Contexto del desplazamiento forzado Migración y crecimiento demográfico El mapa demográfico mundial muestra una concentración de más de la mitad de la población humana -‐3.300 millones de personas-‐ en zonas urbanas y a ésta tendencia no escapa el Distrito Capital, de acuerdo con la información del Informe de Desarrollo Humano de Bogotá (IDH, 2008). Parte de esta concentración demográfica se debe a las dinámicas migratorias hacia la capital que, en este caso particular, han contribuido de manera significativa a su crecimiento poblacional, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. A su vez, los cambios demográficos conllevan cambios en el paisaje, en la distribución y usos del suelo, requiriendo del gobierno local unas políticas públicas que incorporen la población migrante desde un enfoque diferencial y que consideren los impactos de la inmigración en las distintas dimensiones del ordenamiento territorial. Se puede decir que el desplazamiento forzado hacia Bogotá ha contribuido de manera significativa a su crecimiento demográfico, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque no es claro la magnitud de esta contribución, diversos estudios muestran que la caída en las tasas de crecimiento demográfico de Bogotá a partir de la segunda mitad del siglo XX, se explican por la concentración de población migrante o “recién llegados” en áreas periféricas y municipios vecinos, los cuales muestran una tendencia al crecimiento demográfico en ese mismo periodo. La precaria oferta institucional para población desplazada en estos municipios y la saturación
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del espacio urbano en Bogotá, junto con los altos niveles de pérdida de bienestar de población desplazada-‐imposibles de recuperar, aún después de transcurridos varios años (Ibáñez, 2008)-‐ conllevan un nivel de acceso a derechos básicos inferior en los desplazados respecto del total de habitantes de Bogotá. La ciudad pasó de 2´861.918 habitantes en 1973 a 5’484.244 en 1998 y a 6’778.691 en el año 2005, concentrando el 16% de la población total del país (Indice de Desarrollo Humano, 2008:97). Según la información del IDH, ya en el 2003 el 81,6% de la población residente en Bogotá era inmigrante y, en su desplazamiento hacia el distrito capital, se identifica una combinación de factores asociados a la violencia sociopolítica, junto con aspectos económicos de diversa índole en las regiones de origen, que configuran un contexto favorable a la migración. Mientras tanto, las condiciones materiales de vida en las regiones de origen acentúan el cierre de posibilidades para el desarrollo del proyecto de vida en regiones expulsoras. Bogotá recibe anualmente un promedio de 180 mil nuevos habitantes y el departamento de Cundinamarca recibe 37 mil. Las proyecciones demográficas calculan que en 20 años, la ciudad región tendría 4,2 millones de personas nuevas y se convertiría en la cuenca migratoria más dinámica del país, con el 80% de habitantes en Bogotá (Indice de Desarrollo Humano, 2008). Los otros municipios que consolidan el área metropolitana y constituyen esta cuenca migratoria son: Soacha, Mosquera, Zipaquirá, Madrid, Funza, Cajicá y Chía, en total con una población de 1.205.979 habitantes en el año 2008 (esta población sumada a la de Bogotá representa el 19% de la población del país).
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Parte de esta concentración demográfica se explica por las dinámicas migratorias del campo a la ciudad registradas en todo el país desde mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, en el marco de un proceso denominado como “colonización popular“ (Aprile-‐Gniset, 1992). Durante ese periodo las migraciones del campo a la ciudad se explican por cambios en el modelo económico que promovía la producción para exportación, por los conflictos por la tierra en el campo y debido a las dinámicas de colonización agrícola por parte de campesinos hacia terrenos baldíos del Estado cada vez más escasos y concentrados en latifundios, induciendo asentamientos urbanos (Sánchez, 2007). Esta tendencia se mantiene hoy en día y ha producido el fenómeno de conurbación de Bogotá con municipios vecinos, borrando el límite espacial y en ocasiones modificando el ordenamiento territorial que separaba la capital de otras ciudades como Soacha, Chía, Cajicá, Mosquera. Los asentamientos de población desplazada en los bordes o zonas periféricas de la capital, están expandiendo el espacio urbano en el territorio, sin que dicha expansión esté acompañada de políticas de ordenamiento territorial y planificación y desarrollo que permitan a sus habitantes gozar de los derechos básicos asociados al desarrollo humano. Desde la segunda mitad del siglo XX estas dinámicas migratorias se concentran en Bogotá, por ser el centro político y administrativo, y empieza a ejercer atracción como polo de desarrollo industrial, financiero y de servicios (junto con las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla). Además, la capital presenta mayor oferta institucional en servicios de asistencia social, empleo, educación y seguridad (PNUD, 2008). La migración desde zonas rurales y de otras ciudades hacia Bogotá incide directamente en el crecimiento
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poblacional y expansión territorial, marcando un acelerado proceso de urbanización hacia finales de los noventa, comparado con el resto de ciudades latinoamericanas (Zambrano, 2002). El desplazamiento forzado influyó en este proceso, como efecto del periodo conocido como La Violencia en los años 50 (guerra civil basada en los conflictos por la tenencia de la tierra y disputas por el control del poder político entre élites liberales y conservadoras por un lado, y sectores del campesinado y el movimiento gaitanista por el otro, que involucró a fuerzas armadas del Estado y contribuyó a la emergencia de grupos armados al margen de la ley). Se calcula que sólo en el periodo 1946-‐1966 dos millones de colombianos se desplazaron forzadamente (Roldán, 2003). Actualmente, la magnitud del desplazamiento forzado en Colombia ha merecido la calificación de crisis humanitaria. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-‐ registra un acumulado de más de 5 millones de personas internamente desplazadas en Colombia desde el año 1985 hasta hoy y el gobierno nacional reporta 3.775.416 personas en esta situación desde el año 1995 hasta septiembre de 2011. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calificó a Colombia como el país con mayor número de personas internamente desplazadas en el mundo con un total de tres millones y medio. Bogotá es el principal centro urbano receptor de desplazados en el país: desde 1997 a diciembre de 2011 había registradas 320.518 personas en el sistema de información de población desplazada de la Presidenciade la República. Esta cifra representa casi el 10% de la población desplazada en el país. En el 2000 había 32.289
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personas desplazadas en Bogotá, lo cual refleja un incremento de diez veces en el número de personas desplazadas en 12 años. En el pasado este fenómeno se invisibilizó al interior de la administración pública local, mediante lo que se denominó eufemísticamente como “migración campo-‐ciudad”. En consecuencia este tipo de poblamiento en pocas ocasiones fue debidamente atendido, las administraciones delegaron la solución a un sistema de mercado inmobiliario funcional al mercado electoral que favoreció el clientelismo y la especulación en el precio del suelo. Esto provocó una respuesta inadecuada y contraproducente en los procesos de desarrollo urbano –legalización ex post de las llamadas “invasiones” urbanas-‐ que ha dificultado el planeamiento en las ciudades que presentan alto nivel de concentración de flujos migratorios desde los años 50, quedando postergadas las soluciones a problemas estructurales derivados y causantes del desplazamiento en las ciudades. Por ello, es importante destacar que el desplazamiento no debe entenderse exclusivamente como un fenómeno aislado y marginal, sino en relación con la historia de las ciudades colombianas: la estructuración de modelos de desarrollo, la democratización del uso del suelo, el modelo de ciudad y la consolidación de un gobierno local alejado del clientelismo, que responda a las necesidades de los electores y no de los elegidos. A pesar de la cantidad de población desplazada que llega a la capital, Bogotá no ofrece garantías de seguridad para la vida e integridad personal de estas personas y la saturación del espacio urbano ha limitado las garantías de integración social que permitan el goce efectivo de derechos para las
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víctimas de la violencia sociopolítica. Desde enero de 1981 hasta marzo de 2011 hay en el sistema de Registro Unico de Población Desplazada de la Presidencia de la República, 2.524 registros de desplazamiento intraurbano en Bogotá, lo que representa el 50% del total de personas que salen desplazadas desde Bogotá a otros lugares. Es decir que, la mitad de este grupo, son personas que escogen como destino otro barrio o localidad dentro del distrito capital y que requieren del gobierno municipal una política de protección y atención especial, que les permita condiciones de vida digna y segura en el lugar que han escogido como asentamiento. Lo anterior implica examinar la relación entre las dinámicas migratorias y la expansión de asentamientos de origen informal en la capital del país. Aproximadamente la mitad de los residentes del distrito vienen de otros municipios y regiones del país. Ese porcentaje es en su mayoría población de bajos ingresos cuya, inserción social y distribución espacial ocurre en zonas periféricas de la ciudad, donde predomina el mercado informal del suelo y la vivienda de autoconstrucción con bajos niveles de calidad de hábitat (Hataya, 1996). El acceso a salud y educación por parte de los desplazados es precaria y requiere políticas que atiendan de manera diferencial las necesidades de esta población, para garantizar un desarrollo humano urbano en el largo plazo. Esta situación convierte a Bogotá en uno de los principales centros de recepción de población migrante (y dentro de este universo de población desplazada) y al fenómeno migratorio en un factor determinante de las dinámicas de desarrollo urbano y regional. Recientemente, otros municipios
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que integran el área conurbada con el distrito, presentan altas tasas de crecimiento demográfico y están reflejando cambios en los patrones de integración social de la población que migra a la ciudad región, asociados a los cambios en las condiciones socio-‐espaciales del distrito. Soacha ocupa un lugar importante en esta tendencia. De acuerdo con el censo Experimental del Departamento Nacional de Estadística –DANE-‐ “Soacha con 364.625 habitantes, se convirtió en el municipio 14 con más habitantes de Colombia (…) presenta un crecimiento poblacional entre 1993 y 2003 del 4,8%, superior a la media nacional de 1,7% y la de Bogotá de 2,1%” (DANE, 2003) Situación de la población desplazada La situación de exclusión de población desplazada en zonas urbanas de Colombia es preocupante. Uno de los estudios realizados por la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, concluye que la pérdida de bienestar en la población desplazada adquiere niveles alarmantes: el 60% de la población desplazada era propietaria de tierras antes de abandonar sus lugares de residencia y el 24% de las familias desplazadas pertenecían a alguna organización comunitaria; condiciones que son casi imposibles de recuperar una vez se ha producido el desplazamiento (Ibáñez et Al, 2006). La pérdida por abandono, despojo, pérdidas de activos, viviendas y tierras equivale al 1,7% del PIB nacional y las ganancias agropecuarias que no se perciben después del desplazamiento corresponden al 2.1% del PIB agropecuario del año 2004. En palabras de los autores: “el abandono y despojo de tierras equivale a dos veces la cantidad de hectáreas entregadas
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por Reforma Agraria durante el periodo comprendido entre 1993 y 2004” (Ibáñez et Al, 2006:6). La mayoría de los desplazamientos ocurren desde zonas rurales hacia zonas urbanas (capitales de departamento, ciudades intermedias y cabeceras municipales): el 92% de la población internamente desplazada proviene de estas áreas y, de este grupo, el 93% decidió asentarse en áreas urbanas, mientras que el restante 7% escogió como destino una zona rural (DNP, 2009). Esta situación está afectando no solamente las localidades donde se produce el desplazamiento sino también las áreas receptoras, por la presión sociodemográfica que reciben. En la mayoría de los casos estas localidades no están preparadas para responder adecuadamente al fenómeno ni cuentan con recursos suficientes. Al medir el porcentaje de personas desplazadas respecto del total de población en el área de llegada, las capitales de departamento que mayor presión reciben se encuentran en el sur y oriente del país y en las capitales de departamentos ubicados en la costa Atlántica y Pacífica: Mocoa (Putumayo) ha recibido aproximadamente el 33% de su población, Quibdó (Chocó) el 26,4%, Sincelejo (Sucre) el 24, 6%, Florencia (Caquetá) el 20,3% y San José del Guaviare (Guaviare) el 18,5% (Ibáñez, 2008) y Bogotá es de 3,6% según datos de Acción Social. Las personas y familias que llegan a estas zonas provienen del mismo departamento (aproximadamente el 50% de hogares desplazados migra dentro del mismo departamento y 17,7% dentro del mismo municipio). Las tasas de desempleo de esta población son superiores a las de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza en los lugares de
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asentamiento; el ingreso se reduce a casi la mitad; agravada por el hecho de que sus saberes no son valorados en las regiones receptoras, generalmente centros urbanos. Después de un año de ocurrido el desplazamiento, las tasas de desempleo se ubican en hogares desplazados alcanza el 16%, aproximadamente el 94% de hogares desplazados se ubica por debajo de la línea de pobreza una vez se produce el desplazamiento y el 42% de la población colombiana por debajo de la línea de indigencia en Colombia, es desplazada. Así, la pérdida de activos y bienes de personas internamente desplazadas no se recupera y esto tiene efectos negativos en su capacidad para enfrentar nuevos choques o situaciones de riesgo, constituyéndose en un obstáculo para la integración social en zonas de destino La situación de exclusión social de la población internamente desplazada tiene sus raíces en las fallas estructurales de la política pública de prevención, atención, restablecimiento de derechos y restitución de bienes de estas personas; las cuales no han sido superadas. Sus inmensos vacíos se encuentran consignados en numerosos informes elaborados por la Corte Constitucional de Colombia, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-‐025 de 2004 y han sido señaladas en detalle por la oficina de ACNUR en Colombia a través del balance de la aplicación de la Ley 387 de 1997 (ACNUR, 2007b). Elaborado por: Marcela Ceballos Medina Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Bogotá, 12 de julio de 2012.
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