Estado de situación

acceso a ayudas o a vivienda. Estas ayudas deben ser accesibles también a jóvenes tuteladas o extuteladas, migrantes y solicitantes y beneficiarias de protección internacional o temporal, o pertenecientes a minorías étnicas. Los y las profesionales sanitarios/as y las FFCC de Seguridad del Estado deben recibir la formación necesaria para atender de forma adecuada a niñas y mujeres jóvenes víctimas de trata o explotación sexual, así como aquellas que hayan sufrido prácticas como MGF o víctimas de matrimonio forzado.

Estado de situación

Violencia machista contra mujeres adolescentes y jóvenes

El 71,2 % de las mujeres de 16 a 24 años y el 68,3 % de las mujeres de 25 a 34 años han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de sus vidas, frente al 42,1 % de las que tienen 65 o más años. Por lo que respecta a las jóvenes de 16 a 24 años, para el estudio DGVG 2020, han sufrido violencia sexual fuera de la pareja en mayor proporción (11,0 %) que las mujeres de 25 o más años (6,0 %). También están más concienciadas: el 89,2 % de las jóvenes han denunciado, buscado ayuda formal o han hablado de esta violencia con personas del entorno frente al 72,6 % de las mujeres de 25 o más años. La prevalencia del acoso sexual entre las mujeres de 16 a 24 años es muy superior al de las mujeres de 25 o más años: el 60,5 % lo han sufrido en alguna ocasión y el 34,7 % antes de cumplir los 15 años de edad frente al 38,0 % y al 16,6 % respectivamente de las mujeres de 25 o más años. La prevalencia del stalking o acoso reiterado entre las mujeres de 16 a 24 años es superior al de las mujeres de 25 o más años: el 26,2 % lo han sufrido en alguna ocasión y el 13,0 % antes de cumplir los 15 años de edad frente al 13,9 % y al 2,6 % respectivamente de las mujeres de 25 o más años (DGVG: 2020). En el ámbito de la pareja, el 19,3 % de las mujeres jóvenes (16-24 años) que han tenido pareja alguna vez ha sufrido violencia física o sexual de alguna de estas parejas a lo largo de la vida, frente al 14,4 % de las mujeres que tienen 25 o más años. El 46,1 % ha sufrido algún tipo de violencia psicológica frente al 31,9 % de las que tienen 25 o más años. Las mayores diferencias se encuentran en la violencia psicológica de control, que han experimentado dentro de la pareja: el 43,8 % de las mujeres menores de 25 años frente al 26,5 % de las mujeres de 25 o más años, específicamente en relación con los celos “Se enfada o se ha enfadado si habla con otro hombre o mujer” (16-24 años: 30,2 %, 25 o más: 15,2 %) y el control “Insiste oha insistido en saber dónde está usted en cada momento” (16-24 años: 29,3 %; 25 o más: 16,2 %, (DGVG 2020). Según el IJE2020, aunque la mayoría de jóvenes desaprueba las conductas de control dentro de la pareja, este rechazo destaca entre las mujeres. Así, desaprueban que la mujer deba vestir como indique el hombre (90,5 % ellas; 79,4 % ellos), mirar el móvil de

la pareja (77,7 % ellas; 69,7 % ellos) o los celos (72,2 % ellas, 60,1 % ellos). Los hombres, sobre todo aquellos de edades inferiores, de 15 a 19 años, aceptan en mayor medida las conductas controladoras o más estereotipadas en comparación con las mujeres (IJE: 2020). En el informe DGVG 2020, el 80,8 % de las mujeres jóvenes que han sufrido violencia de la pareja actual o pasadas afirman que esto les produjo alguna consecuencia psicológica, frente al 68,6 % de las mujeres de 25 o más años que han sufrido esta violencia. El Observatorio estatal contra la Violencia doméstica y de género recoge desde 2003 el número de víctimas mortales de la violencia de género y de denuncias formalizadas. Desde 2003 hasta octubre de 2021, 45 mujeres menores de 21 años, en la franja de 13 a 21 años, han perdido la vida a manos de su pareja o expareja. Sólo 11 de ellas habían denunciado, un 24,4 %. Estos datos alertan sobre la grave incidencia de la violencia machista entre las mujeres más jóvenes y su especial vulnerabilidad. Otro reciente estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha revelado que las formas de violencia sufridas en mayor medida a través de internet por chicas entre 14 y 20 años son mostrar (48 %) o pedir fotografías sexuales (43,9 %); y se sitúa en el 23,4 % respecto a recibir peticiones de cibersexo online. Este estudio pone en evidencia que esta forma de violencia no es percibida por ellos como tal, ya que el porcentaje de chicas que dice haberlas sufrido es notablemente superior al de chicos que reconocen haberla ejercido (solo el 17,1 % de los chicos reconoce haber pedido fotografías sexuales). El 7,4 % de los chicos reconoce que ha pedido cibersexo online (DGVG: 2021).

Tabla 4. Situaciones de acoso sexual online sufridas por las chicas

Nunca Una vez Dos veces Tres veces omás

Me han pedido cibersexo online Me han pedido continuar hablando de sexo después de pedir que parara Han difundido rumores online sobre mi conducta sexual Me han pedido fotografías mías de carácter sexual online Me han mostrado imágenes sexuales online He recibido correos electrónicos o mensajes sexuales no deseados 76,6% 8,1% 4,7% 10,7% 81,3% 7,6% 4,3% 6,8%

88,4% 5,5% 2,3% 3,8%

56,1% 12,6% 9,4% 21,9%

52,0% 13,8% 10,8% 22,5%

63,2% 11,5% 7,9% 17,4%

Fuente: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (2021).

En cuanto a la percepción de existencia y gravedad de la violencia machista por sexos, los chicos parecen cada día menos conscientes de esta problemática.

Eso se refleja en la comparativa entre los datos de 2019 y 2021 de la encuesta CRS/FAD (2021). Mientras el porcentaje de chicas de entre 15 y 29 años la consideran un problema social muy grave (pasando del 72,4 % al 74,2 %) entre los chicos esta percepción se ha reducido del 54,2 % al 50,4 %. Además, si el 54,4 % de las mujeres tienen la percepción de que la violencia machista ha aumentado en los últimos años, sólo lo creen así el 30,1 % de los hombres.

Madres adolescentes

En el año 2019, según datos del INE, nacieron 6.315 niñas/os de madres adolescentes (de 15 a 19 años), 302 de madres menores de 15 años (INE: 2020). Las madres adolescentes son un colectivo vulnerable por todo lo que implica la maternidad en edades tempranas (abandono de estudios y formación, emparejamiento temprano y forzado, escasa incorporación al mercado laboral, etc.). Un reciente estudio sobre el perfil sociodemográfico de las madres adolescentes en España indica que la tasa de fecundidad2 de mujeres entre 15 y 19 años se ha mantenido prácticamente igual entre 1996 (7,37) y 2017 (7,15) (Hernández et alii: 2019).

Tabla 5. Nacimientos y tasa de fecundidad de madres adolescentes (1996-2017)

Número nacimientos de menores de 20 años*

Número total de nacimientos

Ratio sobre total nacimientos

Mujeres residentes 15-19 años***

Tasa de fecundidad adolescente**

X Y (x/y)*100 Z (x/z)*1.000 1996 11.174 (99) 362.626 3,08 1.501.814 7,37 2000 11.386 (102) 397.632 2,86 1.249.614 9,02 2004 12.496 (140) 454.591 2,74 1.133.437 10,90 2008 15.133 (178) 519.779 2,91 1.116.716 13,39 2012 9.724 (143) 454.648 2,13 1.051.130 9,11 2015 8.305 (98) 420.290 1,97 1.060.191 7,74 2017 7.839 (114) 393.181 1,99 1.096.394 7,15

* Entre paréntesis los nacimientos de madres menores de 15 años de edad. ** Para esta operación se han sustraído el número de los nacimientos de menores de 15 años (entre paréntesis) del valor x de referencia de cada año considerado. *** Se indica el número total de residentes en España al 1 de enero del año sucesivo respecto al año de referencia (estos datos proceden del censo demográfico del INE). Fuente: Hernández et alii (2019).

Este estudio dibuja un perfil de estas jóvenes que, al dar a luz viven generalmente en casa de sus padres pero que muestran cierta tendencia a emanciparse y ser independientes económicamente. En lo referente a la ocupación de estas

2 Esta tasa refleja la relación entre el número de nacidos vivos y la cantidad de población femenina expresada en número de nacimientos por cada 1.000 mujeres.

jóvenes, el 57,2 % realizan o comparten las tareas domésticas, el 16,2 % ocupan un puesto de trabajo cualificado, mientras que son trabajadoras no cualificadas un 7,1 % de las jóvenes madres y estudiantes el 5,4 %. Comparativamente con las españolas, hay un mayor número de madres adolescentes inmigrantes y este número ha crecido notablemente en los últimos años: la proporción de madres de 15-19 años extranjeras (sin incluir a las chicas nacionalizadas) sigue siendo considerable en 2017: casi seis veces más alta (28,5 %) que en 1996 (4,8 %). Las jóvenes de etnia gitana presentan el mismo perfil que las madres adolescentes extranjeras en cuanto al temprano inicio de las relaciones sexuales y la maternidad precoz. Otros problemas asociados son la existencia o no de pareja y la diferencia de edad con respecto al varón, que coloca a las mujeres en desigualdad a la hora de negociar, por ejemplo, el uso de anticonceptivos. En este sentido, existe una notable tendencia a hogares monomarentales en los que la mujer se hace cargo sola de su hija/o. Por último, la maternidad precoz suele ir asociada en una alta proporción, al abandono temprano de los estudios, lo que coloca a estas mujeres frente a un panorama de inestabilidad laboral, problemas para obtener puestos y sueldos dignos, riesgo de caer en la economía sumergida y de largos periodos de desempleo.

Acoso escolar

Según el barómetro de juventud y género (CRS/FAD: 202b), ser mujer es un factor diferencial a la hora de experimentar acoso escolar (43,9 % chicas vs. 35 % chicos) y ciberacoso (22,8 % chicas vs. 15,1 % chicos). Según estudios de Save the Children y Unicef realizados en España, además, las cifras de acoso online van en aumento, especialmente a lo largo de la adolescencia. Las chicas reconocen haber sufrido más actos de acoso sexual a través de las Redes Sociales y las Nuevas Tecnologías. Según la OMS, el ciberbullying se cobra 200 mil suicidios al año en jóvenes de entre 14 y 28 años. El 70 % de las víctimas de este tipo de violencia son chicas, a pesar de que el acoso general se encuentra equilibrado. WhatsApp es la app más utilizada (81 %), y las agresiones más habituales suelen ser por insulto (62,6 %), por amenazas (24,3 %) y por difusión de videos, fotos e imágenes comprometidas (20,9 %).

Matrimonio infantil forzado

Según datos de Unicef para 2018, en todo el mundo más del 21 % de las niñas y adolescentes se han casado antes de cumplir los 18 años. Alrededor de 12 millones de niñas se casan cada año, especialmente en África Subsahariana, donde la costumbre tiene una mayor prevalencia, con países como Níger donde un 76 % de las niñas se han casado antes de los 18 años. El matrimonio forzado supone una grave violación de los derechos de las niñas y adolescentes que se ven sometidas a violencia física, psicológica y sexual, y aisladas de su familia y amistades. Además abandonan la escuela a edades tempranas y están expuestas a embarazos tempranos con graves consecuencias para su salud sexual y reproductiva. En

nuestro país esta práctica, como ocurre con la MGF, está silenciada al ser ilegal. De hecho, en 2018 se cambió el código civil prohibiendo el matrimonio antes de los 16 años. Se asocia especialmente a población inmigrante, procedente de países africanos o asiáticos y a la etnia gitana.

Migrantes adolescentes y jóvenes, tuteladas y extuteladas

Según datos del INE, el flujo migratorio de mujeres entre 18 y 34 años en el primer semestre de 2020 fue de 97.876, siendo el mayor grupo de edad, el de 24 a 29 años. El masculino es ligeramente superior de 102.489 (INE: 2021). Como se menciona en este informe, los y las jóvenes que entran de forma ilegal en nuestro país son especialmente vulnerables. En 2020, 79 niñas (2,38 %) entraron por vía marítima, en pateras u otros medios peligrosos. Por otra parte, 224 niñas (= 40,72 %) entraron por la misma vía, acompañadas de adultos con los que se registró una relación paterno-filial. No hay datos cuantitativos sobre los y las menores que entran por las fronteras de Ceuta y Melilla (FGE: 2021). En relación a las jóvenes extuteladas, que son aquellas que han recibido tutela integral pero dejan de disfrutarla al ser mayores de edad, la situación varía entre las de origen extranjero, que son minoría con respecto a los varones, y las españolas, que superan a los chicos de esta nacionalidad. Así se desprende de los datos del informe de FEPA (Federación de Entidades con Proyectos de Pisos Asistidos). En él se aprecia que en 2020 se incrementó el porcentaje de las mujeres jóvenes que fueron atendidas, tanto españolas como extranjeras. Este dato es interesante porque indica que ha aumentado la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes de este grupo, con independencia de su origen (FEPA: 2020).

Tabla 6. Distribución por sexo entre las personas jóvenes extuteladas por nacionalidad

2015 2016 2017 2018 2019 2020 chicas chicos chicas chicos chicas chicos chicas chicos chicas chicos chicas chicos Extranjeros 16,4% 86,3% 20,7% 79,3% 16,7% 83,3% 12% 88% 11% 89% 12,7% 87,3% Españoles 44,9% 55,1% 47% 53% 50% 50% 53% 47% 53% 47% 56,2% 46,8%

Fuente: Encuesta FEPA 2020.

Prostitución y trata de mujeres y niñas

Se trata de dos problemas que se interrelacionan pero en los que las mujeres, especialmente las más jóvenes, son las principales víctimas. En el informe Global de Trata de Personas de 2020, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delitos (UNODC), que recoge la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como el incremento de la detección y el aumento del número de víctimas de trata, se confirma que la explotación sexual es la principal finalidad de la trata, en un

50 % de los casos identificados. Se han registrado 50.000 víctimas de trata a nivel global, entre las que siguen siendo víctimas principales las mujeres y las niñas, que representan el 65 % de las víctimas identificadas (UNODC: 2020). En España, durante el año 2020, 420 personas fueron víctimas de explotación sexual, de las que el 95,53 % fueron mujeres (FGE: 2021). Este fenómeno aparece especialmente vinculado a la inmigración y afecta principalmente a mujeres y niñas. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes que han sido captadas en sus países de origen por redes criminales organizadas que se sirven de sus expectativas de mejora para traerlas a España a través del engaño, las amenazas y otras formas de coacción, con el fin de someterlas a diferentes tipos de explotación (TRABE: 2021). Las zonas geográficas más representativas en materia de trata con fines de explotación sexual son los puntos fronterizos de entrada: La Comunidad de Madrid presenta una gran concentración de mujeres que ejercen la prostitución, siendo el aeropuerto de Madrid-Barajas un punto de entrada de víctimas al territorio español igual que sucede en Cataluña con el aeropuerto del Prat; el País Vasco también tiene una alta concentración de mujeres ejerciendo la prostitución al ser punto de entrada y de tránsito del resto de Europa y Andalucía, al ser la puerta de entrada de las rutas migratoria y de redes de trata de Frontera Sur (TRABE: 2021).

Mutilación Genital Femenina (MGF)

Esta práctica es definida por la OMS (2013) como “todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos” constituye en la actualidad una de las formas de violencia que sufren las mujeres y niñas en nuestro país, pertenecientes a familias de origen u originarias ellas mismas de diversos países, especialmente de África Subsahariana. Se ejerce especialmente sobre niñas desde su nacimiento hasta los 14 años y ocasionalmente, a mujeres adultas. Un reciente informe de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sobre este tema señala que este problema, antes local, es hoy día global, debido a los movimientos migratorios, por lo que podemos encontrarlo en cualquier lugar del planeta, incluido nuestro país. Como señala este estudio, Unicef considera la MGF “una Práctica Tradicional Perjudicial (PTP) juntamente con el matrimonio infantil o forzado, las ataduras, los arañazos, las quemaduras, las marcas, los ritos iniciáticos violentos, el engorde, los crímenes de honor y la violencia relacionada con las dotes, el exorcismo o la ‘brujería’. (Asamblea General de la ONU: 2006)” (DGVG: 2020b). Salvo algunos casos aislados, no existen registros ni documentación sobre la práctica de la MGF en nuestro país, donde está penada desde la promulgación de la L.O. 11/2003 de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, en virtud de la cual se modificó el Código Penal. En este, la mutilación genital es

penada con entre 6 y 12 meses de prisión por el artículo 149.2, así como con la pérdida de la patria potestad y cualquier derecho de tutela, curatela, etc. por un periodo de 4 a 10 años en caso de menores o personas con discapacidad. Esta invisibilidad obstaculiza enormemente la lucha contra una problemática para la que no existe en nuestro país una estrategia que la aborde de forma integral, como afirma el estudio de la DGVG.

Líneas de actuación y medidas

A. Desarrollo normativo y del marco estratégico en materia de lucha contra las violencias machistas, la discriminación y aplicación favoreciendo a las víctimas y grupos en riesgo de exclusión social. B. Desarrollo normativo y del marco estratégico - Personas LGTBI+ apoyando el disfrute pleno y la defensa de sus derechos y contra la discriminación. C. Desarrollo normativo y del marco estratégico en materia de familias jóvenes e infancia y adolescencia. 11/5.1. Impulsar un sistema de protección social y económica y de cuidados para familias y mujeres víctimas o en grave riesgo de exclusión social, para atender los diversos tipos de estructuras familiares existentes. 11/5.2. Erradicar las violencias machistas y garantizar una atención integral y de calidad a las víctimas adolescentes y jóvenes trabajando en la mejora de servicios de atención e incluyendo a las víctimas de trata y explotación sexual. 11/5.3. Lucha contra planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración (DSA). 11/5.4. Impulsar un feminismo integrador y transformador desde las instituciones y agentes sociales que tenga en cuenta todas las realidades interseccionales de las mujeres. 11/5.5. Promover el establecimiento y cumplimiento de protocolos unificados de actuación para detección y atención de casos de mutilación genital femenina y de matrimonio forzado. 11/5.6. Luchar contra la violencia machista dirigida contra las mujeres con discapacidad impulsando la asistencia integral adaptada, especializada y accesible a las víctimas. 11/5.7. Fomentar la colaboración entre Administraciones, incluyendo la Administración de Justicia, y también a nivel institucional, para lograr la atención integral de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista. 11/5.8. Luchar contra todo tipo de discriminación e incitación al odio y garantizar que la juventud que pertenece al colectivo LGTBIQ+