IPNUSAC

Análisis de coyuntura

Epílogo y prólogo

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El receso de la Semana Santa introdujo en el ambiente político nacional una sensación de aparente distensión, de respiración contenida, a sabiendas de que en el recién iniciado cuarto mes del año se producirán, de cumplirse los calendarios institucionales, los últimos actos de un período de lucha febril cuyo referente inmediato es la elección de la o el nuevo titular del Ministerio Público (MP). En este último, y por extensión al conjunto del entramado sociopolítico nacional, aplica la conocida expresión según la cual “no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla”: estamos a las puertas de lo que puede ser tanto el epílogo de un período de conmociones sísmicas como el prólogo de otro momento de la convulsa historia nacional.

¿Bajo qué condiciones se llega a este momento de calma chicha? A riesgo de incurrir en una evaluación ambigua, cabe decir que se llegó al asueto de la semana mayor con un relativo equilibrio de fuerzas entre quienes conforman el proyecto restaurador, y sus oponentes, empeñados en abrir paso a la agenda de la lucha contra la impunidad y la corrupción. “Empate” no exento de cruces de golpes, ni de señales sobre el curso probable de los procesos político-institucionales por venir.

En cuanto al pugilato pre pascual, el hecho de mayor atención mediática giró en torno la comparecencia de Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), ante el Congreso de la República. Lo que se presagiaba como un acto de linchamiento político en el hemiciclo, programado para el lunes 19 de marzo, terminó diluyéndose por el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad –que eximió al PDH de presentarse a una inusual como virtual interpelación– y derivó en una menos traumática cita ante la comisión de Derechos Humanos del propio Legislativo, ocurrida el miércoles 21 de marzo.

Si bien alguno de los diputados –sobresalientemente Fernando Linares Beltranena– insistió en el pretexto del fallido linchamiento –la desmentida participación de Rodas en la procesión de la poderosa vulva del 8 de marzo– el ejercicio, al final, no pasó de ser un rapapolvo que confirma el disgusto de la coalición conservadora gobernante en el Congreso, con el desempeño del PDH. El asunto podría pasar como un episodio más, casi anecdótico, de la crisis política que vive el país, en medio de la cual nuevamente fueron puestos a prueba los mecanismos legales que –en este caso– preservan los roles de instituciones como la del PDH, uno de cuyos pilares es la independencia frente a los poderes públicos a los cuales debe supervisar en materia de derechos humanos.

Pero el asunto tiene un fondo mayor, que trasciende la fallida trapisonda de la poderosa vulva: precisamente en marzo se divulgaron sendos informes sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala: uno de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si bien ambos informes se refieren a la observancia de las garantías fundamentales en el curso de 2017, sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones se proyectan con fuerza sobre los primeros tres meses de 2018. En particular, coinciden en el señalamiento del deterioro de la situación en materia de defensa de las garantía: el informe de la OACNUDH consigna que “persistió la impunidad de los ataques contra defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas” (Pág. 14), en tanto que la CIDH,

además de documentar los actos de violencia contra defensores, expresa su preocupación por “la estigmatización y difamación de defensores de derechos humanos, que socava su reputación en la sociedad y resta legitimidad a la lucha social” (Pág. 83).

Precisamente, el hostigamiento de que ha sido objeto Rodas por parte de quienes gobiernan al Legislativo hace parte de esa tendencia al menoscabo la actividad de las personas defensoras de los derechos humanos, en contravención, además, de los compromisos contraídos en los Acuerdos de Paz, incluyendo las solemnes declaraciones en el sentido de que “todos los actos que puedan afectar las garantías de aquellos individuos o entidades que trabajan en la promoción y tutela de los derechos humanos, son condenables” (Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, México, DF, 29 de marzo de 1994).

En otro ámbito, pero siempre en el contexto de la crisis políticoinstitucional, el 23 de marzo se anunció la decisión del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), de nombrar como jefe de la entidad a Abel Cruz, quien venía desempeñándose interinamente en ese cargo, luego de la remoción de Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrida el 17 de enero último.

Entre los observadores del proceso de selección –para el cual aplicaron unos 21 aspirantes– la designación de Cruz no causó sorpresa, dado su perfil profesional, su trayectoria en los ambientes económico y fiscal, así como su presunta afinidad con al menos un segmento del empresariado.

El nuevo titular de la SAT agrega, a sus mensajes conciliadores y de promoción del “debido proceso”, una inusitada –aunque no extraña– señal de respaldo por parte de la embajada de Estados Unidos, la cual se apresuró, el mismo 23 de marzo, a felicitar al presidente Jimmy Morales por la culminación del proceso de selección. “Felicitamos al Presidente @ GuatemalaGob #JimmyMorales por el proceso transparente en la selección del Superintendente @SATGT. Esperamos trabajar con el nuevo jefe de la superintendencia, Abel Cruz, para contribuir a la #Prosperidad #SeguridadCiudadana y #Gobernanza de #GUA”, escribió la representación

diplomática norteamericana en su cuenta de Twiter.

“Al entendido, por señas…” reza un conocido refrán popular, aplicable a la comprensión de la línea seguida por el embajador Luis Arreaga, que subraya respecto de la designación del nuevo SAT y pero se proyecta hacia la sensitiva elección del nuevo Fiscal General y Jefe del MP. La palabra clave, a todas luces, es “gobernanza”, traducible como “estabilidad”, asociada al tema central en la agenda estadounidense en el triángulo norte de Centroamérica: seguridad.

En entrevista concedida al programa Con Criterio-TV, el 23 de marzo, Arreaga señaló tres cualidades que debe reunir quien encabece al MP a partir de mayo próximo: honestidad, capacidad e independencia. Y aseguró: “el presidente Morales está comprometido a escoger una o un fiscal que reúna esos tres requisitos”, pero hizo depender de lo que haga la Comisión Postuladora la posibilidad de que el mandatario cumpla con la designación de un fiscal con el perfil indicado. De ahí la percepción, bastante extendida, de que abril será un mes de respiración contenida. La postuladora procesó las objeciones que se le hicieron llegar por parte de personas y organizaciones de la sociedad civil respecto de algunos precandidatos y al cierre de esta edición de Revista Análisis de la Realidad Nacional (4 de abril), había iniciado ya las entrevistas a las y los aspirantes a sustituir a Thelma Aldana.

La moneda está por lanzarse al aire y eso sucederá cuando la comisión postuladora envíe el listado de seis candidatos al presidente Morales. Entramos, así, a una fase de creciente expectativa, en algunos casos de pies de plomo o de semi parálisis, por aquello de que “quien se mueve, no sale en la foto”. Una fase en la cual empieza a escribirse el epílogo de una coyuntura tormentosa, telúrica, pero también el prólogo de acontecimientos eventualmente relevantes para el porvenir nacional.