Retos para la política pública distrital y recomendaciones. En síntesis, para dimensionar el impacto social y económico del desplazamiento y diseñar una respuesta integral, es necesario considerar los costos incrementales que conlleva este fenómeno en tres tipos de agentes (DAPD, 2004): los hogares directamente afectados (por pérdida de bienestar y vulneración de derechos), las entidades públicas del SNAIPD (ayuda inmediata, de emergencia, retorno o reasentamiento, costos operacionales) y las entidades territoriales (empleo, educación, vivienda, salud, servicios públicos y gastos operacionales). La atención al desplazamiento forzado comprende tres fases definidas por la legislación nacional: atención humanitaria de emergencia, estabilización socioeconómica, restablecimiento de derechos y reparación por daños. Los gobiernos de municipios de destino de esta población, en coordinación con entidades del orden nacional de distintos sectores que integran el Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada (SNAIPD), deben responder a estas diferentes fases. No obstante, la oferta de recursos provenientes de la cooperación internacional, la proliferación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención humanitaria de emergencia y la importancia de agencias de Naciones Unidas y de la iglesia católica en este campo, han contribuido a consolidar una red de atención que no se limita al
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