Apartado conclusivo: ¿Qué se puede hacer frente a los pendientes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes en Chiapas?
Desde un enfoque de derechos humanos resulta indispensable conocer, con la mayor evidencia posible, cuáles son las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes para diagnosticar el acceso al ejercicio de sus derechos, identificar dónde están las situaciones críticas y visibilizar aquellos pendientes que requieren, por parte del Estado, urgente atención. Adicionalmente, la situación generada por el COVID-19 ha profundizado desafíos en el ingreso, situación laboral, salud, educación y alimentación, ampliando las brechas de desigualdad previamente existentes. El estudio “Infancia Cuenta en Chiapas 2021”, es una herramienta de información que proporciona orientaciones actualizadas respecto a las condiciones de vida y retos en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes de la entidad. Lamentablemente, los resultados del análisis refrendan el contexto de desigualdades históricas que cruzan al estado. Chiapas es la entidad federativa del país donde la población presenta más rezago educativo, más carencia por acceso a la seguridad social y menores ingresos en comparación con el promedio nacional. Además, está entre los primeros tres lugares con población sin acceso a los servicios y sin calidad, y espacios de la vivienda (CONEVAL, 2021). Las condiciones de la población general se tornan más adversas cuando focalizamos el análisis en infancia y adolescencia, demostrando que las condiciones de desigualdad de niñas, niños y adolescentes en Chiapas requieren de intervenciones gubernamentales precisas para garantizar el acceso a los servicios y atención durante los primeros años de vida. El Estado en sus distintos niveles tiene obligaciones inmediatas y particulares para impulsar o fortalecer estrategias de protección a la infancia y adolescencia con presupuestos suficientes, concentrándose especialmente en los grupos donde se encuentran las situaciones más críticas y orientando sus intervenciones con los estándares más altos de protección a la infancia. El análisis de los datos permitió identificar que hay tres grupos sobre los cuáles es prioritario focalizar las acciones estatales: ia nc a fa nt In ue ico pas C éx ia M Ch en
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