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Análisis de coyuntura

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La anti resiliencia del Estado

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Ya algunos analistas han hablado de una crisis crónica. ¿Puede una crisis volverse crónica? Cuando una enfermedad su vuelve larga, una dolencia se convierte en habitual o un vicio es inveterado, se dice, según el Diccionario de la Lengua Española, que se convierte en una situación crónica. Las crisis, en cambio, y según la misma Real Academia Española, se refieren a un cambio brusco en el curso de una enfermedad, en términos positivos o negativos, o bien a una mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya sea de orden físico o histórico.

Por eso, cuando se analiza la situación nacional, fácilmente podríamos decir, contradiciendo el fundamento conceptual de los términos, que nos encontramos en una crisis crónica. Es esto último porque nos estamos habituando a vivir una condición de incertidumbre, la cual es impactada recurrentemente por acontecimientos causantes de cambios bruscos que fomentan la incertidumbre y, acto seguido, la estabilizan. Es decir, son momentos críticos que en lugar de empujar al cambio fortalecen la situación prevaleciente.

En el año 2017 la constante fue la evidencia reiterada de la debilidad institucional del Estado, acompañada, para agravarla, de una tremenda incapacidad de gestión gubernamental. El acontecimiento paradigmático de esta situación fue la tragedia dantesca de la quema de las niñas ocurrida, paradójicamente, el día internacional de

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la mujer, el 8 de marzo, y en un “Hogar Seguro”. Se juntaron allí las evidencias del raquitismo del Estado y la calamitosa incapacidad de los funcionarios públicos. Y a este drama siguió, en poco tiempo, cierto acomodamiento de la conciencia social, en términos de asumirla como un hecho más, dramático, pero asimilable.

También se caracterizó el año que termina por cierta recuperación de los sectores más oscuros de la adversidad en que se encontraban después de los embates anticorrupción y projuisticia emprendidos por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Tras el desconcierto y gradualmente reagrupados, esos sectores se resisten a transformaciones sustanciales en el statu quo superestructural, es decir el relacionado con aspectos de orden jurídico y político. La CICIG y el MP fueron puestos a la defensiva y en el Legislativo los diputados que resisten las transformaciones se reponen del síndrome de la angustia y pasan a la ofensiva. El Ejecutivo supera el inminente riesgo de naufragar y lo cargan en brazos las cúpulas empresariales y la embajada estadounidense, convencidos de que la procesión debe terminar su recorrido, sin que se convierta en el “Santo Entierro”.

Las reformas constitucionales en materia de justicia se congelaron. Las beligerantes posiciones de la CICIG y el MP en sus presiones a los diputados perdieron sus brillos, quemaron su capacidad de presión y salieron políticamente disminuidas. Esos mismos diputados tomaron la iniciativa en el diseño de las nuevas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a despecho de los tardíos proyectos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la sociedad civil, quienes tienen acceso disminuido al hemiciclo parlamentario. Los cambios a la LEPP, indispensables para oxigenar el sistema político, se están ralentizando y se corre el riesgo real de que su eventual posposición en el primer semestre de 2018, cierre los caminos políticos para intentar salir de la crisis crónica.

La movilización social tuvo un repunte importante en el segundo semestre de 2017, después de su languidecimiento en 2016. Sin embargo, la reactivación de “la Plaza” -espoleada por el rechazo ciudadano a los intentos presidenciales de expulsar al comisionado Iván Velásquez pero

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principalmente por la repulsa ciudadana al llamado “pacto de impunidad” fraguado en el Congreso-, resultó efímero: así como espumeó de manera sin precedente en todo el país el 20 de septiembre, también declinó en las convocatorias de octubre y noviembre siguientes. En particular, las marchas y concentraciones realizadas el 16 de noviembre constituyeron la evidencia del reflujo social. Los sectores congregados en la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, con el notorio protagonismo de la renovada AEU, parecen haber sobredimensionado su capacidad de convocatoria y evidenciaron su pérdida de fortaleza movilizadora, arrastrando en ello a la propia USAC, como institución.

Este tropiezo hizo que los sectores oscuros, defensores del statu quo, le perdieran un poco el miedo a la presión social y a ese fantasma que los angustia, la “plaza”. La incorporación del alcalde capitalino a la contienda, con sus particulares características guerreras, abonó al reposicionamiento de quienes resisten las transformaciones.

Sin embargo, el coyuntural envalentonamiento de los retardatarios los ha llevado a sobrevalorar su reposicionamiento. No lograron modificar el Código Penal para restablecer impunidad, tampoco pudieron votar un nuevo presupuesto para el ejercicio fiscal de 2018 y se enredaron en fracasadas negociaciones, espurias como siempre, lo que no les posibilitó elegir una nueva junta directiva en el Congreso, ad hoc a sus intenciones de fortalecer su resistencia a las transformaciones.

La CICIG y el MP, por su parte, inyectaron una dosis de angustia a esos sectores, anunciándoles que en 2018 habrá nuevos procesos judiciales. O sea que la espada de Damocles continúa sobre sus vulnerables cuellos.

En ese contexto de incertidumbres, donde la crisis se vuelve crónica, el principal factor de poder que establece precarios equilibrios es la embajada estadounidense. Su trilogía está clara: prosperidad, seguridad ciudadana y buena gobernanza. Lo anterior significa que las élites empresariales deben flexibilizar su tradicional codicia, que el MP y el Ministerio de Gobernación deberán seguir en la línea trazada y que el Estado debe funcionar. Los intereses geopolíticos del imperio lo requieren. Para que la sociedad

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civil contribuya a la gobernanza, el embajador Luis Arreaga ya le ha dado su bendición a la necesidad de impulsar un diálogo nacional y promueve también formas distintas de reconstruir el tejido social, a través de opciones novedosas que se basen en experiencias individuales y micro, que privilegien la búsqueda de coincidencias en lugar de luchar por interese sectoriales, propósito que, aparentemente, se impulsa en La Cantina.

La estrategia estadounidense hacia Guatemala, sin duda, se nutrirá de su actual experiencia en Honduras, donde le explotó en la cara una bomba no prevista, porque su opción política, encabezada por el presidente reeleccionista Juan Orlando Hernández, se convirtió en desestabilizadora de la gobernabilidad. Como suele suceder en las apreciaciones que se hacen desde la altura de las élites conservadoras, la convulsión social no se considera con suficiente importancia y, al ocurrir estallidos como el hondureño, puede destantearles sus acuciosas previsiones. En síntesis, estamos, aunque resulte contradictorio, en medio de una crisis que se ha vuelto crónica, con un Estado con síntomas de lo que podríamos llamar una anti resiliencia, porque no hay capacidad de recuperarse ante la adversidad, mientras las situaciones difíciles y traumáticas no provocan capacidades de superarlas y, al mismo tiempo, avanzar en relación a la situación previa.

El año 2018 es uno pre electoral, donde se producirán hechos torales, como la designación del nuevo Fiscal General y el nuevo Contralor. La normativa para el proceso electoral que se realizará en el primer semestre del 2019 deberá quedar montada el año próximo y los partidos existentes parecen dispuestos a resistir hasta donde puedan para mantener su hegemonía en el sistema.

Y mientras tanto, los problemas estructurales, relacionados con la pobreza generalizada, la profunda desigualdad y la exclusión seguirán cubiertos por los sombríos colores de una crisis que se vuelve crónica y un Estado que es anti resiliente.