Edición No. 87, Revista Análisis de la Realidad Nacional

Edición No. 87

16 al 31 de diciembre 2015 Publicación quincenal

En línea ISSN 2227-9113

Año 4

Propuesta

Incidencia

Universidad y reformas en el régimen democrático

El factor internacional en la coyuntura

¿Primavera o invierno democrático?

Evaluando las movilizaciones en Guatemala en el 2015 Aumento de 1.5-2.0 oC, críticos para la seguridad alimentaria Con motivo de la Cumbre “ecologista” de París

Luis Mack - Marcelo Colussi - Nery Villatoro William Bobadilla - Magaly Arrecis - Caryl Alonso

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Bien común

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Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

Análisis de la

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Índice

Editorial

Significados de la autonomía universitaria

IPNUSAC......................................................................................... 7

Análisis de coyuntura El factor internacional en la coyuntura

IPNUSAC......................................................................................... 10

Bitácora Rina Monroy Comunicación IPNUSAC................................................................... 13

Perspectiva ¿Primavera o invierno democrático?

Evaluando las movilizaciones en Guatemala en el 2015

Luis Fernando Mack Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política......... 14

Aumento de 1.5-2.0 °C, críticos para la seguridad alimentaria Magaly Arrecis Área Socioambiental, IPNUSAC......................................................... 40

Ecocidio en curso Con motivo de la cumbre “ecologista” de París

Marcelo Colussi Psicólogo y Licenciado en Filosofía Investigador del IPNUSAC................................................................. 52

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Contrapunto La pobreza, una pandemia social

Nery R. Villatoro Robledo Investigador social y analista independiente........................................ 58

Más allá de las políticas y del debate de lo político (Visiones para un plan 2016-2025)

Caryl Alonso Jiménez Doctor en sociología y política. Profesor universitario.......................... 67

Crisis financiera del Organismo Judicial: Implicaciones, impactos y acciones estratégicas

William G. Bobadilla L. Doctor en Derecho. Coordinador de Análisis & Prospectiva Secretaría de Fortalecimiento Judicial. Organismo Judicial.................. 79

Actualidad Guatemala en la COP21/MOP11 sobre el cambio climático

Magaly Arrecis Área Socioambiental, IPNUSAC......................................................... 99

Fortalecen el debate de reforma política

Redacción / Revista Análisis de la Realidad Nacional / IPNUSAC......... 104

Propuesta Demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Iximulew Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej................... 106

Demandan un presupuesto que permita al sistema de justicia sostener la lucha contra la impunidad IPNUSAC......................................................................................... 116

Posición de la Mesa Indígena de Cambio Climático en Guatemala ante la COP-21 de Cambio Climático .............................. 118

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Investigación El cambio climático y sus repercusiones en la seguridad alimentaria María Alejandra Mazariegos Orellana Internacionalista, USAC.................................................................... 126

Legado 40 Aniversario Escuela de Historia

Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas -IIHAAEscuela de Historia, USAC ............................................................... 132

Horizontes Horizontes..................................................................................... 135

Instrucciones a los autores......................................................... 136

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La Revista Análisis de la Realidad Nacional es una publicación digital con periodicidad quincenal del Instituto Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) sobre temas y procesos sociales de actualidad.

Promueve enfoques plurales e interdisciplinarios, y reivindica la tradición de libertad de cátedra, el debate vivo e informado y el ejercicio de la crítica y de la propuesta responsable.

Registrada en el Centro Internacional ISNN (International Standard Number) bajo el No. 2227-9113

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de hacer disponible gratuitamente la información al público para el desarrollo de un análisis integral de lo que sucede en la actualidad, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento. Pueden ser utilizados, distribuidos y modificados bajo la condición de reconocer a los autores y mantener esta licencia para las obras derivadas.

cc This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

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Autoridades Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) Carlos Guillermo Alvarado Cerezo Rector Carlos Enrique Camey Rodas Secretario General

Editora

Rina Monroy Comunicadora IPNUSAC

Director de la Revista

Co-Editor

Edgar Gutiérrez Coordinador General IPNUSAC

Edgar Celada Q. Jefe División de Justicia y Seguridad Ciudadana IPNUSAC

Consejo Editorial

Jefa Biblioteca Central USAC

Mario Rodríguez Jefe División de Educación IPNUSAC

Magaly Portillo Licenciada en Ciencias Psicológicas

Luis Leal Jefe División de Innovación Científico Tecnológica IPNUSAC

Bibliotecólogas

Edgar Celada Q. Jefe División de Justicia y Seguridad Ciudadana IPNUSAC

Dora María Cardoza Meza Bibliotecóloga ERIS-USAC

Yolanda Santizo Jefa de Procesos Técnicos, Biblioteca Central USAC

Diego Montenegro Abogado y Notario, Secretario Adjunto USAC

Coordinadora administrativa y financiera

Maynor Amézquita, Maestro en Comunicación y Periodista

Apoyo Estadígrafo y digital

Consejo Asesor Internacional

Distribución

Diana Herrera

Jacqueline Rodríguez

Alfredo Forti Internacionalista

Vilma Peláez de Castillo

Jorge Nieto Montesinos Sociólogo

Luis Assardo

Francisco Goldman Escritor y Periodista

Medios digitales Diseño Gráfico

Rosario González

Fotos de portada DIGI-USAC CSUCA

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Editorial

Significados de la

autonomía universitaria

1

IPNUSAC

L

a autonomía universitaria es uno de los más importantes legados vigentes en la sociedad guatemalteca de la Revolución de Octubre de 1944. Expresa la capacidad real de auto-gobierno y libertad de cátedra, es decir, de criterio y pensamiento crítico en una sociedad democrática, y opera mediante mecanismos de elección de diferentes órganos dando participación directa a estudiantes, profesores y trabajadores no docentes, así como de gestión administrativa y financiera, que es clave a la hora de hacer efectivos los grandes enunciados de democratización de la enseñanza pública.

1. Basado en textos de Edgar Gutiérrez, Coordinador General del IPNUSAC.

Como se sabe, la autonomía universitaria proviene de un movimiento cultural y político que acompañó, desde mediados del siglo XIX, la democratización

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de los regímenes políticos en Europa rompiendo el patrón clerical sobre las universidades.

En Latinoamérica se expresó como movimientos de reforma universitaria la Universidad de La Plata, Argentina, en 1905, y en 1918 en Córdova; más tarde se extendió a Chile, Perú y México. En Centroamérica fue en Guatemala donde primero se logró la autonomía universitaria como parte del proyecto democrático de la Revolución del 20 de octubre de 1944.

Los principios de la reforma universitaria fueron, entre otros, la autonomía y el cogobierno, la extensión universitaria y la libertad de cátedra, el vínculo entre docencia e investigación y la inserción de la Universidad en la sociedad jugando un rol activo. La reforma modificó las estructuras, los contenidos y los fines de la Universidad, procurando

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la democratización de la enseñanza y la cultura. La autonomía universitaria tuvo impacto en varias generaciones de académicos, políticos, intelectuales, científicos, artistas y escritores.

La autonomía pretendió preservar a la Universidad del control político partidista, pero la politización ha sido inevitable y en el seno de la comunidad universitaria se manifiestan todas las corrientes ideológicas. La autonomía de la Universidad de San Carlos (USAC) ha sobrevivido a regímenes autoritarios extremos y a la propia guerra civil que alcanzó por momentos climas críticos durante el periodo 1960 – 1996. En aquellos años la razón que contribuyó a esa supervivencia fue social, más que política.

Y es que la USAC formó durante la segunda mitad del siglo XX, bajó el régimen de libre pensamiento y excelencia académica, a las elites profesionales del país –clases medias, medias altas y medias

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bajas que lograron acceso a la educación superior- en todas las materias -economía, derecho, medicina, pedagogía, ingeniería, arquitectura y química, entre otras. También nuestra Universidad anidó, entre otros, el pensamiento marxista y la doctrina leninista particularmente en las décadas de 1960 a 1980, y, en el clima de convulsión política de esa época, sus líderes, dirigiendo movimientos sociales, políticos y hasta militares pusieron en tensión al Estado.

Eso no fue casual. Las generaciones de universitarios pre-autonomía, entre ellos, Enrique Muñoz Meany, Mario Méndez Montenegro, Manuel Galich y Mario Monteforte Toledo, fueron parte destacada del pensamiento y de la acción que provocó la Revolución de Octubre del 44. Incorporaron a su ideario, con el presidente Juan José Arévalo, el egregio educador latinoamericano y destacado miembro del movimiento reformista universitario a la cabeza, la autonomía de la Universidad de San Carlos.

(Continuará)

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Análisis de coyuntura

El factor internacional

en la coyuntura IPNUSAC

L

a crisis que se desveló en 2015 es de estatalidad.

Durante años se fue configurando como una crisis pasiva, con estallidos esporádicos, como las matanzas en las cárceles, escándalos de corrupción e inoperancia institucional que mostraban de manera localizada la profundidad de la descomposición.

Al menos tres de los factores que hacen una crisis de estatalidad estaban presentes, evolucionando en sus manifestaciones negativas, desde hace varios años: 1) La no prestación de servicios básicos a la población, 2) La pérdida de control soberano sobre porciones relevantes del territorio y 3) La desconexión de las líneas de mando en la administración pública, donde muchas oficinas operan como parcelas de los poderes fácticos.

Un cuarto factor, inédito, se activó en 2015 desvelando la crisis. Fue la constatación de que las más altas autoridades democráticas dirigían una estructura criminal. La acusación

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11 penal de la CICIG y el MP configura en “La Línea” una estructura que rebasa el típico cuadro de corrupción; además, la serie de casos abiertos en contra de ejecutivos del gobierno central, diputados, alcaldes, jueces y magistrados pone de manifiesto la extensión y profundidad del problema.

de niños no acompañados. Era un síntoma de la gravedad de los problemas sociales y de seguridad en el cono norte de Centroamérica, capaz de generar lo que el presidente Obama calificó como una crisis humanitaria.

La reacción ciudadana en las plazas revistió de mayor legitimidad las acciones judiciales, pero por sí mismas fueron insuficientes para revertir la crisis.

Las elecciones del 6 de septiembre y 25 de octubre golpearon con precisión de cirujano los proyectos de relevo en la Presidencia de la República, pero las estructuras políticas y económicas ilícitas permanecen básicamente intactas.

La gestión del gobierno que encabezará Jimmy Morales tendrá dos parámetros de evaluación. Por un lado la ciudadanía, activa e interesada más directamente en los asuntos públicos. Por otro lado una dimensión internacional de la crisis de estatalidad, que operará como línea constante y transversal en los próximos años.

Los tres países del norte de Centroamérica entraron en la definición de prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos, junto con Siria, Rusia-Ucrania, Irak e Irán. Esa calificación modificaría el tratamiento de Washington a la zona. Se organizó un programa para inyectar recursos a los países, la Alianza para la Prosperidad, que caminó rápidamente en su diseño y se estancó en su ejecución, pues la “alianza” supone compromisos mutuos que los centroamericanos reniegan.

En esa discusión se volvieron tirantes las relaciones de Washington con el gobierno de Otto Pérez y Juan Orlando Hernández de Honduras.

El vicepresidente Joe Biden viajó dos veces a Guatemala pidiendo la prórroga de la CICIG como condición para calificar en el plan, y dejó en claro además que la vicepresidenta Roxana Baldetti no era del agrado de Estados Unidos.

Poco después, a mediados de abril,

En otras palabras, la crisis de estatalidad convierte el país en fuente de inseguridad internacional en una región sensible para Estados Unidos.

El primer aviso ocurrió en 2014 con la emigración de decenas de miles

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la CICIG sacaría su batería de casos haciendo imposible para Pérez Molina no extender el mandato de la Comisión.

pero aún no da el paso de firmar el acuerdo; sin embargo, igual que en Guatemala, los alineamientos han caminado por otras vías, como las acusaciones internacionales y extradiciones. En Honduras una familia tradicional del establishment, los Rosenthal, está acusada de lavado de dinero del narcotráfico, mientras el influyente ex presidente Rafael Callejas ha tenido que entregarse a las autoridades estadounidenses por el escándalo de la FIFA.

Baldetti no tardó en caer, pero tanto Washington como varias de las poderosas cámaras empresariales preferían que Pérez concluyera su periodo en enero de 2016, ante el riesgo de rompimiento constitucional o que el vacío de poder generara inestabilidad y caos. Las marchas ciudadanas que se prolongaron hasta fines de agosto dejaron claro el mensaje de que el presidente no podía continuar y debía ser juzgado, como finalmente ocurrió. Entre tanto, la CICIG continuaba la batida, las cámaras de empresarios se inclinaban progresivamente por la renuncia del mandatario y en Washington varios congresistas mostraban inquietud sobre lo que ocurría en el país.

Bajo esos dos factores de control –ciudadanía activa y Washington- el futuro gobierno de Morales tendrá que aprender a lidiar con una administración pública en ruinas, sin haber podido conformar un equipo que despierte confianza y con un próximo Congreso díscolo que ahora mismo prepara su propia reestructuración interna. Al lado de su propia gestión y las batidas de la CICIG, muy probablemente Morales asista, como en Honduras, a una recomposición de los actores económicos de poder.

Desde 2014 Washington vio en la CICIG una fórmula a replicar en El Salvador y Honduras, pero ha sido rechazada. Tegucigalpa creó su propia respuesta con la OEA,

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Bitácora

Rina Monroy Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar Relación de noticias de medios nacionales, del 1 al 15 de diciembre de 2015, que recogen los principales sucesos en los ámbitos:

- Economía - Política - Seguridad / Justicia - Políticas Sociales - Sociedad Civil y Movimientos Sociales

Abrir http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b85.pdf

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¿Primavera o invierno democrático?

Evaluando las movilizaciones en Guatemala en el 2015

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Perspectiva

¿Primavera o invierno democrático?

Evaluando las movilizaciones

en Guatemala en el 2015

1

Luis Fernando Mack Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política

Resumen Los ecos de las manifestaciones en la plaza aún se hacen sentir en el ambiente político guatemalteco, y la pregunta fundamental sigue rondando la mente de muchos analistas y activistas políticos. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió en el período abril – septiembre del 2015?

Este artículo pretende hacer una primera valoración analítica, intentando responder a la pregunta: ¿Las manifestaciones fueron un signo de avance y empoderamiento democrático por parte de la ciudadanía, o por el contrario, fueron parte de un plan muy bien diseñado para alterar el penduleo izquierda – derecha que ocurría desde que inició la transición en 1985?

Palabras clave Crisis institucional de Guatemala, movilización ciudadana, democratización de la sociedad guatemalteca, lucha contra la impunidad, reforma del Estado

1.El presente artículo se basa en los análisis de la primera y segunda vuelta electoral, publicados por FLACSO como suplemento Diálogo números 11 y 12, en septiembre y noviembre del 2015, respectivamente.

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15 Spring or democratic winter?

Evaluating the mobilizations in Guatemala in 2015 Abstract The echoes of the demonstrations in the square still are felt in the Guatemalan political environment, and the fundamental question is still hanging around the mind of many analysts and political activists. What really happened in the period April - September of 2015? This article intends to make an initial assessment of the analytical, trying to answer the question: the demonstrations were a sign of progress and democratic empowerment by citizenship, or conversely, were part of a very well designed to alter the amount of left - right occurring since the transition began in 1985?

Key words Institutional Crisis in Guatemala, citizen mobilization, democratization of Guatemalan society, fight against impunity, reform of the State

Primera valoración de la crisis político institucional del 2015

E

l 2015 será recordado probablemente por los guatemaltecos como un parteaguas en la historia de nuestro país, debido a que la intensidad de los acontecimientos ha sobrepasado por mucho la capacidad de los analistas políticos de predecir los acontecimientos, no digamos el comprender a cabalidad lo que está ocurriendo.

La complejidad de los fenómenos políticos en una sociedad donde contamos con muy poca evidencia científica es de por sí una tarea arriesgada, y este hecho es atribuible directa y proporcionalmente a la ausencia marcada por la precariedad con la que trabajan los centros de pensamiento nacionales y la ausencia de unidades de investigación instaladas en las principales universidades del país.

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16 Reconocer el contexto precario en el que se hace ciencia política en Guatemala es una aclaración necesaria, antes de intentar realizar una valoración del proceso electoral 2015: en estas condiciones institucionales, intentar comprender es una tarea titánica, especialmente porque se cuenta con muy poca investigación de campo y datos duros para poder hacer afirmaciones.

Intentando superar lo que yo llamo el “análisis de lo evidente”, un método de articular afirmaciones que se ha vuelto demasiado común en Guatemala, es evidente que este año ocurrió algo extraordinario: para principiar, por primera vez en mucho tiempo las noticias sobre Guatemala no son negativas, y la comunidad internacional está ávida de entender lo que está ocurriendo en el ámbito político nacional.

Este análisis, por tanto, intenta hacer un balbuceo informado sobre lo que está ocurriendo en la coyuntura actual, centrando su foco en el proceso electoral 2015; de hecho, la curiosidad sobre lo que ocurriría era una duda muy fuerte entre algunos de los colegas analistas, especialmente por tres aspectos: 1. Hubo una amplia discusión mediática y en redes sociales, Índice

así como un llamado explícito y masivo al voto nulo y a la abstención.

2. Los partidos políticos fueron objeto de una amplia crítica, especialmente por lo referido a las violaciones a la legislación electoral y la falta de transparencia de las fuentes del financiamiento partidario, y por los montos de gastos de campaña; la discusión mediática se centró particularmente en las deficiencias y debilidades del candidato que las encuestas determinaban como el posible ganador de la contienda electoral, al punto que se popularizó la frase: “No le toca”.

3. Se generalizó una opinión que se sintetizaba en la frase: “En estas condiciones no queremos elecciones”; es más, hubo peticiones y demandas de muchas organizaciones sociales para posponer e incluso suspender el proceso electoral en marcha.

Estos fenómenos de amplia difusión y discusión social multiplicaron mi tarea como analista, ya que fui llamado reiterada y constantemente a explicar y debatir sobre estos y muchos otros puntos, lo cual demostró una ansia ciudadana generalizada por conocer, Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

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17 por informarse, por tomar conciencia de lo que ocurría, así como lo que podrían hacer para contribuir al cambio político.

Ante tal panorama, la premisa básica que se podía esperar de la primera vuelta electoral era que este proceso iba a ser atípico, y que se iban a multiplicar las evidencias de este tiempo tan anormal. La pregunta central del análisis, por tanto, es la siguiente: ¿Qué tan diferente fue este proceso electoral en la primera vuelta de las elecciones?

La continuidad: la “normalidad” electoral y la lógica del “menos peor” Pese al estribillo “en estas condiciones, no queremos elecciones”, en las elecciones generales del 2015 más del 70% de la población ejerció su derecho al sufragio, la cifra más alta de participación desde 1985, mientras que el voto nulo y blanco fue el más bajo de la historia de Guatemala, tal como lo demuestran las gráficas 1 y 2.

Gráfica 1 Guatemala: Participación electoral, 1985 - 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

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18 Gráfica 2 Guatemala: Evolución de los votos nulos y blancos (1985 – 2015)

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

Lo interesante es que el Distrito Central, la ciudad capital, tiene números algo diferentes: llegó a votar menos ciudadanos de la media nacional (el 67.37%), pero menos personas anularon su voto o lo dejaron en blanco (2.41%), lo cual está muy distante del 10.14% que se dio a nivel nacional. Eso significa que la capital, el epicentro político de la crisis, votó mayoritariamente por alguna de las opciones políticas a nivel presidencial. ¿Cómo leer éstos números?

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Interesantemente, de los diez municipios con mayor participación (que oscila entre el 96.1% y el 89.72% de participación), seis se ubican en el área del Lago de Atitlán, en Sololá, y ninguno es cabecera departamental. Esto podría interpretarse como que la crisis impactó mucho menos en el área rural que en la capital: la gente fue a votar proporcionalmente más que en los centros urbanos, pero también anuló o dejó en blanco su voto. En Sololá, por ejemplo, el 85.08% de la población fue a votar, y el voto nulo y blanco fue del 9.12%, tal como se aprecia en las gráficas 3 y 4.

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19 Gráfica 3 Guatemala: Voto nulo y blanco nacional y por distritos seleccionados. En porcentajes. Elecciones 6/9/15

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

Gráfica 4 Guatemala: Participación electoral nacional y por distritos. En porcentajes. elecciones 6/9/15

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

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20 Por supuesto, algunos analistas han intentado demeritar estos datos al introducir la variable de los ciudadanos que no están inscritos en el padrón electoral, de manera que el razonamiento es más o menos como este: sumando los no inscritos con los que no fueron a votar, el porcentaje supera por mucho a los ciudadanos que votaron por cualquier opción, lo cual probaría la supuesta crisis de legitimidad. Lamentablemente, ese razonamiento falla de nuevo al ver la evolución del padrón electoral con respecto al número estimado de población total: la información disponible demuestra que en dado caso, este es una falla histórica que incluso parece ir mejorando con el tiempo. En las elecciones 2015, la relación entre electores y ciudadanos totales era del 47%, y no es la más baja de la historia electoral guatemalteca, tal como se demuestra en la gráfica 5.

Gráfica 5 Guatemala: Evolución del padrón electoral 1985-2015.

Proporcion electores - población (%)

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

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21 Todos estos datos determinan que las elecciones 2015 producen una gran paradoja: ¿Por qué siguen votando los guatemaltecos? ¿Por qué no aumentó el voto nulo y el blanco, y por qué los ciudadanos no se desmovilizaron, electoralmente hablando, tal como pronosticaban algunos analistas?

Una primera hipótesis que intentaría responder a tales interrogantes diría que existe un profundo arraigo de una lógica perversa, que desde hace muchos años juega para legitimar al sistema, aun cuando sigue siendo fuente inagotable de decepciones.

Esta lógica sería la de votar en contra de algún candidato, que se identifica

como nefasto o tremendamente perjudicial, a tal grado que movilizar a los ciudadanos en su contra: la lógica del “menos peor”. Contribuiría enormemente a esta lógica perversa, la tendencia de los medios de comunicación social y los actores de la sociedad civil a identificar los “enemigos”, aquellos que por una u otra razón son inaceptables, por su ideología, su extracción de clase o su pasado político. Tal campaña de desprestigio obraría como un sigiloso resorte que obligaría a los ciudadanos a votar por la opción contraria, sea esta cual fuera, el candidato que en el momento es el “menos peor”, tal como se explica en la tabla 1.

Tabla 1 Guatemala: La lógica del “menos peor”

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Fuente: Elaboración propia.

Esta oposición entre un candidato reconocido como pésimo y otro que es “menos malo”, sería la explicación de por qué los datos de la participación electoral van en aumento, así como también explicaría los bajos niveles de votos nulos y blancos que han existido desde 1985 a la fecha. También explicaría que pasados los años el candidato “vetado” se convierta en una opción viable, electoralmente hablando, ya que siempre surge otro candidato que coyunturalmente es visto como absolutamente inaceptable: el “menos peor” del momento.

Esta sería la esencia del mito “le toca”, que tan bien había funcionado con anterioridad, solo que en el 2015 el candidato vetado del 2011, Manuel Baldizón, tuvo la desventura que siguió

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siendo el candidato inaceptable, lo que modificó parcialmente la lógica de designación que ha prevalecido desde 1985. Visto desde esa perspectiva, Manuel Baldizón y Sandra Torres, los dos candidatos vetados en el 2015, pueden volver en algún momento futuro, siempre y cuando aparezca en el escenario otro candidato que pueda convertirse en el enemigo a vencer. Por eso importa tanto colarse a la segunda vuelta, ya que sea quien sea el que compita contra el candidato “vetado”, será el que tenga la oportunidad de capitalizar la sensación de amenaza a favor, lo cual lo convertiría en el “menos peor” de ese año electoral: un genial y perverso sistema de designación que operaría secretamente para seguir catapultando a los ciudadanos a las urnas.

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La discontinuidad: La caída de Manuel Baldizón Por segunda ocasión en 30 años ocurrió un descalabro del candidato que supuestamente era considerado ganador, de manera que surgió en el 2015 una opción que acaparó la atención ciudadana de forma meteórica: en 1990 fue el “síndrome Serrano”; en 2015, el “síndrome Morales”.

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas de intención de votos y datos del TSE.

Las similitudes entre ambos candidatos es evidente: Ninguno de los dos era conocido o considerado ganador antes de la convocatoria a elecciones; Jimmy sólo había competido como candidato a alcalde en Mixco en 2011, obteniendo 13,045 votos, el 7.95 % del padrón electoral de dicho municipio; ninguno

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24 obtuvo una bancada fuerte: Serrano obtuvo 18 diputados de 116 (16%), y Jimmy 12 de 158 (8%). Ambos fueron impulsados por fenómenos políticos:

Serrano Elías fue catapultado por un famoso debate con Vinicio Cerezo (programa “Conversemos”, en mayo de 1990, que se piensa fue previamente pactado). A partir de allí inició su meteórico ascenso; Jimmy fue catapultado por la crisis política que se desarrolló a partir de abril de 2015, cuando se destapó el caso “La Línea”.

Este dato, más el comportamiento en las elecciones para diputados y alcaldes, demostraron que esa volatilidad electoral afectó igualmente a candidatos a alcaldes, que se alzaron con triunfos espectaculares, por ejemplo, en Mixco y en la ciudad de Quetzaltenango. Adicionalmente, en el Congreso de la República la tendencia es a elegir cada vez de más opciones partidarias, lo cual determina una tendencia a la fragmentación del poder de los partidos políticos en el Legislativo, como se aprecia en la gráfica 7.

Gráfica 7 Guatemala: partidos electos en el Congreso de la República (1985 – 2015)

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

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25 En la misma línea de análisis de la volatilidad y la dispersión del voto, en las elecciones de 2015, por primera vez desde 1985, los dos partidos con mayor votación no superaron, en conjunto, el 50% de los votos válidos, como se aprecia en la gráfica 8; además de que por primera vez también hubo un empate técnico entre segundo y tercer lugar que generó una cierta incertidumbre electoral.

Gráfica 8 Guatemala: votos acumulados 1o y 2o lugar, en porcentajes

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE

A partir de ahora hay fenómenos nuevos en la segunda vuelta electoral: por primera vez desde 1985, como se aprecia en la tabla 2, se rompió el famoso “penduleo” de la democracia guatemalteca, ya que existe una continuidad ideológica y de extracción de clase de quien nos va a gobernar en el período 2016-2020. Este aspecto de continuidad ideológica y de rompimiento del penduleo es lo que fundamenta la especulación de muchos analistas, que ven en los acontecimientos políticos del 2015 una gran manipulación mediática y una gran conspiración

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para desplazar a los actores que siempre han identificado como inaceptables. Por otro lado, el desempeño de la UNE y de Sandra Torres demuestran que existe la posibilidad de que se rompa la “maldición” del partido gobernante, especialmente si consideramos la composición y la naturaleza del voto de la UNE. Este aspecto lo analizaremos por aparte.

Tabla 2 Guatemala: Lógica pendular de la democracia

Fuente: Elaboración propia.

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27 La misma crisis del 2015 puede leerse como parte de una “falla estructural” del sistema político y electoral guatemalteco, que tiene una tendencia muy marcada a producir micro-terremotos políticos que tienden a alterar la “normalidad” del proceso electoral, de manera que las movilizaciones del 2015 solamente serían una parte integral de una lógica política más grande. Una reflexión más profunda de este tema es claramente necesaria, tal como lo demuestra la tabla 3.

Tabla 3 Guatemala: crisis institucionales desde 1985 a la fecha

Fuente: Elaboración propia.

Por ello, una lectura más atenta demostraría que hay fenómenos muy profundos que demuestran la crisis: la dispersión del voto, el intento de alterar la lógica pendular de la democracia, la tendencia de más partidos electos en el Congreso de la República (de 6 en 1985 a 14 en el 2015); además, el voto rural y urbano cada vez se diferencia más, haciendo que las dinámicas territoriales y sociales del país parecieran centrífugas: cada vez hay más alcaldías y la fragilidad de las alcaldías es mayor, debido a que a las reglas electorales vigentes garantizan que con un voto de diferencia, el ganador se lo lleva todo. Índice

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¿Voto de castigo o de esperanza? El significado de la victoria de Jimmy Morales La pregunta que flotaba en el aire a medida que se conocían los datos de la segunda vuelta electoral era: ¿Qué permitió la aplastante victoria de un aparentemente inexperto Jimmy Morales frente a una muy experimentada Sandra Torres? ¿Cómo pudo colarse de esa manera un personaje que no figuraba en los vaticinios políticos hace apenas seis meses? Y lo más sorprendente, ¿cómo ocurrió ese triunfo frente a un partido que lo que ha cultivado en los últimos años es una estructura territorial del voto, basado en la red de contactos obtenida a través del programa Mi Familia Progresa y el Consejo de Cohesión Social?

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Ni el más audaz de mis colegas analistas se atrevió a pronosticar un resultado como el que se empezó a colar en las pantallas del Tribunal Supremo Electoral la noche del 25 de octubre: una aplastante victoria del pequeño partido FCN-Nación y de su líder, el empresario de la comedia y poco experimentado político, Jimmy Morales.

Un segundo factor de sorpresa fue el comportamiento de la abstención, así como del voto nulo y blanco. El primero no creció significativamente, aunque si aumentó levemente, y el segundo y tercero se mantuvo prácticamente invariable respecto a los últimos procesos electorales, tal como se aprecia en las gráficas 9 y 10.

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29 Gráfica 9 % Voto nulo y blanco, 2 vuelta, 1985-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

Gráfica 10 % Abstención en II vuelta, 1985-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

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Una parte importante del voto útil en la primera vuelta se dispersó entre las tres opciones disponibles, y el mayor beneficiario fue Jimmy Morales: el voto del FCN-Nació creció un 236% con respecto al obtenido en segunda vuelta; la abstención creció un 152%, y el voto de Sandra apenas creció un 137% (gráfica 11); eso significa que buena parte de los electores que perdieron a su primera opción, migró hacia la opción de Jimmy.

Gráfica 11 Guatemala: Crecimiento electoral de FCN y UNE entre primera y segunda vuelta (En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

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31 Lo sorprendente fue la forma en que lo hizo. Desde hace muchos años Guatemala no se vestía de un solo color, como ocurrió en la segunda vuelta: Morales ganó en 21 de los 23 distritos electorales, y en 260 de 338 municipios. Y lo más relevante: triunfó en todas las cabeceras departamentales y en todas las ciudades importantes del país, como se aprecia en la gráfica 12.

Gráfica 12 Guatemala: Jimmy Morales y el voto de las cabeceras departamentales en segunda vuelta

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

Igualmente, Morales triunfó contundentemente en los dos departamentos clave, como son Sacatepéquez y Guatemala, donde el FCN-Nación obtuvo un promedio de más del 70% de los votos (gráficas 13 y 14).

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32 Gráfica 13 % Votos a Jimmy Morales en el Departamento de Guatemala

n

Sa

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

Gráfica 14 % Votos a Jimmy Morales en Sacatepequez

Sa

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

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Desde 1985, solo otros tres presidentes han gozado de un apoyo popular similar al de Morales: Vinicio Cerezo en 1985, Jorge Serrano en 1990 y Alfonso Portillo en 1999. En las elecciones de 2003, 2007 y 2011 la competencia fue mucho más reñida (gráfica 15).

Gráfica 15 Guatemala: Relación entre candidato ganador y perdedor, elecciones 1985-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

Por el contrario, Sandra Torres tuvo un desempeño favorable únicamente en 78 municipios, de los cuales únicamente en 20 tuvo un porcentaje arriba del 65% (gráfica 16); en el resto, la victoria fue sumamente reñida, incluso hubo un empate exacto del 50% en San Sebastián Coatán, Huehuetenango, en donde ambos candidatos obtuvieron 3,310 votos, con una participación inferior al 50% de los empadronados.

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34 Gráfica 16 % Votos a favor de la UNE

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

¿Cómo pudo pasar tal descalabro? ¿De qué sirvió el trabajo de casi cuatro años de Sandra Torres al frente del Consejo de Cohesión Social y del programa estrella del Consejo, Mi Familia Progresa? Los aliados y partidarios de la UNE confiaban, igualmente, en el trabajo organizativo y territorial que se estructuró a partir de los contactos y el trabajo de la UNE en dichos programas, por lo que en la práctica nadie esperaba tan magro desempeño.

Una primera hipótesis que podemos aventurar es que precisamente, el trabajo al frente de los programas Índice

sociales y el señalamiento de su objetivo clientelista y eminentemente electorero, pasó factura a Torres, porque eso fue visto por muchos como un acto poco ético, además de que siempre hubo sospecha de que dichos fondos fueron usados de una forma discrecional y poco transparente.

La segunda hipótesis es el desgaste electoral de la UNE, ya que el comportamiento del voto en las elecciones del 6 de septiembre demostró una lucha voto a voto entre los partidarios de Torres y los de Baldizón, ya que ambos contaban con trabajo organizativo y despliegue Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

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35 partidario similar, por lo que disputaron prácticamente el mismo electorado. En consecuencia, los partidarios de Baldizón podrían haber estado francamente enemistados, territorialmente hablando, con los de Torres, lo cual indudablemente benefició a Morales.

Una tercera hipótesis es la que habla de un terrible “accidente”, la elección de un personaje que por su carisma y trayectoria se visualizaba como “limpio”, políticamente hablando. En ese sentido, los ciudadanos prefirieron al calificado como “inexperto” Morales, pero al que le daban mayor credibilidad que a la de una Torres a la que muchos decían, ya había tenido la oportunidad, y no había hecho mayor cosa. Por ello, el mismo Morales habla más bien de un voto de esperanza, aquel que busca oxigenar las viciadas prácticas políticas vigentes, incluyendo el trabajo clientelista de la UNE a través de los programas sociales.

MI Familia Progresa y el voto de la UNE Una lectura superficial de los resultados electorales minimizarían a Torres y su partido; una lectura muy cuidadosa demostraría que pese a

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la derrota, Torres se visualiza como el partido del futuro, si es que sigue cuidando el caudal y el trabajo realizado a partir de los programas sociales.

El examen de los 78 municipios donde la UNE tuvo un desempeño favorable nos habla de un caudal de votos que se comportó de una forma sorprendentemente paralela a los beneficiarios de Mi familia Progresa, de manera que existe una clara relación entre el programa MIFAPRO, y el apoyo electoral a la UNE (gráfica 17).

Es de esperarse que este trabajo de muchos años y ese apoyo político siga vigente en el futuro, especialmente si consideramos la forma en que se articularon los programas sociales de la UNE: estaban diseñados para beneficiar a un tipo de personas y en áreas geográficas que tradicionalmente no habían sido cubiertas por la acción del Estado, por lo que hablamos aquí de una deuda histórica que empezó a ser saldada por los programas del Consejo de Cohesión Social. Sólo así se explica esa fidelidad de cuatro años, aun cuando Torres nunca fue la candidata favorita de los medios de comunicación, ni de los analistas políticos. La prestigiosa revista

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ContraPoder, por ejemplo, en su edición 120 tituló en portada: “Y ahora, ¿a quién le toca? Jimmy Morales y Sandra Torres emprenden la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Él arrasó y ella pasó de milagro”, sugiriendo una victoria de Jimmy en segunda vuelta. El hecho, entonces, es que nadie esperaba que la UNE desplazara del segundo lugar a Baldizón, por lo que pese a la derrota Torres sigue teniendo un caudal y un apoyo territorial que cualquier partido político envidiaría: a diferencia de su contrincante, el voto a Torres ha demostrado tener un grado de adhesión y coherencia que ni la mitad del voto de Jimmy siquiera aspira a tener.

Gráfica 17 Beneficiarios de MIFAPRO y apoyo a la UNE en 77 municipios

Fuente: Elaboración propia con datos de MIFAPRO y el TSE.

Ha muerto el rey, que viva el rey Los ecos de la campaña electoral han pasado, y lo sucedido, a partir de ahora, solo podrá alimentar análisis políticos, fundamentar capítulos para la historia, destinada a ser relatada Índice

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en anécdotas que se repetirán en pláticas informales. Lo importante ahora es que nos depara el futuro.

Jimmy Morales tiene un reto descomunal: - El primer gran reto es honrar la confianza de la ciudadanía, que le dio un apoyo masivo, pero que no tendrá mucha paciencia para exigir resultados, especialmente si Morales empieza a cometer los mismos errores de sus antecesores.

La prueba contrarreloj está en marcha.

- La crisis del 2015 demostró el grado de penetración de las mafias y redes criminales en la institucionalidad del Estado.

Morales no llega en una época “normal”, asume en una situación de emergencia y, por ello, saber administrar la crisis y también avanzar en las medidas necesarias para reconstruir la institucionalidad estatal y combatir a las redes criminales y de corrupción, es un desafío para nada despreciable.

- Hablar de Morales indudablemente es recordar a otro personaje que llegó en circunstancias similares, y que no terminó su período: Jorge Serrano Elías. En particular, el paralelismo crítico es el número de Índice

diputados con que cuenta Morales, incluso menor, proporcionalmente, a los de Serrano. La gravedad de la crisis demanda que Morales debe cogobernar con el Congreso, especialmente para promover cambios institucionales y reformas impostergables, reducidas en una primera etapa a cuatro: Ley de Contrataciones, Ley de Servicio Civil, Ley Electoral y de Partidos Políticos y cambios al sector Justicia, pero que se extiende a una muy grande variedad de proyectos legislativos. ¿Contará Morales con la suficiente capacidad para superar el posible bloqueo político de los partidos a los que derrotó en el proceso electoral? Es la pregunta clave.

Por otro lado, Morales tiene condiciones inmejorables: su bajo nivel de gasto político le garantiza pocas ataduras y compromisos previos, y el hecho de que la transición se realice bajo el mando de un Presidente de transición, le augura un traspaso de mando más ordenado y expedito que si hubiera sido realizado con el gobierno del partido Patriota.

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De la capacidad de Jimmy Morales de encontrar los aliados correctos y las figuras políticas adecuadas que le garanticen que toma las decisiones correctas, depende en gran medida el hecho de que su gobierno pueda sortear con gallardía las muchas pruebas a las que seguro tendrá que enfrentar, o por el contrario, que pronto tengamos otra crisis institucional de dimensiones desconocidas. La articulación de un movimiento ciudadano que ya le prometió al nuevo gobierno una vigilancia estrecha, garantiza que quizá más pronto que tarde las plazas de muchas ciudades en el país serán escenario de nuevas y renovadas protestas en pos del cambio real que la sociedad demanda.

¿Avance o retroceso?

Muchos analistas progresistas han reconocido toda la gesta cívica del 2015 como un gran fiasco, especialmente por la forma en que

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culminó el proceso electoral, es decir, por la amplia victoria del candidato conservador Jimmy Morales. Desde esa perspectiva, toda la movilización fue orquestada por actores como el CACIF y la embajada de Estados Unidos, al punto que solamente “cambiamos” de pesadilla.

Desde mi particular punto de vista, lo peor que le pudo pasar a la movilización fue ubicarse en medio de un proceso electoral, ya que de antemano cualquier resultado hubiera sido cuestionado por algún sector: ninguno de los 14 candidatos a la presidencia era el idóneo, y lo único que hubiéramos podido hacer era identificar cuál era el “menos peor”, tal como hemos argumentado en este mismo artículo.

Una segunda reflexión para defender la naturaleza extraordinaria de este año, lo constituye el legado intangible de las manifestaciones: la semilla de una ciudadanía más informada, más consciente,

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que perdió el miedo a salir a la calle e inició un proceso de articulación y organización. Por supuesto, lo más probable es que tales aspectos no se verán materializados en el corto plazo, pero la hipótesis es que tarde o temprano serán la semilla de un movimiento maduro y con más direccionalidad del que se generó en el 2015. En ese sentido, las manifestaciones ciudadanas alcanzaron lo que en su limitada composición y falta de articulación podían alcanzar: ser un elemento simbólico y de esperanza en el largo proceso de “democratizar la democracia”.

Por supuesto, solamente el seguimiento crítico de los años venideros nos podrán dar la pauta para determinar si el 2015 fue otro año de derrota de las esperanzas democratizadoras de la sociedad, o si, por el contrario, fue el inicio de un nuevo y luminoso futuro que juzgará los acontecimientos de este año como el parteaguas en la historia política reciente de Guatemala.

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Perspectiva

Aumento de 1.5-2.0 °C,

críticos para la seguridad alimentaria Magaly Arrecis Área Socioambiental, IPNUSAC

Resumen En diciembre de 2015 durante la Conferencia de las Partes (COP21), 195 países lograron consenso para alcanzar el Acuerdo de París, pendiente de ser ratificado por las Partes, en el cual uno de los temas es el límite de incremento de la temperatura promedio mundial, que se acordó en los rangos que van entre 1.5-2.0 °C. Sin embargo para varios países particularmente vulnerables, donde los cambios de temperatura ya son extremos y en áreas altamente sensibles como el corredor seco guatemalteco y en el país en general, este margen de incremento por las emisiones de los gases de efecto invernadero son peligrosas y hacen que la población, principalmente la seguridad alimentaria y la diversidad biológica se vea afectadas. Ante este panorama, 186 países se comprometieron a tomar acciones para enfrentar el cambio climático y se espera que las condiciones en el planeta se mantengan para permitir la vida en los próximos años, tal como la conocemos actualmente.

Guatemala también asumió compromisos que se esperan plasmar en un plan de acción ante el cambio climático que está en construcción con la participación de distintos sectores.

Palabras clave Acuerdo de París, cambio climático, plan de acción, seguridad alimentaria, variabilidad climática

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41 Increase of 1.5 -2.0 oC, critical for food security Abstract In December 2015 during the Conference of the Parties (COP21) 195 countries reached consensus to achieve the Paris Agreement, pending ratification by the Parties, in which one of the topics discussed was the limit of increase in global average temperature, which it was agreed in the ranks ranging between 1.5-2.0 °C. But for several particularly vulnerable countries, where temperature changes are extreme and highly sensitive areas and as the dry corridor of Guatemala and the country in general, this margin increased by emissions of greenhouse gases are dangerous because the country´s characteristics makes the population, mainly food security and biodiversity is affected by the effects of climate change. Against this background, 186 countries pledged to take action to address climate change and conditions are expected to remain on the planet to sustain life in the coming years, as we know it today. Guatemala also made commitments that are expected to translate into an action plan on climate change that is under construction with the participation of different sectors.

Key Words Action plan, climate change, climate variability, food security, Paris Agreement.

Cambio y variabilidad climática

D

e acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), el cambio climático consiste en la variación del estado del clima que puede ser identificado con pruebas estadísticas (por los cambios en la media y/o la variabilidad de sus propiedades) y que persiste durante decenios o períodos más largos. Se debe aclarar que el cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o fuerzas externas, como los ciclos solares, las erupciones volcánicas y los cambios de origen antropogénico persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso del suelo (IPCC, 2013).

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En ese sentido, vale la pena retomar que la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que en su artículo 1 define el cambio climático como: “Cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. Así, la Convención establece una distinción entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas naturales (IPCC, 2013).

El IPCC refiere como variabilidad climática a las variaciones en el estado promedio del clima en todas las escalas espaciales y temporales, donde se reportan extremos climáticos, más allá de los fenómenos meteorológicos individuales. Esta variabilidad puede deberse a procesos internos dentro del sistema climático, así como a variaciones naturales o a causas externas antropogénicas (IPCC, 2013).

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Evidencias de los cambios en el clima Los resultados de las investigaciones del IPCC muestran alarmantes cambios en la temperatura de la superficie terrestre y de los océanos en diversos lugares del planeta, lo cual modifica todas las condiciones climáticas y por ello se registran variaciones extremas.

La Figura 1 muestra los promedios de temperatura terrestre y de los océanos de forma conjunta y evidencian un calentamiento de 0.85 °C entre 1850 y 2012 (IPCC, 2013). A partir de 1910 la temperatura del planeta se incrementó paulatinamente, pasando de un límite inferior de -0.4 °C hasta un máximo de 0.5 °C en promedio, rangos que han tenido alzas y bajas en varios años, pero en términos generales el aumento es discutible y se le atribuye a la mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

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Figura 1 Anomalía de temperaturas en superficie terrestre y oceánica combinadas observada en promedio anual en oC a nivel mundial entre 1850 y 2012

Fuente: IPCC, 2013.

Esta tendencia indica la gravedad de permitir que se incremente la temperatura promedio del planeta en 1.5 o 2.0 °C (tema de amplias discusiones durante la 21ª Conferencia de las Partes, COP21, celebrada en Francia en diciembre de 2015), ya que con menos de un grado centígrado de temperatura de modificación, el aumento de calor ha sido más que evidente y los efectos ya los están sufriendo la población y la diversidad biológica (ecosistemas, especies y genes) en algunos lugares de planeta más que en otros.

Este incremento de temperaturas a nivel global se traduce en el cambio de temperatura observado en toda la superficie del planeta entre 1901 y 2012 (Figura 2),

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donde además del color de cada cuadro, que corresponde a la medición del incremento en grados centígrados, el signo (+) indica que la tendencia ha sido el aumento de la temperatura, lo cual se generaliza tanto en la superficie terrestre, como en los océanos (IPCC, 2013).

Figura 2 Cambio observado en la temperatura de la superficie entre 1901-2012

Fuente: IPCC, 2013.

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El IPCC calculó las tendencias en las temperaturas mundiales, en los casos en los que la disponibilidad de datos ha permitido establecer una estimación fiable (un cuadro de color indica que hubo 70% de registros completos y más del 20% de disponibilidad de datos en el primer y último 10% del período de tiempo analizado, en blanco aparecen los lugares donde no se cuenta con estos datos) (IPCC, 2013).

En relación a los límites en la temperatura que se espera alcanzar al año 2030, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Andreas Lehnhoff, en su discurso ante la Asamblea de la COP21/ MOP11, basado en la Posición de País, recalcó que Guatemala genera pocas emisiones de gases de efecto invernadero y solicitó reconocer al istmo centroamericano como una región vulnerable ante los efectos negativos del cambio climático, donde los impactos también han generado problemas de gobernanza y seguridad humana. Además informó sobre el interés nacional de limitar el incremento de la temperatura media mundial por debajo del 1.5 oC con respecto a los niveles preindustriales (MARN, 2015).

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En este sentido, vale la pena tomar en cuenta la cruda reflexión que hizo el señor Afework representante de la delegación de Etiopía, durante una discusión interna de participantes en la COP21 apoyados por el Fondo de Desarrollo Noruego.

Afework indicó que la discusión entre permitir un incremento de 1.5 o de 2.0 oC con respecto a los niveles preindustriales, para algunos lugares ya es una discusión tardía porque en varios países de África la variación ya sobrepasó los 2.5 °C (países marcados en rojo) y permitir cualquier incremento elevaría la temperatura arriba de los 3.0 °C o más, lo cual sería devastador porque en estos sitios generalmente el calor ya es intenso y últimamente la sequía y la pérdida de alimentos ha sobrepasado los límites reportados anteriormente, empeorando los niveles de sobrevivencia y de pobreza ya existentes (SCCOP21, 2015).

Por otro lado, el jefe de la delegación de Nicaragua, el señor Oquist, uno de los ocho países que no presentaron su compromiso de Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés, que según resoluciones de la COP 21 ahora pasaron a ser NDC porque ya fueron presentados

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por 186 Partes de la Convención) porque los consideran poco reales para detener las emisiones de gases de efecto invernadero, indicó que la posición de Nicaragua es que los países emisores son responsables y deben compensar a los países que menos contaminan, en lo que se plantea como responsabilidad común pero diferenciada (Arguedas, 2015; TIE, 2015).

A pesar de estos argumentos, al terminar la COP21 y MOP11 (11ª Reunión de las Partes) el Acuerdo de París, que deberá ser ratificado posteriormente por los países Parte de la Convención, en el artículo 2, inciso a) resolvió: “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático” (CMNUCC, 2015).

El caso de Guatemala resulta preocupante porque por un lado, los datos de la Figura 2 ya muestran al país con incrementos de temperatura significativos y además los datos que se poseen no son los más completos Índice

que se requieren, ya que según declaraciones de funcionarios del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) está pendiente de completar en calidad y cantidad la red de estaciones meteorológicas que el INSIVUMEH debe tener en todo el territorio nacional, para generar datos meteorológicos que puedan contribuir a los estudios que hace el IPCC sobre el clima y realizar análisis del estado actual del clima y de proyecciones que puedan ayudar a tomar decisiones para las acciones de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático en diversos campos, como la agricultura y la seguridad alimentaria, actividades productivas y modificaciones en los ecosistemas.

Efectos del CC en la agricultura y seguridad alimentaria Estos cambios en el clima, provocados por la alteración en el sistema climático mundial se están manifestando como irregularidad en el patrón e intensidad de lluvias (exceso de lluvia o sequía Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

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en tiempos poco oportunos para el crecimiento de las plantas) y extremos de altas o bajas temperaturas (intenso calor o heladas), los cuales pueden favorecer el aparecimiento de plagas o enfermedades o en un solo evento, arruinar altos porcentajes de las cosechas (CGIAR et al, s.f.).

En ese contexto, tal como lo indica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés, s.f.), las pérdidas en la producción de alimentos (agricultura, pesca y ganadería) también afectan las condiciones de vida de las personas que se dedican a estas actividades en áreas rurales, quienes ya suelen vivir en condiciones de alta vulnerabilidad e inseguridad alimentaria, pero también de las personas en las ciudades que consumen estos productos, porque ante la escasez los precios de los alimentos se elevan y las familias en niveles de pobreza ya no pueden acceder a los alimentos y se incrementa el hambre y la malnutrición.

Los episodios climáticos extremos cada vez son más frecuentes e intensos y su impacto negativo sobre la disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos, su estabilidad

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y su utilización, como la obtención de los bienes y oportunidades de los medios de vida, especialmente de quienes viven en ambientes frágiles, provocará que haya más población pobre con alto riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional por la pérdida de sus bienes y por la falta de cobertura de seguros que les ayuden a recuperar su economía familiar.

Para el caso de Guatemala estos impactos y riesgos son mayores por el nivel de amenaza crimatológica que el istmo centroamericano tiene por localizarse justo en la ruta de huracanes y tormentas tropicales de los océanos Pacífico y Atlántico que anualmente afectan la región; por la amenaza de sufrir sismos, porque el país está ubicado sobre una masa de tierra fragmentada por tres placas tectónicas intercontinentales activas que se cruzan precisamente en Guatemala, y por la vulnerabilidad social: el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que el 59.3% de la población es pobre y se estima que 23.4% se encuentra en nivel de pobreza extrema (INE, 2015). Estas condiciones hacen que, ante los efectos del cambio climático, la población más vulnerable de Guatemala sigue estando en el área

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rural; se trata de población mayormente indígena y entre esta, las mujeres, los adultos mayores y también la población joven y la niñez se verá afectada de forma impredecible y provocará efectos económicos y sociales en las siguientes décadas.

Según Baumeister (2010) y RUTA et al, (2012) citado por CGIAR et al (s.f). estas circunstancias ponen en riesgo la seguridad alimentaria del 52% de la población rural de la región, que depende de cultivos como el maíz y el frijol, principalmente desarrollados en el sistema de secano y por lo tanto, son altamente sensibles a la variabilidad climática.

Figura 3 Sequía en Centroamérica

Fuente: Ramírez, 2007 citado por CGIAR et al, s.f.

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Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en 2012 aproximadamente 53,297 familias perdieron cultivos de maíz y frijol debido a la sequía y se estimó que el monto de la pérdida equivale a Q. 83,578.8 miles. Registrándose que los períodos más prolongados de escasez de lluvia ocurrieron en el corredor seco en los departamentos de Quiché, Baja Verapaz, El Progreso, Guatemala, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa (Figura 4) (CGIAR et al, s.f.).

Figura 4 Sequía en el corredor seco en Guatemala

Fuente: PNUD-PNUMA, 2013 citado por CGIAR et al, s.f.

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Ante estos hechos, el MAGA ya cuenta con instrumentos de planificación y acciones para responder a los efectos del cambio climático y durante los siguientes meses, a través de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y el Consejo Nacional de Cambio Climático, según la Ley Marco de Cambio Climático (Decreto 7-2013), se preparará con la participación de diversos sectores, el Plan de Acción Nacional de Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático, el cual se basará en un documento de propuesta coordinado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Segeplan durante 2015.

Referencias bibliográficas

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Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

Revista Magaly Arrecis

Aumento de 1.5-2.0 °C, críticos para la seguridad alimentaria

Análisis de la

Realidad Nacional

51 - Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en español). (2013). Cambio climático 2013; bases físicas. Resumen para responsables de políticas, resumen técnico y preguntas frecuentes. Consultado 061215 en https://www.ipcc.ch/pdf/ assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_ SPM_brochure_es.pdf - Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015). República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014; principales resultados. Guatemala: INE. PDF. 47 p.

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Revista Marcelo Colussi

Ecocidio en curso Con motivo de la cumbre “ecologista” de París

Análisis de la

Realidad Nacional

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Perspectiva

Ecocidio en curso

*

Con motivo de la cumbre

“ecologista” de París

Marcelo Colussi ** Psicólogo y Licenciado en Filosofía Investigador del IPNUSAC

Resumen El clima cambia a través del tiempo. Eso es un proceso natural. Pero en estos últimos dos siglos la intervención del ser humano sobre la naturaleza ha provocado cambios tan drásticos y acelerados, que los mismos ecosistemas no están en condiciones de soportar.

Esas transformaciones se deben al modelo de desarrollo en curso, que ha impuesto el capitalismo: no se produce solo para llenar necesidades básicas sino que se “inventan” necesidades, y la industria se encarga de darle forma a esos nuevos productos. La obsolescencia de los artículos industriales se impone, se programa; de ahí la fiebre consumista imparable que se ha instalado. Pero ese consumo tiene que obtener la materia prima de algún lado. Se da ahí, entonces, el desastre medioambiental en curso: el planeta Tierra se asume como cantera infinita. Ese modelo de desarrollo económico nos ha empujado al desastre medioambiental en curso. Los factores de poder lo saben, pero siguen adelante con su carrera depredatoria. No quieren ni pueden detenerla. Las cumbres para tratar este acuciante problema de la catástrofe ecológica que vivimos no pasan de buenas declaraciones. El interés real del capitalismo no es ser puro y limpio ambientalmente, sino no perder ni un centavo. Las cumbres, como la concluida el 12 de diciembre último en París, no pasan de mediocres “lavadas de cara”. Los cambios profundos siguen esperando.

Palabras clave Ecología, catástrofe ambiental, consumo, modelo de desarrollo, irresponsabilidad.

*Una primera versión del artículo se publicó en Plaza Pública: http:// www.plazapublica.com.gt/content/ecocidio-en-curso ** mmcolussi@gmai.com, https://www.facebook.com/marcelo. colussi.33

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Realidad Nacional

53 Ecocide in the process, on the occasion of the “green” Summit in Paris Abstract The weather changes over time. That is a natural process. But in the last two centuries the intervention of humans on nature has caused such drastic and rapid changes that these ecosystems are unable to bear. These transformations due to the current development model, which has imposed capitalism: not only occurs to fill basic needs but “invent” needs, and the industry is responsible for shaping these new products.

The obsolescence of industrial goods is imposed, it is programmed; hence the unstoppable consumer fever that has been installed. But the consumer has to obtain the raw material from somewhere. It occurs there, then the ongoing environmental disaster: the Earth is assumed as infinite quarry. This model of economic development has pushed us to the ongoing environmental disaster. The factors to know, but they continue their predatory race. Neither willing nor able to stop it. Summit to address this pressing problem of ecological catastrophe we live not pass good statements.

The real interest of capitalism is not environmentally pure and clean, but not lose a penny. Summits like the current Paris not spend mediocre “face washed.” Profound changes are still waiting.

Key Words Ecology, environmental catastrophe, consumption, development model, irresponsibility.

L

a actividad productiva del ser humano, imprescindible para su sobrevivencia, modifica el medio ambiente. Esa es una característica distintiva básica que nos diferencia de todo el reino animal: nuestro trabajo va creando un mundo nuevo, “artificial” podría decirse: desde la primera piedra afilada por el homo habilis hace dos millones y medio de años, hasta las estaciones espaciales que circundan el planeta, ese proceso nunca se ha detenido, y no se ven motivos para que suceda.

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La productividad humana crece; eso siempre ha sido así, y sumado a los cambios que experimenta el clima a lo largo de los años, de los siglos o de los milenios, el medio ambiente en que nos movemos como especie sufre modificaciones, a las que debemos ir adecuándonos.

Pero algo está sucediendo desde hace un par de siglos, que no puede explicarse solo por razones naturales. En estos últimos 200 años los cambios en el clima han sido abrumadoramente dramáticos.

Todas las evidencias científicas así lo atestiguan.

Catástrofes derivadas de la obtención de recursos necesarios para la vida no son nuevas en nuestra historia; el agotamiento de selvas o de tierras cultivables por la sobre-explotación marcan el paso del ser humano por el planeta (pensemos en el agotamiento de la gran cultura maya en nuestras tierras, por ejemplo).

Sin embargo, desde que entra en escena el capitalismo con su revolución industrial, la producción cambió radicalmente: se empezó a producir no sólo para satisfacer necesidades

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sino, ante todo, para vender, para obtener lucro económico. En otros términos: se comenzaron a “inventar” necesidades, pues todo pasó a ser mercancía. Todo, absolutamente todo se comienza a hacer para el mercado: la salud, la educación, la espiritualidad, el sexo, la diversión, etc.

Debe quedar claro que el cambio climático por efecto del calentamiento global es un proceso natural, que comenzó hace 12 mil años atrás a partir del retiro de la última glaciación, luego de lo cual se pudo llegar a la agricultura y a la domesticación de los primeros animales, transformándose el ser humano de nómada en sedentario.

Surgió ahí el establecimiento fijo de sociedades agrarias con una producción excedente, a partir de lo que nacen las aglomeraciones humanas, basadas en la propiedad privada con clases antagónicas.

Desde ese entonces ya conocemos la historia: las clases poseedoras defienden a muerte (¡a muerte!) su propiedad, y la “violencia” se ha transformado en la “partera de la historia” (ningún cambio en las relaciones de poder ha sido –ni parece que pudiera ser– pacífico).

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55 Quien tiene, quien se siente poseedor, se resiste a ceder lo que considera propio (propietario de los medios de producción, el varón de las mujeres, etc.)

En estos momentos cursamos el final de ese proceso de glaciación por el deshielo de los polos Norte y Sur y de los glaciales en las cordilleras del Himalaya, los Andes y los Alpes. Pero a ello hay que sumar algo novedoso: en el actual calentamiento global hay mano humana comprometida.

La industria moderna, que se alimenta en muy buena medida de productos no renovables para su funcionamiento, ha causado daños irreparables a los ecosistemas. No pareciera que el actual ecocidio fuera consecuencia de ciclos naturales: el desmedido afán de ganancia ha llevado a la presente (y catastrófica) situación.

Esa cultura del consumo a que dio lugar el capitalismo es insostenible, más aún la basada en el petróleo.

Al generarse artificialmente las necesidades, eso no tiene fin. De ese modo, en función de ese modelo de desarrollo, el planeta se está

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empezando a poner en serio riesgo, pues todo entra en la lógica de la depredación, todo pasa a ser botín.

Es decir: el planeta en su conjunto se constituye en materia prima para una industria que lo único que busca es vender, forzar a consumir a cualquier precio.

Esa locura consumista puede observarse a diario en cualquier rincón del planeta, pero este momento puntual entre fines de noviembre y principio de diciembre de 2015 permite apreciar en su más descarnada expresión la contradicción en juego: mientras se reúnen en París, Francia, mandatarios de todos los países del mundo más una presencia enorme de técnicos y allegados que eleva la cifra de participantes a 45 mil personas, todos oficialmente empeñados en detener el cambio climático en curso, la proximidad de las absurdas fiestas navideñas ha disparado una vez más la típica fiebre del consumo de esta época, haciendo que se aumente exponencialmente la venta de las más interminable lista de productos. ¿Realmente se quiere salvar el planeta? Pareciera que no. ¿Hay acaso alguna declaración, o siquiera mención, en la Cumbre de

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56 París sobre este aluvión de consumo navideño irracional?

Es eso, el alocado consumo de “necesidades inventadas”, lo que produce el colapso de la Madre Tierra, y no otra cosa. El problema no es el “natural” cambio climático; el verdadero problema es el modelo capitalista en curso.

La progresiva falta de agua dulce, la degradación de los suelos, los químicos tóxicos que inundan el globo terráqueo, la desertificación, el calentamiento global, el adelgazamiento de la capa de ozono que ha aumentado por 13 la incidencia del cáncer de piel en estos últimos años, el efecto invernadero negativo, el derretimiento del permafrost o permagel, son todas consecuencias de un esquema productivo devastador que no tiene sustentabilidad en el tiempo. ¿Cuánto más podrá resistirse esta rapiña de los recursos naturales?

Las sociedades agrarias “primitivas”, o inclusive las tribus del neolítico que aún se mantienen, son mucho más moderadas en su equilibrio con el medio ambiente que el modelo industrialista, consumidor de recursos no renovables que puso en marcha el capitalismo.

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Ahora bien: ¿para qué entonces esas periódicas reuniones monumentales donde se discute, supuestamente, el destino de la humanidad y de su casa común, el planeta Tierra, tal como la que concluyó en París el 12 de diciembre? ¿Para qué toda esta parafernalia, insustancial en definitiva, que se mueve de un punto a otro del mundo cada tantos años: Montreal, Nairobi, Kyoto, Copenhague, Cochabamba, París? ¿Por qué la situación no mejora realmente? Pues porque no hay la mínima intención de cambio en las grandes corporaciones globales que manejan el mundo. Así de sencillo.

¿Para qué se reúnen entonces, con tanta pompa y bulla, estas cumbres? Por un lado, para salvar al capitalismo en tanto sistema, dado que es el acusado principal del calentamiento global que se vive. Y el sistema no se puede dejar venir abajo.

Pero por otro lado –quizá es el objetivo principal– para incidir en forma planetaria en las decisiones fundamentales que pesan en el mundo, para marcar las líneas de acción que deberán tomar los países dependientes (la gran mayoría) y

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Realidad Nacional

57 la ONU. En definitiva: para que las grandes corporaciones globales que mueven fortunas inconmensurables puedan seguir produciendo alocadamente y no pierdan ni un centavo, buscando mecanismos alternativos para continuar con sus negocios.

Por ejemplo: certificando el “derecho a contaminar”. Es decir: distribuyendo entre todos los países miembros de Naciones Unidas cuotas de desarrollo (léase: contaminación tolerada), que luego el país, si no la utiliza, podrá venderla a uno industrialmente desarrollado. O para cumplir con la “corrección política” de firmar protocolos que luego nunca cumplen en sus procesos industriales, pues no hay fuerza real que los puede poner en cintura.

Referencias bibliográficas

- Fuentes, M. (2015) “¿Cuál es la gravedad de la crisis climática?” en La Izquierda Diario, 30 de noviembre de 2015 Disponible en: http://www. laizquierdadiario.com/Cual-es-la-gravedad-de-la-crisis-climatica - Hallazi, L. (2015) “COP 21: Entre la crisis climática y el terror parisino”, en Rebelión, 4-12-2015. Disponible en: http://www. rebelion.org/noticia.php?id=206382 - Llopis, E. (2015) “La cumbre de París oculta que caminamos hacia el colapso ambiental”. Entrevista a Carlos Arribas (Ecologistas en Acción) y David Sandoval (Greenpeace) en Rebelión, 10-12-2015.

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Disponible en: http://www.rebelion.org/ noticia.php?id=206610 - Valencia, L. (2015) “Capitalismo y cambio climático”. En Rebelión, 9-12-2015.

Disponible en: http://www.rebelion.org/ noticia.php?id=206578

Es evidente que dentro del marco del libre mercado no hay solución posible para estos problemas. Se necesita, entonces, pensar en nuevas salidas, nuevos modelos. ¿Qué hacemos?

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Revista Nery R. Villatoro Robledo

La pobreza, una pandemia social

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Realidad Nacional

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Contrapunto

La pobreza, una pandemia social

Nery R. Villatoro Robledo Investigador social y analista independiente

Resumen En este artículo, el autor hace un apunte analítico inicial de los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, hechos públicos hace pocos días por el Instituto Nacional de Estadística. Se parte de que la pobreza afecta no solamente a los países del capitalismo subdesarrollado, sino también a los que se considera “desarrollados”. Se detiene en el caso guatemalteco, respecto del cual se presentan datos novedosos que confirman el agravamiento del problema, a contrapelo de los compromisos del Estado en relación con los incumplidos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tras de señalar la inconsistencia de la “teoría del derrame”, el autor cita fuentes periodísticas nacionales que apuntan hacia el aumento de la concentración de la riqueza como explicación de los resultados de la ENCOVI 2014, aun a despecho de la afirmación del Banco Mundial de que los datos no dicen nada sobre las causas del aumento de la pobreza.

Palabras clave Pobreza, pobreza extrema, ENCOVI 2014, derrame, distribución de la riqueza

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La pobreza, una pandemia social

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The poverty, a social pandemic Abstract In this article, the author makes an initial analytical note of the preliminary results of the national survey of living conditions, made public recently by the National Institute of statistics. It is that poverty affects not just underdeveloped capitalism countries, but also to those who are considered “developed”. Stops in the Guatemalan case, which presented new data that confirms the worsening of the problem, against the grain of the commitments of the State in relation to the unfulfilled objectives of the Millennium development. After point out the inconsistency of the “theory of the spill”, author quote national news sources that point to the increase in the concentration of wealth as an explanation of the results of ENCOVI 2014, even despite the affirmation of the World Bank that the data do not say anything about the causes of the increase in poverty.

Key Words Poverty, extreme poverty, ENCOVI 2014, spill, distribution of wealth

U

no de los grandes problemas de nuestro tiempo, que podría definirse como “pandemia social”, por ser un fenómeno generalizado en los países de capitalismo subdesarrollado pero que también afecta a países del capitalismo desarrollado, es la cuestión de la pobreza.

Tanto, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso reducir a la mitad la pobreza extrema en el mundo en el año 2015, como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Pero las acciones emprendidas no han dado resultados positivos, por lo menos no los que se esperaban. Muy pocos países han logrado avances importantes. De

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Realidad Nacional

60 manera que la ONU pospuso el cumplimiento de los ODM para el 2025.

En Latinoamérica la mayoría de países tuvo logros magros; en algunos incluso ha habido retrocesos, de suerte que en el continente la pobreza y pobreza extrema continúan azotando a un número considerable de la población.

Salvo en pocos países, como es el caso de Ecuador, donde la pobreza ha disminuido considerablemente.

Guatemala no es ajena a esta situación general en el continente.

Tiene uno de los índices de pobreza y pobreza extrema más altos en Latinoamérica.

Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014, hechos públicos parcialmente el 10 de diciembre último por el Instituto Nacional de Estadística (INE), pulverizan los de las encuestas de 2000, 2006 y 2011.

En 2011 la pobreza total se situó en 53,7% y la pobreza extrema disminuyó a 13,33%, registrando una variación de más 2.71 puntos porcentuales y menos 1.87 puntos, respectivamente, en comparación con 2006. Sin

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embargo, según un diagnóstico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN, 2010), en términos absolutos no registró variación: 1 millón 976 mil 604 personas en pobreza extrema en 2006, y 1 millón 961 mil 345 en esa misma condición, en 2011.

La ENCOVI 2011, levantada con una metodología diferente a las dos anteriores, evidencia un gran retroceso en cuanto a la pobreza.

Pero se queda corta comparada con los resultados de la ENCOVI 2014, levantada con la metodología del Banco Mundial; por lo que el INE toma como referencia, para efectos comparativos, los datos de las encuestas de 2000 y 2006.

La encuesta de 2014 revela que la extrema pobreza se incrementó al 23,4% mientras que la pobreza total ascendió a 59,3%, como puede observarse en el cuadro 1. Tres quintos de la población es pobre y casi la cuarta parte es pobre extrema.

Alta Verapaz es el departamento con mayor pobreza extrema: 53,6%, seguido de Quiché y Chiquimula con 41%.

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Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI 2011 (INE), citado en Villatoro Robledo (2014:23) y ENCOVI 2014 (INE)..

Los rostros de la pobreza La pobreza en Guatemala tiene tres rostros dominantes: indígena, rural y de mujer.

Según la ENCOVI 2014, la pobreza extrema en la población indígena pasó del 27,3% al 39,8%; un aumentó de 12 puntos porcentuales. De acuerdo con la misma fuente, en el año en que fue realizada la encuesta casi cuatro de cada cinco personas indígenas se encontraba en pobreza.

“Al comparar los niveles de pobreza con la población no indígena, se obtiene que la pobreza en la población indígena era 1.7 veces mayor que en

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la población no indígena”, hace notar el informe del INE (2015:4).

Casi ocho de cada diez habitantes de las áreas rurales (76,1 %) viven en condiciones de pobreza. Los resultados de la encuesta de 2014 sugieren que ese patrón histórico se ha acentuado, pues hubo un crecimiento de 5.6 puntos porcentuales en comparación con lo observado en 2006, como puede observarse en la Gráfica 1.

El INE hace notar una tendencia novedosa: el cierre relativo de la brecha entre la pobreza rural y la urbana. Mientras en 2000 la diferencia entre una y otra era de 47.2 puntos porcentuales, en la medición de 2014 la distancia se redujo a 34 puntos.

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62 ¡Pero no porque la pobreza rural haya disminuido, sino porque la pobreza urbana aumentó! En efecto, en 2000 la pobreza afectaba al 27,3% de la población urbana, pero en 2014 ese indicador llegó a 42,1 por ciento.

Gráfica 1

Fuente: elaboración propia, con datos de INE 2015: 4

De acuerdo con los mapas de pobreza rural del INE (2013) basados en la ENCOVI 2011, cuatro departamentos tienen pobreza rural superior al 80 por ciento: Alta Verapaz, 89,6%; Sololá, 84,5%; Totonicapán, 80,6%, y Suchitepéquez 80,5%.

La ENCOVI 2014 confirma que la pobreza afecta en mayor medida a las mujeres: del total de población en condiciones de pobreza, el 51,3% está formado por mujeres. Detengámonos por un momento en este Índice

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punto. La pobreza es un fenómeno estructural; y no podía ser de otra manera en el caso de las mujeres, pues tiene que ver con un sistema de dominación y opresión de los hombres sobre las mujeres: el patriarcado, y con un sistema de explotación en su doble condición de mujer y trabajadora: el capitalismo.

La explotación de las mujeres en esa doble condición (mujer y trabajadora) ocurre de las siguientes formas: el trabajo no pagado (al igual que a los hombres), es decir, la plusvalía; remuneración menor que a los hombres por un trabajo igual, y la explotación en el hogar como reproductora de la fuerza de trabajo y al tener que hacerse cargo de las tareas domésticas. De esa manera, las mujeres se enfrentan a la dominación y explotación capitalista, por un lado, y a la dominación y explotación patriarcal, por otro.

Estudios recientes indican cómo la discriminación “por género” manifiesta en la menor remuneración a las mujeres impacta en los niveles de pobreza de las familias, especialmente en aquellas en las que la mujer es cabeza de familia.

Sólo a manera de ejemplo, Santos y Mansueto (2008) estudian el período Índice

1992-2001 en Brasil. Estimando una distribución contrafactual del ingreso familiar bajo la hipótesis que el mercado de trabajo remunera por igual a hombres y mujeres de acuerdo a sus capacidades, muestran cómo eliminando la discriminación “por género” la pobreza disminuye en alrededor de 10%, y observan un impacto más significativo en “poblaciones más vulnerables”.

La ENCOVI 2014 también revela que la niñez, la adolescencia y la juventud viven mayoritariamente en condiciones de pobreza. Según apunta el informe “para 2014, el 68.2% de los menores de 18 años habitaban en hogares pobres. Al desagregar por rangos de edad, se obtiene que el 70.2% de los niños menores de 10 años se encontraba en pobreza. Mientas que para los niños-adolescentes entre 10 y 17 años, la pobreza era de 65.9%” (INE, 2015:15).

Pobreza y distribución Cuando uno ve esos datos, no puede menos que preguntarse: ¿por qué la pobreza ha aumentado a esos niveles, cuando se supone que el mercado derramaría a toda la población los beneficios del crecimiento económico?

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64 El efecto derrame es una gran farsa, una enorme mentira con la que el capitalismo neoliberal ha querido convencernos de sus bondades. Lo único cierto es que después de 30 años sólo ha concentrado aún más la riqueza.

Para el caso de Guatemala y comentando los resultados de la ENCOVI 2014, el matutino Siglo.21 hizo notar que “nominalmente… ‘el país’ sería 50 por ciento más rico que al inicio del siglo. Pero el estudio presentado ayer por INE nos está diciendo, implícitamente, que mientras unos se enriquecieron, otros se empobrecieron. Tenemos un grave y evidente problema de distribución” (Siglo.21, 2015).

Citando datos del Banco de Guatemala, el diario hace notar que “desde el inicio de este siglo, la riqueza en el país ha venido creciendo a una tasa promedio anual de 3.48 por ciento; con altibajos, pero ha crecido”. En 2015, añade, el Producto Interno Bruto (PIB) llegará a un crecimiento acumulado de 50 por ciento, en comparación con 2001, informe corroborado por la Gráfica 2, en la cual se consignan las variaciones interanuales y acumuladas del PIB.

Gráfica 2

Fuente: elaboración propia, con datos del Banco de Guatemala

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65 Haciendo gala de cautela y para evitar conclusiones incómodas, en un documento presentado junto con el informe del INE, la delegación del Banco Mundial en Guatemala se apresuró a señalar que “los datos y clasificaciones de pobrezas son solamente el comienzo ya que por sí solos no nos dicen nada de las causas de lo que ha ocurrido y no podemos decir a este punto el papel de: • Cambios en la economía nacional • Factores económicos externos (internacionales) • Programas sociales, producción agrícola, etc.”

(Grupo Banco Mundial, 2014:14).

Y por si el intento de asepsia tecnocrática anterior no fuera suficiente, el Banco Mundial llega a afirmar “ni siquiera sabemos en qué momento entre el 2006 y el 2014 ocurrieron estos cambios” (Ibídem).

Así estamos en Guatemala. La pobreza no es algo que haya surgido por generación espontánea; tampoco se ha incrementado porque sí. Es un problema que tiene Índice

causas estructurales que derivan de un modelo de producción y de distribución de la riqueza: el capitalismo, cuya fase neoliberal se viene implementando en Guatemala desde hace unas tres décadas, particularmente agresiva a partir del gobierno de Arzú una vez finalizadas las negociaciones de paz y firmado el Acuerdo de paz firme y duradera en diciembre de 1996.

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Realidad Nacional

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Revista Caryl Alonso Jiménez

Más allá de las políticas y del debate de lo político (Visiones para un plan 2016-2025)

Análisis de la

Realidad Nacional

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Contrapunto

Más allá de las políticas y del debate de lo político

1

(Visiones para un plan 2016-2025)

Caryl Alonso Jiménez Doctor en sociología y política. Profesor universitario

Resumen Guatemala sigue atrapada en modelos esquemáticos de desarrollo que no impactan en las poblaciones en situación de pobreza, especialmente en las zonas rurales. Se insiste en enfoques de industrialización e incorporación de tecnologías que no generan impulsos en las economías locales. Sin embargo con los recursos que el Estado destina anualmente a los gobiernos municipales y a los consejos de desarrollo se puede modificar gradualmente el estado de cosas, si una parte significativa de esos presupuestos se destinan a estimular la producción local de alimentos, generando empleo, invirtiendo en infraestructura básica y alineando a la institucionalidad pública, haciendo a la vez partícipes a las comunidades y a la cooperación internacional.

El cuadro de desnutrición infantil y de depresión del empleo se puede transformar positivamente en una década, incluso dando paso a un nuevo perfil de líderes políticos.

Palabras clave Desarrollo local alternativo, planificación territorial, consejos de desarrollo, plan de gobierno.

1. Un artículo con un enfoque coincidente fue publicado por el autor en la revista Diálogo de FLACSO en diciembre 2011.

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68 Beyond the policies and the discussion of the political (visions for a 2016-2025 plan) Abstract Guatemala remains trapped in diagrammatic models of development that do not have an impact on the populations living in poverty, especially in rural areas. It insists on approaches of industrialization and incorporating technologies that do not generate pulses in local economies. However with the resources that the State allocates annually to the municipal governments and to the development councils, you can change the status of things, if a significant portion of these budgets are intended to stimulate local food production, generating employment, by investing in basic infrastructure and aligning to the public institutions, while making participants to communities and international cooperation. The table of child malnutrition and depression of employment can be transform positively in a decade, even giving way to a new profile of political leaders.

Key words Local development alternative, territorial planning, development councils, government plan.

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esultaría incongruente y hasta desfasado a estas alturas del siglo XXI regresar al debate de las responsabilidades del Estado relegándolo a las funciones mínimas de soberanía (Cfr. Piketty, 2014: 531); sin embargo, al revisar el costo marginal del Estado en Guatemala en el Producto Interno Bruto para el 2015, este alcanzará el 12.9% con una caída en los ingresos tributarios para el 2016 al 10.1% (ICEFI, 2015) ¿Vamos camino a la reducción del Estado? ¿Cómo y de qué manera impactará un Estado reducido en los territorios con gobiernos cada vez más débiles y sin dirección de políticas hacia procesos acelerados de desarrollo?

Al hacer el balance crítico de los últimos 60 años de planificación para el desarrollo en Guatemala, son notables los resultados al no responder a la mejora de

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69 vida ciudadana, particularmente en los municipios con mayor impacto en amplias zonas rurales.

Las trayectorias de la dirección gubernamental han colisionado entre desarrollo humano y crecimiento económico. Para unos el problema es ideológico, para otros es la brutal ausencia de Estado que ha derivado en la pobre densidad institucional en los territorios (PNUD, 2009/2010: 121-142).3 Al parecer el Estado no toma el rumbo ni velocidad estable hacia un modelo bienestar ciudadano y pareciera más una nave a la deriva4 sin conducción política y más orientada hacia al mercado, que sería favorable en condiciones reales de mayor prosperidad. Sin embargo, crecemos sin equidad. Hay urgencia de un debate que abra el horizonte hacia un nuevo modelo económico capaz de producir desarrollo humano.

Hasta ahora hemos apostado a la exacerbación de los recursos naturales, como ha ocurrido en los últimos tres

3. El Informe midió la estatalidad en términos de presencia institucional a nivel de los territorios de Guatemala.

4. Cfr. Alusión de Edelberto Torres-Rivas sobre el modelo, evolución y calidad del Estado en Guatemala, prologo, ver en: Fuentes, J (2011) Rendición de Cuentas. F&G Guatemala (p. Xiii)

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siglos, con resultados débiles en materia social.

Se sigue apostando con entusiasmo a escenarios productivos y en apariencia más competitivos, entre ellos a la industrialización y al desarrollo de tecnologías (CIEN, 2015: 6). El primero es un modelo agotado, que desde las décadas de 1950 y 1970 fue fomentado desde el Estado con privilegios fiscales que aún se mantienen. El segundo, parece una quimera reducida a intentos exitosos en solitario, pero sin despegar con la fuerza suficiente para competir.

Ahora bien, para impulsar políticas alternativas y viables es necesario que los partidos políticos construyan proyectos de Estado que reflejen la aspiración ciudadana y tal como afirma Yehezkel Dror, es “debido a la necesidad inherente de restructuración sociopolítica y conducción del desarrollo social” (Dror, 1993: 159). Es evidente que el sistema político actual entró en etapas de debilitamiento distanciándose de la ciudadanía, que percibe ausencia de credibilidad y confianza. Nos encontramos frente al dilema de decidir entre el partido político o la marca comercial ¡vaya dilema democrático! En la democracia la conducción del Estado

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70 corresponde a líderes políticos, pero no hay estadistas, al parecer solo economistas… necesitamos partidos políticos porque son la base de la democracia que expresa alternabilidad del poder y la promesa de la prosperidad traducida en el proyecto político y en el programa electoral de gobierno (Alonso, 2015: 13).

Los quince años para alcanzar las metas de los Objetivos del Milenio se perdieron. El reto ahora es construir las bases de un Estado capaz de orientar un modelo equilibrado con audacia política, con un gobierno abierto en un marco de gestión pública nacional y municipal con coberturas de servicio y calidades que respondan a planes de desarrollo y no a clientelismos políticos o burdos negocios de mercado. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una referencia para marcar el rumbo del Estado hacia el futuro.

Tal como afirma Sachs “La pobreza es el resultado de la existencia de dirigentes corruptos y culturas retrogradas que impiden el desarrollo” (Sachs, 2005: 97). ¿Cómo podemos entonces construir y consensar una estrategia gubernamental que realmente incida e impacte en la realidad social y económica de Guatemala en el siguiente período? Índice

La propuesta se concentra en reactivar economías locales basadas en el sistema de planificación territorial a nivel nacional y departamental en el que se prioriza el gasto sectorial (ministerios) y la programación financiera de los territorios (Q 10 millardos anuales) hacia inversiones municipales y Consejos de Desarrollo Departamental, en torno a tres ejes claves: 1. Infraestructura estratégica territorial: hospitales, institutos tecnológicos, escuelas, puentes y carreteras locales y municipales.

2. Reactivación productiva mediante sistemas de asistencia técnica comunitaria para la producción de granos básicos, orientado a las garantías de producción alimentaria.

3. Ampliación y fortalecimiento de los Programas de Extensión Agrícola y Técnicos en Salud Rural.

La propuesta consiste en incidir en el sistema presupuestario de los años 2017 al 2025, para el diseño de políticas a partir del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado vinculado a la programación financiera anual de los Consejos

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71 Departamentales de Desarrollo (CODEDES) y de los gobiernos municipales, donde la estrategia consiste en destinar el 20% de su presupuesto anual que equivalen a Q 4 millardos anuales5 destinados a proyectos de reactivación productiva, generación de empleo buscando impactar en la seguridad alimentaria y nutricional del área rural.

Se estima que los CODEDES y los gobiernos municipales recibirán, en cálculos conservadores, aproximadamente de US$ 1.1 millardos, equivalentes a Q 8.47 millardos en el 2016, y un monto similar en el 2017. Proyectadas esas cifras al 2025 tendríamos una masa monetaria equivalente a US$ 10 millardos o Q 77 millardos, suficiente para impactar en las condiciones de vida de las poblaciones rurales.

Realmente ¿hasta dónde puede el Estado de Guatemala del 2016 al 2020 impactar en la realidad del territorio, particularmente con un nuevo enfoque de inversiones fincados en el desarrollo local y municipal, visto como un circuito con economías complementarias y desde luego siempre abiertas a los mercados regionales?

5. La letra negrilla y en cursiva es del autor para resaltar el monto en quetzales para un año

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Se calcula que para el 2016 los CODEDES contarán con US$ 400 millones equivalentes a Q 3.2 millardos, y los gobiernos municipales accederán a presupuestos por más de US$ 650 millones, o sea, Q 5 millardos6 que totalizan en su conjunto casi Q 8.2 millardos, un volumen financiero sin precedentes en la historia de las finanzas públicas de Guatemala, que no puede dejarse a la deriva en planificaciones dispersas, debe incorporarse a un marco de políticas públicas con otro enfoque.

La audacia de la estrategia consiste en una operación gubernamental que alinea las instituciones públicas sectoriales (ministerios y secretarías de Estado), Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) Y gobiernos municipales hacia la Territorialización de Políticas de más largo alcance orientada a lograr la reducción de la desnutrición crónica desde marco más amplio a través de la generación de empleo,7 mediante el estímulo a 6. Decreto 14-2015 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2016, por un monto de Q 70.8 millardos y que contempla el listado geográfico de obras por un monto de Q 13 millardos.

7. La desnutrición crónica se reduce con políticas de empleo sostenible. Los programas de distribución de alimentos son antesala de sociedades en emergencias alimentarias y proclives a generar sistemas de esclavitud encubierto y sobre todo de gobiernos clientelares con incapacidad de gestión pública para el desarrollo.

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72 la reactivación productiva a través de la intervención de la institucionalidad pública.

Para construir el modelo se propone los siguientes pasos: 1. Definir en el Plan de Gobierno (2016-2020) la territorialización de políticas públicas mediante sistemas de coordinación de planificaciones nacionales, departamentales y municipales, en las que se establecen mecanismos planificación articulados a los sistemas de inversión y programación financiara anual.

2. Alineamiento del entramado institucional, en particular la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN), la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República (SCEP), las 22 gobernaciones departamentales8 y los Consejos de Desarrollo para orientar de manera ordenada y priorizada acciones vinculadas hacia las metas y prioridades gubernamentales (Presidenciales).

8. De acuerdo al Decreto 11-2002 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, asumen la Presidencia del Consejo Departamental de Desarrollo, actualmente con alta incidencia y decisión en la distribución del gasto público territorial.

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3. Promover disposiciones administrativas para destinar el 20% de las inversiones de los CODEDES hacia proyectos productivos orientados a la seguridad alimentaria y nutricional mediante la programación de códigos de proyectos preestablecidos en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), administrados por SEGEPLAN y que obligue a los CODEDES al cumplimiento de esa priorización. Este procedimiento no altera ni contraviene normas legales, sino que adapta a las metas y prioridades que da continuidad operativa al Plan de Gobierno cuatrienal.

4. Promover y pactar mediante consensos políticos la Agenda Nacional de Municipalidades, debiendo trabajar conjuntamente con los gremios, entidades públicas y cooperación internacional en el alineamiento de políticas municipales hacia la inversión productiva (empleo) y seguridad alimentaria (producción de alimentos) con especial atención a la primera infancia.

5. Definir, mediante disposiciones de la Presidencia de la Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

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73 República, el marco de actuación de las entidades responsables de planificación y presupuesto (SEGEPLAN y Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) en el Ministerio de Finanzas Públicas) para la construcción y reordenamiento de procesos de asignación presupuestaria, mediante la planificación y la programación para asegurar el 20% de inversiones hacia proyectos productivos y seguridad alimentaria.

6. Orientar desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) la aprobación de instrumentos de dirección para que los presidentes de los CODEDES y los gobiernos municipales encaminen la programación del 20% de sus inversiones en proyectos productivos, de seguridad alimentaria e infraestructura local.

Uno de los instrumentos idóneos serán las Alianzas Públicas Privadas para el Desarrollo (APPD),9 9. Las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPDs) difieren de las Alianzas Público-Privadas. Las primeras buscan la participación territorial en marcos de desarrollo e integralidad. Las segundas, son iniciativas eminentemente de lucro basadas en gigantescas inversiones de acumulación mediante la explotación de bienes o activos estatales, ver: Rosal, R y Alonso C. (2015) Informe Final Diagnóstico para explorar las potenciales Alianzas Público Privadas. AECID. Guatemala.

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que comprenden acciones locales tripartitas: gobierno nacional, gobierno municipal y comunidades.

7. Promover el gobierno abierto como valor público (López-Bachiller, 2015: 10) debiendo estimular a la sociedad civil, a entidades de investigación social y académica y a medios de comunicación a la creación de veedurías y observatorios de seguimiento de sistemas de transparencia y rendición de cuentas a fin de asegurar el cumplimiento de la inversión del 20% del presupuesto territorial dirigido a la asistencia técnica, infraestructura territorial, empleo, seguridad alimentaria y traducirlo en sistemas de información ciudadana. ¿Cuánto impactaría una medida de Estado con recursos propios a nivel territorial? Según cálculos conservadores con Q 4 millardos al año a partir del 2016 y hasta el 2025, o sea en una década, Q 40 millardos para recuperar la capacidad productiva territorial con implicaciones en la movilidad social y la construcción de canales de ascenso a nivel territorial. El monto total de inversión, en una proyección

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74 sin crecimiento presupuestario nominal sería de cuatro millardos anuales, con lo cual: - Se incidiría en la ingesta alimentaria de 100,000 niños entre 0 y 10 años en condición de pobreza y pobreza extrema, lo que impactaría positivamente en la sombría proyección de retraso cognitivo para el 2030.

- Se incorporarían más de 6 millones de poblaciones mayas, garífunas y Xincas a redes de atención y procesos masivos de inversión que impactarán en crecimientos sostenidos territoriales.

- Se ampliarían mecanismos capaces de reactivar procesos descentralizadores de la totalidad de la institucionalidad pública, incidiendo en la reprogramación de financiamientos a sectores sociales vulnerables a gran escala, incluyendo la inversión municipal y sectorial.

- Se mejorarían los sistemas de atención en educación, salud, vivienda, producción agropecuaria y servicios públicos generando amplias zonas de reactivación social y económica.

- Se sembrarían 100,000 hectáreas de granos básicos y se dispondría de más de 10 millones de toneladas anuales de alimentos, con lo cual aumentaría la disposición alimentaria, impactando Índice

positivamente en el nivel de precios, mejorando la ingesta calórica de 6 millones de pobladores que están por debajo de la línea de pobreza en las zonas rurales del país.

- Se aumentaría exponencialmente la oferta laboral de 100,000 mil empleos y beneficios indirectos a 8 millones de ciudadanos principalmente población maya de las regiones del occidente y el altiplano oriental (nororiente y sur) de Guatemala, que derivará inequívocamente en redes que irán camino a la pequeña empresa y el comercio, generando nuevas cadenas de valor10 (Rinaudo, 2004: 52), creando por primera vez un marco para enfrentar migraciones futuras. Obligaría a la instalación de redes de extensión universitaria pública y privada generando expectativas hacia la innovación y tecnologías.

- Tras este motor de desarrollo se alineará al sistema de educación y salud impactando a largo plazo en tasas de retorno para inversión en desarrollo medible y verificable a partir del sexto año de implementación.

10. Entendiendo el Estado, mercado y la sociedad civil son capaces de generar transformaciones perdurables

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Un sistema de programación financiera de estas dimensiones transparenta el proceso de aprobación presupuestaria y abre el espacio para un modelo de comunicación que fortalece la confianza y credibilidad ciudadana (Alonso, 2011). Por otro lado, rompe la perversa impunidad de la corrupción política, abre nuevas oportunidades para competir empresarialmente a los capitales locales que serán vigilados por la población. Adicionalmente, obliga a la Contraloría de Cuentas a crear la Sub Contraloría del Gasto Territorial y Municipal, quedando obligada a presentar el ranking del CODEDE y el gobierno municipal con mayor puntaje de transparencia.

Finalmente, la adopción del nuevo marco de Territorialización de políticas obligara a la reforma del Decreto 11-2002, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que incorporará el otorgamiento de personalidad jurídica al CODEDE para la administración de fondos públicos, que evitará la dispersión intencionada de proyectos municipales en mini infraestructura que no responde a estrategias de desarrollo. Se eliminará la interferencia del diputado distrital y se asegurará la generación de alianzas políticas departamentales que obligue a la defensa de presupuestos anuales priorizados, dando paso con Índice

ello al surgimiento de una nueva clase política departamental y local comprometida con planes de desarrollo.

En esa misma línea se buscará reformar el artículo 14 del Decreto 114-97 Ley de Organismo Ejecutivo, que otorgue funciones de planificación gubernamental a la SEGEPLAN para poner en marcha el Sistema de Planificación Nacional que, bajo la orientación del Plan Nacional de Gobierno, alineará a nivel departamental y municipal11 planes de desarrollo estratégico territorial. Esta medida recuperará el rol de SEGEPLAN hacia la planificación y asistencia técnica al CODEDE y en los gobiernos municipales, que se articularán al alineamiento de políticas y gestión pública en una sola dirección. El gobierno de Guatemala tendrá en ese marco tres referentes: El Plan de Gobierno 2016-2020, Los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por

11. El Sistema Nacional de Planificación bajo la dirección de SEGEPLAN consolida la visión de largo plazo en una sola dirección, hace predecible al Estado en el largo plazo, genera sentido de dirección de gobierno, las instituciones públicas construyen movilidad social y se crean canales de ascenso sentando bases de prosperidad ciudadana.

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la ONU en septiembre de 2015 y el eventualmente aprovechar instrumentos y consensos sociales del Plan de Desarrollo Katún 2032.

En ese marco habrá de comprender que alinear la institucionalidad pública en una sola dirección de Políticas y Plan de Gobierno implica no solo, fortalecer capacidades de gestión pública,12 sino la construcción del consenso ciudadano a través de un Plan Nacional de Desarrollo para los siguientes 10, 20 y 30 años.

Vale destacar que hemos avanzado en favor del mercado en los últimos 29 años de la era democrática, se pactaron reformas y modernización que facilitaron vías para estimular el libre mercado y los sistemas financieros, se entregaron estímulos que pueden medirse en los costos tributarios anuales.13 Ahora toca el turno al Estado, recuperar su capacidad de actuación desde la

12. Fortalecimiento del Servicio Civil, endurecimiento de los sistemas de control gubernamental: Contraloría General de Cuentas (CGC), Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Superintendencia de Bancos (SIB) y Procuraduría General de la Nación (PGN).

13. Exenciones y privilegios como el Decreto 29-89, 65-89 y otras reformas tributarias que incorporaron privilegios encubiertos.

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democracia,14 fortalecer el Estado de derecho15 y construir el Plan de Desarrollo16 de largo plazo que impacte en la mejora y bienestar de la sociedad nacional.

La territorialización de Políticas es el paso inmediato para la racionalidad en procesos de decisión política (DEMUCA, 2011: 38) e incorporación de la población de los departamentos, municipios y área rural al crecimiento y bienestar mediante sistemas de gestión basados en modelos de planificación y presupuestación financiera anual de largo plazo. Por es importante tener en cuenta que a partir del 2016 se programaran más de Q 10 millardos para los territorios, para el 2025, en cálculos conservadores se habrán programado Q 100 millardos para el 2025 sin contar con un Plan de Territorialización.

14. Fortalecimiento del sistema de participación ciudadana en la alternabilidad del poder político previsto en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

15. Comenzando por el sector justicia: Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Policía Nacional.

16. Lineamiento de políticas y finalmente Política Fiscal y Tributaria para el largo plazo que brinde dé certeza, rumbo y sentido predictividad de Estado.

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77 Sin embargo, lo más grave, el presupuesto 2016 no contempla ninguna visión de planificación territorial y lamentablemente el presupuesto del 2017 que comienza a formularse el próximo 2 de enero aún no tiene instrumentos orientados a la territorialización. ¿Cómo y quién puede recuperar la dirección gubernamental? Las políticas públicas y su velocidad de implantación dependen de la voluntad política y compromiso del gobierno a través de sus funcionarios que deberán de poner en marcha el plan de trabajo que sea capaz de enfrentar las demandas ciudadanas.

Aunque el progreso está reservado a la ciencia, como expresaba Thomas Khum (1962: pág. 247), entendido hacia aquellas áreas de transformación evidente, nada, en absoluto detiene esa posibilidad de cambio en Guatemala ¿Esperamos que actúe el gobierno o demandamos compromisos y consensos ciudadanos para pactar el desarrollo que queremos?

Referencias bibliográficas

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Agendas legislativas y consensos ciudadanos.

Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.

Revista IPNUSAC No. 75.

Guatemala.

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Recuperado http://www.cien. org.gt/?s=Agenda+para+el+desarrollo+de+Guatemala+2016-2020 - Congreso de la República de Guatemala, Decreto Legislativo 14-2015 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2016

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Guatemala - Rinaudo, U. (2004). Gestión del desarrollo territorial.

Universidad Piloto de Colombia. Colombia - Rosal, R., Alonso, C. (2015).

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Barcelona.

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Crisis financiera del Organismo Judicial: Implicaciones, impactos y acciones estratégicas

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Contrapunto

Crisis financiera del Organismo Judicial:

Implicaciones, impactos y acciones estratégicas William G. Bobadilla L. Doctor en Derecho. Coordinador de Análisis & Prospectiva Secretaría de Fortalecimiento Judicial. Organismo Judicial

Resumen La crisis financiera judicial ha sido, desde siempre, asunto fundamental comúnmente poco discutido, hecho especialmente paradójico si se considera que tal tipo de crisis, de carácter más bien artificial, tiene impactos negativos, ampliamente comprobados, tanto en los usuarios externos e internos del Organismo Judicial, en la estabilidad del Gobierno como un todo y, en general, en cualquier proyecto nacional de consolidación democrática o de promoción del desarrollo nacional (para los cuales el Poder Judicial es factor esencial), razón por la cual constituye tema que debiera estar, permanentemente, en el centro de la conciencia pública y ser marco de referencia obligado en todo esfuerzo, actual o eventual, de reforma judicial.

Palabras clave Dilema político, estrangulación financiera, deterioro social, fortalecimiento judicial, Estado de Derecho en Guatemala.

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80 Financial crisis of the Judicial Organism: Implications, impacts and strategic actions Abstract Although seldom discussed, financial crises in the Judiciary have always been a fundamental issue, paradoxical in a sense, if one takes into account that such crises, typically artificial in nature, are a crucial variable in the causation of far reaching, widely acknowledged negative impacts, both on the Judiciary and its users (internal and external), on Government stability as a whole, and on every national project aimed at Democratic Consolidation and National Development (the Judiciary being a foremost factor for both), enough reason to make this topic a core subject of public awareness and inevitable point of reference in all Judicial Reform endeavors, current or forthcoming.

Key Words Political Dilemma. Weaponization of Finance. Social Decline. Judicial Strenghtening. Rule of Law in Guatemala.

Implicaciones El financiamiento judicial ha sido siempre, en efecto, tema central del constitucionalismo, desde su inicio mismo, ya que tiene que ver directamente con el logro de una judicatura “independiente” y con encontrar la manera efectiva de que los poderes Ejecutivo y Legislativo no puedan aplicarle una “llave de sumisión por estrangulación” para “suavizarla” y tornarla “dócil”, colectiva o individualmente, mediante ahorcamiento financiero, razón por la cual, a lo largo del tiempo se han venido discutiendo, generando y probando diversas garantías relacionadas, entre otros, a temas como independencia económica del Poder Judicial, 1 o no-remoción y no-suspensión de jueces,2 para dar ejemplo, ya que se busca evitar por distintos medios que la tercera rama de Gobierno se vea reducida a suplicar financiamiento, pues esto supondría per se un obstáculo formidable a la democracia, porque el acceso a la justicia quedaría rehén del debate político y, consecuentemente, de los resultados de pugnas políticas coyunturales.

1. Art. 205 inc. b) de la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), v.g.

2. Art. 208 CPRG, v.g.

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Crisis financiera del Organismo Judicial: Implicaciones, impactos y acciones estratégicas

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81 La discusión sobre el tema suele quedarse, sin embargo, a nivel de discusión filosófica, situación peculiar que se traduce en una escasa discusión práctica sobre las implicaciones sistémicas y los riesgos que supone para la administración oportuna de la justicia un financiamiento inadecuado de la misma, con todo lo que puede significar en términos de incumplimiento de una función de Estado que es aceptada universalmente (sin importar en qué punto del continuo ideológico se esté) como factor sine qua non para la estabilidad, seguridad y prosperidad de la Nación.

derivados de que los ciudadanos que acudiesen al Poder Judicial (personas en momentos de crisis y, por ello, usuarios altamente sensibles a la calidad del servicio), no encontrasen las soluciones oportunas que necesitan y a que tienen derecho, a causa precisamente de una falta de fondos que paralizaría a una institución cuyo presupuesto se emplea en su mayor parte (70-90% a nivel global) en el pago de personal (jueces, auxiliares judiciales, personal administrativo), que no podría sustituirse por máquinas en muchos casos (múltiples aspectos de los conflictos humanos sólo pueden ser atendidos por humanos).

Tal falta de discusión pragmática ha sido causa, en no menor grado, de que no exista consciencia clara sobre lo grave que sería, aquí y ahora, la materialización de una crisis financiera en el Poder Judicial que, hay que decirlo, incluso totalmente financiado no consume parte significativa del presupuesto general del Estado (2% mínimo, en nuestro caso, Art. 213 CPRG), razón por la cual no debería representar dificultad excesiva erogarlo, pudiendo el Ejecutivo, in extremis, realizar recortes en partidas menos estratégicas, acción a todas luces preferible a realizar recortes presupuestarios que se traducirían en daños sociales e institucionales

Dicha característica del Poder Judicial, institución de uso intensivo de capital humano y no físico (con dificultades consecuentes para dejar para ejercicios fiscales pagos o actividades por hacer), implica que tales recortes presupuestarios se traducen, en efecto y en la práctica, en medidas drásticas (despido de personal, reducción de horarios de atención, cierre o consolidación tribunales, priorización de casos penales versus civiles etc.) que se suman para generar un retraso significativo en la resolución de casos, situación que, a su vez, causa que las personas busquen otras formas para resolver sus conflictos y ello, por su

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82 parte, generen daños generalizados (por la incertidumbre generada en relación a resultados y tiempos de los juicios pendientes) que se manifiesta ya sea como conflictividad social, ya sea como renuencia empresarial a la ampliación de líneas de producto, inversión en bienes de capital o contratación de personal, asuntos que, a su vez, se traducen, entre otros, en condiciones perjudiciales a la generación de satisfactores de necesidades sociales e ingresos fiscales perdidos.

Ante esto, cabe recordar que el propósito fundamental del Estado es la realización del bien común, cosa que implica, por su parte, la consolidación del régimen de legalidad (defensa del imperio de la Ley) y la promoción del Desarrollo integral (Prólogo, Art. 1 CPRG) que, por precariedad en las finanzas judiciales, pueden verse en riesgo.

En relación a consolidación del Régimen de Legalidad, puede decirse que, efectivamente, la crisis financiera judicial impacta la vida de todo ciudadano porque, sin importar cuán justas puedan ser las leyes, las convierte en algo inútil que no se puede hacer cumplir, haciendo del mismo Poder Judicial una institución superflua que no tiene “poder” para

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cumplir su razón de ser, i.e., juzgar y hacer cumplir lo juzgado (Art. 203 CPRG), y de la Justicia un discurso porque la esencia de la democracia se basa en una clara separación de poderes (Art. 141 CPRG) que ha sido establecida para garantizar a los habitantes del país el goce de sus derechos y libertades (Art. 140 CPRG), y mantenida permanentemente,3 porque “no puede haber libertad si el poder de juzgar no está separado de las ramas legislativa y ejecutiva”.4 Frente a este diseño, la realidad de país presenta un Poder Judicial a punto de disfunción por una precariedad presupuestaria que lleva más cerca de un “apagón” o, como mínimo, una “racionamiento” de la justicia (y lo que ello implica), que a la consolidación de una forma de gobierno democrático que garantice goce de libertades 3. Situación claramente hecha ver, entre otros, por la Corte Suprema de Estados Unidos (Pub. Citizen v. United States Dep’t of Justice, 491 U.S. 440, 468, 1989), órgano superior que ha declarado enfáticamente que le corresponde, como máxima autoridad judicial, cumplir una función primordial de “policía” de que tal separación de poderes se mantenga en la práctica.

4. Cf. Alexander Hamilton. The Federalist Papers No. 78. Traducción libre de: “[…] there is no liberty if the power of judging be not separated from the legislative and executive branches.”

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83 y derechos a los habitantes como, se supone, debe hacer el Estado (Art. 140 CPRG).

En relación con la promoción del desarrollo integral, puede decirse por otro lado y con total propiedad — precisamente en un momento en el que el país acaba de recibir la peor calificación regional respecto de Democracia (CERIGUA, 2015), y el clima de negocios de la región en su peor nivel desde 2009 (E&N, 2015)— que la crisis financiera judicial impacta la vida de todo ciudadano porque, aun cuando el Estado está obligado a promover el desarrollo nacional y a orientar la actividad económica según principios de justicia social (Art. 118 CPRG), por estrechez presupuestaria se retrasa una evolución histórica5 que transforma progresivamente a la judicatura de simple dependencia subordinada al poder Ejecutivo (y, en ocasiones, al poder legislativo),6 en un poder por sí mismo,7 autónomo y catalizador del desarrollo nacional, entre otros, por la solución que brinda al (llamado) “dilema político fundamental”:8 el Organismo Judicial 5. Cf. Wittrup, Jesper. Budgeting in the Era of Judicial Independence. International Journal For Court Administration. 2010, pp. 1-3.

6. El caso de los parlements franceses, p.ej.

7. Situación concretada a partir de la Constitución de Estados Unidos en 1776.

8. La teoría del contrato social señala que éste implica un Estado capaz de proveer Índice

puede aportar al cumplimiento de esta obligación fundamental del Estado (Art. 119 CPRG) sólo en la medida en que tenga un buen funcionamiento (cosa que depende, en no poca parte, de contar con los medios para hacerlo), pudiéndose generar una “economía de alto rendimiento” sólo en la medida en que exista “funcionalidad en la justicia” para hacer valer el importante número de contratos a largo plazo que se necesita.9

condiciones fundamentales para la libertad y la interrelación positiva y productiva entre personas; sin embargo, señala también que el gobierno que es lo suficientemente fuerte para garantizar los derechos también es lo suficientemente fuerte para quitarlos a voluntad, condición especialmente riesgosa en el caso de la propiedad, que puede ser confiscada arbitrariamente, sea por avaricia o crisis financiera de gobernante autoritario: dado que es previsible que los ciudadanos se sientan desincentivados a crear riqueza que ha de serles arrebatada, es indispensable un esquema que neutralice tal posibilidad, siendo la mejor opción disponible, la creación simultánea de “cartas de derechos previamente consensuados” que restrinjan las potestades del gobernantes, como la de un órgano independiente que rigurosamente la haga valer (ius dico, “decir el Derecho”).

9. Ello, porque la incapacidad de hacerlos cumplir en caso de necesidad causaría, por otra parte, que un número desproporcionadamente elevado de operaciones comerciales se realizasen en el mercado spot (para reducir el riesgo de incumplimiento), y que los agentes económicos tengan que buscar esquemas privados para la negociación y resolución de conflictos, sin que ello garantice la erradicación de corrupción, pero sí el aumento en los costos de transacción, dando origen tal combinación a una economía más cara e incierta (problema que puede evitarse, sin embargo, mediante esquemas públicos eficientes para la resolución de tales conflictos).

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Tales implicaciones y daños hacen importante, como se ve fácilmente, traer a la conciencia nacional la discusión práctica tanto sobre los problemas generados a nivel doméstico por la precariedad presupuestaria por la que atraviesa actualmente el Organismo Judicial (vid gráfica inferior), como sobre cierta tendencia global a sub-financiar a los poderes judiciales del mundo10 en una especie de reacción al progresivo fortalecimiento del Organismo Judicial —y a su creciente importancia social (para la solución de cada vez mayor número de causas, entre ellas, políticas)— valiéndose para ello, entre otros, de una “armamentización de las finanzas” (Weaponization of Finance) similar a la utilizada en

10. Cf. Magnuson, Eric J., et al. Economics of Justice. DRI The Voice of the Defense Bar. 2014.

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épocas pasadas (Guerra Fría), por las que se intenta hoy “asegurar” a las instituciones mediante un ahogo financiero que tiene, sin embargo, efectos erosivos y duraderos en la calidad del servicio prestado, como puede constatarse en diversas instituciones nacionales (USAC, v.g.) que en algún momento fueron objeto de estrategias de este tipo y que, para el caso de los poderes judiciales, tiene su efecto más visible y desagradable en la reducción de servicios y, paralelamente, en una línea ascendente de descrédito y desconfianza públicos hacia la institución.11

11. Entre otros, debido a: (1) reducciones de horario, (2) reducciones o retrasos en adquisición de equipo necesario, (3) reducciones o retrasos en asignaciones internas a dependencias, (4) retrasos en contrataciones o vacancias permanentes, (5) reducción de permisos, (6) mora judicial, (7) cierre de unidades, (8) congelamiento de sueldos, (9) paralización de nuevos proyectos, (10) aumento en despidos, (11) aumento de plazas nuevas con salarios disminuidos y (12) aumento en tarifas judiciales.

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Cifras y representación gráfica de precariedad presupuestaria dentro del Organismo Judicial La notable y recurrente diferencia entre techo presupuestario solicitado y asignado al Organismo Judicial genera en éste una evidente brecha de disponibilidad que —pese a ser cubierta parcialmente vía ingresos propios y saldo de caja— impacta directa y negativamente a la institución no sólo en términos de funcionamiento sino, más aún, de crecimiento, por cuanto le dificulta expandirse y, por ello, atender demandas sentidas de la población, progresivamente centradas en acceso, prontitud y efectividad en la impartición de Justicia.

Fuente: Memoria de Labores 2009-2014 (Corte Suprema de Justicia, 2014)

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Tal sub-financiamiento pone en serias dificultades al Organismo Judicial porque, por un lado, enfrenta crecientes exigencias ciudadanas y, por otro, cuenta con una fuente disminuida y/o poco confiable de fondos para atenderlas que es resultado de decisiones y acciones de los otros Poderes del Estado (especialmente, el Ejecutivo) que a largo plazo constituyen una amenaza significativa a la estructura y viabilidad de todo el gobierno.

Es esta una situación que, por otro lado, no deja mucha opción al Organismo Judicial, sino repensar, refinar y redoblar sus propios esfuerzos de fortalecimiento institucional, uno de cuyos aspectos vitales es necesariamente el fortalecimiento de la justicia civil (altamente sensible a los recortes) para que pueda contribuirse efectivamente a la generación de un mejor clima de inversión en el país (por reducción de riesgos y aumento en los incentivos) en momentos en que más lo necesita, situación toda que corrobora la irracionalidad económica que supone una financiación deficiente del Organismo Judicial y, por el contrario, lo prudente que resulta, desde una perspectiva más amplia, el dotar suficientemente al Poder Índice

Judicial de recursos públicos — conveniencia confirmada por investigaciones actuales12 y, más importante y convincente aún, por antecedentes históricos concretos.13

Impactos

Impacto organizacional En relación a las consecuencias negativas que se derivan de insuficiencia presupuestaria en el Poder Judicial, puede discernirse, en primer lugar, un impacto organizacional que, entre otros, patentiza la imperiosa necesidad de un cambio de paradigma en la forma de pensar el financiamiento judicial.

En efecto, hasta ahora ha sido común hablar de financiación “adecuada” del Poder Judicial, concepto que comprende, en su sentido más básico, el influjo de un mínimo necesario de fondos que garantice un nivel mínimo de funcionamiento, lo cual 12. Cf. De Muniz, Paul. Maintaining Institutional Independence: Funding sustainable state courts during economic crisis. Harvard Kennedy School.

2013.

13. El fortalecimiento institucional para aprovechamiento del causal generado durante la Globalización musulmana fue factor fundamental para el despegue de Europa en la Edad Media tardía, situación que dio inmediatamente paso, a lo que luego se denominó “Primera Revolución Industrial (s. VIII)”.

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constituye, en el fondo, pretexto para no fortalecer realmente una institución que es piedra angular para la consolidación en el país del Estado de Derecho, manteniéndose, por el contrario, una mentalidad de “pobreza” como estándar que imposibilita cualquier posibilidad de justicia pronta y cumplida que exige la Constitución (Art. 207, CPRG), requiriéndose, por el contrario y para que esto último se realice, contar con una financiación “sostenible” que se interpreta como suficiencia de fondos no sólo para realizar tareas cotidianas sino, además, para desempeñarse como organismo independiente y jerárquicamente igual a los otros poderes del Estado, con capacidad para analizar, planear e implementar, por sí mismo, o en colaboración estratégica con otros, actividades que, por su excelencia y pertinencia, garanticen al máximo posible satisfacción a los multiformes requerimientos que le plantea la sociedad.

La actual inestabilidad financiera dificulta lograr avances en la satisfacción de tales necesidades sociales, situación que, por su parte, hace indispensable y ético realizar un cambio en las propias formas de hacer. En efecto, el logro de mejoras significativas y continuas en términos Índice

de calidad, puntualidad, diversidad y accesibilidad es arduo de conseguir en la medida que se pueda contar sólo con recursos disminuidos o inestables. Algo positivo que viene siempre con estos aprietos que acompañan indefectiblemente a una crisis de esta naturaleza es, sin embargo, que tales dificultades hacen manifiesta la necesidad de una planificación institucional sólida, capaz de vislumbrar, articular y ofrecer soluciones a corto, mediano y largo plazo, y de orientar bien acciones e inversiones, a modo de optimizar, esfuerzo, tiempo y recursos ahora más escasos.

Tal fortalecimiento de la planificación institucional implica hacerla algo mucho más estratégica, centrada en un accionar óptimo en entornos sociales complejos, cambiantes, riesgosos e inciertos, a modo de realizar cambios rápidos y profundos en un modo “normal en tribunales” cada vez más desacreditados, y generar un “mapa de reingeniería” que más que ver con “corte de cosas” tiene que ver con una “remodelación institucional” guiada por la misión, visiones, valores y objetivos de la institución y centrada, a su vez, en asegurar, al máximo posible: (1) conveniencia de los usuarios, (2) Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

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reducción de costos y complejidades, (3) mejora en el acceso a servicios, (4) mejora en la seguridad y previsibilidad de las resoluciones y (5) eliminación de ineficiencias o barreras innecesarias que obstaculicen la comunicación, pongan en riesgo la seguridad institucional o nacional (traslado de reos peligrosos, v.g.) o generen gastos improductivos.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que existe un límite a lo que puede lograr el Organismo Judicial mediante reingeniería de procesos y modernización tecnológica derivado de la naturaleza misma de la función que realiza y que la convierte, irremediablemente, una organización de “toque humano”.

Indubitablemente, pese a los grandes logros que pueden obtenerse merced de esfuerzos eventuales de simplificación, modernización y digitalización del trabajo judicial, el Organismo Judicial encuentra en la “reingeniería de procesos” y “modernización tecnológica” herramientas importantes pero necesariamente limitadas, dado que, finalmente, la justicia es un proceso humano, de decisiones de jueces humanos, sobre conflictos humanos, en respuesta solicitudes de partes humanas que merecen y exigen cada

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vez más inmediación y “sensibilidad” humana en la impartición de la justicia —pesada responsabilidad constitucional que se hace más difícil de cumplir en escenarios de crisis generalizada como el actual (aumento en conflictos sociales, quiebras etc.), y que obliga a la autoridad superior, velis nolis (quiérase o no), más tarde o más temprano, a decisiones draconianas que, a la larga, no son buenas ni para la institución ni para la sociedad a la que se sirve, porque implican, más tarde o más temprano, una reducción de personal o de salarios, que se traduce luego en una reducción de la eficiencia y aumento en los plazos porque, debiendo comenzar usualmente por el área administrativa (dado que no se puede ni se debe eliminar jueces), se pasa, según avance el problema, a otros rubros (auxiliares judiciales, v.g.), proceso global en el que se pierde paulatinamente competencias numerosas que se han ido generando con el tiempo y que son luego difíciles de reemplazar.

Impacto económico La crisis presupuestaria en el Organismo Judicial genera, en segundo lugar, un impacto económico que se manifiesta en Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

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una diversidad de costos evidentes y ocultos producidos por “disposiciones de austeridad en épocas de recesión” que no sólo son ineficaces sino, peor, dañan la economía al producir un entorno incierto de litigios que afecta la toma de decisiones y representa costo de oportunidades perdidas para un mayor desarrollo.

En efecto, contrario a lo recomendable —que es proveer una financiación adecuada que asegure el cumplimiento de responsabilidades y, con ello, la preservación de un ambiente estable en el que permanezca la confianza como elemento fundamental para la generación de externalidades positivas (clima negocios, cohesión social, condiciones para mejora del nivel de vida) y el impedimento de impactos negativos (reducción de puestos de trabajo, reducción de salarios, merma en los ingresos fiscales)—se trunca el funcionamiento eficaz y eficiente del Poder Judicial con una inestabilidad presupuestaria que, a su vez, desencadena: (1) reducción en la demanda de servicios jurídicos, (2) pérdidas económicas causadas por la incertidumbre de litigios, (3) pérdidas de puestos de trabajo en el sector productivo por desincentivo de nuevos emprendimientos, (4) pérdida en ingresos fiscales para

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el propio gobierno, (5) pérdidas de plazas en el propio sector público por estrechez financiera subsiguiente y (6) creciente desapego y animadversión de los contribuyentes que sienten no recibir beneficios, pero sí impactos económicos y sociales adversos.

Impacto político La crisis presupuestaria en el Organismo Judicial, genera, en tercer lugar, un impacto político que se manifiesta como una puesta en entredicho de la legitimidad del Estado derivado de una justicia tardía que a ojos de la población equivale a justicia denegada. En efecto, adicional a la ineficiencia organizacional, falta de cohesión social o inestabilidad económica, la sub-financiación del Poder Judicial genera también un efecto drástico de desestabilización y deslegitimación del Estado como un todo, derivado de una “desactivación” de la tercera rama estatal y de su función privativa, vital e insustituible, por decisiones surgidas dentro del propio Estado (poderes Ejecutivo y Legislativo) que refuerzan en la conciencia colectiva una idea existente ya, de que el Estado no está cumpliendo con su rol y es por ello irrelevante, cuestión que afecta drásticamente la viabilidad Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

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90 misma del Estado porque, a ojos de los ciudadanos, no sólo no resuelve problemas sino los crea, entre otros, por una corrupción que desencadena retrasos en asuntos cruciales, sea desde la perspectiva del desarrollo, o desde la de los derechos humanos por asuntos como saturación carcelaria o elevado número de personas en prisión preventiva cuyo caso no llega rápido a juicio.

Tales disposiciones políticas surgidas en los otros poderes del Estado y conducentes a inestabilidad presupuestaria dentro del Poder Judicial, obstaculizan un proceso de cambio y creciente autonomía que viene verificándose en este último, poniéndose coto con ello a la independencia judicial que tanto reclama la sociedad. Para que el Poder Judicial pueda dispensar justicia pronta y cumplida en un nuevo entorno nacional ampliamente determinado por lo global y radicalmente distinto a la realidad de la segunda mitad del siglo XX, es indispensable un financiamiento sostenible, porque su inexistencia constituye una amenaza a la administración correcta de justicia al tornar prácticamente imposible realizar las mejoras (reingeniería de procesos, aprovechamiento de avances técnicos etc.) que el cambio social impone al Poder Judicial a raíz de nuevas Índice

responsabilidades, dificultades y formas de interdependencia que debe afrontar con variedad, calidad y especialización, no sólo resolviendo problemas sino, aún más, anticipándolos para cumplir su misión constitucional en un ambiente de déficit severo de ingresos derivado de crisis económicas recurrentes.

Esta última situación hace ver al Organismo Judicial como institución que requiere realmente la protección presupuestaria contemplada desde siempre en el corazón mismo de la doctrina de separación poderes ya que, como bien ha enseñado la larga experiencia histórica que sirvió de base a su formulación, se torna crecientemente imposible hablar de libertad a medida que las funciones del Estado se van concentrando, directa o indirectamente, en las mismas personas o grupos. La continua escasez de fondos frena al Poder Judicial en su capacidad de administrar justicia con imparcialidad y sin demora, y representa el origen de una eventual y especialmente nociva forma de desigualdad, que se manifiesta, in extremis, en la bifurcación de la impartición de justicia: un sistema para los que puedan permitirse la resolución privada de conflictos (privatización de la justicia), y otro para los que Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

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no, todo ello en grave contradicción de uno de los roles fundamentales que cualquier Estado, i.e., asegurar la igualdad y la libertad de los miembros de los diferentes grupos sociales (distintos en intereses, tamaño y fuerza) que, en cualquier momento, integren la sociedad a la que pertenecen.

Acciones estratégicas Tal combinación de daños y peligros causados por la crisis financiera en el Poder Judicial, impone el análisis, diseño, promoción, implementación y evaluación de iniciativas de diversa naturaleza que pueden, sin embargo, encajarse, para mejor comprensión, en cuatro grandes categorías, a saber: Dentro del Organismo Judicial: (1) iniciativas para una mejora sustancial en la eficiencia y calidad judicial y (2) iniciativas para una mayor probidad y calidad del gasto. Fuera del Organismo Judicial: (3) iniciativas de cabildeo para el logro de un financiamiento judicial sostenible y (4) iniciativas de formación de consciencia sobre la importancia nacional de una financiación judicial sostenible.

Iniciativas para la eficiencia y la calidad judicial En tiempos económicos difíciles, como parte del Estado, el Organismo Judicial debe responsabilizarse tanto por hacerse eficiente, como por examinar detenidamente la forma en que utiliza los fondos con que cuenta.

En tal escenario, tradición no puede ser ya justificación para ineficiencia, siendo vital tener siempre en mente que “eficiencia” no es sinónimo de mero recorte de gastos,14 a modo de evitar falsas economías, y grabar progresivamente en la memoria colectiva, que tal tema se relaciona más con racionalización, reorganización y mayor uso de tecnología, consecuencia de riguroso análisis costo/beneficio que asegure cambios beneficiosos para la institución y amigables para sus usuarios, y procesos que, en todo su ciclo, están sujetos a evaluación disciplinada e integral como herramienta permanente

14. Hecho visible en que recortes presupuestarios no debidamente considerados pueden generar más costo a largo plazo e infracción a garantías fundamentales (debido proceso, v.g.).

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92 y fundamental que garantiza retroalimentación y logro de resultados deseados en la forma proyectada.

En tal sentido, responsabilidad institucional por la eficiencia y calidad implica, en primer lugar, crear un (inédito) plan específico para la gestión estratégica del talento. Ello, por razón de que el grueso del presupuesto del Organismo Judicial sea destinado al pago de personal, y esto haga del tema de recurso humano uno de especial interés estratégico para la organización por ser área en la que es especialmente vulnerable, y en la que debe trabajarse enfática y detenidamente, a modo de evitar amenazas y aprovechar oportunidades, siendo imprescindible, consecuentemente, generar un plan general que permita la gestión ordenada del talento humano para, entre otros: (1) aprovechar avances tecnológicos en la realización de tareas que, desempeñadas actualmente por recurso humano, pueden ser realizadas por máquinas con mayor calidad y menor costo,15 (2) ubicar al recurso humano que por lo anterior resulte disponible en vacíos de servicio que se conozcan (capacitándolos al efecto), a modo de respetar estabilidad laborar 15. Las notificaciones electrónicas son ejemplo de esta tendencia incipiente.

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y no incurrir, en lo posible, en caros procesos de convocatoria y selección externa, y (3) conducir hacia una mejor alineación entre competencias personales y perfil de puestos, a modo de lograr calidad en sentido de “excelencia en la función”, i.e., Areté (Ἀρετᾑ “cumplimento esmerado del propósito o función”).16

Responsabilidad institucional por la eficiencia y calidad implica también, en segundo lugar, mejorar la capacidad institucional mediante un mayor uso de tecnología. Ya que por medio de la expansión de iniciativas en este sentido, puede contribuirse al fortalecimiento de una tendencia positiva existente ya dentro el Poder Judicial,17 y, con ello, lograr beneficio doble de eficiencia y calidad, tanto en el ámbito administrativo 16. [Ἀρετᾑ] Viejo concepto griego (común en las obras de Homero, e.g.) que cobra importancia a partir de finales del siglo XX (y se ha hecho aún más importante a principios del siglo XXI) por una “nueva división del trabajo” en la que las máquinas están reemplazando a las personas en la ejecución de un amplio número de tareas que pueden realizar con mayor calidad, en menor tiempo y con menor costo que los seres humanos (incluso tareas complejas o desconocidas, gracias a la inteligencia artificial), y los seres humanos se concentran cada vez más en aspectos en los que tienen ventaja comparativa, es decir, todas aquellas tareas con distintivo “toque humano” (creatividad, empatía etc.).

17. Gestión electrónica de documentos, pagos electrónicos, registros digitales, v.g.

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(estandarización,18 mejora continua),19 como en el jurisdiccional, incrementándose las posibilidades de implementación de iniciativas novedosas, acaso favorable a la reducción de mora judicial (resolución en línea de controversias de menor cuantía, e.g.).

Responsabilidad institucional por la eficiencia y calidad implica, en tercer lugar, mejorar la capacidad institucional mediante un nuevo énfasis en la evaluación del uso de los recursos. Es una cuestión que implica, entre otros: (1) incrementar y fortalecer los procesos de evaluación de eficiencia de procesos y/o desempeño del personal, a modo de establecer cuán bien se está utilizando los recursos disponibles vis-à-vis misión, metas y objetivos, (2) utilizar la información obtenida por dichas evaluaciones, combinándola

18. Estandarización. Normalización de procedimientos y directrices para garantizar idoneidad, acoplamiento, seguridad y responsabilidad en procesos, productos o servicios.

19. Kaizen (“cambio beneficioso” o mejora continua). Filosofía y metodología de origen japonés que se enfoca en el reconocimiento y eliminación permanente de desperdicios (en procesos, productos o servicios), y busca resultados concretos (cualitativos y cuantitativos), en un lapso relativamente corto y a un bajo costo, apoyándose en la sinergia del trabajo en equipo.

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con la obtenida por otras fuentes de “tiempo real” (SGT, v.g.) para redactar solicitudes presupuestarias más sustentadas y reasignar fondos según áreas de necesidad, y (3) evaluación del desempeño de tribunales especializados para determinar si se justifica o no su permanencia o su fortalecimiento.

Responsabilidad institucional por la eficiencia y calidad implica, en cuarto lugar, mejorar la capacidad institucional para aprovechar los recursos de otros. Cuestión que implica, a su vez y entre otros: (1) rediseñar y ampliar tanto los programas institucionales relacionados a resolución alternativa de conflictos, como las medidas para evaluar su eficacia, eficiencia y efectividad (grado de impacto positivo) y (2) suscribir y/o aprovechar (si se han suscrito) acuerdos o convenios para la utilización gratuita o semi-gratuita de recursos comunitarios (pasantías, voluntariados etc.).

Responsabilidad institucional por la eficiencia y calidad implica, en quinto lugar, mejorar la capacidad institucional mediante Downsizing.

Cuestión que implica considerar, a partir de investigaciones de operaciones específicas que Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

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94 provean elementos sólidos para la toma de decisiones de la autoridad superior, la consolidación o eliminación de tribunales y, en general, la identificación y eliminación de funciones que ya no son necesarias, sean de baja prioridad, no puedan ser ofrecidas como parte del presupuesto judicial, o sean controversiales y hagan perder credibilidad al Poder Judicial.

Iniciativas para una mayor probidad y calidad del gasto Más que los otros poderes del Estado—que aun a costa de pérdida de legitimidad pueden imponer sus puntos de vista sea por recompensa o por coerción—el Organismo Judicial, para imponer sus intereses depende directamente de su aptitud de convencimiento (tercera fuente de poder), la cual, a su vez, se correlaciona directamente con el grado de prestigio que tenga, realidad que lo obliga incluso más que a los otros Organismos a gobernar mediante el ejemplo (precepto confuciano), status que gana no sólo al resolver equitativamente (mediante conocimiento y sensibilidad a las realidad y necesidad de los ciudadanos que acuden a él) sino, también, al desempeñarse como agente de Índice

preservación contra corrupción en el Estado y la sociedad, rol que exige, sin embargo, que implemente y mantenga dentro de sí mismo tanto un modelo de gestión abierto y cuentadante, como una serie de medidas que aseguren la probidad de sus funcionarios y la calidad del gasto interno, a efecto de poder ser agente fuerte y crucial contra la corrupción fuera de él.

En relación a probidad administrativa, es importante tener en cuenta que la corrupción es fenómeno multidimensional, complejo y difícil de medir: décadas de fracaso global en términos de políticas e inversiones han dejado clara la necesidad de comprenderla mejor y, a partir del conocimiento generado, diseñar soluciones integrales y basadas en un abordaje colaborativo a nivel intergubernamental, intersectorial e internacional, razón por la cual el Organismo Judicial debe proveerse de una política anticorrupción que, entre otras iniciativas estratégicas, contemple tanto la realización de un diagnóstico institucional sobre riesgos de corrupción judicial como la implementación de proyectos clave en cinco áreas fundamentales para un adecuado abordaje y combate contra la corrupción, a

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95 saber, prevención (fortalecimiento de procesos de selección y contratación de personal, v.g.), monitoreo (fortalecimiento de unidades de control interno, e.g.), sanción (fortalecimiento de regímenes disciplinarios, e.g.), recuperación de activos (fortalecimiento de extinción de dominio, v.g.) y reformas en el modelo de gobierno (fortalecimiento de procesos de elección de autoridades, formación en liderazgo y gobernanza etc.).

En relación a calidad del gasto interno, es importante tener en cuenta, adicional a lo dicho sobre acciones anticorrupción que en este caso también apliquen (adquisiciones, manejo de fondos etc.) es indispensable implementar o fortalecer los mecanismos existentes para la vinculación y trabajo conjunto de personal de planificación y finanzas, a modo de asegurar un control integrado y más completo de la ejecución de proyectos. A esto puede agregarse cualesquiera gestiones que sea posible realizar dentro del marco de la ley para una mayor flexibilización de la gestión financiera, a modo de reducir la posibilidad de micro-administración por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, y, por el contrario, un aumento en la capacidad interna para asignar y utilizar los recursos disponibles de acuerdo a lo que resulte Índice

más lógico y conducente a una adecuada administración de justicia.

Iniciativas de cabildeo para el logro de un financiamiento judicial sostenible Iniciativas de influjo que deben ir encaminadas, en primer lugar, a lograr el cumplimiento y luego el incremento de la asignación ordinaria que se recibe por mandato constitucional. La crisis actual requiere luchar por el financiamiento sostenible del Poder Judicial, situación difícil que hace imprescindible la revisión, mejora e integración de las políticas realizadas a modo de lograr una promoción más estratégica de los intereses financieros del Organismo Judicial.

Iniciativas de influjo que deben ir encaminadas, en segundo lugar, a asegurar la entrega de asignación presupuestaria correspondiente para casos de exigencias extraordinarias que se reciban desde los otros Poderes del Estado. Es indispensable asegurar la entrega de fondos respectivos para la realización de

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tales requerimientos extraordinarios por parte del Organismo Judicial, en lo que a este correspondiere.

Iniciativas de influjo que deben ir encaminadas, finalmente y por supletoriedad, a asegurar fuentes alternas de financiamiento para el Organismo Judicial. Para esto es indispensable tanto la generación de una política de cooperación, como el reforzamiento de la estructura interna relacionada a análisis, planificación, obtención y ejecución de proyectos de cooperación (de origen internacional o nacional) para la consecución simultánea del flujo continuo de ingreso complementario y la alineación de agendas, esfuerzos y recursos al logro de objetivos estratégicos institucionales.

Iniciativas de formación de consciencia sobre la importancia de la financiación judicial sostenible Todo presupuesto es asunto de naturaleza política y el Organismo Judicial necesita actuar políticamente ante sus diversas audiencias. Por ello Índice

es importante que todo tomador de decisiones dentro del Poder Judicial tenga perfectamente claro que los presupuestos gubernamentales son declaraciones políticas y que, consiguientemente, las medidas más eficaces para lograr un financiamiento sostenible para el Organismo Judicial son de naturaleza igualmente “política”, debiendo convertirse el Poder Judicial en “generador” y “coordinador” de apoyos de grupos sociales y políticos —tarea en la que no puede dejar de tenerse en cuenta las limitaciones éticas de la participación de los jueces en procesos políticos.

En esta área se requieren, como primer punto, acciones de concientización dirigidas a la sociedad. Ello, porque la insuficiente comprensión y, consecuentemente, falta de apreciación del ciudadano promedio de las razones por las cuales el Organismo Judicial es una institución trascendente para la sociedad en la que vive y para la calidad de vida que lleva él mismo es uno de los obstáculos más importantes para el financiamiento sostenible del Poder Judicial: en efecto, consecuencia, en no poca parte, de una desatención histórica e injustificable del Organismo Judicial por posicionarse más directamente en la mente y las Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

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97 conversaciones cotidianas de las personas, se ha generado una falta de conciencia pública sobre las implicaciones e impactos de una crisis financiera judicial que hace indispensable, por una parte, pasar inmediatamente a relaciones públicas que van más allá de la simple transmisión de información y hacia una interiorización en los ciudadanos del papel crucial de la judicatura en sus propias vidas y de quienes les rodean y, por otra, generar un plan de comunicación para el cierre metódico de tal brecha, a modo de que la ciudadanía entienda progresivamente por qué (1) la inestabilidad financiera es tan grave para el funcionamiento adecuado de los tribunales, (2) los efectos negativos van más allá de los intereses de partes determinadas y se extienden a la democracia, el Estado de Derecho y la economía, cuestión que afecta la calidad general de vida, y (3) el tema de la crisis financiera judicial es fenómeno que traspasa fronteras y se está convirtiendo en asunto de opinión pública y creación de grupos de defensa.

En esta área se requieren, también y como segundo punto, coaliciones con grupos de interés. Pese la importancia del problema, los diversos grupos sociales que se ven o pueden verse directa o indirectamente afectados Índice

por él, “no han sonado la voz de alarma” sobre los impactos negativos de una precariedad presupuestaria que ya pone en peligro la capacidad de los miembros del sector justicia para cumplir sus obligaciones constitucionales, tal y como ellos mismos lo han dicho (Organismo Judicial, Ministerio Público, v.g.), razón por la cual es fundamental mejorar los procesos de comunicación con estos numerosos y diferentes grupos de interés (cuerpos gremiales, grupos de litigantes, grupos empresariales, dirigentes cívicos, centros de formación jurídica, comunidad internacional etc.), con miras a inducir reflexiones colectivas y, a partir de ellas, provocar gradualmente coaliciones estratégicas que incluyan voces y esfuerzos (videos, encuestas, anuncios pagados etc.) desde dentro y fuera de la profesión legal, y que permitan una persuasión/presión efectiva sobre los distintos responsables políticos (diputados, v.g.).

En esta área se requieren, como tercer punto, acciones de intercambio “personalizado” y permanente con miembros de los otros poderes del Estado. Razón por la cual debe desarrollarse programas de intercambio interinstitucional directamente enfocados en los Año 4 - Edición 87 - Diciembre / 2015

Revista William G. Bobadilla L.

Crisis financiera del Organismo Judicial: Implicaciones, impactos y acciones estratégicas

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98 legisladores y/o actores relevantes del Poder Ejecutivo—dentro del Organismo judicial y fuera de él (asociaciones especializadas, tanques de pensamiento, universidades etc.)—para que obtengan, mediante tales actividades, un “conocimiento nuevo y directo” de los problemas, necesidades y de las acciones concretas que pueden realizarse para el fortalecimiento técnico, administrativo y financiero de un Poder Judicial con el que generalmente tienen poco o ningún contacto real, y del que tienen una percepción que es, en el fondo, más un reflejo de actitudes generales y de contenidos recibidos a través de medios de comunicación comerciales centrados en fijar agendas específicas (Agenda Setting).

En esta área se requieren, finalmente y como cuarto punto, iniciativas educativas que favorezcan un adecuado proceso de reflexión, discusión e internalización en los usuarios internos y externos del Organismo Judicial, de la importancia de este poder del Estado para la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y el bien común, y de

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la “neutralización” que puede hacerse del mismo, en perjuicio de todos, mediante un financiamiento inadecuado. Esto, mediante acciones dirigidas a que dichos contenidos formen parte de diferentes planes de estudio del país, en todos los niveles y sectores, dentro y fuera del Poder Judicial (Unidad de Educación del Organismo Judicial, Escuela de Estudios Judiciales, escuelas, universidades, centros comunitarios etc.) como parte de actividades curriculares (formación de jueces, v.g.) y extracurriculares (moot courts, v.g.) que produzcan en su conjunto y en personas de distintas edades, una experiencia vívida de lo que sucede dentro de los tribunales, así como una comprensión suficiente de la importancia estratégica de su financiamiento sostenible.

Referencias bibliográficas

- CERIGUA. (2015). Guatemala es el país peor evaluado en democracia en América Latina. Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala.

- Corte Suprema de Justicia. (2014).

Memoria de Labores 2009-2014.

Guatemala, CA: Organismo Judicial.

- E&N. (2015). Clima de negocios de América Latina cae a su peor nivel desde 2009 . Estrategia y Negocios.

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Actualidad

Guatemala en la COP21/MOP11

sobre el cambio climático Magaly Arrecis Área Socioambiental, IPNUSAC

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a Conferencia de las Partes (COP21) y la Reunión de las Partes (MOP11) se desarrollaron de forma paralela en París, Francia del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Los 195 países que integran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) participaron con delegaciones oficiales (principalmente empleados de gobierno de los ministerios o dependencias que atienden temas asociados al cambio climático), pero también se hicieron presentes miembros de la sociedad civil, quienes conocedores del tema, expresaron sus demandas y propuestas para obtener el mejor acuerdo para el beneficio de la población y la naturaleza en el planeta.

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100 Guatemala estuvo representada por una delegación de distintos sectores y con ayuda de la cooperación internacional, asistieron funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); del Ministerio de Relaciones Exteriores; del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación (MAGA); del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y del Instituto Nacional de Bosques (INAB).

Además, como integrantes del Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC) se contó con la presencia de los sectores: pueblos indígenas, organizaciones campesinas, sector privado, Asociación de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Recursos Naturales y Medio Ambiente (ASOREMA), Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC, participó con un representante del Consejo Superior Universitario y la representante suplente de la USAC ante el CNCC) y de las universidades privadas.

Durante la primera semana de la COP21/MOP11 se desarrollaron las jornadas de discusión técnica sobre el contenido del nuevo Acuerdo de la Convención y en la segunda semana se realizaron las reuniones de alto nivel, donde entraron en las negociaciones los ministros y las autoridades máximas de las Partes.

Grupo de ambientalistas que participaron en la COP21 en París, Francia.

(Foto: MARN)

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En ambos momentos, Guatemala como Parte de la misma, presentó su posición de país a través del Ministro del MARN Andreas Lehnhoff y además por llevar la Presidencia Pro-Témpore de la Asociación Independiente de Países de Latinoamérica y el Caribe (AILAC ), en todo caso, el Ministro expresó su interés por: a) reconocer al itsmo centroamericano como región particularmente vulnerable que soporta la carga anormal y desproporcionada ante los efectos adversos del cambio climático y la variabilidad climática, ya que recibe los fenómenos hidrometeorológicos de los océanos Pacífico y Atlántico; b) limitar el incremento de la temperatura media mundial por debajo del 1.5 oC; y c) fundamentar el acuerdo en un compromiso ético, moral y justo sobre la base de la equidad, los derechos humanos (donde se incluyen y valoran los derechos de los pueblos indígenas) que reconozca las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las respectivas capacidades de las Partes.

Conferencia COP21 (Foto: IPNUSAC)

USAC, presente en la COP21 (Foto: IPNUSAC)

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Expertos discuten sobre tema ambientales en beneficio del país.

(Foto: IPNUSAC)

En el siguiente vínculo, se pueden descargar las declaraciones de los ministros que participaron en la COP21 http://unfccc. int/meetings/paris_nov_2015/items/9345.php y resulta de gran interés leer las posiciones mostradas, ya que los países considerados Partes, deberán ratificar en su momento el Acuerdo de París, además de que ya se comprometieron a cumplir los puntos señalados en su respectiva Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés).

Resulta evidente que las posiciones de los países productores de petróleo, los industrializados y los de economías emergentes tienen intereses diferentes y por ello se complicó mucho alcanzar un acuerdo donde quienes más emisiones causan, asuman su responsabilidad y favorezca a aquellos países que tienen pocas emisiones globales de gases de efecto invernadero y que además son particularmente vulnerables, lo cual posiciona a muchos países de América Latina, África y Oceanía como países en total desigualdad de oportunidades para sobre llevar los efectos que ya se están sufriendo por la variabilidad y el cambio climático.

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Previo y durante estas semanas, las organizaciones de la sociedad civil apoyaron y estuvieron vigilantes de las negociaciones del sector oficial, las cuales en ocasiones se tornaron frustrantes por la influencia de los países económicamente más fuertes y se traduce en el dominio en las negociaciones. Por ello la sociedad civil mundial estuvo alerta a que este proceso fuera coherente con las posiciones de países, para como se esperaba, reconocer en el preámbulo y en los capítulos de adaptación y finanzas del acuerdo a varios países vulnerables incluyendo el itsmo centroamericano o por lo menos, definir que según los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) sean reconocidos los países que presentan circunstancias especiales y que por ello son considerados vulnerables.

Al final de la CMNUCC, a pesar de tener un acuerdo del que se tenía muchas expectativas (el cual se puede leer en este vínculo http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf), el debate entre bienestar de la naturaleza y las personas de los países más vulnerables, versus intereses económicos se mantiene, y por ello se cuentan con acciones legales y técnicas que permitirán continuar con las demandas para que el acuerdo sea vinculante y justo para los países donde los daños y pérdidas ya son una lamentable realidad; como el caso de Guatemala, donde cerca del 60% de la población se encuentra en niveles de pobreza alarmantes y cuya capacidad de adaptarse o recuperarse por los efectos de la variabilidad y el cambio La sociedad civil estuvo vigilante climático es muy baja. Índice

de los acuerdos presentados.

(Foto: IPNUSAC)

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Actualidad

Fortalecen el debate de reforma política Redacción / Revista Análisis de la Realidad Nacional / IPNUSAC

E

dgar Gutiérrez, coordinador general del IPNUSAC, participó el 8 de diciembre en el foro “Elecciones, crisis y reforma política en 2015”, organizado por el Mirador Electoral y el Instituto Nacional Demócrata. En el evento participaron también Samuel Pérez de la Coordinadora de Estudiantes Universitarios de Guatemala (CEUG), María Dolores Marroquín de la Asociación La Cuerda, Philip Chicola de la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y Enrique Naveda, director de la revista Plaza Pública.

El panel se centró en el análisis de la "Crisis política, protesta social y elecciones", debatiendo en torno a preguntas de la moderadora, Ana Pablo del Observatorio Indígena. Ante la pregunta, ¿las elecciones resolvieron la crisis política de 2015?, el coordinador del IPNUSAC manifestó que el proceso electoral no podían resolver ni siquiera disolver la crisis política, dada su naturaleza. En Índice

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ese sentido ahondó en su interpretación sobre el tipo de crisis que atraviesa Guatemala y que continuará manifestándose en los próximos años si acaso no se emprende una reforma profunda del Estado.

También se refirió a los rasgos inéditos del movimiento ciudadano de 20015, al compararlos con otros momentos del siglo XX. "Los movimientos ciudadanos fueron hasta ahora en contra de regímenes dictatoriales, como en 1920 contra Estrada Cabrera, y en 1944 en contra de la continuidad del régimen ubiquista de los 14 años. En democracia no había ocurrido un movimiento como en 2015, además, ejemplar por su orden y pacifismo, no obstante que fue espontáneo e invertebrado", señaló.

Gutiérrez se refirió al momento postelectoral como "un callejón sin salida". "Nos quedamos con la hoja en blanco -enfatizó-, a pesar de que hay algunas propuestas de reformas en el Congreso, no hay todavía un planteamiento de reforma integral del Estado, que es lo que reclama esta crisis de estatalidad."

Finalizó insistiendo en la importancia de los nuevos sujetos sociales y políticos que surgieron durante la crisis de 2015, "pues son ellos y ellas los portadores del cambio, los agentes de la revolución ciudadana que quedó inconclusa".

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Propuesta

Demandas y propuestas

políticas de los pueblos

indígenas de Iximulew

Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej

L

os Pueblos Indígenas1 demandamos los cambios estructurales que requiere Guatemala, los cuales se pueden producir mediante diversas acciones políticas, sociales, económicas, culturales y jurídicas, que eliminen las desigualdades e inequidades y que garanticen el ejercicio de nuestros derechos específicos y colectivos. El desafío es construir un país representativo de los Pueblos que lo habitan. Estos cambios representan un reto para el Estado y para los propios Pueblos para garantizar las transformaciones profundas que demandamos, y construir así un nuevo Estado y una nueva sociedad.

1 En este documento se abordará el término Pueblos Indígenas para identificar a los Pueblos Maya, Garífuna y Xinka, reconocidos en los Acuerdos de Paz.

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107 propuesta denominada Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew. Agradecemos a todas aquellas organizaciones que formaron parte en todo el proceso de construcción, este es un primer paso, por ello exhortamos a que el presente instrumento se le dé vida.

Las formas de construir las relaciones sociales, culturales y políticas en Guatemala están cambiando porque las demandas ciudadanas y las propuestas históricas que hemos manifestado los Pueblos Indígenas, se están presentando frente a un Estado que sigue siendo mononacional, monocultural, monolingüe, corrupto y racista, y que está dirigido por los pequeños grupos de élites tradicionales y emergentes, en alianza con militares y las estructuras de crimen organizado. A lo largo de los últimos 60 años hemos enfatizado en nuestras propuestas para que haya mejores condiciones que nos permitan ejercer nuestros derechos, se respete la vida y se defienda los intereses de los Pueblos.

En la construcción de este trabajo se tuvo la participación de representantes de los Pueblos Indígenas -Maya, Xinka y Garífunay de diversas comunidades en resistencia de origen Ladino Mestizo,4 con el propósito de generar un instrumento que viabilice nuestras luchas e incidencia política, y que contribuya a garantizar nuestros derechos y autonomía como Pueblos.

Es así como aportamos al proceso de transformación del Estado actual mediante la implementación de acciones estratégicas y políticas que

Las diversas propuestas que hemos construido los Pueblos Indígenas en las últimas décadas -convertidas en agendas, planes, políticas, leyes- nos han permitido obtener lecciones, y de ese proceso es que surge la iniciativa de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, junto con autoridades y organizaciones indígenas,2 grupos de mujeres y jóvenes indígenas,3 de construir la presente

4 Entre ellos destaca la Sociedad Civil Organizada de Mataquescuintla; Sociedad Organizada de San Rafael Las Flores, Santa Rosa; Comité de Defensa de la Vida y la Paz de Santa Rosa; Cooperativa La Esperanza-Sociedad Civil de San Antonio, Suchitepéquez; Frente Petenero contra las Represas; entre otros.

2 Autoridades Ixiles. Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, Autoridad Principal de Livingston y diversas Autoridades Comunitarias en las diferentes regiones de Guatemala.

3 Anexo 1. Listado de organizaciones participantes.

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108 sociales y políticas en la sociedad, basadas en las cosmovisiones indígenas y para ello se proponen principios, valores y nuevas prácticas políticas que contribuyan a transformar el interés hacia la colectividad humana y el respeto a nuestra Madre Tierra.

lleven a reconstituir5 el Buen Vivir y fundar un Estado Plurinacional.

En el presente documento Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew, se propone realizar reformas al Estado6 circunscritas a cambios que es posible concretar y que están contemplados dentro de la Constitución de la República vigente. Por ejemplo, mejorar los mecanismos institucionales, normas, leyes, reglamentos, presupuesto, políticas y programas.

Sin embargo, también se plantea una serie de acciones que llevan a cambios profundos y trascendentales para la fundación del Estado mediante la transformación de las relaciones de poder y subordinación, es decir, equilibrar las fuerzas y representaciones de los Pueblos.

En esta propuesta hemos trabajado y dialogado entre las organizaciones de los diferentes Pueblos, principalmente en los siguientes ámbitos: defensa de la vida, política, jurídico, social, economía, cultura, y cosmovisión y espiritualidad.

Tenemos claridad que con estos planteamientos no se van a resolver todos los problemas: es un aporte a un proyecto político de los Pueblos Indígenas de largo alcance en el que debemos seguir trabajando para construir un país justo para vivir con dignidad.

Al mismo tiempo se invita a fortalecer nuestras acciones y relaciones

A partir de ahí consideramos que las Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos de Iximulew están encaminadas a:

5. En esta propuesta “reconstituir el Buen Vivir” se refiere a recuperar y fortalecer las prácticas indígenas que enseñan el respeto hacia la Madre Tierra y la relación armoniosa entre seres humanos, al fomento del equilibrio entre Madre Tierra y seres humanos. Esto conlleva a restablecer las cosmovisiones indígenas en los nuevos contextos.

6. Este documento también contiene las diversas demandas que plantea la Asamblea Social y Popular y la Plataforma para la Reforma del Estado, espacios donde Waqib’ Kej participa activamente.

- Aportar insumos para la construcción de un proyecto político de los Pueblos Indígenas que contribuya a la fundación de un Estado Plurinacional con base en el Buen Vivir de los Pueblos. Índice

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109 de un proyecto político para reconstituir el Buen Vivir y fundar un Estado Plurinacional.

- Reconstruir el equilibrio entre Madre Naturaleza y ser humano a través de un pensamiento y relaciones humanas descolonizadas, desmercantilizadas y despatriarcalizadas para la fundación de un Estado Plurinacional.

Las Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew contienen planteamientos que se pueden considerar estratégicas, a partir de las cuales se garantizan ciertas precondiciones que permitan avanzar en el proceso general de cambio del Estado y la sociedad.

Donde los Pueblos Indígenas tengamos la plena participación, toma de decisión y podamos ejercer con libertad nuestros derechos y autonomía, lo que implica tener libertad al desarrollo económico, social, político y cultural según nuestras propias necesidades e intereses, reforzando y fortaleciendo nuestras propias instituciones y con el derecho a participar plenamente en la dinámica nacional del Estado y la toma de decisiones.

- Promover acciones políticas e incidencia que permitan erradicar la pobreza, las desigualdades, el racismo, la discriminación y la exclusión de los Pueblos Indígenas para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

¿Qué son las demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de iximulew?

Se hace necesario señalar que hasta este momento, estas Demandas y Propuestas Políticas han tenido la participación de organizaciones indígenas, autoridades indígenas, organizaciones de mujeres y jóvenes indígenas en su elaboración y revisión. Somos conscientes que hace falta trascender hacia el involucramiento de más comunidades

Es una propuesta integrada por demandas y planteamientos hacia la defensa de la vida en aspectos políticos, jurídicos, económicos, sociales, culturales y espirituales, que pretenden ser un aporte para encaminarnos hacia la construcción

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110 Sin embargo, también vemos la importancia de continuar aportando a la fundación de un nuevo Estado que garantice nuestros derechos específicos y colectivos.

y Pueblos, lo que constituye un reto para su seguimiento. Además, tenemos claridad que estas propuestas no van a resolver todos los problemas, pero sí aportarán significativamente a generar cambios sustanciales para nuestros Pueblos, particularmente porque se busca aportar en la construcción de un nuevo Estado.

El nuevo Estado que se propone debe concebirse como uno Plurinacional basado en el Buen Vivir o Utziläj K’aslemal, en donde las relaciones se desarrollen sobre la base del respeto y pleno ejercicio de nuestros derechos. Un nuevo Estado que sea garante de nuestros derechos en iguales condiciones que los otros Pueblos y donde se respete a la Madre Tierra, manteniendo un equilibrio para con ella como forma de garantizar el respeto a la vida.

Las Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew constituyen un reto político para las organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres y jóvenes que aportaron en su construcción, porque implica seguir haciendo incidencia ante el Estado que ha sido históricamente excluyente, racista y patriarcal, además de buscar otros interlocutores como los organismos nacionales e internacionales.

¿Quiénes darán continuidad a las Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew?

Propuestas de acciones desde los pueblos indígenas

El seguimiento a esta propuesta se hará por medio de las organizaciones integrantes de Waqib’ Kej, por medio de su estructura organizativa como Consejo Político y Junta Ajpatan Samaj. También tendrá un importante papel la Comisión Política y la Comisión de Seguimiento que surgió

L as propuestas y demandas sintetizadas en este documento se han generado en un momento, en el que Pueblos Indígenas vemos la necesidad de continuar con las estrategias de resistencia que mantenemos en las comunidades y organizaciones.

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¿Cuándo implementaremos las Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew?

de los diversos encuentros regionales que se realizaron en su elaboración.

Ellas están representadas por las cinco regiones (norte, sur, oriente, occidente y centro) de Guatemala. Además, se cuenta con el apoyo de diversas organizaciones indígenas y autoridades indígenas. Sin embargo, están invitadas todas las organizaciones de mujeres, jóvenes y demás formas de organización propia de los Pueblos Indígenas y comunidades en resistencia. Así como también se promoverá el acercamiento y alianza con otros sectores no indígenas que se identifiquen con la propuesta, para coordinar y hacer alianzas de manera que esto nos permita hacer incidencia y “transformar el Estado hacia el Buen Vivir y fundar un Estado Plurinacional, desde el aprendizaje, la educación, la comunicación, la información, el conocimiento, la organización y articulación y las acciones ante los poderes e influir en determinaciones políticas que fortalezcan a los Pueblos”.7

Esta propuesta es pública y de uso para las organizaciones indígenas, comunidades indígenas y comunidades en resistencia. Su implementación se hará de manera inmediata en cuanto las propias organizaciones, comunidades y Pueblos le den su difusión, se discuta, se fortalezca y se ejecute.

Particularmente, las diversas instituciones estatales tendrán el compromiso y labor de hacerla efectiva y responder a las demandas que se hacen. Tendrá una duración de 13 a 20 años8 para que posteriormente se haga una revisión, evaluación y fortalecimiento.

A. Acciones permanentes - Promover la igualdad y equidad entre mujeres y hombres en nuestros diferentes procesos y acciones.

7. Coordinación y Convergencia Nacional Waqib’ Kej (2015). Plan de Incidencia y comunicación de las Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew, Guatemala.

8. Estos son tiempos representativos y cíclicos dentro de la cosmovisión maya; representa las 13 energías y el número 20 es la base numérica para el conteo del tiempo.

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112 - Formación política desde nuestras cosmovisiones indígenas, orientada a la reconstitución del ser como Sujeto Político Plural para lograr un proceso de descolonización, despatriarcalización y desmercantilización de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones.

- Mayor organización para exigir la derogación de las leyes que afectan a los Pueblos Indígenas, por ejemplo, la Ley de Túmulos, la Ley de Alianzas Público-Privadas, Ley de Control de Telecomunicaciones, Acuerdo Gubernativo de Transgénicos elaborada por el CONAP y otras leyes que atentan contra la vida.

- Fortalecer el planteamiento político y colectivizar esfuerzos locales y nacionales para la defensa de los derechos de la Madre Tierra.

- Coordinar la participación e involucramiento de otros movimientos sociales con objetivos comunes, redes de organizaciones, comunidades y Pueblos, a fin de aprovechar sinergias y promover cohesión social para construir un Estado plurinacional.

- Organización en las diferentes comunidades para las diversas luchas, de manera que participen activamente autoridades indígenas, mujeres y jóvenes indígenas.

B. Acciones inmediatas

- Consumir lo nuestro, promoviendo el intercambio comunitario y la economía solidaria. Esto implica el uso y consumo de las semillas nativas, evitar el uso del plástico y materiales desechables, entre otras acciones.

- Reconocer que nuestra Madre Tierra es sujeto de derechos y que dependemos de ella, lo cual implica actuar de manera permanente en defensa de la Madre Tierra y el territorio, para no permitir la privatización y contaminación ambiental de nuestros recursos naturales. Resguardo de la tierra comunal.

- Utilizar el arte como una forma de reivindicación.

C. Acciones a mediano y largo plazo

- Formar alianzas con organizaciones de resistencia contra empresas extractivas y de deforestación.

- Reorientar una ideología política desde y para los Pueblos Indígenas. Índice

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113 en distintas áreas, que se identifiquen y se comprometan con los Pueblos Indígenas. Esto implica la descolonización del pensamiento para empezar a liberar la forma en que se hace economía, la política y la forma en que interactuamos y nos relacionamos en la sociedad.

- Generar espacios intergeneracionales de convivencia e intercambio para que las y los jóvenes indígenas –mujeres y hombres- se involucren en los nuevos liderazgos y como actores políticos.

- Rescatar, respetar e implementar la medicina natural en los Pueblos Indígenas.

A manera de conclusión

- Implementar una educación desde los valores y principios de los Pueblos Indígenas en las familias y comunidades, reivindicando cada una de las prácticas cosmogónicas y ancestrales.

- La propuesta que contiene las Demandas y Propuestas Políticas de Pueblos Indígenas de Iximulew es un instrumento que servirá para la construcción de un proyecto político de los Pueblos Indígenas.

Esto significa que el presente documento es un aporte al proceso de consolidación de las luchas de nuestros Pueblos.

- Recuperar e implementar el Sistema de Justicia Maya.

- Promover la producción comunitaria y comercialización orgánica mediante la creación de mercados agroecológicos. Practicar la soberanía alimentaria, promover el trueque como forma de solidaridad y como parte de un proceso que se irá construyendo a corto, mediano y largo plazo.

- Los Pueblos Indígenas, mediante sus organizaciones y comunidades organizadas, conformadas por mujeres, hombres, niñez, adolescencia, juventud y ancianidad, han construido de manera colectiva y a lo largo de la historia, diversas apuestas políticas. El presente constituye un aporte que sistematiza estas demandas y planteamientos a partir

- Para alcanzar el Buen Vivir se necesita la fundación del Estado, lo cual se logrará con personas formadas, ideológica y políticamente Índice

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de dichos esfuerzos, e incluye las nuevas necesidades y demandas que tenemos.

- Se tiene claridad que fundar un Estado Plurinacional implica realizar acciones estratégicas de largo plazo, además de acciones a corto plazo para lograr reformas a la institucionalidad del aparato del Estado como lo conocemos hoy. Por lo que la lucha por la dignificación y justicia para nuestros Pueblos es continua y permanente.

- Las Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew han concretado las principales demandas y con relación a las mismas, se han escrito una serie de acciones que pueden orientar la incidencia política de los Pueblos Indígenas en Guatemala.

- Los Pueblos Indígenas buscamos la construcción de un Estado Plurinacional en el que su actuar esté fundamentado en el Buen Vivir o Utziläj K’aslemal, lo que implica cambios en nuestros pensamientos, conocimientos y prácticas. Como sujetos sociales y políticos somos llamados a descolonizarnos, desmercantilizarnos y despatriarcalizarnos para construir nuevas relaciones en Guatemala.

- Se debe seguir dialogando, llegando a consensos y estrategias, principalmente entre las personas, organizaciones y comunidades indígenas, para enriquecer la presente propuesta.

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- En el marco, en el que elaboramos y planteamos las Demandas y Propuestas Políticas, el sistema de partidos políticos como medio democrático para incursionar dentro del Estado está viciado y no responde a las necesidades de los Pueblos. El actual gobierno y el que tomará posesión para los siguientes cuatro años, representan la continuidad de la política neoliberal en el país y reflejarán la crisis del sistema capitalista. Estamos llamados a mantenernos vigilantes -tal como lo hemos hecho estos 523 años- para seguir organizados, hacer alianzas y hacer incidencia para garantizar el ejercicio de nuestros derechos como Pueblos y aportar a la fundación del Estado Plurinacional con bases en el Buen Vivir.

Leer documento completo: http://ipn.usac.edu.gt/2015/12/12745/

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Propuesta

Demandan un presupuesto que permita al sistema de justicia sostener la lucha contra la impunidad IPNUSAC

Al Presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre; Al Congreso de la República de Guatemala; Al Procurador de los Derechos Humanos; y Al pueblo de Guatemala

CONSIDERANDO: Que la lucha contra la impunidad en Guatemala es un objetivo prioritario para el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho; Que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación aprobado mediante Decreto 14-2015 asigna al sistema de justicia recursos financieros no reflejan una voluntad del Estado congruente con dicha prioridad; Que es indispensable que se incremente en forma proporcional los recursos financieros asignados a la PNC, el MP, el Organismo

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117 Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Inacif para que efectivamente esas instituciones cumplan sus funciones vitales.

Que, más grave aún, el no adoptar medidas oportunas profundizará la crisis de desfinanciamiento del sistema de justicia, que implica el cíclico impago de salarios y/o honorarios, la falta de insumos y el retraso en la tramitación de los casos por falta de personal, violando la garantía de una justicia pronta y cumplida, y afectando en particular a las víctimas más pobres y necesitadas.

POR TANTO: 1. Exhorta al Presidente de la Republica para que estudie la

conveniencia del uso de la facultad de veto en contra del Decreto 14-2015, como una medida extrema para asegurar una asignación presupuestaria proporcional a todas las instituciones del sistema de justicia.

2. En su defecto, solicita al Congreso de la República a que

oportunamente reconsidere las asignaciones del sistema de justicia a fin de dotarlo de los recursos mínimos indispensables.

3. Solicitar al Procurador de los Derechos Humanos a que, en el

ejercicio de la legitimación activa que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad le confiere, interponga el amparo correspondiente para que el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Nación tenga una distribución racional y responda a las aspiraciones ciudadanas de lucha contra la impunidad y fortalecimiento general de la democracia.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” Guatemala diciembre de 2015. Índice

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Propuesta

Posición de la Mesa Indígena de

Cambio Climático en Guatemala ante la COP-21 de Cambio Climático

I. Cambio Climático y Pueblos Indígenas

L

as organizaciones indígenas aglutinadas en la Mesa Indígena de Cambio Climático en Guatemala MICCG, ante la realización de la COP-21 de Cambio Climático, en Paris en diciembre de 2015 planteamos al Estado de Guatemala, particularmente al Consejo Nacional de Cambio Climático, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio de Relaciones Exteriores y la delegación que participe tomar en cuenta las siguientes propuestas y planteamientos en la negociaciones que participen.

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119 siendo afectados por los impactos del cambio climático que afectan al país.

El cambio climático es un fenómeno que debe tener soluciones globales, nacionales y locales, en este caso planteamos soluciones globales que deben asumir los Estados miembros del Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y las cual Guatemala como país multilingüe, multiétnico y pluricultural.

II. Marco Institucional del Cambio Climático y los Pueblos Indígenas

El papel y la contribución de los pueblos indígenas a las soluciones al cambio climático son cruciales, estudios e informes indican cómo los pueblos indígenas se ven afectados por el cambio climático y cómo estos aumentan su vulnerabilidad. En respuesta al aumento de los riesgos, los pueblos indígenas continúan utilizando sus sistemas de conocimiento tradicional e innovaciones para mejorar su capacidad de adaptación y resiliencia.

Es importante resaltar que la Política Centroamericana sobre Cambio Climático reconoce que se deben fortalecer los sistemas tradicionales indígenas y de comunidades locales enfocados a las prácticas para la adaptación y mitigación al cambio climático, propiciando su activa participación; lo cual plantea líneas de acción concernientes al fortalecimiento de los métodos de adaptación, mitigación y cambio climático desde la visión y derechos de los pueblos indígenas; promover la participación e incidencia de los Pueblos Indígenas en los distintos niveles y mecanismos del cambio climático; Promover y fortalecer los conocimientos tradicionales y saberes propios de los Pueblos Indígenas

Las tierras comunales que hoy conservan los pueblos indígenas constituyen el 14% del país y albergan ecosistemas ricos en biodiversidad, recursos genéticos, conocimientos tradicionales, convirtiendo al país en Megadiverso rico en recursos naturales y culturales. Estas tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas proporcionan subsistencia, seguridad alimentaria a millones de personas.

Sin embargo estos recursos están

Las propuestas que hoy presentamos deben ser parte de la implementación de la política y ley de cambio

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120 sistemas tradicionales de los pueblos indígenas, el cual está fuertemente vinculada a los principios que expresan que todos los planes, programas, y acciones deben tener pertinencia cultual y de género, que se fortalezcan e implementen los conocimiento tradicional en el manejo de los recursos naturales, esto es fundamental y base para reconocer el aporte de las tierras comunales.

climático que Guatemala ha aprobado, particularmente a lo que expresa la Ley de Cambio Climático en su artículo 3 refiriéndose a la instalación de un sistema de salvaguardas sociales y ambientales donde los derechos de pueblos indígenas deben ser punto medular.

Es momento de que los principios de integralidad e identidad cultural contemplados en el artículo 5 se conviertan en directrices y bases fundamentales para la construcción de la posición de país ante la COP-21 y a lo cual debe sumarse lo contenido en el artículo 16 planteando que se deben considerar los conocimientos tradicionales en la implementación de las practicas productivas apropiadas para la adaptación al cambio climático.

Es importante hacer notar que dos de los componentes de la política se refieran a la participación de los pueblos indígenas en la implementación de la política y que en los temas de salud, agricultura, ganadería y seguridad alimentaria se adopten políticas y acciones desde los conocimientos tradicionales.

En base al artículo 8 hoy tenemos a una voz en el Consejo de Cambio Climático máxima autoridad que tiene que conducir la posición de país ya que en él se encuentran representados los distintos sectores que conforman la Guatemala de hoy.

El documento final de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (NY 2014) reconoce que cualquier decisión de la COP en París que haya sido negociada por el ADP, debe reconocer la obligación de garantizar la participación efectiva y plena de los Pueblos Indígenas en todos los procesos,

Continuando en esta línea los objetivos de la Política de Cambio Climático plantean: Fortalecer los Índice

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121 programas y acciones, en todos los niveles.

3. Reconocer y proteger el patrimonio cultural y conocimientos indígenas, las innovaciones, tecnologías, expresiones culturales tradicionales, creencias espirituales de los pueblos indígenas.

III. Planteamientos que deben integrarse en las negociaciones de la CMNUCC

4. Garantizar el acceso directo e inmediato de los pueblos indígenas a la financiación, las tecnologías apropiadas y el fortalecimiento de capacidades.

1. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el derecho a la libre determinación; tierras, territorios y todos los recursos; consentimiento libre, previo e informado; conocimientos tradicionales y medios de vida sostenibles; participación justa y equitativa en los beneficios, así como otras normas y estándares internacionales relevantes de derechos humanos.

5. Reconocer y visibilizar el estado de vulnerabilidad de todos los pueblos indígenas, incluyendo los pueblos indígenas en países desarrollados y en desarrollo, en las cuestiones del cambio climático.

6. Garantizar que en los textos de negociación sobre mitigación y adaptación se reconozca los esfuerzos y contribución de las mujeres y de la población inter generacional (niños, mujeres, jóvenes y ancianos), con pertinencia cultural, a través de su participación en la toma de decisiones sobre la distribución de beneficios de manera equitativa y de manera directa,

2. Garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los mecanismos, órganos y procedimientos establecidos bajo la CMNUCC, incluyendo la mitigación, adaptación, financiación, MRV, transferencia de tecnología.

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122 así como en otras áreas que les afecta y compete.

capacitación, con base en la conceptualización propia de los pueblos indígenas.

7. Se recomienda una mayor participación en la CMNUCC de representantes de mecanismos existentes sobre Cuestiones Indígenas de la ONU tales como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (SRIP).

IV. Propuestas ante los temas de Negociación de la CMNUCC: 1. VISIÓN COMPARTIDA: Las partes deben comprometerse a respetar las normas y estándares internacionales de derechos humanos que establecen obligaciones morales y jurídicas para proteger y promover el pleno goce de los derechos de los pueblos indígenas.

8. El garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los mecanismos, órganos y procedimientos establecidos en el marco de la CMNUCC, tales como el Grupo de Trabajo Ad-hoc sobre la Plataforma de Durban para la Acción Mejorada (ADP), así como sobre mitigación, adaptación, financiamiento, Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), el IPCC, la transferencia de tecnología y la

2. CAPACITACIÓN: Debe ser coherente con las prioridades y circunstancias nacionales, con pertinencia cultural, fortalecer el desarrollo de las capacidades, establecida en base a las instituciones existentes y hacer uso de los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.

3. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: La transferencia Índice

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123 de tecnologías debe ser inmediata, oportuna, libre de costo alguno, en armonía con la madre tierra y sin condicionalidades. El régimen de derechos de propiedad intelectual deberá ser modificado para asegurar el acceso a tecnologías y derechos de los pueblos indígenas.

conocimiento tradicional en el mantenimiento de ecosistemas.

V. Planteamientos de los Pueblos Indígenas ante la COP-21 CC

4. FINANCIACIÓN: Todo mecanismo de financiamiento para la mitigación y adaptación del cambio climático debe ser establecido bajo la CMNUCC deberán proporcionarse recursos directos para pueblos indígenas.

1. El compromiso con el objetivo global de evitar que la temperatura media de la Tierra aumente más de 1.5º C. 2. Las Partes se asegurarán de que los acuerdo de París, protejan y cumplan con los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluidos sus derechos a las tierras, territorios y recursos consagrados en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).

5. ADAPTACIÓN: Garantizar el respeto, la protección y el fomento de los conocimientos tradicionales y los medios de vida sostenibles de los pueblos indígenas. Incluir salvaguardas culturales y sociales de los pueblos indígenas.

6. MITIGACION: Reconocer y promover los sistemas propios de los pueblos indígenas en el uso, manejo y conservación de los recursos naturales y su

3. Los medios de vida de los pueblos indígenas son la clave para la conservación y mejora de la biodiversidad, para garantizar la seguridad alimentaria de millones de personas, y contribuyen a la adaptación al cambio climático y la mitigación.

4. Reconocer y respetar a los

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124 pueblos indígenas como guardianes de los ecosistemas frágiles y proteger sus conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de adaptación en la conservación, recuperación y adaptación de los diversos ecosistemas.

la adaptación al cambio climático global.

8. Cualquier resultado final de las negociaciones, así como las contribuciones previstas nacionalmente determinadas (INDCs) presentadas por las Partes, deben incluir indicadores sobre el grado en que se respetan los derechos y garantías de los pueblos indígenas, y deben asegurar los beneficios no derivados de carbono. Las INDCs también deben incluir indicadores para informar sobre el progreso nacional, para garantizar la titulación de tierras colectivas, medidas concretas para controlar los megaconductores de la deforestación, y la asignación de fondos públicos para la gestión de las tierras indígenas, territorios y recursos. Se debe reconocer, además, que las prácticas y los medios de vida tradicionales indígenas no son causas de la deforestación, sino que contribuyen a la mitigación y la adaptación.

5. Garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en el desarrollo de planes de mitigación y adaptación para lograr un plan de trabajo eficaz que beneficiosamente afectar los pueblos indígenas.

6. Garantizar la equidad e igualdad de género y velar por la plena participación de la mujer, en igualdad de derechos y condiciones, en todas las medidas y procesos de adopción de decisiones en la esfera del cambio climático.

7. El texto de negociación debe conservar y fortalecer sus referencias a los conocimientos indígenas tradicionales. El Quinto informe del IPCC y de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el sistemas de conocimientos tradicionales, y la visión holística de la comunidad y el medio ambiente, son los recursos clave para la mitigación y

9. Que los Estados se comprometan a informar a los Pueblos Indígenas sobre las medidas y sus efectos para cumplir con las metas de bajar las emisiones de GEI.

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125 El presente documento se basa y respalda las propuestas de los pueblos indígenas que han sido presentados por el Foro Internacional Indígena de los Pueblos sobre el Cambio Climático (FIPICC): en la sesión de clausura del 42º período de sesiones del OSACT 10 de junio 2015, Bonn, Alemania; en la declaración de cierre para el ADP el 11 de junio 2015; en la declaración en la sesión plenaria de clausura del Órgano Subsidiario de Ejecución, 11 de junio 2015 y en taller técnico internacional de pueblos indígenas y los estados acerca delas negociaciones de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático (CMNUCC) Lima, Perú, 26-28 de noviembre de 2014.

10. Además las Partes deben establecer un fondo especial dedicado con acceso directo y administración por parte de los pueblos indígenas, que proceda de los países en desarrollo y desarrollados, para mejorar y desarrollar aún más nuestras capacidades de adaptación, y para fortalecer nuestros conocimientos y medios de vida tradicionales. Las Partes también deben asegurar el acceso directo a fondos climáticos ya existentes, tales como el Fondo Verde para el Clima.

11. Cualquier acción emprendida por el sector privado en relación con el cambio climático debe respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo los derechos a las tierras, territorios y recursos, así como el derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Iximulew, Guatemala, septiembre de 2015

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Investigación

El cambio climático y sus repercusiones

en la seguridad alimentaria*

María Alejandra Mazariegos Orellana Internacionalista, USAC

Introducción

E

l interés en el abordaje de los efectos positivos derivados de esfuerzos integracionistas, como vía para concretar acuerdos de solución a distintas problemáticas regionales, se ha incrementado en las últimas décadas. A raíz de dichos esfuerzos han surgido diversas ¡iniciativas. En el caso de Centro América, el Sistema de Integración Centroamericana -SICAconstituye uno de los más grandes logros en la región.

Tesis: Presentada a la Junta Directiva de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala (ECP-USAC) para obtener el título de Licenciada en Relaciones Internacionales y el título profesional de Internacionalista, se modificó para esta publicación el título, el nombre original se titula “La Importancia del rol de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) frente al cambio climático y sus repercusiones en la seguridad alimentaria en Guatemala”.

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127 El SICA abarca diferentes áreas de acción, entre los cuales se encuentra el tema ambiental y la seguridad alimentaria, dada la importancia de los mismos en el bienestar de la población. Es así como dentro del SICA, se crea la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo -CCAD- con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la región, fortaleciendo el régimen de cooperación e integración para la gestión ambiental.

Por lo tanto, la investigación de Ia presente tesis, surge con base en Ia importancia de determinar el rol que ha desempeñado la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en la lucha regional frente al cambio climático y los efectos en el ámbito de seguridad alimentaria y nutricional de Guatemala.

La estructura capitular de esta investigación consta de cinco capítulos. El primero aborda los aspectos teórico-metodológicos incluyendo metodología de trabajo, aspectos teóricos relacionados con integración, cambio climático y seguridad alimentaria, así como las técnicas e instrumentos empleados. EI segundo capítulo aborda los antecedentes sobre la relación entre integración, cambio climático y seguridad alimentaria en la región centroamericana.

El tercer capítulo aborda el elemento central del trabajo que es la Comisión Centroamérica de Ambiente y Desarrollo, su estructura administrativa, visión, funciones y atribuciones así como las iniciativas propias de trabajo. El capítulo cuatro hace referencia a los esfuerzos realizados por los países de la región centroamericana en materia de integración, cambio climático y seguridad alimentaria Finalmente en el capítulo cinco se presenta el análisis de los esfuerzos realizados y principales desafíos para la CCAD.

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128 Asimismo, establece la vinculación entre las acciones a nivel regional en materia de ambiente y las intervenciones a nivel nacional en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

El esfuerzo de análisis y reflexión sobre la vinculación de las temáticas abordadas fue fundamental para arribar a la conclusión de que un esfuerzo en conjunto puede llevar a mejores resultados que aquellos esfuerzos que se dan en forma individualizada, al aprovechar Ias fortalezas de sus integrantes y potencializarlas en el esfuerzo conjunto.

A manera de cierre, se presentan las conclusiones y recomendaciones resultantes del proceso investigativo y del análisis de la situación encontrada, como un aporte al campo de las relaciones internacionales.

Conclusiones El problema del cambio climático ha captado un nivel de atención sin precedentes y por lo mismo ha causado una movilización internacional a fin de conceda acciones para la mitigación, adaptación y prevención del mismo. Una de las áreas con mayor incidencia de sus efectos es la seguridad alimentaria y nutricional.

Al ser la seguridad alimentaria y nutricional uno de los pilares fundamentales en que se sustenta el desarrollo humano, significa que el cambio climático es capaz obstaculizar el desarrollo de los pueblos y amenazó gran parte del que ya se ha logrado.

Es por esto que el abordaje de los efectos del cambio climático desde el enfoque de la seguridad alimentaria y nutricional debe centrarse en reducir las consecuencias del mismo y crear estrategias de adaptación, mitigación y prevención.

Es evidente la relevancia de rol desempeñado por la CCAD en la vinculación cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional, al ser Ia instancia regional a quien corresponde el abordaje de dicha temática y quien tiene la capacidad para asumir el liderazgo Índice

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en la vinculación y facilitación de las acciones de los países centroamericanos en conjunto, con una visión de largo plazo.

A este respecto, es imperante el reconocer la necesidad de un liderazgo vinculante entre la CCAD y las instituciones responsables de la SAN en cada uno de los países de la región. Un esfuerzo conjunto permitirá potencializar las fortalezas individuales en función de una visión compartida, dando como resultado el desarrollo regional y en consecuencia el bienestar para la población.

Sin embargo, es necesario que exista no solo voluntad política por parte de los gobiernos para apoyar las acciones de la CCAD en materia de cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional sino también el compromiso de todos los sectores involucrados que actúen con responsabilidad en el ámbito de acción que les corresponde.

No se requiere simplemente solicitar una mayor voluntad política, sino de construirla. En Guatemala, es necesaria una clara articulación y trabajo colaborativo entre las acciones de la CCAD con los entes gubernamentales del país -como la SESAN sociedad civil, academia, centros de investigación, entre otros-.

A nivel regional, es imperante el fortalecimiento de la integración centroamericana que facilite la implementación de una política regional ambiental real, con miras a la construcción de una sociedad sostenible. La descentralización, la reestructuración del Estado y el fortalecimiento del poder local son aspectos fundamentales que pueden contribuir a la sostenibilidad de las intervenciones en lo que respecta planes de prevención, adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, por parte de las comunidades locales que son las que realmente conocen sus necesidades y por ende tener una respuesta más eficiente.

Todo esto, obliga a reflexionar sobre las barreras actualmente existentes que limitan el accionar pleno de Ia política de seguridad alimentaria y nutricional como una política de Estado donde, Índice

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130 según el punto de vista de los actores involucrados, se necesita más que voluntad política para lograr la efectividad de la misma.

Derivado de lo anterior, la falta de involucramiento y voluntad política por parte de autoridades locales, nacionales y regionales que imposibilita las responsabilidades directas de estos actores en la toma de decisiones, constituye uno de los principales obstáculos a superar para la concreción de iniciativas integradas de combate y mitigación de cambio climático y sus efectos en Ia seguridad alimentaria y nutricional.

El fortalecimiento ¡institucional de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo a través de dotación de los recursos necesarios, un apoyo integral por parte de los Estados miembros, la sociedad civil y organismos internacionales, empoderamiento para la toma de decisiones y potestad para liderar los procesos e incidir en el cambio.

Fomentar una cultura de prevención y gestión del riesgo tanto en las instituciones como en la población que incida en todos y cada uno de los ámbitos de acción de la CCAD y las instituciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional como son los medios de vida y el entorno.

Recomendaciones

Promover la educación ambiental a toda la población de la región a través de la implementación de programas enfocados en el fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y cuidado y protección del medio ambiente, así como las repercusiones de nuestras acciones en el mismo. Integrar como políticas de Estado el cambio climático y la seguridad alimentaria nutricional, donde los programas deben ser de Estado y no de Gobierno.

Partiendo de los resultados encontrados durante la presente ¡investigación, tanto a través de entrevistas a actores claves, observación participante en foros y talleres relacionados, así como la revisión documental de ¡informes, planes de trabajo y literatura pertinente, se plantean las siguientes sugerencias: La elaboración de una Agenda Regional compartida y vinculante, integrada a la Agenda Regional y Nacional de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional fundamentada en las estrategias existentes respecto a esta temática.

Se debe garantizar el pleno cumplimento de las mismas para que las acciones sean trascendentales y Índice

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sostenibles. Esto hace necesario el involucramiento y compromiso de los tomadores de decisiones así como la participación activa de los grupos organizados de la sociedad civil como medio de verificación y cumplimiento.

Es necesaria la elaboración de un plan a nivel regional para la ejecución de las políticas ambientales y de seguridad alimentaria.

Todos los gobiernos deben estar comprometidos al mismo para darle viabilidad y coherencia con una visión compartida hacia el fortalecimiento de la integración y mejoramiento de las condiciones ambientales y de seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica.

Referencias

- AGUILAR, A; JOVEL, J.; MONGE, A. (2005). Origen, funcionamiento y competencia del Parlamento Centroamericano. Escuela de Ciencias Jurídicas, Universidad Francisco Cavidia. El Salvador.

- ALWANG, J.; SIEGEL, P.B. and JORGENSEN, S. (2001). Vulnerability: a view from different disciplines. Social protection discussion paper ser¡es 175. The World Bank. Washington D.C. - ARDÓN, M. (2011) Entrevista realizada para fines del estudio. 29 de junio de 2011. Comunicación personal.

Leer más: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/28/28_0516.pdf

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Legado

40 Aniversario

Escuela de Historia Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas -IIHAAEscuela de Historia, USAC

L

a Escuela de Historia nació como unidad académica independiente en agosto de 1974, después de su separación del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades.

Su creación estuvo ligada a aspiraciones académicas tendientes a superar la enseñanza tradicional de la Historia y las Ciencias Sociales. Ello se percibió con la lección inaugural de febrero de 1975 cuando oficialmente dieron inicio sus labores académicas.

En aquel momento, además de la licenciatura en Historia que se impartía desde la Facultad de Humanidades, se implementaron las licenciaturas de Antropología y Arqueología.

Aunque ya existía una unidad de investigación, por diversas razones, principalmente por falta de presupuesto, Índice

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133 tuvo un largo periodo de inactividad. Fue hasta el año de 1986 cuando se logró el funcionamiento del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas.

En el 40 aniversario de la Escuela de Historia (2014) el maestro Edgar Barillas, investigador titular del IIHAA y su auxiliar el estudiante Ricardo Contreras, realizaron un vídeo que recoge la historia de la Escuela en las voces de sus profesores, investigadores y egresados, se titula Voces de la Memoria https://www.youtube.com/watch?v=uyuOKSBiM6k En este documental se explica la separación de la Facultad de Humanidades, la formación de la Escuela y la toma del edificio S1, refiere cómo se ha ido conformando la estructura y su proyección hacia la sociedad. Contiene muchas entrevistas, incluso las voces de dos personas que ya no están con nosotros como Gabriel Morales y Zoila Rodríguez.

Marco Fonseca, en su perfil de Facebook, expresó “los grupos estudiantiles que llegamos a la Asociación de Estudiantes de Historia, Arqueología y Antropología también fuimos parte de la historia de la Escuela de Historia de la USAC. En 1984 y 85, junto con Héctor Barrios y Raul Cuellar (historiador egresado de la Escuela) organizamos a la Representación Estudiantil de Trabajo Organizado (RETO) para disputar la asociación a la gente de la UDE. Agrega, “ganamos las elecciones con buen margen y en las condiciones difíciles del trabajo político estudiantil hicimos organización y presión en la USAC y, con la AEU clandestina y el movimiento popular, fuera de la USAC también.

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134 Finaliza, como parte de nuestra contribución a la formación y concientización estudiantil publicamos los «Cuadernos Científicos» en los que reproducimos documentos, artículos o ensayos de figuras Marxistas influyentes en Latinoamérica y el mundo (ver foto). El precio de todo ello fue, para mí en lo personal, el exilio cuando apenas estaba en el segundo año de historia y como consecuencia directa de la toma del campus de la USAC en septiembre del 85 por las fuerzas armadas durante la dictadura de Mejía Victores. A partir de allí se vio interrumpida mi conexión con la escuela hasta el presente”.

Edificio de Historia en ciudad universitaria (Foto: Cortesía Escuela de Historia)

Murales Escuela de Historia (Foto: Cortesía Escuela de Historia)

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Horizontes Clima de guerra

http://publicogt.com/2015/11/30/clima-de-guerra/ Viñeta sobre convicción, compromiso y destierro https://marcovfonseca.wordpress.com/2015/12/15/vineta-sobre-conviccion-compromiso-y-destierro/ Entre pobreza y doble moral

http://www.prensalibre.com/opinion/entre-pobreza-y-doble-moral Acuerdo de París de la COP 21

http://indigenousrising.org/indigenous-peoples-take-leadat-d12-day-of-action-in-paris-official-response-to-cop21-agreement/ Ganar la presidencia, perder el gobierno

http://www.plazapublica.com.gt/content/ganar-la-presidencia-perder-el-gobierno Tres hipótesis sobre 2015

http://elperiodico.com.gt/2015/12/14/opinion/tres-hipotesis-sobre-2015-2-el-escape-ciudadano-hacia-las-urnas/

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Instrucciones a los autores A continuación las instrucciones a los autores sobre los criterios que se deben tomar en cuenta para publicar en la Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir http://ipn.usac.edu.gt/instrucciones-a-los-autores-2/

Periodicidad quincenal, 16 al 31 de diciembre 2015

Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC Universidad de San Carlos de Guatemala Edificio S-11, Salón 100 y 103, Ciudad Universitaria ipn@usac.edu.gt ipnusac@gmail.com

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