiva y que, como resultado de esa competencia desigual, uno de los poderes públicos era un simple ejecutor de la voluntad del otro y no un órgano deliberativo que debatiera desde la actividad legislativa las disposiciones del ejecutivo. Hablando de poderes públicos, el conferencista resaltó que en nuestro país contamos con doce organismos públicos autónomos, que son entidades que no pertenecen a la esfera de competencia de ninguno de los tres poderes constituidos. Las atribuciones con las que hoy cuentan dichos órganos autónomos eran competencia del Poder Ejecutivo, es decir, las detentaba el Presidente de la República; ello indica que el Presidente de México, de forma paulatina, ha ido perdiendo facultades constitucionales, no sólo las prerrogativas adicionales que ejercía como líder del partido político hegemónico y que Jorge Carpizo llamó “meta constitucionales”. Así las cosas, nuestro sistema presidencialista ha ido sufriendo modificaciones de tal manera que hoy se percibe con mayor claridad la división de poderes. En la actualidad, las decisiones más importantes del país no son producto de la voluntad de una sola persona, sino de un sistema que cuenta con mecanismos cada vez más eficaces para analizar, debatir, revisar y, en su caso, reordenar el rumbo político, económico y social de la nación.

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El ponente fue muy enfático al señalar que cuando las democracias son funcionales, las personalidades de los líderes se vuelven cada vez menos relevantes y toman su justa dimensión. Para ejemplificar esa aseveración mencionó los recientes sucesos en Francia con su actual Presidente, Emmanuel Macron, un líder carismático que fue electo bajo su sistema comicial con un buen margen de popularidad, que incluso los ojos del mundo estaban puestos en él porque prometía ser la imagen de lo que se espera de un político con novedosas ideas y que ahora, a pocos meses del ejercicio de su mandato, su popularidad se ha visto afectada por el funcionamiento de los pesos y contrapesos que supone un estado constitucional de derecho. El Dr. Salazar formuló un análisis con el que visibilizó los males de la democracia moderna, encontrando que corresponden a los siguientes cinco temas: primero, la dificultad para analizar las ideologías de los partidos políticos mexicanos pues sus exponentes, dirigentes, militantes y candidatos en ocasiones suelen ser completamente opuestos en ideología a lo enmarcado en sus estatutos, ello configura una verdadera complejidad para la ciudadanía en una democracia, pues existe la imposibilidad de asegurar el sentido de las políticas públicas que se implementarán en un gobierno, si sus candidatos o dirigentes no suelen tener definidas sus ideas en torno a los fundamentos del partido político que representan; segundo, la desigualdad estructural que vivimos en el país, pues una inmensa mayoría de la riqueza se encuentra en un sector minúsculo de la sociedad mexicana; tercero, la violencia, un fenómeno que en los años recientes se ha acrecentado, tanto que en ciertos estados de la República podemos advertir un índice de mortalidad por homicidios dolosos mayores incluso que

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los registrados durante la Revolución Mexicana, hace ya más de cien años; cuarto, la impunidad, el hecho de que la sociedad perciba que el actuar contrario a derecho, no encuentra mayores consecuencias, desalienta a la ciudadanía y genera una profunda desilusión en la democracia; y quinto, la profunda desconfianza no sólo en las instituciones, sino la desconfianza de todo aquél que no se encuentre en el círculo más cercano al ciudadano. Justo aquí encontramos al contrario de la democracia, sin embargo y en descargo de nuestro sistema, es de reconocer que esta problemática no se trata de un fenómeno solamente mexicano, sino que estamos en presencia de una crisis que se refleja en el mundo entero y que pone en duda los tres principios que movieron al planeta entero después del horror que significaron los sucesos de la segunda guerra mundial. En primer lugar y fundamentalmente, la idea de que la democracia iba a ser una mejor forma de gobierno, que iba a generar condiciones para el debate público, una mayor participación ciudadana y mecanismos útiles de control del poder. En segundo lugar, la idea de los derechos humanos como bienes valiosos que se protegen jurídicamente para que podamos contar con una vida autónoma, libre, en la que podamos ejercer el derecho a pensar y ser distintos. Y, en tercer lugar, el fenómeno de la globalización, fundado en la idea de que éste sería incluyente y no al revés. Por último, el Dr. Salazar concluyó que los diseños institucionales de la democracia, cuando funcionan adecuadamente, no dan cabida a su contrario pues establecen un sistema de contrapesos en el que impera un parámetro de regularidad constitucional y no la voluntad de quien o quienes detentan el poder público.

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Gentilmente, el Dr. Salazar Ugarte impartió una conferencia más, denominada La Importancia de la Investigación Jurídica, la cual tuvo lugar en la Universidad La Salle, Campus Chihuahua. Durante el desarrollo de la conferencia, el Doctor enfatizó la importancia que reviste la investigación jurídica en torno a temas emergentes y relevantes para la vida nacional. Habló del centenario de nuestra Constitución Política, que a lo largo de su vigencia se ha reformado en más de 700 ocasiones. Por virtud de estas reformas se han adicionado una gran cantidad de decisiones importantes para el país; una de las más importantes fue la reforma de derechos humanos de junio de 2011, que permitió la posibilidad de invocar instrumentos internacionales de protección de derechos en sede interna. Otra reforma importante fue sobre el sistema nacional anticorrupción, que reconoce y afronta las crisis que actualmente se viven en México, tales como la de derechos humanos y el gravísimo problema que implica la presencia de la corrupción en la sociedad, que trastoca el ámbito gubernamental. El Dr. Pedro Salazar aseveró que no debemos ser ajenos a esas crisis, sino todo lo contrario; tenemos el reto de reconocerlas, debatirlas y encontrar los mejores instrumentos e implementación de las políticas públicas necesarias, para abatirlas. El siguiente evento conmemorativo del 20 aniversario del Instituto Estatal Electoral tuvo como protagonista al Dr. José Roldán Xopa, Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. El Dr. Roldán Xopa dictó una conferencia magistral denominada

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El régimen electoral y su relación con el sistema anticorrupción. Dio inicio a su exposición estableciendo que la característica de un sistema democrático es que, en principio, debe estar presente un elemento de igualdad, pues en una elección uno de los iguales es elegido por el resto y se le otorga un mandato, cuestión que plantea una forma de legitimidad pero que, sin lugar a dudas, ésta se encuentra sujeta a resultados y justamente de ello depende la capacidad de quien es electo para mantener su legitimidad en el ejercicio del poder público o perderla por no satisfacer las necesidades y expectativas de quienes le eligieron. Existen ocasiones en que se presentan fenómenos que alteran la legitimidad, tales como la plutocracia que, como sentido peyorativo de la democracia, establece condiciones de patrimonialización de los bienes y recursos públicos, y son justamente ese tipo de acepciones las que modifican en demérito la legitimidad de un gobierno, cuyos métodos resultan cuestionables. El mal uso del poder público, cuando se presentan fraudes, corrupción y fenómenos similares, tienden a viciar el procedimiento de elección y la validez del sistema bajo el que son electos, que por supuesto tiende a calificar de cuestionable la eficiencia de un gobierno. El Dr. Roldán agregó que, según datos publicados por Transparencia Mexicana, los costos que tiene la corrupción sobre el ingreso de una familia es de aproximadamente el 30% de sus percepciones, es decir, es tan alto que afecta en más de una cuarta parte el ingreso familiar y reduce de manera importante la capacidad adquisitiva de las familias, empobreciendo a quien se sitúa en el supuesto y reduciendo con ello la calidad de vida de las personas en todos los sentidos.

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Ante ello han surgido esfuerzos significativos por abatir el problema de la corrupción en México, estableciendo un sistema nacional anticorrupción cuya estructura y reglamentación debe reproducirse en todas las entidades federativas y que, sin duda alguna, debe contemplar un robusto sistema de sanciones, a fin de que inhiban los actos de corrupción, sistema del que por supuesto el sistema electoral no puede ser ajeno, sino todo lo contrario, lo convierte en un elemento necesario que brinda certeza y transparencia a los procesos electorales y permite la existencia de un mecanismo de rendición de cuentas. Las sanciones que deben contemplarse en los sistemas anticorrupción nacional y estatales, deben imponer mayores costos que beneficios, pues cuando las sanciones son mayores y se implantan en un sistema en el que el imperativo es el Estado de derecho y existe la posibilidad de resarcimiento, el mecanismo sancionatorio inhibe, previene y corrige los riesgos de presenciar fenómenos de corrupción o sistemas corruptores. En ese tenor de ideas, el Dr. José Roldán explicó con claridad que la complejidad de la administración pública hace muy difícil la tarea de vigilar el exacto cumplimiento de la ley y la no disposición de recursos y bienes públicos para fines distintos a los que corresponden, por lo que es necesario que se establezcan estrategias inteligentes sobre sectores donde aumenta el riesgo de presenciar actos de corrupción, por la naturaleza propia de las facultades normativas con que se cuentan. Áreas de la administración pública como las que tienen atribuciones legales para enajenar bienes, por citar uno solo de los muchos ejemplos que con un poco de conocimiento de la administración pública pudiésemos encontrar, son sectores de mucho más riesgo que

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el área de oficialía de partes de alguna entidad pública, su propia naturaleza los separa y categoriza en diferentes niveles de riesgo, y es justo así como resulta posible realizar un mapa de riesgos e identificar cualitativamente las áreas en donde la corrupción puede aparecer de forma más sencilla. No es ningún secreto que la corrupción tiene un efecto negativo en la funcionalidad de las decisiones del gobierno, altera en muchas formas la eficiencia y eficacia de la implementación de políticas públicas y en general del accionar de los órganos del Estado. Por ello, el Dr. Roldán explica con claridad que en ocasiones la propia función pública es la que favorece la presencia del elemento corruptor, pues el diseño institucional es permisivo, por lo que no importa si en dicha función se cuida la designación del titular del área, lo que resulta más importante ahí, es la necesidad de rediseñar el instrumento normativo que establece los protocolos de actuación para hacerlo más eficaz y que elimine o disminuya los riesgos de corrupción. Finalmente, consideró que el sistema nacional anticorrupción y los propios de las entidades federativas, revisten una gran importancia en nuestro sistema jurídico y político, pero de nada sirven si la ciudadanía no se apropia de ellos, pues el desconocimiento y poco compromiso de la sociedad con la democracia, favorece enormemente la presencia de elementos corruptores dentro de la administración pública, por lo que resulta necesario que la ciudadanía en general reconozca el funcionamiento de los sistemas anticorrupción y que sean ellos mismos quienes se conviertan en el mejor auditor de la función pública. El último evento conmemorativo del 20 aniversario del órgano electoral tuvo lugar en las instalaciones del Tecnológico de Monte-

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rrey, Campus Chihuahua, en donde se contó con la presencia de la Dra. María Marván Laborde, quien cuenta con una amplia experiencia electoral, y en materia de transparencia y rendición de cuentas. Dentro de su vasta currícula destaca el haber sido Consejera del otrora Instituto Federal Electoral y Comisionada Presidenta y fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, actualmente es coordinadora del área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Dra. María Marván presentó una conferencia magistral denominada La Equidad y el Modelo de Comunicación Política, temática de suma importancia de cara a los retos que implica el proceso electoral local 2017-2018. En su ponencia expresó que el modelo de comunicación política ha venido transformándose paulatinamente, de forma tal que hemos transitado de un modelo político de partido hegemónico, a uno en donde el diseño democrático del sistema electoral permite una verdadera contienda. En 1977, hace ya cuarenta años, se expidió la legislación electoral conocida por el nombre de quien ocupaba en ese entonces la Secretaría de Gobernación, el Lic. Jesús Reyes Heroles, y no por el nombre de quien en ese momento era el Presidente de la República. En ese tiempo, a pesar de que el país vivía en un sistema de partido hegemónico, se plantearon cambios sustantivos en materia electoral dentro de los que destaca la estructuración de un colegio electoral que otorgó el registro a más de una organización política que permanecía proscrita, tal es el caso del entonces Partido Comunista Mexicano. Permitió también por primera vez las coaliciones, abrió tiempos oficiales de radio y televi-

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sión para la promoción de las distintas fuerzas políticas y contempló la figura de la representación proporcional, consistente en la repartición de escaños entre los partidos políticos que por su porcentaje de votación obtenida no habían alcanzado la victoria en la contienda electoral, pero sí contaban con el respaldo de un número importante de ciudadanas y ciudadanos que les habían dado su voto. Con esta medida se registró el aumento de 186 a 400 Diputados y Diputadas Federales. Se consumó también la reforma al artículo 6º Constitucional ante la necesidad de incorporar la pluralidad en el acceso a la información y la libre expresión de las ideas, por lo que se incorporaron al texto de la carta magna, diez palabras que buscaban garantizar la libre expresión de las ideas políticas en los medios de comunicación como prensa, radio y televisión, sin que ello provocara represalias en contra de quien diera cobertura a las ideologías de la oposición. Años después, ya con la creación del Instituto Federal Electoral, se realizó el primer proceso de fiscalización de la campaña de una elección presidencial; el primer dato cuya difusión movió a la reflexión sobre el modelo de equidad en los procesos electorales, fue que el partido político en el poder había gastado el 80% de lo presupuestado para el IFE para el proceso electoral, con lo que se comprobó que el modelo vigente hasta ese entonces no favorecía la equidad en el proceso y con ello los resultados eran siempre los mismos. Fue entonces que surgió la reforma de 1996, por virtud de la cual se registraron una serie de modificaciones al marco constitucional y legal en materia electoral. Primero, aumentó el financiamiento público a los partidos políticos; segundo, se estableció el candado para que el financiamiento privado no pudiera ser mayor al monto del finan-

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ciamiento público, estableciendo por primera vez los topes de gastos de campaña. Al día de hoy, la realidad del país ha cambiado. Se tiene una composición plural de preferencias partidistas; la competencia política es real y existe la posibilidad de que gane las elecciones un partido político distinto al que se le había confiado el ejercicio de poder público. En su exposición, la Dra. Marván Laborde afirmó que bajo el diseño institucional de las contiendas electorales, hoy en día tenemos la certeza de que la ciudadanía puede llegar a la casilla y emitir su voto libre, sabiendo que puede elegir una o distintas opciones partidistas para cada cargo sujeto a elección; es decir, las y los electores pueden votar por el bloque de candidatas y candidatos de un mismo partido político o elegir opciones postuladas por distintos partidos. Luego de la elección del año 2006, en la que se complicaron los resultados de la contienda por la mínima diferencia que separaba al primero y segundo lugar de los candidatos a Presidente de la República, se registraron cuestiones de suma importancia, tales como el proceso de fiscalización. En esa ocasión, se tuvieron los siguientes datos: primero, que los partidos políticos habían gastado más de dos mil millones de pesos en compra de tiempo aire en radio y televisión; segundo, que las televisoras habían otorgado precios distintos a las opciones políticas, ello a pesar de las gestiones y lineamientos en la materia que había emitido el Instituto Federal Electoral, que disponía que el precio del tiempo aire tendría que ser el mismo para cada una de las opciones políticas, sin demerito de ninguna de ellas. Dicha situación originó la discusión de la reforma electoral 20072008, en la que se modificó el modelo de comunicación política, a fin

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de que ningún partido político pudiera comprar tiempos de radio y televisión. A raíz de la reforma, se determinó que la propaganda política debía realizarse en los tiempos oficiales del Estado y se estableció que la autoridad electoral haría la distribución de dichos tiempos de manera equitativa a cada uno de los partidos políticos con registro. Uno de los problemas más recurrentes con la distribución de los tiempos se originó porque hemos pasado de un modelo de comunicación política extenso, a un modelo en el que figura la llamada espotización de las ideas y propuestas de carácter político. Por otra parte, la restricción establecida en el artículo 41 Constitucional respecto de lo establecido en los numerales 6 y 7 del mismo instrumento normativo, prohíben las campañas que tiendan a desacreditar las opciones políticas adversarias. Con ello, estamos en presencia de un modelo que se aleja de uno de corte democrático liberal, en el que además los órganos electorales tanto el administrativo como el jurisdiccional, se han vuelto juzgadores de todos y cada uno de los spots de los partidos políticos. Esta materia es la principal razón por la que se judicializan los procesos electorales y poco aportan a la libre expresión de las ideas y generación del debate de las problemáticas nacionales. Este tipo de judicialización mas bien ayuda a fortalecer la idea de que los partidos políticos son actores tramposos, que las autoridades electorales no funcionan y que, por supuesto, resultan estructuras muy onerosas. La Dra. Marván concluyó su disertación al explicar que dicha percepción debilita la democracia y ante los retos que implica el proceso electoral 2017-2018, las instituciones, los partidos políticos y, ahora, la nueva figura de las candidaturas independientes, tienen la tarea no

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sólo de contender en procesos comiciales competidos y complejos, sino de ser participes de la corresponsabilidad que implica el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En este mismo libro se encuentra la transcripción de la conferencia magistral denominada El malestar con (en) la democracia, que meses atrás, en el marco del 19 aniversario del Instituto Estatal Electoral, pronunció el Doctor José Woldenberg Karakowsky, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Si bien es una conferencia que tuvo lugar fuera de los eventos conmemorativos por el 20 aniversario de la institución, se trata de un material de mucho valor y plena vigencia no sólo por la experiencia y la altura académica del conferencista, sino porque aporta elementos adicionales a la discusión pública sobre la democracia, que no fueron tratados en los otros textos que aquí se comparten. El Dr. José Woldenberg inició su conferencia haciendo alusión a que ya el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advertía que el malestar que puede vivirse en la democracia se espera que no llegue al límite de considerarse malestar con la democracia. Por décadas se pensó a la democracia como una solución, como la receta para desmontar la pirámide autoritaria que dejó la post revolución, el sistema que permitiría dar equilibrio a los tres poderes constitucionales, vivir plenamente el federalismo consagrado en la constitución, ejercer las libertades, permitir la convivencia y competencia de la pluralidad política para la alternancia en los diversos niveles de gobierno, contar con los pesos y contrapesos del entramado estatal. Las expectativas fueron mas allá, como si la democracia fuera una varita mágica y no un régimen de gobierno. Se pensó que con la de-

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mocracia desaparecería la corrupción, los abusos, las violaciones a los derechos humanos. Se tenía la seguridad de que la presencia de la pluralidad en el escenario político sólo traería consecuencias positivas. Al convertirse unos en los vigilantes de los otros, los actos arbitrarios, ilegales y despóticos irían con tendencia a la baja. La economía crecería, se atenderían las desigualdades abismales que existen en la sociedad mexicana y el Estado de derecho se implantaría como una casa para todos. Hubo una total sobreventa de los efectos virtuosos de la democracia, al pensar que este régimen no sólo permitiría el ejercicio pleno de la libertad política, sino que traería como consecuencia la mejoría de las condiciones económicas y sociales de la población en su conjunto. Esta visión tuvo su origen en dos fuentes. En primer lugar, en el discurso de los actores en la contienda política, que buscaban resaltar los beneficios de arrebatarle el poder autoritario al Partido Revolucionario Institucional; en segundo lugar, por cierta línea de la academia y el periodismo proclives a reducir los graves problemas y las condiciones de desigualdad en el país a un solo factor: la falta de libertades políticas derivadas del monopartidismo fáctico. A estas alturas, opina el Dr. Woldenberg, resulta claro que la democracia, en efecto, es un régimen que resuelve algunos problemas muy importantes en la sociedad, entre ellos, el de la convivencia-competencia de distintas corrientes e ideologías políticas en la sociedad, el relevo del poder sin el uso de la violencia y la expansión de las libertades. Sin embargo, la democracia, por su propia naturaleza, deviene en un sistema cuya gestión de gobierno es difícil en su funcionamiento y en el cual la toma de decisiones es compleja y, a veces, tortuosa.

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Por todo ello es que el Dr. Woldenberg Karakowsky propone que, quienes consideremos que no existe un régimen superior de gobierno al democrático, iniciemos ahora la reflexión pública de considerar a la democracia no sólo como solución, sino como problema. Para analizar la democracia como problema, el conferencista propuso algunas fuentes del desencanto con nuestra democracia; estos son temas que ayudarían a pensar en los retos que debe afrontar el asentamiento del régimen democrático en el país: Primero: infravaloración del tránsito democrático en el país. El Dr. Woldenberg considera que faltó mayor conciencia de lo que significó la alternancia del poder; olvidamos muy fácilmente la presencia del autoritarismo en todos los escenarios públicos y, en algunas ocasiones, en el orden privado. Ese olvido deviene en una consideración fácil de los logros alcanzados en materia de democracia; en el intermedio hubo, nada menos, seis reformas electorales. Segundo: gobiernos de minoría, gobernabilidad complicada. En un sistema democrático es más difícil gobernar. Pactar es un asunto tortuoso y lento; en ese escenario hay pasiones e intereses confrontados. En la época del autoritarismo había mayor gobernabilidad por la poca pluralidad. Por ello es extraño que aparezcan voces que añoran el pasado. Ahora no hay, en buena hora, quién mande sin necesidad del consenso; pero ello es un elemento fundamental de toda democracia y debemos encontrar maneras de que la búsqueda del consenso no atrofie la eficacia del gobierno. Tercero: déficit de orden democrático. Para bien, hoy los diversos grupos se movilizan y exigen sus derechos y, en democracia, deben escucharse y garantizarse. Pero debemos conciliar el interés general con esos diversos intereses minoritarios, sin que con ello se deje en el caos el orden social. 32

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Cuarto: pobreza, desigualdad, frágil cohesión social. Se trata de una de las fuentes mas importantes en el desencanto con la democracia, pues en estas condiciones es muy difícil generar un sentimiento de pertenencia a nivel nacional y de aprecio por las instituciones y libertades ganadas con la transición. No hay un país, hay varios países, cada uno con diferentes condiciones de vida. Nuestra incipiente democracia parece no causar impacto en este orden. Quinto: estancamiento económico y su secuela. Es una fuente de desencanto poderosa, ya que el sistema no genera mejores condiciones de vida, ni futuro prometedor para jóvenes. Los primeros años de nuestra democracia lamentablemente coinciden con un estancamiento en el desarrollo económico del país, aunado a la comparación con las condiciones vividas en el pasado cercano, en el que todavía gobernada el partido hegemónico y las libertades se encontraban restringidas por la carencia de pluralidad. Se torna atractivo apelar a esa época de bonanza económica y de desarrollo para cuestionar el empeño por la democracia. Sexto: corrupción. Este fenómeno, aunado a la impunidad, hoy tienen una mayor visibilidad pública y una menor tolerancia social; no hay nada que mine en mayor grado la confianza hacia los partidos políticos, los congresos y los gobiernos, que episodios de corrupción que quedan impunes. Siete: violencia. La espiral de violencia que ha sacudido al país en la última década genera un clima de temor, desconfianza mutua, y produce un descrédito de las autoridades. El Dr. José Woldenberg concluyó que la democracia es un régimen de gobierno que se fortalece en la medida en que las y los ciudadanos aprecian, no sólo poder ejercer sus derechos, votar libremente

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para integrar gobiernos, crear con ese voto mayorías afines a sus intereses en los congresos, sino también una notoria mejora en sus condiciones materiales de vida, y son capaces de discernir lo que se juega en la contienda política. Con estas notas previas se abre la lectura de este texto que busca contribuir a la discusión pública del inacabado proceso de democratización de nuestra sociedad.

Alonso Bassanetti Villalobos María Elena Cárdenas Méndez Claudia Arlett Espino Julieta Fuentes Chávez Saúl Eduardo Rodríguez Camacho Gilberto Sánchez Esparza Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

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Conferencia I

La democracia y su contrario. ÂżDĂłnde estamos parados?

La democracia y su contrario. ¿Dónde estamos parados? Pedro Salazar Ugarte

l opuesto teórico de la democracia se llama autocracia. No es absolutismo, no es dictadura, no es sultanato, es autocracia. ¿De dónde proviene esta idea? La idea, en primer lugar, no es mía, la tomo prestada de Hans Kelsen, que era un gran jurista. También tiene un libro sobre ensayos democráticos muy importante, en donde creo que hace la mejor descripción de la diferencia entre democracia y autocracia. En las democracias —esta es la teoría que abreva en el pensamiento clásico y llega a Kelsen— la idea básica es que los destinatarios de las normas colectivas, de una o de otra manera, participan en su creación. Es decir, decimos que las decisiones se construyen desde abajo, desde la base de la pirámide social, ya sea de forma directa o eligiendo representantes, participando en un medio de comunicación, o por las distintas vías que permiten las democracias, en donde los destinatarios de las normas tenemos algo que ver con la creación de las mismas.

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En las autocracias, al contrario, y ahí sí caben varios tipos: dictaduras, sultanatos, o muchos regímenes en los cuales las decisiones caen desde lo alto hacia abajo. Es decir, los destinatarios de las normas son los receptores y no son partícipes en su creación.

Decimos que en las democracias las personas, los ciudadanos, ejercen su autonomía política, es decir, de alguna forma inciden en las decisiones que van a regir su vida, mientras que en las autocracias las decisiones vienen de manera heterónoma, se te imponen contra tu voluntad y lo único que puedes hacer es obedecerlas. Alguien puede pedir un ejemplo de autonomía y de heteronomía: digamos que ganamos autonomía cuando nos emancipamos del control de nuestros padres, porque cuando somos niños, niñas, nuestra autonomía es muy reducida; tenemos que preguntar: ¿Puedo comer esto? ¿Puedo vestir-

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me así o no? ¿Puedo invitar a alguien o no? ¿Puedo ir a casa de alguien o no? No tenemos autonomía. Las reglas de la organización familiar las imponen los padres, y vamos ganando autonomía conforme nos vamos emancipando de esas reglas y tenemos mayor capacidad para

decidir cómo vamos a normar nuestra vida. Esa es la lógica en el ámbito doméstico que les quiero transmitir: somos autónomos cuando las reglas que rigen nuestra convivencia no se nos imponen del todo desde fuera, sino que de alguna forma somos coautores colectivos de ellas. Es importante esto para medir qué tan democrática es una sociedad o no, qué tanto las ciudadanas y los ciudadanos se involucran, inciden y se convierten en decisores de la vida colectiva. El contrario radical de la democracia sería aquel régimen —pongan en mente una dictadura— en el cual hay un tirano o una tirana

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que dicta e impone las normas colectivas, y todos los demás son los receptores, a pesar de su voluntad. Creo que este mapa nos sirve para ver —y ya voy saliendo de esta premisa teórica— en dónde estamos parados en México. Pienso sobre todo en las generaciones jóvenes, que les tocó vivir después de la transición, así que cuando les hablo de la transición democrática como una gran gesta, veo con claridad su escepticismo: te voltean a ver y te dicen: “Bueno, ¿y a mí qué? Eso ya estaba ahí cuando yo nací, y lo que está ahí no me gusta. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se están peleando todo el tiempo; no miran el interés colectivo sino una serie de intereses particulares; no me gusta la manera en la que se discute sin sustancia.” Es decir: “Eso que ustedes, adultos, llaman democracia, a mí no me mueve el corazón.” Y ahí vale la pena hacer un alto en el camino y, en verdad sin desestimar su argumento, jóvenes, decirles: “Es que no saben lo que había antes.” Y explicarles para que entiendan qué es lo que vale la pena rescatar de lo que tenemos hoy. La idea de no tirar el agua sucia con el niño adentro. Sí, hay que cambiar muchas cosas, pero intentemos identificar lo que tiene valor para conservarlo. México venía no de una dictadura como las de Latinoamérica, no de un régimen absolutamente, digamos, autocrático en un sentido radical, no. México venía de una cosa que se conocía en la ciencia política como “sistema de partido hegemónico”. Esta fue una idea que se le ocurrió a un autor italiano que acaba de fallecer hace algunos meses, Giovanni Sartori, que se dedicaba a estudiar sistemas jurídicos comparados. Llegó y vio a México, y dijo: “¡Uy, este bicho está muy raro! Es un bicho político que tiene particularidades como no había visto

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en ningún otro lugar: un partido político que siempre gana, pero hay elecciones recurrentes y otros partidos políticos que pueden competir. Es un país en el que todas las personas pueden ir a votar, pero ya saben de entrada quién va a ser el ganador, y de todos modos van a votar. Y los partidos de oposición, no todos son satélites, hay oposición real, pero son marginales a la hora de integrar el gobierno.” Objetivamente hace algunos años, históricamente hablando, el presidente en turno —esa era la otra cosa que volvía loco a Sartori— dura seis años y después se va a su casa, no busca reelegirse, pero incide en quién va a ser su sucesor —el famoso “dedazo” —lo llamábamos entonces—. Todos sabíamos que aquel que era el candidato del PRI (constantemente puros hombres) sería después de la elección el siguiente presidente de México. Y este presidente —nada más para que se den una idea de qué controlaba; por eso a quien estudie Ciencia Política le va a hacer mucho sentido desde el punto de vista de la teoría de la separación de los poderes—, este presidente de la República era el jefe del Estado, era el jefe del gobierno, pero además era el jefe del partido. Y al ser el jefe del partido, tenía el control sobre toda la Cámara de Diputados y toda la Cámara de Senadores, que ese partido controló hasta hace muy pocos años al cien por ciento. Además, el presidente de la República designaba al presidente y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y si no me gustan los quito. Y también designaba al jefe de Gobierno del Distrito Federal. No creo que la Ciudad de México sea más importante que las demás ciudades del país, pero es la más grande, es la del centro y es en la que están los Poderes de la Unión. Bueno, designaba al jefe de Gobierno, decía va a ser tal y si quiero lo quito.

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Me van a preguntar, ¿y en las entidades federativas cómo funcionaba el asunto? La respuesta es sencilla: el presidente de la República controlaba la carrera política de todos los actores que querían tener carrera política, porque su partido dominaba al Congreso estatal, al poder Judicial estatal y también al nivel municipal, a los alcaldes y etcétera, etcétera; es decir, el presidente podía acabar con tu carrera política o permitir que subiera. Había esta idea de que los revolucionarios que ganaban la revolución en México eran una larga lista de generales, esperando su turno en la presidencia. Y pensaban: “para este sexenio ya me toca”. Permítanme transmitirles cómo era este contexto: no había un debate público abierto, ni discusión en los medios de comunicación sobre temas relevantes sobre, digamos, el modelo económico, ni sobre cuestiones sociales importantes como si es legítimo o no interrumpir un embarazo. Además, no se podía criticar al presidente: todos los periódicos en sus ocho columnas eran una fiesta a la figura presidencial; todos los días cualquier ocurrencia iba a la primera plana. Me acuerdo que fui a buscar qué dijo el presidente de México el día que yo nací, nada más por curioso, y las ocho columnas de El Universal, entonces el gran diario de México, decían: La vida tiene dones, me gusta disfrutarlos, y las iniciales del presidente. Este culto a la figura presidencial les voy a decir dónde lo volví a ver en serio —a mí ya se me había olvidado; probablemente uno va creciendo, una va viviendo su presente de distinta manera—: cuando me invitaron al aniversario de la Constitución de Venezuela, en 2009, todavía con Chávez de presidente, el Chávez, aquel Chávez. Nos invitaron a un grupo de constitucionalistas de América Latina

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y Europa porque cumplía diez años la Constitución Bolivariana de 1999. Solo les doy la anécdota: Nos dan el programa y nosotros íbamos a hablar por varios minutos. El presidente estaba programado para darnos un mensaje de quince minutos y su intervención sería a las nueve de la mañana. Obviamente, a esa hora nos tenían a todos sentados. El presidente fue llegando por ahí de las 11 de la mañana. Antes de que llegara no pasó nada, ni café nos dieron. Estábamos esperándolo y, cuando entró, el auditorio se volvió loco de los aplausos, de las porras, de los vítores y del culto al presidente. Entonces, al presidente que iba a hablar quince minutos —¿por qué no? — le pareció interesante alargarse por cuatro horas... Luego escribí una crónica que publicó la revista Nexos y por la cual no he vuelto a Venezuela. La pueden buscar en Internet. Se llama Chávez, los tres poderes soy yo, donde describí lo que vi y lo que era tener un personaje inteligentísimo con un carisma impresionante, hay que reconocerlo, una personalidad fuerte, de estas gentes que dices “este contagia”, pero que se la pasó entre hablando de asuntos políticos, cantando y contando chistes, con un auditorio que aplaudió una y otra vez durante las cuatro horas de su discurso. Eso es el contrario de la democracia y, de alguna manera cercana, de ahí veníamos. ¿Qué tenemos hoy de eso que se llamó transición democrática? Algo que, sin duda, en muchos sentidos no nos gusta, pero que creo que tiene elementos que vale la pena rescatar: una cosa que se llama pluralidad política, representada en fuerzas políticas que sí piensan cosas distintas sobre temas relevantes; que, además, está recreada en todos los órdenes y niveles de gobierno: un presidente de un partido, un jefe de Gobierno de la Ciudad de México de otro par-

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tido, y un gobernador del estado de Chihuahua de un tercer partido, y que no se quieren. Tenemos pluralidad en los órganos legislativos. Desde 1997 ningún presidente ha tenido un Congreso que domine. En la capital podemos elegir a nuestro jefe de Gobierno, y desde 1997 gobierna el PRD. Ahora todos dicen que va a ganar Morena —porque sus miembros más importantes se separaron del PRD— pero ahí está la incertidumbre electoral. ¿De qué va a depender quién gane? Pues de lo que votemos los ciudadanos en unos meses. No sabemos si el PRI se va a mantener en el gobierno y el principal preocupado es el PRI. Antes hubiéramos sabido que sin duda se iba a quedar en el gobierno. Hoy todo el mundo dice que al candidato del PRI lo va a poner el presidente Peña Nieto, yo no sé, no tengo idea, pero supongo que no va a ser tan fácil eso. Supongamos que sí lo va a poner, pero ese candidato no tiene para nada garantizado que va a ser presidente, porque en medio hay una cosa que se le va a atravesar llamada elecciones, y en esas vamos a votar nosotros y en ese voto vamos a poder orientar el sentido de esa decisión final. Creo que eso no lo podemos perder de vista, y tampoco otra cosa que me parece muy importante: esa figura poderosísima del presidente dependía de dos tipos de facultades: unas eran las constitucionales, y otras, las que un investigador del instituto que lamentablemente falleció, un gran pensador jurista mexicano, Jorge Carpizo, llamó las facultades meta-constitucionales, que no estaban escritas en ningún lado pero que el presidente ejercía, como la de nombrar gobernadores. Lo saben quienes recuerdan cómo el presidente le llamaba a alguno y le decía: “Vente, gober” y este empezaba a sudar. Lo recibía y le decía:

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“No voy a hablar contigo; te va a atender el secretario de Gobernación.” Este ya lo esperaba con un expediente grandote y le decía: “¡Uy, gober, hay problemas en su estado! Así que yo creo que hasta aquí llegó su mandato” Y el gobernador se quedaba mudo... “Pero no, no se preocupe. Mire, mejor quédese aquí en la Ciudad de México de vacaciones, o vaya de viaje con su familia, ahorita no regrese a su estado, para que el nuevo gobernador pueda tomar posesión. De hecho, ya está tomando posesión en el congreso su secretario de gobierno.” Esta es una anécdota real, no voy a decir los nombres, pero real. En el primer año de gobierno, los gobernadores preferían irse al gabinete que gobernar su estado. Lo que les quiero transmitir es que eso que llamamos Federalismo, y que se activó con muchos problemas, tampoco existía. Esta cuestión de que aquí en Chihuahua deciden ustedes las cosas importantes para el estado, y se lamentan y tal, no sucedía; es uno de los éxitos de esta apertura democrática, con los grandes problemas, porque, así como ha habido gobiernos locales exitosos, hemos tenido también señores feudales tremendos en este nuevo contexto de lo que algunos llaman Federalismo. Y otro éxito es —no sé si sepan; no sé si hay aquí en el auditorio abogados constitucionalistas; también es una materia de Ciencia Política— que hoy en la Constitución nacional tenemos 12 órganos constitucionales autónomos, que luego se reproducen en las estatales. Menciono solo unos rápidamente: Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Transparencia, Banco de México, Inegi, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto de Evaluación Educativa, Comisión de Competencia Económica, Ifetel. ¿Saben de quién era la facultad de ejercer esas materias? Hasta hace algunos

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años, era facultad del presidente de la República, quien con el paso del tiempo ha ido perdiendo facultades constitucionales, ya no solo las meta-constitucionales. Cada uno de estos órganos autónomos le quitó poder y capacidad de incidir en el poder. De hecho, la paradoja es que hoy tenemos un presidente institucionalmente mucho más débil que antes, pero seguimos teniendo una cultura hiperpresidencial. ¿Cuál es la elección que trae a todo mundo mareado? —o cuando menos allá donde vivo—. ¡La presidencial! Que si va a ser López Obrador. Que si Anaya o Margarita. Que Moreno Valle ahí está. Que Mancera dijo ya que sí. Y en el PRI que si Meade, que si Narro, que si tal. Todo el mundo está especulando alrededor de una elección, cuando lo que va a estar en juego es una elección nacional, en todos los niveles y órdenes de gobierno, para elegir poderes que tienen mayor capacidad de incidencia que el titular del Ejecutivo nacional. Yo a veces me pregunto ¿y quién quiere ser presidente de México con esas facultades? Porque tendrás una comunidad que está esperando que seas todopoderoso, es decir el Señor Presidente, la Señora Presidenta, que nos resuelva todos los asuntos, y ellos van a decir: “Oigan, yo encantado, pero no tengo facultades, eso le toca a esta autoridad, o a esta otra.” La famosa frase esa que fue muy criticada de Fox, “¿y yo por qué?”, tenía sentido: le estaban pidiendo que resolviera cosas, y dijo “y yo por qué”, porque no era su competencia. Lo que pasa es que eso nos cuesta entenderlo por una cultura muy presidencial. Suponemos que el presidente lo puede todo, y la verdad es que no, así como los gobernadores tampoco lo pueden todo, y lo saben. ¿Cuándo pueden todo los presidentes o los gobernadores? Cuan-

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do se saltan las trancas de las normas, secuestran la división de poderes e inoculan los controles constitucionales. Ahí sí pueden todo, pero esa ya no es la democracia, de nuevo es su contrario. La democracia es una cuestión de reglas, de normas, de procedimientos, de controles, de poderes divididos. Y sí, señoras y señores, la democracia es una cuestión de debate, de contrapunto, de desgaste, de ruido político, porque precisamente permite que todas las voces se expresen y jueguen en la arena política. Eso es lo que vemos en los Parlamentos, en los Congresos, por eso es tan desesperante cuando uno está del lado de un gobierno y dice: “¡ya, que lo dejen gobernar!” mientras otros responden: “no, que no lo dejen, porque no lo queremos, porque tu gobernador o tu presidente no nos gusta”. De eso se trata la democracia, de que esas opciones plurales y diversas coexistan y canalicen sus diferendos a través de instituciones. Por eso creo que vale la pena en una sociedad plural y diversa como la nuestra, vuelvo a decirlo, no tirar al niño con el agua sucia. Quedarnos con lo que sí hemos logrado construir en estos años. Y fíjense en la paradoja. Esa personalización de la política, de creer que el presidente lo puede todo y de mirar a las figuras presidenciales como las figuras de referente, no es exclusivo de México. No alcen la mano si no quieren, pero ¿a quién le caía bien, a quién le movió el corazón, cuando Macron le ganó a Le Pen hace algunos meses en Francia? Todo el mundo volteó a ver a Macron en Francia como la nueva opción. Elección muy difícil la francesa. Tiene un sistema semipresidencial muy complicado; es entre parlamentario y presidencialismo reforzado. El punto es que era muy importante la elección en Francia porque los dos finalistas eran la extrema derecha, derecha-derecha,

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con esta señora Le Pen a la cabeza, y por otro lado este candidato Macron, joven y además todas las mujeres decían que guapo, simpático, carismático: la esperanza del mundo nuevo. Macron gana la elección ya no me acuerdo con qué porcentaje de popularidad, ¡pero ahora está en la lona! En cuestión de meses ya no lo quieren los franceses, y ya nos olvidamos de él en el mundo. ¿Qué quiero trasmitir? Que, en efecto, cuando las democracias funcionan, las personalidades se van volviendo cada vez menos relevantes y son cada vez menos capaces en lo individual de transformar las cosas. Entonces, ¿dónde estamos parados? En un régimen de democracia electoral, vigente, activo, disputado, controvertido, al que hay que consolidar al mismo tiempo, y que tiene muchos problemas. Alguien me decía, “¿y el tema del dinero a los partidos políticos qué te parece?” Es un exceso, ya nos pasamos. Eso para decirles que no vengo aquí a decirles que todo está bien. Al contrario. En nuestro régimen electoral hay cosas que hay que revisar ya, porque hay problemas. Pero en general, desde el punto de vista de la apertura democrática, no hay duda de que el país ha venido haciendo la tarea. Siguiente cuestión. La personalización de la política ¿qué supone? Miramos a los personajes y decimos “me cae bien”, “no, no me cae bien”, “es simpático”, “no, no es simpático”, y en realidad nos hemos perdido el debate de las ideas. Y esto, ya sé que lo han oído mucho, esto no es algo banal. Fíjense bien: Hace algunas décadas había algo que era un debate ideológico, en el que tú te ponías en una posición y podías decir “es que soy una persona de izquierda”. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que pongo la igualdad por encima del orden y la libertad; que me interesa que el Estado tenga una política fiscal en la

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que obtenga impuestos de los más ricos y los distribuya entre los más pobres; que creo en un Estado que tenga una agenda social y que entonces haya escuela y educación pública y vivienda pública, etcétera. Quiere decir eso. Y alguien podía decir “yo soy de derecha”. ¿Y qué quiere decir que usted sea de derecha? Pues que estoy por un Estado muy pequeñito, mínimo, que no intervenga en la economía. “Pues a mí me parece que los impuestos los deben pagar todos parejitos.” “A mí me parece que la libertad debe ir por encima de la igualdad y del orden.” Soy, en ese sentido, demócrata de derecha, y en el otro demócrata de izquierda. Eso te permitía ordenar y discutir, y tener una agenda de cómo veías tu mundo y tu sociedad, en qué creías. Hoy es el mundo de la ocurrencia y de los personajes, no el mundo de los programas y del debate sobre el proyecto real de país que el país requiere. Este es uno de nuestros males actuales. Veamos al PRI —alguien ahí que sea priista dirá “el PRI sí tiene ideología”—. Le voy a decir “¡Ah, ¡cuéntemela!” Porque yo le pongo el caso de dos de los precandidatos del PRI cuyas ideologías están muy alejadas una de la otra. A los dos precandidatos los conozco, y, lo digo públicamente, me gustan, los respeto, y me parecen personajes con muchos atributos profesionales y políticos. Lo digo porque así es, y no diría esto de todos. Por un lado, tenemos al señor José Antonio Meade, quien es absolutamente neoliberal. Ha estado en el gobierno del PAN y en el del PRI, en la Secretaría de Hacienda en dos ocasiones; está por lo que llamamos el modelo económico de libre mercado, neoliberal: consenso de Washington, no gasto público, control de inflación. Ese es su modelo económico. Es católico, lo digo con respeto porque públicamente lo es, y vive su vida privada con sus convic-

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ciones católicas y las proyecta a su vida pública. Tiene una agenda conservadora en temas que tienen que ver con interrupción legal del embarazo, matrimonio igualitario, etcétera. Esa es su agenda. Lo cual lo hace una persona con una agenda respetable. Y tenemos al otro precandidato —para ver si es verdad que el PRI tiene ideología como partido—, el señor José Narro, a quien yo respeto profundamente. José Narro tiene un proyecto económico socialdemócrata: él cree que el Estado debería generar gasto público para activar la economía — todo lo contrario al otro—, tener políticas sociales muy agresivas y construir hospitales, escuelas. Esa es su convicción. Viene de la universidad pública, siempre defendió el presupuesto de la UNAM por ser pública y es un gran defensor de la educación pública. Su modelo económico es radicalmente opuesto. El señor Narro es laico de pies a cabeza, cree en la separación Iglesia-Estado, y es de los que cree que las iglesias deben replegar su agenda de la esfera pública; lo ha dicho, escrito y defendido. Además, es totalmente progresista en la agenda cultural a favor de la interrupción legal del embarazo: tiene un programa muy importante en contra del embarazo adolescente, está absolutamente a favor de la información, de los anticonceptivos y de todas las medidas preventivas, y está totalmente a favor del matrimonio igualitario. Son dos personajes, lo interesante es que los dos aspiran a ser candidatos de un mismo partido. ¿Cómo le hacemos entonces para identificar cuál es el corte ideológico del PRI? Vámonos con el PAN, para ver este asunto tan interesante que está pasando. Se pelearon y ya se dividieron. Un grupo de senadores que estuvieron juntos en el gobierno de Calderón —Cordero, Gil, etcéte-

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ra—, se separan de la dirigencia nacional del PAN, y da la impresión de que se están acercando más a esta idea de modelo económico más neoliberal, etcétera. Y el señor Anaya, que está en el partido, va y firma un pacto para un frente común con el PRD, que era un partido de izquierda, era su antipartido, radicalmente lo opuesto. Y entonces uno dice, a ver, en ese frente, ¿me pueden explicar cuál va a ser la posición frente al matrimonio igualitario? En la Ciudad de México el PRD lo aprobó y el PAN lo impugnó en una acción de inconstitucionalidad. Lo mismo la interrupción del embarazo. ¿Cómo va el asunto ahí? Por no hablar de las políticas económicas, claro. Del otro lado, en el PRD tenemos este movimiento en el que ya la señora presidenta del partido, Barrales, dice: “Es que esto de derecha e izquierda ya no funciona para nada.” Y dice: “Las ideologías ya no son de utilidad”. Cuando las ideologías no sirven, jóvenes, damas y caballeros, lo único que queda es el mero pragmatismo. Decisiones pragmáticas para obtener posiciones y conservarlas. Y el problema es que, ahí sí, como electores, cuidado, porque no sabemos qué estamos votando. Porque el pragmático hoy quiere A y mañana B. A ver, en el caso de Andrés Manuel hay dos temas. Primero, es el de una mayor personalización de la política. Uno dice Morena y piensa en Andrés Manuel. Y Morena no se llama partido, se llama movimiento, que ese es un rasgo característico de quienes van desmontando la articulación partidista, pero aquí van dos ejemplos: Yo no puedo entender a un líder, que como él se dice de izquierda, social, preocupado por la desigualdad y la pobreza, etcétera, que lo que dice es que su política fiscal va a ser exactamente la misma que la del PAN y la del PRI. Que no pretende en ningún momento cobrar más impues-

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tos a los ricos para distribuirlos. Él ha dicho: “el problema es la corrupción”, en lo cual tiene razón, es un grave problema. Pero combatiendo la corrupción no va a obtener los recursos que necesita para lograr una distribución de los recursos. Ustedes van a decir “es que México es pobre”. No, no, no nos equivoquemos: en México hay pobreza y hay una desigualdad lacerante, que para mí es el principal problema del país, la pobreza más esa desigualdad, pero el país no es pobre. Tan no es pobre que vive aquí uno de los hombres más ricos del mundo, y, por su tamaño, nuestra economía es una de las más importantes del mundo. O sea, el país no es pobre, el problema es que la riqueza está muy mal distribuida. Y quien de ustedes tenga propiedades y dinero, no le va a gustar lo que voy a decir, pero, por ejemplo, en los países que distribuyen, hay un impuesto alto a las herencias, y uno progresivo: paga más el que más tiene y menos el que menos tiene, y hay políticas de restricción. Andrés Manuel no quiere eso. Su política fiscal es igual. Y queda otro tema: Andrés Manuel está en contra del matrimonio igualitario y en contra de la interrupción legal del embarazo, que nunca se aprobó durante su gobierno, siendo de izquierda. Entonces ahí tampoco hay una definición ideológica que te permita saber bien qué estás votando. Bueno, pues yo sí creo que tenemos la obligación de volver a discutir a partir de proyectos, de propuestas, de marcar con un debate sustantivo la agenda de la elección que sigue, porque si no nos van a saturar de spots y de ocurrencias, y eso solo lo logra una sociedad que discute. ¿En dónde? en las sobremesas, en la universidad, en las aulas pero también en los jardines, en los medios de transporte, en la vida que se apropia de la esfera pública a partir de información y de la construcción de argumentos. Si logramos eso como sociedad, vamos

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a establecer nosotros el estándar de la elección; si no lo logramos, vamos a tener una elección de muy baja calidad. Todo esto que acabo de decir ¿en qué contexto está? En escándalos de corrupción tremendos, lacerantes, ofensivos y nacionales, que lamentablemente están en el norte, en el centro y en el sur, y algunos peores que otros, pero lo que sí sabemos es que la sociedad ahora ha convertido el tema de la corrupción en una de sus principales preocupaciones, cuando antes se encontraba en el fondo de la lista. Por algo será. La corrupción es uno de los cinco males que he identificado y que debemos resolver como país. Segundo mal, ya lo dije: la desigualdad estructural. En nuestro país, la manera en la que se concentra la riqueza es en verdad impresionante. El tercer mal: la violencia, que se manifiesta en desapariciones, desplazamientos, violaciones de derechos humanos y homicidios. Cuarto problema: la impunidad, que es el corolario de la corrupción y de la violencia. El problema es que la impunidad se traduce en que los actos delictivos y de corrupción no son castigados. Y el último mal es uno que nos vuelve a involucrar a todos, y que tiene que ver con lo que acabo de decir, porque la burra no era arisca, los palos la hicieron: la profunda desconfianza que tenemos no solo hacia las instituciones, sino entre nosotros. Para mí ese es el principal problema en este país. Ustedes no confían más que en su núcleo familiar y desconfían de su compañero de al lado. Según la ENCCÍVICA, no tenemos confianza y sin ella no se construye sociedad ni capital social. Y miren que lo estoy diciendo en el estado de Chihuahua, que se ha caracterizado por su organización cívica. Y lo digo con recono-

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cimiento. Pero en general en el país, lo que nos dice la ENCCIVICA, si no me equivoco, es que el 70% de las y los mexicanos no confían ni en sus vecinos. Juzguen el dato: si no confías en tus vecinos, ¿cómo construyes una agenda común, un discurso común, ¿cómo problematizas desde el nosotros? Este no es un asunto nuestro nada más. El problema es que están en crisis los grandes ideales de la segunda posguerra, aquellas ideas que movieron al mundo después del terror de la Segunda Guerra Mundial, y que lo ayudaron a salir del horror. Básicamente, eran tres: La idea de que la democracia iba a ser no solo una buena, sino una óptima forma de gobierno, que no solo iba a resolver la lucha por el poder, sino que también iba a formar mejores ciudadanos, e iba a generar un mejor debate público y mayores controles a los poderosos. Esa idea uno hoy está en crisis. El ideal de los derechos humanos, entendidos como bienes valiosos que se protegen jurídicamente para que podamos tener una vida autónoma, libre, en la que podamos ejercer, fíjense qué derecho tan importante, el igual derecho a ser distintos. En igualdad de condiciones poder pensar en lo que creemos, poder querer lo que queremos, amar a quien queremos, vivir la vida como queremos. Ese derecho a ser diferente en igualdad de condiciones es un derecho humano fundamentalísimo, y es el que te permite imaginar el plan de vida que quieres vivir e intentar vivirlo. Solo vivimos una vez y vivimos poco. Tener las condiciones que te permiten ser tú en el mundo no es poca cosa. A eso se le llama derechos humanos. Sin discriminación, sin exclusión, sin violencia, sin maltrato por ser lo que eres, por querer lo que quieres, por verte como te ves, por vestirte como te vistes, eso son de-

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rechos humanos. Pero ese gran ideal lo hemos desfondado. Lo hemos utilizado para tirar bombas con el pretexto de los derechos humanos, distorsionado como si fuera un tema de un mecanismo de protección de delincuentes, malbaratado en el discurso público todos los días, y hoy no nos dice nada. Se nos convierte en una especie de cascarón vacío. Cuando hablamos de derechos humanos decimos “eso no tiene contenido”, cuando en realidad es el contenido quizá más importante para nuestra vida cotidiana en una sociedad civilizada. El tercer ideal de la postguerra era que íbamos a lograr tener una globalización incluyente. Fíjense en esta idea de que el mundo es de todos, que es tuyo y no tienes que pedir permiso para ubicar tu existencia y tu cuerpo en el lugar del mundo en el que quieres vivir. Ese era un gran proyecto que venía desde Kant y desde el pensamiento ilustrado, cosmopolita, de esta idea de la paz perpetua en un mundo global incluyente. ¡Eso nos movió a firmar la carta de la ONU en 1948! Creamos la Organización de las Naciones Unidas, y antes la Sociedad de Naciones, y también la Unión Europea. Hoy lo que estamos poniendo son muros. Muros, y no solo aquí, no solo Trump. El Brexit es la gran derrota de ese proyecto, de esta tercera gran idea que era la globalización incluyente. Por eso lo que les quiero preguntar, sobre todo a los más jóvenes, ¿dónde están parados? Porque están viviendo en un mundo sin paradigmas, sin grandes ideas que los convoquen, sin grandes ideales que los ayuden a tener causas, a dar una batalla en su vida por algo que valga la pena por ustedes y por los que siguen. Esos grandes ideales de posguerra se están desdibujando, y cuando eso sucede tenemos un futuro sin horizonte. No sabemos a dónde vamos. Hay quien me dice es que esto no me gusta, hay que

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cambiarlo, y las preguntas son: ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa constructiva que tenemos para sustituir lo que no nos gusta? Lo de Trump es un desastre del pensamiento occidental. No solo por lo que dice todos los días y por la manera en la que se le ha ido tolerando un discurso racista, absolutamente excluyente y violento, sino porque pudo llegar a ser presidente de la potencia que representaba el ideal de la democracia desde los tiempos de Tocqueville. Es decir, ¿por qué es grave? A mí nunca me han caído bien los americanos, lo digo con claridad, no me gusta su cultura, es una generalización barata la que acabo de decir, pero pues así es, uno tiene afectos o no, además, pertenezco a una generación como más nacionalista en ese sentido, yo qué sé, pero no tengo duda de que los Estados Unidos eran el modelo de esa sociedad de posguerra, el país a donde mirar y decir “mira que la democracia constitucional es posible”. Y si hoy tienen a Trump a la cabeza, hay un problema de pérdida de un referente práctico, ya no solo de las grandes ideas que se difuminaron, sino del modelo en el que esas ideas podían realizarse. La idea del muro es una traición brutal a una sociedad que lo que había logrado hacer para conseguir su dignificación mundial fue tumbar el muro de Berlín. Es decir, allí hay algo de regresión histórica muy serio, muy grave, que debemos de tomárnoslo con la mayor responsabilidad, porque es lo que nos va a tocar vivir a nosotros y a las futuras generaciones. Para no concluir nada más con pesimismo, diría: “y sin embargo Eppur, si muove… Pues a pesar de todo algunas cosas suceden. Trump podría hacer mucho más daño del que ha hecho, y en buena medida no ha podido porque eso que se llama división de poderes sí existe en Estados Unidos, porque los jueces le han dicho que no a co-

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sas tremendas, los gobernadores locales le están poniendo resistencia, la democracia le está metiendo controles y el Parlamento no le está aprobando sus cosas. Es decir, el personaje es horrendo, pero el diseño institucional de eso que llamamos democracia, cuando funciona y se activa, te permite evitar que un personaje terrible, en una posición de poder indiscutible, le dañe la vida a sus congéneres. La democracia te permite contenerlo. Y eso me parece importante. Que unos jueces hayan podido impedir que se detenga a las personas musulmanas y se les expulse en los aeropuertos de Estados Unidos, a través de la firma de una sentencia, es importante, porque es una forma de ver cómo los diseños institucionales de las democracias evitan su contrario. A Trump le encantaría vivir en lo contrario y ser el reyezuelo de los Estados Unidos sin ningún control ni contrapeso. Por fortuna no es así. Y en nuestro país tampoco lo es. Hemos construido instituciones para tener elecciones, un Sistema Nacional Anticorrupción que estamos esperando que termine de dar resultados, pero que existe y que ustedes tienen que reproducir desde los estados para que sea verdaderamente nacional. Hemos construido una apuesta por una nueva manera de impartir la justicia penal, desde 2008, que ahora tiene que acompañarse por un modelo de procuración de justicia distinto. Es decir, desde las instituciones construimos algo, que quizá no es la democracia perfecta pero que sí se ha ido alejando de su contrario. Y creo que vale la pena defenderla. Mi exhorto es el más obvio que les pueda hacer, y quizá el que menos los convoque: salgan a votar. Porque es un poder que sí tienen ustedes y que la historia de este país de los años recientes, 2015, 2016, nos ha demostrado que sí sirve. No en todos lados y quizá no con los

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resultados que todos quisiéramos en todos los lugares, pero el voto es un instrumento que sirve, y no solo para que los más jóvenes digan “no, yo no voy a votar, voy a sacar mi credencial de elector y la voy a usar para otra cosa”, porque sirve para otras muchas cosas. Trump ganó porque los jóvenes se quedaron en sus casas, solo participaron en los debates en redes. Esa es otra, vivimos en un mundo muy digital, muy interesante, pero es otro gran desafío, y ahí también estamos parados. Ha cambiado la manera de la comunicación política, etcétera. Ya lo saben mejor ustedes que yo. En la campaña Trump tuvo una oposición muy fuerte en redes: los jóvenes decían todo lo horrendo que era, pero no fueron a las urnas. Y lo peor —ya me imagino cómo les dolió—, cuando en algo inusitado en Estados Unidos salieron a las calles de varias ciudades a protestar diciendo “tú no eres mi presidente” y Trump se burló y les dijo “entonces por qué no saliste a votar ayer, si hubieras salido a votar, no sería tu presidente”. Voten, sí sirve. Y discutan, si no les gusta, debátanlo. De eso se trata la democracia. Y algo muy importante: no condicionemos el buen resultado de una elección a que gane el que nos gusta. Eso se llama madurez democrática. A veces se gana y a veces se pierde. Y hay que saber reconocer la derrota. Porque yo me temo que con la irresponsabilidad de nuestros políticos, vamos a tener cuatro presidentes o presidentas la noche de la elección. Igual, en muchos estados, de gobernadores, que van a decir “gané yo”, “gané yo”, “gané yo”. Nosotros somos los que tenemos que decir: “Oye, espérate, que se cuenten los votos, que se impugnen los resultados, que decidan los tribunales, que tal, y luego vemos quién ganó.” Además, la tendencia mundial —y lo sabemos aquí desde el

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2006—, la mundial, no la mexicana, es que cuando alguien disputa cargos ejecutivos, las elecciones se están cerrando y los triunfos van a ser por pocos votos. De eso se trata, no se asusten, como intenté decir al inicio: la o el presidente no va a ser tan poderoso, y no lo va a ser porque hemos construido una institucionalidad que lo contiene, y en ese sentido sí estamos más cerca de la democracia que de su contrario. Pero así estaban los venezolanos en 1999. Y hoy viven, en verdad, en su contrario. Así que si no cuidamos nosotros lo ganado, después no nos lamentemos. El voto en blanco es una legítima manifestación de una expresión de participación, tengo mi crítica porque no construye: al final utiliza el instrumento sin aprovechar la finalidad del instrumento del voto. Esa es una discusión mía. Pero al mismo tiempo me parece que es una opción completamente legítima. Entiendo que los tribunales electorales paulatinamente le han ido dando un reconocimiento de mayor significado en el resultado. Creo que es una opción, pero si gana el voto en blanco en un lugar, pues el nivel de legitimidad del supuesto ganador será demoledor, y en ese sentido creo que hay que hacer una ponderación jurídico política para darle el peso que le corresponde, yo no tengo objeción. Por otro lado, los movimientos mexicanos Nosotrxs, con x, Ahora, como el español Podemos, son legítimas manifestaciones de participación ciudadana, con vocación electoral que al final supongo que lo que quieren es aprovechar la figura de las candidaturas independientes, así lo han manifestado. También lo ha dicho el EZLN con una candidata indígena. Es un desafío muy grande, porque es muy difícil lograr estar en la boleta, pero hoy es constitucional y esa vía es legal. El hecho de

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que los ciudadanos se organicen para participar por esa ruta, me parece bueno. Yo prefiero una ciudadanía que participe como sea, pero que lo haga, obviamente, respetando derechos y de manera pacífica, democráticamente. En ese sentido bienvenida la participación. Al mismo tiempo, déjenme decirles una cosa, ya se saben esa: si parece pato y camina como pato, es pato. Llámenlo Ahora, o Podemos, o Nosotrxs, están haciendo un partido político que se llama Ahora, que va a tener un programa, un candidato, sus estampitas, su twitter y su página de Internet y que en la boleta te va a decir vótame. A eso se le llama partido político. Entonces nada más pues no nos hagamos muchas bolas, porque la política ¿saben quiénes la hacen? Los políticos. ¿Saben lo que quieren los políticos y las políticas? Obtener espacios de poder. ¿Saben para qué? Para gobernar con su agenda en la medida en la que los dejen. ¿Y saben lo que el político quiere? Aumentar ese poder, y esto lo dijo Maquiavelo no yo: los buenos políticos son los que logran el poder que es su propósito y los que lo conservan el mayor tiempo que pueden. Por eso les tenemos que poner reglas. Por eso tenemos que hacer elecciones. Por eso tenemos que meterles controles. Porque los políticos aquí y en Rusia, a lo largo de la historia de la humanidad, quieren lo mismo y es legítimo que lo quieran. Para eso es la política. Lo que a nosotros nos debe interesar como ciudadanía son los controles, la rendición de cuentas, las reglas, los contrapesos. Entonces para mí, Nosotros pretende ser, aspira a ser y les deseo que logren ser, un partido político, lo que no me encanta es que no se animen a reconocerlo. Pero, bueno, es un asunto de cada quien. Debemos también atender esta idea de qué hacemos nosotros con los derechos humanos. Creo que lo primero es rescatar frente

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a nosotros mismos cuál es el sentido de esa agenda, para poder reapropiarnos de ella, porque los derechos humanos no pueden ser un expediente retórico y no deben de ser una fórmula vacía; tienen un contenido muy concreto. No provienen de la agenda de la ingenuidad: se originan de la conciencia del desencanto; están ahí porque sabemos que, desde el poder, los hombres podemos causar mucho daño a los demás, porque sabemos que quien lo tiene, tiende a concentrarlo, aumentarlo o conservarlo, y muchas veces abusar de él. Esto nos lo enseña la experiencia, no la teoría. La experiencia nos enseña que, a lo largo de la historia, cuando un hombre o una mujer tiene demasiado poder tienden a usarlo para imponer su visión del mundo, restringir la libertad de los demás, oprimir a los que no piensan como él o como ella. Los derechos humanos son entonces lo que hemos ideado como civilización para limitar esas tendencias al abuso en el ejercicio del poder. Eso es lo que significa la reivindicación de nuestra libertad frente al poderoso, para que no nos asfixie nuestra vida, la recuperación de nuestra diferencia frente al que quiere que todos seamos iguales. ¿Han visto al líder de Corea? Ese que pidió que todos los varones se cortaran el cabello igual que él, con pena de cárcel a quien no lo haga. ¿Les sirve como ejemplo? Lo que quiero transmitir es el absurdo del capricho del poderoso, que decide incluso cuál debe ser tu corte de cabello y debe ser el mismo que el suyo. Los derechos humanos son precisamente el antídoto contra esa locura, son los mecanismos a través de los cuales uno dice: “No. Esto no se puede, señor, porque voy con un juez y él le va a decir que no a su decisión. Y si usted lo quiere hacer voy con el parlamento y el parlamento lo va a destituir, porque aquí es una república democrática y

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vamos a llamar a otra elección. Usted se va a tener que ir porque no es el dueño de este lugar que se llama mi país, y que es de todos.” Ese es el sentido. Debemos reivindicar el concepto de los derechos humanos, y defenderlo frente a los conciudadanos y frente a los poderes políticos, económicos y mediáticos. Creo que esta es la cuestión más importante para la educación. Si nosotros educamos de una manera totalmente vertical —pensemos en las escuelas y saquemos a la familia—, en la que las criaturas tienen que reproducir lo que uno les dice y comportarse de una sola forma y vestirse de una manera, nosotros estamos transmitiendo en la estrategia lo contrario a la agenda de los derechos humanos, porque la agenda de los derechos humanos lo que supone es que alcen la mano y te interpelen y te haga la pregunta incómoda y te digan “sabe que no estoy de acuerdo”, o “fíjese que yo creo que usted se contradijo, profe, ayer dijo otra cosa”. Esa es una forma de educar en derechos. Quiere decir educar en libertad, con responsabilidad. Entonces ¿tiene que ver la agenda de los derechos humanos con una forma de educación? Sin duda. Por la educación una sociedad se va construyendo como democrática. Les decía que para mí la educación tiene que ser laica sobre todo en las primarias y secundarias. Ustedes van a decir, ya viene este anticlerical, pero no, nada de eso. Por respeto a la religión de todos y de los que no tienen religión, debemos generar espacios en los que convivan las diferencias religiosas en igualdad de circunstancias. Kymlicka tiene una idea que me parece súper poderosa. Dice: si las niñas y los niños crecen con gente que solo piensa como ellos, cuando en la vida, en el parque, se encuentran a uno que piensa dis-

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tinto creen que es un degenerado. De este modo construyes una sociedad de guetos. Cuando lo que necesitas es una de iguales, que en su diversidad y pluralidad aprende a respetarse y a tolerarse. Esa es una agenda de derechos humanos. Entonces por ahí hay mucho que hacer, en lo social, en el día a día —y ante este auditorio, como una petición en especial para las abogadas y abogados, les digo: usen a los derechos humanos. Si hay algo que me tiene muy contento de mi función como docente universitario y ahora como directivo, son los colectivos, sobre todo de jóvenes, que realizan esto que se llama litigio estratégico. Entienden perfecto los derechos y cómo funciona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y litigan casos. Les doy el ejemplo de uno y con esto cierro. Me parece interesantísimo este litigio que está realizando uno de estos grupos de jóvenes. Parten de la siguiente observación: “Del lugar en donde nace el niño y a qué escuela va depende su futuro”. Entonces se fueron a buscar la mejor escuela pública de la Ciudad de México, con infraestructura y maestras, en una preciosa casa colonial enorme, en el centro de la ciudad, o en Coyoacán, y a buscar la peor escuela pública en un pequeño poblado en Oaxaca, sin infraestructura, sin agua potable. Y entonces están comparando lo que va a ser el destino y la formación en la vida de dos niños exactamente de la misma edad, que entraron al mismo tiempo a la escuela pública. Y están haciendo un litigio estratégico, no sé si lo van a lograr, está complicadísimo el argumento: Reivindicación de igualdad por discriminación, en la que el estado, al brindar de esta manera diferenciada esa proyección educativa, está discriminando al de Oaxaca frente al de la Ciudad de México. Entonces le están poniendo una bomba en la mesa al juez, después al tribunal colegiado, y lo quie-

ren llevar a la Suprema Corte para que ella lo analice. Así fue como se logró el matrimonio igualitario. Yo no sé qué piensan de esto y si quieren otro día lo discutimos. Pero si ustedes me dicen “oye, el matrimonio igualitario que el presidente Peña propuso, pero no se aprobó en la reforma constitucional porque lo derrotaron los movimientos tal y tal”. Sí es cierto eso. Y no es menor; es políticamente significativo, socialmente es interesante, y les cuento una cosa, es derecho en México, en todo el territorio nacional, diga lo que diga su Constitución o su Código Civil, porque la Suprema Corte así lo decidió, y si quieren discutimos la sentencia de la corte, lo decidió y ha sentando jurisprudencia, ya es un hecho jurídico hoy. Lo único que vas a tener que hacer es, si te quieres casar con una persona del mismo sexo, es darte una vuelta por un juzgado para tener un amparo, y te lo van a dar, no te lo puede negar el juez. ¿Saben de dónde viene ese caso? Viene de un amparo que fue un litigio estratégico de 38 personas del estado de Oaxaca, que le dijeron a la Corte: “Una disposición que dice que el matrimonio es la unión entre un solo hombre y una sola mujer, que tiene como fin la procreación de la especie y la ayuda mutua me discrimina. Me afecta, que exista esa expresión. Me estigmatiza, porque quiere decir que hay algo en mí que no me permite ejercer un derecho que todos los demás si pueden y eso tiene que ver conmigo, con lo que soy y eso me está excluyendo, discriminando y maltratando. ¿Qué dijo la Corte? Se votó 10 a 1. La mayoría de los magistrados dijeron “tienen razón, porque el derecho es cultura y reproduce cultura y lo que hay ahí en esa disposición, es un prejuicio”. Bueno, eso es usar los derechos. Lo importante es que los derechos están ahí para que nos apropiamos de ellos. Abogadas y abogados, pueden hacer litigios estratégicos para reivindicar

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el derecho a la igualdad, a la vivienda, a la salud, a una gran cantidad de derechos. Un asunto que va a ser durísimo es el de Atenco. Es un caso que va a ser una bomba porque ya está en el Circuito Interamericano, y tiene que ver con un tema de exceso en el uso de la fuerza en el Estado de México, cuando el actual presidente era gobernador del estado, pues eso llegó a través de un litigio estratégico. Yo les diría: aprópiense de esos instrumentos, aprendan a usarlos y úsenlos. Ocupo un cargo público. Soy investigador, profesor, y también director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que forma parte la Universidad Nacional Autónoma de México que es un ente público. Rindo cuentas, y me encanta decirle a mis colegas: “presenté informe”. Cuando les digan que en este país nada funciona, que todas las instituciones son un cochinero, que el dinero público no se usa, los invito al instituto, del que me siento muy orgulloso, que, claro, no es obra mía sino de mis colegas de toda una generación. Ahí las cosas funcionan, el dinero público se usa como se debe y el director no cobra un peso extra de lo que tiene que cobrar bajo ninguna circunstancia, ni siquiera una cuestión de viáticos o de gastos de representación. Además, estamos involucrados en los grandes temas de la agenda nacional con responsabilidad. La investigación que tenemos que hacer es imparcial desde el punto de vista político, sólida desde el punto de vista técnico y con vocación de incidencia social. Es una función pública. En ese sentido lo que a mí me guía como director es esta diferencia entre lo que es la ética de la convicción y la de la responsabilidad. La ética de la convicción es la que guía nuestras acciones personales en el ámbito de lo privado, en aquellas cosas en las que creemos por educación, religión o convicción. La ética de la responsabilidad, en cambio, es la que debe orientar la actuación de una persona que tiene

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una responsabilidad pública y hay veces que su ética personal puede entrar en crisis con la de la responsabilidad. Si ejerces una función pública tu misión es la ética de la responsabilidad. En mi caso como director, es lo que me corresponde hacer, y en ese sentido sí considero que ejerzo un cargo público universitario. En México, el problema no es la democracia, sino es esta realidad social de que alguien tiene que gobernar y otros tiene que ser gobernados. Los teóricos de la política dicen que no hay una relación más difícil de justificar que la del poder, de por qué uno impone su voluntad a los demás. La democracia es lo que nos ayuda un poco a moderar esta relación desigual entre el poderoso y los no poderosos, y a domesticar al primero. En ese sentido, y por eso, en México y en todos lados, al día de hoy, no he visto, no he encontrado una mejor forma de gobierno que la democracia. ¿Se acuerdan de la frase de Popper? La democracia es la única forma de gobierno que nos permite deshacernos del gobernante sin derramar sangre. Si dices que se vaya ya no lo aguanto, bueno, espérate, le quedan dos años, se va a ir y van a haber elecciones, se va a renovar. Esa creo que no es una cuestión menor, y por lo mismo, la verdad sí tengo una convicción a favor de la institucionalidad democrática como la alternativa de gestión de la convivencia entre diversos, en una sociedad en la que el poder no va a desaparecer. Pero si alguien alza la mano y dice es que yo soy anarquista, y quiero vivir en un mundo sin poder, le voy a regalar el Leviatán de Hobbes y le voy a decir que luego hablamos. Ahí me cuentas cómo te va en el estado de naturaleza con tus congéneres, sin autoridad y sin estado, me mandas una carta. Les recomiendo para quien no quiera leer a Hobbes, porque no le gusta la teoría política, léanse esta novela

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maravillosa de William Golding, El señor de las moscas, y no vayan a ver la porquería de película con Leonardo DiCaprio, que le pusieron La playa que es malísima, lean el libro. Ahora, consejos prácticos para incentivar la participación ciudadana. Hagan mucha tertulia para hablar. Discutan lo que quieren. Generen contexto de exigencia. Cómo hacemos para tener un buen gobernante y ser buenos gobernados, que dentro de una democracia son quienes aceptan las reglas pero no se dejan imponer cualquier cosa, son los que vigilan, controlan, reclaman, se involucran en la vida colectiva, y eso es a lo que los invito que hagamos. México no se va acabar el día de la elección. Eso lo garantizo y, salvo que nos pase algo en lo individual, aquí vamos a seguir. Así que cuidemos a nuestro país en esta coyuntura política compleja. Desdramaticemos a las elecciones. Participemos y tengamos claro que en 2018 va a haber Navidad.

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La Equidad y el Modelo de Comunicación Política

La Equidad y el Modelo de Comunicación Política María Marván

laticaré un poco lo que sucede en nuestro sistema electoral, y cuál es la lógica de la equidad electoral en relación con los medios de comunicación y con el modelo de comunicación tan sui generis que hemos creado en este país. Haré una pequeña disertación histórica, porque creo que es importante saber de dónde venimos para entender en dónde estamos: de qué manera hemos alcanzado ciertas cuestiones que son muy importantes en los procesos electorales, sin dejar de reconocer, por supuesto, lo que ahora nos falta. Hay que admitir que, normalmente en México y en el mundo, cuando solucionamos algo en el ámbito electoral generamos algún otro tipo de problema; es decir, lo que proponemos soluciona lo que queremos pero tiene efectos indeseados, y creo que es el caso especial del modelo de comunicación pública. Si nos remontamos a la historia —porque justo estamos celebrando los cuarenta años de la muy famosa reforma electoral de Reyes

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Heroles, a la cual por una extraña razón la gente conoce más por el nombre de ese Secretario de Gobernación que por el del presidente que estaba— veremos que en ese momento existía, habría que reconocerlo, un sistema de partido hegemónico, en donde para la mayoría

de los mexicanos había total incertidumbre sobre las reglas y total certeza sobre los resultados electorales. Hace cuarenta años, cuando el PRI anunciaba, a través de uno de sus sectores, quién iba a ser el candidato a la presidencia —que por supuesto había sido elegido en la soledad de la alcoba del presidente de la República—, ya sabíamos, en ese momento, cuál iba a ser el resultado electoral. Nadie se preguntaba quién iba a ser el presidente. Había cierta intriga de con cuánto iba a ganar o qué porcentaje se le iba a reconocer a la oposición, que estaba limitada a tres partidos, dos llamados leales o comparsas del PRI, que todos los años postulaban al mismo candidato a la presidencia que ellos, y una menos leal, digamos más con ganas 72

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de ser oposición, pero de cualquier manera muy restringida, que era el Partido Acción Nacional. La izquierda estaba proscrita porque olía a comunismo, a sedición a la patria y, a finales de los años sesentas y en los setentas, hubo un

proceso muy importante de persecución y combate a la izquierda. Era preso político todo aquel que se oponía al régimen, sobre todo desde la izquierda, pues se consideraba que era una amenaza para el país. En medio de ese proceso electoral las reglas estaban hechas para fortalecer al PRI. Proceso tras proceso contaba con todas las ventajas. Tenía financiamiento público, aunque disimulado: no es que propiamente la Comisión Federal Electoral que existía en ese momento le diera dinero; en realidad lo que pasaba era que todos los gobiernos lo financiaban, el federal, los estatales y municipales, pues no existía ningún tipo de control y, en la práctica, no se habían inventado en este país las palabras rendición de cuentas, o accountability en inglés. Conferencias Magistrales

En 1977 hay un quiebre importante en el modelo electoral. José López Portillo, a quien no le reconocemos la reforma electoral, como ya dije, fue solito a la elección presidencial. El PRI anunció que él sería su candidato y rápidamente lo respaldaron el PPS y el PARM. En el PAN, por cuestiones de divisiones internas, se quedaron sin candidato —después lograron darle la vuelta al evento y dijeron que no lo presentaban porque ya se habían aburrido de ser comparsas del sistema—. El caso es que por primera vez en la historia tuvimos una elección presidencial con un solo candidato. Esto no sucedió ni en el Porfiriato, porque Porfirio Díaz había sido lo suficientemente hábil para conseguir un compadre que apareciera con él en la boleta y que luego sería muy bien recompensado. Algunos de nosotros recordaremos que José López Portillo, con el cinismo que le caracterizaba, decía que con que su mamá fuera a votar sería suficiente para ganar la elección. Y era cierto. La situación se tornó imposible. La presión de la izquierda era importante y una buena fracción de la izquierda tenía interés en participar en los procesos electorales —hay que recordar que no toda la izquierda lo quería. Yo en esos momentos empezaba como estudiante en la UNAM. Recuerdo varias bardas pintadas que decían: Queremos revolución, no queremos democracia. Hoy nos parecerá un poco extraño pero esa era la lógica de ese momento. Para no hacer el cuento largo, se hicieron una serie de reformas electorales. Se consideran como las más importantes las de 1977, 1986, 1990 y 1994; especialmente este último un año porque la crisis política del momento era crucial, dado que el primero de enero, ya en el proceso electoral, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le

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declara la guerra al estado mexicano y, además, el 23 de marzo Colosio es asesinado. En medio de la crisis política hay una serie de reformas legales, que son importantes porque es cuando entran los consejeros ciudadanos a formar parte integral del IFE. Eran representantes de la sociedad que no trabajaban de tiempo completo ahí, digamos que se acercaron al proceso electoral en el último momento. Esta figura cambió de forma sustancial en la reforma electoral de 1996. En 1977 tuvimos dos reformas significativas en relación con la equidad y los medios de comunicación. En términos de medios de comunicación agregamos al Sexto Constitucional diez palabritas que decían: “El derecho a la información será garantizado por el Estado.” Hubo una gran discusión sobre qué quería decir eso. Se habló de la necesidad de pluralidad en la comunicación; en términos prácticos lo que quería decir era que los medios de comunicación podrían cubrir las campañas electorales de la oposición sin poner en riesgo su concesión. No van a encontrar ningún artículo que diga esto, porque claro que la exposición de motivos le da mucho más importancia, pero en términos reales era lo que decía esa reforma electoral. La otra reforma fue la introducción de un mínimo financiamiento público a los partidos políticos. Era muy pequeño, y se comprobó que era insuficiente en 1994. Esta elección presidencial fue la primera que le tocó revisar al IFE, que se había fundado en 1990. También se establecieron ciertos topes de campaña, y se realizó el primer proceso de fiscalización más o menos serio en el país, para ver cuánto había gastado cada partido. Entonces, en el proceso de fiscalización, lo primero que se hizo pú-

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blico fue que un solo partido, ya sabrán ustedes cuál, había empleado cerca del 80% de lo que se había gastado en todo el proceso electoral. Desde luego, en la reforma electoral de 1996 había que atender ese problema. Ernesto Zedillo Ponce de León había sido elegido presidente, y en una declaración muy valiente, incluso yo diría muy democrática, dijo: “Mi triunfo fue legal en la medida en la que el PRI cumplió con todas las reglas. Sin embargo no podemos decir que haya sido legítimo.” Justamente, a partir de esa reforma del 96, cambió de manera radical la lógica, y se incrementó de manera más que sustancial el financiamiento legal y público. Se introdujo en esa ley, prácticamente, la prohibición al financiamiento privado en las campañas electorales, pues no podía exceder el 10% del público, porque que eran muy grandes las aportaciones a los partidos políticos. El método de definición del financiamiento público en 96, la verdad, fue muy extraño. En el corazón de Bucareli donde se escribía la ley, y en el corazón de Los Pinos —y es lo único de lo que tenemos evidencia histórica los que nos dedicamos a investigar estos temas—, sabemos que en algún momento Zedillo preguntó: ¿Como cuánto cuesta cada campaña? ¿La presidencial cuánto cuesta? ¿Y una de diputados? Voy a inventar unos ejemplos: si la campañas para un diputado cuesta $ 10.00, se multiplica eso por 300. Si la de senadores cuesta $ 50.00 multipliquemos eso por 32. ¿Cuánto cuesta la de presidente? $150.00. A partir de ahí se hizo todo el proceso de financiamiento de los partidos y se llegó a un acuerdo. Además, de 1996 a 2007 efectivamente sucedía algo que ahora sigue repitiendo la prensa pero ya no con razón: que cada vez que se incrementaba un partido político, nos costaba más.

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Eso cambió en 2006, y dio lugar, por un lado, a los partidos-franquicia y partidos-negocios. Muchos recordarán el Partido de la Sociedad Nacionalista, donde una familia de pillos, la familia Riojas, decidieron —no sé si empeñaron parte de su patrimonio o consiguieron algún préstamo— formar un partido político y a partir de eso hicieron el negocio de la vida. Como había muy pocas reglas sobre qué sucedería cuando se perdía el registro, las casas y los automóviles que compraron con el financiamiento público quedaron a nombre de la familia. Fue un desastre que después se compuso un poquito con la ley. También existió la preocupación por establecer a la equidad como parte fundamental de nuestro sistema electoral, y asegurar condiciones de competencia. No podíamos asegurar condiciones de competencia si los partidos políticos no tenían acceso público, repartido de manera proporcional, que nos asegurara la posibilidad de que, realmente, por lo menos dos partidos llegaran al final de la competencia, en una situación en donde los mexicanos nos preguntáramos quién va a ganar mañana; es decir, lograr una de las cuestiones más importantes en el proceso electoral. Cambiamos las reglas electorales para dar certidumbre sobre las reglas, y los resultados electorales se convirtieron en resultados inciertos, no porque no creyéramos en ellos, sino porque no se definían hasta el día de la votación. En el mapa de México podemos pintar de colores los municipios —dando un color al PRI, otro al PAN, al PRD— que definan cada una de las opciones políticas, y vamos a ver que al país le dio sarampión, pues está lleno de puntitos de colores. Si hacemos el mismo ejercicio con los 300 distritos para las diputaciones del Congreso de la Unión, también tenemos un mapa multicolor. Lo mismo pasa si lo hacemos

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con los senadores y los gobernadores. En muchos estados la competencia política es real; en algunos hay bipartidismo. La posibilidad de ganar en unas elecciones es una realidad en nuestro país, que ya es pluripartidista. Si hacemos, además, un análisis del voto dividido, también vamos a darnos cuenta de que cuando los ciudadanos y las ciudadanas llegan a la casilla, pueden votar en libertad. Unos dicen: “a mí me gusta este presidente y su partido” y tachan un símbolo. Algunos opinan que si el presidente tiene el congreso en contra, tenemos una mejor democracia —es un razonamiento que he escuchado mucho—, y entonces tachan a otro partido. “También voy a votar por gobernador, pero el que propone el partido del presidente me cae gordo o gorda, por él no voy a votar, le voy a dar mi voto a aquel otro partido.” El fenómeno del voto dividido se ha ido incrementando de manera sistemática en el país. Cada vez tenemos más alternancia, aunque también hay que reconocer que no solo cuando hay alternancia tenemos elecciones equitativas —eso también es un prejuicio que tenemos que sacarnos de la cabeza. Llega el año 2006 y se da un importante proceso de fiscalización, a través del cual se descubren dos cosas que fueron fundamentales para la creación del llamado modelo de comunicación política. Por razones perfectamente conscientes no voy a entrar a discutir si hubo fraude o no hubo fraude en esa elección, porque además no vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que este conflicto poselectoral causó sobre las reglas electorales, porque todos los mexicanos coincidimos en que lo hubo y fue determinante para el país. El proceso de fiscalización nos arrojó dos cuestiones que fueron

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importantes: la primera, que los partidos habían gastado $ 2,000 millones en comprar tiempo en radio y televisión. Y la segunda, que, a pesar de que las reglas lo prohibían, las televisoras sí le dieron precios diferenciados a las diversas opciones políticas, a pesar de que el IFE tenía la obligación y cumplió con ella, eso hay que reconocerlo, de pactar con ellas un precio. La mayor parte del dinero se fue a las televisoras que pactaron un precio uniforme y que encontraron cómo darle la vuelta a la ley. Además, hicieron dos cosas: dificultarle a la opción política que no les caía bien, y que veían como una amenaza para México, el acceso a horarios triple A en la radio y la televisión. Y la segunda fue generar un cierto paqueteo para las opciones que les caían bien, es decir, los trataron como si fueran Coca Cola y no como si fueran partidos políticos. Mientras más me compres, más tiempo te doy, con lo cual no se necesita ser realmente un matemático para averiguar que a unos les salían los spots más baratos y a otros bastante más caros, además de haberles negado el acceso. Esto nos llevó a que, a la hora de la discusión de la reforma electoral de 2007-2008, se creara el modelo de comunicación política para generar o fortalecer la equidad en las contiendas electorales. Y el modelo de comunicación política se distingue por varias cosas: primero, la prohibición expresa a cualquier persona física o moral de poder comprar o adquirir, de cualquier manera y forma, tiempo aire en radio y televisión. La prohibición es explícita, por supuesto, pero también ha habido muchas formas de darle la vuelta: no se compra de forma evidente tiempo en radio y televisión, no llega ningún candidato o partido a decirles “yo quiero que pases más anuncios”. O “mira, soy Carlos

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Slim, se me ocurrió volverme candidato y entonces tengo deep pockets —como dirían los gringos —para comprar el tiempo que me dé la gana—. O me apellido Trump, entonces no hay ningún problema. Pero sí, hay muchas cosas que lo dificultan, pues hay dos fenómenos que son complicados y que son innegables: uno de ellos es la forma en la que, de 2007 a la fecha, se ha incrementado de manera bestial el gasto de los gobiernos estatales y federal en la compra de publicidad. Es una forma adelantada de conseguir la buena voluntad de los medios y que, por supuesto, no está documentada, no existen facturas. Aunque como consejera me tocó ver un caso en el que sí había una factura —la presentó un partido o un candidato del PT de Michoacán, no recuerdo de qué ciudad —mostrando la forma en la que se negocian las entrevistas, que ya no son tan espontáneas como deberían de ser. Pero eso es una violación a la ley, y no podemos hablar de esas violaciones, o no es el momento. A partir de ahí se determinó que la propaganda política debería ser a través de los tiempos del Estado. Intencionalmente cambié de modelo de comunicación política a propaganda política, porque una de las cuestiones que me parece más lamentable de nuestro modelo de comunicación política es que hemos reducido la comunicación política a propaganda política, con todo y que la ley permite que haya intervenciones o presentaciones hasta de dos minutos de los partidos. La verdad es que, de 2009 a la fecha, lo que tenemos es una deplorable spotización. Todos son spots de 30 segundos que nos recetan en todas las estaciones de radio, en los canales de televisión, y nos martillan el cerebro con las mismas cosas, de seis de la mañana a doce de la noche. Hemos reducido la comunicación política a mensajes políticos comer-

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ciales, en donde el candidato se convierte en un producto no muy diferente a unas papitas, unos Churrumáis o algún refresco, ni siquiera a un cigarro o alguna bebida alcohólica, porque entonces los oiríamos solo en la noche, lo cual sería una bendición para muchos mexicanos. Junto con este modelo de hacer propaganda de manera gratuita —por supuesto ellos pagan la producción de los spots—, en donde no les cuesta el tiempo aire en radio y televisión, tenemos otra parte del modelo de comunicación política que es el que me cuesta más trabajo, y el que creo que de ninguna manera podemos defender, por lo menos no a partir de la necesidad de la equidad, de mantener un sistema de partidos y un sistema electoral competitivo. Este se refiere a la prohibición de la denigración y la calumnia en la propaganda electoral. Ya de por sí, la prohibición me parece bastante cuestionable, creo que esa sí es una franca restricción a la libertad de expresión. Fíjense ustedes, en el artículo 41 Constitucional, metimos la restricción, desde mi punto de vista, más importante al Sexto y Séptimo de la Constitución, pero como está en el 41 como que no nos damos cuenta, pero hay que reconocerlo, es una franca prohibición o una restricción a la libertad de expresión. ¿En qué justificamos la existencia de esta restricción? Los partidos políticos argumentaron —y ahí están las exposiciones de motivos— que la denigración y la calumnia abarataban nuestra democracia, debilitaban la disposición de los ciudadanos a votar y, además, pues no les íbamos a dar a los partidos políticos dinero para que se pegaran entre ellos, nada más lejano a una democracia liberal. La verdad, yo creo que en las democracias liberales los partidos políticos deberían decir lo que quieran: algunos, hacer campañas negativas y otros propositivas. Y dejarnos a los ciudadanos y ciudada-

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nas, que somos mayores de edad, a juzgar qué nos gusta y qué no nos gusta. Es falso de toda falsedad que las campañas negativas siempre den buenos resultados, que debiliten a la democracia, o inhiban a los ciudadanos en su deseo de ir a votar. No hay evidencia empírica que nos permita sostener eso, ni en México ni en el mundo, y eso es demostrable. A partir de la restricción, le dimos a la autoridad electoral, Institutos Electorales, Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional, y desde luego a los tribunales, la capacidad de juzgar todos y cada uno de los spots que producen los partidos, y ahora esto forma parte de nuestro entorno político. El partido, cualquiera que sea, va con el INE, administrador único de los tiempos del Estado, en elecciones locales o federales, le lleva la grabación de sus spots, y la oposición está esperando el segundo en el que se transmiten, para decir “hay que bajar ese spot del aire porque me agrede”. ¡Pues qué esperaban! ¡Para eso son los spots justamente: para decir lo que hace mal la oposición y lo que hacen bien ellos, para generar una cierta controversia! A mí me gustaría una oferta política, pero a nuestros partidos lo que les gusta más es poner a concursar candidatos, ya lo dije, como si fueran productos comerciales. Y el tribunal, creo yo, ha ido cayendo en el garlito de siempre: el de estar juzgando qué es lo que dicen los partidos políticos, no qué es lo que hacen. De hecho, la reforma electoral de 2006, 2007 y 2008, legalizó esta práctica que habían venido haciendo los tribunales, a través de la creación del proceso especial sancionador, que prácticamente a lo que se dedica es a juzgar lo que dicen los partidos políticos en sus spots de radio y televisión, que a veces pero no siempre son los mismos. En sus barbas, y hasta en los mítines de los candidatos y candidatas, es la

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principal causa de judicialización de nuestras campañas electorales. Y creo firmemente que esa sí es la causa de desafección de los ciudadanos con respecto a la democracia, si todos los días el partido A acusa al B, el B al C, el C al A, y también viceversa. Si todos los días se están acusando por lo que dicen, lo que hacen, de qué color fueron vestidos al mitin, a qué hora llegaron, etcétera, lo que realmente estamos fomentando en los ciudadanos es la concepción o la certeza de que los partidos políticos son tramposos y las autoridades electorales inútiles, además de costarnos un montón de dinero. Y creo que esa es la parte que a mí más me cuesta trabajo del modelo de comunicación política. Me queda claro que así vamos a ir al 2018, así está la ley y ya no se puede cambiar, pero habríamos de pensarlo de vista al futuro, y mientras no se cambie la ley, creo que sí podría haber alguna actitud diferente de las autoridades electorales, tanto administrativas pero sobre todo jurisdiccionales. En el 2014 pusimos en la ley la posibilidad de desechar las quejas frívolas pero, por alguna extraña razón, los tribunales no se han atrevido a usar esa arma, que me parece muy importante. En consecuencia, por toda la jurisprudencia las autoridades han quedado impedidas de usarla: saben que si desechan una queja por frívola, el tribunal se las va regresar y les va a decir “admítanla”. Es una cadena impugnativa que hemos vuelto una verdadera locura. No tiene ningún sentido estar rechazando las quejas frívolas cuando los tribunales se las van a regresar. Honestamente, no comprendo la racionalidad de estar admitiendo todo. Entiendo el principio y la lógica, pero creo que deberíamos darle una doble pensada. La lógica de los tribunales

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es: “no podemos privar el acceso a la justicia”. Y si entramos al fondo de todos los asuntos, les estamos haciendo un favor a partidos, candidatos y ciudadanos quejosos. Sinceramente, no pienso que debamos tener tribunales mucho más exigentes para admitir quejas, empezando porque todas las llamadas quejas espejo —de las cuales hacen muy buen uso los partidos—, se las copian, literalmente con copy and paste. Ni siquiera se molestan en escribirlas. Creo que esas se deberían no solo de castigar, sino además de sancionar, porque son una burla a la justicia y a la democracia. No seríamos el primer país que de verdad pone un filtro a las quejas frívolas. El caso de Perú es muy ilustrativo: para poder interponer una queja los partidos tienen que dar una fianza aproximada de $100 dólares. Y perdón por los términos tan irreverentemente jurídicos, porque no soy abogada, pero si el Jurado Nacional determina que la queja es frívola, no solo no le regresan sus $100 dólares, sino que tiene la posibilidad de ponerle una multa. Y les han puesto multas. ¿Saben cuántas quejas espejo hay en Perú? Cero, porque lo primero que cuidan los partidos políticos son sus recursos, sean los del Estado o no. Al tribunal le encanta la verdad. Tenemos jueces ávidos de estar en la palestra —perdón que lo diga de esta manera. La última situación que a mí me pareció muy preocupante fue el día en que un partido, en este momento no me acuerdo cuál, se decidió a quejarse por la presencia de niños en un anuncio, porque el spot era excesivamente violento. Y hoy, cada vez que un partido se queja de que hay niños, la sala especializada se mete a averiguar hasta la custodia entre padres divorciados, y si el niño tenía o no permiso de trabajar.

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Desde luego, considero que los niños tienen derechos, y que hay que tener ciertos cuidados cuando ponemos a un niño en un anuncio. Y desde luego, se les tiene que pagar lo justo, pero creo que no es materia de la autoridad electoral. Si no hay autoridad que se haga responsable, es un problema que debería irse al Congreso, o probablemente a la Secretaría de Gobernación, o a la Dirección de Radio y Televisión, de Medios de Comunicación, pero no a la autoridad electoral. Y claro que, como no desecharon la primera, ya encontraron el caminito los partidos políticos: si el anuncio me agrede o si no me gusta, si dice que no he hecho nada bien como gobierno, busco al niño y digo: hay que sacar el anuncio porque miren los derechos de esta pobre criatura. Me parece verdaderamente una aberración. Ya para concluir, y dejar tiempo para preguntas y respuestas. Yo creo que hay que reconocer, hoy, que el sistema electoral mexicano ha creado condiciones de equidad, que son empíricamente comprobables en la medida que tenemos un sistema competitivo, e incluso fragmentado. Creo que el financiamiento público, y el acceso a radio y televisión, nos da una buena plataforma de equidad, que permite que haya competencia. Deberíamos preocuparnos por disminuir la complejidad de las reglas electorales —hace rato, en un desayuno, dije que eran barrocas; me corrigieron con toda razón; me dijeron: “se quedó corta, son churriguerescas, a la ene potencia—. Creo que deberíamos reconocer que las quejas frívolas dañan a la democracia, disminuyen el aprecio de los ciudadanos por los partidos políticos y por la democracia, y disminuyen también el prestigio de las autoridades electorales. Necesariamente, en la gran mayoría de las quejas que tienen que ver con un modelo de comunicación política, con la campañas, se que-

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ja un partido de otro, y a la autoridad electoral no le queda más que darle la razón a uno. Malos perdedores que somos en este país, en el momento en que la autoridad electoral no me da la razón, salgo a decir que está vendida... pero no se apuren, al día siguiente otro partido diferente va salir a decir lo mismo, y al día siguiente el otro. ¿Qué está leyendo el ciudadano? Los partidos son tramposos, la autoridad electoral administrativa y jurisdiccional no sirve, y no están fortaleciendo la democracia. Creo honestamente que tenemos que entrar en un proceso de liberalización de la democracia, donde se permitan las campañas negras, y cada quien escoja qué dosis quiere utilizar de campañas negras, propositivas, o de estilo propaganda comercial. No hay recetas buenas ni malas. En algunos países hacen más una cosa que otra, y lo que se debe hacer es ver cuáles funcionan y cuáles no. Sí, hay campañas negras que resultan muy divertidas, y otras que generan mucho rechazo por agresivas. Creo que eso debería ser una decisión de los partidos. Lo que me gustaría decir, ya para cerrar, es que el contenido de las campañas no tiene nada que ver con la equidad, a la que hemos construido a partir de una serie de reformas electorales, y con la garantía del financiamiento a los partidos políticos y el acceso a tiempo aire en radio y televisión. Tendríamos que empezar a pensar de otra manera el modelo de comunicación, asumiendo con respeto que los ciudadanos y ciudadanas somos mayores de edad y capaces de distinguir por quién queremos votar y qué nos gusta de una campaña, sin el proteccionismo y paternalismo del modelo de comunicación política. Muchísimas gracias.

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Retroalimentación con el público. Creo que la regulación de la publicidad oficial es muy importante. Tenemos que distinguir entre campañas de publicidad e informativas. Si me preguntan mi opinión aquí sí se me quita todo lo liberal: no creo que los gobiernos deban gastar en publicidad. Creo que deben permitirse estrictamente solo las campañas informativas: vacunación, inscripción de escuelas, o propuestas en caso de una epidemia. No es muy difícil distinguir entre una campaña de propaganda y una informativa. Y ahí creo que sí deberíamos ser muy claros y dedicar la cantidad de millones de pesos. Dice el Centro de Análisis e Investigación Fundar que este gobierno de Peña Nieto ha dedicado en su sexenio $30 mil millones de pesos a la publicidad oficial. Me parece un crimen. En el caso de las redes sociales, la verdad no me gusta la idea de una mayor regulación, pero si tenemos un problema. Por un lado son un nuevo medio de comunicación que informa, pero también es un medio de desinformación, que no solo sucede en el país sino en todo el mundo. Lo vimos durante el terremoto en México, y en la inundación de Houston en Estados Unidos, donde hasta la Casa Blanca retwitteó una fotografía que no tenía nada que ver con la inundación. Sí, las redes generan problemas, pero no me gusta la idea de la regulación y menos la regulación de campañas negras. Creo, y sí es posible, que lo que debería regular el INE es el gasto que se hace en redes sociales, porque es evidente que las campañas ahí no son tan espontáneas como algunos creemos. Es decir, si a mi me gusta mucho mandar tweets, o ya soy una buena twittera con ocho mil seguidores, pero quiero llegar a tener 800 mil, pues más me vale empezar a meterle lana, porque nadie

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llega a 800 mil seguidores twitteros sin meterle lana, y esa lana es perseguible, y de hecho ya lo ha empezado a hacer el INE. Respecto a contenidos, hay una sola manera de regular las redes sociales, y el modelo nos lo presenta China. Yo creo que nadie va a querer en este país que en nombre de la democracia nos acerquemos lo más posible al régimen chino, que tiene muchas cosas pero muy pocas de democracia. Creo que evidentemente hay que sancionar a quien rompe la equidad pagando espacios. No es fácil detectar esto, pero se hace más sencillo si empezamos a simplificar las reglas, y una de ellas, desde luego, tendría que ser el control de la propaganda gubernamental. Creo que por ahí tendríamos que ir. * * * Sobre las trampas: ¿cuál fue la trampa que hizo el Verde? Lo que hizo fue burlarse de la ley y de las autoridades electorales aprovechándose de una excepción a la ley. Miren: en 2006 se modificó el 134 Constitucional prohibiéndose la propaganda personalizada de todos los políticos. Yo creo que dos minutos después de haberlo votado, los partidos dijeron: “Pero qué idiotas somos, qué hicimos.” Y no es casualidad que de 2007 a la fecha no han reglamentado el 134, porque la verdad no saben qué hacer con él. Nadie se atreve a prohibir la propaganda gubernamental y dejar solamente las campañas informativas, y entonces ahí se hacen bolas y tienen un desastre. “Aprobado.” Eso dijeron. “Y ahora, ¿cómo le damos la vuelta?” Así que en el Cofipe de entonces y ahora en la Ley general, la Legipe, metieron una excepción absolutamente inconstitucional: cuando hay un informe de un servidor público,

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entonces, siete días antes y quince días después —con lo cual van a poder tener veintiún días de hacer propaganda personalizada, ¿por qué no?— lo que hicieron los diputados del Verde fue ponerse de acuerdo: tú empiezas el 1 de septiembre, yo el 7, tu el 15, y así nos vamos. Juntaron tres o cuatro meses de propaganda que además era idéntica, solo que al final salía María Marván con una carita, o Juan Pérez con otra carita, pero era exactamente la misma propaganda. Dado el marco electoral que tenemos, yo soy de la opinión de que se le debió haber quitado el registro al Verde. Creo que habría sido un castigo ejemplar, porque los señores se dedicaron sistemáticamente a violar la ley; se burlaron de ella, de la democracia y de la autoridad. Reconozco que no es tan sencillo quitar el registro a un partido, es el castigo último pues nos cuestiona nuestra democracia, pero si tenemos ese tipo de partidos, lo que hay que hacer es mejorar la democracia y castigar a los partidos que no saben ser democráticos. * * * Por último —y con esto contesto la última pregunta— si la clase política está a la altura para poder pasar a un modelo liberal, pues les voy a contestar con una respuesta contrafáctica. Lo que les puedo decir es que el modelo churrigueresco a la ene potencia no ha mejorado en un ápice la lealtad democrática de los partidos, ni su respeto por la democracia. Ensayemos ahora el método contrario y a ver qué resulta, porque esto no está dando resultados. Decía Einstein que si repites 10 veces la misma receta vas a tener 10 veces el mismo resultado, pero palabra de honor que no se necesitaba ser Einstein para llegar a esa

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conclusión. Hasta ahorita, lo que hicimos en cada reforma, de 1977 hasta acá, especialmente en 2006, 2007 y 2014, es complicar de manera absolutamente irracional las leyes electorales. Vayamos por el camino contrario y a ver qué nos resulta. Dudo mucho que los partidos me oigan, y podemos apostar, doble contra sencillo, que la reforma electoral de 2019 —porque va a haber una reforma electoral— va a complicar todavía más nuestro proceso electoral. La LOPE tenía alrededor de 250 artículos. Ahora, con la ley general, la federal, la de partidos políticos, la de medios de impugnación, la de delitos electorales, la de participación o de democracia directa, la de participación ciudadana, se reúnen un poquito más de 1,000 artículos, más los que se junten en la próxima reforma electoral. Yo diría que hay dos cuestiones para mejorar la equidad, una de ellas pasa por lo electoral y la otra no. Creo firmemente en las bondades del financiamiento público pero este tiene que reducirse de manera drástica. No entiendo por qué tenemos los mexicanos que darle doble financiamiento a los partidos nacionales; les damos por el lado de lo nacional y por el lado de lo estatal. Creo firmemente en el financiamiento público, pero también tendríamos que reconocer que los partidos se han servido con la cuchara grande, y eso no está ayudando. Sobre la vigilancia del destino de este financiamiento, creo que no es trabajo de las autoridades electorales. Es trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, y de las respectivas auditorías superiores en los estados, y por tanto de los congresos. A veces se nos olvida que las auditorías superiores son un órgano del congreso, con independencia técnica, pero le rinden cuentas a los diputados. Tendrían que ser muy estrictos con el gasto de los gobiernos, y con la introducción de efectivo a las campañas. Creo que con esos dos elementos no puede sola la autoridad electoral. Sobre el efectivo 90

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en campañas sí tendría que haber una parte de la fiscalización pero también una parte de la auditoría superior, y sobre el desvío y el uso de programas sociales para las campañas eso es materia de la auditoría superior de la Federación. No puede la autoridad electoral “no resolver” todos los problemas de este país. Para ilustrar este absurdo les puedo decir que en enero de 2012, siendo consejera, recibimos una carta de un partido político exigiendo a los consejeros que le pidiéramos a la Secretaría de Desarrollo Social que nos transfiriera todo el gasto de sus programas sociales para que nosotros administráramos el dinero. De verdad ¿pueden creer que el partido no se daba cuenta del absurdo que estaba pidiendo? Por Dios, claro que se daba cuenta ¿Qué era lo que quería? Tener una cartita y el rechazo del Consejo, para que el día que perdiera las elecciones dijera: “ya ven cómo la autoridad está vendida” Bastante poca lealtad democrática. Regreso al punto de las campañas negras. De verdad, creo que no se deben regular. Pienso que en la medida en la que no las regule la autoridad, los partidos se van a regular solos, porque no es cierto que todas funcionan, ni que quien tiene la mejor campaña negra gana. Hay que conseguir a la gente que se dedica a analizar campañas, y en eso Estados Unidos nos llevan años luz, y además es muy divertido cuando vemos los análisis: hay campañas negras que son un rotundo fracaso. Dejaría yo que dijeran todo, con tres excepciones. Primera: los partidos políticos o candidatos que estuvieran tan locos para estar invitando a la guerra a la sociedad, ahí sí alguien tendría que decirles “se te pasó la mano”. No se puede estar invitando al odio, a la guerra. Segunda: los partidos políticos que tuviesen una campaña profundamente racista, o profundamente misógina, creo que ahí habría que llamarles la atención. Más que las campañas negras, lo que nos gusta es verificar hechos. En Estados Unidos hay organismos de la sociedad civil que se Conferencias Magistrales

dedican a verificar hechos: si el gobernador o el presidente dijo que había incrementado en su gestión un equis por ciento a la educación, que había mejorado el nivel de vida, la sociedad civil o los medios son los que investigan y dicen: “no hay elementos para sostener eso”. Un medio de comunicación en México —Animal Político— tiene una sección que a mí me encanta. Se llama Sabueso, dedicada a analizar los dichos de gobernadores, presidentes, y dice: “esto si es cierto, esto es parcialmente cierto, esto es completamente falso”. Eso es lo que yo creo que hay que incentivar. Y tercera: hay que disminuir mucho los spots e incrementar el debate, pero hablar de nuestra capacidad de debatir nos llevaría otra hora y ya me deja el avión. Muchas gracias.

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Conferencia III

El Régimen Electoral y su relación con el Sistema Anticorrupción

El Régimen Electoral y su relación con el Sistema Anticorrupción José Roldán Xopa

n el libro Contra las Elecciones, que es un ensayo de reflexión sobre los problemas contemporáneos de la democracia, encontramos el planteamiento de las razones por las que resulta pertinente pensar y valorar a la democracia y a las elecciones como los métodos para elegir a quienes van a tener la legitimidad del gobierno, la responsabilidad de tomar las decisiones que nos afectarán a todos, y de tomarlas con eficiencia para generar bienestar social. El autor plantea que no solamente en Bélgica —donde se encuentra actualmente—, o en Europa, se están dando problemas que cuestionan estos dos pilares por los cuales es valiosa la democracia: legitimidad y la eficiencia en el gobierno. Este fenómeno, de interés universal, debe llevarnos a repensar si se requiere tomar medidas de corrección y cómo hacerlo. En el estado democrático, quienes gobiernan no tienen ya el

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método de sucesión por la sangre, como sucede en la aristocracia, que le da legitimidad a los reyes por un derecho divino, sino la selección de un común, igual a los demás, que es elegido por el resto y a quien se le da un mandato para tomar las decisiones que

le convienen a todos. Esto plantea una forma de legitimidad, asociada con la exigencia o la expectativa de un resultado: sus decisiones deben ofrecernos mejores condiciones de vida. Pero cuando se dan fenómenos que alteran su legitimidad, y estos tienen que ver con los fraudes electorales, o con acontecimientos como la plutocracia o la patrimonialización —donde un pequeño grupo de la población se va transmitiendo el poder— o de algunos otros sucesos que van alterando el valor de lo legítimo, entonces se hace un cuestionamiento al problema. Entre los fenómenos que alteran su legitimidad se encuentra la corrupción: a través de prácticas indebidas se vicia el procedimiento de elección y también el de 96

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eficiencia. Esto significa que si quienes toman decisiones no nos dan como resultado una mejoría en las condiciones de vida, sino que desmejoran y causan más problemas que beneficios, entonces se cuestiona este elemento que es la eficiencia en el gobierno.

En el caso de nuestro país tenemos algunos indicadores que nos dan cuenta del problema. Un reciente estudio que hizo Transparencia Mexicana sobre la percepción de cuánto nos cuesta la corrupción, tomando como muestra los hogares de la Ciudad de México con el índice más alto de percepción en esa medición, arrojó que la corrupción le cuesta a esa familia un 30% de lo que percibe, haciendo obviamente que disminuya su capacidad de ingreso y acrecentando la desigualdad, porque sus miembros no están sacando provecho al producto de su trabajo. Tenemos entonces que si se abatiera la corrupción, habría un incremento de un 30% en la recaudación familiar. Conferencias Magistrales

Si relacionamos los indicadores anuales de percepción de la corrupción, que realiza en diversos países Transparencia Internacional, y los contrastamos con el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, vamos a ver la correspondencia directa que existe entre los países con menor corrupción y mejor calidad de vida. Los países que tienen mejor salud, educación, servicios públicos, en síntesis, mayor calidad de vida, son los que utilizan sus recursos, y, pensando en el género humano, son los países que aprovechan de manera eficiente su riqueza pública, en donde los derechos humanos se viven y no están solamente en las letras de una hoja de papel. Entonces hay una relación directa y tiene que ver con qué es lo que está pasando en el proceso de selección y de elección de gobernantes y, por otra parte, en el ejercicio de gobierno. Aquí es donde podemos establecer la confluencia que da origen a nuestro tema: de qué manera se relacionan el proceso electoral, el proceso político y eso que conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción, que no es más que la organización institucional que proviene de la Reforma Constitucional con el objetivo de combatir la corrupción. Para explicar la relación entre estas cuestiones, me parece necesario establecer en qué consiste el Sistema Nacional Anticorrupción —ha sido muy divulgado, pero no estaría de más, para iniciar, establecer de manera rápida algunos puntos sintéticos y muy rápidos. Las reformas constitucionales, y después su desarrollo legislativo, tienen las siguientes premisas: Para combatir la corrupción es necesario tener un sistema de penalizaciones que evite la im-

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punidad, aumente la eficacia del combate a esos actos, investigue de manera adecuada, integre expedientes suficientemente sólidos que satisfagan las garantías del debido proceso y sean motivo de sanciones que impongan tribunales autónomos, independientes y confiables. También que sean penas duras, para disuadir comportamientos inadecuados y efectivamente sancionen actos de corrupción. Esto significa que no basta cualquier castigo, sino uno que suponga mayores costos que los beneficios que se obtienen, porque si son menores son una especie de autorización, de licencia, para seguir llevando a cabo estas prácticas y, por lo tanto, se mantendrá la impunidad. La impunidad se presenta cuando son mayores los beneficios que los costos que se imponen. Cuando los castigos son mayores, los infractores pierden con sus actos. Es fundamental ver cómo se cuantifican las sanciones y se recuperan los bienes públicos que se perdieron. La posibilidad de resarcimiento y la condena son elementos importantes; de lo contrario, no tienen el efecto buscado. Es importante la sanción, porque está relacionada con la impunidad, pero no basta: para eso tenemos la oportunidad en otros dos elementos: la prevención y la corrección. Que se cree una instancia de coordinación, donde participen las fiscalías que tienen la competencia penal, las secretarías de la función pública o sus equivalentes, los institutos de acceso a la información, los órganos de fiscalización federal y local, los representantes que presidan los consejos ciudadanos, los titulares de los órganos jurisdiccionales competentes o de los Consejos de la Judicatura, con el propósito de relacionar a órganos que participan en distintos ámbitos en lo que

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concierne a responsabilidades y mejoramiento de la función, que puedan comunicarse y crear algo que sintetizaría lo que es la inteligencia institucional: la posibilidad de aprovechar la información que existe para poder prevenir y, en su caso, corregir problemas. Les planteo un ejemplo muy concreto. Cuando estaba el proceso de discusión del sistema anticorrupción, se organizaron foros por parte de las Cámaras de Diputados y Senadores. Por supuesto había invitados académicos. El Presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa nos presentó unos datos muy interesantes. Nos dijo que el Tribunal recibe miles de juicios de nulidad en contra de resoluciones de los órganos internos de control o de la Secretaría de la Función Pública —voy a poner un número, 5 mil— de los cuales más del 50% los pierde la Función Pública. La pregunta es: ¿Por qué razón la Secretaría de la Función Pública los pierde? Cuando uno como abogado examina los expedientes administrativos, es relativamente fácil saber dónde está la falla. Los tribunales tienen una especie de lista en donde van palomeando, o van tachando, las causas por las que se puede anular un acto. Por ejemplo, si se violó el procedimiento de investigación, si se hizo una auditoría que tenía tales o cuáles fallas, que no se fundó y motivó adecuadamente la decisión; son causas en donde podemos encontrar dónde está la falla. Y si examinamos detalladamente, podemos saber cuáles son las secretarías y los organismos públicos en donde con mayor frecuencia se presentan qué tipo de problemas, y podemos saber el nombre del servidor público que cometió la falla. Esta es una información muy valiosa porque nos permite saber cuáles son los males que tiene la Administración Pública. Con esto

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es posible que el compañero que se sienta en el comité coordinador sepa dónde está fallando la Administración para hacer buenos expedientes y para que se pueda elevar el índice —beisbolísticamente dicho— de bateo de la Secretaría de la Función Pública. Ahí se puede corregir el problema: saber si quien está llevando a cabo una determinada fase del procedimiento tiene o no la capacitación suficiente, el perfil del puesto adecuado, o le hacen faltan cursos de capacitación. O si se requiere mejorar la forma de motivación y fundamentación de un acto, cambiar el formato con el cual se hace una visita, en fin, hay una vasta serie de elementos que permiten mejorar el funcionamiento de la Administración. La Secretaría de la Función Pública lleva a cabo diversas cuestiones de investigaciones internas o de acompañamiento para mejorar el funcionamiento de la Administración. Otros de los que se sientan al lado son los de la Auditoría Superior de la Federación. Si ustedes revisan los documentos de los ejercicios 2015 o 2016 de esa institución, van a encontrar información muy valiosa, no solamente de los actos indebidos que encontró en la revisión de la cuenta pública, sino también herramientas metodológicas que son muy útiles. Por ejemplo, la Administración Pública es tan grande que es muy difícil vigilarla toda, pero para eso sirve el mapa de riesgos: hay ciertos sectores que pueden ser más propensos, o donde es más factible el riesgo de corrupción que en otros, como las áreas de compra de obra pública. Ahí donde se manejan recursos públicos o se ejercen actividades discrecionales, son áreas de riesgo. En materia de la Función Pública hay ciertas áreas de riesgo y, por tanto, esa información es muy valiosa. ¿Cuál

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es, entonces, el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción? El de llevar a cabo, primero, la posibilidad de que esas instituciones que tienen a su cargo funciones muy relevantes puedan comunicarse, aprovechar la información y diseñar políticas públicas para prevenir o para corregir la corrupción, cada una en el ámbito de su competencia. Y eso es lo que significa ser inteligente institucionalmente. Cuando una institución no aprovecha la información que tiene, y continúa cometiendo los mismos errores, no está siendo inteligente, y desaprovecha la oportunidad de mejorar su funcionamiento. Les diré qué tiene que ver esto con el sistema electoral. Primero, tiene que ver en cómo es que la corrupción se va generando. Aquí es importante conocer su anatomía o fenomenología: la corrupción no es más que el aprovechamiento en beneficio privado de los recursos o los bienes públicos, y, al haber un beneficio privado, se origina un perjuicio al público. El originarse un perjuicio público no significa que se causa un perjuicio al Estado; se causa un perjuicio a todos, porque el Estado no es más que la forma de organizar, de gestionar los asuntos de la colectividad, y todos somos víctimas de la corrupción. La palabra víctima no es solamente un término retórico: esto puede ser juridificable, en la medida en que nos afectan a todos jurídicamente. Los mecanismos de acción, de denuncia, de proceso, de recursos o de impugnaciones a decisiones, pueden legitimar acciones procesales que no solamente tienen titularidad en las dependencias que son directamente afectadas, sino en la sociedad en general, y esto es uno de los elementos jurídicos que nos da esta idea de que las víctimas somos todos.

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Una parte de la corrupción se relaciona con pagos posteriores de compromisos previos. Y ahí es donde tenemos que ver al sistema electoral. ¿Qué sucede? Que una parte tiene que ver con la corrupción política. ¿Y qué significa la corrupción política? Significa el ejercicio de prácticas que se dan por los actores políticos que no tienen una calidad de servidores públicos, pero que asumen compromisos con pagos diferidos. Dicho coloquialmente: compromisos que se obtienen en campaña y cuyo pago se hará posteriormente: si tú me apoyas en campaña y si yo llego a ser presidente municipal, o diputado, o funcionario federal, estatal, entonces haremos una serie de cuestiones para pagarte los compromisos que obtuve contigo. Entonces qué es lo que sucede: que en el ejercicio de gobierno se altera la funcionalidad de las decisiones del gobierno. Si los procedimientos están hechos para que, en principio, una adquisición, un arrendamiento, una contratación de servicios, una obra pública, se haga por licitación pública, entonces comenzará a verse un aumento de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Aún en licitaciones públicas se vería la forma de pagar el compromiso, alterándose así los mecanismos para otorgarle el mayor valor al dinero público. El 134 Constitucional establece un mandato para adquirir bienes u obras obteniendo la mayor calidad al menor precio. Esto tiene que ver con una cuestión: en cómo le damos mayor valor a nuestro dinero público, porque es dinero de todos. Ese dinero del estado no es más que un recurso del lenguaje para asignar una relación jurídica con el estado —pero no hay algo, diría Thatcher, que sea “el dinero del Estado”: es de los contribuyentes y, por lo

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tanto, es el dinero de todos—. Así que aquello que se canalice en corrupción es una pérdida social; es decir, estamos perdiendo todos. ¿Por qué? Porque se nos revierte el dinero en bienes o servicios de menor calidad o que no están llegando a todos. Esto nos permite ver con detenimiento al proceso político: cómo está diseñado, qué prácticas se van dando en él, y no solamente las prácticas que se dan, sino otra cuestión que tiene que ver con lo que decía: la fenomenología de la corrupción. La corrupción no significa solamente actos individuales, sino tiene que ver con cuál es el contexto que la propicia. Dicho nuevamente, coloquialmente, la corrupción no solamente es un problema de la manzana, sino también es un problema de la canasta. No basta con sacar la manzana podrida, sino tenemos que revisar la canasta porque la canasta puede ser un elemento que propicie que prohíje, que favorezca la corrupción. Otra cuestión tiene que ver con la corrupción: no solamente se da en conductas individuales sino también tiende a darse en redes. En mi colonia tenemos que darle 10 pesos al señor de la basura para que se la lleve. Si no le damos los 10 pesos no se la lleva y, por tanto, tenemos que andar viendo qué es lo que hacemos con la basura. Si ustedes dan una vuelta por mi colonia, verán que no falta el montón de bolsas de basura que la gente deja en las esquinas… y quien quiera comportarse más cívicamente, entonces tiene que andar buscando un bote, si es que no quiere dar los 10 pesos. Ustedes dirían, bueno, es un problema de 10 pesos, y si la Auditoría o el órgano interno de control investiga a ese empleado municipal —que a veces ni siquiera es empleado municipal o delegacional— tendrá que sancionarlo por

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los 10 pesos. Pero la verdad es que no es un problema de 10 pesos, porque tiene que ver con una forma de organización del servicio público que viene de mucho tiempo y también con un interés de ciertos grupos clientelares que están ligados con los partidos o con funcionarios públicos, en donde los 10 pesos son solamente la muestra de una forma de organización millonaria o multimillonaria. Lo relevante es cómo hacer frente a esa forma de práctica, en donde el esfuerzo de un individuo es insuficiente para terminarla. Tienen que adoptarse políticas institucionales para mejorarlas, pero esas políticas institucionales tienen que ver con el proceso político, porque eso forma parte de un grupo de interés que sirve de apoyo en las elecciones, en los mítines políticos, en fin. Ya no es un tema solamente de organización, de servicio público, sino de práctica clientelar, que en buena medida está propiciada por cómo se van dando los procesos de selección y de elección. Tenemos que ver cómo y qué es lo que está pasando en el sistema político. Así como en las prácticas de corrupción, tenemos un fenómeno que le podemos llamar pendiente resbaladiza, relacionada con el financiamiento de las campañas, con el financiamiento a los partidos políticos, que en este momento es un tema que está generando una discusión pública relevante. Cuando platico con mis amigos de los partidos políticos más en confianza, más en corto, llegamos indudablemente al tema del financiamiento político. Se arma una especie de rompecabezas en donde una cuestión nos ayuda a explicar la otra. La pregunta es: ¿Los partidos políticos se ajustan estrictamente a aquellos límites de gasto que establecen las leyes? Y la respuesta en confianza

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es: no. Es decir, siempre hay manera de jugar con los informes y con la información del financiamiento público, y, por lo general el financiamiento privado excede los límites del mismo. Existe una diversidad de técnicas y procedimientos para que esto suceda. Suelen escucharse confesiones como esta: “Bueno, si quisiéramos sujetarnos al financiamiento que se establece como límite, nos jugamos el hecho de ganar o perder una elección, y si se quiere ganar una elección se necesita mucho dinero y, por tanto, necesitamos ver formas adicionales de financiamiento”. Y por supuesto, en el financiamiento siempre hay quid pro quo; es decir, no hay financiamiento gratuito: es una cosa a cambio de otra. En el financiamiento se mezclan emociones y distintos tipos de expectativas: que gane alguien con quien se comparte ideología pero también expectativas de beneficios privados futuros, beneficios que no necesariamente se reflejan en contratos, sino también en cargos, en la aplicación de influencias sobre ciertas decisiones, en fin. Lo que tenemos es esta cuestión: qué es lo que pasa con el financiamiento. Nuestro sistema de financiamiento tiene que ver con recursos públicos, cuya ingeniería está pensada para limitar la influencia del financiamiento privado y evitar prácticas de corrupción, o bien, evitar o disminuir ventanas o puertas de financiamiento que pueda provenir de fuentes sospechosas. Cuando platico con mis amigos de ciertos partidos políticos, pareciera ser que los partidos han estado en un escenario de pendiente resbaladiza: si quieren ganar elecciones tienen que acudir a prácticas que no son debidas, y pueden refugiarse en una serie de condiciones o elementos para jugar con los informes electorales.

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Si se revisan los estudios que existen sobre el flujo de efectivo en periodos de campañas electorales, podemos encontrar un notorio aumento. Ugalde, el anterior presidente del IFE, ha hecho estudios muy interesantes donde muestra en gráficas y demás de qué manera aumenta este flujo durante las campañas electorales. La hipótesis es que hay una relación directa entre el flujo que se observa en los indicadores y el que se observa en campañas electorales, flujo que, por supuesto, es considerable. Entonces, puede apreciarse que la corrupción política tiene un relevante impacto posterior en la corrupción que se da en el ejercicio de la Función Pública, en muchos casos por la ejecución de pagos a compromisos adquiridos. Ahí tenemos un tema relevante. ¿De qué manera la nueva legislación sobre responsabilidades trata este tema? Una de las modificaciones a la Ley de Responsabilidades tiene que ver con que esta ley dejó de ser la ley de responsabilidades de los servidores públicos y se amplió para comprender —técnicamente dicho en su ámbito personal de validez— a personas que no son servidores públicos, pero que participan en actos de corrupción. ¿Cuáles son los sujetos que se agregaron? Particulares. Porque en muchos casos de corrupción hay particulares que están inmiscuidos en el acto o en la red, y tienen una posición especial. ¿Y qué significa esta posición especial? Que personas como los dirigentes de partidos, los candidatos, los miembros de equipos de campaña, los integrantes de equipos de transición, tienen una posición que puede ser decisiva para llevar a cabo actos de corrupción. También hay que considerarlos, y ésta es la novedad: la Ley de Responsabilidades considera también a candidatos, partidos políticos,

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dirigentes sindicales, personas que están en equipos de transición y que no tienen la calidad de servidores públicos pero que, dada su posición, pueden llevar a cabo actos que afecten los recursos públicos, los bienes públicos o los intangibles públicos. Ahí tenemos, pues, una ampliación de sujetos que participan en el proceso electoral, en los procesos de selección de gobernantes. Lo relevante de un actor no es que tenga una calidad, sino que tenga una posición. La calidad jurídica es distinta de la posición. En las conductas, un servidor público puede tener el cargo de director general de compras gubernamentales, o de contratos de obra pública, pero no necesariamente tiene la capacidad, jurídicamente, formalmente, de tomar decisiones de influencia, decisiones realmente relevantes. Y ahí importan mucho, en esta literatura, las personas con una posición, tengan o no tengan la calidad de servidores públicos. Puede haber, por ejemplo, personas que sean políticamente relevantes o políticamente expuestas, que tengan una posición especial. Estas personas, sin tener la calidad de servidores públicos, son tan cercanas a miembros del servicio público que pueden convertirse en quienes realmente deciden. Un tema importante entonces es el de las posiciones, desde donde se pueden llevar a cabo actos de corrupción. La corrupción se va expresando en esta cuestión de daños públicos y beneficios privados, y se concreta en la violación de deberes posicionales: quienes tienen una posición, y por su posición tienen un deber, lo violan, y, por tanto, esta violación del deber es la que origina los efectos en cascada. Aquí es muy importante saber distinguir, primero, cómo está constituida la Administra-

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ción Pública o el sector gubernamental y de qué manera, jurídicamente, está siendo considerada la nueva legislación en materia de responsabilidades, y las diferencias entre las responsabilidades administrativas, por una parte, y las responsabilidades penales, por otra. Me voy encaminando entonces a por qué es importante mirar hacia el proceso político: porque los servidores públicos tienen un conjunto de deberes. Si ustedes examinan la Ley de Responsabilidades y examinan la normatividad administrativa, lo que encontramos es que los servidores públicos tienen deberes y eso es lo que hace distinta a la responsabilidad administrativa de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal está diseñada a partir de tipos delictivos; la responsabilidad administrativa, si bien tiene descripción de conductas, está relacionada con los deberes de cuidado en su función de gestionar adecuadamente los intereses de otros. Los servidores públicos no administran sus propios intereses: administran los intereses de todos, y tienen una posición de mandatarios respecto de aquellos que estamos en el ámbito de la ciudadanía. Hay, pues, un deber de cuidado. ¿Qué pasa aquí con los candidatos de los partidos políticos? Todas las actividades públicas de ejercicio de derechos políticos son decisiones que se toman voluntariamente. Es decir, nadie por coincidencia o por caso fortuito llega a ser funcionario público; hay una decisión de postularse para un cargo, de entrar a una regla electoral, y esa decisión de participación también significa una decisión de colocarse en una posición de pretender o aspirar gestionar los asuntos de todos. Por lo tanto, el político, el dirigente

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de partido político, el candidato, asume también esos deberes de cuidado de aquello a lo que pretende llegar a administrar. Esto significa que también, dada su decisión para asumir el compromiso de gestionar bienes públicos, está obligado a cuidar lo que puede ser en ese momento intangible. En otras palabras: un candidato que acepta un apoyo a cambio de que, si llega al cargo, va a desarrollar una actividad en beneficio de aquel que lo apoya, estaría infringiendo el deber de cuidado aunque no ejerza la función, pues vulnera la objetividad, la credibilidad, la neutralidad en la buena gestión pública y, por lo tanto, viola su deber posicional de cuidado de aquello a lo que pretende llegar. Y esto es lo que justifica que en las leyes de responsabilidades también sean considerados los candidatos y los partidos políticos, dado que asumen una posición especial, distinta a la de cualquier servidor público y también a la de cualquier ciudadano. Para ilustrar un poco mi ejemplo: ahora, con la tragedia del terremoto en el centro del país, nos encontramos en una subasta, en donde los partidos están en la lógica de quién da más. Esto surgió por un reclamo social: si los ciudadanos están exponiendo su vida, están dando su tiempo, están dando su trabajo, están dando su solidaridad, para ayudar a otros, por qué los partidos políticos no hacen algo similar. Cuando se dice “los partidos también deben dar de su financiamiento público”, vean ustedes que parece, en principio, que se dice: “bueno, si todos nos solidarizamos con aquellos que tienen una situación extraordinaria de vulnerabilidad, los partidos políticos deberían hacer lo mismo”. Invocamos al espíritu de solidaridad de los políticos y de los partidos. Pero,

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pensándolo detenidamente, me parece que no, que los partidos políticos están en una situación especial de compromiso y de responsabilidad respecto de aquellos a los cuales pretenden gobernar o gobiernan, mucho más que de aquellos que, en este momento, tienen una situación de vulnerabilidad. No es el deber de solidaridad invocado por los sentimientos, sino el deber adquirido con su posición jurídica y su posición constitucional; es decir, los partidos son instituciones de interés público. Y aquí viene el tema: ¿Qué significa que los partidos sean instituciones de interés público? Pues significa que tienen una posición especial de derechos, pero también de responsabilidades. ¿Cuál es esa posición especial de derechos y responsabilidades? En el caso de derechos, hablamos de prerrogativas: ciertos tratos especiales y privilegios que nadie más tiene. Ninguno de nosotros tiene financiamiento público y ninguno de nosotros tiene acceso a correos gratuitos y ninguno de nosotros tiene acceso a tiempos en radio y televisión; los partidos lo tienen y solamente ellos. ¿Por qué? Por sus prerrogativas. ¿Esto qué significa? Significa un trato especial y privilegiado. Puede haber buenas razones para que demos ese trato especial y privilegiado. Consideremos cuántos días de trabajo tenemos que hacer para financiar a los partidos políticos. Es nuestro trabajo lo que le estamos dando a los partidos políticos en reciprocidad: las prerrogativas por su estatus de interés público. Esto significa que los partidos políticos también asumen o deberían asumir responsabilidades que tienen que ser correlativas y proporcionales a sus privilegios; es decir, los partidos políticos no tienen responsabilidades y deberes comunes a los ciudadanos, tie-

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nen mayores responsabilidades y mayores deberes respecto a la comunidad con la cual han decidido participar en sus procesos de selección. El hecho de que los partidos políticos tengan un deber de correr con el infortunio de los ciudadanos es mayor y, por lo tanto, debiéramos tener en cuenta esto. Y me enfilo hacia el tema. Mi impresión es que tenemos un sistema electoral que requiere ser reexaminado. Una parte de este reexamen debe enfocarse en cómo podemos recuperar esos pilares de la democracia que son la legitimidad y la eficiencia: que los actores que toman decisiones, además de ser legítimos, nos den resultados. Si no nos están dando resultados y la legitimidad está cuestionada, tendríamos que examinar eso y, en su caso, corregirlo. Esto pasa con el examen o reexamen del régimen de los políticos y el régimen jurídico de los partidos políticos. Mi impresión o mi hipótesis es que nuestro sistema electoral no hace debidamente responsables a los partidos. Con responsabilidad quiero decir: que corran la misma suerte cuando al país le va mal y que corran la misma suerte cuando al país le va bien. Y esto no sucede: si al país le va mal, nuestro sistema ha creado una burbuja en donde los partidos siguen teniendo un financiamiento siempre constante y creciente; no sufren la pobreza que puede sufrir la pobreza de un Estado o el mal resultado de la gestión de sus postulados. Esto nos lleva a examinar una serie de cuestiones: cómo hacemos a los partidos más responsables de lo bien o mal que hagan las cosas y de los malos resultados o de las prácticas indebidas tales como la corrupción. Cómo creamos partidos más responsables. Mi impresión es que la legislación o las decisiones de los órganos electorales han contribuido más a diluir o a cortar la relación de responsabilidad que a fortalecerla.

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Plantearé algunos puntos. Por ejemplo, algo que contribuye a que los partidos no se hagan responsables son las declaraciones de los tribunales electorales de que los recursos son inembargables. Entonces, si el partido contrata a un proveedor que le ayuda en la campaña y luego no le paga, el proveedor demanda y con una sentencia firme, cosa juzgada, va al INE a pedir que se le embarguen al partido los recursos públicos que se le dieron, pero entonces el partido se va al Tribunal Electoral y éste dice: son inembargables. Un partido no está obligado a cumplir con sus propios compromisos. Y eso contribuye a hacer partidos irresponsables. Otro tema: si los partidos se han convertido en instancias de acceso a la justicia, se les otorga un carácter como si fueran entes estatales, pero lo cierto es que los partidos no son entes estatales ni son entes de administración de justicia. Los partidos son organizaciones de ciudadanos que tienen como propósito conseguir el poder y, por tanto, su naturaleza consiste en ganar el poder, careciendo de las cualidades de objetividad e imparcialidad. Por tanto, las garantías del debido proceso, empezando por eso, no son entes desligados de su interés, que es conseguir el poder. ¿De qué manera aplicar las sanciones? Cuando se llega al extremo de decidir si le quitan un registro a un partido, el argumento es que no se puede quitar el registro al partido porque entonces se aplicaría una pena trascendental a los militantes o los simpatizantes. Entonces, este partido se deshace de su responsabilidad ante una pena como estas, porque nunca podría ser aplicada, siempre se vulneraría. Esto, además, contribuye a que no haya un compromiso al interior del partido de vigilar para preservar su registro, para preservar la legalidad de sus propios actos. Hemos creado un ámbito de trato es-

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pecial en donde los partidos tienen muchos privilegios y muchas prerrogativas pero su nivel de deberes es mínimo y, por lo tanto, con esa forma de calibrar las responsabilidades y los privilegios, resulta en que estamos promoviendo partidos que no corren con la suerte y no son responsables de sus propios actos. Si el partido no es responsable de los resultados de la gestión de aquellos que ocupan cargos de responsabilidad pública y que han sido propuestos por el partido mismo, pues entonces tampoco vamos a establecer la responsabilidad de los mismos. Esto último puede ser polémico y simplemente lo dejo como una provocación, pero, más allá de lo provocador que pudiera o no ser, lo que me interesa es insistir en este tema: ¿Cómo podemos hacer partidos más responsables? Porque si hacemos partidos más responsables, podríamos tener mejores resultados en la gestión de esos gobiernos. Esta es una de las grandes preguntas que tienen que plantearse en la discusión, y que tiene una implicación directa con las prácticas de corrupción y su repercusión en la gestión de gobierno. Dejó aquí estas inquietudes, esperando que puedan ser interesantes para ustedes y funcionar como semillas de reflexión.

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Conferencia IV

Retos para las elecciones 2018

Retos para las elecciones 2018 Ciro Murayama

l presidente del Instituto Estatal Electoral mencionaba hace un momento la estrategia de cultura cívica que ha diseñado el Instituto Nacional Electoral con la coadyuvancia de los institutos electorales estatales. Se trata de una apuesta para discutir abiertamente los problemas presentes de nuestra democracia. En esta plática expondré de qué manera se vincula la cultura cívica con los retos para las elecciones que están por venir.

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Desigualdad Una característica negativa y ancestral que tiene nuestro país es la abismal desigualdad. Esas escenas donde coexisten a unos metros, barra de por medio, la opulencia y la marginación extrema, se repite en cada rincón de México; incluso en los municipios más ricos hay franjas de pobreza y en los más pobres también hay desigualdades. Es un comportamiento prácticamente fractal y eso nos ha escindido históricamente como sociedad y lo sigue haciendo en el presente. En el ámbito de la riqueza, si dividimos en 10 a la población, podemos ver que el decil más favorecido tiene ingresos de más de 20 veces lo que el menor. Esto implica que una familia del primer decil puede estar ganando en 20 años lo que la familia del decil más favorecido gana en sólo un año.

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Alta desigualdad Distribución del ingreso corriente en los hogares por deciles en México, 2014.

1% concentra el 21% de la riqueza en el país. El 10% de los hogares más ricos concentra más de 1/3 parte del ingreso.

70% de los hogares con menor ingreso (decil I-VII) obtuvieron sólo el 37% del total del ingreso. 30% de los hogares con mayores ingresos (decil VIII-X) concentraron el 63%.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH.

Esa es la profundidad de las diferencias en nuestro país, y que no solo es en ingreso, sino en acceso a satisfactores básicos de calidad: vivienda, servicios educativos, salud, etcétera. No podemos analizar el presente mexicano prescindiendo de reconocer esta abismal desigualdad en el país. Otra característica: si tenemos una economía relativamente grande, si somos la decimocuarta del mundo, ¿qué implica tener esos niveles abismales de desigualdad? Que existen muchos millones de pobres. Ustedes pueden apreciar que desde que se tiene una medición comparable de la pobreza, esta se mantiene constante desde hace más de 20 años, salvo en la crisis de 1994 que subió mucho. Y más aún, esta es la pobreza extrema, donde las familias no tienen suficientes ingresos para que los niños vayan a la escuela, que haya vestido, alimentación suficiente y vivienda adecuada.

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Niveles de pobreza que se mantienen igual desde 1992

México: evolución de la pobreza por ingreso nacional, 1992 a 2014 (porcentajes por personas). 2000: 52.7 mill en pobreza. 2014: 63.8 mill en pobreza. Desde la alternancia del 2000: 11 millones de pobres.

El porcentaje de personas en pobreza y en pobreza extrema en 2014 es igual al de 1992 (53% y 21%, respectivamente).

Si pensamos en el año 2000 como ese momento donde, por primera vez en más de 70 años, fuimos capaces de construir un cambio de gobierno en la Presidencia de la República, en ese entonces había 54% de personas en estado de pobreza. La última medición corresponde al año 2014 —y estamos esperando los resultados de la encuesta nacional del ingreso-gasto de los hogares en 2016—. La última medición nos demuestra que prácticamente seguimos en el mismo porcentaje. Esto quiere decir que el cambio democrático no ha sido capaz de reducir ni la desigualdad ni la pobreza, por lo que estamos enfrentando un enorme reclamo social contra las instituciones públicas y hacia el propio sistema democrático.

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Percepción de la democracia De acuerdo con los últimos datos del Latinobarómetro, que es un instrumento que se utiliza desde hace años para medir la confianza y el grado de satisfacción que tienen las sociedades respecto de la democracia, demuestra que América Latina es la región del mundo ¿Y por qué no confía en el gobierno? (Respuesta múltiple, no suma 100%)

45.6%

Por corruptos

38.5%

No cumplen lo que prometen

32.9%

Porque roban

18.7%

Sólo ven por sus beneficios No tienen la preparación para sus puestos No apoyan el desarrollo social

9% 8.2%

No hacen su trabajo

4.6%

Insuficientemente especificado

4.5%

Mención dispersa

3.9%

4.2%

4.1%

Fuente:Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México, Departamento de Investigación Aplicada y Opinión, IIJ-UNAM, 2016.

Estado de derecho Sólo uno de cada cinco mexicanos está satisfecho con la democracia (19%).

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¿El gobierno responde o no responde a las necesidades de la gente? Sí, y sí en parte: 27.4%. No, y no en parte: 72.6%.

Se cumple “poco” o “nada” la Constitución: 83%. Las leyes se respetan “mucho”: 40%. Las leyes se respetan “poco” o “nada”: 66%.

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donde la gente está más insatisfecha. Solo 37 de cada 100 latinoamericanos están satisfechos con la democracia, pero México es el país con el porcentaje más bajo de América Latina; o sea, está dentro de los más bajos del mundo, porque solo el 19 por ciento de los mexicanos, uno de cada 5, se siente satisfecho. Hay razones estructurales para que esto suceda, porque también hay mucha insatisfacción con la economía. No se trata solo de que nos hayamos mantenido en el mismo nivel que al inicio de siglo, en términos de porcentaje de pobres, un poco más de la mitad de la población, que ya es un dato destacable en términos éticos. El problema es que en el año 2000 éramos 94 millones de personas, y unos años después, casi 120 millones, lo cual quiere decir que nuestro país ha producido más de 11 millones de pobres adicionales. Así que tenemos un problema en nuestro sistema democrático, un déficit de resultados palpables para la mayoría de la población, a la vez que, una severa dificultad con el Estado de derecho. El INE hizo una Encuesta Nacional de Cultura Cívica y la Universidad Nacional Autónoma de México publicó la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional. Y lo que vemos es que solo uno de cada 5 mexicanos se siente satisfecho con la democracia. En las respuestas, prácticamente 3 de cada 4 mexicanos opina que el gobierno no está dando resultados. El 83% considera que se cumple poco o nada la Constitución, y el 66% —dos de cada tres mexicanos—, estima que las leyes se respetan entre poco y nada. Es decir, tenemos un problema estructural de pobreza y desigualdad, pero también una distancia muy clara entre lo que la gente desearía como las reglas del juego en un Estado de derecho y lo que es la práctica de esa legalidad. ¿Y por

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qué no confía la gente en el gobierno? La razón principal es: por corruptos, porque no cumplen con lo que prometen y roban. Tenemos un precario acceso a la justicia. El 60% de la población considera a la inseguridad y la delincuencia como el primer problema que aqueja a su estado, seguido por el desempleo y la pobreza. Además, aumentaron mucho las víctimas del delito, pero solo el 10% lo Precario acceso a la justicia

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en 2015: El 59.1% de la población (18 +) considera a la Inseguridad y delincuencia como el principal problema que aqueja a su entidad federativa, seguido del Desempleo con 40.8% y la Pobreza con 31.9%. Prevalecen 28,202 víctimas de delito por cada cien mil habitantes. Sólo se denunció el 10.5% de los delitos, de los cuales únicamente el 59.6% inició una averiguación previa ante el MP. Del total de averiguaciones previas iniciadas por el MP, en el 45.9% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

denuncia, porque con frecuencia no se resuelve nada. La gente es víctima del delito, pero no confía en la procuración ni en la impartición de justicia en nuestro país. Aquí podemos ver cómo a estos mismos problemas de falta de cohesión social, pobreza y desigualdad, se sumó en la última década, la violencia. Violencia México venía reduciendo la tasa de homicidios, la violencia, lo cual era una buena noticia. Digamos que nos íbamos haciendo un país más civilizado. Las muertes por ajustes de cuentas, por rencillas, que

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Violencia Homicidios en México, 1994-2015 (personas al año).

En el periodo 1994-2007 los homicidios se redujeron cerca del 50%.

De 2007 a 2011 se triplicó la incidencia de homicidios.

El gobierno federal tiene un registro total de 27,887 desaparecidos, desde 2007 a 2015.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.

se presentaban sobre todo en el medio rural, fueron descendiendo. Había una constante de gradual disminución, pero a partir de 20072008 dio un salto al alza, volvió a repuntar. Lamentablemente este es un estado donde se le vive a flor de piel. Hoy el grupo de varones en edad reproductiva, como se le llama en las estadísticas vitales, de entre 15 y 49 años, tiene como principal causa de muerte individual el homicidio, y no una enfermedad. Quizá esto no pasaba desde la Revolución Mexicana. Estamos en una situación crítica. Percepción de corrupción Transparencia Internacional hizo un estudio en 176 países, para evaluar la corrupción, donde 0 es alta y 100 son bajos niveles. Los prime-

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ros lugares son de Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia. México tiene 30/100 que es el lugar 123. Somos un país que está en una situación muy baja en cuanto a su Estado de derecho, visto desde el punto de vista de la preeminencia, de la extensión de la corrupción. Índice de Percepción de la Corrupción 2016: México: Calificación de 30 Lugar 123 (95 en 2015).

Evalúa 176 países. 0 = altos niveles de corrupción. 100 = bajos niveles.

Con la peor puntuación de los países miembro de la OCDE, cuyo promedio es de 69.

Tres primeros lugares: Dinamarca, Nueva Zelanda Finlandia. Países con peor desempeño: Somalia, Sudán del Sur y Corea del Norte.

Alta corrupción

0-9

10-19 20-20 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

Sin corrupción

Con la misma calificación que Honduras, Laos, Moldova, Paraguay y Sierra Leona.

Fuente: Transparencia Internacional.

En medio de esta enorme desigualdad y estos problemas, tenemos que reflexionar acerca de cuáles son los instrumentos que tenemos para, colectiva y productivamente, hacerle frente a esta época, a la era de desazón que nos ha tocado vivir como país y como sociedad. Un día en que todos somos iguales: el día de las elecciones Hay un único día en el que todos somos realmente iguales y el empresario más exitoso vale lo mismo que el indígena, donde no hay discri-

Conferencias Magistrales

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minación de sexo; los jóvenes y los adultos mayores pesan lo mismo: es el de las elecciones. Si no lo somos en ingresos, en oportunidades, o ante el policía y el juez, si no tenemos la igualdad en muchas áreas que establece la Constitución, hay un terreno donde sí, y es justamente el día de las elecciones. No importa dónde se vote, que sea en la capital del estado o en el sureste del país, la urna es la misma. Y lo que debemos de preguntar: Sin elecciones, ¿cuál es la vía para enfrentar todos esos problemas que ya reconocimos? Tenemos la historia que nos demuestra que, donde no hay elecciones, lo que hay es violencia, y que a los problemas de una sociedad se les suma la violencia política, porque toda colectividad humana se va a disputar el poder, siempre, y la única vía que ha inventado la propia humanidad para no matarse en esa disputa son las elecciones.

126

Elecciones y Democracia

Hacia las elecciones de 2018 Y como ustedes saben, en medio de esta desazón, en esta crisis de legitimidad de las instituciones públicas, tenemos un proceso electoral en puerta. Quiero subrayar la dimensión y la oportunidad de este proceso electoral. Rondamos ya los 86 millones de electores. Es gente que ha ido a los módulos del INE a sacar su credencial —si la credencial es del IFE se puede votar, siempre y cuando no tenga más de 10 años de antigüedad. Cargos a elegir Elección Federal Presidente 1

Senadores 128

Diputados Mayoría 300

Diputados R P 200

Total 629

Elecciones Locales Concurrentes

Gubernaturas 9

Diputados Diputados Juntas Mayoría Representación Presidentes Síndicos municipales Alcaldías MR Relativa Proporcional municipales 24 67 591 392 1,598 16

Total 2,697

Total de cargos

3,326

Tendremos 30 elecciones locales, más las federales, solo en Nayarit y Baja California no. Estarán en juego 9 gubernaturas, en 7 estados. Se podrá votar desde el exterior, lo mismo para la elección de presidente y de senadores. Vamos a sortear, porque así lo establece la ley, a 12 millones de ciudadanos, para después ir a visitarlos a sus casas y pedirles que acepten hacerse cargo de la elección en un momento clave, el día de la jornada electoral.

Conferencias Magistrales

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Quienes van a recibir sus votos no son funcionarios del INE ni son empleados gubernamentales, son sus vecinos, que en función de la letra de su apellido y del mes en que nacieron, van a ser sorteados y capacitados. Seguramente algunos de ustedes van a recibir la visita de los capacitadores electorales del INE, quienes les irán a invitar a ser parte de esta gran movilización ciudadana alrededor de las elecciones en que se van a instalar en el país más de 154 mil casillas. Línea de tiempo Proceso Electoral 2017-2018 2017

2018

30 noviembre: Inician sesiones de Consejos Distritales INE.

11 julio / 23 agosto: Declaración de validez, asignación de senadores y diputados y otorgarmiento de las constancias respectivas.

03 / 09 sept: Inicio del proceso electoral federal. SEPT OCT NOV

DIC

30 octubre: 12 nov / 11 ene: Inician sesiones de Precampañas. Consejos Locales INE.

ENE

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL

01 julio: Jornada Electoral. 29 marzo / 27 junio: Campañas. 03 / 08 julio: Cómputos federales y locales.

06 septiembre: Cómputo final, declaración de validez de elección y declaración de presidente electo. AGO SEPT OCT

NOV

DIC

Diciembre 01: Toma de posesión del Presidente de la República.

Los cargos que se van a elegir son más de 3,300 sumando las elecciones federales y las 30 locales. En la historia de México nunca habíamos tenido una jornada electoral con tantas votaciones y cargos de elección por definir. El proceso electoral empieza formalmente en septiembre y, como ustedes saben, el 1 de diciembre del próximo año, habrá nuevo presidente o nueva presidenta, según decida la gente.

128

Elecciones y Democracia

Garantías de la elección ¿Cómo garantizamos que esta elección sea genuina? Lo primero, el INE tiene una estructura profesional que está conformada por un servicio civil de carrera, en el cual todos sus funcionarios son producto de concursos abiertos, de evaluaciones, y es a partir de su desempeño como llegan a estos cargos. Están los vocales, que hay en las 32 entidades y en los 300 distritos. Así que tenemos una estructura profesional,

Estructura profesional de las autoridades electorales Columna vertebral de las instituciones administrativas electorales. Dos sistemas: INE y OPLE. SPEN cuenta con 2,230 integrantes de la función ejecutiva y de la técnica.

de funcionarios probos y probados que han hecho elecciones una y otra vez, garantizando que se pueda ejercer el derecho político fundamental y, al mismo tiempo, hay una estructura ciudadana. En cada uno de los 300 se instala un Consejo Distrital que es presidido por el vocal del INE en ese distrito. Además, se integran seis ciudadanos apartidistas con prestigio en su localidad. Lo mismo ocurre en cada estado. De tal manera que hay ojos ciudadanos revisando nuestro trabajo, pero no solo verificándolo, sino tomando las decisio-

Conferencias Magistrales

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nes. En los Consejos Distritales hay seis votos de consejeros frente a uno, que es el funcionario del INE. Ahí se determina la contratación de los muchachos y muchachas que van a buscar a los ciudadanos sorteados a sus domicilios y a capacitarlos. Estructura ciudadana en el INE El INE tiene órganos deconcentrados en las 32 entidades y en los 300 distritos electorales.

DF Distritos electorales. Ejemplo: Distritos de Aguascalientes.

Distrito 1

Aguascalientes Distrito 2

32 juntas locales ejecutivas. 32 consejos locales*. *Solo funcionan durante el proceso electoral.

Distrito 3

300 juntas distritales ejecutivas. 300 consejos distritales*.

Son los que deciden cuántas casillas se van a instalar y dónde, es decir, no es una disposición centralizada del INE, sino que se toma en 300 lugares del país, con el conocimiento directo de la situación de cada región, de cada geografía, lo que permite que a este servicio profesional se le ponga en el proceso electoral una contraparte ciudadana que no solo acompaña, sino que decide.

130

Elecciones y Democracia

En el padrón ya pasamos los 86 millones de electores; 52% son mujeres y 48% hombres. Por la composición de la pirámide demográfica de nuestro país, es muy importante la participación de los jóvenes de menos de 30 años; ellos son prácticamente la tercera parte del electorado. Y como las mujeres suelen votar más que los hombres, no hay elección que se pueda definir sin el voto femenino. ¿Quién puede votar? Padrón Electoral: base de datos con información básica de ciudadanos mexicanos que han solicitado su Credencial para Votar. Lista Nominal de Electores: ciudadanos que cuentan con su Credencial vigente y que podrán votar. Padrón Electoral

Mujeres 52%

Hombres 48%

Total: 86,012,720

Lista Nominal

Mujeres 52%

Hombres 48%

Total: 84,791,521

Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (2017): 77,447.

Distribución de Ciudadanos por Grupos de Edad

Conferencias Magistrales

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Aquí puede verse cómo ha ido creciendo el padrón electoral, el cual es clave para saber cuántas boletas se van a utilizar, cuántas casillas hay que instalar, en fin. Nosotros trabajamos con dos variables muy importantes: la geografía, para hacer posible el voto en todo el país y, por supuesto, la demografía, para que participen todos los ciudadanos. Porcentaje de empadronados, 1996 a 2015

Porcentaje de credencializados, credencializados en el estado y credencializados en la sección, 1996 a 2015

Datos confidenciales por mandato Constitucional. Su mal manejo se sanciona con multas y/o cárcel. Por ley, los partidos tienen acceso a su verificación.

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Elecciones y Democracia

Padrón Electoral El Padrón Electoral se utiliza para determinar: • Número de boletas a utilizar en la elección. • Cantidad y ubicación de casillas. • Financiamiento Público a partidos políticos. • Registro de nuevos partidos. • Capacitadores electorales. • Tamaño de Distritos. • Electorales Uninominales.

Con el padrón se define también el financiamiento a los partidos, la distritación, etc. Tenemos un elemento fundamental para la confianza y empieza desde la credencial para votar. Todos tenemos una. A lo mejor ustedes no se han fijado, pero tiene un conjunto de características que la hacen infalsificable. Si a ustedes los jóvenes les gusta ir en la noche a los lugares donde hay luz de neón, y sacan su credencial, verán una serie de características que con la luz blanca no se ven, con la del sol no se perciben. La credencial es tan segura que si ustedes la abren para cambiar la foto, esta se oxidará y no servirá ese plástico; y si tienen una lupa, de esas cuentahilos, van a poder ver que su fotografía está construida de letras, y esas son las de su nombre y apellidos, es decir, cada una es distinta. También verán que la parte trasera está llena de letras, que corresponden a las distintas entidades federativas. Así que esta es la base de datos más amplia que tiene el país. Lamentablemente hay un déficit en México porque no existe esta idenConferencias Magistrales

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Credencial para votar • Identificación plena de un ciudadano mediante biométricos. • Capacidad de entrega de hasta 18 millones de credenciales al año. • Supervisión y apoyo por una Comisión de vigilancia con todos los partidos políticos. • Principal medio de identificación oficial en México y –desde febrero de 2016– en el extranjero. • Dar datos falsos para obtenerla es delito.

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Elecciones y Democracia

tificación para los menores de edad y eso, incluso, es un riesgo para su seguridad, pero para la ciudadanía este padrón es altamente confiable. Más de la tercera parte del gasto del INE se utiliza para mantener actualizado el padrón, pues cada año entregamos más de 16 millones de plásticos nuevos a la gente que extravió el suyo, se cambió de domicilio, o perdió vigencia. Y ahora estamos empadronando en todo el mundo, en cada uno de los consulados que tiene nuestro país alrededor del globo. Llevamos ya más de 300 mil credenciales para que la gente pueda votar desde el extranjero. Como pueden ver, la participación es importante y ha crecido en los últimos años. El año con mayor votación fue 1994, por una situación de tensión política a causa del levantamiento zapatista en Chiapas y el asesinato del candidato del PRI. La gente respondió saliendo a votar masivamente. Creo que estamos ante una situación que va a llevar a que el 63% del 2012 y el 58% que tuvimos en el 2006 puedan de nuevo incrementarse.

Conferencias Magistrales

135

Participación ciudadana en elecciones federales 77.16% 65.97% 57.69%

63.97%

1994

1997

2000

2003

47.72%

44.76%

41.32%

1991

63.08%

58.55%

2006

2009

2012

2015

En Chihuahua vamos a tener lo que se llama casilla única. Antes, cuando había elecciones concurrentes, uno se identificaba dos veces: votaba en la elección federal por presidente o diputado, y enfrente estaba la casilla local donde uno acudía a votar nuevamente. Incluso se marcaban con líquido indeleble los dos pulgares, uno por cada elección. Ahora es una sola, que implica tener más funcionarios, más ciudadanos participantes, porque se requiere un presidente, un secre-

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Elecciones y Democracia

Participación Electoral por Edad

tario, un escrutador más tres suplentes para la elección local. Para la federal un secretario, dos escrutadores, a diferencia de la solitaria que es solo para un tipo de elección. Ya les conté que se hace un sorteo del 13% de la lista nominal y a partir de allí se empiezan a hacer las visitas, las capacitaciones. Hay total aleatoriedad en la integración. Esto implicó que en 2015 se sortearon a casi 11 millones, se les visitó, se les dio un primera capacitación, una segunda y al final se requirieron algo más de 3/4 de millón de ciudadanos que estuvieron trabajando. En este momento el esfuerzo será mayor, pero el INE va a desplegar su trabajo a través de los capacitadores, que son reclutados por una convocatoria pública,

Conferencias Magistrales

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luego se evalúan, entrevistan y se verifica que no sean militantes de algún partido político, y ellos son, en buena medida, quienes en cada rincón del país hacen posible la elección. Las casillas se instalan donde deciden los Consejos. En todas están sentados los representantes de los partidos y los candidatos independientes, con voz pero sin voto, para que no sean juez y parte.

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Elecciones y Democracia

Integración de casillas Casilla única

Casilla federal

Presidente 2 Secretarios

Presidente 3 Escrutadores

3 suplentes generales

1 Secretario

2 Escrutadores

3 suplentes generales

2015: 99.93% de las casillas con 3 o más representantes de partido

• Funcionario de casilla: autoridad el día de la elección. • Recibe, cuenta y registra los votos de sus vecinos. • Los representantes de partido y candidatos independientes: atestiguan la jornada, firman las actas, reportan incidentes y firman y cuentan las boletas electorales antes de que inicie la jornada.

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Aleatoriedad en la integración de las casillas • Insaculación del 13% de la lista nominal a partir del mes sorteado. • Visita al 100% + orden de visita (evitar la pre-configuración de casillas). • Notificación y primera capacitación • Lista de ciudadanos aptos (quieren participar y cumplen con requisitos). • Se ordenan las listas a partir de la letra sorteada. Los sobrantes: lista de reserva. • Asignación de cargos por nivel de escolaridad. • Segunda capacitación, prácticas y simulacros.

El 30% de los funcionarios tienen entre 20 y 30 años.

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Elecciones y Democracia

¿De qué tamaño es el esfuerzo?

Proceso de capacitación. Elecciones 2015. 10,862, 487

10,961,262

98% de la capacitación se realiza en domicilios 2,985,682 1,208,777 Insaculados

Visitados

Capacitados en primera etapa

Capacitados en segunda etapa

753,615 Funcionarios que participaron

Después de la 1a etapa de capacitación, sólo nos quedamos con el 25% de los visitados: • Rechazos. • No se localizan. • No cumplen requisitos legales.

¿Quién los visita y capacita? Supervisores (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAEs). Proceso de contratación 1. Convocatoria pública. 2. Evaluación curricular. 3. Examen de conocimientos. 4. Entrevista. El INE evalúa el trabajo de los CAEs y SE: -Campo (visitas a los ciudadanos). -Gabinete (sistemas informáticos). Los partidos verifican todo el procedimiento. Pueden hacer observaciones e impugnar sus nombramientos.

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Se privilegian casillas cerca de los electores para facilitar y promover el voto ciudadano. En 2018 se pronostican más de 154,000 casillas.

Se privilegia que sean escuelas y estén cerca de donde viven los ciudadanos, porque, a diferencia de algunos países donde hay grandes desplazamiento a los centros de votación, aquí se establecen en la sección que les corresponde y por cada 750 electores. Si hay más de esa cantidad, se van poniendo otras casillas contiguas, para que la gente pueda votar en las horas que dura la jornada electoral. Ubicación de casillas Casillas aprobadas 1991-2015. Año

142

Básica

Contigua

Extraordinaria

Especiales

1991

62,353

21,313

3,712

930

1994

63,419

30,682

1,627

687

1997

63,457

38,332

2,195

732

2000

63,460

46,408

2,839

716

2003

63,594

53,707

3,302

764

2006

64,389

61,357

3,920

822

2009

64,842

68,418

5,143

778

2012

66,526

69,602

6,102

902

2015

67,581

73,546

6,813

893

Elecciones y Democracia

Documentación y material electoral

Acompañamiento de los partidos en elaboración de lineamientos muy específicos para elaborar, distribuir y resguardar los documentos y materiales electorales.

Impresión: talleres gráficos. Resguardo: Ejército.

Pena de 6 meses a 3 años a quien se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos electorales.

El material electoral para las elecciones federales lo hacemos en los Talleres Gráficos de la Nación. Una boleta tiene tantas medidas de seguridad como un billete: marca de agua, distintos sellos y la propia calidad del papel, para evitar que se introduzcan boletas apócrifas a las urnas y solo cuente el voto que genuina y legítimamente se emite. La boleta tiene marca de agua, fibras ópticas visibles y ocultas, microimpresión, papel que se hace de manera especial, impresión invisible que solo se ve con ayuda de una lámpara de luz ultravioleta, etcé-

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tera. En Chihuahua se encuentra la planta donde se produce ese papel donde se vota, y el ejército nos ayuda a transportarlo y a resguardar toda la documentación. Tenemos, además de la representación de los partidos y de los consejeros electorales, observadores nacionales. En la última elección presidencial más de 32 mil personas se registraron y tuvimos visitantes de más de 66 países de todo el mundo, para verificar la legitimidad y legalidad de nuestros procesos. El día de la jornada electoral se dispone, básicamente, de dos ejercicios para dar a conocer los resultados: el Programa de Resultados Preliminares y el Conteo Rápido.

Se realizan verificaciones aleatorias de la documentación electoral y del líquido indeleble antes, durante y después de la jornada electoral. Los partidos acompañan el proceso.

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Elecciones y Democracia

Ojos ciudadanos e internacionales La ciudadanía (nacional o extranjera), así como Organizaciones de la Sociedad Civil y organismos internacionales pueden presenciar el desarrollo de todo el proceso electoral como:

Observador electoral

Visitante Extranjero

Proceso Electoral

Observadores Acreditados

Proceso Electoral

Observadores Acreditados

1999-2000

32,401

1994

2002-2003

14,167

1997

2005-2006

25,321

2000

2008-2009

18,123

2003

2011-2012

32,716

2006

2014-2015

25,158

2009

2012

2015

**OE y VE deben acreditarse ante el INE.

El Programa de Resultados Preliminares funciona de la siguiente manera: cuando se cierra la votación, el escrutinio se hace en cada casilla. El secretario de la casilla, que es, insisto, uno de los vecinos que viven en su colonia, fue sorteado y capacitado, llena de su puño y letra los resultados en las actas. Una copia de ella va en la parte exterior del paquete electoral y en cuanto llega a nuestra sede distrital se escanea y se capturan sus datos, e inmediatamente se publica en Internet. De tal manera que la información que nosotros tenemos en el Consejo General del INE es la misma que ustedes van a tener desde su teléfono, tableta o computadora. Pueden ir viendo cómo se construye el resultado electoral al mismo tiempo que el Consejero Presidente y los representantes de los partidos. Ahí donde ustedes votaron, también es

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Resultados electorales PREP Sistema informativo sin validez oficial que proporciona información del flujo de resultados desde las 20:00 horas del día de la elección y hasta las 8:00 horas del día siguiente.

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Conteos Rápidos Ejercicio estadístico sin validez oficial que pronostica la tendencia en el resultado de la elección, el mismo día en que esta se realiza a partir de las 22:30 horas.

Cómputos distritales Resultados oficiales. Los 300 consejos distritales suman los resultados de las actas de las casillas en cada distrito electoral. Inician el miércoles siguiente al día de la elección y duran hasta 3 días.

Elecciones y Democracia

posible verificar en la sábana que se cuelga afuera con los resultados, contrastar con lo que publica el INE a través de Internet, y confirmar si esos datos corresponden a lo que realmente ocurrió en ese lugar. Asimismo, si ustedes fueron funcionarios, van a ver publicada el acta con su nombre y firma. Todos esos datos se van sumando y, claro, puede haber variaciones en los resultados por la distancia de las ca-

sillas a nuestra oficina, pero la idea es que unas horas después de que cierran empiece a fluir la información con toda transparencia y se pueda conocer el agregado nacional de votos por circunscripción, por estado, por distrito y a nivel de casilla. Este es un ejercicio preliminar, como su nombre lo dice, pero tiene el propósito de dar información confiable y veraz, desde la autoridad a la ciudadanía, en esas horas de tensión que siguen al cierre de las casillas. El conteo rápido no es un censo como el PREP, sino un ejercicio estadístico a partir de una muestra representativa de las casillas. Lo

Conferencias Magistrales

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Conteos Rápidos ¿Qué es? El Conteo Rápido es un ejercicio estadístico muestral que realizará el INE para pronosticar tendencias en los resultados de la elección presidencial seleccionando una muestra representativa de todas las casillas instaladas el día de la jornada electoral. ¿Cómo se hace? A partir de una muestra probabilística de casillas, cuyo tamaño y composición se determina previamente de acuerdo con un esquema de selección específico. ¿Cuándo? Con el corte de información de las 22:30 horas, y en caso de que el Cómite Técnico Asesor cuente con la muestra suficiente, se emitirán los resultados del ejercicio.

Resultados Elección Presidencial 2012 Cómputos

PREP

Conteo Rápido

25.41%

25.40%

Entre 25.10% y 26.03%

38.21%

38.15%

Entre 37.93% y 38.55%

31.59%

31.64%

Entre 30.90% y 31.86%

2.29%

2.30%

Entre 2.27% y 2.57%

que se hace es ir a tomar el dato del acta de cada urna. Los conteos rápidos los hace el INE siempre para la elección presidencial, y ahora hemos puesto en el reglamento que siempre que haya elección de gobernador también así se hará en el futuro. Este es un ejercicio altamente confiable a diferencia de las encuestas, sobre la intención de voto, de lo que la gente dice que va a hacer. En las encuestas de salidas o exit polls se le pregunta a la gente por quién votó, pero si la perso-

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Elecciones y Democracia

na no dice la verdad o quiere ocultar el sentido de su voto, lo cual es legítimo, altera el resultado y por eso no son confiables para predecir el resultado electoral, menos aún en una elección cerrada. El conteo rápido toma votos depositados y contados, entonces con una muestra representativa se construye un resultado muy preciso. Así que el doResultados Elección Extraordinaria Gobernador Colima 2015 Cómputos

PREP

Conteo Rápido 1/

39.65%

39.54%

Entre 39.03% y 40.27%

43.20%

43.24%

Entre 42.47% y 43.94%

1.84%

1.87%

Entre 1.76% y 1.96%

12.00%

12.10%

Entre 11.49% y 12.19%

0.82%

Entre 0.75% y 0.88%

0.45%

0.44%

Entre 0.39% y 0.53%

1/ Estimaciones con un nivel de confianza de 95%.

mingo 1 de julio, espero que antes de la media noche, se pueda hacer el anuncio de quién será, de acuerdo con este ejercicio, quien ocupe la Presidencia de la República. Los datos de esta tabla muestran cómo los conteos rápidos han sido muy precisos. Por ejemplo, los cómputos en la elección presidencial 2012 acabaron con resultado de 38.21% para el ganador. La misma noche de la votación el conteo rápido para este candidato fue de

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entre 37.93% y 38.55%, un intervalo de menos de 1 punto porcentual, y así ocurrió también para el segundo, el tercero y el cuarto lugar. Así que una vez más utilizaremos el conteo rápido. Las elecciones son un juego abierto. Suele decirse que la única incertidumbre legítima en la democracia es el resultado electoral y eso está ocurriendo en México desde que nació el modelo del INE.

Hemos vivido 21 elecciones de gobernador. En el 13% hubo alternancia —Chihuahua fue un caso—. La prueba de ácido de un sistema electoral es que permita el cambio de gobierno y eso está ocurriendo con toda normalidad y frecuencia en nuestro país. En la Cámara de Diputados pueden verse también cómo se ha ido dando una sucesión de distintos partidos políticos cada vez con mayor frecuencia.

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Elecciones y Democracia

Equidad en la contienda Una cosa muy importante de los procesos electorales, además de que el voto se respete, es la equidad de la contienda. Nosotros tenemos un modelo de fiscalización como no hay en otro país, en donde todos los candidatos deben rendir cuentas de sus ingresos y gastos de campaña. La autoridad electoral tiene que emitir un dictamen sobre cada contienda, en poco tiempo, y un eventual rebase de topes en una elección Principios del modelo mexicano de fiscalización Sistema de Fiscalización Mexicano.

El INE es única autoridad fiscalizadora a nivel nacional.

La fiscalización a los sujetos obligados es permanente y en línea a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

La fiscalización de todas las campañas es simultánea al proceso electoral, con resultados expeditos.

El incumplimiento a la regulación en materia de fiscalización se sanciona a través de multas económicas.

Se verifica la operación ordinaria de partidos políticos nacionales y locales.

El rebase de topes de campaña (por arriba del 5%) es causal de nulidad de la elección.

cerrada es posible causa de nulidad de los comicios, de acuerdo con la Constitución. Así que para hacer esta fiscalización en tiempo real tenemos el Sistema Integral de Fiscalización. Ustedes pueden entrar al Módulo de Transparencia de Fiscalización del INE y ver, de cada candidato que contendió en Chihuahua, cuánto dinero dijo ingresar a su campaña, quién se lo dio, cuánto dinero gastó y en qué, si en pu-

Conferencias Magistrales

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blicidad en la calle, en anuncios en Internet, en producción de videos, en gasto operativos de la campaña. Este nivel de transparencia no lo tienen otros sistemas electorales en el mundo. Tenemos que el financiamiento público en México es generoso. Sé que hay una crítica social a esos montos. Creo que pueden revisarse, pero, déjenme señalar, no creo que lo mejor sea retirarlo totalmente y hacer que los partidos solo puedan desplegar sus campañas y man-

Financiamiento en 2017 (Millones de pesos 2017).

tener sus estructuras en función del dinero privado que reciban. En nuestra sociedad el dinero está altamente concentrado y los partidos políticos pueden volverse rehenes de grupos de interés privado o delincuenciales, en el peor de los casos. No por querer ahorrar unos pesos, generemos incentivos perversos para un financiamiento ilegal de la política. Hoy, si alguien recibe dinero mal habido, es porque así lo decide, no porque lo necesite. Con el financiamiento público que reciben los partidos pueden desplegar sus campañas, y con el acceso 152

Elecciones y Democracia

Financiamiento público en México Evolución del financiamiento público a partidos políticos. Actividades ordinarias (Millones de pesos 2017).

gratuito a radio y televisión se eliminó el principal rubro de gasto que venía generando una espiral inflacionaria en las campañas. Entonces, no tenemos un modelo que los orille a buscar ese dinero vacuo, oscuro, de procedencia ilícita. Por eso creo que hay que preservar un modelo que motive un comportamiento legal. En materia de financiamiento privado tenemos restricciones a lo que pueden aportar las personas físicas. Es legítimo en nuestro país hacer donaciones al proyecto político, al candidato con el que uno Conferencias Magistrales

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simpatice, pero para eso hay límites y también prohibiciones: no se permite que venga dinero de los poderes públicos, de las administraciones. El dinero público que llega a los partidos es el que está establecido expresamente en la ley, pero no se vale que un municipio, un congreso, un poder judicial local, o una empresa paraestatal meta dinero a la contienda electoral; eso es un delito, es desvío de recursos públicos. Tampoco se permiten aportaciones desde el extranjero, ni Límites y prohibiciones de financiamiento privado Toda aportación debe informarse al INE para hacerla pública. Sujeto

Militantes Candidatos y precandidatos Simpatizantes

Límite individual

Límite global

Temporalidad

Establecido por el partido político

2% financiamiento act. ordinarias

Límite global

10% tope campaña presidente

Procesos electorales

0.5% tope campaña presidente

de las iglesias y ministros de culto, ni de personas morales; es decir, no se vale que las empresas metan dinero. Un empresario puede hacer donaciones de los ingresos de su cuenta, pero no de la de su empresa. Esto para tratar de inhibir el tráfico de influencias: te financio la campaña, luego los contratos me los llevo yo. Las donaciones anónimas no se admiten porque todo dinero que llega a la política debe tener una fuente identificable. Esto es en lo referente a los ingresos.

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Elecciones y Democracia

Por el lado de los gastos, hay límites a lo que se puede gastar en una campaña, para evitar que se vayan a crear condiciones diametralmente opuestas de la competencia. Así que se fijan para cada campaña distintos topes, y el INE verifica que se cumplan. Por ejemplo, recabamos miles de fotos georeferenciadas en los estados donde hay elecciones para ver cuántos espectaculares pusieron los partidos; visitamos sus actos de campaña para saber cuántos recursos están involucrados: si llevan a grupos musicales, cuánto están gastando, en fin, se verifica todo con lo que ellos declaran en el Sistema Integral de Fiscalización,

Topes de campaña 2006-2018 (pesos) Concepto

Total nacional por candidatura (suma de todos los topes por distrito y entidad)

Presidente de la República: 20% financiamiento público total de campaña en elección presidencial.

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Año

Diputado federal

Senador

Presidente de la República

2006

$285,055,830

$522,432,746

$651,428,442

2012

$336,112,083

$304,741,623

$336,112,084

2018

$428,632,975

$392,913,560

$428,632,975

2006

$950,186

2012

$1,120,374

2018

$1,428,776 Diputados: tope de gasto presidencial entre 300 (distritos electorales).

$651,428,442 Diferente para cada entidad

$336,112,084 $428,632,975

Senadores: multiplicar tope de campaña de diputados por el número de distritos electorales en la entidad que se trate.

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y, al mismo tiempo, cruzamos información con otras autoridades. A partir de lo que encontramos fijamos sanciones económicas. Desde que nació el INE, en abril de 2014 a la fecha, hemos impuesto en todo el país sanciones por $ 1,322,000.00. Los partidos están siendo sometidos a una fiscalización muy exhaustiva. Sanciones a los partidos. Fiscalización (ordinario y proceso electoral 2014-2016).

visión sin que esto sea determinado por lo que paguen a los concesionarios. Porque la industria de la radio y la televisión está altamente concentrada en unas cuantas manos, y puede ser la decisión de vender publicidad o no la que afecte a una campaña. Antes se cobraban tarifas diferenciadas según quién fuera el candidato o el partido, existía un modelo de financiamiento equitativo, pero quienes lo rompían eran los concesionarios de radio y televisión. Me parece un acierto que ahora el acceso sea con cargo a los tiempos del Estado, que tiene 48 minutos diarios en radio y televisión — quizá lo que es un error es que se utilice en esta forma tan dispersa de spot—. Los partidos van a tener 41 minutos para anunciarse durante las campañas del 2018 y los restantes 7 minutos serán para la auto-

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Elecciones y Democracia

Comparto la crítica de que hay una excesiva espotización en las campañas. Estamos oyendo anuncios de política como los de cualquier mercancía. Como les dije, los partidos y candidatos tienen acceso a los medios de comunicación sin costo. El principio creo que es muy rescatable: los partidos y candidatos aparecerán en radio y teleAcceso equitativo a medios de comunicación Tiempo del Estado (48 min diarios en cada estación de radio y t.v) Ordinario

Proceso electoral

5 .76 minutos para el INE

48 minutos para el INE

2.88 min PP 2.88 min AE

Precampaña 30 min 18 min PP AE

Intercampaña 24 min PP

24 min AE

Campaña 41 min PP y CI

7 min AE

ridad electoral, para promover la participación en la instalación de casillas, que la gente tramite su credencial, etcétera. El tiempo se reparte con un criterio de 30% igualitario entre los partidos y 70% en función de la proporción de votos que tuvieron en la elección de 2015. Eso para lo federal. Se aplica en la elección a diputado local para este reparto de tiempo. Es la misma fórmula que se usa para el financiamiento público. Los partidos no pueden comprar publicidad en radio y televisión, ni puede llegar un particular a comprarlo por ellos o en contra de ellos. Todas las decisiones de la autoridad electoral, administrativa del INE, y de los OPLEs en el ámbito local, es revisada por los tribunales locales, e incluso si hay resoluciones pueden ir al Tribunal

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Electoral del Poder Judicial de la Federación —lo cual hoy nos puede parecer relativamente normal pero hace no tantos años, en la elección de 1988, el espacio encargado de calificar la elección presidencial era un Colegio Electoral en la Cámara de Diputados, integrado por los mismos contendientes electorales, así que eran jueces y parte. El propio tránsito democrático de México nos permitió llevar esto al propio Poder Judicial, a una instancia especializada, y es el Tribunal quien tiene la última palabra. Se pueden impugnar los actos del INE, de los OPLEs, de los partidos políticos, violaciones constitucionales, en fin, hay control de legalidad permanente sobre todas las fases del proceso electoral. Distribución actual tiempos del Estado en radio y televisión Distribución diaria por minutos y mensajes entre los partidos políticos.

Periodo

Precampaña

Campaña

Tipo de distribución

Minutos por día

Mensajes de 30 segundos por día

Minutos por día

Mensajes de 30 segundos por día

30% igualitario

9 minutos

12 minutos

70% proporcional

21 minutos

29 minutos

Total por periodo

30 minutos

41 minutos

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional Electoral.

Esta distribución sigue la misma que el esquema de financiamiento público.

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Elecciones y Democracia

Prohibiciones Los partidos y candidatos no pueden contratar o adquirir tiempos de radio y T.V. Ninguna persona física o moral puede contratar propaganda en radio y T.V. para influir en las preferencias electorales. Prohibida la calumnia en propaganda política o electoral. Durante las campañas federales y locales debe suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental, excepto salud y protección civil. La propaganda que difundan los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la Administración Pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

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Garantía jurisdiccional: defensa del voto en tribunales Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación. Máxima autoridad jurisdiccional electoral. Órgano especializado del Poder Judicial Federal.

Las Salas solo pueden declarar La Sala Especia- la nulidad de una elección por lizada resuelve causas previstas Las Salas Regio- los procedimien- en la ley. nales resuelven tos especiales para sancionar La Sala Supe- impugnaciones infracciones a la de elecciones rior resuelve de diputaciones ley de urgente Funciona de impugnaciones y senadurías de resolución que forma perma- de elecciones MR, diputaciones afectan el procenente con la de presidente, locales y ayunta- so electoral en curso. Sala Superior, gubernaturas y diputaciones mientos. 5 Salas federales de Regionales RP. y una Sala Especializada.

¿Qué actos se pueden impugnar ante el TEPJF? Actos del INE

Actos de los OPLE y tribunales locales

Actos de autoridades o partidos

Que se consideren contrarios a la Constitución y a la ley, en relación con la organización de las elecciones.

Que violen la Constitución y sean determinantes para el proceso o el resultado de las elecciones.

Que violen los derechos políticos de los ciudadanos: votar, ser votado, asociación o afiliación.

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Violaciones cons- Propaganda titucionales ilegal Posicionamiento personalizado de dirigentes partidistas y funcionarios.

Actos anticipados de precampaña y campaña.

Uso indebido de recursos públicos.

Expresiones calumniosas.

Propaganda gubernamental que vulnere la equidad.

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¿Puede anularse una elección?

Sí. Es la pena máxima que contempla nuestro sistema electoral: A. Por nulidad en # casillas 1. Se acrediten causales de nulidad de votación recibida o no se instalen casillas en:

20% Diputados y Senadores MR

B. Causas constitucionales (reforma 2014) 1. Rebasar gasto de campaña en más del 5%. 2. Comprar o adquirir tiempos en radio o televisión. 3. Usar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

25% Presidente de la República 2. Inegibilidad. 3. El TEPJF puede decretarla por violaciones sustanciales cometidas de forma generalizada en la jornada electoral.

**Determinantes SOLO si entre el 1er y 2do lugar hay diferencia menor al 5%.

Asignatura pendiente: los resultados de la democracia Hemos visto ya el diseño para tener elecciones genuinas y auténticas en nuestro país, pero creo que, regresando un poco al principio de la conversación, el problema, más que estrictamente electoral, está en los resultados de la democracia. Hemos vivido, y lo digo como autoridad electoral, muchas reformas electorales porque hemos puesto mucho énfasis en cómo se hace una elección y se llega al gobierno, pero quizá hemos descuidado el para qué se llega al gobierno y cómo se gobierna. Mientras no se controle cómo se gobierna y no se tengan claros los propósitos de los cargos públicos, del servicio público que deben dar, lo que tenemos es una democracia muy pobre en sus resultados, altamente competida en sus procesos electorales, pero con muy poco resultado tangible para la gente. Creo que mientras sigamos teniendo una economía que no crece, que no genere oportunidades ni permita el empleo, se favorece la par-

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ticipación en la delincuencia. En un país con tantos jóvenes, nuestra democracia no echará raíces y no revertirá la desconfianza que tiene la ciudadanía. Lo que me tiene más preocupado es la ciudadanía del mañana. El INE hizo la consulta infantil y juvenil en las elecciones de 2015. A los niños menores de 6 años, que no saben leer y escribir, se les dieron unas crayolas y una hoja, y les pedimos que dibujaran el lugar donde

viven. Y los dibujos reales que hicieron niños entre 4 y 5 años eran delincuentes que entran a una casa; un decapitado; otro que ya empieza a escribir dice “queremos paz”, y también se manifestó la violencia, la sangre, la oscuridad de la noche en medio de un tiroteo. Esto es lo que están viendo los más débiles de nuestra sociedad. Creo que México tiene profundos problemas y la posibilidad de encontrarles una solución mejorando su democracia. No llegaremos

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a un mejor futuro prescindiendo de un sistema democrático, porque la democracia se cura con democracia, y sin participación ciudadana no puede ser sana. Creo que las elecciones de 2018 deben servir, por supuesto, para renovar los poderes, pero también ser una oportunidad colectiva para pensar, conversar, dialogar, exigirnos mejores resultados y poder construir un futuro más habitable, como dice la ENNCÍVICA.

Es en la democracia, no es con el boicot electoral, no es dándole la espalda a los asuntos públicos, como vamos a hacer un mejor país. A veces oigo que dicen de manera despectiva: “México es una democracia electoral”. Y yo digo: sí, lamentablemente no hemos podido ser una democracia con resultados sociales, con mayor paz y prosperidad. Pero no nos olvidemos que no hay una sola democracia en el mundo que no sea necesariamente electoral. Si la gente no puede

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votar por quien la gobierna, si no puede con el voto echar a un mal gobernante, desde ahí se está rompiendo el Estado de derecho y se están violando los derechos humanos, desde el principio. La invitación es a que, viendo de frente nuestros problemas, y echando mano de la democracia, de lo que hemos logrado construir o lo que se construyó por generaciones de mexicanos —Chihuahua es un gran ejemplo de las primeras jornadas de defensa del voto, de reivindicación del sufragio efectivo en las últimas décadas del siglo pasado— no echemos por la borda lo mejor que nos dieron algunas generaciones que nos antecedieron. Usemos ese legado para enfrentar los amplios desafíos que nos toca vivir en el presente.

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Mejorar la democracia con más democracia Infórmate. Pregunta. Exige. Dialoga. Discute. “¿Consolidación o regresión? ¿Democracia con violencia y sin equidad social?" “¿Qué hacer con el sistema de partidos? ¿Partidos de los ciudadanos o ajenos a los ciudadanos? Candidatos independientes: ¿nuevas formas de hacer política o lo mismo de otro modo?” “El estado del Estado mexicano. Corrupción y pacto de impunidad: significados y consecuencias.” “¿Puede la democracia sólo ser electoral? Y ¿hay democracia que no sea, también, electoral? Y si no es la democracia, ¿cómo?” “Desigualdad y pobreza: ¿cómo generar ciudadanía sin crecimiento?" “Discriminación y exclusión: Iguales frente a la urna, pero ¿desiguales ante el juez y la policía?” “Violencia y política: violencia política.” “¿El discurso de los derechos o los derechos en serio? Derechos fundamentales y derechos patrimoniales: ¿hasta dónde llegan los derechos del otro?” “Derecho y Estado de derecho. La justicia: ¿de quién, para quién?” “¿Qué es la seguridad pública en un Estado democrático?; ¿Seguridad para quién y cómo?” “Cambio climático: ¿puede la política democrática proteger el planeta?” “Ante Trump… ¿qué? ¿Cómo replantear la economía mexicana ante el nuevo escenario internacional? ¿Cómo enfrentar la relación comercial, la crisis de seguridad, de derechos humanos y de retorno de migrantes?”

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Conferencia V

Importancia de la InvestigaciĂłn JurĂdica

Importancia de la Investigación Jurídica Pedro Salazar Ugarte

ntentaré dar unas pinceladas de lo que creo son los grandes retos que tenemos hoy en material juridical. Solo quiero hacer una pregunta, para darme una idea: ¿quienes de ustedes son estudiantes de derecho? Bien. Estoy entonces ante puros abogados y abogadas. No sé si me puedo sentir tranquilo... Yo soy constitucionalista, soy abogado, estudié filosofía política que en mi caso resultó ser muy desafiante porque a las abogadas y a los abogados nos enseñan a medir al mundo por la cuadratura de las normas y a pensar que el mundo se va a amoldar siempre a ellas, y la realidad es que no es así. La realidad intenta ir por otro lado, y las normas muchas veces van detrás. El haber estudiado filosofía política me permitió conocer ese otro lado de la ecuación. Un maestro de la escuela donde estudié decía que el derecho y el poder son las dos caras de una misma moneda, y, piénsenlo, tiene mucho sentido. La idea es la siguiente:

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El poder sin derecho es pura fuerza, a lo bruto, insensibilizada, es imposición, es coacción sin legitimidad. Y el derecho sin poder es algo parecido a un poema, a una carta de buenas intenciones, una propuesta que no tiene el respaldo que hace falta para convertir lo que prescribe la norma en realidad social. En ese sentido, creo que al derecho hay que mirarle siempre su compleja relación con el poder, entiéndase no solo con el poder político sino con el poder en general. De alguna manera lo que les voy a ofrecer es una reflexión en esa dirección. Hagamos esto lo más parecido a una reflexión colectiva que a una exposición unilateral de mi parte, pero para mi lo ideal sería que ustedes fueran un poco ayudándome a orientar las reflexiones a donde sus inquietudes los llevan. Primer dato. Nuestra Constitución cumple cien años. En tiempo histórico es poco, con suerte alguno de ustedes llega a conocer lo que son cien años, pero normalmente nuestro umbral de vida termina antes. En tiempos históricos cien años no es nada, es un periodo muy breve. En un país tan complejo como el nuestro, el tiempo que tenemos como vigencia constitucional actual es relativamente breve en la historia del México moderno —digamos primero independiente y después el del siglo XIX, que es muy confuso, y el México constitucionalizado de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, ¿cómo es nuestra Constitución comparada con la de hace cien años? Para empezar es tres veces más grande, es la misma Constitución pero no es la misma Constitución. Formalmente los abogados y abogadas decimos que la nuestra es la Constitución vigente desde 1917, y agregaríamos que ha sido reformada en más de 700 ocasiones, lo cual es muchísimo. Y a través de esas reformas, el contenido ha

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crecido en tres veces su tamaño. Es la segunda Constitución vigente con mayor número de palabras, la primera es la de la India, pero es una Constitución que no es rígida, que se puede modificar con mayor facilidad.

Solo un ejemplo que nos puede parecer interesante y que tiene que ver con la autoridad: en el artículo 41 hay unas pequeñas reglas que tienen que ver con la materia electoral; en 1917 tenía 63 palabras, y hoy tiene más de 4,000, nada más para que vean el crecimiento exponencial. Hay artículos que son sumamente complejos. Tantas reformas a la Constitución se han constituido en un documento sumamente complejo en muchos de sus temas, intrincado en su contenido, muchas veces confuso en su redacción, sumamente técnico. Hemos resuelto llevar a cabo decisiones difíciles en materias complejas al

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texto, y eso ha provocado que nuestra Constitución no sea un documento accesible para cualquier persona, a veces ni siquiera para quien estudia Derecho. Se ha vuelto un documento de una complejidad mayúscula, el cual genera muchas disputas técnicas por interpretación del contenido constitucional. Ahora, si ustedes me preguntan: el que la Constitución haya sido tantas veces reformada ¿me parece buena o mala noticia? Si lo miramos desde el punto de vista de la política constitucional, mi respesta sería que sí, que es una buena noticia, porque lo que quiere decir es que los mexicanos y las mexicanas, como generación, en estos cien años y a pesar de los pesares y de los muchos problemas que tiene el país, hemos optado por la vía constitucional para canalizar muchas de nuestras disputas, para superar algunos de nuestros problemas y para construir las instituciones que nos han permitido sortear coberturas complejas. La Constitución ha sido un instrumento utilizado a lo largo de cien años para ir transformando las instituciones del país. En ese sentido es una buena noticia. Significa que la Constitución ha sido políticamente útil para toda una generación —en realidad, en esta hay como tres cortes generacionales—. Pero nosotros, aunque les parezca muy extraño a los jóvenes, al final, históricamente pertenecemos a la misma generación, a la del centenario de la Constitución o de los momentos distintos. Pero ahora retomaré la pregunta: ¿es una buena noticia que la Constitución haya sido reformada tantas veces? Desde el punto de vista de la política constitucional sí, pero desde el punto de vista de la técnica constitucional no es una buena noticia por lo que ya dije: el texto constitucional se ha vuelto muy confuso, inaccesible, de difícil

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interpretación y eso ha hecho que la Constitución no sea el instrumento a través del cual, sin más, se resuelvan los conflictos, sino que en realidad es un documento que en sí mismo es terreno de discusión, y por eso han ganado tanto protagonismo los jueces en la vida y en la toma de decisiones actuales de nuestro país, sobre todo los constitucionales. A mí, por ejemplo, si me preguntan qué recomendaría estudiar para la carrera de Derecho, yo les diría en verdad, como abogados y abogadas, que claro que se pueden dedicar a la práctica privada, que es un lujo, o a la academia, que es un privilegio, pero lo que yo les diría a los más ambiciosos y ambiciosas es que intenten ser ministras o ministros de la Suprema Corte. Está en su horizonte de posibilidad y es ahí el espacio de decision juridica que tiene mayor relevancia y de poder incidir en la historia de su país, y cada vez va a ser más porque en la medida en la que haga falta interpretar la Constitución, para aterrizar el contenido constitucional, tarde o temprano vamos a llegar a la mesa de las y los ministros de la Suprema Corte. Así que no se descarten y en verdad ambicionen con hacer una carrera judicial, que pudiera terminar eventualmante en la Suprema Corte, o una carrera desde la academia y terminar en la corte. Hay ministros académicos, otros que son jueces de carrera y hay otros que vienen de fuera; uno de los más destacados para mi gusto es Arturo Zaldívar, que viene de un despacho privado de derecho constitucional. O sea, hay varias rutas para llegar a la corte, no lo descarten. Lo digo con mucha convicción. ¿Cuales son tres de los grandes temas de discusión constitucional? Si piensan ustedes en su tesis de licenciatura o en su posibilidad de desarrollo profesional, ¿cuáles serían los grandes temas en el ámbito de la teoría y de la práctica constitucional? Hago este paréntesis por-

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que no estoy despreciando el Derecho Civil, ni el Familiar; me parece importantísimo el Mercantil, y fundamentales todas las otras ramas; es solo que esta charla tiene que ver con el Derecho Constitucional y además soy constitucionalista. ¿Cuáles son los tres ámbitos de disputa, debate y análisis constitucional que podrían resultar relevantes para ustedes? Son muchos, pero yo escogí tres: Todo el tema de los derechos humanos. En junio de 2011 tuvo lugar lo que para mi fue la reforma más importante en estos cien años, la que modifica el artículo primero constitucional y otra serie de artículos que abren la Constitución a los tratados en materia de derechos humanos, que establece que son reconocidos, ya no otorgados. ¿Recuerdan la redacción de la Constitución antes de 2011, la original de 1917? Decía que todas las personas en territorio nacional eran titulares de las garantías individuales llamados derechos, garantías individuales que otorga la Constitución. Cuando una Constitución te otorga algo, te lo puede quitar. Hoy dice que todas las personas gozamos de los derechos humanos que reconoce la Constitución, lo cual es interesante porque se supone que tenemos derechos antes de que la Constitución exista. Bueno, esa reforma que establece el famoso principio por persona dice que todas las autoridades, en todos los ámbitos de sus competencias, tienen la obligación de buscar aquella solución que brinde mayor protección a los derechos de las personas. Es una reforma poderosísima, que viene a robustecer el párrafo que dice: “nadie puede ser discriminado por razones de edad, género, ocupación, pensamiento, profesión, preferencias sexuales”, que es lo que no estaba en la Consti-

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tución antes de 2011. Es una reforma en muchos sentidos progresista, que abre la agenda de los derechos, que aumenta los derechos de los que somos titulares y que está siendo discutida en el ámbito jurídico. Por eso creo que el de los derechos humanos es uno de los grandes temas a los que debe uno entrar, y les voy a dar tres pinceladas de por qué me parece importante. En primera, ¿por qué vivimos una crisis de derechos humanos en México? Nos guste o no, lamentablemente las autoridades nacionales no reconocen la gravedad de lo que está sucediendo. A mi me sorprende que el presidente de la República no hable en sus informes de los miles de desaparecidos, ni del desplazamiento forzado que sucede en nuestro país, y me indigna que no hable de las torturas y de los homicidios en manos de quienes ustedes quieran, aquí no importa, no está a discusión. Tenemos una crisis de derechos humanos y más nos vale entrarle a esa crisis con las herramientas constitucionales de los derechos humanos. Segunda razón: ustedes me podrían decir que los derechos humanos son para proteger a los delincuentes. Quítense eso de la cabeza. Los derechos humanos son aquellos bienes jurídicamente protegidos que nos permiten estar aquí donde estamos. Sin el reconocimiento de los derechos humanos, sería imposible que un profesor con toda libertad —porque a mí nadie me ha dicho qué puedo o no decir— se expresara frente a un conjunto de estudiantes a partir de sus propias convicciones y que pudiéramos escuchar lo que ustedes quieran decir con toda libertad, sin ningún tipo de censura, respetando las diferencias ideológicas y la pluralidad de visiones, ejerciendo como ustedes el derecho a la educación, que es un derecho humano, y en cierta medida el derecho al trabajo, el derecho a reunión, y, además, el derecho a la asociación —aquí esta-

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mos ejerciendo muchos—. Lo que quiero rescatar es que los derechos humanos son los que nos permiten tener una convivencia libre entre personas iguales. ¿Y saben en qué somos iguales? En nuestro derecho a ser distintos. Somos iguales en nuestro derecho a pensar distinto, a creer distinto, a desear distinto, a ambicionar distinto. Esa es la igualdad que te dan los derechos humanos: una igualdad robusta en el derecho a hacer tu plan de vida. Otra cuestión, y la última que digo acerca de la reforma de derechos humanos, nada más para seguir donde sigue la disputa y me paso a los otros dos temas: Quien crea de ustedes que el tema de los derechos humanos es patrimonio de los espíritus cursis y de las almas inocentes, de la gente naif, quien diga: “estos de los derechos humanos son hippies de amor y paz”, se equivoca de manera brutal. La agenda de los derechos humanos es la de quien se ha dado cuenta de que tu compañero o tu compañera podría ser, como dice Jobs, tu peor enemigo. El tema de los derechos humanos consiste en construir un andamiaje de normas, de instituciones prácticas, para impedir que la violencia se apodere de la convivencia, que el abuso sea la constante, que la violación sea cotidiana, todas estos daños que, desafortunadamente, a lo largo de la historia, los seres humanos hemos demostrado que somos capaces de hacernos unos a otros, más cuando tenemos poder hacia los que no tienen. Los derechos humanos son la agenda del más débil siempre, y son, por supuesto, bienes jurídicos, pero son también limitaciones sociales y políticas, y hay que verlos así. Los derechos humanos se han arrebatado, a lo largo de la historia, a los poderosos. La libertad se tuvo que ganar, la igualdad se reivindica, la autonomía se afirma y, en ese sentido, la agenda de los derechos

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humanos es para quien ve la realidad en toda su dimensión, con irregularidades y desencantos. ¿Qué se discute hoy alrededor de la reforma de los derechos humanos? Bueno, en el ámbito de la Suprema Corte están divididos en dos. La mitad de ministras y ministros —que siguen teniendo una visión que yo respeto, no la discuto, pero no la comparto— es muy nacionalista. Frente a la agenda de los tratados y los derechos internacionales usan el discurso de la soberanía, y dicen que estos van después de la Constitución, que primero van las normas de derecho mexicano y después las del derecho internacional; es decir, hacen una reivindicación de lo nacional contra lo internacional. Esta misma tradición es muy formalista en su manera de interpretar el derecho, muy letrista. Ustedes van a ser abogadas y abogados, se van a encontrar textos normativos, los pueden interpretar de manera muy cerrada o pueden mirarlos en otro conjunto de normas y, sin apartarse del derecho, hacer una interpretación más abierta. Bueno, esta primera transmisión de ministro de la Corte es soberanista, letrista y también muy parroquial. ¿Qué quiere decir? Que mira únicamente la tradición y la literatura jurídica mexicana. Entonces te dice: este es el mejor libro de constitucional más grande jamás escrito en la vida. “Oiga, profesor, pero este libro... su última actualización fue por 1947, entonces no había constitucionalistas autónomos, ni la Corte era constitucional...” “No, no, pero es el mejor libro de constitucional que se ha escrito y lo tienes que leer.” Esta es una escuela que está muy presente. La otra mitad de los ministros es todo lo contrario, es muy universalista. El derecho universal abreva del derecho internacional, lo usa, y potencia el nacional con normas de derecho internacional. Esta otra mitadd de las y los ministros está mucho más abierta a la

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interpretación, no es formalista, mira cómo interpretar las normas, es más integral y es mucho más cosmopolita, mira la literatura internacional, abreva y aprende de ella. Esas dos tradiciones están hoy instaladas en el núcleo del gremio al que ustedes quieren pertenecer, alrededor de la reforma de los derechos humanos. Yo a lo que los invito es a que tomen postura, que se informen, lean y decidan qué los convence, y dónde quieren estar. La materia de derechos humanos va a estar presente en su ejercicio profesional, hagan lo que hagan en ese ámbito; el derecho familiar va a estar presente, el económico, el social, el derecho de aguas, etcétera. Entonces aprópiense, entiéndanlo, estudien y tomen una posición frente a esto. El segundo tema del debate de la vida de hoy es uno que indigna y ofende a México: la corrupción. Es un mal que está presente en todos los niveles, en todos los ámbitos de nuestra vida colectiva, y que no es un expediente exclusivo de los políticos, es de la gente horrenda que se dedica al poder. Pero ni son todos horrendos ni todos son corruptos, ni el mal es exclusivo de la clase política. La corrupción se hace posible porque hay complicidad, anuencia, tolerancia, por parte también del sector privado en el sentido amplio, desde el empresarial hasta el de la sociedad civil, que toleran, permiten, reproducen e incluso se involucran en actos de corrupción. Es un problema estructural, que tampoco es un mal exclusivo de México —pero es que hemos llegado a unos grados en verdad alarmantes e indignantes, más en un país con los niveles de pobreza y desigualdad como el nuestro. Es un fenómeno que carcome la cohesión social. Un ejemplo simbólico del mal que puede venir de la mano de la corrupción, es lo que pasó en el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca. Todo porque alguien no hizo lo que tenía

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que hacer: alguien no puso los materiales adecuados, quien era el responsable no hizo la supervisión, pero lo más grave es que a dos trabajadores inocentes, que iban de su casa al trabajo, se los trago la tierra. Ustedes viven en un país donde realmente pueden morir y en el que nadie te va a salvar. Y ese es el ejemplo claro de que la corrupción no es un mal menor, tangencial, o que se puede corregir en un momento. Y así hay que entenderlo y combatirlo. El gran reto de su generación, de la mía, de quienes estamos, es la construcción de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí están las normas, ya se crearon 7 leyes, existe una comisión de selección de la que formo parte, un comité de participación ciudadana que ya existe —no han nombrado al fiscal y no es casual que no lo hayan nombrado, pero subrayo que el Sistema Nacional Anticorrupción no puede estar sobre el orden federal, sino que tiene que reproducirse en el orden de las entidades federativas y debe funcionar en el ámbito de todas. Entonces ustedes tienen una responsabilidad directa, de acompañar la construcción de un buen Sistema Nacional Anticorrupción, y de enterarse, preocuparse, discutir entre ustedes y revisar los perfiles de quienes vaya a integrar ese comité de participación ciudadano, y de quién va a ser el fiscal. De escribir al respecto, con inteligencia, responsabilidad y claridad, de involucrarse, porque del socavón no los va a sacar nadie: tienen que salir ustedes, y la única manera de hacerlo es con responsabilidad y, como abogados y abogadas, con verdadera comprensión de lo que está en juego. Ese es otro gran tema de su generación. Si logramos en un par de décadas prevenir, combatir y sancionar la corrupción vamos a lograr un cambio muy importante en nuestro país, como hemos logrado otros, porque también han pasado cosas. Ahí tienen otro tema para tesis, para

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pensar, leer, opinar y, cuando alguien les pregunte: “a ver, explícame el Sistema Nacional Anticorrupción”, poder decir: “son 8 instituciones y etcétera etcétera. Entérense, ahí está en la Constitución el andamiaje normativo, la Ley de Responsabilidades que diseñó la sociedad civil que es muy buena, que atiende las mejores prácticas internacionales, que ve a la corrupción como un asunto de redes, no como actos individuales, y que tiene todo un sistema de incentivos para que las redes de corrupción se hagan públicas. Conózcanla, léanla, apréndanla, para que puedan hablar de ella como los futuros abogados, porque no hay nada peor que te digan “a ver, explícame tal cosa”, y que digas “pues… no sé ni qué decir”. Si eso les pasa con los grandes temas de su época, algo está fallando en su interés o en su materia de estudio. Reconsideren. Tienen que saber. Y el último gran tema relevante: ¿Qué vamos a hace con el tránsito de las procuradurías a la fiscalía general autónoma? Lo verdaderamente importante es: ¿Cómo debemos diseñar a la nueva fiscalía? ¿Cómo debe operar? Porque ¿saben qué es lo que no tenemos en este país? —y por eso tenemos estos índices de delitos—. No tenemos policía de investigación. Ni una carrera policial digna de ese nombre y capaz de hacer un trabajo de investigación que permita prevenir el delito. Nuestro sistema de justicia vive en la falacia para encontrar a la persona que comete el delito en el momento en que lo comete. No tenemos investigación bien planeada, bien desarrollada, que lleve años, y que permita identificar dónde están las verdaderas redes de la delincuencia, y tener expedientes sólidos, para que a las personas a las que detienen sean juzgadas y condenadas. Ahí tenemos un déficit institucional a nivel nacional gravísimo. Y debo de decir que en el estado de Chihuahua las cosas se estaban haciendo bien, a la luz de la refor-

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ma de 2008; esto solo como una prueba de que las cosas se pueden hacer bien. Tenemos un reto en materia de procuración de justicia del que ustedes no pueden permanecer ajenos. Tienen que enterarse, entender, participar, opinar. Les decía que pueden ser ministros de la Suprema Corte. Pues ojalá algunos de ustedes también se animen a ser mediadores en el Sistema de Justicia Penal, o se conviertan en los mejores, honestos, preparados ministerios públicos o policías de investigación, y hagan su maestría en Criminología y se especialicen en cómo realizar una investigación criminal bien realizada. Es decir, ¿por qué no ambicionar formar parte de esas instituciones para sacar a nuestro país del grave déficit de impunidad en que estamos metidos? Esta es una discusión de hoy, que deben de entender bien, para poder imaginar cómo debe ser una fiscalía. Hay muchos colectivos de la sociedad civil a los que respeto mucho, con los que incluso hemos trabajando juntos. Y lo que dicen es que lo más importante es que la fiscala o el fiscal sea autónomo. A ver, es conveniente, pero importa más la independencia política, que no responda a la agenda de un partido o del gobierno en turno, pero también hay que tener cuidado, abogados y abogadas, porque, pensemos a nivel nacional: la autonomía será la capacidad que tendrá eventualmente la fiscalía, la de poder ejercer la coacción, que es, digamos, el ámbito más duro de la relación del estado con la ciudadanía, el ejercicio de la fuerza física. De manera que si no se diseña bien será totalmente autárquica y al rato el verdaderamente hombre poderoso de este país será el fiscal, y no el presidente en turno. Llegaríamos a hacer todas las elecciones, organizarnos, ir a votar, y gana tal, y resulta que ya lo está esperando en su despacho el o la fiscal y le dirá: “Qué tal, cómo está, yo soy el que ejerce la fuerza física, y usted, señor

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presidente, señora presidenta, pues ahí cuando quiera me marca para saludarme, porque yo aquí tengo el poder.” En la teoría clásica del poder había dos cosas que no podía perder el que lo tiene: el control del dinero, del presupuesto, y el de la violencia; conservarás al ejército pero pierdes el de la coacción civil. Entonces, autonomía sí, pero con cuidado, con un diseño institucional. Pero además, imagínense que nombramos a un loco y en su ejercicio de autonomía se ve en la posibilidad de ejercer la coacción sin tener controles, pues por ese lado todo el ejercicio electoral se desfonda. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo diseñamos una fiscalía que sí sea independiente, sí goce de autonomía operativa, pero que al mismo tiempo tenga controles de operación, que rinda cuentas, sea transparente y que no ejerza la fuerza física de manera arbitraria o troncal. Bueno, pues ahí tienen un tema para una tesis que es como de doctorado. Plantéense las cosas con ambición. Si ya están aquí gozan ya de un privilegio, y asumo que de manera inteligente. Piensen en su futuro con ambición y pregúntense qué harían si les dicen: “vas a ser fiscal del estado o nacional, ¿con qué institución te gustaría operar?” O “¿cómo te gustaría que operara?” Las instituciones son creaciones artificiales, no estaban ahí, no surgieron como hongos de la tierra. Las creamos las personas para enfrentar problemas y coyunturas, y en ese sentido podemos influir en su diseño. Imagínense en este momento de cambio constitucional, en materia anticorrupción y de fiscalía, con los derechos humanos en el centro, ¿qué tipo de diseño institucional quieren para ustedes y las generaciones que siguen? Piénsenlo, entérense, discútanlo, y tengan una opinión fundada sobre esas cosas.

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Conferencia VI

El malestar en (con) la democracia

El malestar en (con) la democracia José Woldenberg

lo largo de varias décadas pensamos a la democracia como una solución. Era la receta para desmontar una pirámide autoritaria construida durante la post revolución, dar vida al equilibrio entre los poderes constitucionales, hacer realidad el federalismo diseñado en la Constitución, lo cual permitiría, además el ejercicio de las libertades, la convivencia y competencia de la pluralidad política, la alternancia en los diferentes niveles de gobierno, los pesos y contrapesos en el entramado estatal. Las expectativas incluso fueron más allá, como si la democracia fuera una varita mágica y no un régimen de gobierno. Con democracia desaparecería la corrupción, los abusos, las violaciones a los derechos humanos. La invasión de la pluralidad política al mundo de la representación solamente tendría efectos virtuosos: al convertirse unos en los vigilantes de los otros, los actos arbitrarios, ilegales, despóticos, deberían seguir una tendencia a la baja. Incluso, en el extremo, no faltaron los que pensaron que la democracia lo podía todo. A partir de ella se desataría el crecimiento económico, se atenderían las oceánicas desigualdades que modelan al

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país, el Estado de derecho sería la casa que daría abrigo a todos (y no solo a unos cuantos), y súmenle ustedes. La democracia era una especie de edén terrenal en el que se ejercerían las libertades; el conjunto de la sociedad participaría en la toma de decisiones y, paulatinamente, el país sería una comunidad de iguales, no solo en el ejercicio de los derechos políticos sino también en los económicos y sociales. Esa sobreventa de expectativas tuvo (quizá) dos fuentes fundamentales: las derivadas de la contienda política (las fuerzas opositoras al PRI sintieron la necesidad de subrayar las bondades del proyecto democratizador de cara al autoritarismo imperante) y las de cierta academia y cierto periodismo proclives a reducir los graves y profundos problemas del país a una variable fundamental (en este caso, la falta de libertades, el verticalismo estatal, el monopartidismo fáctico). Hoy resulta claro que la democracia, en efecto, resuelve algunos problemas: el de la convivencia/competencia entre diversas corrientes políticas e ideológicas, el del relevo gubernamental sin tener que acudir al expediente de la violencia, el de la expansión de las libertades y el ejercicio de derechos políticos, entre otros. Pero también resulta inescapable que la democracia, por su propia complejidad, por ser un régimen en el que coexisten y compiten una diversidad de opciones políticas, tiende a hacer más compleja la gestión de gobierno, la relación entre los poderes constitucionales y entre estos y los grupos de interés. Y que la ampliación de las libertades genera en buena hora la expresión de muy diferentes agendas no siempre concurrentes —más bien enfrentadas— que sobrecargan la lista de los reclamos que no siempre pueden ser atendidos con prontitud y eficiencia. Se trata de un régimen de gobierno que al ampliar las libertades, construir pesos

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y contrapesos estatales y sociales, al intentar que sea el “imperio de la ley” el que regule las relaciones entre las personas y entre estas y las agencias públicas, hace difícil no solo su funcionamiento sino tortuosa la ruta a través de la cual se toman y ejecutan las decisiones. Por ello, aquellos que pensamos que no existe un régimen superior de gobierno al democrático estamos obligados a reconsiderar en público a la democracia no solo como solución sino como problema… para asentarla, reforzarla, fortalecerla. Resulta imprescindible socializar su cara virtuosa pero no debemos cerrar los ojos ante el cúmulo de dificultades que la misma porta de manera natural. Si a ello le sumamos que la democracia —como cualquier otra fórmula de gobierno— no se reproduce en el vacío, entonces debemos agregar a la reflexión todas aquellas realidades que influyen en su marcha y el aprecio (o desprecio) hacia sus instituciones. Así, el débil e inestable crecimiento económico, la petrificada y ancestral desigualdad, la precaria cohesión social, el déficit monumental en términos del Estado de derecho, la disímil y polarizada ciudadanía, la espiral abrumadora de violencia, no solo impactan la percepción —la imagen— sobre nuestra incipiente democracia, sino la calidad de nuestras relaciones políticas y sociales. Es el momento de pensar a la democracia como problema y también los problemas que debe enfrentar la democracia, si deseamos su consolidación y no su paulatina e inclemente erosión. México fue capaz de construir una germinal democracia. Hay que repetirlo porque hace apenas unas décadas no teníamos partidos equilibrados, elecciones competidas, un mundo de la representación plural, un Poder Ejecutivo acotado por otros poderes constituciona-

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les, un Congreso en el que ninguna fuerza política podía hacer su simple voluntad, una Corte central en la resolución de litigios políticos, una clara ampliación del ejercicio de las libertades, y súmele usted. Todos los signos de un sistema democrático están ahí y comparándolos con nuestro pasado inmediato, resultan irrecusables. No obstante, existe un malestar profundo con nuestra vida política. Se podrían citar un buen número de encuestas en las cuales se recoge un sentimiento de hartazgo con los partidos, los políticos, los congresos (instrumentos indispensables de un régimen democrático), y un decrecimiento de la adhesión a la democracia, pero basta con salir a la calle o hablar con los amigos o conocidos para darse cuenta de que una densa nube de malestar y fastidio acompaña a nuestros recientes logros en el terreno de la política. Por supuesto, ante ese malestar se puede responder que la democracia no es ni pretende ser una varita mágica ni un sombrero de mago, y que la misma no puede resolverlo todo. Y, en efecto, los sistemas democráticos están diseñados para lograr dos objetivos fundamentales: permitir la coexistencia y competencia pacífica de la diversidad política, y posibilitar el cambio de los gobernantes sin el costoso expediente de la sangre (Popper). Pero dicha respuesta sería insuficiente, porque el debilitamiento del aprecio por la democracia (y por sus instrumentos, que no es lo mismo), se nutre de fenómenos complejos que vale la pena señalar, si es que queremos robustecer nuestra incipiente convivencia/competencia del pluralismo. Enumeraré algunas fuentes del desencanto con nuestra democracia. Se trata de ideas, percepciones y trazos estructurales que militan en su contra. No es un listado jerarquizado pero puede quizá

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ayudarnos a pensar en los difíciles retos que tiene que afrontar, entre nosotros, el asentamiento del régimen democrático. Porque no existe ley histórica alguna que garantice de una vez y para siempre la pervivencia de un sistema pluralista, sino que el mismo puede desgastarse, degradarse o fortalecerse: 1. Infravaloración del tránsito democrático. Nunca socializamos con suficiencia el tránsito democratizador que vivió el país. Hubo un déficit de pedagogía social. El proceso, que por supuesto no fue lineal y que transcurrió en el último cuarto del siglo pasado, fue narrado de múltiples maneras, pero su sentido profundo no apareció con claridad a los ojos de los más. Hoy bastaría comparar el mundo de la representación de (digamos) 1980 y el de ahora para observar la transformación radical. Pero los lentes que utilizamos para narrar lo que había sucedido fueron insuficientes para entender y nacionalizar la gran transformación vivida. El oficialismo de antaño no era capaz de reconocer que México estaba desmontando un sistema autoritario para edificar uno democrático, porque, según él, el país siempre había sido democrático; una democracia que se perfeccionaba y ajustaba de vez en vez. Pero desde una cierta oposición el proceso tampoco fue comprendido —a pesar de que esas oposiciones eran motor fundamental de los cambios— porque no estaban dispuestas a valorar las transformaciones graduales que produjeron seis reformas político-electorales (1977, 1986, 1989-90, 1993, 1994 y 1996), ya que ello, decían, solo fortalecía al oficialismo. No fue casual, entonces, que la alternancia en el Poder Ejecutivo federal fuera vivida por no pocos como una especie de milagro y no como lo que era, la

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desembocadura de un largo proceso de deconstrucción y construcción de reglas e instituciones, y de la transformación progresiva de eso que llamamos “correlación de fuerzas”. Así, a diferencia de lo que sucedió en muchos otros países, faltó explicación suficiente del proceso de transición democrática para que la sociedad fuera capaz de apropiárselo y este fuera digno de ser reivindicado y defendido. 2. Gobiernos de minoría. Gobernabilidad complicada. Los sistemas democráticos, máxime aquellos en los que existe un pluralismo equilibrado instalado en las instituciones representativas del Estado, son difíciles de gobernar. Dado que el gobierno y su partido no cuenta con los votos necesarios en el Legislativo para hacer avanzar sus iniciativas, se encuentra obligado a negociar con otros de manera permanente o intermitente. Y ya se sabe, pactar es un asunto tortuoso, lento. Hay que intentar hacer compatibles diagnósticos y propuestas diferentes; intereses y pasiones encontradas. Escuchar, responder, acordar, se vuelve necesario pero peliagudo. Y el nuevo sistema genera la imagen de una sinuosa vereda que es difícil de transitar y que resulta “improductiva”. No es extraño entonces que aparezcan y reaparezcan las voces que añoran la “velocidad” y la “eficiencia” del pasado, en el que México tenía mucha gobernabilidad y nula democracia. Y es que, en efecto, el rasgo más sobresaliente de la política mexicana en los últimos 17 años es el de un pluralismo equilibrado instalado en el circuito de la representación. No existe más una voz que ordene y mande (en buena hora), sino un embrollo de diagnósticos, propuestas e intereses que no es sencillo alinear. La política se ha vuelto más compleja, y eso que deberíamos festejar (por el

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sistema de balanzas construido), aparece a los ojos de muchos como un trazo indeseable de los nuevos tiempos, que incluso —dirían los extremistas— habría que intentar conjurar. Cada cual tiene una idea de lo que hay que hacer y se desespera porque otros lo contradicen, sin darse cuenta de que eso es lo peculiar de la democracia. 3. Déficit de orden democrático. Se ha ampliado y expandido la cara expresiva de la democracia pero no hemos logrado construir el otro rostro: el del orden democrático. Para bien, hoy los más diversos grupos y asociaciones reivindican sus intereses, ponen a circular en el espacio público sus balances e iniciativas, se movilizan y exigen. Ello es fruto natural del robustecimiento de las libertades que supone el régimen pluralista. Se trata de ofrecer garantías a las libertades fundamentales: de organización, expresión, manifestación, etcétera, y de que sean realmente ejercidas. La otra cara de la moneda está en aceptar que todos esos reclamos legítimos son parte de un todo mayor, que no puede ni debe ser subordinado a las exigencias de pequeñas o grandes minorías. Algunos lo llaman un déficit en el Estado de derecho, y puede ser. Lo cierto es que con el fortalecimiento de las libertades hemos vivido una ola de reivindicaciones parciales, sectoriales, específicas, que virtuosamente se colocan en el espacio público. Es más, para ello se edifica democracia, para que voces e intereses antes invisibles adquieran peso y presencia pública. No obstante, no alcanzamos a construir la noción, las prácticas y los conductos institucionales para que los intereses particulares puedan conciliarse con “el interés general” —y se supone que para ello existe un marco constitucional y legal a través del cual

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se pueden y deben ajustar pretensiones encontradas. Pero dado que el orden democrático brilla por su ausencia, no son pocos los que ven solo dispersión, conflicto y desorden sin sentido. 4. Pobreza, desigualdad, frágil cohesión social. La falla histórica y estructural de México es la de su profunda desigualdad social. No somos un país sino muchos. Y eso tiene su impacto en todas las esferas de la vida (no solo en la vida política). Como bien lo apunta la CEPAL —para América Latina—: en esas condiciones es muy difícil generar un nosotros inclusivo, un sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional. Las diferencias son tan abismales que generan una convivencia (algún término hay que usar) marcada por fuertes tensiones y resentimientos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se preguntaba hace diez años, en un momento de júbilo por el restablecimiento o la fundación de gobiernos democráticos en el Continente, “¿cuánta pobreza y cuánta desigualdad podrían soportar las nacientes o renovadas democracias latinoamericanas?” Lo que sucede es que, entre nosotros, no son visibles políticas efectivas tendientes a atemperar las desigualdades y a fomentar una cohesión social hoy débil o de plano precaria o inexistente. Nuestra reciente democracia no parece tener impacto en esa dimensión, pero ese caldero de desigualdades sí que produce desafecto o distancia crítica en relación con las nuevas rutinas, instituciones y normas que procesan la política pluralista. Y es natural, porque la política —incluyendo la democrática— no es una actividad sin contexto, sin condicionantes, sin reclamos y expectativas que trascienden la esfera procedimental.

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5. El estancamiento económico y su secuela. La falta de crecimiento económico suficiente en las últimas tres décadas es quizá la fuente de desencanto más poderosa. Una economía que no genera los empleos formales suficientes, que no mejora los ingresos y las condiciones de vida material de la mayoría, que produce millones de jóvenes sin lugar en el mercado de trabajo o en los centros de educación superior, en un marco de desigualdades rancias, tiene que generar frustración, desaliento, malestar. A querer o no, los regímenes políticos también son evaluados por la capacidad para atender las necesidades de su población, y por desgracia, el proceso de tránsito democratizador y los primeros años de la democracia han coincidido con un (cuasi) estancamiento económico. Ello además contrasta con el pasado inmediato de México. De 1932 a 1982, largos cincuenta años, la economía del país creció a tasas importantes, y si bien sus frutos nunca fueron repartidos de manera equitativa, de todas formas llegaron a amplias capas de la población. Los hijos tenían la expectativa de vivir mejor que sus padres y un alto porcentaje pudo cumplir esa ilusión. Quizá ese fue uno de los lubricantes del consenso (si se quiere pasivo) con el antiguo régimen autoritario, que si bien coartó libertades, persiguió opositores y casi erradicó el pluralismo, logró una cierta mejoría en las condiciones de vida de millones de personas. El drama mayor de nuestra democracia germinal es que ha coincidido con un largo período de estancamiento económico y su estela de calamidades sociales. 6. Corrupción. La corrupción y la impunidad aunadas están erosionando de manera grave la confianza en las instituciones públicas. No sé siquiera

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si hoy existe más corrupción que en el pasado, pero lo que sí es claro es que hoy esos fenómenos tienen una mayor visibilidad pública (gracias al proceso democratizador) y una menor tolerancia social. Se trata —digamos— de dos poderosas palancas que pueden y deben ser activadas para derrotar a la corrupción. Porque nada desgasta más el aprecio por partidos, congresos, políticos y gobiernos que episodios de corrupción reiterados que quedan impunes. 7. La violencia. Y si a lo anterior sumamos la espiral de violencia que en los últimos años ha sacudido al país, posiblemente el cuadro puede completarse. No citaré las cifras de asesinatos, secuestros, robos, agresiones, etcétera, que han ensombrecido la convivencia social. Cientos de miles han sido víctimas directas o indirectas de la delincuencia. Pero incluso quienes no han sufrido de manera franca los estragos de la violencia, viven bajo la sombra del temor, la incertidumbre, la zozobra. El clima de violencia desatada y su secuela crean un ambiente de desconfianza mutua y produce un inmenso descrédito de las autoridades. En suma, la democracia es una fórmula de gobierno que se fortalece cuando los ciudadanos aprecian no solo que pueden ejercer sus libertades, concurrir a elecciones, cambiar gobiernos, construir representaciones equilibradas, sino cuando perciben que sus condiciones materiales de vida mejoran, se sienten integrantes de un nosotros que los incluye, y son capaces de discernir lo que se juega en el terreno de la política. México ha construido una germinal democracia. Vale la pena festejarlo. Pero falta todo lo demás. Ojala no nos arrepintamos de estar dejando tan desprotegida a una democracia naciente, asechada por todos los flancos. 194

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Retroalimentación con el público Sobre una eventual reforma que permitiera a los ministros de culto ser votados, yo estoy convencido de que los esfuerzos que se han realizado en el país para mantener escindidas las esferas de la política y la fe deben seguir subrayándose. El hecho de que los ministros de culto no puedan ser votados no creo que sea un capricho, sino un resultado de lo que en México se vivió a lo largo del siglo XIX. En aquel entonces se estableció e intentó crear un Estado laico que diera cabida a todos y cada uno de los credos y, por supuesto, a quienes no tienen ninguno. También que la esfera de la política fuera de encuentro de esa diversidad política e ideológica, sin la sobrecarga de pasiones y tensiones que de manera natural emergen de la vida religiosa. Por eso yo creo que una disposición como la que hoy rige en nuestro país, en donde los ministros del culto pueden votar pero no pueden ser votados, tiene mucho sentido. Si de por sí la política es un terreno cargado de presiones y tensiones, creo que sería una imprudencia inyectarle las que provienen de un campo que, por el bien de todos, debe estar escindido de la mecánica de la política. * * * En relación con la confiabilidad hacia las instituciones electorales, lo primero que quizá valga la pena decir es que tenemos un problema no solamente de aprecio en relación a las instituciones electorales sino en general a las instituciones públicas en su conjunto. Pero, por supuesto, quien hizo la pregunta bien podría decir “mal de muchos es consuelo de tontos”. Yo creo que en materia electoral, de manera paulatina, las instituciones electorales a lo largo de los años 90 y los primeros años del 2000 fueron paulatinamente construyendo una confianza en los procesos electorales. Era una época de esperanzas en donde cada uno de los Conferencias Magistrales

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cambios que se hacían en esa materia generaba aprecio e incluso ilusión, como cuando se construyó un padrón nuevo desde cero, se expidieron las credenciales de elector con fotografía, se decidió que los funcionarios de las casillas serían sorteados y capacitados, se estableció el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Todo eso fue abonando a favor de la confianza. Pero quizá lo más importante fue que en esos años 90 empezaron a aparecer resultados electorales que muchos creían imposibles. Yo recuerdo en el Instituto Federal Electoral, en las primeras elecciones, donde no hubo mayoría de ningún partido en la Cámara de Diputados, o las elecciones en el Distrito Federal que, por primera vez, se celebraron en 1997, y donde ganó un partido de oposición, o una gran cantidad de elecciones en los estados donde se empezaron a dar fenómenos de alternancia en los gobiernos estatales así como en ciudades muy importantes, para no hablar de la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, o cuando el Senado de la República empezó a ser un espacio también habitado por una pluralidad equilibrada. Creo que ese proceso lento de construcción de la confianza marchaba, y bien. Pero el agudo conflicto poselectoral del año 2006, en donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue del 0.56% y donde el segundo lugar afirmó, sin probarlo por supuesto, que se había cometido un fraude, deconstruyó mucha de la confianza que se había ido construyendo lentamente. Porque el tema de la confianza es eso. La confianza es una construcción muy frágil. Se avanza micra a micra. Cada decisión, cada programa, cada elección va construyendo poco a poco un poquito más de confianza. Pero podemos retroceder kilómetros con un mal conflicto o con una mala decisión en esta materia. Creo que eso fue lo que sucedió en el año 2006, cuando el segundo lugar descalificó el resultado electoral —por supuesto, había obtenido una tercera parte de la votación y sus votantes creyeron esa versión— y, 196

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desde ahí, creo yo, las autoridades electorales, los partidos, la academia, la prensa, etcétera, han venido dando una polémica compleja, y las autoridades electorales y los cambios en la legislación han tratado de reconstruir paso a paso esa confianza. Bueno, ustedes acaban de tener elecciones. Se ha renovado la gubernatura, las presidencias municipales y el Congreso. Entiendo que la gente fue a votar, que los humores públicos son cambiantes, que los triunfadores de ayer son los perdedores de hoy, y que los ganadores de hoy pueden eventualmente ser los perdedores de mañana. De eso es de lo que se trata. Yo creo que nuestras rutinas electorales están implantadas y, quiero decir una cosa, tenemos una gran ventaja. No hay ninguna fuerza política relevante, en el país, que no afirme que la única vía legítima para arribar a los cargos de gobierno y legislativos es la vía electoral, de tal suerte que incluso si ahí hay problemas, pues hay que atenderlos y aplanarlos porque no tenemos de otra. La diversidad política que existe en México reclama y merece un campo electoral que permita una contienda imparcial y equilibrada. ¿Cómo abona la democracia la reforma que centralizó los procesos electorales? Lo primero que hay que decir es que, en efecto, en la reforma, si mal no entiendo, en la última reforma, había dos posiciones: una que quería mantener el sistema descentralizado que había funcionado en los años anteriores y que existía el diagnóstico de que los institutos locales habían dejado de ser autónomos o que no eran autónomos; que habían sido succionados por la voluntad de los gobernadores y que era necesario generar condiciones de imparcialidad, y creo que la propuesta era la de generar un Instituto Nacional Electoral que se ocupara de todas las elecciones. No quedó ni el esquema del pasado ni un esquema totalmente centralizado; como ustedes saben, a la fecha existen el Instituto Nacional Electoral y los Institutos Electorales Locales. Conferencias Magistrales

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Se terminรณ de imprimir en noviembre de 2017 con un tiraje de 2 000 ejemplares en Pandora Impresores Guadalajara, Jalisco.