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Mayo 2013, Número 10

SNTE - CNTE el viejo México Por Emiliano López

Saldos del panismo en el poder Por César Cancino

Estados Unidos y la anatomía del terror

Por Fernando Montiel

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Editorial

Índice SNTE y CNTE el viejo México Por Emiliano López Morales Saldos del panismo en el poder Por César Cansino La reducción del Congreso y otras tentaciones del simplismo Por Fernando Dworak La importancia de la comunicación en el ejercicio del poder político, los mensajes y los ruidos Por Lidia Aguilar Balderas

Fragilidad política 3

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Estados Unidos y la anatomía del terror Por Fernando Montiel

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La reforma de Reforma O el ecocidio como política pública Por Marcos Marín Amezcua

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Aunque se sabía que el Pacto por México iba a enfrentar algunos obstáculos, lo ocurrido alrededor de una denuncia sobre presunto uso de programas sociales con fines electorales evidenció la fragilidad no de los acuerdos sino de los partidos políticos: un caso estatal estuvo a punto de terminar con el mayor esfuerzo de coordinación de agendas electorales que haya tenido el país.

Más que el asunto electoral en una entidad, lo que estuvo detrás fue el tema de las coaliciones dominantes en los partidos. Los dirigentes de las organizaciones partidistas firmaron el Pacto sin tener el consenso de las bancadas, además de que el PAN y el PRD utilizaron el Pacto para reaglutinar fuerzas internas por problemas de fracturas partidistas.

El país parece no haber llegado a la madurez política para la suscripción de compromisos. Al final, el Pacto demostró que va a seguir siendo rehén de coyunturas dentro de los partidos y sus objetivos finales de reformas estructurales no se darán en función del país sino de los equilibrios dentro de cada formación partidista.

La mezquindad política seguirá siendo el principal lastre para la modernidad nacional.

CRUZADA ANTIHAMBRE Por Luy

Programas Sociales gancho para obtener votos Por Abigail A. Correa Cisenero

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Margarita la grande Por Fernando Amerlinck

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Educación Finlandesa: ¿Qué puede aprender México?

Por Luis Angel Pérez

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El regreso del PRI (y sus consecuencias en la vida cultural) Por Eduardo Mejía

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Antonio Castro Chiquito, un buen candidato para Huaquechula Por Ernesto Morán Santoyo

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Mtro. Carlos Ramírez Presidente y director general (carlosramirezh@hotmail.com) Óscar Dávalos Coordinador de Producción (odavalos@grupotransicion.com.mx) Lic. José Luis Rojas Supervisor Editorial Dr. Rafael Abascal y Macías Coordinador de Análisis Político Dr. Samuel Schmidt Coordinador de Investigación Política Emiliano López Analista (emiliano_082002@yahoo.com) María Eugenia Briones J. Diseño Eduardo Aguilar Malvaez Formación Abigail Correa Redacción (acorrea@grupotransicion.com.mx) Wendy Coss y León Relaciones Públicas Raúl Urbina Asistente de la Dirección General Transición es una publicación mensual editada por el Grupo de Editores del Estado de México, S. A., el Centro de Estudios Políticos y de Seguridad Nacional, S. C. y el Grupo Editorial Transición. Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández. Todos los artículos son responsabilidad de sus autores. Oficinas: Durango 223, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700, México D.F. Impreso en: Imprenta de Medios, S.A. de C.V., Cuitlahuac No. 3353, Col. Cosmopolita, C.P. 02670, Azcapotzalco, D.F. Reserva 04-2012-052910232300101. Certificado de licitud de título y contenido 15670.

Distribución: Grupo de Editores del Estado de México.

Fecha de publicación septiembre 1, 2012.

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SNTE y CNTE el viejo México Por Emiliano López Morales

El Estado mexicano ha sido en las últimas décadas un campo de lucha por el poder, escenario que le quita la función y obligación de ser rector integrador, que regule y equilibre el interés general para ser defensor pasivo o activo de un interés particular o grupal.

Al ser espectador, el gobierno pierde su esencia y razón de ser y también pierde la sociedad, como ya había advertido Juan Jacobo Rousseau, quien afirmó: “Finalmente, cuando el Estado, cerca de su ruina, no subsiste más que de una forma ilusoria e inútil, cuando el vínculo social se ha roto en todos los corazones, cuando el más vil interés se ampara descaradamente en el sagrado nombre del bien público, entonces la voluntad general enmudece y todos, guiados por motivos secretos, no opinan ya como ciudadanos, como si nunca hubiera existido el Estado, y se hace pasar falsamente bajo el nombre de ley decretos inicuos que no tienen otro fin que el interés particular”.

Este pensador visualizó lo que podría ocurrirle al Estado. Los sectores o grupos de poder particular se hacen fuertes y el Estado débil. Ello sucede porque los gobiernos federales y locales se han vuelto parte del problema. Es decir, las administraciones públicas y sus funcionarios son grandes productores de problemas sociales por falta de formación y visión de Estado y de gobierno.

Este problema se deriva de tres factores. El primero son las limitaciones intelectuales, culturales, cognoscitivas y reflexivas de la mayoría de los gobernantes y políticos. En su gran mayoría los políticos y gobernantes no son capacitados ni formados para ejercer el poder con visión de Estado, generalmente gobiernan con sus visiones y experiencias empíricas, inerciales o limitadas. Ejercer el poder no es un acto de campaña para quedar bien con todos o permitir que todos hagan lo que quieran sino un acto de transformación del Estado y de la sociedad en forma integral.

Segundo, el desuso de la política para consensos y construcciones de Estado y gobierno. Últimamente se usa la política para lograr el poder y ejercerlo con más pena que gloria o para dominar a los otros, no se usa la política para construir puentes que tiendan a construir otros horizontes más evolucionados del Estado y la sociedad.

Tercero, el Estado y el gobierno no aplican con eficacia el poder coercitivo en sus diversas formas (disuasivo o represivo, entre otros) para reducir o acotar el poder de cada sector social o grupo económico que forman nudos de poder y no permiten al gobierno aprovechar óptimamente sus fortalezas y oportunidades en la aplicación

Las entrañas del magisterio devela hechuras verticales y deformes del Estado

SNTE Sección 22 de Oaxaca bloqueando una calzada. Foto: Ezequiel Leyva / Procesofoto

de las políticas públicas, precisamente por la amenaza o presión política de estos grupos particulares.

La organización, reorganización y transformación del Estado mexicano se ha dado en periodos de gobierno con estabilidad y de inestabilidad política, en ambas situaciones ha recurrido a alianzas políticas con determinados sectores, ya sea para impulsar el desarrollo y progreso mexicano o para enfrentar amenazas internas y externas.

En el pasado, el Estado y el gobierno intervinieron directamente en el sindicalismo mexicano para llevar a cabo políticas gubernamentales en materia económica, política o social. El modo de ejercer el poder y las relaciones sociales del Estado con los diversos sectores de la sociedad, es el modo en el que se debilita o fortalece ante uno o varios sectores. Al fortalecerse o debilitarse sucede lo mismo con la sociedad y su progreso.

Las relaciones sociales del Estado y del gobierno con el sindicalismo oficial se han desvirtuado y corrompido de adentro hacia afuera y viceversa. Caso relevante es el sindicalismo educativo.

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La educación laica, origen del magisterio En el México independiente y durante el gobierno de Porfirio Díaz, el magisterio era poco representativo y desorganizado, en consecuencia era más fácil de controlar o reprimir. A la caída de la dictadura de Díaz por el grupo revolucionario, se dan los primeros pasos para la institucionalización y control del gremio magisterial, así como la rectoría del Estado en educación.

El Estado impulsó y fortaleció el magisterio laico para contrarrestar el monopolio de la educación que estaba en manos principalmente de la religión católica y una porción del sector privado; el interés particular se confundía y se quería institucionalizar en un México plural y complejo, el nuevo Estado se debía fortalecer mediante la renovación de leyes, instituciones y la correlación de relaciones y de fuerzas con los diversos sectores de la sociedad.

En el período de 1910 a 1938 se crearon e institucionalizaron los elementos esenciales del Estado mexicano actual, bases jurídicas establecidas por Be-

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nito Juárez. Como parte de este proceso se cristalizó, a través del Artículo tercero constitucional, la facultad del Estado para regir y normar la orientación educativa en el país, proscribiendo la injerencia del clero en esta importante actividad.

El Estado hizo uso de las leyes, de su poder y de la educación pública laica, un instrumento para propiciar y generar un nuevo pensamiento y comportamiento colectivo, al mismo tiempo que mantenía los equilibrios de interés y de poder de cada sector de la sociedad, es decir, cumplía con su obligación de ser el eje rector que promueve y fortalece la unidad en la diversidad para el progreso y bienestar de la nación Fue durante el gobierno de Álvaro Obregón mediante iniciativa de José Vasconcelos, que se empezó a poner en práctica una política educativa tendiente a socializar el conocimiento, negada a la población rural y a otros núcleos empobrecidos. Lo que originó un grupo de maestros, en aquellos días éstos se constituyeron en agentes de cambio, ligándose a las luchas de obreros y campesinos. Se dio al mismo tiempo un proceso de politización de los maestros. Mediante las leyes y la educación el Estado se distanciaba y acotaba el poder pernicioso de la iglesia, un poder anquilosado para emerger y fortalecer otros. Estos acotamientos tuvieron tintes y fines de Estado para llevar a cabo las políticas públicas entrelazadas para cumplir con el proyecto de nación.

En ese tiempo la iglesia era un sector poderoso y anquilosado que enfrentaba al Estado y obstaculizaba el ejercicio de las políticas públicas. El magisterio institucional nace desde el poder público y al servicio de éste, nace débil, sin experiencia sindical y despolitizado; a diferencia de los sectores obrero y campesino, más experimentados e ideologizados y con mayor movilidad masiva en la lucha por sus demandas. Con el tiempo esta situación se revertiría, el sector magisterial se convertiría en el más numeroso y politizado de América Latina.

Primeras movilizaciones de maestros De 1910 a 1940 el magisterio tuvo pequeñas movilizaciones significativas pero no masivas, por lo que eran desarticuladas de manera rápida sin muchos costos sociales y políticos. Las primeras movilizaciones significativas fueron las huelgas de mayo de 1919 y las de Veracruz en los años 1927 y 1928. Al inicio de los años 30, se construye y fortalece la Confederación Mexicana de Maestros y después, en 1934, la Liga de Trabajadores de la Enseñanza y el Frente Único Nacional de Trabajadores de la Enseñanza que culmina en 1935 con la creación de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza.

En 1936 surge la Confederación de Trabajadores de México, a la que se afiliaron gran cantidad de maestros que posteriormente, fundarían el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. En ese tiempo, las luchas y las convulsiones sindicales internas seguían dándose por imponer un modelo educativo y por el control total del magisterio, las luchas empezaban a caracterizarse por ser masivas y focalizadas en sus objetivos sindicales y educativos.

La organización magisterial Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza, de tendencia comu-

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Porfirio Díaz. Foto: Rafael Durán / procesofoto

nista, disputaba el control único del gremio magisterial dentro de la CTM, pero ésta última frustró ese intento con el respaldo del gobierno, hecho que agudizó y convulsionó aún más las luchas internas y masivas del magisterio opositor de izquierda. Las luchas se intensificaron a tal grado que, organizaciones empresariales de ese tiempo crearon sindicatos de oposición a favor de la educación eclesiástica, agrupados en el Frente Revolucionario de Maestros que, tiempo después, se transformaría en el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la Educación.

El Estado y el gobierno crean al SNTE En el régimen de Lázaro Cárdenas, el 6 de septiembre de 1938, se instituye el Estatuto de Trabajadores al Servicio del Estado, con lo que se obligó al gremio magisterial a integrarse a la Federación de Trabajadores al servicio del Estado, creado por el mismo reglamento.

Tiempo después, esta Federación formó parte del Partido de la Revolución Mexicana (actual PRI).

Por razones de Estado, el gobierno estratificaba cada sector para impedir bloques o conjuntos de poder que compitieran con él o lo confrontaran; el Estado se erigía como el ente organizador del sector sindical y, en general, de todos los sectores de la sociedad para darles atención organizada y especializada; organizó a la sociedad en sectores desarticulando el poder particular de cada uno, o en bloques de sectores para aumentar y fortalecer el poder público, es decir, el Estado de derecho y de sus instituciones para gobernar mejor al país.

Un poder particular fuerte y asociado con otros reduce el margen de maniobra del presidente en turno.

Cárdenas enfrentaba en su gobierno amenazas internas (maximato de Plutarco Elías Calles, presión de la iglesia y los políticos conservadores) y externas (presión de gobiernos extranjeros por la nacionalización de empresas transnacionales petroleras y eléctricas).

Debido a ello, buscó apoyo en el sector popular y el ejército para contrarrestar el peso e influencia de las amenazas al avance del país; el magisterio fue uno de los pilares de apoyo al cardenismo.

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Cárdenas asumió que para poder gobernar era indispensable entender a la sociedad dividida por sectores y organizaciones, que formaban parte de un todo organizacional de representatividad popular. Lo anterior produce, durante este sexenio, un diseño de política de masas que supuestamente buscaban el beneficio de la sociedad: son, sobre todo, los líderes sindicales quienes obtienen un poder financiero y de negociación frente al Estado, el cual muchas veces no se tradujo en mejoras notorias para los trabajadores.

Con la institucionalización y control del Estado sobre el magisterio, así como del resto de los sindicatos de la administración pública y de la mayoría de los sindicatos del sector privado, se impusieron y fortalecieron modelos de gobierno y de políticas económicas para el país. La institucionalización y control del magisterio por parte del Estado no desalentó la disidencia magisterial y su politización; de hecho, en el periodo de Cárdenas se politizó al magisterio con ideas socialistas y una educación similar para los educandos, en el magisterio había corrientes educativas de tendencia lombardista, comunista y otras que dividían y confrontaban entre sí al profesorado.

En el gobierno de Ávila Camacho se da un nuevo giro a la educación pública, se limita y desalienta la educación de corte socialista, sustituyéndola por una de carácter nacionalista y conservador. Su régimen enfrentaba amenazas externas e internas: en lo interno, se acrecentaban las movilizaciones sindicales obreras y campesinas, a pesar del control que tenía sobre ellas el aparato gubernamental; en lo externo, negociaciones con compañías petroleras extranjeras y la declaración de guerra a las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. Ávila Camacho necesitaba estabilidad política interna para enfrentar las amenazas. Para ello, buscó la unidad nacional con base en la armonía y el equilibrio de partidos, clases y grupos sociales.

En este contexto, bajo el amparo del Partido de la Revolución Mexicana, de la Secretaría de Educación Pública y de la CTM, en diciembre de 1943 se convocó al primer Congreso Nacional Ordinario, donde nació el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Finalmente, cuando el Estado, cerca de su ruina, no subsiste más que de una forma ilusoria e inútil, cuando el vínculo social se ha roto en todos los corazones, cuando el más vil interés se ampara descaradamente en el sagrado nombre del bien público, entonces la voluntad general enmudece y todos, guiados por motivos secretos, no opinan ya como ciudadanos, como si nunca hubiera existido el Estado, y se hace pasar falsamente bajo el nombre de ley decretos inicuos que no tienen otro fin que el interés particular”.

J. J. Rousseau

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Otras agrupaciones desaparecieron, estaban fusionados y adheridos a la CTM, entre ellos, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la Educación (del sector privado) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Educación, que habían hecho un pacto de unidad magisterial.

El nuevo sindicato, dependiente del Estado, nace con un carácter monopólico garantizado por el Estatuto de Trabajadores al Servicio del Estado; integraba y representaba diferentes tendencias y corrientes: los lombardistas, comunistas, nacionalistas y anticomunistas.

El primer Secretario General del Comité Ejecutivo del SNTE fue Luis Chávez Orozco, electo para el período 1943-1945; al cabo de un año, éste renuncio por las luchas internas. El Estado ya no solo era rector de la educación sino también de la vida sindical del magisterio; desde el poder público se acotaba o incrementaba el poder sindical mediante el apoyo o la defenestración de sus dirigentes gremiales. Esta institucionalización produjo contradicciones en el gobierno y al interior de los sindicatos. Por un lado, una clase política sindical, incluso opositora, caudillista e inamovible, es decir, contraria a la rotación política y a la democracia sindical. Por otro, la acumulación de capital en unas cuantas manos o grupos y la falta de políticas públicas transexenales.

Todo esto contrario a la esencia del Estado: el equilibrio de poderes, así como de justicia social y progreso para la mayoría de la sociedad. Desde su origen, el SNTE empezó a tener problemas con las secciones sindicales que aglutinaba, ya que éstas estaban impedidas para negociar directamente sus demandas o peticiones, los dirigentes nacionales eran los intermediarios e interlocutores legales para establecer negociaciones y acuerdos con el gobierno y la SEP. Las secciones se encontraban en un estado de indefensión jurídica ante sus intermediarios y ante la SEP, ya que carecían de reconocimiento legal. Con ello, el gobierno creó una burocracia, un ejército civil para controlar los sindicatos, esta burocracia ataba de manos y pies a la verdadera autonomía autogestiva y de elección de las secciones sindicales, situación que, a la larga, generó muchas contradicciones y detonó muchos conflictos locales que escalaron a nivel regional e incluso nacional.

Este periodo nos indica que el arreglo institucional amplió y provocó la tiranía sindical de los dirigentes, así como la malversación de los recursos sindicales, al tiempo que impedía la democratización sindical. Este control sindical fue también el dique de la modernización educativa, así como de la debilidad del Estado y de sus instituciones: toda nueva política topaba con el SNTE y con movilizaciones disidentes.

En un tiempo los gobiernos priístas y el propio PRI utilizaban y controlaban a la mayoría de los sindicatos para controlar a los trabajadores, así como extraerles sus recursos económicos para mantenerse como una dictadura civil de gobierno que duró 70 años, basado en la verticalidad del poder arbitrario legalizado, institucionalizado y verticalizado. Como otros sindicatos, el SNTE se convirtió en un ejército de control al servicio de los dirigentes nacionales, de candidatos a cargos populares y al servicio del PRI, posteriormente se independizó para volverse contra sus creadores.

Las pugnas internas del SNTE y su combate a la disidencia Aurora Loyo Brambila, autora del estudio El movimiento magisterial de 1958 en México, señaló que el control vertical desde el gobierno y desde el CEN del SNTE profundizó las inconformidades y protestas de

las secciones sindicales que podían controlarse sin la ayuda del CEN del SNTE, apoyándose en la SEP, la Secretaría del Trabajo y las procuradurías de justicia federal y estatal.

El inicio de las luchas magisteriales se dio en dos bandas paralelas: las luchas de las secciones contra sus dirigencias nacionales y las luchas de las dirigencias nacionales por el control del SNTE y del mayor número de secciones sindicales para imponer a dirigentes locales incondicionales. El control vertical desde el gobierno y desde el CEN del SNTE profundizó las inconformidades y protestas de las secciones sindicales que podían controlarse sin la ayuda del CEN del SNTE, apoyándose en la SEP, la Secretaría del Trabajo y las procuradurías de justicia federal y estatal.

Existía un gran descontento por la pésima situación económica en que se encontraban los maestros, la cual se veía acentuada por el constante aumento de los precios. Otro factor que explica la efervescencia de estos grupos fue el reacomodo que se realizó en todas

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La facción de Sánchez Vite alentó en esta maniobra a los dirigentes de la sección IX (entre los cuales se encontraba Abel Ramírez Acosta). También lo apoyaron el BROS (Bloque Revolucionario de Obreros Sindicalizados) y elBUM (Bloque Unido de Maestros).

La pugna entre el grupo alemanista y el del nuevo secretario general del sindicato se ponía de manifiesto a través del conflicto específico de la sección IX. La masa de maestros del Distrito Federal, en cuyo seno existía una gran inconformidad por su situación económica y por la corrupción de los líderes de su sección, hizo suya la demanda de 30% de aumento en los sueldos, inició una gran movilización y logró el apoyo de un fuerte contingente de padres de familia. Todo ello hizo que fuera cobrando conciencia de la fuerza potencial de su grupo.

Ante esta evidencia, los líderes hicieron las paces entre sí y, a espaldas de la base, concertaron un acuerdo con la SEP en julio de 1956. No obstante, cuando el asunto se llevó a la asamblea de secretarios gene-

Lázaro Cárdenas del Río. Foto: Rafael Durán / procesofoto

las secciones sindicales del SNTE en el país a raíz de la toma de posesión de Enrique W. Sánchez, quien vino a sustituir a Manuel Sánchez Vite como Secretario General del SNTE. La elección de Enrique W. Sánchez gozó del apoyo del presidente Ruíz Cortines, representando así el nuevo secretario una alternativa diferente frente al grupo alemanista encabezado por Jesús Robles Martínez y, sobre todo, por Manuel Sánchez Vite, quienes en los últimos años habían detentado el control absoluto del SNTE. En este contexto surge la lucha específica de la sección IX del SNTE compuesta por los trabajadores docentes del Distrito Federal. Los dirigentes de dicha sección, pretendiendo reelegirse, presentaron a la SEP un pliego de peticiones bastante amplio que incluía un aumento del 30% en los sueldos de los maestros del Distrito Federal. Ejercieron presión de diversas maneras: entregaron a cada maestro un plan de acción que tendría que aplicarse para lograr la solución del pliego petitorio e incluso llegaron a plantear la huelga como medio de lucha. Esto los llevó a tener problemas con el Secretario General del Sindicato, Enrique W. Sánchez, quien difería en cuanto a los métodos empleados.

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rales de delegaciones de la sección IX, la mayoría de la asamblea se rebeló contra el acuerdo tomado por la dirección del sindicato. Más aún, los dirigentes de la sección IX organizaron una concentración en la SEP y pretendieron presentarse ante su base como paladines de la lucha, pero fueron recibidos con chiflidos y cáscaras por los maestros que se habían visto traicionados por los puntos resolutivos del convenio firmado con la SEP, el cual no satisfacía plenamente sus demandas.

La base magisterial exigió públicamente rectitud en la lucha iniciada y, al presentarse frente a su edificio sindical para pedir cuentas a sus dirigentes, fue recibida por un grupo de choque que atacó a los maestros, resultando varios lesionados. Como se puede observar, la lucha se planteó no solamente contra los dirigentes seccionales de la IX sino contra los dirigentes nacionales. Es decir que el enfrentamiento supuso considerar como un solo bloque, un mismo enemigo, a la facción de Sánchez Vite y a la nueva dirección sindical encabezada por Enrique W. Sánchez.

La pugna entre estos grupos no se manifestó hacia al exterior sino que se ocultó con el fin de combatir al movimiento de los maestros del Distrito Federal. Sin embargo, esto no significaba que la pugna no existiera

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y el no tomarla en cuenta podía orillar a errores tácticos en la conducción del movimiento.

Sus planteamientos políticos no se detenían en la democratización del SNTE, expresaban además una lucha contra los bajos salarios. El grupo dirigente poseía clara conciencia de la explotación de que era objeto el magisterio y, más aun, de los argumentos ideológicos que se esgrimían para mantenerlos en esa situación.

Con el paso del tiempo los conflictos en el magisterio se hicieron más complejos, la creación del SNTE solo fue un instrumento de contención de los problemas magisteriales pero no los resolvía, los problemas seguían creciendo y escalando, ahora había una cuádruple lucha interna: la lucha de los presidentes y de los presidenciables por controlar el SNTE, las luchas internas dentro del CEN, las pugnas de las secciones contra el CEN del SNTE y las luchas dentro de las secciones sindicales.

Surgimiento de la CNTE y el arribo de Elba Esther al SNTE La CNTE surgió en diciembre de 1979, como resultado del I Foro de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE. Dicho foro fue convocado por los Consejos Centrales de Lucha (CCL) de Chiapas, Morelos, Tabasco y La Laguna, organismos creados para apoyar la movilización de los maestros chiapanecos por el retraso de pagos de sueldos, así como condiciones leoninas de trabajo, la venta de plazas por parte de dirigentes sindicales.

En pocos meses, la inconformidad magisterial se extendió a los estados de Tabasco y Morelos, así como a La Laguna, donde se formaron los CCL. Y se iniciaron movilizaciones nacionales contra el SNTE, que dirigía Jonguitud Barrios, y la SEP. Con motivo de la manifestación del Día del Trabajo de 1980, el magisterio oaxaqueño tomó las calles y desconoció a la dirigencia de la Sección XXII del SNTE, que entonces encabezaba Fernando Maldonado Robles, quien era, a la vez, secretario general del PRI estatal.

Durante mayo y junio de 1980, los profesores de Oaxaca utilizaron el plantón como método de lucha.

Durante semanas, 20 mil maestros se instalaron frente a las oficinas centrales de la SEP en la Ciudad de México. Ramón Couoh Cutz, investigador sobre el magisterio e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señaló: “La CNTE, surgida en diciembre de 1979, fue producto de la unidad de distintas fuerzas, principalmente de movimientos de masas de Chiapas (Sección 7), de Tabasco (Sección 29), de Secundarias Técnicas de la Región Lagunera (Sección 35), de la Montaña de Guerrero (Sección 14), de Maestros Coordinadores de Telesecundarias de varios Estados aglutinados en aquel entonces en una Comisión Nacional, así como de pequeños contingentes del Valle de México (Sección 36: Bloque Reivindicador de los Derechos de los Trabajadores de la Educación del Valle de México) y del Distrito Federal (Sección 9, 10 y 11:INAH), en los cuales confluían distintas organizaciones, corrientes y tendencias políticas, como Línea Proletaria, MRM, FMIN, UMI, AMI, ATE-LOM, COSID-BS=PRT, OIR-LM, identificadas con el maoísmo, el reformismo, el oportunismo, el trotskismo, etcétera, reivindicándose todas –en su momento- como clasistas.

La unidad en 1979 se dio en torno a la lucha por rezonificación por vida cara, basificación, aumento salarial y en contra del charrismo sindical; convirtiéndose en ejes aglutinadores, mismos que fueron enriquecidos, conformando posteriormente el programa de lucha. Convencidos todos de que sólo la unidad de los trabajadores y asalariados en un Frente de Clase, puede

garantizar una dirección ideológica y política correcta, una organización firme y combativa, que permita arrancar conquistas, preservarlas y acrecentarlas.”

Se había creado una fuerza disidente amplia en el interior del SNTE con un perfil clasista y radicalista, que llegaba a controlar varias secciones sindicales y a aglutinar a una sexta parte de los profesores agremiados. La respuesta de los intereses representados por Vanguardia Revolucionaria, la corriente jonguitudista que dominaba el SNTE, fue violenta.

Se dio una cadena de asesinatos de maestros disidentes, comenzando con la del profesor hidalguense Misael Núñez Acosta, quien realizaba trabajo político en la Sección 36 (Valle de México), que en aquel año de 1981 era controlada por la diputada federal, Elba Esther Gordillo. Con la llegada a la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari se derrumbó Vanguardia. Menos de cinco meses después de la toma de posesión, Jonguitud y su alfil Refugio Araujo del Ángel fueron apartados del mando del sindicato por instrucción presidencial.

Se puso al frente de la dirección del SNTE a Elba Esther Gordillo, dirigente que más tarde formaría un imperio nacional con amplias redes y complicidades gubernamentales, al grado que formó su propio partido político (PANAL) para tener sus propios diputados, de por sí ya tenía varios diputados federales y locales bajo sus órdenes, así como en sus manos varias dependencias de la educación estatales y federales, entre otras

instituciones bajo su control, asimismo había puesto directa e indirectamente a varios gobernadores y que obedecían a sus intereses, con todo ese poder económico y político enfrentaba al Estado y a los gobiernos federales y locales.

El siguiente gráfico ilustra su red de poder y el cuadro ilustra su ascenso y fortalecimiento en el poder legislativo en detrimento de otros organismos sindicales como la CTM y la FSTSE. (Esquema 1, Tabla 1)

El SNTE y el Gobierno de Oaxaca originan la disidencia de la sección XXII-CNTE Los investigadores en estudios magisteriales de Oaxaca, Isidoro Yescas Martínez y Gloria Zafra en su libro La insurgencia magisterial en Oaxaca 1980, nos detallan en su obra el desarrollo de la historia de la sección XXII de Oaxaca: Con la constitución del SNTE en 1943, el Magisterio pierde la autonomía relativa que las secciones gozaban con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República Mexicana (STERM), el antecedente inmediato de sindicato único entre los trabajadores de la educación.

Desde entonces serán absorbidos por una estructura sindical sumamente centralista, burocratizada y sujeta en forma determinante a las políticas del estado.

Esta pérdida de autonomía de las secciones del SNTE se torna evidente en el estado de Oaxaca con el ascen-

Elba Esther Gordillo: recursos de poder Poder Legislativo Comisiones de Educación,

Ciencia y Tecnología (Cámara de Diputados)

SEP-Estatal

Sistema Nacional de Seguridad Pública

1

Campeche, Coahuila, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco

Dirección General (febrero de 2008) 6

Elba Esther Gordillo SEP-Federal

Recursos de Poder

Subsecretaría de Educación Básica Administración Federal de Servicios Educativos (DF)

Lotería Nacional Dirección General

2

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SNTE

ISSSTE

Presidencia Nacional Vitalicia

Dirección General

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Fuente: Elaboración propia con base en Sergio Aguayo Quezada, Sergio y Alberto Serdán, Reforma 13 de diciembre del 2009 Esquema 1

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Diputados federales sindicalistas en el periodo de 1979 a 2009 1979

1982

1985 1988 1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

CTM

45

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34

36

39

28

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4

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FSTSE

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9

6

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1

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SNTE

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*Fuente: Cámara de Diputados Tabla 1

so del profesor Jesús Robles Martínez a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional en 1949, y la inclusión en el mismo Comité de un profesor oaxaqueño de la región del Istmo, Máximo Revueltas.

Al asumir el liderazgo de Oaxaca, Revueltas inaugura en la Sección XXII del SNTE un período de control sindical interregional mediante comités. De estos comités destaca el de Gracida Sarmiento, cuyo período se caracterizara por la imposición de delegados, actos de corrupción y fuertes fricciones en el seno del Comité Ejecutivo que tendrá su desenlace con la renuncia de todos sus integrantes y el nombramiento de una comisión ejecutiva.

Además de la antidemocracia, Gracida Sarmiento también es afecto a la venta de plazas: en noviembre de este año el Movimiento Revolucionario del Magisterio denuncia el contubernio existente entre el director federal de educación y el secretario general del SNTE para permitir que maestros del estado de Chiapas obtengan plazas de maestros oaxaqueños mediante el pago de grandes cantidades de dinero. Un diario local estima días después que las ganancias de esta escandalosa operación ascienden aproximadamente a 3.5 millones de pesos.

Desde este tiempo ya era notorio el contubernio corrupto entre funcionarios institucionales del sector educativo con los dirigentes nacionales y locales. A fines de diciembre de 1972 surgió una diputa por el poder seccional entre el secretario de Conflictos Benito Nolasco Iturbide y Gracida Sarmiento, debido a que este quería perpetuarse en el seccional.

Sin embargo, la intervención del CEN truncó todo futurismo y también la esperanza de preservación del poder de Gracida Sarmiento. Una vez que intervino el CEN, grupos de maestros de manifestaron por el desconocimiento del Comité Ejecutivo Seccional y la realización de un congreso extraordinario y se preparó el arribo del profesor Ernesto Aguilar Flores a la Secretaría General del Comité Ejecutivo en 1974. Con el Comité Ejecutivo de Aguilar Flores resurge el maltrato, corrupción, represión y despotismo de las anteriores representaciones sindicales.

Aguilar Flores escala importantes puestos en el CEN del SNTE, gracias a la doble línea de compadrazgo con Jongitud Barrios y el entonces Secretario de Educación Pública de Oaxaca, Víctor Bravo Ahuja.

Llega a erigirse en el máximo representante de vanguardia revolucionaria en Oaxaca y será quien hasta 1980 decidirá la política sindical de esa sección, aglutinando a su alrededor a importantes líderes sindicales regionales.

Aguilar Flores no solo hereda esta vieja estructura de control sino que la refuerza combatiendo duramente las inconformidades de los maestros. El periodo de mayor auge y fuerza de estos cacicazgos estaría comprendido entre los años de 1974 y 1977, periodo en el que reciben todo el apoyo del gobernador del estado, Manuel Zarate Aquino, apoyo que ya había ofrecido en recompensa por la adhesión del SNTE a su campaña política.

De las diputaciones más significativas que Zarate Aquino otorga, se cuenta la de los profesores Alfonso Juárez Lara y Rafael Ramírez Lescas, autores intelectuales de la matanza de campesinos que luchaban por sus tierras en Puxmetacán, Mixes, el 4 de noviembre de 1978; y la del terrateniente de la costa profesor David Mayrén Rodríguez.

Durante siete años en tres períodos sucesivos contados a partir del Comité que preside Ernesto Aguilar Flores, los dirigentes estatales y regionales se rotaron los puestos en la dirección seccional. Y será Aguilar Flores quien designara directamente a los secretarios generales. En 1977 elige como su sucesor a David Mayrén Rodríguez, y en 1980, ya con serias dificultades internas magisteriales se elige a Fernando Maldonado Robles.

Esto significa que el Estado y el gobierno federal y las entidades marchan cada quien por su lado sin aplicar una política institucional, a ello, se agrega la opacidad y corrupción de los recursos federales manejados por los Estados en materia educativa y otros servicios gubernamentales que limitan o estancan el desarrollo de sus poblaciones generando o propiciando descontentos social y magisterial.

La separación de la sección XXII del SNTE y su adhesión a la CNTE Por esos días el máximo dirigente Fernando Maldonado pretendió afianzarse institucionalmente al aceptar su designación como Secretario General del Comité Directivo Estatal del PRI, decisión que resultó del todo contraproducente; aparte de contravenir un compromiso pactado en sentido contrario en la cúpula del SNTE, avivo aún más la inconformidad magisterial. El error de cálculo de Maldonado Robles y su camarilla se agravó cuando, repentinamente elementos policiacos intentaron cerrar el paso a los disidentes en la marcha del primero de mayo.

Del atropello los maestros hicieron responsables a su líder y al gobernador del estado, quien negó públicamente responsabilidad en la acción y ordenó al día siguiente el arresto del jefe policiaco que había dirigido la operación. Maldonado Robles quedaría como el represor directo con ayuda gubernamental.

La duplicidad de funciones de Maldonado Robles y su presunta responsabilidad en la agresión policial pusieron al líder del SNTE entre la espada y la pared al ser considerado un traidor, la disidencia pidió su renuncia a la Secretaría General de la CDE del PRI, entre otras protestas y demandas magisteriales. Se da un distanciamiento que finalmente conducirá al movimiento a un enfrentamiento inevitable con el aparato nacional de vanguardia revolucionaria del SNTE y contra el gobierno local.

A partir de esta fecha se genera en toda la entidad una cadena de mítines y manifestaciones por encima de la intención de algunos de los nuevos dirigentes de priorizar la negociación sobre la movilización. La disidencia magisterial se radicaliza con planteamientos de izquierda. El movimiento magisterial disidente de Oaxaca logro impactar a otras secciones sindicales como la de Morelos, Guerrero, Chiapas y el Distrito Federal.

Con la separación de la sección XXII-CNTE iniciaría una nueva era del Movimiento Magisterial disidente a nivel local, regional y nacional con capacidad de negociación directa con autoridades federales y locales. En esta sección se aglutinan otras corrientes magisteriales, grupos y partidos políticos de oposición que ahora actúan orgánicamente, movilizándose por las demandas magisteriales y por demandas políticas y sociales locales y a nivel nacional. La principal dependencia interlocutora gremial sería la Secretaría de Gobernación

La sección XXII del SNTE: disidencia producto del poder vertical del SNTE y del Estado.

Las disidencias magisteriales son resultados de una situación profunda y oscura lógica del poder vertical: Estado-gobiernos-SNTE vs Sección XXII SNTE-CNTE. Son resultado de una lógica de poder de arriba hacia abajo y viceversa. Ambas se afirman una a

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otra para mantener un conflicto que se amplía y eterniza que necesariamente los lleva a una posición y confrontación de fuerza y violencia.

Este análisis aborda la historia de la Sección XXII de Oaxaca como un caso particular, que es análogo, de lo que sucede en otros estados con similares problemáticas y movimientos magisteriales, principalmente del sur del país, con el propósito de exponer el trasfondo de estas pugnas intersindicales que en el fondo reflejan una lucha por el poder y control institucional, en el cual se mezclan una serie de intereses de corte magisterial y político simultáneamente, resultado de un arreglo institucional obsoleto que impide establecer nuevas relaciones entre el Estado, el gobierno y el magisterio.

La mayoría de los movimientos magisteriales surgen en las entidades más rezagadas en todos aspectos, en lo económico, político y social, especialmente en el sureste del país y de ahí se han expandido a otros estados como Michoacán. Esto significa que el Estado y el gobierno federal y las entidades marchan cada quien por su lado sin aplicar una política institucional, a ello, se agrega la opacidad y corrupción de los recursos federales manejados por los Estados en materia educativa y otros servicios gubernamentales que limitan o estancan el desarrollo de sus poblaciones generando o propiciando descontentos social y magisterial.

El funcionamiento institucional es percibido con interpretaciones inapropiadas del federalismo y la descentralización, que desde la visión de los gobiernos y de grupos de poder local justifican un mayor margen de maniobra para evitar la intervención del centro federal en asuntos de competencia local. En algunas zonas del país, pueden observarse indicios e indicadores de procesos estatales más avanzados y autosuficientes como el caso de Baja California, Nuevo León o el Estado de México, en los que hay mayores índices de democratización y transparencia en el gasto público, en otras entidades, se nota un notorio rezago en varios órdenes, como Oaxaca, donde existen procesos políticos transitorios y estancados en varios rubros, por su excesiva verticalidad en el ejercicio del poder.

Este proceso organizativo local atravesó por un proceso complejo institucional, cargado de tensiones entre gobernantes que tomaban decisiones y acciones públicas unilaterales y descontextualizadas, algunos procuraban los consensos. En esta situación de inte-

Lo anterior produce, durante este sexenio, un diseño de política de masas que supuestamente buscaban el beneficio de la sociedad: son, sobre todo, los líderes sindicales quienes obtienen un poder financiero y de negociación frente al Estado, el cual muchas veces no se tradujo en mejoras notorias para los trabajadores.

El Mollete Literario molleteliterario@grupotransicion.com.mx

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Elba Esther Gordillo. Foto: Rafael Durán / procesofoto

reses, de encuentros y desencuentros institucionales y sociales nace la disidencia magisterial de Oaxaca.

Entre los antecedentes de movilización y protesta de los maestros oaxaqueños, destaca la lucha emprendida desde principios de la década de los ochenta contra el anquilosado corporativismo mexicano, y de manera particular con uno de sus gremios más significativos: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). De manera conjunta con otras secciones sindicales disidentes de otras entidades federativas, los maestros oaxaqueños agrupados en la sección XXII conformaron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el objetivo de alcanzar la democratización de las representaciones locales del gremio, contra el verticalismo en la toma de decisiones y el rechazo a las prácticas corrompidas en las cúpulas del sindicato en complicidad con los gobernantes oaxaqueños.

La posición disidente de la sección magisterial oaxaqueña se ha mantenido durante casi tres décadas, periodo en el que se ha caracterizado por lo convulso y álgida de sus demandas de reivindicación gremial, a través de paros periódicos de sus actividades, así como marchas y plantones en la capital del estado, así como en la capital, registrando una historia de represión de sus movilizaciones y el asesinato de algunos de sus dirigentes.

Gobernadores de Oaxaca entregan al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a los maestros Carlos Ramírez, en su artículo publicado en el diario El Financiero, el viernes, 26 de abril de 2013, detalla y documenta la entrega del IEEPO.” El 8 de octubre de 1992, el gobernador oaxaqueño Heladio Ramírez López firmó una Minuta con la Sección XXII del sindicato de maestros para literalmente entregar el manejo de la educación pública estatal a los sindicalistas.

El entonces gobernador electo Diódoro Carrasco Altamirano avaló la decisión.

Esa Minuta es el origen del poder coercitivo de la

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Sección XXII que ha mantenido de rodillas a la educación pública en el estado durante más de 20 años.

La cesión del control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a la XXII fue una condición para que en Oaxaca se validara el Acuerdo nacional para la Modernización Educativa de Salinas, en mayo de 1992. El camino fácil fue cederle la educación a la XXII. Lo malo de la Minuta radica en el hecho de que incluyó no sólo temas educativos sino de derechos humanos -Acuerdo Segundo-, anulación de las averiguaciones previas contra maestros sindicalizados procesados por el uso de la violencia -Acuerdo Cuarto- y dinero para instalaciones sindicales -Acuerdo Noveno-, entre otros asuntos ajenos a la educación.” El caso de esta entidad es una situación que se ha replicado en otros estados con diferentes formas pero en esencia es la misma situación la entrega de la educación al magisterio.

Lo anterior demuestra que los gobernantes y funcionarios educativos de los diferentes niveles han sido grandes productores de problemas sociales en especial el problema educativo, en otras entregas de este periódico, se ha analizado y documentado su participación directa e indirecta en casos de corrupción, opacidad y saqueo del erario público, entre otros rubros. El Estado y el gobierno federal y los estatales han quedado prisioneros de sus propios engendros oficiales y disidentes, perjudicando con ello al desarrollo del sector educativo, de la democracia sindical, de la economía y del empobrecimiento del salario de los maestros.

Origen y solución del problema magisterial El origen del problema magisterial es el arreglo institucional que sirvió en el pasado por razones de Estado pero con el tiempo se ha estado haciendo más complejo y problemático para el Estado y los gobiernos, debido a la incapacidad de gobiernos, funcionarios y legisladores de establecer un nuevo contrato social con los trabajadores del magisterio.

El Estado quedó atrapado con sus propias creaciones, ambos se volvían contra él, en lo referente a la educación, incluso en el uso de la fuerza violenta e institucional –el gobierno federal panista entregó varias instituciones a la dirigencia del SNTE como la SEP, ISSSTE y la Lotería Nacional, los gobiernos estatales cedieron a presiones de la CNTE en la concesión de aprobación de funcionarios educativos y en las políticas educativas locales.

El Estado y el gobierno federal al no poder desarticular al SNTE tampoco pudo hacer lo mismo con la CNTE. Ambos sindicatos con presiones, pretensiones y prebendas políticas, así como económicas aprisionaron al Estado. De esta manera el Estado y los gobernantes se encontraban atados de manos en dos bandos, uno desde el lado oficial y el otro desde el lado opositor. Ambos sindicatos representan un obstáculo para la educación y para la democracia sindical, ambos se han corrompido en diferentes niveles, ambos se escudan en la sociedad y en la defensa de la educación pública.

La descentralización educativa fue uno de los desaciertos del gobierno federal debido a que fue mal instrumentada y ejecutada. Se descentralizo administrativamente pero no en la parte financiera, por lo que los gobiernos estatales estaban imposibilitados de atender los principales reclamos del magisterio disidente en materia de prestaciones y aumentos salariales. Esta decisión y acción pública profundizó aún más esta situación negativa en contra del Estado, del gobierno y de la educación pública. Los gobiernos locales acusan al gobierno federal de la situación magisterial álgida y convulsa.

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Ni el gobierno federal ni los gobiernos locales podían resolver el problema magisterial disidente, solo lo contenían o lo volvían más complejo. La descentralización de la educación pública, iniciada en 1992, favoreció la política de presión de la CNTE ante el CEN del SNTE y contra los gobiernos federal y local, asimismo fortaleció su movimiento regional. La transferencia de responsabilidades operativas-administrativas federales hacia los estados —especialmente las relaciones laborales— engranó perfectamente con las estrategias de lucha radicales de la CNTE para expresar diversas demandas de los trabajadores de la educación, con énfasis en las salariales.

El funcionamiento institucional es percibido con interpretaciones inapropiadas del federalismo y la descentralización, que desde la visión de los gobiernos y de grupos de poder local justifican un mayor margen de maniobra para evitar la intervención del centro federal en asuntos de competencia local. Este proceso organizativo local atravesó por un proceso complejo institucional, cargado de tensiones entre gobernantes que tomaban decisiones y acciones públicas unilaterales y descontextualizadas.

El Estado y los gobernantes no resuelven, contienen y acotan un problema educativo provocado por su alianza con el SNTE y por la confrontación con la disidencia magisterial seccional. La disidencia seccional ha crecido y fortalecido por su lucha y resistencia ante el binomio institucional que la domina y reprime. Dominar y reprimir no es solucionar, es aumentar presión a un ambiente álgido para que explote en determinado momento.

El Estado y el gobierno, al imponerse en el magisterio por la fuerza, paradójicamente pierden su esencia al no brindar un servicio educativo eficiente y de calidad a la sociedad. La disidencia utiliza la lucha magisterial como presión política para obtener lo que le quita el Estado y el SNTE (dinero de las cuotas sindicales, democracia sindical), asimismo para impedir las políticas educativas del Estado.

El Estado debe hacer un nuevo arreglo institucional para desincorporar al SNTE de su control porque mantenerlo ya no es rentable políticamente, es muy caro económicamente, perjudica a la educación y genera mayor disidencia magisterial. Es imperativo un nuevo arreglo institucional dentro del marco de rectoría educativa del Estado, de la fuerza de la ley y el consenso negociador, articulada con los gobiernos locales, ello, en consonancia de la política del Presidente que pretende lograr: un Estado de derecho fuerte, un gobierno de calidad basada en una sociedad del conocimiento con calidad educativa.

Los métodos de control del magisterio también debían modernizarse mediante otros ejes de conducción y disciplina magisterial. El presidente Enrique Peña Nieto optó por una reforma constitucional al artículo tercero constitucional para reconfigurar y fortalecer el Estado, sus instituciones y la misma educación en México y, de forma indirecta, buscar la democratización sindical del SNTE. La reforma no es un ataque al magisterio ni la privatización del sector educativo, sino una movilización del Estado y de México desde otras prácticas legítimas y legales; como todo proceso tiene sus ciclos, sus tiempos y sus formas, las tareas del Estado no son fáciles ni deben ser cortoplacistas sino de largo alcance para bienestar del país.

El origen del problema magisterial es un arreglo institucional anquilosado que debe revisarse y modificarse para bien de los maestros y de la sociedad. El PRI ya no debe usar los sindicatos para imponer una dictadura de gobiernos civiles basados en el control de los trabajadores y del saqueo de las cuotas sindicales para campañas políticas, tiene y debe buscar otras fuentes

Es imperativo un nuevo arreglo institucional dentro del marco de rectoría educativa del Estado, de la fuerza de la ley y el consenso negociador, articulada con los gobiernos locales, ello, en consonancia de la política del Presidente que pretende lograr: un Estado de derecho fuerte, un gobierno de calidad basada en una sociedad del conocimiento con calidad educativa. de financiamiento modernas que no depauperizen la vida de la mayoría de los trabajadores, los sindicatos son una fuente de desigualdad de ingresos y de pobreza económica, además han perdido su razón de ser: la defensa y mejoría de las prestaciones y salario de los trabajadores. Sus ingresos raquíticos son mermados por las cuotas sindicales onerosas y caras para mantener a una burocracia sindical que la controla, manipula y somete.

Generalmente a nadie le gustan los cambios ni las presiones, cada sector asegura estar bien y hacer lo correcto, cada sector se siente salvador del pueblo o de

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los trabajadores, como el religioso, el empresarial o magisterial, pero la realidad desmiente esas percepciones y posiciones. Un sector no es toda la sociedad, ni la representa, para ello está el Estado y el gobierno. El mismo Estado ha tenido transformaciones constantes horizontalizando su poder, es decir, ha tenido o lo han obligado a tener un proceso dialéctico en su marco legal y en sus funciones para mantenerse vigente y viable como organización jurídica e institucional para la sociedad y como una manera de resolver sus propias contradicciones como ente rector de la sociedad.

La reforma constitucional en materia educativa, debe ser sola la punta de lanza de una solución integral, de mayor alcance y duradera. La solución debe contemplar un nuevo arreglo institucional con el magisterio, un nuevo modelo educativo integral no mutilado como el panista que mutila el desarrollo y capacidades humanas, que van contra la integralidad de las personas, y una coordinación entre el gobierno federal y local e interregional para combatir rezagos en algunos estados, sobre todo del sureste del país, se ha observado que estos estados están rezagados en varios órdenes, en los que hay menores índices de democratización, transparencia en el gasto público, entre otros rubros y se caracterizan por inadecuadas e ineficaces formas de ejercer el poder y el gobierno.

La Auditoria Superior de la Federación tiene mucho que hacer en materia de fiscalización y de arreglos institucionales que afecten negativamente tanto al gobierno federal como al estatal. El Estado y el gobierno no pueden ni deben sentarse a negociar con presiones políticas, una cosa es consensar y negociar, otra es ceder a pretensiones e intereses particulares que afectan negativamente a toda la nación.

Confederonfederación de Trabajadores de México emiliano_08@yahoo.com

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Saldos del panismo en el poder Por César Cansino El presente libro constituye una suerte de ruptura en mi trayectoria intelectual, pero sobre todo en mis convicciones y expectativas personales acerca de mi país. Hace apenas cinco o seis años simplemente no me visualizaba escribiendo un ensayo tan crítico como éste sobre los pobres resultados alcanzados durante doce años por el Partido Acción Nacional (PAN) al frente del gobierno federal. Hubiera preferido que este libro no llegara, pues eso hubiera significado que el desastre del que se da cuenta en él nunca ocurrió. Pero hoy los hechos ya no se pueden encubrir ni matizar, y están en espera de ser explicados con objetividad. En principio, mi tesis es que el PAN no supo gobernar ni leer adecuadamente el momento político en que le tocó ser protagonista, y si bien es cierto que los dos gobiernos emanados del PAN a partir del año 2000 —el de Vicente Fox Quezada y el de Felipe Calderón Hinojosa— no son los únicos responsables de la ruina del país, sí son los principales.

Pero decía que este libro representa un parteaguas en mis convicciones personales. Me explico. Durante años fui un crítico implacable del viejo régimen, por su condición autoritaria y las muchas simulaciones y engaños que la clase política gobernante y el otrora “partido oficial”, el inefable PRI (Partido Revolucionario Institucional), fabricaron para perpetuarse en el poder, incluida la supuesta apertura política del régimen en dirección democrática inaugurada en 1977. Prueba de ello son mis libros: Construir la democracia. Límites y perspectivas de la transición democrática en México (1994), Después del PRI. Las elecciones de 1977 y los escenarios de la transición en México (1997). En estos libros e innumerables ensayos y artículos pugné por una auténtica democratización del régimen y por una acuerdo incluyente y amplio para refundar al Estado mexicano sobre bases realmente democráticas, o sea para construir un genuino Estado de derecho. Posteriormente, en vísperas de la alternancia del 2000, que para fines prácticos representa el fin de la transición mexicana y del régimen priísta así como el inicio de la instauración de un nuevo régimen postautoritario, publiqué un libro en el que además de examinar el largo proceso que nos condujo a ese momento crucial fijaba las tareas para el futuro en la perspectiva de sentar las nuevas reglas y el nuevo andamiaje institucional para el país. El libro se llamó simplemente: La transición mexicana: 1977-2000 (2000). En él no solo anticipaba el desenlace que todos constatamos, sino que dejaba ver un gran entusiasmo por lo que se avecinaba. Posteriormente, una vez concretada la alternancia en el poder, me sumé a los esfuerzos de muchos mexicanos para reformar al Estado, en especial participé activamente en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado (CERE), cuyos trabajos se resumen en el volumen colectivo: Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Conclusiones y propuestas (2004). La conclusión lógica de estos esfuerzos no podía ser más que insistir en la necesidad de una nueva Constitución para el país o de una reforma integral a la misma, como única vía para concretar el cambio que se había dado en las urnas y encaminar los destinos nacionales hacia un horizonte

genuinamente democrático. Cabe señalar que la CERE propuso reformas al 98% de los artículos de nuestra Carta Magna. En lo personal, mis convicciones sobre esta cuestión quedaron plasmadas en el libro: El desafío democrático. La transformación del Estado en el México postautoritario (2004). Pero todos estos esfuerzos renovadores quedaron muy pronto relegados de la agenda y el interés de la clase política y con ello se fue diluyendo la posibilidad de edificar una nueva normatividad e institucionalidad más congruente con las exigencias y las necesidades de una democracia. Lejos de ello, se mantuvieron intactas las reglas del viejo régimen autoritario con las consecuencias que todos conocemos: parálisis decisionales, afirmación de la partidocracia, desencanto prematuro con la democracia, resurgimiento de prácticas discrecionales, abusos de autoridad, incompetencia para gobernar, etcétera. Y sin embargo, ante la perspectiva de que un candidato de corte populista se apoderara del gobierno y terminara por aniquilar la maltrecha y frágil institucionalidad democrática que nos habíamos dado, publiqué en vísperas de las elecciones presidenciales de 2006 un libro para desalentar esa opción y seguir apostando por la vía institucional: En el nombre del pueblo. Muerte y resurrección del populismo en México (2006). En la misma línea de inquietudes, apareció un año después mi libro: Por una democracia de calidad.

México después de la alternancia (2007). Pero la ilusión

La pobreza y la marginalidad han alcanzado niveles similares a los de países africanos, y la descomposición social nos condena cada vez más a vivir bajo la zozobra, secuestrados por la delincuencia y el crimen organizado. México dejó hace tiempo de ser un país seguro y vivible. democrática que mantuve desde los tiempos de la alternancia se fue convirtiendo paulatinamente en desencanto y molestia conforme la clase política en general, y los gobiernos panistas en particular, se fueron desentendiendo de sus preceptos hasta conducirnos al desastre en el que hoy nos encontramos. Así, ya con este tono menos entusiasta y más pesimista, publiqué los libros: El evangelio de la transición y otras quimeras del presente mexicano (2009) y Política para ciudadanos. Cartografía del presente mexicano (2009), que como tales constituyen los antecedentes directos de este nuevo libro que hoy presento con el propósito de evaluar los saldos del panismo en el poder.

No he querido hacer este recuento de mi trayectoria intelectual para aburrir a los amables lectores sino para mostrar con hechos que el tono crítico del presente libro no es producto de una posición que haya mantenido a

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ultranza en contra del PAN y los gobiernos panistas, sino que resulta simplemente de la exigencia de explicar con objetividad las razones que llevaron al país a la ruina en la que estamos inmersos. Como muchos mexicanos saludé con entusiasmo y esperanza la llegada del PAN al poder, y como muchos también hoy no puedo más que declararme engañado y traicionado por su falta de visión y compromiso con la nación. Como muchos mexicanos, yo voté por el PAN y por el cambio en el 2000, y como muchos también, frente a la perspectiva de ser gobernados por un populista recalcitrante, refrendé mi voto al PAN en 2006.

No tengo problema alguno en reconocerlo, pues además lo hice público en su momento en mis colaboraciones periodísticas en El Universal (“Fox a pesar de Fox”, en el 2000, y “La hora del ciudadano” en el 2006). Más aun, frente a las muchas críticas que el foxismo y el calderonismo fueron alimentando a su paso por el “círculo rojo”, mantuve una posición prudente y cautelosa sin dejar de señalar lo que a mi juicio eran errores graves en su desempeño. Debo confesar incluso que nunca creí que pudiera existir un gobierno peor que el de Fox, pero me equivoqué.

Por lo demás, los saldos del desastre nacional son visibles para todos. A nivel económico, la crisis mundial del capitalismo tomó a México por sorpresa, ahondando dramáticamente los problemas y rezagos ya acumulados.

Durante 12 años de panismo, la economía no ha podido remontar sus niveles negativos, y hoy estamos a casi diez puntos bajo cero acumulados de crecimiento interno. El desempleo, por su parte, registra cifras históricas, y que han llevado a multiplicar el trabajo informal y la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos. En estas circunstancias, solo los grandes consorcios y trasnacionales han podido sobrevivir no sin dificultades al deterioro económico generalizado, condenando al quiebre y la desaparición a miles de pequeñas y medianas empresas. En cuanto a las industrias estratégicas del Estado, como Petróleos

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Mexicanos (PEMEX), las cifras indican que su debacle comenzó con el PAN en el poder. Nadie se explica la razón de ello, considerando que nunca en la historia de la paraestatal, el país había dispuesto de tantos recursos excedentes por la venta del petróleo en una coyuntura internacional particularmente favorable en lo que a los precios del crudo se refiere. Lo mismo puede decirse del sector industrial en general, que a falta de una política responsable los últimos gobiernos, ha conocido sus peores niveles en los años recientes. Y así también, el campo, la ganadería, la manufactura, etcétera, sectores cada vez más olvidados por las autoridades y que sobreviven de milagro. En términos sociales, el deterioro es dramático. La pobreza y la marginalidad han alcanzado niveles similares a los de países africanos, y la descomposición social nos condena cada vez más a vivir bajo la zozobra, secuestrados por la delincuencia y el crimen organizado. México dejó hace tiempo de ser un país seguro y vivible. Asimismo, los signos de la crisis y la ineptitud gubernamental se muestran con crudeza en la educación pública, la salud, la procuración de justicia, la seguridad pública, etcétera, donde las cuentas solo pueden hacerse en negativo, fracaso tras fracaso. Pero si las crisis económica y social son escandalosas, la crisis política es todavía peor. La ilusión democrática de los tiempos de la alternancia simplemente quedó pulverizada por una casta política insensible, ambiciosa e inescrupulosa, incapaz de anteponer los intereses de la nación a sus intereses de grupo o de partido. Hoy no sólo se ha ahondado el malestar hacia los políticos profesionales sino que los ciudadanos no encontramos por ninguna parte algo parecido a un proyecto de nación para el futuro, que nos permita albergar algún optimismo, antes bien nos encontramos en la total indigencia. Además, el PAN en el poder ha reeditado y consentido prácticas que debieron quedarse en el pasado autoritario y que hoy sólo exhiben a una clase política cada vez más cínica e incongruente: corrupción incontenible, impunidad, abusos de autoridad, negligencia, demagogia, disputas mezquinas, componendas, cruzadas moralinas, etcétera. Y los gobiernos panistas no sólo fueron incapaces de impulsar y promover auténticas reformas estructurales que le dieran viabilidad al país, como las reformas energética, laboral y fiscal, sino que se desentendieron muy pronto de la reforma del Estado, que como tal era indispensable para apuntalar la democracia y dotarla de nuevos contenidos y valores opuestos a los autoritarios que se construyeron durante el viejo régimen.

En suma, el PAN en el poder nos queda a deber a todos los mexicanos. El problema es que el desastre al que nos ha condenado es de tal magnitud que resarcir o revertir el daño se antoja imposible en muchos, pero muchos, años.

Por todo ello, afirmar que México está en ruinas, como reza el título del presente libro, no es un juicio de valor sino un juicio de hecho. Con la expresión solo pretendo levantar acta de una realidad imposible de ocultar, independientemente de nuestras simpatías o antipatías partidistas o políticas. De hecho, al examinar críticamente los saldos del desastre del panismo en el poder no pretendo bajo ninguna circunstancia minimizar o subestimar la responsabilidad de los demás actores políticos en dicho desenlace, ni sobrevalorar o exaltar indirectamente los supuestos logros del pasado antes de la alternancia.

Por lo que respecta al primer aspecto, es indudable que la debacle tiene muchos padres. Más aún, ningún actor político o partido o autoridad ha estado a la altura del desafío abierto con la alternancia del poder. Ninguno sin excepción supo leer adecuadamente la importancia histórica del momento y actuar en consecuencia. Lejos de ello, fueron más las tentativas por parte de los adversarios del PAN para golpear, desacreditar y exhibir a los gobiernos panistas en sus incompetencias e incongruencias, que por sumar esfuerzos por el bien de la patria. Además, desde el momento que el pluralismo es una nueva realidad en todo el país, por lo que todos los partidos comparten fun-

ciones de gobierno, ya sea a nivel estatal o local, y todos se reparten las posiciones en los congresos estatales, los logros o los fracasos no tienen exclusividad. Y sin embargo, el principal responsable de la debacle no puede ser más que los gobiernos federales emanados del PAN en la medida que les corresponde a ellos por mandato directo encabezar y dirigir los destinos nacionales. En cuanto al segundo aspecto, es muy común desacreditar una gestión o una autoridad para sacar raja de ello. Pienso, por ejemplo, en el libro del expresidente Carlos Salinas de Gortari La década perdida (2008), que al criticar acremente a los gobiernos de sus sucesores en el cargo, los de Ernesto Zedillo y Fox, su propio gobierno quedaba muy bien parado. Obviamente, dicho por Salinas de Gortari, uno de los mandatarios más cuestionados y odiados de la historia moderna del país, el ardid no solo resultaba tendencioso sino ridículo. Para nada me he propuesto en este libro algo parecido. Por el contrario, criticar los gobiernos del PAN no pretende exaltar a los precedentes gobiernos del PRI, por mera contrastación. Lejos de ello, creo que muy poco, si no es que nada, hay de rescatable del viejo régimen. Mi posición al respecto, por lo demás, la he fijado en innumerables libros y ensayos. Más aún, mi tesis es que mientras el PRI depredó inmisericordemente al país durante siete décadas, el PAN lo arruinó estúpidamente en una. Una tesis, ciertamente, nada optimista para nuestra generación, pero necesaria si aspiramos todavía a cambiar una historia de agravios y desatinos que hoy nos condena trágicamente al naufragio.

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una panorámica de los muchos déficit y problemáticas que subsisten en la materia, ya sea en la procuración de justicia o en la defensa de los derechos humanos o en la transparencia, me concentro en la justicia electoral, un aspecto con frecuencia desdeñado por los especialistas, pero igualmente importante para evaluar el tema de la justicia bajo los gobiernos panistas; y así por el estilo procedo con el resto de los temas. En virtud de ello, segunda precisión, cada capítulo es independiente y responde a sus propias inquietudes. Sin embargo, solo visto en conjunto, el lector encontrará las claves necesarias para evaluar la difícil situación que vive el país. Finalmente, dado que el presente libro aparece antes de completarse el segundo gobierno panista, quizá algunas de sus tesis pudieran resultar prematuras. La prudencia sugiere esperar antes de emitir un juicio definitivo. Sin embargo, he optado deliberadamente por adelantar mis conclusiones movido por cuando menos dos razones: a) no vislumbro en el horizonte cercano nada extraordinario que pudiera alterar radicalmente el derrotero del actual gobierno, más bien anticipo una espiral de cada vez mayor ingobernabilidad e inestabilidad; y b) los intelectuales casi siempre reflexionamos sobre nuestra realidad y nuestro tiempo con la esperanza no confesa de poder incidir o influir positivamente en el rumbo de los acontecimientos. El presente estudio no es la excepción. Más que un afán destructivo, lo que me motivó a escribirlo es pensar que puede contribuir de algún modo a modificar las cosas si es que el diagnóstico se valora positivamente. En ese sentido, nada sería más satisfac-

CEN del partido en el Edomex. Foto: Alejandro Saldivar

Solo me resta hacer algunas precisiones sobre el contenido del presente libro. En primer lugar, aunque decidí dividirlo de manera muy convencional, o sea según los grandes temas de la agenda nacional (como Economía, Política, Educación, etcétera), el lector no encontrará un tratamiento convencional de cada aspecto, o sea con estadísticas y descripciones monográficas de los avances y retrocesos alcanzados en cada rubro. Lejos de ello, propongo una mirada de autor de uno o más aspectos vinculados con cada tema, a partir de mis propias obsesiones e inquietudes intelectuales. Así, por ejemplo, en el capítulo de Economía, más que un recuento de cifras y datos para documentar el derrumbe de la economía, lo que ofrezco es una reflexión sobre la manera errática y burda como el gobierno de Calderón decidió encarar la crisis mundial del capitalismo, para de ahí extrapolar algunas consideraciones más generales sobre la gestión panista en su conjunto; en el capítulo de justicia, por su parte, más que

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torio para mí que en los próximos meses ocurriera algo inesperadamente favorable para el país, aunque ello me obligue a corregir o atemperar el pesimismo y la dureza de mis actuales consideraciones sobre el panismo en el poder.

No dudo que las tesis de este libro puedan ser reivindicadas por los adversarios del PAN para capitalizarlo a su favor en futuras contiendas electorales. Lamentablemente, no está en mis manos impedirlo, aunque mi objetivo, como ya externé, está muy lejos de ello. En todo caso, es indudable que el PAN tuvo en sus manos una oportunidad excepcional para cambiar la historia del país y convertirse en el artífice de una nación más democrática, justa y próspera, pero la desperdició por incompetencia y falta de visión. Quizá es tiempo de depositar los destinos de la nación en una fuerza política alternativa, siempre y cuando se comprometa a trabajar en tensión creativa y permanente con la sociedad. El problema es que, por más que busco, no encuentro esa opción por ninguna parte.

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La reducción del Congreso y otras tentaciones del simplismo Por Fernando Dworak Un elemento central en todo análisis político es preguntarse los “por qué” detrás de cada fenómeno.

Todo arreglo institucional es producto de cambios que se dieron por alguna razón, y es necesario conocerlos. También se precisa prever en la medida de lo posible los efectos; aun sabiendo que aparecerán otros imprevistos e incluso indeseados. La política no obedece a leyes naturales como una ciencia. Por otra parte las reglas son el resultado siempre inestable entre diversos intereses contrapuestos, por lo que cada cambio será siempre complejo.

Dicho lo anterior, no existen reformas que sean sencillas o que arrojen efectos automáticos. Tales simplismos corresponden más bien al pensamiento mágico. Peor aún, una decisión tomada de esa forma puede llevar a un escenario todavía peor al que actualmente

ducir el tamaño del Congreso e incluso eliminar a los legisladores de representación proporcional. Incluso hace unos años el periodista Pedro Ferriz de Con entregó a la Cámara de Diputados cuatro millones de firmas que reprueban la existencia de los legisladores plurinominales, producto de una campaña que inició en su espacio radiofónico desde enero de 2010. Y en cada legislatura se presentan numerosas iniciativas al respecto.

Ciertamente se trata de una propuesta popular. La pregunta es, ¿qué tan responsable resulta ser?

Los Sistemas Mixtos de Representación Antes de entrar en materia comencemos con un poco de teoría. Existen dos grandes familias de sistemas

tengan curules, aunque no facilitan la creación de mayorías si no es a través de coaliciones – y en ocasiones éstas pueden ser inestables.

Por lo tanto la virtud de los sistemas mixtos consiste en que, al combinar principios de representación mayoritarios y proporcionales, asegura simultáneamente la personalización de las candidaturas y la incorporación de las minorías. Su popularidad ha ido creciendo en el mundo por las virtudes que ofrece. En los últimos cincuenta años pasó de utilizarse en Alemania a existir hoy en casi treinta estados.

Conviene hacer unas breves observaciones. En sistemas mixtos los asientos de representación proporcional son usados por los partidos para perfiles técnicos que no serían competitivos en contiendas por distritos de mayoría relativa. Hablamos aquí, por ejemplo, de dirigentes sindicales, líderes partidistas o perfiles externos; dependiendo del instituto político postulante.

Es decir, la conformación de las listas forma parte de las estrategias de las agrupaciones políticas y los ciudadanos son quienes votan o no por ellas al verlas en la boleta.

¿Qué Sucede en México?

se vive. Sin embargo, las propuestas inmediatistas son más populares que una explicación comprensible para especialistas.

Dicho lo anterior, no existen reformas que arrojen efectos automáticos. Tales simplismos corresponden más bien al pensamiento mágico. Peor aún, una decisión tomada de esa forma puede llevar a un escenario todavía peor al que actualmente se vive. Sin embargo, las propuestas inmediatistas son más populares que una explicación que por lo general es comprensible sólo para especialistas.

En este tenor una de las reformas más populares que existen en torno al Congreso de la Unión es re-

electorales en torno a los cuales se elige un órgano legislativo: los de mayoría (donde el que alcanza mayoría simple en un distrito gana) y los de representación proporcional (aquellos que permiten la representación de todas las fuerzas políticas de acuerdo a su presencia en una circunscripción).

Ambos sistemas tienen sus ventajas y desventajas.

Los de mayoría facilitan la conformación de mayorías en un órgano legislativo al definir un ganador en cada distrito. Sin embargo se excluyen a las minorías, pues no cuentan con el número de asientos correspondiente a su fuerza real. Por otra parte los sistemas de representación proporcional permiten que todos los partidos

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Tal y como exponen una y otra vez tanto actores como Pedro Ferriz al presentar las firmas ante los legisladores como las iniciativas existentes, las reformas que insertaron la representación proporcional obedecieron originalmente a la necesidad del régimen priísta por legitimarse a través de la presencia de una oposición.

Ese fue el espíritu de los cambios que tuvieron lugar en 1963, al crearse la figura de diputado de partido.

La reforma de 1977 tuvo otro propósito, más cercano a la lógica de sistemas electorales mixtos: incluir a minorías que son excluidas gracias a la lógica mayoritaria. En este caso fueron los partidos de izquierda, que ganaron voz en la Cámara de Diputados. El sistema electoral actual para esta asamblea se consolidó en 1986.

El Senado obedeció a una lógica similar, aunque las reformas obedecieron a coyunturas distintas: abrir espacios a las oposiciones. Entre 1993 y 1996 se crearon las figuras de senador de minoría y la circunscripción de 32 asientos de representación proporcional.

¿Qué Problemas Tiene el Sistema Electoral?

Cuando se habla de las reformas al sistema electoral, cada partido (e incluso muchos expertos en la materia) tiene su propio diagnóstico y sus soluciones. Por lo anterior se presentarán algunas consideraciones, algunas personales y otras de la literatura existente.

En primer lugar nuestro sistema electoral es excéntrico por varias razones. Mientras en casi todas las democracias los asientos de mayoría se crean con base

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en la población (es decir, a cada número de personas corresponde una curul), desde 1977 se tiene un número fijo de trescientos. Esto hace que aumenten los costos para hacer campañas en los distritos con cada redistritación, lo cual lleva a que las elecciones sean cada vez más caras. Además un distrito más grande implica mayor tiempo para atenderlo; aumentando el costo de oportunidad para las labores legislativas.

Segundo, mientras en otros países los asientos de representación proporcional sirven para corregir las distorsiones que generan los de mayoría y por eso su número es variable, en las cámaras del Congreso son fijos y eso genera distorsiones en la representación. Es posible que tal fenómeno sea deseable al sobrerrepresentar a un partido y facilitar la creación de mayorías, pero es conveniente dejarlo claro en los diagnósticos.

El tercer problema es que un sistema mixto en ambas cámaras hace que ambas tengan una conformación similar cada seis años. Casi todas las democracias que tienen órganos legislativos bicamerales diseñaron sistemas electorales distintos para cada asamblea, de tal forma que arrojen diferentes equilibrios de poder y se puedan definir las coaliciones más estables en caso de no haber mayorías.

En cuarto lugar, el ciudadano emite su voto por el candidato del distrito de mayoría, el cual sirve a su vez para la lista que presenta su partido. La posibilidad de que haya dos boletas le ayuda a definir sus estrategias de apoyo. Por ejemplo, podría sufragar por un candidato competitivo y cercano a sus preferencias para legislador de mayoría y aun así apoyar otra opción más afin para la lista de representación proporcional.

De esa forma el problema tiene dos caras. La primera: el ciudadano podría apoyar a personas por las que tal vez nunca votaría al apoyar a un candidato de mayoría carismático. En segundo lugar los partidos pueden imponer sus preferencias en sus listas, independientemente del apoyo que puedan tener en una competencia abierta.

Y por último el ciudadano tiene la impresión de que el Congreso tiene demasiados legisladores por la falta de incentivos que éstos tienen para atender los trabajos parlamentarios gracias a la no reelección. Un diputado o senador desempeñará determinadas funciones como legislar, la gestoría o especializarse en una comisión sólo si percibe alguna utilidad de ello, como sería el premio o castigo de la ciudadanía a través de la evaluación de su gestión en las urnas al competir por el mismo puesto.

Al no haber carreras legislativas la preocupación del representante es por continuar su carrera en algún otro encargo. Y eso significa seguir a rajatabla la línea de sus jefes políticos, pues éstos deciden su siguiente encargo con base en su lealtad. En este juego lo último que importa es la especialización o el trabajo parlamentario.

Aspectos de la sesión de toma de protesta en la Cámara de Diputados. Foto: Germán Canseco / Procesofoto / DF

tamaño genera problemas de eficacia cuando se habla de miles de personas, como en el parlamento de China que tiene 2985 miembros.

Además el problema del funcionamiento pierde relevancia con la existencia de los grupos parlamentarios, cuya función es lograr la cohesión entre legisladores que siguen un mismo programa partidista. En todo caso, si es difícil llegar a acuerdos, es en la negociación de las bancadas – y esto no depende del tamaño del órgano legislativo.

Tampoco se generaría un gran ahorro. Si calculásemos poco más de un millón de pesos por legislador que se elimine, hablaríamos de aproximadamente 250 millones de pesos. Aunque esta cifra es elevada para cualquier bolsillo, no significa un ahorro sustancial. Más bien estaríamos hablando del presupuesto de una subsecretaría mediana de la Administración Pública Federal. Cualquiera de las dos cámaras podría fácilmente readjudicarse tal monto sin que llame la atención. ¿Qué resolvería la eliminación de los asientos de representación proporcional? Tal vez nada de cuanto esperan sus proponentes. En cambio generaría problemas que nadie estima.

En primer lugar, aunque hay legisladores de representación proporcional por los que nadie votaría (y esos lamentablemente son los más conocidos), también es cierto que los más activos pertenecen a esta categoría; toda vez que tienen el mandato de sus partidos para realizar labores específicas y que requieren una especialización técnica.

Por lo tanto, de aprobarse la reducción en el tamaño del Congreso sin la restauración de las carreras parlamentarias, esta reforma debilitaría aun más al Congreso en sus capacidades institucionales. Por ello sería conveniente permitir que los diputados y senadores puedan competir por su mismo encargo antes de tocar este tema. Tal vez hasta nos daríamos cuenta que harían falta legisladores.

Tal vez el principal problema que generaría la des-

¿Tenemos Demasiados Legisladores?

Con lo arriba expuesto se puede observar que el problema del desempeño del Congreso no está necesariamente ligado al número de legisladores y tal vez nada se resolvería son su reducción.

Por ejemplo, según estudios comparados el Congreso de la Unión no es demasiado grande, toda vez que el tamaño de una asamblea correspondería idealmente a la raíz cúbica de a población. Según este cálculo, a nuestro país le corresponderían 464 diputados. Incluso países europeos con poblaciones similares o inferiores a México tienen más legisladores, como el Reino Unido (659 miembros en la Cámara de los Comunes), Alemania (601 miembros en el Bundestag o Francia (577 miembros en la Asamblea Nacional). En todo caso el

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El periodista Pedro Ferriz de Con Foto: Octavio Gómez / Procesofoto / DF

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aparición de los asientos de representación proporcional sería el otorgarle mayorías desde absolutas hasta calificadas a un partido. Y la reducción de los espacios de participación para los institutos políticos minoritarios implicaría que éstos podrían adoptar estrategias antisistema, tal y como sucedió hasta 1977 con las izquierdas.

¿Qué Cambios se Podrían Instrumentar?

A lo largo de esta editorial se buscó mostrar que si bien se necesita revisar el tamaño de las cámaras del Congreso, la simple reducción no resolvería los problemas de fondo y generaría otros más graves. Por lo tanto, y de acuerdo con opiniones personales y las posturas que son más afines para quien esto escribe, se pueden establecer algunos cambios.

Para la Cámara de Diputados, que los asientos de mayoría vuelvan a establecerse con base a la publicación, y que los de representación proporcional sirvan para compensar la sobrerrepresentación de un partido.

En cuanto al Senado, sería conveniente cuestionar si de verdad se representan ahí los intereses de las entidades y si es indispensable que todas deban tener el mismo peso. De esa forma, sería conveniente pensar en la conveniencia de establecer un sistema de representación proporcional con 32 circunscripciones, donde cada entidad tenga un número variable de asientos dependiendo de su población. La reforma reflejaría los equilibrios existentes en cada entidad de una forma más eficaz.

Otra reforma implicaría la doble boleta. Es decir, que el ciudadano vote por el candidato de mayoría y la lista de partido de su preferencia por separado. ¿Sería el votante tan sofisticado? Tal vez lo sería en algunos casos y en otros no, pero estamos suponiendo un aprendizaje para todos.

También ayudaría el darle representación a partidos que sean más competitivos. Esto se podría lograr aumentando el umbral de representación, que es hoy del dos por ciento. De hecho la propuesta que presentó el ejecutivo federal en diciembre de 2009 contemplaba aumentarlo al cuatro por ciento. ¿Es esta una medida antidemocrática? No: en Alemania es del cinco por ciento.

Y por encima de todo, cualquier propuesta que se haga en las actuales circunstancias carece de un diagnóstico asertivo, toda vez que no hay continuidad en las carreras políticas. La reelección inmediata de los legisladores es una condición necesaria para conocer lo que no está funcionando y por qué.

En política no existen las soluciones mágicas, inmediatas o simples. Para lograr un cambio es necesario conocer las razones por las que existe un arreglo determinado. No hacerlo es ponerse en manos de quienes proponen, según sus propias agendas, soluciones fáciles y populares; las cuales rara vez arrojan resultados positivos.

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La importancia de la comunicación en el ejercicio del poder político, los mensajes y los ruidos Por Lidia Aguilar Balderas La comunicación es una herramienta fundamental para mantener funcionando el engranaje de cualquier sistema político, y sin lugar a dudas, las sociedades que se jactan de ser democráticas son las que llevan la batuta para establecer parámetros que impulsen una comunicación que contribuya al fortalecimiento de los elementos necesarios para la existencia de la misma.

Desde luego que los países con una democracia joven también han ido incorporando a sus respectivos sistemas estos criterios de la búsqueda de un adecuado equilibrio de los medios de comunicación y el poder.

Sin embrago, se debe tomar en consideración que con la incorporación cada vez más exhaustiva de los avances tecnológicos, se incide en la generación de redes transversales de comunicación masiva sustentadas en las bien llamadas redes sociales, ello nos conmina a mirar hacia lo que a todas luces se muestra, pero también hacia los recovecos que en mucho son reticentes a dejarnos identificar su contenido y alcance.

Por ello, en esta reflexión es que quiero abocarme al tema de la alerta que está ocasionando que en ciertos sectores los medios de comunicación en México han ido adquiriendo influencia, teniendo como punto álgido cuando se mostró el enorme poder mediático, sobre todo el televisivo, que en mucho contribuyó a la concreción de una alternancia en la presidencia de la República.

Si identificamos que la información y la socialización de las ideas son elementos fundamentales de la vida democrática de cualquier país, entonces mirar hacia la cantidad y la forma en que interactúan los medios masivos de comunicación con las audiencias se convierte en un fenómeno de análisis que hace unas cuantos años no tenía mayor importancia para los mexicanos.

La reciente publicación titulada El costo de la legitimidad, el uso de la publicidad en las entidades federativas, constituye uno de los recursos más interesantes para evidenciar el excesivo gasto que los medios masivos de comunicación causan al erario.

Plantea que en la elección federal 2012 para Presidente, “la publicidad oficial volvió a ocupar el primer plano de la vida política del país, una de las consecuencias de la polémica desatada es que, el ahora presidente Enrique Peña Nieto, propuso regular la publicidad a

Foto: Demian Chávez / procesofoto

través de una “Reforma Constitucional” dicha propuesta constituye el compromiso número 95 del “Pacto por México”.

Si tomamos en consideración que Televisa tiene una participación de mercado de televisión de paga del 49% y Dish del 17%, en tanto que lo que corresponde a la señal abierta, TV Azteca genera 91% de sus ingresos y Televisa, 35%. Nos da muestra de que el mercado prácticamente está repartido entre dos detentadores principales, además de un necio competidor que intenta tener más participación en el mismo.

Es evidente que la concentración del mercado no favorece a las tele-audiencias, y ni qué decir del poder político, pues ya se estaban presentando situaciones de confrontación entre ciertos actores políticos y los medios, que redundaron en formas inusitadas de veto contra personajes como Cuahutémoc Cárdenas, Manuel Bartlett y Jorge Castañeda.

Es así que en la generalidad las clases políticas, los grupos empresariales y la opinión pública, reciben con beneplácito esta reforma en telecomunicaciones, se hizo igual con la reforma educativa (a pesar de las exacerbadas y grotescas manifestaciones de un sector del magisterio).

Las buenas intenciones de los grupos políticos, las circunstancias y los intereses sectarios parecen haber

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redireccionado el tema del Pacto por México, se dice que las reformas estructurales que se están llevando a cabo permiten que el país pueda ser más competitivo tanto externa como internamente, implican una serie de delicados mensajes, de tratos mesurados y de movimientos cadenciosos, pues la línea entre la cooperación y la oposición es muy delgada.

Reitero, aunque la reforma en materia de telecomunicaciones parece ser ya un tema de trámite en las entidades, pues por ser reforma constitucional, ya ha sido turnada a estas para su discusión y aprobación, las subsecuentes reformas (hacendaria y energética, entre otras) pueden encontrar piedras en el camino, pues justamente el delicado equilibrio se rompió cuando gracias a la labor de espionaje político, los panistas hicieron públicas una serie de grabaciones de poco más de 8 horas que evidencian cómo funcionarios de Sedesol en Veracruz, instaban a su gente a identificar a las personas afines al PRI para que puedan ser los primeros beneficiarios del llamado programa Cruzada Contra el Hambre y así obtener beneficios en la próxima contienda electoral del 7 de julio en dicha entidad.

Inmediatamente se pidió la renuncia de la delegada de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, la cual obtuvo a su vez, el respaldo público del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el pasado 20 de abril, en Zinacantán

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Rosario Robles, Secretaria de SEDESOL. Foto: Benjamín Flores / Procesofoto

Chiapas, adelanto: “Rosario no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las preocupaciones de a quiénes ocupa y preocupa la política y las elecciones...”, sin duda esta situación ocasionó un ventarrón de declaraciones y posturas de los distintos actores políticos de oposición (PAN Y PRD), quienes interpretaron dicha declaración como un desprecio hacia la buena voluntad política a la que se adhirieron.

Todo eso llevo a que mediáticamente se mantuviera este tema como uno de los principales en la agenda de los medios y desde luego de los propios políticos.

Vale la pena tratar de identificar las motivaciones que tuvo el presidente Peña Nieto, para expresar en una postura totalmente abierta su decisión de mantener en su puesto a Rosario Robles, para tal efecto me interesa dibujar el panorama político en el que se circunscribe tal declaración, y tratar de complementarlo con el esquema de poder que en México, a pesar de haberse desdibujado unos años, pareciera que cobra fuerza, para, al menos en la intención, buscar re-establecerse en los años dorados del presidencialismo omnímodo de la idiosincrasia del régimen priista.

La naturaleza y ejercicio del poder lleva a plantear una serie de elementos que inexorablemente se han mantenido presentes a lo largo de la historia de la humanidad, las veleidades del poder son difíciles de resistir, las disputas constantes por el mantenimiento y ejercicio del poder provoca que se utilicen una gama de estrategias y artilugios para mantenerlo, así como para procurar controlar los otros espacios de poder.

De esta forma, los medios de comunicación representan uno de los bastiones más usados para tal efecto, la misma imagen de Peña Nieto es una muestra de este tipo de poder. Siendo una de las más difundidas, dicha imagen se acompaña de una serie de connotaciones que afianzan su seguridad, vemos entonces, que el impacto y apoyo mediático para el ejercicio del poder en este personaje es sobredimensionado, en relación a sus antecesores.

Así, desafió a quienes pretenden acotar sus decisiones, tal vez no consideró suficientemente el costo de dicha acción, pero es claro que el mensaje vedado implica en mucho que será un presidente fuerte y que se avecinan confrontaciones con los grupos de poder, pero que a pesar de ello, se mantendrá en la necedad de restituir la fortaleza de la figura presidencial. Al tiempo

habrá que dejar si su estrategia es la acertada, pues las condiciones políticas, sociales y mediáticas son distintas a las del salinato.

Aunado a ello, si consideramos que recientemente en México se han dado claras muestras de los reacomodos políticos necesarios después de experimentar una alternancia en la presidencia de la república, la cual, después de 12 años había estado en manos de los panistas, los priístas retornan al ejercicio pleno del poder político en palabras del propio presidente “no vengo a administrar, vengo a gobernar”, no obstante, la civilidad política que llevó a la alternancia del 2000, la confrontación y resolución judicial de la elección presidencial del 2006, así como la reciente alternancia del 2012, nos da una pequeña muestra de los acuerdos y hasta necesarias confrontaciones para reajustar los espacios de poder.

De tal suerte que poder y contrapoder se enfrascan en una pugna necesaria, con una serie de costos de uno y otro lado, a sabiendas que en realidad el contrapoder solo espera ampliar sus líneas de acción, buscando con ello arrebatar un poco más de lo que el otro está dispuesto a cederle.

La naturaleza humana hace indispensable pensar a la política como la esencia que permite articular los intereses conjuntos, a fin de mantener a flote la comunidad social, para verter en ella todas las directrices que permitan apuntalar una visión de nación que entre en conflictos y negociones con los espectros más amplios de comunidades humanas, esta aseveración resulta esperanzadora para el futuro político del corto y mediano plazo en México, esperemos que el Pacto por México se mantenga en un cauce de colaboración y concreción de acuerdos, pues seguramente todos ganaremos con tales acciones.

Por otro lado, las estrategias de comunicación intergrupales, intergremiales, y entre pares políticos antagónicos ideológicamente lleva a poner sobre la mesa los mensajes codificados de la elite política para buscar la necesaria decodificación e interpretación de la literalidad y metáfora de dichas comunicaciones.

Sin embargo, estas complicidades y lenguaje codificado, pasa en la generalidad desapercibido por la mayoría de la población, pues los medios de comunicación, aun teniendo como esencia y razón de ser el bien social y desde luego, el contribuir al afianzamiento de la democracia, en realidad se constituyen como uno de los poderes que se articulan con los otros para mantenerse en esos espacios de privilegio.

Por estos aspectos, no es casual que los telediarios naveguen en una constante subinformación, que pro-

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voca una reducción excesiva del contenido de la información, y por otro lado la desinformación, refiera la utilización de casos pseudoperiodísticos para distraer la atención. Con todo ello, es comprensible que la información ofrecida por las televisoras ha empobrecido el debate electoral, democrático, y de fiscalización de las acciones de los actores inmiscuidos en los temas públicos disminuyendo considerablemente la posibilidad de generar una cultura y conciencia política acorde con los estándares de una democracia decorosa según las ideas de los teóricos.

Es así que de las opciones informativas destaca como principal la Televisión, entendida como un medio prioritario en el que la población obtiene información por encima de otros como radio, periódico, folletos, conversaciones, etcétera.

Los noticieros que ofrecen estas opciones, Televisa y Fuerza Informativa Azteca, resultan insuficientes para garantizar la diversidad en la información pues constantemente recurren a la anti-programación, que conlleva a la competencia y estandarización de la programación.

Si agregamos a este lamentable hecho que el tipo de periodismo mexicano, tiene como elementos caracterizadores un esquema demagógico, desestructurado, emotivo, explotador del miedo, de alegrías sobrevaloradas y de dogmatismo exacerbado, así como de casos trágicos, y espectaculares, mediocres informadores y con una clara vocación comercial, entonces el panorama se convierte en un espesa nube gris que no proporciona las circunstancias adecuadas para incentivar en su audiencia una mejora en su posición sobre el acontecer pollítico del país, pues se marginan hechos de trascendencia y se convierte al televidente-ciudadano en televidente-consumidor.

Así que el binomio inseparable del periodismo que conlleva a ejercerlo con libertad y con responsabilidad social, parece tener esperanza de cumplirse en mucho por la reforma reciente que se hace en materia de telecomunicaciones.

Se ha expresado que en promedio, el 58% de la población es informada por la televisión, es decir, la información que consumen cera de 110 millones de mexicanos se reduce básicamente a dos grandes opciones. Obviamente los especialistas en parámetros del rendimiento democrático de los medios nuca dudan en afirmar que la diversidad de la información se puede poner en practica cuando existen más empresas distintas e independientes unas de otras que aseguren las emisiones, siendo así una condición ideal para que exista diversidad en la información.

El presidente Enrique Peña Nieto y los líderes parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM, presentaron la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competitividad. Foto: Eduardo Miranda / Procesofoto / DF

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Capítulo I

Estados Unidos y la anatomía del terror Por Fernando Montiel Como sucede con la Biblia, el terrorismo en las relaciones internaciones tiene una cantidad interminable de intérpretes e interpretaciones. Y ambos son tantos que como etiqueta, “terrorismo” termina por ser un concepto inútil, ya que siempre será posible encontrar un autor con un modelo y multitud de ejemplos que ilustren a la perfección el juicio a priori –el prejuicio, básicamente– de aquél que encuentra solo lo que busca y nada más.

Controvertir conceptos de las ciencias sociales es sin duda muy útil para el desarrollo de éstas. Pero también lo es establecer que la crítica por sí misma, sin rigor ni propuesta y sin buscar un entendimiento mínimo común como base de una discusión seria, termina por ser estéril e incluso perjudicial. Este es, por mucho, el problema más importante al momento de hablar y escribir sobre terrorismo.

Pareciera ser que quienes más lo refieren tienen la tendencia a ser también quienes menos claridad tienen sobre él. Y es que conforme se profundiza en el análisis de sus orígenes, características y –aun más importante– los problemas que presenta ya como sustantivo o usado en su versión adjetivada (terrorista), es imposible no volverse cada vez más cauteloso en su uso.

A partir de este punto podemos aventurar una primera conclusión: aquel que habla de terrorismo, en general, lo hace asumiendo a plenitud el peligro de enfrentar la tormenta que con seguridad se le habrá de venir encima, o lo hace validando, sin saberlo, aquello de que la ignorancia es atrevida.

“Si no te gusta, llámalo terrorismo” Edward S. Herman

Las cabezas de la Hidra Dejando de lado los matices particulares que existen entre las definiciones que han dado los autores que se han ocupado del tema –y que a estas alturas del siglo XXI ya se cuentan por legiones–, a grandes rasgos, existen dos discursos genéricos para clasificar lo que se entiende por terrorismo: una es la interpretación que llamaremos convencional; la otra, es la que llamaremos alternativa.

La interpretación convencional construye un patrón al retratar a los perpetradores como sujetos marginales, radicales sin capacidad de diálogo cuyos mensajes se escriben con explosiones de balas o bombas, y que rinden sus resultados en sangre. Este es el discurso sobre el terrorismo más fácil de encontrar por igual en medios de comunicación que en circuitos políticos y académicos, particularmente en los provenientes de los países del norte y del Occidente, o en aquellos que tienen una fuerte influencia suya (como sería el caso de

Presidente Barack Obama

…aquel que habla de terrorismo, en general, lo hace asumiendo a plenitud el peligro de enfrentar la tormenta que con seguridad se le habrá de venir encima, o lo hace validando, sin saberlo, aquello de que la ignorancia es atrevida.

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México, en América Latina y Japón, en el Asia Pacífico, por poner solo dos ejemplos).

Esta es la visión que sostendría que Hamas –el grupo palestino en el poder en la franja de Gaza desde 2006– es una organización terrorista para el gobierno de Israel, como lo es ETA –Euskadi Ta Askatasuna, grupo independentista vasco– para los gobiernos de España y Francia. Así también, Al-Qaeda será tan terrorista para el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados alrededor del mundo, como lo serían en América Latina las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) para el gobierno de Colombia. Y, naturalmente, es en esta misma lógica que los Tigres Tamiles son catalogados como terroristas para el régimen singalés en Sri Lanka.

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La visión alternativa apuntaría en la dirección contraria, aquella en la que los terroristas más importantes no son necesariamente sujetos, sino gobiernos, y los ejemplos que para ello se esgrimen son también elocuentes. Así, terroristas serían las acciones del gobierno de Israel contra millones de habitantes del pueblo palestino, confinándolo a vivir encarcelado en su propia tierra, sobreviviendo en condiciones infames desde 1948. Terroristas serían las acciones de escuadrones de la muerte como los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) –activos entre 1983 y 1987, encubiertos, armados, entrenados y respaldados por la España de Felipe González– contra los independentistas vascos.

Terroristas serían también los bombardeos incesantes de poblaciones civiles en Afganistán y Pakistán desde 2001 por la aviación estadounidense –en tiempos de George W. Bush– y por drones en tiempos de Barak Obama –a partir de 2009–. Y no menos terrorista sería el apoyo que ofreció el régimen de Álvaro Uribe a los grupos paramilitares en Colombia –responsables allí de hasta el 80% de las matanzas según Human Rights Watch– durante la totalidad de sus dos periodos presidenciales (2002-2010). Y en esta misma lógica, la forma en que el General Sarath Fonseka “terminó” con el “problema” tamil en 2009 no sería menos terrorista, al inspirar incluso un documental de Callum Macrae en 2011 –en el que se da cuenta de las atrocidades cometidas por las fuerzas oficiales contra el pueblo tamil en los últimos meses de la ofensiva–, cuyo título lo dice todo: Sri Lanka´s Killing Fields (Los campos de la muerte de Sri Lanka).

La primera reacción cuando ambas visiones son confrontadas es, con frecuencia, el infantilismo de suponer que una cancela a la otra, como si no pudiesen coexistir o como si el calificativo de “terrorista” fuera patrimonio exclusivo de cualquiera de las dos.

Ante fenómenos de alta complejidad –como es el caso del terrorismo–, el maniqueísmo es siempre una salida fácil.

Sea como fuere, y entiéndase como se entienda, “terrorismo” y “terrorista” son etiquetas políticamente inconvenientes –por decir lo menos–, que descalifican de origen a los actores que han tenido la mala suerte de cargar con esos estigmas, y de que con ellos sean descalificadas sus razones y visiones. De aquí deriva la necesidad política y mediática de ganar la partida: el que primero acusa de terrorismo gana, con fundamento o sin él, con claridad o sin ella, con razón o sin ella.

En este sentido, la flexibilidad conceptual de la definición del terrorismo resulta muy conveniente, y ajusta bien a las modas académicas contemporáneas -–que tienen intoxicadas a las ciencias sociales con el relativismo del postmodernismo y sus profetas– y a las agendas políticas, que exigen de una etiqueta fuerte, ambigua, vacía, que desvíe el entendimiento de los fenómenos, lejos de los debates razonados y en dirección de reacciones fóbicas, histéricas.

¿Qué es el terrorismo?

La pregunta permanece: ¿qué es y de qué va el terrorismo?

Una definición en tres criterios puede ser de utilidad: terrorista sería todo aquel actor o toda aquella acción violenta que: buscando tener una influencia política, tiene como víctimas a inocentes y es violatoria de la ley nacional y/o internacional.

Utilizando estos criterios se hacen posibles tres escenarios.

El primero sería aquél en el que tiene lugar un acto violento motivado políticamente y que es contrario a la ley, pero en el que las víctimas no son exactamente inocentes. El segundo escenario sería aquél en el que tiene

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Presencia de ETA en las calles de España

lugar un acto violento destinado a influir políticamente y en el que inocentes pierden la vida pero que, por la razón que sea, no está definido como ilegal por las leyes vigentes. Y el tercer escenario sería aquel en el que el hecho violento que tiene está sancionado como ilegal por la normatividad vigente y tiene a inocentes como víctimas, pero no tiene ninguna motivación política.

De los tres, el último escenario (hecho violento con inocentes como víctimas y prohibido legalmente) es el que ofrece menos complejidad, puesto que se trataría de un fenómeno de delincuencia común.

A diferencia del caso anterior, tanto el segundo escenario como el primero, presentan una complejidad mayor, y por ello, las respuestas que pueden ofrecen en materia de terrorismo no son tampoco incontrovertibles como veremos a continuación.

El trigo y la cizaña Ejemplos del primer escenario (hecho violento, motivado políticamente en el que las víctimas, si bien no son “culpables” de algo, sí se les atribuye algún tipo de responsabilidad) hay muchos. Desde el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, en 1961, pasando por los múltiples atentados contra Hussein I de Jordania y llegando al asesinato de Isaac Rabin en 1995, entre otros, el debate sobre la calificación de terrorista a los perpetradores continúa. ¿Es el tiranicidio un acto de terrorismo?

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Mientras que para los partidarios de la visión convencional del terrorismo la respuesta es por lo general obvia (sí), para quienes asumen como propia la visión alternativa del discurso sobre el terrorismo la respuesta no es tan sencilla.

Para éstos últimos, terrorista sería, en principio, la víctima del tiranicidio, el tirano, y no el tiranicida, con lo que la discusión, en el mejor de los casos, deja de ser cualitativa (ser o no ser terrorista, ya que ambos lo serían) convirtiéndose en cuantitativa: quién, entre el tirano y el tiranicida, sería más terrorista. Una forma de zanjar la discusión es incluyendo otro elemento en la ecuación: la ley.

En principio, se supone, no se debe asesinar a un asesino si existen los mecanismos para procesarlo de forma segura e imparcial por la vía judicial; es decir, siguiendo lo que se ha dado a llamar el debido proceso.

En este caso, la discusión se centra en las posibilidades reales de juzgar a un criminal y de hacerlo pagar por sus crímenes. Si tales posibilidades existen, entonces sobre los tiranicidas cae una luz que les resulta poco favorable, pero ¿y si no es así?, ¿y si los sistemas de justicia no tienen la capacidad de sentar en el banquillo de los acusados y de procesar penalmente de forma razonable a un tirano una vez demostrada su culpabilidad?

En esos casos, la luz que cae sobre los tiranicidas los hace ver diferentes, los presenta como justicieros; más aun, como redentores.

Dos casos que ilustran con nitidez los claroscuros

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de la ley en materia de terrorismo son el de Adolf Eichmann, secuestrado en 1960, enjuiciado en 1961 y ejecutado en1962; y el de Augusto Pinochet, arrestado en 1998, procesado para su extradición en 1999 y liberado en el año 2000.

El primero fue llevado a la justicia por medios ilegales. El segundo, por una solicitud de un juez español.

Ambos fueron procesados legalmente –por diferentes sistemas, cierto, pero ambos legales en todo caso– y uno, el primero, fue condenado a la horca mientras el segundo fue dejado en libertad.

De suyo, se podría argumentar que el proceso a Eichmann estuvo viciado desde el origen al no haber sido detenido por mandato judicial, sino secuestrado por el servicio de inteligencia de un país extranjero, y que por ello, el proceso en general y la sentencia en particular eran ilegítimas: sencillamente, porque no siguieron el debido proceso. Sin embargo, fue precisamente por haber seguido el debido proceso que Augusto Pinochet quedó en libertad y murió de causas naturales sin sanción, sin castigo y sin responder por los decenas de miles que sufrieron arrestos ilegales, tortura, muerte y desaparición forzada bajo su régimen.

no ha sido resuelta -y en el peor una contradicción de términos- al momento de intentar una definición del terrorismo tan solo por las características de sus víctimas. Evidentemente, en este escenario, no hay respuestas fáciles. Pero vamos al siguiente.

Lo justo, lo legal, lo legítimo Recordemos. Se trata aquí de un hecho violento, motivado políticamente, en el que inocentes resultan víctimas, pero que no ha sido definido como ilegal por las leyes. Este es un problema que se encuentra con frecuencia en las sociedades democráticas: lo que es justo no es legal, y lo que es legal puede no ser justo.

Se trata de un problema que no es menor y cuya comprensión pasa por la consideración de otro concepto, el de legitimidad.

La discusión es profunda y podría ser abordada desde una perspectiva ética y filosófica.4 Sin profundizar demasiado, un modo razonable para definir qué es lo justo sería diciendo que justo es todo aquello que resulte del cumplimiento de la disposición siguiente: tratar igual a los desiguales, por medio de mecanismos ju-

Operación del Desierto, Guerra del Golfo

Son estos apenas dos casos, pero no son los únicos.

Después de todo, abundan personajes sobre los que pesan señalamientos que van desde la comisión de crímenes de guerra hasta la comisión de crímenes contra la humanidad, como Idi Amin, quien tras abandonar la Uganda que gobernó con puño de hierro, vivió como jeque en Arabia Saudita hasta su muerte por causas naturales en 2003. Henry Kissinger también se encuentra lejos de responder a los señalamientos que apuntan a su probable participación en una gran cantidad de sórdidos episodios a todo lo largo y ancho del globo, desde las guerras de Indochina hasta las dictaduras latinoamericanas.3 ¿La ley protege a los tiranos? ¿Violarla permite llevarlos a la justicia? A pesar de su ilegalidad, ¿qué tan legítimo es el tiranicidio? ¿Quién es el terrorista? ¿El terrorista de Estado? ¿El tiranicida? ¿El sistema legal que permite que tales cosas ocurran? ¿Quién es el trigo y quién la cizaña?

Como sea, y sin profundizar más, el punto principal de la discusión en este primer escenario es que existe, en el mejor de los casos, una ambigüedad que

rídicos imparciales, para dar a cada quien lo que le corresponde conforme a las consecuencias de sus actos.

Así pues, la legalidad funciona como el andamiaje sobre el que se articula la justicia, siempre que se construya sobre una base de legitimidad. ¿Y qué es legítimo?

Lo es todo aquello que busca, en primer lugar, la salvaguarda de las necesidades básicas de los involucrados, que en principio, es la meta de todo sistema legal; de aquí que, casi por definición, los primeros beneficiados –al menos idealmente– por los códigos legales sean los más débiles, pero sin excluir a los más fuertes.

De lo anterior se desprende que las leyes ni son perfectas, ni son infalibles, ni son estáticas; si no, véase la evolución que han tenido desde el Código de Hammurabi hasta nuestros días.

De aquí se hace claro que aunque (idealmente) la ley busca una cosa, con frecuencia lo que consigue (realmente) es algo muy distinto. En otras palabras: traicionando el espíritu de las leyes –procurar el bien común–, es práctica común que los diseños del sistema legal estén hechos a la medida de los intereses particu-

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lares, haciendo legales circunstancias que son, de suyo, injustas por ilegítimas.

Dos ejemplos de esta cara de la moneda serían las sanciones contra Irak después de la Guerra del Golfo en 1991; y la asistencia militar estadounidense a los gobiernos de América Central durante las guerras civiles de la década de los años 80.

En el primer caso, el Programa Petróleo por Alimentos, con el aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), determinó que los ingresos que tuviera Irak por concepto de las ventas petroleras se dividirían en tres tantos: el 33% de los mismos se destinaría a las arcas de la propia ONU, por “gastos administrativos”; el 33% iría a las arcas estadounidenses en concepto de “pago de gastos de guerra”; y solo el 33% estaría disponible para que Irak se reconstruyera.5 Expresado de un modo más simple: Estados Unidos recibiría de Irak, un pago por haberlo destruido, la ONU recibiría un pago de parte del sancionado para dar “legitimidad legal” a la sanción y finalmente, Irak –esto es, el régimen de Saddam Hussein–, dispondría del resto para atender todas las necesidades de un país hecho pedazos y su población.

No está de más decir que las primeras dos partidas efectivamente llegaron a sus destinos y cumplieron con sus metas, no así la tercera.

El segundo caso no es muy diferente. Durante las guerras que tuvieron lugar en los años 80 en América Central y que involucraban a múltiples países y partes, los Estados Unidos organizaron, entrenaron, financiaron y respaldaron políticamente y legalmente (en el doble sentido de la palabra –es decir, siguiendo sus leyes y brindando protección jurídica) a toda una pléyade de actores y procesos violentos dirigidos contra inocentes, y todo con fines políticos. La capacitación de escuadrones de la muerte en El Salvador, y la conversión de Honduras en una base militar estadounidense, amén del respaldo a regímenes como el de Efraín Ríos Montt en Guatemala, se hacía con la ley en la mano. ¿Cuál ley? La suya, inspirada en la Doctrina de la Contención, de George Kennan; en el NSC-68; en la Teoría del Dominó que se practicó primero en el sureste asiático y que luego se importó a América Latina; y en la Doctrina Monroe.

Aunque ilegítimas todas desde cualquier criterio ético que merezca tal nombre y aun en contra de, desde la perspectiva estadounidense, tales acciones eran legales, mañosamente tomando como referencia sus propias leyes y no la legislación internacional. Un caso paradigmático en este sentido es el de Nicaragua y el respaldo a la Contra. Fue tan ilegal desde la perspectiva internacional que terminó, de hecho, con una condena explícita a los Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia por “uso ilegal de la fuerza”6 y tan ilegal nacionalmente que obligó a sus auspiciantes a organizarla y desarrollarla a espaldas del congreso.7 Pero una vez más, esta es apenas una cara de la moneda. La otra, sería lo contrario: lo que es justo y legítimo, no es legal, es decir, de cierto modo, la corrección de todo lo anterior.

Aunque el debate es más profundo, con base en lo expuesto hasta este punto, se puede adelantar una hipótesis en relación a la esencia del terrorismo: debido a la ambigüedad que existe en torno del diseño, interpretación y aplicación de los sistemas jurídicos, los códigos legales no pueden ser considerados como criterios único -y mucho menos como criterio definitivo- para la definición del terrorismo.

Más importantes que los criterios legales, son las motivaciones políticas de los perpetradores y las características de las víctimas las que deben privar al momento de definir un acto como terrorismo y a un actor como terrorista.

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De esto no se desprende que las disposiciones legales no deban ser observadas para definir el terrorismo, tan solo quiere decir que no basta la calificación legal por sí misma; y que, en todo caso, ante un hecho violento que tuvo lugar debido a una motivación política y que causó víctimas inocentes –estas dos, condiciones que a nuestro juicio deberían ser suficientes para una definición mínima del terrorismo–, la calificación legal del episodio deberá ser considerada como un agravante, pero nunca como un criterio definitivo.

Las áreas grises En materia de terrorismo más que actores blancos y negros, e independientemente del rojo escarlata que tienen siempre sus consecuencias, las causas siempre son grises. Este es un terreno poco claro, borroso, pantanoso.

No es esta una apología de las modas postmodernas y su obsesión por relativizarlo todo. No, lo que hacemos aquí es un reconocimiento de al menos dos de las muchas ambigüedades que rodean al terrorismo: la primera de orden semántico -que dificulta su utilidad técnica (como critica Edward S. Herman en el epígrafe) aunque potencializa su utilidad política (el terrorista siempre es el otro)- y la segunda de orden pragmático –es decir, cuáles son sus causas y por extensión, sus objetivos.

La ambigüedad que tiene el terrorismo como concepto técnico y la prostitución que se ha hecho de él en el campo político se acompañan además de una infinidad de relaciones complejas que escapan a cualquier esquema. ¿Una de ellas? -y además de las más comunes: los terroristas no siempre saben para quién trabajan. Así lo que parece el acto de un lobo solitario bien puede ser en realidad la punta de un iceberg cuya existencia sólo unos pocos conocen y que resulta invisible incluso para quienes patinan en su superficie.

Las escalas de la muerte Dejando de lado los mecanismos utilizados para ejecutar el acto terrorista (esto es, atentados con bomba, o matanzas con armas portables, o con aviones o misiles), las formas que puede adoptar el terrorismo pueden ser tres, en función de la cantidad y origen de

La visión alternativa apuntaría en la dirección contraria, aquella en la que los terroristas más importantes no son necesariamente sujetos, sino gobiernos, y los ejemplos que para ello se esgrimen son también elocuentes. los participantes: individual, gremial o estatal. Y de los tres existen casos ad nauseam.

A modo de ejemplo se podría citar la matanza que cobrara 77 víctimas ejecutada por Anders Breivik contra jóvenes del Partido Laborista en Noruega en el 2011; las fosas clandestinas descubiertas en 2010 en la Macarena, Colombia, con más de 2.000 cadáveres víctimas del paramilitarismo; y la muerte de más de 100 mil personas en México durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico. Los tres casos serían apenas la punta del iceberg.

La selección y el orden de los ejemplos del párrafo anterior no es casual. Busca dar cierta perspectiva a la letalidad de cada una de las tres formas de terrorismo.

Casi axiomáticamente, se puede dar por sentado que el terrorismo individual, sin ser menos atroz, tiene una letalidad limitada. Pero ésta crece con la organización y la creación de estructuras de apoyo (desde pandillas, pasando por escuadrones de la muerte hasta la formación de grupos armados paramilitares o guerrilleros), y es casi ilimitada cuando la organización y las estructuras de apoyo son aquellas del Estado.

Un fenómeno que resulta por demás interesante es que la letalidad de cada una de estas tres formas tiene como respuesta una desaparición inversamente proporcional de la calificación de terrorista: entre mayor es la letalidad, menor es la presentación mediática del perpetrador como terrorista en los medios masivos de comunicación. Así sabemos por recuentos hemero-

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gráficos que Ilich Ramírez “Carlos El Chacal” es un terrorista en toda la lid, siguiendo el patrón convencional del terrorismo, mientras que pocos, muy pocos (fuera de los convencidos de la visión alternativa del terrorismo) se atreverían a calificar a Barack Obama de terrorista, no obstante la cantidad incontable de víctimas inocentes que ha tenido su política militar en el Asia Central (Afganistán y Pakistán, principalmente) y los Estados de la península arábiga (Yemen, Qatar, Omán, etc.), entre otros lugares.

Las explicaciones que pueden dar cuenta de este fenómeno –que es paradójico solo en la superficie– no son nuevas.

Una primera pista la dio Dwight Eisenhower en su mensaje de despedida de la presidencia de los Estados Unidos en 1961, cuando habló del Complejo Militar-Industrial (CMI) que mantenía en funcionamiento la carrera armamentista durante la Guerra Fría.

La convergencia entre intereses corporativos y estatales que denunció Eisenhower en aquel discurso, lejos de sepultarse con el fin de la bipolaridad mundial, se acentuó y complejizó.

Quién mejor ha descrito su estado actual, más de medio siglo después, es Jan Oberg, quien rebautizó el CMI en 2010 acuñando el acrónimo MIMAC: Complejo Militar-Industrial-Mediático-Académico por sus siglas en inglés,8 haciendo referencia a la sofisticación y profundidad de los vínculos entre unos sectores y otros en la entrada del siglo XXI. El MIMAC explica en buena medida por qué se diluye el calificativo de terrorismo, hasta su invisibilidad en los medios de comunicación convencionales, conforme se sube la graduación desde los actos individuales hasta las acciones estatales. En breve, el argumento es el siguiente: los medios de comunicación, que con frecuencia forman parte de conglomerados industriales todavía más grandes,9 no presentarán ni calificarán como terroristas las acciones de gobiernos con los que tienen intereses en común. Lockheed Martin Corp., el principal contratista militar del mundo,10 tiene entre su catálogo de productos (además de municiones diversas, misiles y aeronaves de combate) satélites. De acuerdo con su lista de clientes, ni Irak, ni Irán, ni Corea del Norte (el “Eje del Mal” original de George W. Bush), ni Libia, Siria o Cuba (el “Eje del Mal Expandido”) se cuentan entre sus compradores. No es casualidad, pero de cara al MIMAC y frente al potencial de comunicación que ofrece la tecnología satelital, tampoco es extraño.

Se podría argumentar que la tipología del terrorismo que hemos presentado aquí es equivocada, que individuos bien posicionados pueden ejecutar acciones terroristas tan o más letales que aquellas de las que son capaces grupos organizados (el presidente de un país que decide arrojar un par de bombas nucleares contra ciudades no militares de una nación vencida en una guerra, por ejemplo), pero no es así. Si bien es cierto que la decisión final puede depender de una sola persona, la estructura estatal -en este caso- es fundamental para que la determinación del individuo en cuestión se materialice: el Estado no es el instrumento del individuo a la cabeza, sino al revés.

Y es precisamente por esta letalidad institucional que desarrollaremos el tema a continuación

Terrorismo de Estado Si el sesgo que imprimen los intereses políticos, económicos y corporativos condicionan la posibilidad de calificar algunas acciones de gobiernos democráticos, occidentales y modernos como terroristas –por complicidad, autocensura inconsciente o consciente en la forma de adoctrinamiento–, es importante re-

Masacre de Waco

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Dejando de lado los mecanismos utilizados para ejecutar el acto terrorista (esto es, atentados con bomba, o matanzas con armas portables, o con aviones o misiles), las formas que puede adoptar el terrorismo pueden ser tres, en función de la cantidad y origen de los participantes: individual, gremial o estatal.

Y de los tres existen casos ad nauseam. conocer que de cuando en cuando, esos gobiernos se toman licencias en la forma de autocríticas; no son de ningún modo amplias, tampoco tan profundas, ni tan frecuentes, es cierto, pero llegan a presentarse.11 Pero las cosas cambian al momento de calificar –más bien, de descalificar– una política de Estado en su totalidad, es decir, al momento de hacer un corte de caja general de las acciones de gobierno en una u otra materia: los reconocimientos de fallas y errores parciales son posibles, pero la descalificación absoluta de una política de Estado, no.

En esta lógica, al momento de imprimir y colocar certificados de Terrorismo de Estado los matices desaparecen y el mundo pierde sus tonos grises. Esto es así en ambas visiones del terrorismo (la visión convencional y la alternativa). Más aun cuando se trata de un certificado emitido por un Estado en sí mismo.

Estos certificados tienden a ser los que reciben mayor difusión y penetración, dependiendo por supuesto la posición que ocupan en el MIMAC. Y en ellos, no está de más decirlo, el terrorista siempre será el otro.

Sin embargo, cuando el calificativo de Terrorismo de Estado viene de abajo, de las personas y organizaciones, entonces cualquier alternativa es posible.

Frente a frente, las visiones convencional y alternativa señalarán diferentes actores sobre más o menos las mismas lógicas (fundamentadas ya desde la evidencia empírica en algunos casos, ya desde la ideología y el prejuicio en otros).

Los primeros incluirán en sus catálogos prácticamente la misma lista de George W. Bush que referimos en la sección anterior, con algunos cambios dependientes de la marea del momento. Por ejemplo, Corea del Norte, Irán y Cuba permanecen; Irak sale, tras la invasión estadounidense de 2003; Afganistán tampoco entra ya, tras la imposición de gobiernos títere desde 2001; Libia y Siria quedan pendientes de que termine la carnicería; y tal vez en el futuro veamos la inclusión de Venezuela y Bolivia si continúan con políticas sociales progresistas.

Los segundos, por su parte, elaborarán un listado propio en el que se incluirá, con seguridad, a los Estados Unidos, a Gran Bretaña y Colombia como residentes permanentes; a España y México de forma intermitente (en tiempos de José María Aznar y el “Trío de las Azores” de 2003, de cara a la guerra en Irak, en el caso del primero; y a México en el tiempo de la Guerra contra el narcotráfico entre 2006-2012, en el caso del segundo) y algunos otros; una vez más, dependiendo de la marea política internacional del momento.

Estados Unidos y el Terrorismo Dos preguntas se aparecen siempre en el corazón de prácticamente cualquier discusión en materia de terrorismo: ¿por qué? y ¿quién?

La razón de que sean las preguntas más controversiales se debe a que son también las que apuntan directo a las áreas más opacas y dudosas, las áreas del origen del terrorismo y sus metas.

El caso del atentado del 11 de Septiembre en los Estados Unidos no es la excepción, y a más de una década de distancia, la primera pregunta (¿por qué?), como veremos a continuación –tras una revisión de los antecedentes pertinentes- ofrece algunas posibles respuestas sobre la segunda (¿quién?). ¿Y cuáles son y cómo se abordan los antecedentes pertinentes cuando se habla de Estados Unidos y el terrorismo? Una forma de abordarlos es cambiando una preposición: una cosa es hablar del terrorismo de Estados Unidos y otra es hablar del terrorismo en Estados Unidos.

Sobre el primero la bibliografía es extensa y mucha de ella de muy alta calidad.12 Sumado a esto, tenemos que como la frecuencia con la que nuevos hechos terroristas perpetrados por los Estados Unidos alrededor del globo son reseñados, analizados y criticados, su revisión aquí es una tarea un tanto innecesaria.

El segundo caso es diferente, pues el trato que se da tanto en círculos académicos como periodísticos al terrorismo en los Estados Unidos es mucho más engañoso.

Para comenzar a desmenuzar la relación Terrorismo-Estados Unidos, lo primero que hay que hacer es distinguir que existen dos estereotipos para caracterizar esta relación. El primero es aquél que ubica a los Estados Unidos como fuente de acciones terroristas contra otros Estados; el segundo, el que centra la atención en las acciones terroristas que cometen individuos en territorio estadounidense. Como si se tratara de las únicas dos posibilidades –en la primera, los Estados Unidos como perpetrador, y en la segunda, como víctima– cuando se discute el tema genérico de “Estados Unidos y el terrorismo”, una u otra visión se imponen con tal fuerza, que casi terminan por asfixiar cualquier otro discurso alternativo.

Quienes asumen como propio el primer estereotipo, llegan a los debates armados con un rosario de agravios -–bien conocido, bien fundado y repetido hasta el hartazgo– cometidos por el Gran País del Norte contra otros pueblos. Ahí desfila, como ejemplo paradigmático, la política estadounidense contra Cuba desde 1959. Acciones abiertas (como el bloqueo económico y comercial) y otras encubiertas (desde invasiones mercenarias, ataques bacteriológicos, atentados con explosivos contra instalaciones civiles, gubernamentales y militares, intentos de asesinato y otros actos de guerra) ilustran con elocuencia el argumento por aquellos esgrimido.13 Ahí entran también la cobertura a las tiranías familiares en América Central y el Caribe de principios de siglo; las dictaduras hijas de la “Doctrina de los Estados de Seguridad Nacional” durante la segunda mitad del siglo XX; y el más actual respaldo a los gobiernos que han comprado las políticas de “guerra contra el narcotráfico” (en Colombia y México principalmente) y “guerra contra el terrorismo” (con epicentro en el Medio Oriente y Asia Central). Y los vasos comunicantes entre la violencia política en todas estas latitudes con Washington no son ninguna novedad.14 Este primer estereotipo de la caracterización de la relación Terrorismo-Estados Unidos está muy difundido en el mundo entero, salvo en los Estados Unidos.

Ahí, el segundo modelo es más popular: los Estados

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Unidos como una tierra sobre la que se cierne siempre el peligro de ser víctima de acciones terroristas. ¿Y quiénes podrían estar interesados en atacar a los Estados Unidos?

Siguiendo este estereotipo, ingenuo e ignorante hasta un punto casi criminal, la respuesta es sencilla: todos aquellos que, como dijo George W. Bush, “Odian nuestras libertades”.15 Aunque ambas posiciones ofrecen un ángulo de la realidad y satisfacen a sus públicos –más global el primero, y más local el segundo–, existen otras posibilidades. ¿Cómo cuáles? como por ejemplo la posibilidad de trascender la distinción entre “Terrorismo de Estados Unidos” y “Terrorismo en Estados Unidos”. ¿Cómo? prestando atención a los puntos ciegos, es decir, centrando el análisis en aquellos puntos que, sencillamente, desaparecen del debate público por ser considerados como “extravagantes”, e incluso como impensables. ¿Un ejemplo? la posibilidad de que el terrorismo en territorio estadounidense sea perpetrado por el propio gobierno estadounidense.

Terrorismo en EE.UU. por EE.UU ¿Qué hay que decir sobre el modo en que el gobierno de los Estados Unidos practica la violencia política contra inocentes en su propio territorio, es decir, contra su propia población?

Lo primero es que no es tan raro como podría parecer.

Históricamente ha ocurrido desde el principio, desde que “la conquista del Oeste” se tradujo en un genocidio contra las primeras naciones,16 hasta los años más recientes. Tan solo en el último y pasado siglo, la CIA practicó experimentos humanos desde los 50´s, sometiendo a ciudadanos estadounidenses a diversas formas de tortura (violaciones, privación sensorial y del sueño y experimentos con fármacos, entre otros abusos),17 como dio a conocer el Comité Church del Congreso sobre las actividades encubiertas de la CIA, la NSA y el FBI en los Estados Unidos, en la década de los 70.18 Pero no fue un evento aislado. La práctica del terrorismo de Estado llegó a ser sistemática y abierta, utilizando las estructuras represivas del Estado como una policía política, tal y como ocurrió cuando el FBI fue lanzado contra el Partido de las Panteras Negras en las décadas de los 60 y los 70.

Detenciones ilegales, ejecuciones, torturas y otros abusos fueron la norma del racismo como inspiración de la política pública en materia seguridad que caracterizó aquellos tiempos. Más soterrada, pero no por ello menos atroz, fue la posterior conformación de grupos

Para comenzar a desmenuzar la relación Terrorismo-Estados Unidos, lo primero que hay que hacer es distinguir que existen dos estereotipos para caracterizar esta relación. El primero es aquél que ubica a los Estados Unidos como fuente de acciones terroristas contra otros Estados; el segundo, el que centra la atención en las acciones terroristas que cometen individuos en territorio estadounidense.

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de choque (que eufemísticamente son llamados siempre “unidades especiales”) al interior de los cuerpos de seguridad 70 -policías particularmente- como el CRASH (que causalmente significa Choque) en Los Ángeles, California, grupos destinados a la represión de colectivos marginales (pandilleros; entiéndase: jóvenes afroamericanos de clase baja, en este caso) durante las décadas de los 80 y 90.

A la vuelta del siglo la norma se mantuvo. Como “respuesta directa” a los atentados del 11 de Septiembre, la aprobación del USA PATRIOT ACT (acrónimo que además de traducirse al español como “Acta –o acción– de Patriota Estadounidense” significa, por sus siglas en inglés Acta Uniendo y Fortaleciendo América Aportándole las Herramientas Apropiadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo) redujo las restricciones que impedían que los órganos de gobierno violentaran derechos civiles y humanos, con la excusa del combate al terrorismo.

Pero estos son apenas algunos ejemplos.

Resulta por demás curioso que cuando se habla del terrorismo en los Estados Unidos, las referencias aca-

Tampoco hay referencias a las atrocidades que pudo ver McVeigh durante su participación en la Operación Tormenta del Desierto, en el Golfo Árabe-Pérsico, donde su tarea era seguir a los bulldozers que enterraban vivos a los iraquíes en sus trincheras para asegurarse que ninguno pudiera escapar,21 ni se cita la justificación que él hizo de sus actos refiriendo los abusos de las autoridades -en Ruby Ridge en 1992 y contra la secta de los davidianos en Waco22 en 1993- que son también ampliamente desconocidas.23 Una cosa es explicar y otra es justificar. Los perpetradores de todos estos actos explican sus razones, e, independientemente de que nada justifica sus comportamientos, resulta interesante que sean precisamente estos ángulos, sus motivos y razones, los que son amputados de la discusión pública, cuando llegan a rozar, así sea de forma tangencial, al poder establecido, a sus actores, instituciones y filosofías. Al final, los perpetradores terminan siendo siempre presentados como desequilibrados mentales, fanáticos incapaces de entender o comunicar nada que no sea la violencia por sí y para sí.

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centes que pudieron darle origen. Ello en el entendido de que la violencia siempre es consecuencia de un conflicto no resuelto, y que esos procesos subyacentes pueden permitir identificar motivaciones, y finalmente arrojar algunas luces sobre los actores responsables.

En esta mecánica y procedimiento, sin dejar de ser importantes, los perpetradores directos de los actos terroristas pasan a un segundo plano. Sobre la base de procesos en marcha de mayor magnitud, peso y trascendencia, de no haber sido ellos, otros actores –iguales o parecidos– habrían ocupado su lugar.

1. Los señalamientos principales fueron el material con el que se escribió el libro The Trial of Henry Kissinger (Verso Books, New York, 2001) del controversial Christopher Hitchens.

2. El entendimiento que se tendrá de la justicia en este sentido es cercano a la visión que ofrece Enrique Dussel en Ética de la Liberación: En la edad de la globalización y la exclusión (Trotta. Madrid, 1998).

3. Sobre el tema ver Resoluciones del Consejo de Seguridad 687 y 986 (1991 y 1995 respectivamente), las actividades y reportes de la Comisión de Compensaciones de las Naciones Unidas y las críticas al programa expresadas por el encargado de asuntos humanitarios de las naciones unidas, Hans Von Sponeck entre otras.

4. Ver Case Concerning the Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). June 27, 1986.

International Court of Justice.

5. Ver de Noam Chomsky La Quinta Libertad: La intervención de Estados Unidos en América Central y la lucha por la paz (Crítica. Barcelona. 1985).

6. El concepto fue acuñado en su artículo “The U.S. is now a dictatorship.”

(Peace & Collaborative Development Network, Feb. 1, 2010) aunque sin mucho desarrollo posterior.

7. A modo de ejemplo. La influyente cadena de noticias 24 hrs. Cable News Network (CNN) forma parte del conglomerado Time Warner que también posee el canal de televisión HBO y 30 del canal MTV Networks así como las revistas TIME, People y Sports Illustrated entre muchos otros (www.timewarner.com).

8. El 95% de sus contratos son con el gobierno de los Estados Unidos y el monto que facturó tan sólo en 2012 fue de más de 47 mil millones de dólares (Ver Lockheed Martin Corporation 2012 Annual Report).

9. Particularmente, estos mea culpas tienen lugar cuando son imposibles de negar, por ejemplo, tras el escándalo por la difusión de las fotografías de los abusos del gobierno estadounidense en la prisión de Abu-Ghraib en Irak en Abril del 2004.

10. Una obra clásica es de Edward S. Herman The real terror network: Terrorism in fact and propaganda (South End Press. 1982).

11. Ver Dieterich, Heinz, Cuba ante la razón cínica. Nuestro Tiempo. México, 1994.

12. Ver por ejemplo The Washington Connection and Third World Fascism: The political economy of human rights Vol. I. (South End Press, 1979) de Noam Chomsky y Edward S. Herman.

13. Ford, Peter. “Why do they hate us?”. The Christian Science Monitor. Sept.

27, 2001.

14. Ver de Brown, Dee. Bury my heart at Wounded Knee (Holt, Rinehart & Winston. New York, 1970).

15. Una obra relativamente reciente que refiere tales abusos es de Gordon Thomas Las torturas mentales de la CIA (Ediciones B. Barcelona, 2001).

16. Paradigmático en este sentido era el proyecto MK-ULTRA. Para más al respecto ver los reportes del Comité Church (http://www.intelligence.senate. gov/churchcommittee.html).

Atentado a las Torres Gemelas el 11 de Septiembre

démicas y de prensa citen como los antecedentes más pertinentes solo aquellos eventos no auspiciados por el Estado: el caso del Unabomber hasta mediados de la década de los noventa; el del ataque con un auto-bomba contra el World Trade Center en 1993; y el más letal de los tres hasta antes del ataque del 11 de Septiembre: el atentado contra el edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma, en 1995, perpetrado por Timothy McVeigh.

Y es todavía más interesante que del mismo modo en que el terrorismo de Estado es barrido bajo la alfombra de la opinión pública, conscientemente, por complicidad, o inconscientemente, por ignorancia, también desaparecen de la discusión pública las razones detrás de los actos que sí son conocidos y comentados urbi et orbi.

Así, por ejemplo, no muchos saben de la crítica al sistema tecnológico-industrial de la sociedad moderna que motivaba los ataques del Unabomber19 así como tampoco muchos discuten tampoco las acciones de los Estados Unidos en los países musulmanes que pudieron ser el fermento del atentado contra el WTC de 1993.20

Dejar el camino fácil Reiteramos: tratar de explicar las causas de un ataque terrorista no es igual a tratar de justificarlo, del mismo modo que explicar un cáncer no es igual a justificar su existencia.

Buscar comprender las motivaciones detrás de una acción de violencia política puede convertirse, en un extremo, en un callejón sin salida, tal como es la explicación: los terroristas hacen lo que hacen porque están locos.

En este sentido, la descalificación de los perpetradores de la violencia patologizándolos es un recurso fácil y rentable políticamente, pero que rara vez da cuenta satisfactoria de procesos complejos como el terrorismo. El otro extremo tampoco es mejor. Y en lugar de un callejón sin salida, lo que allí se consigue es un laberinto de alegatos y excusas. En todo caso, la búsqueda de explicaciones es una tarea insoslayable.

Partiendo de cero, un análisis en reversa comenzando con el hecho violento (sus características y especificidades) puede auxiliar a identificar los procesos subya-

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17. Desconocimiento que de hecho resulta sorprendente tomando en consideración que los comunicados del Unabomber incluso llegaron a ser reproducidos por la prensa corporativa, particularmente The New York Times y el Washington Post, ambos, el 19 de septiembre de 1995.

18. Una relación de tales episodios en los diferentes países del Medio Oriente puede encontrarse en el libro La Gran Guerra por la Civilización (Destino, 2006) de Robert Fisk.

19. Ver de Jackson, David y Dorning, Michael “Mcveigh: Loner and Soldier.”

Chicago Tribune. (May 7, 1995) y de Sloyan, Patrick J. “What I saw was a bunch of filled-in trenches with people´s arms and legs sticking out of them.

For all I know, we could have killed thousands” en The Guardian. (Feb 14, 2003.)

20. Entre el 28 de febrero y el 19 de abril de 1993 tuvo lugar en Waco (Texas) una crisis violenta entre autoridades federales y un grupo religioso. Tras 51 días de trance, 4 agentes federales y 81 miembros del grupo religioso habían perdido la vida. Las fuerzas federales fueron acusadas de actuar con brutalidad deliberada e innecesaria. Ver el document Final Report to The Deputy Attorney General Concerning the 1993 Confrontation at the Mt. Carmel Complex Wako Texas (Nov. 8, 2000) también conocido como “Danforth Report.”

21. Las justificaciones de McVeight, no las atrocidades en Idaho y Texas.

Capítulo del libro La Hipótesis Macabra (L.D. Books. México, 2013) de próxima aparición

www.politicaconfidencial.mx

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Escondrijos de la alforja

La reforma de Reforma

O el ecocidio como política pública Por Marcos Marín Amezcua Ha sido un crimen en despoblado y merece denunciarse: se observa una acuciante tala inmoderada y brutal de árboles en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, en una de las secciones más emblemáticas, turísticas y ricas en patrimonio arbóreo, que contaba con robustos árboles asaz frondosos, que no veremos más, cercenados sin la correspondiente sustitución de nuevos especímenes, que es lo más grave y deleznable de todo. Es un claro ejemplo de la política pública mal plantificada, peor ejecutada y equiparable a un ecocidio. Una donde las autoridades al grito de ¡todo se vale! y ¡todo se requiere!, impunes pretextan actuar conforme a los protocolos establecidos (por ellas) sin que nadie frene su saña contra la ecología que nos incumbe a todos. Es intolerable como lo es el silencio de la autoridad. ¿Vivimos la transición hacia una autoridad indolente?

En concreto, el corredor que transcurre de La Palma a la Torre Mayor ha sido deforestado de forma notable y con absoluta impunidad. Semejante crimen debe denunciarse antes de que la fechoría cunda en dirección hacia la glorieta de Cuauhtémoc o llegue hasta Colón, como si faltara. Estamos a tiempo de evitarla, alzando la voz. Mientras que entre La Palma y el monumento a Cuauhtémoc se observan perfectamente los camellones rebosantes de vegetación, en sentido contrario hacia delante, desde La Palma en dirección a Chapultepec, es visible la tala de saña vergonzosa que deja al descubierto una sistemática y silenciosa política de reducir a nada las arboledas de Paseo de la Reforma; una tala que es mucho más que una poda, mucho más que un abrir espacios y delinear frondas para que los árboles no se obstruyan ni se afecten entre sí por su cercanía o por su densidad de ramaje. Pero si estuvieran enfermos cuando se ha denunciado, que sucediera que la autoridad no actuó a tiempo desde que se le advirtió el panorama.

Es un desmoche desastroso, irreparable, sin rumbo cierto como política pública que dice preservar áreas verdes sin hacerlo y actuando tardíamente. Se ha afec-

Foto: Marcos Marín Amezcua

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tado en forma negativa la riqueza arbórea de este importantísimo paseo, devastando su adusto patrimonio arborescente, lo que no nos puede pasar desapercibido por más tiempo. El follaje frondoso de esta ruta ha quedado trespeleque a capricho e incompetencia de las autoridades, dejando vacíos sobre aceras y jardineras y afeando el entorno. Debería de ser un paseo cuidado y en forma, fiel a su origen, a los ojos de todos y para deleite de todos; responsabilidad abandonada por una autoridad prevaricadora que con tanta dejadez va aniquilando su vitalidad.

Habiendo fotografiado durante el último año y medio parajes del distinguido y decimonónico paseo de anchurosas banquetas y otrora abundante floresta, disfrutando el pasatiempo que entraña emplear el tiempo libre, en el trecho mencionado arriba recién detecté tan deplorable ausencia de árboles en La Reforma “echando en falta su sombra” ocurrida de sopetón, pues ahora ausentes, antiguamente la prodigaban sus copas elevadas con su inacabable verdor de tonos variados y profundos, glaucos u oscuros, para regocijo de los viandantes, mitigando las inclemencias del sol de medio día y agradando tanto a la vista. ¿Quién es responsable de este actuar que ahora perpetra nuevas afectaciones en el Paseo de la Reforma? ¿qué autoridad es competente para vigilar, pero también para preservar el patrimonio vegetal de la capital? ¿tenemos verdaderas autoridades? El gobierno del Distrito Federal en manos del PRD presume de transparencia. En esa tesitura pareciera que no la hay al disponer del Paseo de la Reforma para devastar su flora o utilizarlo un día sí y otro también como pasarela deportiva, para montarse a la mitad un árbol de Navidad, para el devaneo y contoneo de las misses de belleza o para ciclistas o patinadores domingueros, lo que con-

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lleva la idea de que todo vale y para todo vale. Merece un ¡basta! ante tanta ocurrencia y dispensa que aflora sin ton ni son. Entre los últimos despropósitos estuvo endilgarle un metrobús a lo largo y ancho, pervirtiendo su uso, razón de ser, historia e imagen. Por fortuna no prosperó la “gran idea” gracias a la sociedad organizada.

Y es que no todo vale para La Reforma y el gobierno capitalino no quiere enterarse.

Si gobiernos anteriores a la gestión del PRD traicionaron la ingente vocación arbórea de la multicitada vialidad, dejando de lado los necesarios, recios, vigorosos y estéticos fresnos decimonónicos “tan lucidores como exuberantes” de notable espesura inexpugnable, que sin formar fresnedas sí que exaltaron la grandiosidad del paseo ideado por Maximiliano de Habsburgo, al ser poseedores de tonalidades envidiables e imperecederas, luego cedieron su sitio a retorcidas jacarandas y álamos de relativo lucimiento y dudosa tradición degradando a tan célebre boulevard de parisina inspiración, por muy provocador que sea el violáceo de las primeras. Luego se atentó contra esta arteria cuando en 2002 Andrés Manuel López Obrador regeneró sus aceras y camellones sepultando grandes extensiones de jardineras con loza de granito en tonos amarillentos, so pretexto, adujo, de favorecer espacios para los transeúntes al ampliar explanadas y veredas pavimentadas, robando mucho verdor necesario a tan insigne vía; pero lo hizo sin traza ni estilo alguno y privó a la ciudad de las requeridas áreas verdes, mancillando el Paseo de la Reforma, cuya vocación es la ser ante todo, un elegante espacio arbolado que armonizaba con banquetas ya suficientes para quien quisiera o requiriera transitarlo.

La medida de López Obrador fue torpe a todas luces.

Tal reducción difícilmente justificada y apenas aceptable, parecía ser lo último que atentaría contra

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sus ajardinados y distintivos espacios. Tristemente no fue así. El gobierno del DF ya ha deforestado secciones como el Parque Líbano en Chapultepec y vimos una depuración exagerada de la Alameda Central, pretextando que contaba con árboles añejos y enfermos o por tener otros carentes de un espacio mínimo necesario.

Ahora van por La Reforma. ¿Qué sigue? ¿echársela al completo? Tal lo parece a juzgar por los resultados.

Antes tiempo ha, mutilaron notablemente árboles del cruce de Reforma y Periférico para proseguir con el deprimido del negocito del segundo piso, destruyendo enormemente y de forma irremediable gran parte de una importante área muy arbolada, afeándola y degradando de forma superlativa el bosque de Chapultepec, muy menguado de por sí. No, no fueron tres arbolitos de un bosque público los que cortaron, fueron muchos más en metros de bosque público robado para una vialidad que está concesionada a particulares. Así de claro.

Y no ha quedado espacio alguno para regenerarlo con nuevas especies en áreas ahora sepultadas por cemento.

Tal cual. Es lastimoso el boquete gigantesco que dejó en Chapultepec ese segundo piso Y ahora atestiguamos una depredación formidable en varios frentes, como ya apuntamos. López Obrador destinó espacios para árboles en las aceras de la vera del arroyo vehicular del Paseo de la Reforma, donde hoy vemos numerosos huecos. Es escandaloso el número de los faltantes sin explicación alguna. En junio de 2011 supimos del anuncio de la tala de al menos 199 árboles y la poda de 214 más por plaga de muérdago. La Secretaría de Medio Ambiente local lo justificaba de forma tardía según denunció la Asociación Mexicana de Arboricultura. Sin embargo, en enero de 2013 la procuraduría local señaló que investigaría si se siguieron los protocolos. ¿Es parte de tales protocolos no plantar nuevos árboles? Su no reposición anticipa incumplimiento ¿no? Así ha pasado y La Reforma ya se nota devastada.

Para complicarla mientras se alardeaba de la política ecológica de ciclismo dominical a lo largo del Paseo, implantada desde 2007, promoviendo la empresa de bicicletas, en tanto la sotafronda de antaño ha desaparecido. Ello porque se renovaron jardineras sin mucho arte ni variedad de plantas “tipos carentes de flor, descuidadas las más y allanando la apariencia otrora elegante del Paseo” La Reforma fue rehén y capricho de Ebrard. El Paseo de la Reforma quedaba al descuido de setos y arbustos, a la falta de imaginación y conocimiento en la variedad de plantas y matorrales de ornato sembrados, de liñas y matas dispersas, en desorden, carentes de composición, sin valor estético que per se las exaltase y que tratándose de La Reforma, debería de ser prioritario atenderlas con un criterio artístico bien fijado en la mente de nuestros gobernantes, al tratarse de tan apremiante y singular avenida. A cambio tenemos la carencia de visión y el desconocimiento de su historia, que reducen el sotobosque ajardinado a uno pobrísimo, casi misérrimo tanto en su diseño como en su variedad, alineación y formación, sin gracia ni concierto alguno por carecer siquiera del más mínimo ingenio de floristas y jardineros y por supuesto, de sus autoridades. Es lo que hay.

En la actualidad es apreciable la ausencia de frondosos y enormes árboles arrancados de cuajo dado los claros y los huecos irreparables que se ven, enormes, en tanto despuntan los edificios que bordean sus costados por el ya inexistente follaje, apelando las autoridades a nuestro despiste y a nuestra desmemoria, negando que sí existieron aunque no eran pocos ni delgados.

No lo conseguirán. Y en su lugar dejaron aserrín de burdas astillas que denuncian la tala, el atentado. Todo ello deslustra el boscaje del Paseo, estropeándolo en su imagen y alodio patrimonial que demerita por mucho

Foto: Marcos Marín Amezcua

el espacio urbano y mengua su belleza hasta la grosería.

Si no se corrigen tantas omisiones de escándalo perpetradas contra gigantescos especímenes destruyendo su frondosidad y que además se denuncian plagados, nos conducirán al deslucimiento y perdidas definitivas de áreas antes de abundante ramaje ricamente arboladas.

Todo ello efectuado como política pública, a menos que todo haya sido una acción ilegal y se reconozca.

Por todo lo expuesto debemos preguntar ¿esa es la política pública que le han destinado al Paseo? ¿quién es el responsable de desaparecer las copas de los árboles robadas al paisaje y que no debió permitirlo sin reponerlas y evitando que enfermaran? ?¿A qué política pública responde semejante deforestación y peor si se debe a una plaga? ¿con qué clase de asesores en urbanismo y jardinería cuenta la capital de la república, tan ufana en serlo, que no haya reparado en prever una emergencia sanitaria armonizando el Paseo y cuidando el tamaño y la frondosidad de sus árboles, garantizando

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salud, belleza y espesura necesarias para hermosearlo? porque debiera ser grato al andar de sus paseantes nacionales y extranjeros. Se ha opacado a sus veredas y jardines bajo autoridades no versadas en salud arbórea ni en arboricultura en general, ni en floricultura ni en botánica a secas, al privarlo de diseños originales y especies llamativas, floridas y refinadas bien cuidadas.

Las preguntas formuladas no sobran porque se aseguraba que por cada árbol talado se plantaba otro o al menos, es a lo que sí se obliga hacer a los particulares en caso similar, tras aplicarles cuantiosas multas. Pero ya se ve que no son parejos en el DF. Resulta imposible encontrar en la Reforma bastos arbolitos plantados que sean menores a dos años. No los hay y ni en número similar a los talados.

En cambio, a todas luces lograron vulnerar y despedazar la apostura del Paseo de la Reforma que no debería de estar en entredicho bajo ningún concepto, para que se justifique la eliminación desproporcionada de su heredad, que nos pertenece a todos y no en exclusiva a las autoridades, desapegadas del mandato de procurar lo mejor al patrimonio a su resguardo, como es el caso de tan prominente vía. Porque dígase claro: una supuesta mejora no justifica la destrucción. El gobierno del Distrito Federal debe mucha explicaciones que no pueden limitarse solo a decir que taló árboles viejos o enfermos. No todos los eran y debería explicar porqué incluso se borraron los rastros de la existencia de poderosos troncos de añejos fresnos vivos, sobre todo, siendo el árbol por excelencia de la destacada arteria, símbolo señero de la Ciudad de México.

Hablamos de la deforestación indignante del soto de un paseo ya próximo a su sesquicentenario en 2014, a partir de las políticas públicas de autoridades que mal primando otras acciones no prioritarias o de plano es que no actúan. En contraste los particulares embellecen sus costados con audaces edificios de novedosa arquitectura y enfocados a la modernidad del siglo XXI, apostando a su espectacular trazo que mucho contrasta con el desgano de las autoridades que lo han convertido es espacio urbano lamentable, deslucido, desangelado, descuidado y sobradamente empobrecido en su herencia ornamental, tanto humana como vegetal. Frente a la afectación de su ingente legado solo tenemos el irresponsable silencio y la inacción de las autoridades que mucho ofende a quienes sí queremos ese espacio. Es cuanto.

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Programas sociales gancho para obtener votos Cruzada Nacional Contra el Hambre, clon de Pronasol La pobreza como mercancía política Por Abigail A. Correa Cisneros La creación de programas para conseguir votos es truco viejo de los partidos políticos para mantenerse en el poder.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ocupó la silla presidencial, previo a los dos sexenios pasados, durante 70 años y el uso de programas para desarrollo social era un pequeño aliciente para los votantes.

El programa actual de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que implementó la Secretaria de Desarrollo Social, encabezada por Rosario Robles Berlanga, tiene sus antecedentes en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien con el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) intentó paliar los estragos del neoliberalismo y lo que traería consigo el Tratado de Libre Comercio para los productores mexicanos.

Los postulados son idénticos, se basan en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”.

El presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha este programa el pasado 21 de enero, con cuatro características principales: Orientación focalizada, es decir que hay localidades en las que se enfocará por ser las más críticas, se trata de 400 municipios con alta incidencia de pobreza extrema y carencia alimentaria.

Asimismo, lo que refirió como Corresponsabilidad, que engloba a todas las dependencias del Gobierno de la República para que participen. “En esta estrategia se conjuntan los esfuerzos de los sectores salud, educación, vivienda, economía, y servicios básicos, como agua, luz y drenaje”, afirman desde Presidencia.

En tercer lugar plantea la Estrategia social que fortalece las capacidades productivas, promete incrementar la inclusión productiva de sus beneficiarios. Es decir, quienes hoy reciben un apoyo, en el futuro fortalecerán sus ingresos como individuos productivos.

Y Energía comunitaria y social, con la que pretende involucrar a los propios beneficiarios en las soluciones que se requieren.

El programa de Carlos Salinas, Solidaridad, se basó en la realización de proyectos de colaboración con los beneficiarios, estableciendo mecanismos de obligación y responsabilidad compartida, a través de los que el gobierno aportaba recursos técnicos y financieros, y los participantes básicamente su trabajo.

El actual programa fue frenado en algunas partes del país, luego de que el Partido Acción Nacional destapara el tramposo plan del PRI para recabar votos a través de la Sedesol con miras a las elecciones del 7 de julio, sobre todo en el estado de Veracruz, donde incluso destituyeron a funcionarios de la dependencia por estar involucrados en el mal manejo de estos programas.

El PAN difundió unos audios grabados durante una reunión de delegados de la Sedesol en Veracruz, se escucha el plan de estrategia priísta para utilizar los programas sociales

Rosario Robles titular de la Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL) en conferencia de prensa. Foto: Hugo Cruz/Procesofoto en su beneficio para las siguientes elecciones. El escándalo fue tal que legisladores del PRD y PAN así como sus aliados, exigieron la destitución de la titular de esta dependencia; sin embargo y a pesar de los ataques que le propinaron, ella se mantuvo firme y durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, sentenció que no dejará el cargo, además se deslindó de cualquier responsabilidad en el tema.

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno mantendrá vigilados y blindados todos los programas sociales para evitar algún uso electoral o que se medren con ellos “así como investigar y sancionar a quienes pretendan utilizarlos con ese fin”, dijo.

Son 70 programas sociales en el territorio nacional dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre para apoyar a 7.4 millones de mexicanos, los que opera el Gobierno Federal.

La inseguridad de los demás partidos fue tal que dieron la espalda al Pacto por México, advirtieron que de no blindarse las elecciones no participarían de éste. Representantes del gobierno federal, así como de los partidos; Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática (PRD), hicieron el acuerdo en el marco del Pacto por México.

En un comunicado dieron a conocer el acuerdo que firmaron con el objetivo de trabajar en la implementación de acciones de corto plazo y en reformas normativas necesarias para perfeccionar el sistema electoral, y elevar con ello la calidad de la democracia.

Repudian cualquier acto ilegítimo o ilegal que realicen autoridades de cualquiera de los órdenes de gobierno, sin importar su origen partidario, y harán lo necesario para prevenirlos y, en su caso, castigarlos.

Las acciones incluyen mecanismos para que organizaciones civiles vigilen los movimientos de los padrones con criterios técnicos sociales y no electorales; criterios que definan el perfil de los delegados federales que manejen programas sociales, y en función del mismo que el Ejecutivo Federal revise la idoneidad de esos nombramientos.

Suspender o adelantar cualquier tipo de asamblea o reunión pública de beneficiarios de programas sociales durante

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los 45 días previos a las elecciones; y adelantar entrega de recursos con igual anticipación.

Asimismo, establecer comisiones plurales en los 14 estados donde habrá comicios para presentar y atender denuncias de intervención indebida de los gobiernos y proponer un acuerdo por el que comprometan a abstenerse de utilizar recursos públicos.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados, de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.

La vieja escuela del PRI se hace presente al traer de nuevo este tipo de programas en supuesto beneficio de la población que vive en pobreza y pobreza extrema.

En los últimos años en materia de combate a la pobreza se crearon, primero en julio del 2001 el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México y segundo la promulgación en diciembre del 2003 de la Ley General de Desarrollo Social que originó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), esto como reconocimiento a la necesidad de cuantificar el fenómeno de la pobreza, así como evaluar los programas implementados para su combate.

El Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México se compone de siete destacados académicos nacionales, expertos en los aspectos metodológicos de la medición de la pobreza, cuyo objetivo fue proveer al gobierno federal de una metodología para la medición de la pobreza en México, ante la dispersión existe de criterios para medir la pobreza, así como para evaluar y dar seguimiento a los programas para reducirla. Esta metodología fue aprobada en agosto del 2002 y adoptada por el gobierno federal y en particular por la Secretaría de Desarrollo Social como el instrumento oficial para cuantificar la pobreza.

Asimismo, el CONEVAL tiene como propósito fundamental revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, por medio de dos elementos: normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo

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Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico.

En noviembre del 2006 el CONEVAL dio a conocer los criterios de resultados para la determinación de las zonas de atención prioritarias, junto con indicadores de pobreza a nivel estatal, municipal y de localidad.

Los gobiernos estatales así como el federal, hacen uso de estos programas para beneficio electoral, cada seis años se promueven en poblaciones marginadas, con altos índices de pobreza a cambio del voto, sobre todo por el partido que se encuentre en el poder.

Las elecciones presidenciales de 2012, en las que el PRI obtuvo el triunfo no fueron la excepción. Casos como el de Monex dejaron clara la dirección que seguiría este partido, marcando la continuidad de una política de coacción del voto.

Las zonas a las que se dirigen son siempre en las que urgen necesidades de desarrollo social, pero durante los seis años de administración en turno los recursos se desvían o desaparecen y siguen las carencias en estas poblaciones, pero obtienen lealtad electoral.

La Cruzada contra el Hambre se traduce como una estrategia de desarrollo social con los mecanismos mencionados, se convierten en una red de intereses políticos que llevan implícitos los presupuestos para desarrollo social mediante los programas populares.

un programa principalmente enfocado al ámbito productivo.

Por su parte, la aplicación del Programa de Nutrición y Salud tenía como característica principal mejorar el estado de nutrición y salud de las familias marginadas del país. Para la aplicación de este programa participaron diversas instituciones como el gobierno Federal, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, así como también, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el IMSS-COPLAMAR, la CONASUPO, LICONSA, el INN, el INI, el DIF y el recién creado Programa Nacional de Solidaridad.

En 1988 se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad cuyo objetivo era el abatimiento de la pobreza de las zonas indígenas y rurales y de la población de las regiones áridas y urbanas, a través de la ejecución de acciones en seis componentes básicos, como son la alimentación, salud, educación, vivienda, proyectos productivos y empleo.

En 1997 se puso en marcha el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), donde se conjugan los subsidios alimentarios y las acciones de salud y educación para asegurar la entrega de un paquete básico, poniendo énfasis en las mujeres y niños en condiciones de pobreza extrema.

A partir del año 2002 PROGRESA se transforma en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, continuando con la estrategia empleada, conservando sus principales características e integrando nuevas acciones con el fin

Antecedentes Los primeros esfuerzos del gobierno mexicano para atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables se llevaron a cabo durante la década de los años 70 del siglo pasado, a través de diversos programas como el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER), la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM).

En 1973 y hasta 1983 estuvo en operaciones el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER).

Su orientación era resolver rezagos sociales y productivos en regiones específicas a través de la inversión coordinada de diversos sectores y niveles de gobierno, ya que esta se había caracterizado por la duplicidad de recursos y esfuerzos. El objetivo fundamental del PIDER era lograr un desarrollo rural integral que permitiera el aprovechamiento racional de recursos naturales y el arraigo de la población en sus lugares de origen. Dependía de la presidencia de la República y contó con apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

COPLAMAR se creó en enero de 1977 con el propósito de llevar a cabo acciones que permitieran que las zonas rurales marginadas contaran con elementos materiales y de organización suficientes para lograr una participación más equitativa de la riqueza nacional, además de que los grupos en condiciones de desventaja alcanzaran una situación de mayor equilibrio.

En el periodo de ejecución de este programa imperaba la tesis del Estado benefactor que asistía a la población en condiciones de marginalidad mediante la asignación de apoyos generalizados, por lo que este programa no pretendía atacar a la pobreza como tal, solamente las condiciones de marginación en el medio rural.

El Sistema Alimentario Mexicano se dio a conocer en marzo de 1980, ante la crisis agrícola suscitada en el país en la segunda mitad de la década de los 70, misma que tuvo como una de sus principales manifestaciones la pérdida de autosuficiencia alimentaria en alimentos básicos tanto del sector agropecuario como del pesquero y la pauperización de gran parte de la población rural.

El SAM se originó como una estrategia para lograr la autosuficiencia en granos básicos y alcanzar mínimos nutricionales para la población más necesitada, aunque se caracterizó por ser

Foto: Germán Canseco / Procesofoto de ampliar el acceso de las familias que viven en condiciones de pobreza, por medio de una transferencia monetaria y suplementos alimenticios condicionados a la asistencia de los niños a la escuela y a la supervisión de sus niveles de salud.

Para el año 2007 Oportunidades beneficiaba a cinco millones de familias en 2,444 municipios y 92,961 localidades y donde aproximadamente el 30% de las familias beneficiadas se encontraban en los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, según datos de Sedesol de año 2008.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), creado en 1998, si bien no es programa exclusivo para el combate a la pobreza, es uno de los ocho fondos que conforman el Ramo 33 y que tiene como objetivo el financiamiento de obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente a los sectores de población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Su antecedente más cercano fue la partida presupuestal nombrada Ramo 26 en 1983 bajo el nombre de Promoción Regional, el cual tenía la finalidad de integrar bajo un solo mando los recursos de los programas como el PIDER y COPLAMAR, así como otros de alcance estatal y regional.

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Pobreza en México en la actualidad En los primeros tres meses de 2013, fallecieron en nuestro país dos mil 70 mexicanos, según informó el presidente Enrique Peña Nieto cuando, el pasado 21 de enero, dio a conocer la Cruzada Nacional contra el Hambre. En esa ocasión el mexiquense destacó que en 2011 habían muerto en México 11 mil personas por desnutrición.

Expertos opinan que la Cruzada Contra el Hambre es una medida de corte asistencialista que, desafortunadamente, fallará como los programas oficiales aplicados en los últimos 70 años para acabar con la pobreza, que ya fueron mencionados.

En estos años, la cifra de pobres aumentó a 52 millones, lo que significa que 46% de la población nacional carece de la alimentación necesaria para sobrevivir, mientras que en contraste, conforme a cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), México es actualmente el segundo país con más número de multimillonarios en América Latina, sólo superado por Brasil con 30.

La diputada panista y ex titular de la Sedesol, Beatriz Zavala, y Armando Contreras, secretario de Alianzas y Relaciones Políticas Nacionales del CEN del PRD, señalaron que el programa del presidente Enrique Peña Nieto, se orienta únicamente a fortalecer su imagen, “a darle legitimidad a su mandato, bajo un programa clientelar, que busca la compra del voto aprovechando la miseria de millones de mexicanos”, destacaron algunos medios.

En este sentido, el PRD impulsó en días recientes, una reforma para blindar los programas sociales y evitar su uso electoral. E l senador Miguel Barbosa Huerta condenó que autoridades estatales y federales pretendan utilizar los programas sociales de la Cruzada Nacional contra el Hambre para inducir el voto de los ciudadanos, como se pretendía hacer en el estado de Veracruz.

Dijo que lucrar con la pobreza a cambio de votos es inaceptable para la convivencia democrática de un Estado Constitucional de Derecho.

“En cada elección federal o estatal se repite la utilización de programas destinados a atender a los grupos sociales en situación de pobreza y vulnerabilidad, para coaccionar votos, en una espiral que parece interminable”, indicó.

Consideró que la actual legislación para evitar el mal manejo de las políticas antipobreza permiten la impunidad para quienes operan estos programas y los utilizan con fines electorales.

El coordinador parlamentario del PRD reiteró que para corregir los vacíos legales son necesarias una nueva generación de reformas que constituyan un verdadero blindaje a los programas sociales que manejan los gobiernos federal, estatal y municipal.

Pero en el Distrito Federal, donde este partido político gobierna, también se usan los recursos destinados al desarrollo social para mantener la fidelidad del electorado. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno del Distrito Federal, rechazó que La Cruzada Nacional Contra el Hambre se implemente aquí.

La titular, Rosa Icela Rodríguez, detalló que de diciembre a la fecha han afiliado a 50 mil capitalinos más a los programas sociales. Del 23 al 27 de abril, periodo en el que creció la polémica por la entrada del programa federal, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a través de la Secretaría que encabeza Rodríguez, aceleró la entrega de tarjetas a adultos y becas a grupos vulnerables.

En los últimos días de abril se entregaron mil 200 becas a personas con discapacidad y mil 737 tarjetas de pensión alimenticia a igual número de adultos mayores. El programa que tiene el mayor número de nuevos afiliados es el de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, con 25 mil derechohabientes.

Gracias a estos programas, en el Distrito Federal sigue gobernando el PRD, pero al mismo tiempo, el PRI, mediante el uso de estrategias que enganchan a los más pobres, incrementa su preferencia en el país; luego de que el PAN, durante el sexenio de Felipe Calderón, ignoró a un sector importante, el atacado por la pobreza extrema.

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Nostalgia del porvenir

Margaret Thatcher, política británica. Foto: Archivo Proceso

Margarita la grande Por Fernando Amerlinck

La llamaban Dama de Hierro, mote que evoca a Otto von Bismarck, pacificador de Europa a base de guerras que dominó la política alemana por 30 años; partidario de gobernar “no con discursos y decisiones mayoritarias (…) sino con hierro y sangre”, como discurseó en 1862. Por algo lo llamaban Canciller de Hierro. Él sí lo era, mas no Lady Margaret Thatcher (1925-2013). Asociarla con el hierro evoca una voluntad firme pero también habla de rigidez y, en el peor sentido, mano dura. No hay que confundir una metáfora metálica con la fortaleza de carácter, como tampoco la temeridad con la valentía, el fanatismo con la convicción, o la intolerancia con la congruencia. Además, asociarla con el hierro limita su estatura. Prefiero asociar a Thatcher —por carácter y cualidades—no con el hierro sino con la grandeza: Margarita la grande.

Entre políticos, gobernantes y grillos raramente se cultiva la grandeza. Afortunado el país que tenga un estadista o dos en un siglo: figuras históricas, hombres de estado con la visión de reorientar el discurso de un pueblo y su identidad ante el mundo. Pobre del que padezca a un destructor que prohíja dinastías de arruinadores con tufo a azufre, desde un totalitario fascista-nacional-socialista hasta populistas como Perón, Echeverría y su duradera progenie hasta recientes como Chávez, que un patético devoto reduce a canturrón pajarraco. También los destroyers hacen historia en este atribulado mundo.

Si es raro un estadista, aún más rara es la grandeza.

Churchill fue idóneo para su época pero no lo veían así en 1940. Estuvo a un pelo de perder ante Lord Halifax, partidario de negociar con Hitler: los nazis habrían triunfado. Churchill decidió combatirlo aunque sufriese derrotas (salvo la Batalla de Inglaterra, que más bien fue error alemán); soportó dos años y medio de críticas terribles y feroces ataques hasta de su propio partido por una derrota tras otra, antes de El Alamein (nov.

1942). Sin duda Churchill tiene perfil de héroe pero no veo mucha grandeza en el guerrero valiente y reactivo anclado en el pasado, que además carecía de las virtudes morales propias de los grandes. No oigo hablar de Winston el Grande.

Veo diferente a Thatcher. La grandeza exige ser

Reichskanzler Otto Fuerst Bismarck

proactivo y visionario hacia el futuro; ofrecer nuevos espacios de posibilidades para regenerar un país y rediseñar su oferta al mundo. Tuvo visión para inspirar a su pueblo a mejores destinos, ofrecer realidades, paciencia para seguir su plan, talento para persuadir y vender un proyecto de futuro, capacidad de negociación para hilar fino durante tres años antes de empezar a cosechar. Y al estilo Churchill aguantar mecha: burlas, denuestos y desprecios en la venenosa prensa y en el Parlamento, huelgas, revueltas en las calles.

Ella creía en las mujeres y hombres ordinarios: en el ama de casa y la gente de clase media baja como su padre y como ella; en su laboriosidad e imaginación, y ante todo en su libertad. Los prefería sobre las grandes estructuras piramidadas de sindicatos repletos de privilegios y exclusiones, empresas nacionalizadas hemorragiando dinero, e ilimitado apetito de subsidios a cargo de gente trabajadora que contemplaba desde afuera a las pirámides monopólicas y les pagaba sus

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cuentas malas. Vio que subsidiar lo que no sirve había llenado a su patria de víctimas invisibles que perdían su empleo y solo servían para pagar impuestos.

“Los dos grandes problemas de la economía británica son los monopolios de industrias nacionalizadas y los monopólicos sindicatos”. A ambos les declaró la guerra, así como a las reglamentaciones y controles, sabedora de que no es más sabio ni toma las mejores decisiones el burócrata, sino la gente que ve por sus intereses y arriesga su propio dinero.

Y ganó la guerra, claro que con altísimos costos económicos y humanos. Es inevitable llamar a cuentas luego de sostener, a nombre del socialismo y la justicia “social” a grupos muy organizados y revoltosos. Pero ¿quién es más culpable del daño a familias reales: el que —con una visión de corto plazo— infló la moneda, regaló prebendas a los apoyadores del partido laborista, construyó monopolios y mantuvo viva a contrapelo la industria obsoleta; o quien tiene que revertir esas malas decisiones? ¿Es más culpable quien se atreve a hacer lo necesario, que quien no se atrevió durante décadas?

Margaret relataba cuántas ventajas tuvo: una, no tener dinero; la otra, un padre que le enseñó que todo hay que pagarlo y nada es regalado, además de que (habiendo él tenido que abandonar la escuela a los 13 años) la enseñó a leer y era el más ávido usuario de la biblioteca pública. Ni su padre ni el ama de casa Thatcher vivieron de prestado. ¿Por qué un gobierno tiene que ser diferente?

Claro que Thatcher creía en la gente independiente. Enfatizó la responsabilidad individual, no la estatal; prefirió confiar en la iniciativa privada con incentivos a la productividad y a la generación de riqueza bajando en serio los impuestos y restricciones al trabajo, y emparejando el terreno para las oportunidades, no para forzar una redistribución a base del arbitrio estatal. A partir de eso redescubrió un vocablo: privatización.

“Quise usar la privatización para alcanzar mi ambición de una democracia poseedora de capital. Un estado en que la gente tuviera casas, acciones y un papel activo en la sociedad, y que le pudieran heredar riqueza a las siguientes generaciones”. Claro que votaba por ella la gente que ya tenía casa y participaba en las industrias; claro que los grandes sindicatos dejaron de sabo-

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empleo rieleros, mineros y obreros, esos a quienes su antecesor Harold Wilson acusaba de torcerle el brazo. “¡Las fábricas de coches nos pusieron una pistola en la sien!” se condolía tras ceder ante ellos. A todo primer ministro, conservador o peronista (¡perdón! laborista) lo hacían rehén con huelgas y amenazas que arruinaron al pueblo no piramidado, con inflación del 20%, 5 veces peor que en Alemania; el desempleo era del doble.

Hablemos de valor: se enfrentó y derrotó al mismo tiempo a sus Gordillo, Romero Deschamps, Hernández Juárez, Martín Esparza, López Obrador; sus Pémex, CFE, IMSS y CNTE; a la venenosa prensa, la oposición y su propio partido. “Soy la cabeza rebelde de un gobierno establecido” llegó a decir. Y contó con el apoyo de un pueblo al que supo repartir en propiedad privada los beneficios que antes se llevaban sindicatos, monopolios y burocracia. Ante su cortejo, propietarios de clase media portaban cartulinas que decían “Thank you”.

Winston Churchill

tear la economía nacional. En México la privatización convirtió monopolios estatales en oligopolios privados; privilegios oficiales en privilegios a los cuates. No es raro que privatizar los privilegios tenga mala fama.

La pequeña Bretaña En 1976 viajé a una Pequeña Bretaña socialista y sucia que producía coches malos, hundida en la inflación y el pesimismo: la enferma de Europa. James Callaghan, a la sazón primer ministro, confesó “si yo fuera más joven, emigraría”. El Wall Street Journal editorializó “Adiós, Gran Bretaña, gusto en haberte conocido”.

Dejaba de ser una sociedad libre en esa época aciaga; la candidata Margaret Thatcher declaró en 1979 a la BBC “No puedo soportar ver a la Gran Bretaña en decadencia. ¡De plano no puedo! Nosotros que derrotamos a media Europa y la salvamos; los que mantuvimos a media Europa libre, pues de otra manera estaría en cadenas, ¡mírennos ahora!”

Once años después nadie hablaba de decadencia.

Aparte de salvarla del desastre económico consiguió convertirla en motor de progreso económico auténtico, sin industrias absurdas ni viviendo de un pasado largamente obsoleto. Fue de nuevo ese gran país un lugar abierto, alegre, empresarial y feliz, con menos impuestos y huelgas y mejor productividad; lejos de querer emigrar como aquél laborista que además fue gobernante, los inversores extranjeros hacían cola para entrar.

Aparte de eso, junto con Ronald Reagan (a base de realidades exitosas, políticas e ideas sensatas) ayudó a la implosión de la Unión Soviética al exhibir las ventajas civilizadoras de la libertad; siempre bajo la convicción de que quien sostenía sus principios, nada tenía que temer del comunismo ruso. Si ésa no es una figura histórica grandiosa, no sé qué pueda ser.

Sus peores críticos recuerdan hoy que perdieron su

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Ronald Reagan

Nada le habría sido posible sin una sólida preparación académica para, con gestión política, convertir las ideas en consecuencias y las convicciones en acción.

Vale la pena repasar esa historia.

Luego de la II Guerra, los socialistas gobiernos laboristas desmantelaron la marina y el imperio, ejercieron la planeación central de la economía, nacionalizaron industrias. Vio con terror esa tendencia un productor de pollos, Antony Fisher, que había leído el libro Camino de Servidumbre, del austríaco F. A. Hayek, donde hablaba de la consecuencia irremediable de la planificación central (el fracaso) y la exacerbación de los planes, con la consecuencia de aplastar al individuo en la servidumbre.

Buscó Fisher al autor, maestro en la London School of Economics, para preguntarle si le recomendaba entrar a la política para contrarrestar esa tendencia pero Hayek le dijo que lo mejor sería influir intelectualmente en los políticos mediante la academia. Fue así que ese productor de pollos fundó en 1955 en Londres un think tank, The Institute of Economic Affairs. Ya Hayek había cofundado desde 1947 la Monte Pèlerin Society para defender la libertad de expresión, el libre

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mercado y la sociedad abierta. La idea prohijó unos 150 institutos parecidos en todo el mundo.

En los 60s y 70s la joven parlamentaria Margaret Thatcher estuvo cerca del Institute of Economic Affairs, y ya primera ministra agradeció: “Fue primariamente vuestro trabajo fundacional lo que nos hizo posible reconstruir la filosofía sobre la que nuestro partido ha triunfado”. Y de Camino de Servidumbre: “En este libro nos inspiramos”. ¿Qué ha pasado desde fines de 1990? Las cualidades de Margarita, esenciales para librar una guerra, le sirvieron menos en tiempos de paz. Además hizo un criticadísimo impuesto comunitario a tasa fija —el poll tax—. Ante la oposición, como toda profesional de la auténtica política, prefirió renunciar.

Eventualmente el socialista Tony Blair cosechó los logros de Thatcher en un país pujante, pero por motivos ideológicos abrió las fronteras a la inmigración, unos 500,000 al año (los musulmanes se han multiplicado por cuatro desde entonces; cuidado con alterar el carácter inglés y su señero talante de tolerancia).

El sucesor laborista de Blair, Gordon Brown, con pretextos baladíes vendió 395 toneladas de oro de reservas (más de la mitad) a 275 dólares promedio, especialmente para comprar… ¡¡¡euros!!! Hoy el oro ronda los 1,450 por onza. (Y vendió ese oro, luego se supo, para beneficiar nada menos que al ajonjolí de todos los males financieros recientes: Goldman Sachs.)

Una cosa más tienen que agradecer a Thatcher hoy: su categórica oposición a entrar el euro. Sabía que sería Alemania la gananciosa. (Y esto lo digo yo: Alemania se está tragando a la financieramente débil Europa sin necesidad de la Wehrmacht.)

Desgraciadamente, eso no impidió que los laboristas incurrieran en lo que ha arruinado a los países del I y III Mundos: las deudas. Hoy Gran Bretaña tiene un índice de deuda a PIB peor que México. Y eso, como en toda Europa, para mantener a un típico socialista Estado-Mamá, regulador, controlador y protector desde la cuna rumbo a la tumba (mientras más pronto mejor). Como siempre, la divisa socialista es “pobreza igual para todos”. En vez de eso, Thatcher explícitamente defendía a quien se atreve a tomar riesgos y a que el gobierno no pretendiera quedarse con la parte del león, porque además de ser monstruoso, nadie querría ser león. Pero Thatcher ya se murió.

Ni modo; pero algo queda de la enorme herencia de Margarita la Grande. Según un inglés a quien respeto, fue la última vez de una GB libre. No es raro: la movía ante todo (como a quien esto escribe) la libertad.

Profesor James Tooley en la IEA

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Educación Finlandesa: ¿Qué puede aprender México?

Por Luis Angel Pérez Finlandia y México son países opuestos que no solo divergen entre sí por su localización geográfica, tamaño poblacional e historia, sino que también han mostrado resultados contrarios en cuanto a temas de competitividad, desarrollo económico y especialmente en materia educativa. Desde que la OCDE comenzara en el año 2000 a elaborar el informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) el país nórdico ha ocupado los primeros puestos en todas las ramas por su exitoso sistema educativo mientras que los estudiantes mexicanos han registrado poco avance y un nivel general por debajo de la media. La coyuntura educativa que atraviesa nuestro país hace más que oportuno conocer, aprender y reflexionar sobre el sistema educativo finlandés para así vislumbrar – aunque sea de manera imaginativa – lo que algún día podría ser una realidad para todos los niños de México.

La educación concebida como la formación (formal e informal) que una persona recibe a lo largo de su vida es vista en Finlandia como el resultado de tres estructuras primordiales: la escuela, la familia y los recursos socioculturales. Los tres canales son complementarios y operan de manera coordinada. El éxito escolar no se puede alcanzar cuando se presenta la ausencia de uno.

Hasta ahora todo parece lógico pero las novedades vienen a continuación. La escolarización obligatoria y pública empieza a los siete años de edad, más tarde que en otros países occidentales, debido a que se considera que a dicha edad los infantes poseen la suficiente madurez intelectual para aprender y asimilar información básica. Durante los primeros seis años de primaria los niños tienen al mismo maestro para la mayoría de las

Aula en Helsinki, Finlandia

“Es un honor nacional ser maestro de Primaria” Jari Lavonen (Director de Formación de Profesores de la Universidad de Helsinki)

Escuela en Finlandia

materias y no existen calificaciones numéricas hasta el quinto año. A diferencia de otros sistemas educativos occidentales en donde se fomenta la competencia y comparación desde una edad temprana, la educación básica finlandesa busca a través del maestro velar por la estabilidad emocional de los alumnos, fomentar su seguridad y brindar atención especializada a todos los niños para que ninguno permanezca rezagado.

En una primera instancia se podría pensar que los niños en Finlandia dedican una gran cantidad de horas por día a la escuela pero no es así. A diferencia de lo que ocurre con los niños orientales, los alumnos solo acuden a clase durante cuatro horas al día ya que se considera que jugar es una parte importante que contribuye al sano aprendizaje durante la niñez. Pero el proceso educativo no termina en la escuela, continúa en el hogar. Los padres tienen la convicción de que son los primeros educadores de sus hijos y complementan el esfuerzo hecho en la escuela. El 80% de las familias finlandesas acuden a la biblioteca pública durante el fin de semana. Este hecho aunado a otros factores sociales y culturales ayudan a que la formación de los menores ocurra de la manera más eficaz posible.

Uno de los aspectos más relevantes sobre el sistema educativo de Finlandia y sobre el cual México puede sacar el mayor provecho es la figura e importancia social que se le otorga a los educadores finlandeses.

Se piensa que durante la edad temprana se construyen los cimientos de los conocimientos posteriores y es por eso que se debe tener a los mejores profesionales para acompañar a los infantes durante el proceso. La

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profesión de docente se compite a gran nivel entre los postulantes (se admite a menos del 10% de los aspirantes) y una vez graduados la planta de profesores goza de un salario competitivo. El desempeño docente es evaluado constantemente, buscando no sólo entregar educación de la mejor calidad posible sino también valorar y mejorar su capacidad de comunicación, empatía y aptitudes artísticas.

Así como no existe una receta para el crecimiento económico tampoco existe una para el éxito en materia educativa. Sin embargo, aprender de las experiencias de otros países así como adoptar algunas medidas de acuerdo con nuestra realidad nacional puede resultar benéfico para nuestro avance. Lo primero que tenemos que mantener en pie es el hecho de que la educación no debe seguir siendo utilizada como un arma política y el derecho a la educación de calidad de los niños mexicanos debe estar encima de cualquier interés particular.

En este proceso será importante recordar que cuando se habla de educación no se debe centrar el debate sólo en los maestros – a veces juzgados de manera incorrecta – sino también cuestionar qué está haciendo el gobierno a través de sus políticas educativas y de gasto, qué están haciendo los padres en el hogar y cómo está contribuyendo la sociedad en su conjunto para que la formación sea integral. El esfuerzo tanto en recursos económicos, políticos y humanos que haga un país por la educación de las próximas generaciones será determinante para el éxito o fracaso del mismo. Ahí, tenemos una tarea pendiente.

Fuente: OCDE - PISA

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Los Intelectuales en el Poder

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El regreso del PRI (y sus consecuencias en la vida cultural) Por Eduardo Mejía

Luis Echeverría Álvarez. Foto: archivo procesofoto

Era fama que, en la mayoría de las oficinas gubernamentales, había un solo horario: el de entrada, porque no se sabía a qué hora podrían salir los mandos medios; ellos dependían de cuándo salieran de su despacho sus jefes inmediatos: los jefes de oficina, cuando se iba el jefe del departamento; éste, cuando salía el subsecretario o el oficial mayor, y éstos, cuando por fin salía el secretario; si tenían suerte, él podría dejar la oficina más o menos temprano, si tenía cita con otro secretario, con algún gobernados, o en Los Pinos (antes, en Palacio Nacional). Eso, si no se le ocurría decir a su secretario particular: “ahi me avisan si surge algo importante”, lo que los encadenaba a la oficina en espera de la llamada que los liberara, llamada que no siempre se producía; entonces los subsecretarios podían tomar la iniciativa alrededor de la medianoche, con el riesgo de que el jefe hablara para ver si no se había ofrecido algo. A veces se ofrecía: se sabe que cuando ocurrió un accidente fatal, el jefe de prensa, pensando que ya se había acabado la jornada, estaba jugando dominó, y no se enteró de la tragedia hasta que su jefa, sin orientación, hizo declaraciones imprudentes; a ella no le costó el puesto sino a su jefe, por no estar al pendiente y creer que, luego de las seis de la tarde, había acabado la chamba.

Me tocó trabajar cerca de algunos funcionarios, cuando publiqué, en coedición con algunas secretarías de Estado, monstruosas colecciones de libros; nomás por fastidiar, le preguntaba a alguno de esos funcionarios menores (jefes, coordinadores, subjefes), cuál era su horario; con distintas palabras, la conclusión era “a la hora que se va el jefe”; y por seguir fastidiando, los interrogaba más: y a qué hora es eso: la respuesta: cuando se va su jefe. Me tocó recibirlos los domingos a las siete de la mañana, porque unas pocas horas antes les habían avisado que deberían de llevarme un material que se habían encontrado, y que tenía que entrar a fuerzas en el libro, aunque no me habían avisado. Me tocaron reclamos: te buscamos anoche, y ya te habías ido. ¿A

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qué hora?, les preguntaba: a las 10 de la noche. Yo salgo a las ocho. Su respuesta era contundente: cuando hay una orden del presidente, hay que cumplirla a fuerzas.

Mi respuesta también lo era: mi jefe no es él, mi jefe es el el director de la editorial. Esa respuesta los desconcertaba.

Es fama que ha habido presidentes que trabajan de tiempo completo; en sus libros sobre la política de los años sesenta y setenta, Daniel Cosío Villegas da cuenta de esos avatares, de las llamadas sorpresivas del presidente Echeverría a altas horas de la madrugada, que muchas veces agarraban fuera de base, según la expresión beisbolera, a los secretarios, quienes se veían forzados a estar al pendiente de la llamada a veces a las siete de la mañana, cuando el presidente ya estaba listo para sus jornadas extenuantes; es también conocido que tuvo un secretario que consideraba su deber trabar bien, lo que no significaba estar 18 horas en las oficinas; ese funcionario no terminó su periodo como secretario del Patrimonio Nacional.

Esa condición no concuerda con la imagen que tenemos de los burócratas, que no abren sus ventanillas o no están en su escritorio a la hora en que oficialmente comienzan sus funciones, que interrumpen la jornada varias veces para el lunch, el café, los esparcimientos, el maquillaje; son trabajadores que no están sujetos a la vigilancia del secretario, subsecretario, jefe de departamento. O no estaban.

El regreso del PRI ha significado un regreso a los horarios esclavizantes; los funcionarios medios ya no tienen hora de comida, ya no pueden hacer planes para ir al cine, al teatro, a conciertos: saben a qué hora entran, pero no a la hora que pueden ir a dormir; casi nunca lo consiguen antes de las diez de la noche; hay

Luis Echeverría. Foto: Rogelio Cuéllar

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algunos cuyas funciones implican estar despiertos hasta las dos o tres de la mañana, sin que por ello se les recompense con un horario más flexible; la mayoría, como antes del triunfo de Fox, salen a la hora que se va su jefe; y los nuevos secretarios, pocos de ellos con experiencia en estas labores, quieren demostrar al presidente que ellos sí trabajan, y para ellos trabajar significa estar, dicho en las palabras del iconoclasta Renato Leduc, “culiatornillado” en su escritorio.

Los burócratas, mucho más que los trabajadores de la iniciativa privada, forman mayoría entre quienes asisten a conciertos, a las salas de cine, a las obras de teatro; ahora, cuando llegan a hacerlo, desobedecen las órdenes de entrar a esas salas con el celular apagado; cuando mucho, lo tienen en silencio, pero atentos a la función de vibrador (sin implicaciones eróticas), porque a mitad de la función los llaman: “que dice e jefe que te regreses, surgió algo importante”; por lo regular, van a obras de teatro conciertos, cerca de su lugar de trabajo, para retornar a su chamba de manera inmediata; a veces, sólo para servir café. La asistencia de la burocracia intelectual ha disminuido de manera drástica en estos últimos cinco meses; o cuatro, porque los cambios drásticos empezaron en enero, y no han terminado: los subsecretarios, jefes de departamento y de oficina siguen ejerciendo el terrorismo, y no han dejado de pedir a sus empleados que les dejen su puesto a un nuevo recomendado. Ser burócrata ya no es un privilegio, y ahora andan demacrados, han adelgazado, ya no pueden hacer citas, y muchos han visto en peligro su vida familiar, porque están en sus casas sólo los sábados y los domingos, tratando de reparar fuerzas.

Y eso si no comienza su teléfono: “que dice el jefe que dónde estás”.

Entrevista

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La Imagen del Poder

Antonio Castro Chiquito, un buen candidato para Huaquechula Por Ernesto Morán Santoyo* Hace algunos años, en un evento político escuché hablar de Huaquechula, Puebla, y de Antonio Castro Chiquito, los comentarios fueron buenos, pero hoy que tuve la oportunidad de entrevistarlo, manifiesto mi reconocimiento a este hombre que en su mirada y con sus palabras, genera la confianza que muchos políticos quisieran. Por eso no tengo ninguna duda en titular mi artículo de esta manera, porque efectivamente es un buen candidato para Huaquechula. Presento a ustedes amables lectores, la entrevista completa que hice a Don Antonio, en donde vierte mucho de lo que piensa hacer si llega a la Presidencia Municipal y en donde deja ver varias veces, la parte fundamental de su frase de campaña: ¡El gran amor por Huaquechula!

–¿Por qué quiere ser Presidente Municipal de Huaquechula?

Por el gran amor que le tengo a Huaquechula, porque siento que el próximo periodo administrativo es ideal para conseguir una gran transformación en el Municipio, porque siento que mi carrera de Licenciado en Administración de Empresas, es la herramienta ideal para conseguir esta transformación, porque admiro y reconozco el gran trabajo que en el Estado de Puebla, está desarrollando el Doctor Rafael Moreno, del que siempre, digo con todo respeto, es un Gobernador de grandes ligas y quiero jugar en su equipo, sueño, veo lejos, me veo con proyectos ejecutivos en la mano, pidiéndole que me apoye, lo veo, con su afectuosa sonrisa, diciéndome sí Castro, haremos un gran trabajo en tu Municipio.

–¿Lo ha tratado personalmente?

Sí, he tenido ese privilegio. He conocido en mis 57 años de vida muchísimos políticos y me sobran dedos de las manos para enumerar a los políticos que admiro, el Doctor es uno de ellos, es un hombre con una memoria privilegiada, con un intelecto fuera de lo común, con una increíble facilidad de improvisación. En una ocasión, una reportera le pidió una entrevista por teléfono en relación con una iniciativa de ley que él había presentado, le dijo que sí y le dictó una verdadera cátedra que me dejó anonadado.

–¿Qué implementará para que el electorado sienta que usted es la mejor opción para dirigir los destinos de Huaquechula?

Mi esperanza está cifrada en que conozcan mis propuestas, con todo respeto para los otros candidatos, no tengo la menor duda, que las mías, serán las mejores, una a una han sido minuciosamente analizadas por mi equipo de campaña y un servidor y todos coincidimos y esperamos que el electorado también así lo vea, de llevarse a cabo Huaquechula en el año 2019.

–¿Cuáles son sus principales propuestas?

Te voy a mencionar las 10 principales: Primera.- Presentaré un proyecto ejecutivo, sustentable al Gobernador del Estado para volver pueblo mágico a Huaquechula, el otrora gran Huaquechula, podría renacer como un ave fénix, para hacer nuevas historias.

Segunda.- Seguridad Publica, daremos prioridad a este rubro, el Municipio merece Seguridad Publica de primera porque somos o debemos ser un Municipio de primera.

Tercera.- Obra Publica.- haremos muchas carreteras, la más grande del Municipio, yo la gestioné y me siento orgulloso de ello, ahora pavimentaré el camino para Santo Domin-

Antonio Castro Chiquito go Ayotlicha. Reconstruiré las carreteras para San Diego el Organal y la ruta de evacuación en su tramo Huaquechula, san Antonio Cuautla, obra muy importante porque el Popocatepetl sigue siendo un riesgo y hay que estar muy atentos con él, también nos coordinaremos con el ayuntamiento de Atlixco para pavimentar el tramo de Tenextepec a la Soledad Morelos y pavimentaremos el camino viejo Huaque-

chula-Atlixco, esta carretera beneficiara tremendamente a La Soledad Morelos, Teacalco de Dorantes y el Tronconal, beneficio similar al que obtuvo Cacaloxuchitl con la construcción de la actual carretera.

Cuarta.- El campo. Implementaremos buenos programas en apoyo al campesino, Créditos sin réditos, Tecnificación del campo, reviviremos Alianza para el campo buscaremos convertir gran parte de las tierras temporaleras en tierras de regadío, lo conseguiremos ya lo verán.

Quinta.- Salud. Construiremos el Hospital Regional.

Presentare al gobernador este ambicioso proyecto que seguro estoy lo hará suyo, la ubicación geográfica de Huaquechula es idónea para traer este beneficio a la gente de su municipio y municipios circunvecinos.

Sexta.- Servicios. Construiremos en Huaquechula un CIS Centro integral de servicios, me adelantare a los municipios de Atlixco e Izúcar de Matamoros y presentare al Gobernador el proyecto ejecutivo para construirlo en terrenos huaquechulenses, en esos mismos terrenos construiremos la primera etapa de nuestro corredor gastronómico, ya es tiempo de que todo Puebla, México y el mundo conozcan y saboreen la riquísima cocina huaquechulense.

Séptima.- Industria y Comercio. Mucha gente en Huaquechula vive de la crianza y compra venta de ganado vacuno, construiremos un rastro municipal, en donde se ofrecerá solo carne de primera calidad, para ello implementaremos programas de capacitación a los ganaderos para que siempre puedan llevar al mercado reses de primera calidad, por la carne de cerdo no nos preocupamos ya se produce de excelente calidad en la granja “los pinos” ubicada en la comunidad de Tlapetlahuaya, inspectoria de nuestro municipio Octava.- Deporte. Crearemos escuelas de futbol y beisbol ya tenemos un programa preparado que denominamos En busca de estrellas.

Novena.- Generación de Empleo.- En todas las juntas auxiliares e inspectorias municipales acorde a su población crearemos fuentes de empleo, en asambleas generales que llevare a cabo en todas las comunidades preguntare que quieren que construyamos, haremos lo que la mayoría pida.

Decima.- Cabecera Municipal.- dejé para lo último lo que pienso hacer en la cabecera, hace poco tiempo tramite y conseguí con el apoyo del Gobernador actual el registro definitivo de nuestras aguas de regadío, son muy buenos litros que no nos llegan por que se evaporan en el camino, entubaremos todo el tramo desde donde nace hasta el jagüey crustitla que es donde se almacena, nos llegara van a ver, mucha más agua que el jagüey resultara insuficiente, no la tendremos almacenada, la regaremos en las huertas y terrenos de Huaquechula para que nuestros abuelos vuelvan a ver sus huertas como las vieron hace muchos años, ese será otro de mis grandes compromisos, construiremos además un mercado municipal, un auditorio municipal que solamente sea eso auditorio, espacios para los jóvenes, todo acorde al proyecto no lo olvides de que Huaquechula puede y debe ser “Pueblo Mágico” Así concluyó la entrevista y efectivamente compartí con Don Antonio una exquisita sopa de cebolla y un sabrosísimo adobo de carne de conejo, acompañados con agua fresca de tamarindo, que por cierto se produce de excelente calidad en esta hospitalaria comunidad. *Consultor en Percepción emoran@ergopercepcion.mx @EMoranS

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