Aguayaku by Vi.era

CIASE, Comité Interinstitucional del Sector de Agua y Saneamiento del Ecuador

Quito, noviembre de 2007, No. 8

• Desafíos en agua y saneamiento para la Asamblea Constituyente en Ecuador • La Nueva Cultura del Agua • Las Juntas de Saneamiento en Paraguay • El derecho al agua en las zonas rurales

AguaYaku

CONTENIDO

CIASE, Comité Interinstitucional del Sector de Agua y Saneamiento del Ecuador.

Revista No. 8 Quito, Noviembre de 2007 El CIASE es un espacio abierto de encuentro, coordinación, asesoría y creación de sinergias entre los distintos actores que participan en el Sector de Agua y Saneamiento, que tiene entre sus objetivos posicionar al Sector, potenciar la cooperación inter-institucional y mejorar el acceso sostenible a agua segura y saneamiento por parte de la población más pobre del país. Actualmente el CIASE agrupa a 33 instituciones públicas, privadas, de la cooperación nacional e internacional. AGUAYAKU es un órgano de difusión del CIASE y está abierto a todas las instituciones que quieran contribuir con ensayos, lecciones aprendidas, mejores prácticas y demás artículos relacionados con el tema de agua y saneamiento.

1 editorial

Desafíos en agua y saneamiento para la Asamblea Constituyente en Ecuador

2 compartiendo experiencias Juntas Administradoras de agua potable y saneamiento (JAAPs) en la frontera norte

Las Juntas de saneamiento en Paraguay

El derecho del agua en las zonas rurales

Clima latino: 21 Propuestas para el siglo XXI

Directiva del CIASE: Presidencia: Subsecretaría de Agua Potable Saneamiento y Residuos Sólidos SAPSyRS del MIDUM Coordinación Ejecutiva: Plan Internacional Secretaría Técnica: Programa de Agua y Saneamiento para la América Latina, WSP-LAC Coordinación Comisión de Educación y Capacitación: Ministerio de Salud Pública, MSP Coordinación Comisión de Estudios e Investigaciones: CARE Coordinación Comisión de Difusión y Comunicaciones: Organización Internacional para las Migraciones, OIM Comité Editor: Patricia Aguilar, SAPSyRS del MIDUVI Rosario Jácome, WSP-LAC Oscar Castillo,WSP-LAC Secretaría Técnica del CIASE: Edif. World Trade Center. Torre B, piso 13 Correo electrónico: ciasecuador@gmail.com Diseño y diagramación: Irene Villegas, Rispergraf Revisión de Prueba: Paola Vallejo, BM Impreso en Ecuador por: Rispergraf / 2555-198 Noviembre 2007 Esta publicación se realiza con el apoyo del Water and Sanitation Program (WSP). Sin embargo, la responsabilidad de su contenido es del CIASE y de los autores que firman sus respectivos artículos.

wsp

water and sanitation program

3 ensayo y debate

La necesidad de una nueva ética en materia de gestión de aguas

4 propuestas

La Asamblea Constituyente y el sector del agua e saneamiento del Ecuador

5 eventos

Conferencias Internacionales

6 cronología del sector

Cronología de agua y saneamiento

EDITOrIal

Desafíos en agua y saneamiento para la Asamblea Constituyente en Ecuador

El pueblo ecuatoriano en forma mayoritaria ha decidido que el país necesita una Nueva Constitución. Pasadas las elecciones, se han planteado nuevos desafíos para las instituciones y los partidos políticos encargados de elaborar la nueva carta Constitucional. Esta es una oportunidad que debemos apoyar todos los ecuatorianos, para iniciar un debate nacional acerca de los principios que deberán orientar el manejo de los recursos hídricos en el país, y la provisión de servicios básicos de agua y saneamiento sostenibles, para todos los habitantes. El debate de ideas y propuestas se deberá realizar tomando en cuenta la experiencia que ya tiene el país en el tema, las lecciones aprendidas de lo que se debe y no se debe hacer; y tomando en cuenta también el contexto global. En efecto, en el manejo de los recursos hídricos cada vez intervienen de manera directa las previsiones que deberán hacer todas las naciones del mundo para enfrentar un problema que ya es materia de preocupación de todos los científicos del mundo: El cambio climático y el impacto en el medio ambiente. En el cual, si bien es cierto que existe una responsabilidad diferenciada, en donde los denominados países “desarrollados” tienen una mayor cuota de responsabilidad; no es menos cierto que el cambio climático afectara a todos los seres vivos en el planeta, sin distinción de credo, raza o religión. Es por ello que en la Nueva Carta Constitucional, se podrían incluir mecanismos para: • Promover el manejo integrado de los recursos hídricos, mediante cuenca u otras formas de asociación territorial. • Crear incentivos para el uso de los recursos hídricos con un enfoque sistémico. • Crear incentivos para promover la urbanización y ocupación del territorio en concordancia con la disponibilidad de los recursos hídricos y el cuidado del ecosistema. • Crear mecanismos de vigilancia y control ciudadano en el área rural y urbana, para el cuidado y protección del ecosistema. • Crear mecanismos de estimulo para el uso adecuado del agua potable y la disposición adecuada de aguas residuales y disposición de excretas. En conclusión, estos temas son parte de una agenda mas amplia que se deberá discutir entre todos los sectores involucrados a nivel central, regional y local.; para lo cual desde ya el CIASE con todas las instituciones socias se pone a disposición de las autoridades y apoyar las iniciativas encaminadas con dichos propósitos. Cada municipalidad y comunidad; así como las ONGs y agencias de cooperación, tienen una experiencia y lecciones que aportar en este nuevo esfuerzo que inicia el país de dotarse de una nueva carta Constitucional. El Comité Editor

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Estimados y estimadas lectores/as de la REVISTA AGUAYAKU EL Comité Editorial ha abierto este espacio interactivo con el fin de conocer y dar a conocer su opinión, comentarios, observaciones y sugerencias sobre los artículos contenidos en esta revista. Su participación nos permitirá ir orientando AGUAYAKU, de tal manera que sea útil para Ustedes y constituya una real fuente de consuta y referencia, que contenga temas de su interés y al mismo tiempo constituya un espacio de debate y discusión sobre temas de importancia para el Sector de Agua y Saneamiento en el país. Les alentamos cordialemnte para que nos escriban a la dirección electrónica del CIASE: ciasecuador@gmail.com Nos comprometemos a dar respuesta a todos sus e-mails y trataremos de cubrir adecuadamente sus expectativas.

Agradecemos desde ya su interés y sus aportes.

COMParTIENDO EXPErIENCIaS

Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAPs) en la frontera norte: Hacia una oferta sostenible de servicios Juan Fernando Borja, Responsable de Sostenibilidad de OIM jborja@oim.org.ec Mauricio Balarezo, Consultor OIM maubalarezo@yahoo.com

n el marco del Programa para el Desarrollo de la Frontera Norte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha buscado contribuir a la estabilidad y fortalecimiento de las provincias del norte del Ecuador, a través de la implementación de proyectos y actividades que proporcionen beneficios sostenibles para su población. La sostenibilidad es un eje transversal del Programa, el mismo que contempla actividades orientadas a que las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAPs), encargadas de la administración, operación y mantenimiento del los sistemas de agua potable y alcantarillado, se

fortalezcan y realicen una adecuada prestación de los servicios. La OIM tiene como objetivo lograr que cada JAAP efectúe el control y la administración financiera, acorde a sus propias condiciones; para lo cual realizó la asistencia técnica aplicando un plan de apoyo a la organización de las JAAPs y la capacitación de sus integrantes. La sostenibilidad involucra a poblaciones enteras, y en ellas, las organizaciones comunitarias y sus capacidades para sostener un servicio (agua potable y/o alcantarillado) como determinantes en los Programas de Desarrollo. El enfoque de la OIM fue el dar a la comunidad la importancia y la responsabilidad de apropiarse de los proyectos implementados, además de otorgarles la asistencia técnica con el acompañamiento y fortalecimiento, la concienciación de los beneficios del mismo y su participación permanente para encontrar los mejores caminos que garanticen la sostenibilidad del servicio. Una vez que las JAAPs inician su administración, brindan un servicio de calidad, cuyas poblaciones beneficiarias retribuyen mediante el pago de las tarifas aprobadas en asambleas participativas con la comunidad.

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Sostenibilidad de los servicios en el área rural

Los principales objetivos de las JAAPs son:

• Garantizar volumen suficiente y calidad adecuada de agua para los usuarios. • Administrar, operar y mantener adecuadamente el sistema, con creatividad, intuición y conocimiento • Planificar y evaluar su trabajo • Rendir cuentas de su labor a los usuarios • Realizar las declaraciones al SRI. • Capacitar a usuarios y usuarias, generando automotivación y autosuperación • Mejorar el ambiente de trabajo en las oficinas de las Juntas. • Mejorar las relaciones sociales en la comunidad. • Generar optimismo para emprender en nuevos proyectos • Generar confianza en los Directivos para buscar nuevas fuentes de financiamiento y complementar los servicios básicos en su localidad. • Coadyuntar al mantenimiento de las microcuencas

Un factor relevante para la sostenibilidad, es el pago por los servicios y para ello se debe contar con sistemas de agua potable o alcantarillado libres de defectos en su operación, a fin de romper con el círculo de no pagar, con la “justificación“ de que el servicio tiene deficiencias. Tomando en cuenta varios factores, la OIM estableció tres parámetros de intervención: 1. La organización de las comunidades en estrecha coordinación con el MIDUVI, para facilitar el ordenamiento social a través de la conformación, legalización o fortalecimiento de las JAAPs, a este parámetro estuvieron sujetas las 84 Juntas creadas a lo largo del Programa;

2. El acompañamiento y asistencia técnica de la OIM a cada una las JAAPs; y, 3. El acompañamiento intensivo a las EAAPs, cuyos sistemas de agua potable o alcantarillado eran más complejos, la mayoría sistemas a bombeo. Se logró establecer instrumentos que permitían a las JAAPs ordenar sus inversiones, contabilizar de mejor manera sus costos y encaminarlas a establecer mecanismos de rendición de cuentas y de legalidad, con sus usuarios y el Estado, mediante un trabajo que no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los miembros de las Juntas y de los directivos responsables del manejo financiero. De las 84 Juntas creadas, 39 recibieron el acompañamiento intensivo por parte de OIM, puesto que la mayoría de sus sistemas de agua potable eran a bombeo:

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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Ecuador: JAAPs que recibieron acompañamiento intensivo de OIM Juntas Administradoras de Agua Potable

Cantón Parroquia Comunidad

Tarifa mensual que Población que pagan por el servicio abastece la JAPP de agua (habitantes) - en dólares-

Provincia Esmeraldas San Francisco

San Francisco, Santa Rita,San Lorenzo

900

2.00

Ricaurte

Ricaurte,Tululbí,San Lorenzo

1.200

2.00

Palma Real

Palma Real,Ancón de Sardina,San Lorenzo

1200

2.50

La Boca

La Boca ,Carondelet,San Lorenzo

580

2.00

El Progreso

El Progreso ,Tambillo, San Lorenzo

266

2.50

Borbón

Borbón, Borbón,Eloy Alfaro

4643

2.50

Tambillo

Tambillo, Tambillo, San Lorenzo

500

3.00

Selva Alegre y Timbire

Selva Algre , Selva Alegre y Timbire,San Lorenzo

1345

2.4

Alto Tambo

Alto Tambo, Alto Tambo San Lorenzo

400

2.00

Santa Rita

Santa Rita, Santa Rita, San Lorenzo

480

2.00

Durango

Durango,Santa Rita San Lorenzo

212

2.00

Carondelet

Carondelet,Carondelet, San Lorenzo

420

2.60

Urbina

Urbina,Urbina, San Lorenzo

625

2.00

San Javier

San Javier,San Javier San Lorenzo

500

2.00

Calderón

Calderón,Calderón San Lorenzo

365

2.00

Mataje

Mataje,Mataje San Lorenzo

150

1.55

Concepción

Concepción, Concepción, San Lorenzo

906

2.00

5 de Junio

5 de Junio,5 de Junio, San Lorenzo

485

2,00

Provincia de NAPO Atahualpa

Atahualpa/ Puerto Napo/ Tena

400

2.50 x 10 m3 0.30 excedente

Balzayucu

Balzayacu/ Puerto Napo/ Tena

300

3.00 x 10 m3 0.30 excedente

Syndi

Balzayaku/ Puerto Napo/ Tena

380

0.50 x básico 0.15 x cada m3

Jatunyacu

Jatunyaku/ Talag/ Tena

400

2.10 x 10 m3 0.25 excedente

Ahuano

Ahuano/ Ahuano/ Tena

700

2.10 x 10 m3 0.25 excedente

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Sostenibilidad de los servicios en el área rural

Juntas Administradoras de Agua Potable

Cantón Parroquia Comunidad

Tarifa mensual que Población que pagan por el servicio abastece la JAPP de agua (habitantes) - en dólares-

Provincia de orellana Enokanki

Enokanki/ Enokanki/ Joya de los Sachas

650

2.50 x 10 m3 0.25 excedente

Provincia de SUCUMBIOS 7 de Julio

Siete de Julio/ Siete de Julio/ Shushufindi

1350

2.50 x 10 m3 0.30 excedente

El Eno

El Eno/ El Eno/ Lago Agrio

1240

3.00 x 10 m3 0.20 excedente

General Farfán

La Punta/ General Farfán/ Lago Agrio

1280

2.50 x 10 m3 0.20 excedente

Jambelí

Jambelí/ Jambeli/ Lago Agrio

900

3.00 x 10 m3 0.30 excedente

Dureno

Dureno/ Dureno/ Lago Agrio

750

3.00 x 10 m3 0.30 excedente

Pacayacu

Pacayacu/ Pacayacu/ Lago Agrio

1000

5.00 x 10 m3 0.50 excedente

Nuevos Horizontes

Nuevos Horizontes/ Santa Cecilia/ Lago Agrio

480

2.50 x 10 m3 0.20 excedente

Patria Nueva

Patria Nueva/ General Farfán/ Lago Agrio

240

3.00 x 10 m3 0.35 excedente

San Lorenzo

10 de Agosto/ Nueva Loja/ Lago Agrio

230

4.00 x 10 m3 0.40 excedente

San Miguel

San Miguel/ General Farfán/ Lago Agrio

300

4.50 x 10 m3 0.50 excedente

El Mirador

El Mirador/ Shushufindi/ Shushufindi

720

3.00 x 10 m3 0.35 excedente

El Cóndor

El Cóndor/ General Farfán/ Lago Agrio

235

2.00 x 10 m3 0.25 excedente

Puerto Nuevo

Puerto Nuevo/ Pacayacu/ Lago Agrio

550

3.00 x 10 m3 0.30 excedente

Brisas del Cuyabeno

Brisas del Cuyabeno/ Palma Roja/ Putumayo

260

3.20 x 10 m3 0.35 excedente

Sansahuari

Sansahuari/ Palma Roja/ Putumayo

350

2.00 x 10 m3 0.20 excedente

Chiritza

Chiritza/ Pacayacu/ Lago Agrio

225

3.50 x 10 m3 0.20 excedente Fuente: Fichas de seguimiento OIM

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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Elementos para la sostenibilidad financiera de las JAAPs Los presidentes y tesoreros de las JAAPs, tienen la responsabilidad de promover buenas inversiones y cumplir con el deber de rendición de cuentas al Estado y a sus comunidades. Su buena administración determina el éxito o fracaso de la gestión financiera, que a su vez, repercute directamente en el funcionamiento sostenible de los servicios de agua potable o alcantarillado. Se determinaron siete parámetros por su incidencia directa en el manejo de la gestión: i) Aplicación de la Normativa . ii) Habilidad para lograr la activa participación de la comunidad. iii) Planificación. iv) Presupuesto anual. v) Control de la morosidad. vi) Capitalización. vii) Obligaciones con el Estado (SRI) y con la comunidad. 1. Aplicación de la Normativa.- Las actividades de las Juntas Administradoras de Agua Potable se enmarcan en la “Ley de Juntas Administradoras de Agua Potable” y en su “Reglamento Interno”. Las Directivas, en su mayoría conocen de la existencia de la Ley, pero pocas conocen su contenido y varias no la aplican a plenitud. El reglamento interno, un documento donde constan las “reglas del juego” aplicables a todos y cada uno de los miembros de la JAAP, incluye capítulos relacionados con la organización, derechos y obligaciones, sanciones y manejo de recursos financieros, pero no todos estos son tomados en consideración, y en muchos casos existen vacíos que no permiten un manejo racional de la gestión. Por este motivo fue necesario adecuarlos a la propia dinámica de las comunidades. Mediante el acompañamiento y enfatizando en que la aplicabilidad es un factor determinante para lograr una mejor gestión financiera y conjuntamente con la reforma al reglamento interno, se incluyeron temas como: responsabilidad en el manejo de los recursos, obligaciones de las JAAPs, responsabilidad por incumplimiento de obligaciones, trámite para

denunciar la malversación de recursos y sanción por malversación de recursos. 2. Capacidad para elevar la participación de la comunidad.- Este aspecto se enfoca en la aptitud de la Directiva, especialmente de la presidencia, para poner en práctica iniciativas y lograr una elevada participación de la comunidad , en temas como el cumplimiento del reglamento interno, asistencia a asambleas, asistencia a mingas, decisiones de manejo de los recursos financieros y otras actividades que contribuyen a la eficiencia de la gestión financiera. Es importante indicar que los presidentes de las Juntas son electos en elecciones democráticas por sus comunidades, de esta manera tienen un respaldo mayoritario, son escuchados y la comunidad se adhiere a sus planteamientos en torno a la sostenibilidad de los servicios a su cargo. 3. Planificación.- Este elemento indica el esfuerzo de planificación de actividades que toda JAAP debe realizar anualmente; ligado a la elaboración de planes de trabajo en el área financiera a partir de la estructura de un Plan de Cuentas básico, propio para la actividad de las JAAPs. Dentro de la planificación se enfatizó su

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Sostenibilidad de los servicios en el área rural

importancia y en su contenido deben constar aspectos como: ampliación del servicio a otros usuarios o a comunidades vecinas, reinversión en el sistema de agua, requerimientos futuros de insumos, materiales y accesorios, requerimientos para mantenimientos de componentes críticos (como generadores, tableros de control) y adquisición de bienes muebles e inmuebles para la JAAP.

Presupuesto Anual.- Enfocado como un eje básico de la sostenibilidad financiera, ya que de él y de su control depende continuar percibiendo el ingreso que les permita prestar los servicios en condiciones de calidad, continuidad y cobertura deseadas; y por otro lado, gastar los recursos con responsabilidad. Este aspecto se deriva de la Planificación, es decir, cada elemento que conste en ella, debe convertirse en una cuenta de presupuesto de ingreso o de egreso y debe expresarse con su valor monetario. Las principales cuentas que se identifican en la utilización del presupuesto son las siguientes:

CUENTAS DE INGRESO

CUENTAS DE EGRESO

Tarifa Normal

Productos químicos

Exceso por consumo

Energía

Derecho de instalación

Accesorios y materiales

Conexión domiciliaria

Bonificación tesorero

Multas

Bonificación operadores

Intereses por mora

Trabajos eventuales

Venta de medidores

Adquisición de bienes

Tasa de alcantarillado

Gastos de administración

Otros ingresos

Otros egresos

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Sobre tales cuentas, el enfoque consistió en ejercer control y dictar políticas que se verán reflejadas en los reglamentos, prioridades e indicadores, conforme se explica a continuación: 4.1 Control del presupuesto.- Se promovió la utilización de dos formularios: Presupuesto Operativo Anual y Ejecución Operativa Anual; el primero que registra “lo planificado” y el segundo “lo realizado”, que permitieron visualizar alertas y los correctivos oportunos tanto en ingresos como en egresos. 4.2 Prioridades en el gasto.- Las JAAPs lograron establecer prioridades y para ello se enfatizó en distinguir tres grupos de cuentas a considerar al momento de realizar un egreso: Prioridad 1: Grupo comprendido por las cuentas “críticas”, cuya presencia es de vital importancia para el funcionamiento del sistema y que permitirán generar ingresos suficientes para financiar los egresos también importantes y necesarios. Entre estas cuentas están: productos químicos, energía, accesorios y materiales. Prioridad 2: Grupo “semi-crítico” al cual pertenecen las cuentas: bonificaciones y trabajos eventuales. Prioridad 3: En este grupo se encuentran las cuentas “no críticas”, cuya utilización no afecta al normal funcionamiento del sistema, pero su desacierto en el gasto podría mermar el disponible para los dos anteriores. Corresponden las cuentas de: gastos administrativos, adquisiciones de

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

bienes y otros egresos. Si bien la adquisición de bienes no es un gasto sino una inversión, su valor monetario por naturaleza es considerado alto, su inadecuada aplicación puede afectar seriamente al presupuesto operativo. 4.3 Indicadores financieros.- Como complemento al control financiero del presupuesto y su ejecución, se introdujo la aplicabilidad de los siguientes índices financieros:

4.3.1 Relación Egresos / Ingresos: % de Egresos =

Total de Egresos ------------------------ x 100 Total de Ingresos

Indicador adecuado: < 85%

Si pasa de 100% significa que se gasta más de lo que ingresa, afectando negativamente a la capitalización.

4.3.2 Relación Cuentas No Críticas / Cuentas Críticas Gastos Administrativos + Otros Gastos % de Gastos = -------------------------------------------------------------------------------- No críticos Productos químicos + energía + accesorios y materiales

x 100

Indicador adecuado: < 40%

Si supera el 40% significa que se está dando prioridad al gasto administrativo en lugar de las cuentas de funcionamiento del sistema, esta situación afectaría al volumen y a la calidad del agua, además de poner en riesgo la operación normal del sistema.

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Sostenibilidad de los servicios en el área rural

4.3.3 Ingreso Normal Previsto

Ingreso Normal Previsto = No. Usuarios x Tarifa Normal

Indicador Adecuado: Ingreso por tarifa normal obtenido = Ingreso Normal Previsto

Si el ingreso por tarifa normal obtenido es inferior al Ingreso Normal Previsto significa que ha disminuido la capacidad de cobro básico, aumentando a su vez la cartera en mora.

4.3.4 Variación de Capitalización Variación = de Capitalización

Capitalización año 2 - Capitalización año 1 --------------------------------------------------------------- x 100 Capitalización año 1

Indicador adecuado: Positivo y > 25%

Siendo el año 2 el último año ejecutado y el año 1 su inmediato anterior, si el resultado es negativo significa que existe una descapitalización de un año a otro, si es positivo significa un incremento en la capitalización. Un 25% o más de capitalización anual es un resultado positivo y satisfactorio para las Juntas.

Control de la morosidad.- Este es el factor que más amenaza la sostenibilidad financiera, y a la sostenibilidad de los sistemas de agua, ya que causa descapitalización y carencia de liquidez

Desconocimiento del reglamento.- De parte de los usuarios, en cuanto a las fechas máximas de pago y a las sanciones por morosidad determinadas.

Excesiva contemplación de la Directiva.- Se refiere a la falta de firmeza en la aplicación del reglamento para sancionar las irregularidades en los pagos.

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disponible para manejar las cuentas prioritarias para la operación de los sistemas. Se identificaron algunos elementos que provocan este fenómeno y cuya mejora se ha promovido en las JAAps, estos son:

COMParTIENDO EXPErIENCIaS

Rebeldía para pagar.- Algunos usuarios morosos conocen las sanciones pero simplemente no quieren pagar argumentando algunas excusas: “el agua es de Dios”, “el agua es del pueblo”, por ejemplo. Coincidencialmente, la mayoría de los morosos son los que más volumen de agua consumen.

Fallas técnicas.- Por distintas causas, cuando se presentan problemas técnicos en el sistema, por lo general, se paraliza el abastecimiento, en algunos casos por meses enteros, esta situación provoca malestar en los usuarios y se niegan a pagar la tarifa básica argumentando “no podemos pagar por un servicio que no tenemos”.

Efectos de la cartera en mora.- Cuando un usuario puntual se “contagia” del usuario impuntual o del vecino con conexiones clandestinas en ausencia de sanciones por parte de la Directiva. En cada caso se requiere diseñar una estrategia por parte de la JAAP, por ejemplo mediante incentivos a los usuarios para bajar la morosidad, que permita disminuir estos problemas. 5.1 Indicador financiero de morosidad.- Para monitorear el comportamiento de la morosidad se puede emplear el siguiente indicador: % Morosidad =

Ingreso Total Recibido - Ingreso Total Previsto ------------------------------------------------------------------ x 100 Ingreso Total Previsto

Indicador adecuado: Entre 0% y 10%

La presencia del signo negativo indicará morosidad, no se acostumbra a anteponer el signo al porcentaje obtenido. Si el resultado es mayor que cero significa que se recibieron recursos adicionales a los previstos. Un porcentaje de 10% de morosidad es aún manejable para las JAAPs.

Capitalización.- La capacidad de capitalizar proveerá una fuerte herramienta a las JAAPs siempre que se utilice dicha capitalización para la sostenibilidad de los servicios. Mientras mayor sea su capitalización la JAAP contará con recursos

que puedan figurar como contraparte y tomar decisiones en las siguientes oportunidades: Consecución de obras sanitarias; ampliación y mejoramiento de los servicios; inversiones financieras en mejorar la calidad en la prestación de

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Sostenibilidad de los servicios en el área rural

los servicios, tales como adquisición de bienes y tecnología o ampliación de oficinas.

informar, declarar y pagar los impuestos que establece el Servicio de Rentas Internas (SRI).

7. Obligaciones con el Estado (Servicio de Rentas Internas) y con la Comunidad.-

Mediante la capacitación en este tema, las Juntas muestran mayor interés en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, además su regularización evitará sanciones y ayudará a complementar la eficiencia en la gestión financiera. Además se promovió que los reportes financieros sean dados a la comunidad, con la claridad necesaria y la oportunidad debida.

En el mundo globalizado las JAAPs no pueden quedarse relegadas a viejas prácticas de administración alejadas de las relaciones formales con el Estado. De ahí que las habilidades y las nuevas herramientas de administración financiera transmitidas a las Juntas deben ayudar a la transparencia en las cuentas y permitan

BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN ANTES

DESPUÉS

Formatos existentes poco confiables

Reportes financieros ordenados y confiables

Desconocimiento de contabilidad básica

Registro actualizado del libro diario contable

Desconocimiento de las obligaciones tributarias

Conocimiento básico de las obligaciones tributarias en especial retenciones y declaraciones de impuestos ante el SRI. Orientación y aclaración sobre las ventajas de obtener el RUC.

Confusión en las funciones de los directivos

Claridad en las funciones de los directivos, especialmente de los vocales y secretarios

Archivos contables desordenados

Carpetas de ingreso y egreso ordenadas y disponibles.

Ambiente de trabajo desfavorable

Ambiente de trabajo mejorado utilizando el orden y la limpieza.

Autoestima disminuida

Aumento de la autoestima, especialmente de las mujeres que conocen las operaciones matemáticas básicas.

Ausencia de planificación y presupuesto

Cuentan con formularios especiales para planificar financieramente las actividades de las JAAPs.

Desconocimiento de la normativa

Conocimiento y aplicación de la Ley de JAAPs y del Reglamento Interno

Desconocimiento del poder de la capitalización

Reflexión sobre la importancia de capitalizar los recursos de las JAAPs como medio de sostenibilidad de los sistemas de agua, con ejemplos prácticos.

En conclusión los programas de infraestructura en agua potable y saneamiento básico deben incluir el fortalecimiento a las JAAPs y la gestión financiera de los servicios, lo que permitirá la sostenibilidad de los proyectos.

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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Las Juntas de Saneamiento en Paraguay1 Rosario Jácome rjacomemena@worldbank.org

araguay cuenta con una importante experiencia en el tema de Juntas de Saneamiento (JS) que tienen la responsabilidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en poblaciones de hasta 2.000 habitantes. Dado el crecimiento del número de JS en Paraguay, el país busco como mecanismo de sostenibilidad del servicio, la creación de

Asociaciones Regionales de JS. En Ecuador uno de los principales desafíos es la sostenibilidad de los servicios en las áreas rurales y el fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAPs), en este marco, la experiencia y aprendizajes de las JS de Paraguay constituyen un valioso aporte.

Los actores del sector en Paraguay El siguiente gráfico ilustra el marco institucional del sector de agua y saneamiento en Paraguay.

En el Taller latinoamericano sobre experiencias de operadores locales de agua y saneamiento (Panamá, junio de 2007) Mirtha Páez Meza, Presidenta de la Federación Paraguaya de Asociaciones de Juntas de Saneamiento, presentó su experiencia, al tiempo que la Coordinadora del PAS-Ecuador, Rosario Jácome con la delegación ecuatoriana y panameña conocieron más sobre las Juntas de Saneamiento durante su visita a Paraguay.

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Articulación de Juntas de Saneamiento

COBERTURA TOTAL 2006

El SENASA tiene un equipo nacional compuesto por un total de 100 supervisores, de los cuales 17 son departamentales (uno por departamento) y los 83 restantes están asignados a lo largo del territorio del país. Tiene bajo COBERTURA sus atribuciones y obligacionesTOTALel2006 “promover y crear Juntas de Saneamiento en las zonas rurales y localidades urbanas”2 . El ámbito de acción del SENASA es de aproximadamente 3’600.000 habitantes, a la presente fecha.

COBERTURA TOTAL 2006

COBERTURA PRIVADOS 2006

COBERTUR PRIVADOS 20 COBERTU ALCANTARIL 2006

Referencias

0 0.1% 2.1% 4.1% 6.1% 8.1% 10.1% 25.1% 50.1% 75.1%

Además de los organismos públicos, existen aguaterías privadas (operadores privados de los servicios de agua), Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento en el país. COBERTURA

COBERTURA PRIVADOS 2006 COBERTURA ALCANTARILLADO 2006

JUNTAS 2006

2.0% 4.0% 6.0% 8.0% - 10.0% - 25.0% - 50.0% - 75.0% - 100.0%

COBERTU ALCANTARIL 2006

Referencias

0 0.1% 2.1% 4.1% 6.1% 8.1% 10.1% 25.1% 50.1% 75.1%

Referencias

0 0.1% 2.1% 4.1% 6.1% 8.1% 10.1% 25.1% 50.1% 75.1%

COBERTUR PRIVADOS 20

COBERTURA ESSAP 2006 COBERTURA JUNTAS 2006

c. ERSSAN es la entidad reguladora y está todavía desarrollando sus competencias.

2 Ley No. 369, de creación del SENASA, art. 5 literal e. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Asunción, 1 de diciembre de 1972.

COBERTURA ESSAP 2006

COBERTURA COBERTURA ESSAP 2006 JUNTAS 2006

b. La ESSAP es la empresa estatal que brinda servicio a ciudades medianas y grandes (rango de población de más de 10.000 habitantes) y su ámbiCOBERTURA TOTAL 2006 to de acción llega aproximadamente COBERTURA 2’500.000 habitantes, en la actualidad. JUNTAS 2006

COBERTURA ESSAP 2006

COBERTURA JUNTAS 2006

COBERTURA TOTAL 2006

COBERTURA PRIVADOS 2006

a. El SENASA, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental es la entidad ejecutora en comunidades de hasta 2 mil habitantes y terceriza los proyectos de inversión. En cuanto a las inversiones, las comunidades más grandes de acuerdo a la clasificación del SENASA, tienen que devolverle vía tarifas, el 30 % de la inversión realizada en la construcción del sistema.

Las coberturas de agua por tipo de actor son las siguientes:

2.0% 4.0% 6.0% 8.0% - 10.0% - 25.0% - 50.0% - 75.0% - 100.0%

AguaYaku COBERTURA

2.0% 4.0% 6.0% 8.0% - 10.0% - 25.0% - 50.0% - 75.0% - 100.0%

COBERTURA ALCANTARILLADO 2006

Casi la totalidad de los sistemas agua potable en Paraguay son a bombeo. La cobertura a nivel urbano con conexiones domiciliarias es del 55%, es decir, 3`308.490 habitantes y la cobertura en áreas rurales alcanza al 41%,

Referencias

0 0.1% 2.1% 4.1% 6.1% 8.1% 10.1% 25.1% 50.1% 75.1%

En cuanto a cobertura de alcantarillado, con tratamiento y sin tratamiento, en Paraguay tenemos lo siguiente:

Los Municipios no tienen responsabilidad en la prestación de los servicios, pero el Alcalde (Intendente en Paraguay) tiene un delegado en la JS de su área de influencia. Los muni-

2.0% 4.0% 6.0% 8.0% - 10.0% - 25.0% - 50.0% - 75.0% - 100.0%

COBERTURA ALCANTARILLADO 2006

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

cipios y gobernaciones eventualmente dan apoyo financiero a las JS para implementar obras de ampliación o mejoramiento.

Las Juntas de Agua y Saneamiento (JS) en Paraguay Las JS son entidades privadas sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar los servicios de agua potable, disposición de excretas y basuras, así como cualquier obra de saneamiento relacionada. Tienen personería jurídica y se caracterizan por ser autónomas tanto en la toma de decisiones como en el manejo de sus recursos. Los recursos de las JS son controlados por la comunidad. “Las JS manejan sistemas de agua implementados por SENASA a quien deben rembolsar en el mediano plazo los costos de inversión a través de una tarifa por el consumo de agua. SENASA les brinda asesoría técnica sobre la fijación de tarifas, mantenimiento de la red y del pozo de agua, proyecto técnico de ampliación, etc. Las JS son

administradas por una comisión administrativa compuesta por 5 a 9 miembros ad-hoc y electa por una asamblea, más un representante de la municipalidad local”3

Tríptico de la Junta de Saneamiento de Posta Ybyraró, José Augusto Saldívar – Capiatá. 2007.

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Articulación de Juntas de Saneamiento

En Paraguay existen 1.625 Juntas de Saneamiento y 629 Comités o Comisiones, estos últimos principalmente en comunidades indígenas. Existe una amplia tipología de JS en Paraguay, desde las más fuertes y antiguas que abastecen a una importante población de Paraguay,

hasta JS medianas y pequeñas. Para ilustrar la situación de las JS en Paraguay se muestra en detalle la situación de una JS grande: Itauguá y la de una JS pequeña: Tucanguá. De las 1.625 JS paraguayas, alrededor de 1.200 son pequeñas (74%) como la de Tucanguá.

El caso de una JS grande: la Junta de Saneamiento de ITAUGUÁ: HITOS CLAVES

DÓNDE ESTÁN A LOS 33 AÑOS

• Constituida el 16 de agosto de 1974 • • • •

• • • • •

Primer pozo de agua con 30.000 l/hora Primer tanque de 60.000 litros Primera red cubrió 9 manzanas Para 202 familias usuarias

La administración de la JS de Itauguá es de tipo empresarial, sus oficinas están en un edificio moderno de dos plantas y están equipadas con sistemas modernos de información y comunicación, disponen de 3 vehículos, 3 motos, 11 terrenos donde se encuentran los reservorios de agua, los tanques y las casetas. Anualmente disponen de un saldo en caja de aproximadamente 50.000 dólares que se reinvierte en mejoras y ampliaciones. Actualmente se encuentran gestionando la construcción del alcantarillado sanitario.

14 pozos con 470.000 l/hora de capacidad 11 reservorios con 1’500.000 litros 170.000 metros de tuberías 6.360 familias usuarias activas 35 funcionarios (1/182 familias usuarias)

Los directivos no reciben remuneración y el directorio se elige cada 2 años, pero en forma parcial a fin de cambiar 2 directivos por vez para que los demás permanezcan en funciones un año más dando continuidad a la gestión. Tienen dos contadores (síndicos). Las tarifas y el ámbito de acción las define la entidad reguladora ERSSAN, y para este caso la estructura tarifaria es la siguiente:

Residenciales: 12 m3 Exceso Derecho de conexión:

16.500 Guaraníes (Gs) 1.700 Gs

(3,30 dólares) (0,34 dólares) (400 dólares)

86.000 Gs

(17,20 dólares)

No Residenciales: 30 m3

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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

La factura provee información para el control ciudadano. Tienen una dotación media de 100 l/h/d, el 98 % de los usuarios son residenciales, y el gasto por familia es de 12 a 15 m3/mes. Las conexiones clandestinas son fuertemente castigadas con una multa para el infractor y son denunciadas por los mismos usuarios a cambio de una recompensa del mismo valor de la multa.

Oficina de la Junta de Saneamiento de Ybyraró

El caso de una JS pequeña: la Junta de Saneamiento de Tuncaguá/ Cañadas Alto: Es una pequeña JS pero bastante exitosa. Inició en 1997 y tiene actualmente 170 usuarios y 150 medidores. Brinda un servicio continuo y de buena calidad, la gente paga puntualmente sus tarifas, el nivel de morosidad es casi nulo. Esta JS no dipone de un edificio propio, se reúnen en la casa de los directivos. No disponen de medios informáticos para la administración, facturan a mano y usan formularios y cuadernos contables llevados con mucha pulcritud.

Administran un sistema a bombeo, cuya tarifa de 10.000 Gs (2 dólares) por cada 12 m3 al mes y el exceso se cobra a 1Gs por cada litro adicional, es decir, 1.000Gs (0.2 dólares)

por cada m3 adicional. El derecho de conexión es de 150.000 Gs (30 dólares) que se pagan 50% en efectivo y 50% a plazos. El corte del servicio se lo realiza a los tres meses de mora y el derecho de reconexión cuesta 100.000 Gs (20 dólares). Tienen 5 directivos, todos ad-hoc y cuentan con dos empleados que reciben una pequeña remuneración mensual: el plomero y el secretario-administrador. Los directivos se reúnen cada dos meses y todos los usuarios una vez al año en Asamblea General donde hacen la rendición de cuentas. Realizan así mismo el cambio parcial de la directiva para dar continuidad a la gestión. Han recibido capacitación y acompañamiento por parte del SENASA y están afiliados a la Asociación de JS de Cordillera quienes les han brindado servicios técnicos como el cambio de la electrobomba. Actualmente disponen de un saldo en caja de 6`000.000 Gs (1.200 dólares).

Rutas de desplazamiento entre departamentos de Paraguay

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Articulación de Juntas de Saneamiento

las asociaciones regionales de Juntas de Saneamiento (arJS) Son organizaciones de segundo grado, sin fines de lucro, que agrupan a las JS localizadas en los límites territoriales de su departamento. Nacieron en el año 2000 impulsadas por el SENASA en la búsqueda de un mecanismo sostenible de apoyo y fortalecimiento a las JS, en vista de que el SENASA no tenía la capacidad instalada necesaria para brindar apoyo técnico a las 1.625 JS existentes en Paraguay. Nacen con la responsabilidad de prestar servicios administrativos y principalmente técnicos a las JS asociadas. Estuvieron prácticamente inactivas hasta el 2004 porque no había mucho interés de las JS para asociarse en vista de la poca asistencia que podían ofrecer.

En el 2004 las ARJS se reactivan básicamente por dos factores:

Las JS que se asocian pueden beneficiarse de un cambio de categoría en el pago del servicio de electricidad, pasan de la categoría general a la industrial, con lo cual obtienen un ahorro entre el 20% y el 30% en el costo del Kw. utilizado, con el único requisito de clorar el agua. Si se toma en cuenta que todos son sistemas a bombeo, las planillas eléctricas son bastante altas y, por tanto, éste constituía un interesante beneficio que ofrecer.

La entrega, vía crédito reembolsable, por parte del SENASA a las ARJS, de equipo de oficina y un taller móvil, que les permitiría dar asistencia en terreno a las JS asociadas y recibir un ingreso por pago de servicios. El taller móvil está conformado por un camión pequeño, dispone de herramientas, electro bombas, tableros eléctricos, medidores y otros insumos, en función de la demanda de las JS. El personal mínimo de operación es un chofer y un electromecánico.

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Oficina y tanque elevado de la JS de Villeta

Con estos dos incentivos, las ARJS toman una nueva dinámica, y a partir del 2005 fijan un menú de servicios que podían ofrecer a sus JS, realizan un intenso trabajo de información y motivación a lo largo de sus respectivos departamentos y logran integrar a numerosas de ellas. Tal es así que actualmente existen 10 ARJS en Paraguay y el SENASA las ha clasificado de la siguiente manera: i) Primer grupo: Asociaciones consolidadas y con muchas JS afiliadas: 3 ARJS. Ii) Segundo grupo: Asociaciones con menor número de JS afiliadas: 5 ARJS. iii) Tercer grupo: Asociaciones en proceso de formación: 2 asociaciones Las ARJS han conformado la Federación Paraguaya de Asociaciones de Juntas de Saneamiento. El menú de servicios que las ARJS consolidadas (primer grupo) pueden ofrecer a sus JS afiliadas es amplio:

COMParTIENDO EXPErIENCIaS

Disminución de costos de operación: En electricidad, cloración, taller fijo •

Taller móvil (reparación • de tableros, reparación y mantenimiento de electrobombas, montaje y desmontaje de caños galvanizados y plásticos, arreglo de cañerías, bo- yas, bombas de impulsión, bombas dosadoras, mantenimientos, etc.)

Instalación de medido- • res, facturación, contabilidad, solución de conflictos, en unificación de tarifas, representación institucional, morosidad (recuperación de cartera), cortes del servicio (por su rol imparcial)

Las ARJS financian sus operaciones, de un lado, con cuotas mensuales de sus JS afiliadas, y de otro con los ingresos por la venta de servicios. Las cuotas mensuales que las ARJS cobran a sus JS afiliadas varían según el

De 1 a 500 conexiones: De 501 a 1.000 conexiones: De 1001 en adelante:

En cuanto a la venta de servicios, la ARJS tienen las competencias legales para brindar servicios de asistencia técnica y administrativa a las JS, esto es parte del proceso de descentralización de los servicios que está impulsando Paraguay. Para la prestación de estos servicios, las ARJS están obligadas por el ERSSAN a cobrar tarifas 50% menores que las establecidas en el mercado. La capacidad de respuesta de las ARJS a la demanda de asistencia técnica por parte de las JS es rápida, esa es otra ventaja competitiva que tiene la Asociación respecto a otros proveedores de servicios. La Comisión Directiva de las Asociaciones, en general está compuesta por presidente/a, vicepresidente/a, tesorero, vocal, secretario y dos síndicos.

Gestión, en conseguir el cambio de categoría en ANDE (empresa de electricidad), inscripción en el ERSSAN, capacitación y asesoría

número de conexiones de cada JS. Por ejemplo, la Asociación de Juntas de Saneamiento de Cordillera (AJUSCOR) ha establecido los siguientes rangos:

Gs. 50.000 (10 dólares) Gs. 75.000 (15 dólares) Gs. 100.000 (20 dólares)

Una vista del Lago Ypacaraí

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Articulación de Juntas de Saneamiento

Algunas Conclusiones:

1. En Paraguay existen 1.625 Juntas de Saneamiento y 629 Comités o Comisiones, estos últimos en comunidades indígenas. Existe una amplia tipología de JS en Paraguay, desde las más fuertes y antiguas que abastecen a la población de la capital de Paraguay, hasta JS medianas y pequeñas. Sus fortalezas y capacidad de proveer servicios sostenibles son también heterogéneos. 2. Las Asociaciones Regionales de Juntas, tienen todavía un éxito relativo. Desde la percepción de los directivos de las ARJS consolidadas, las debilidades más importantes de las Asociaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad de las mismas, son las siguientes:

• Las grandes distancias de las JS afiliadas, puesto que el ámbito de acción de una Asociación es todo el departamento, encarece la prestación del servicio por los largos desplazamientos y por los gastos del personal que se envía, de tal manera que muchas veces, lo que se cobra por el servicio cubre apenas los gastos de movilización. Respecto a esto, por ejemplo la Asociación de Juntas de Cordillera ha establecido ciertas variaciones a los precios, atendiendo a la distancia, por lo menos para cubrir el gasto de combustible. • Las tarifas por servicios fijadas por el ERSSAN no permiten cubrir los costos de la prestación del servicio, menos aún un excedente para financiar otros gastos de las ARJS. • Los directivos de la Asociación, especialmente quien ejerce la presidencia, deben dedicar parte importante de su tiempo al trabajo de la Asociación, sin embargo no reciben remuneración alguna, lo que determina que de sus propias actividades profesionales deban asignar tiempo y dinero a la Asociación, lo que será insostenible en el tiempo. Por ejemplo, la presidenta de la Asociación del Departamento Central que es a su vez Presidenta de la JS de Itauguá y de la Federación Paraguaya de JS, tiene grandes dificultades en este sentido, a pesar de que su actividad profesional es independiente. • El camión con el taller móvil, resulta una unidad pesada y de alto costo de operación, muchas veces tienen que desplazarlo para la prestación de servicios mínimos, que no cubren sus costos y esto está desfinanciando a las Asociaciones. Al respecto, por ejemplo la Asociación de JS de Paraguari ha tomado la iniciativa de desplazar a sus técnicos en motocicleta. • La estructura del mercado en Paraguay tiene concentrada la compra del cable microscópico (sirve para reparar los motores grandes) y las Asociaciones no pueden comprarlo directamente, lo cual encarece la prestación de este servicio. • Según las estimaciones de la Asociación de JS de Paraguari, para cubrir sus costos fijos la Asociación debería tener por lo menos 40 o 50 JS afiliadas, pero sólo han logrado integrar a 36 de las 152 JS del departamento. La Asociación de Cordillera tiene afiliadas a 65 de las 110 JS de su departamento, y tiene dificultades para cubrir sus costos.

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Informe Defensorial Nº 124

“El Derecho al Agua en las Zonas Rurales: El caso de las municipalidades distritales en el Perú” Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo calzab@defensoria.gob.pe

n el año 2005, la Defensoría del Pueblo abordó el tema del acceso al agua como un derecho humano, enfoque expresado en el Informe Defensorial Nº 94, denominado “Ciudadanos sin Agua: Análisis de un Derecho Vulnerado”. En dicho informe se sustenta la obligación del Estado Peruano en el establecimiento de políticas públicas y regulatorias que permitan garantizar este derecho de todas las personas, independientemente de la forma organizativa bajo la cual se les provea el servicio; es decir, sea a través de una empresa regulada o bajo otras formas

de administración escasamente reguladas, como las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), operadores especializados, administración directa de las municipalidades distritales, entre otras. En esa línea de actuación, el presente año 2007, la Defensoría del Pueblo nos presenta el Informe Defensorial Nº 124: “El Derecho al Agua en las Zonas Rurales: El caso de las municipalidades distritales”. En dicho informe se presentan los resultados de una profunda investigación, que incluyó entrevistas a alcaldes, funcionarios municipales y población de las zonas rurales, abordando el problema de los servicios de agua y desagüe en estas zonas, identificando sus principales características, deficiencias y vacíos en la regulación, las condiciones de acceso y calidad del agua que reciben y deben consumir las comunidades rurales, la responsabilidad del Estado frente a esta situación y el papel de los gobiernos regionales, gobiernos locales provinciales y, principalmente, los gobiernos locales distritales, en la gestión y la sostenibilidad de dichos servicios.

Construyendo la letrina

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Vigilancia de los Servicios

Acceso a los servicios de agua y desagüe en las zonas rurales: una mirada a la región andina e impactos en la salud a nivel nacional En la región andina, el Perú es uno de los países con mayor población rural (a excepción de Colombia), y con mayor porcentaje

de esta población sin acceso a servicios de agua y desagüe que aseguren su salud y calidad de vida.

Porcentaje de población rural sin agua ni desagüe en los países de la región andina - 2000 Países de región andina

Población Total (miles)

(%) Población sin agua

(%) Población sin desagüe

Población urbana

Población rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Ecuador

8,262

4,384

Perú

18,674

6,988

Bolivia

5,203

3,126

Chile

13,031

2,181

Colombia

31,274

11,048

Fuente: Informe sobre la Evaluación Mundial del Abastecimiento de agua y el Saneamiento en el 2000. OMS/UNICEF. Elaborado: Defensoría del Pueblo

En efecto, alrededor de 3 millones de peruanos que habitan en las zonas rurales de la costa, sierra y selva del país, no tienen acceso a servicios de agua segura, mientras que más de 5.5 millones de habitantes de las mismas zonas deprimidas, no acceden a servicios de desagüe; cifras que no han variado significativamente en los últimos años. Estos datos alarman aún más, si tenemos en cuenta las cifras dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, que reflejan que más de 2 millones de niños en el mundo fallecen por año debido a afecciones diarréicas. Así tenemos que existe cierta correspondencia entre cobertura de agua y desagüe y tasas de mortalidad en niños menores de cinco años. El Perú, además de contar con bajos niveles de cobertura en servicios de agua y desagüe, principalmente en el área rural, presenta una alta tasa de mortalidad infantil, estando antecedido sólo por países como Haití, Bolivia y Guyana.

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En el Perú, los impactos sobre la salud de las condiciones inadecuadas del agua, el desagüe y la higiene varían en función de la edad y del nivel de ingresos, lo que implica que los niños y la población pobre soportan la mayor carga. Estimaciones más recientes realizadas a partir de un estudio del costo de los problemas de salud ambiental en el Perú, informan que la diarrea provoca aproximadamente 8.4 millones de casos anuales de morbilidad en niños y 11.8 millones de casos en adultos.4 Cabe indicar que las condiciones inadecuadas de abastecimiento de agua potable, saneamiento e higiene acarrean costos asociados que, en el Perú, se sitúan 4

Sánchez-Triana, Ernesto y Awe, Yewande. “Capítulo 22: Política de Salud Ambiental”. En Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento–Banco Mundial. PERÚ: La Oportunidad de un País Diferente; próspero, equitativo y gobernable. Washington: BIRF–BM, 2006, pp. 520 y 524.

COMParTIENDO EXPErIENCIaS

El disfrute del derecho al agua de las poblaciones rurales: los centros poblados del “ámbito rural” y las “pequeñas ciudades” en las políticas sectoriales de saneamiento

en un promedio de 2,260 millones de nuevos soles al año. Esta estimación incluye los costos de mortalidad, basados en el enfoque de capital humano, morbilidad (incluyendo el tratamiento médico, las medicinas y el tiempo perdido), y los gastos de prevención.5

A diferencia de las zonas rurales, en las zonas urbanas existe una mayor tendencia a la inversión y expansión de los servicios de agua y desagüe, así como un organismo regulador como la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) que, mediante sus funciones supervisora, fiscalizadora y sancionadora, coadyuva a que las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) cumplan con sus obligaciones legales relacionadas con la prestación del servicio en las zonas urbanas.

Ibidem, p. 522.

Acceso a los servicios de agua y saneamiento vs. mortalidad infantil en América 120

100 90 80 70

60 60

50 40

Acceso (%)

por 100 nacidos vivos

100

30 20

10 0 Haití

Bolivia

Guyana

Perú

Guatemala

R. Dominicana

Honduras

Paraguay

Bélice

Nicaragua

Brasil

Colombia

Surinam

Ecuador

Venezuela

México

Panamá

Jamaica

Santa Lucía

Guyana Fr.

Costa Rica

Guadalupe

EEUU

Chile

Cuba

Canadá

Tasa de mortalidad infantil (5<años) Población con acceso a fuente de agua mejorada Población con acceso a instalaciones de saneamiento mejorado

Fuente: Situación de la Salud en las Américas, Indicadores Básicos (2003) OPS Elaborado: Defensoría del Pueblo

A esto se suma el hecho que para la aplicación y diseño de las políticas públicas referidas al sector saneamiento, dirigidas hacia las poblaciones rurales, el criterio numérico ha prevalecido. Así tenemos que la norma-

tividad vigente del sector, califica a aquellos centros poblados con menos de 2,000 habitantes como propios del “ámbito rural”; mientras que aquellos conglomerados o centros poblados con un número de habitantes que

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Vigilancia de los Servicios

fluctúa entre 2,001 y 30,000 llevan la denominación de “pequeñas ciudades”. 6 Tomando en cuenta esta clasificación y datos del Plan Nacional de Saneamiento 2006-20157 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la actualidad existen más de 75,765 centros poblados considerados dentro del “ámbito rural”, que concentran una población de 7.90 millones del total nacional. Del total de dichos centros poblados, sólo 11,800 –menos del 16%- estarían contando con algún tipo de administración de sus servicios de agua y desagüe por parte de las propias comunidades de las zonas, de los cuáles no se tiene mayor información acerca de la sostenibilidad de sus sistemas y la calidad del agua que se provee a dicha población. En los 63,965 centros poblados restantes no existe alguna entidad o grupo (JASS, Comité, Municipalidad, etc.), que se haga responsable directo de la provisión del servicio de agua en condiciones aptas para el consumo humano. En cuanto a las “pequeñas ciudades”, de un total de 644, 489 se ubican dentro del ámbito de responsabilidad de un Gobierno local, de las cuales, 412 se encuentran bajo la administración política de una municipalidad distrital. Sin embargo, esta división establecida en la normativa entre “ámbito rural” y “pequeñas ciudades”, no toma en cuenta que dichas localidades siempre están bajo la jurisdicción de las municipalidades distritales, muchas de las cuales tienen una reducida capacidad técnica y económica, así como falta de apoyo de otras instituciones del Estado. Definir adecuadamente a una población como rural o urbana a partir de criterios como el desarrollo de actividades agrícolas, el grado 6 Definiciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 164º del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. 7 Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 (2006), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2006VIVIENDA, de fecha 19 de marzo del 2006.

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de desarrollo de los servicios públicos, la ubicación en áreas geográficas, las circunscripciones territoriales administrativas (distritos, provincias, etc.), el tipo de centro poblado (caseríos, pueblos, villas, etc.), es clave tanto para focalizar el gasto público como para diseñar, implementar y esclarecer las políticas públicas.

Responsabilidad de las municipalidades distritales en la prestación de los servicios de agua y desagüe a las poblaciones rurales Las municipalidades distritales son los principales actores en la regulación, supervisión y fiscalización de las responsabilidades para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua y desagüe. De acuerdo a ley, esta función la comparten con las municipalidades provinciales. En el “ámbito rural”, la gestión, la operación y el mantenimiento son asumidos por las Organizaciones Comunales (JASS, Asociaciones, Comités, entre otros) y por operadores especializados en las “pequeñas ciudades”, en su calidad de organizaciones privadas con personería jurídica y carácter empresarial con una vinculación directa con la municipalidad a través de la negociación, así como de la suscripción de un contrato de prestación de los servicios de agua y desagüe.

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Sin embargo, el marco normativo que otorga a las municipalidades distritales las funciones reguladoras, supervisoras y fiscalizadoras de las organizaciones comunales y de los operadores especializados, aunque procura el desarrollo de los servicios en sus respectivas jurisdicciones, no ha considerado la escasa homogeneidad que existe entre dichas municipalidades. Éstas se diferencian no sólo por su ubicación geográfica –si está en zona urbana o rural–, sino también por su tamaño, tipo, capacidad de gestión, recursos disponibles y condiciones económicas en las que deben desarrollar sus funciones. No obstante, en lo que se refiere a transferencias sectoriales en materia de saneamiento hacia los Gobiernos locales, en el contexto del proceso de descentralización en el país, éstas no se hicieron extensivas a aquellos bajo el argumento de que los alcaldes habrían manifestado que tales funciones ya las vienen ejerciendo, quedando pendiente sólo para las municipalidades distritales la transferencia del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR), programada para el período 2007–2009.

Pobreza, capacidad de gestión y financiamiento de las municipalidades distritales Un gran número de municipalidades distritales depende, para su funcionamiento, casi exclusivamente de las transferencias del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMÚN) y de algunas transferencias procedentes del canon (minero, forestal, pesquero, etc.). En la mayoría de las ocasiones, y casi en su totalidad, estos montos sólo alcanzan a las municipalidades para cubrir sus gastos ordinarios mínimos para su funcionamiento, como los relativos al pago de personal, pensiones, servicios de agua, electricidad, teléfono, lo cual les crea dificultades para participar en proyectos de cierta magnitud. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en el año 2008, alrededor de 536 municipalidades distritales estarían recibiendo por concepto de FONCOMÚN ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al mes, que constituye la cantidad mínima que debe recibir una municipalidad distrital8, equivalente a S/. 331,200.00 nuevos soles en dicho año, mientras que otras 303 municipalidades distritales recibirían entre 8 y 15 UITs por mes (rango de 331,200.00 – 621,000.00 nuevos soles en el año).9 Cabe mencionar que, según estimaciones del PRONASAR, cada proyecto de infraestructura de agua y saneamiento asciende a un monto aproximado de US$ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil dólares).10 De otro lado, no todas las municipalidades distritales se benefician con asignaciones considerables de canon. Así lo señala el Ministerio de Economía y Finanzas al indicar que existe un total de 1,212 municipalidades 8 Artículo 88º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. El valor de la UIT para el ejercicio 2007 asciende a S/. 3,450.00 nuevos soles. 9 Datos obtenidos del Anexo 2 sobre Transferencias por concepto de Fondo de Compensación Municipal, Vaso de Leche y Participación en Renta de Aduanas, de la Resolución Ministerial Nº 001-2007-EF/65.01, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de julio del 2007. 10 Documento de Sistematización – Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeñas Ciudades (2007). Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR). Lima, p. 33.

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Vigilancia de los Servicios

distritales que durante el año 2006 han recibido por concepto de canon y sobrecanon menos de un millón de nuevos soles y que tienen un promedio de pobreza o carencias superior al 15% (agua, saneamiento y electricidad).11

En suma, los principales problemas en la administración y reglamentación de los servicios de agua y desagüe por parte de las municipalidades distritales se resumen en lo siguiente: •

Las municipalidades carecen de áreas técnicas específicas en el rubro.

•

Tienen escasa capacidad para planificar y ejecutar proyectos integrales de agua y saneamiento.

•

Los incentivos para atraer inversiones privadas en infraestructura de agua y desagüe son limitados.

•

Dificultad para elaborar instrumentos normativos (ordenanzas) que propicien un real desarrollo y control de dichos servicios básicos dentro de su jurisdicción.

•

Restricciones técnicas en el seguimiento y asesoría con relación a las JASS y otras organizaciones comunitarias encargadas de administrar los servicios de saneamiento.

Debilidades en el marco institucional y políticas públicas para la provisión y vigilancia de los servicios de agua y desagüe en las zonas rurales En el marco institucional dado en el sector saneamiento para las zonas rurales, donde se incluye a las poblaciones del “ámbito rural” y de las “pequeñas ciudades”, observamos cierta desarticulación entre políticas y programas, y la ausencia de un marco normativo especializado e integral para la regulación, administración y reglamentación de la prestación y control de la calidad de los servicios de agua y desagüe. No obstante los esfuerzos desplegados en la elaboración del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, los lineamientos de política que parten de éste aún se desarrollan a pequeña escala y no cubren las necesidades de toda la población, sobre todo de aquella que habita 11 Datos obtenidos del anexo de la Ley Nº 28938, Ley que establece la emisión de documentos cancelatorios para el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV), que grave las obras de saneamiento, pavimentación de pistas y veredas, y electrificación que realicen las municipalidades distritales, publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de diciembre del 2006.

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en las zonas rurales del país. Ello se refleja en la existencia de diversos programas sociales como el PRONASAR, el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) y otros impulsados por el Banco Mundial y algunas ONG, entre los cuales las coordinaciones para la fijación de criterios uniformes y objetivos para la atención del “ámbito rural” y las “pequeñas ciudades”, son débiles. Asimismo, se observa que la labor del Ministerio de Salud en la vigilancia sanitaria de la calidad del agua se está desarrollando en la medida en que las condiciones lo permiten en cada región del país, ocurriendo que los monitoreos en la calidad del agua y la evaluación de los sistemas de agua y desagüe se realizan de manera esporádica o cuando lo solicitan directamente los gobiernos locales. Es importante que el Estado intervenga directamente en aquellos sectores como el rural, donde las probabilidades de inversión privada son casi nulas, tanto a nivel regulatorio, a nivel de la supervisión de la calidad de los servicios de saneamiento, sea quien fuere el prestador, así como en el financiamiento, de infraestructura de agua y desagüe y asesoría técnica, a las municipalidades distritales y a las organizaciones comunales que intervengan en la administración. No existe, en la actualidad, un sistema de registro y seguimiento de todos los proyectos ejecutados en agua y saneamiento, tanto

provenientes del propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como del FONCODES, organizaciones de usuarios y otros entes particulares, desarrollados principalmente en el “ámbito rural” y en las “pequeñas ciudades”. Tampoco existen reglas ni procedimientos establecidos para la suscripción de contratos de servicios entre los gobiernos locales y operadores especializados privados. Finalmente, la situación crítica de muchas zonas rurales haría necesario que el programa “Agua para Todos” promueva también la generación de proyectos viables en el marco de una estrategia integral que procure la atención, además en las zonas urbanas, en las rurales, destinando parte de sus transferencias financieras hacia aquellas municipalidades distritales ubicadas en estas zonas, a través de un plan guía de inversiones.

Principales Recomendaciones del Informe Defensorial Nº 124 A la Presidencia del Consejo de Ministros:

ELABORAR y EJECUTAR un Plan Nacional de Capacitación y Descentralización Financiera destinado a los gobiernos locales. APROBAR el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, pendiente de aprobación desde inicios del año 2006, con la

actualización de los límites máximos permisibles para la calidad del agua, conforme a las Guías de la Organización Mundial de la Salud.

Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: AMPLIAR los beneficios del programa “Agua para Todos” a las poblaciones rurales, diseñando un Plan Guía de Inversiones.

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REDEFINIR con la mayor precisión posible a la población considerada como rural, teniendo en cuenta que el diseño de las políticas sociales en materia de saneamiento no puede restringirse cuando se califica a dicha población en términos numéricos. CREAR un registro de organizaciones comunitarias, operadores especializados privados y otras organizaciones y proyectos que operan con fuentes propias, así como de la cooperación internacional, encargados de administrar y operar los servicios de agua y desagüe. DISEÑAR las reglas-tipo y procedimientos para la suscripción de contratos de concesión entre las municipalidades distritales y los operadores especializados privados, que fijen obligaciones, derechos y metas concretas establecidas bajo criterios técnicos.

Al Ministerio de Salud: ASEGURAR la elabo-

ración y ejecución de planes de vigilancia de la calidad del agua potable en los centros poblados del “ámbito rural” y las “pequeñas ciudades”, destinando un presupuesto suficiente para dicho fin. EMITIR reportes anuales acerca de la calidad del agua para consumo humano y del estado de la infraestructura de agua y desagüe en las zonas rurales, a nivel nacional.

A la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS): PROPICIAR

y PROMOVER entre los gobiernos locales provincial y distrital que las EPS amplíen progresivamente su gestión de los sistemas de agua y desagüe en las comunidades rurales existentes en su ámbito de prestación, o que al menos les brinden asistencia técnica mientras no sea factible dicha ampliación. A los gobiernos regionales y a los gobiernos locales provinciales: Se les RECUERDA su deber de coadyuvar a la prestación de los

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servicios de saneamiento administrados por las municipalidades distritales, a fin de que sean sostenibles y accesibles a toda la población.

A las municipalidades distritales: EVALUAR la factibilidad de crear unidades encargadas de la administración de los servicios de agua y desagüe en sus localidades, así como de dar seguimiento y asesoría a la administración directa de los sistemas efectuada por organizaciones comunitarias y otros operadores. PRIORIZAR en sus Planes de Desarrollo Municipal Distrital Concertados, y en sus respectivos presupuestos participativos, la asignación y ejecución de recursos en favor de dotar y mantener la infraestructura de agua y desagüe. ELABORAR a nivel municipal un registro de todas las organizaciones comunitarias (JASS, Comités de Gestión, etc.) encargadas de la administración de los sistemas de agua y desagüe.

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La necesidad de una nueva ética en materia de gestión de aguas. Pedro Arrojo Agudo Premio Goldman de Medio Ambiente, 2003 fnca@unizar.es

l modelo de globalización neoliberal vigente tiende, en suma, a marginar la ética de lo social propugnando e imponiendo la lógica del negocio. En lo que se refiere al agua como recurso, esa lógica mercantilista y los crecientes problemas de escasez vienen favoreciendo su conceptualización como bien económico. Desde este enfoque, la tradicional lógica de “gestión de recurso”, que ha venido presidiendo la gestión de los ecosistemas hídricos, tiende a reforzarse, desdibujándose los principios éticos de la sostenibilidad. Sin embargo, resulta cada vez más

difícil justificar la ineficiencia de las tradicionales estrategias “de oferta”, al tiempo que crece la presión por introducir nuevos criterios de racionalidad económica basados en estrategias de “gestión de la demanda”. Se trata en suma de gestionar los problemas de escasez desde criterios de racionalidad económica. Los problemas de insostenibilidad, también tienden a interpretarse como simples problemas de ineficiencia económica, emergiendo nuevos enfoques y propuestas basados en la economía medioambientalista.

1. Un nuevo enfoque ético de la racionalidad económica. La moderna ciencia económica ha venido emborronando conceptualmente dos términos, heredados por el castellano del griego, que Aristóteles distinguía con precisión: se trata de los términos “economía” y “crematística”. Para Aristóteles la “economía” era el arte de bien administrar los bienes de la casa, mientras que la “crematística” se ocupaba tan sólo de una parte de esos bienes: los bienes de mercado que podían valorarse e intercambiarse por dinero. Si en la definición aristotélica de economía sustituyéramos el término “casa” por “planeta”, obtendríamos una buena definición de la moderna

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economía ecológica. Siguiendo este enfoque conceptual, son cada vez más los economistas que denunciamos el error que supone mercantilizar los bienes ambientales, como puros inputs o bienes económicos, desde la lógica neoliberal del BM y de la OMC (Tello-2005). Daly, en concreto, razona así : “… Algunos argumentan que el capital hecho por los humanos y el capital natural son bienes sustituibles uno por otro de manera que la idea de factor limitante (para la producción) es irrelevante. Sin embargo creo que está bastante claro para el sentido común que el capital hecho por los humanos y el capital natural son esencialmente complementarios y sólo marginalmente sustitutivos....” Desde un enfoque menos técnico y más filosófico, el dicho de “sólo los necios confunden valor y precio” sentencia lo mismo con otras palabras. En concreto, el enfoque mercantil, aplicado a

la gestión de aguas y de servicios básicos, de los que depende la salud y la vida de las comunidades, viene evidenciándose como un error. El agua es ciertamente un elemento bien definido: H2O. Sin embargo, sus funciones son diversas, y lo que es más importante, están relacionadas con categorías de valor diferentes, algunas de los cuales, sin duda las más importantes, no son gestionables a través de simples relaciones económicas de cambio, al no ser sustituibles, de forma consistente, por bienes de capital. En este sentido, es fundamental diferenciar esas funciones y distinguir las diversas categorías éticas de valor y de derecho que se relacionan con ellas, en orden a establecer prioridades y criterios de gestión adecuados. Asumir el reto de gestionar la biosfera, los ecosistemas y los recursos básicos para la vida desde principios éticos de equidad y sostenibilidad, exige recuperar el sentido holístico que ofrece el concepto aristotélico de “economía”, superando los estrechos enfoques mercantilistas que dominan el modelo de globalización vigente.

2. Funciones, valores y derechos en juego en materia de gestión de aguas. Cuando se habla en términos genéricos sobre el valor del agua, corremos el riesgo de abrir un debate oscuro y confuso en el que, con toda seguridad, se acabará mezclándolo todo y abonando el terreno a la demagogia. Tal y como se señala en el apartado anterior, aunque el agua sea un compuesto químico bien definido, lo relevante es distinguir sus diversas funciones, clarificando los valores en juego y las diversas categorías éticas que tales valores suscitan. Y es que nuestra relación con el agua encierra un mundo tan complejo como apasionante. Si nos referimos a otro recurso natural renovable, como es la madera, probablemente la

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cuestión será más sencilla. Más allá de clarificar bajo qué condiciones debemos extraerla de la naturaleza para no quebrar la salud de los bosques, la gestión de la madera obtenida no suscita demasiada polémica. Es decir, una vez determinadas las restricciones que

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impone una gestión forestal sostenible, parece bastante razonable que la madera extraída se trabaje y se gestione desde las relaciones económicas usuales que el mercado administra en principio de forma aceptable. Si nos preguntamos por qué no se producen apasionados debates en materia de gestión de la madera (más allá, insisto, de los problemas de sostenibilidad de las explotaciones forestales), similares a los que se suscitan sobre la gestión de aguas, entenderemos probablemente que, a diferencia de las funciones del agua, el valor de la madera es consistentemente sustituible por dinero, tanto si se emplea para hacer barcos, como si se fabrican sillas, mesas o armarios.

En el caso del agua, la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, firmada en Madrid por cien científicos de los diversos países de la Unión Europea a principios del 2005, propone establecer cuatro categorías: •

El agua-vida, agua para la vida, en funciones básicas de supervivencia, tanto de los seres humanos, como de los demás seres vivos en la naturaleza, que debería ser reconocida y priorizada de forma que se garantice la sustentabilidad de los ecosistemas y el acceso de todos y todas a cuotas básicas de aguas de calidad, como un derecho humano.

•

El agua-ciudadanía, agua para actividades de interés general, (extendiendo el concepto de ciudadanía a todo el ámbito social, tanto en el medio urbano como rural) en funciones de salud y cohesión social, como las brindadas por los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, que debería situarse en un segundo nivel de prioridad, en conexión con los derechos sociales de ciudadanía y con el interés general de la sociedad.

•

El agua-negocio, agua para el crecimiento económico, en funciones económicas legítimas, ligadas a actividades productivas, en conexión con el derecho individual de cada cual a mejorar su nivel de vida, debería reconocerse en un tercer nivel de prioridad, siendo injustificable éticamente que por tales usos se cuestionen derechos y funciones de las categorías anteriores.

•

El agua-delito, agua para negocios ilegítimos, en usos productivos que, aún al margen de la ley, vienen imponiendo extracciones abusivas en acuíferos y ríos, vertidos contaminantes u otras circunstancias socialmente inaceptables. Tales usos deben simplemente ser evitados y perseguidos mediante la aplicación rigurosa de la ley.

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Si reflexionamos sobre los diversos valores y derechos en juego que se derivan de cada una de estas categorías, entenderemos que corresponden a esferas muy diferentes, desde un punto de vista ético. Desde los modelos de gestión vigentes, a lo sumo, se establecen ciertas prioridades que generalmente se ignoran, o al menos se relativizan, a la hora de la verdad, en la práctica. Esa falta de priorización efectiva lleva a que, en nombre del desarrollo económico, se esquilmen o contaminen ríos y acuíferos, quebrando la salud de comunidades enteras y la sostenibilidad de los ecosistemas; o se releguen inversiones que permitirían dotar servicios de agua y saneamiento dignos para barrios y comunidades pobres, mientras

se priorizan otras, de forma inmoral, como las militares. Desde los modelos promovidos al calor del enfoque neoclásico que preside las políticas neoliberales, esas diferentes funciones deben, en última instancia, ser consideradas como utilidades económicas, y como tales tendrán que expresarse en valores monetarios y gestionarse desde la racionalidad económica que generan las dinámicas de mercado. Parafraseando el párrafo antes citado de Daly, “está bastante claro para el sentido común…”, que no todo se compra o se vende con dinero. Aunque habría que precisar que, más que un problema de “sentido común”, tal vez se trate de un problema ético.

3. El agua-vida. Tras muchos intentos frustrados, Naciones Unidas ha reconocido el acceso a cuotas básicas de agua potable (entre 30 y 40 litros por persona y día), necesarias para una vida digna, como un derecho humano. Tal reconocimiento tuvo lugar en el Comentario General nº15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de NNUU en 2002. Con ello se dio mayor consistencia a anteriores consideraciones que se referían de forma más difusa a esta cuestión, como las aparecidas en El Plan de Acción de Aguas de Mar del Plata (1977), la

Convención de NNUU para la Eliminación de toda Forma de Discriminación de la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) o la Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible (1992). A pesar de todo, se trata de un reconocimiento que podríamos caracterizar como de segundo rango, dentro de los protocolos y liturgias de NNUU. Pero, aún así, es un reconocimiento oficial que debe considerarse histórico, y que sin duda encontrará, a no mucho tardar, espacios más solemnes e influyentes.

3.1 El agua potable como derecho humano En general, en los países desarrollados, la existencia de adecuados sistemas de potabilización, redes de abastecimiento presurizadas y servicios de alcantarillado y saneamiento, hacen que el abastecimiento de aguas salubres esté garantizado prácticamente para todos.

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Rivera del Río Amazonas en la ciudad de Iquitos

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de gran parte del mundo menos desarrollado. Actualmente se estima que más de 1.100 millones de personas no tienen garantizado el acceso a aguas potables o salubres, mientras son más de 2000 millones no disponen de servicios básicos de saneamiento. Como consecuencia de ello, se estima que mueren al día más de 10.000 personas, en su mayoría niños, al ser ellos los más vulnerables. Y lo peor parece que está por venir, en la medida que las estimaciones de futuro apuntan a más 4.000 millones de personas sin acceso garantizado a aguas potables para el 2.025, si no se reacciona con decisión. Desde una perspectiva general, el modelo de globalización vigente, basado en la desregulación y la ley de la selva que impone el libre mercado, está aumentando los desequilibrios en el reparto de la riqueza y favoreciendo el crecimiento de la pobreza y acelerando la crisis del medio rural en países empobrecidos. La degradación y destrucción de formas de vida y de producción en comunidades indígenas y tradicionales es, sin duda, una de las claves del hambre en estos países, al desvertebrar tejidos rurales y acelerar los movimientos migratorios hacia las grandes ciudades. En muchos casos, estos fenómenos se ven agravados por guerras y conflictos, tras los que suelen subyacer intereses inconfesables del mundo desarrollado, así como responsabilidades nunca clarificadas de las potencias colonizadoras.

Por otro lado, las presiones desreguladoras de la OMC favorecen y amparan el dumping ambiental. Como consecuencia de ello, se vienen generalizando en estos países los vertidos contaminantes y la sobreexplotación de ríos y acuíferos, arruinando la sostenibilidad de los ecosistemas y generando, con ello, graves crisis de salud pública. Pero más allá de la influencia negativa del modelo de globalización vigente y de la falta de voluntad de las instituciones internacionales a la hora de priorizar esfuerzos en la resolución de estos problemas, es preciso denunciar la irresponsabilidad de muchos gobiernos locales, regionales y nacionales al respecto. Entre todos, en suma, cada uno en su nivel de responsabilidad, hemos conseguido que el agua pase, de ser el elemento clave de la vida, a transformarse en el “arma de destrucción masiva” más letal que jamás haya existido, tanto en grandes áreas urbanas como en el medio rural. A largo plazo, debe atacarse la raíz del problema, restaurando el buen estado ecológico de los ecosistemas hídricos. Sin embargo, a corto y mediano plazo, es preciso proveer los medios adecuados para garantizar el acceso a aguas potables para todo el mundo. El principal problema se centra en garantizar las inversiones necesarias, para construir y modernizar redes (abastecimiento y alcantarillado) y sistemas fiables en los distritos urbanos más pobres, por un lado, y extender sistemas descentralizados y eficaces en las áreas rurales. Se estima que tal esfuerzo financiero exigiría un 1% de los actuales presupuestos militares. La revolución de la fuente pública con agua potable gratuita en la plaza, como expresión simbólica (en pueblos y ciudades) del derecho humano al agua potable, está al alcance de todas las economías nacionales. Está claro que quien vaya a buscar el agua a la fuente lo hará para cubrir esas necesidades básicas que deben garantizarse como

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ecosistemas acuáticos. Por ello, la sostenibilidad de estos ecosistemas es en estos casos más preciosa y necesaria. Asumir en el ámbito de los derechos humanos la garantía de los caudales necesarios, en cantidad y calidad, para asegurar el buen estado ecológico de los ríos, puede parecer, a primera impresión, excesivo. Sin embargo, tal vez enfoquemos mejor el problema si nos planteamos la cuestión de otra forma: ¿sería aceptable, desde un punto de vista ético, asumir que tan sólo los pueblos ricos tengan derecho a disponer de ríos vivos, mientras que los pueblos pobres deberán aceptar ríos cloaca o envenenados? Como ya se ha explicado, aceptar este enfoque supone justificar la raíz de los problemas existentes para garantizar el acceso a aguas potables a todos, incluidos los más pobres.

derecho humano (nadie irá a buscar agua a la fuente para el yakushi). Se trata, ante todo, de un problema de voluntad política; empezando por los gobiernos de los propios países interesados. Pero si no es disculpable la irresponsabilidad de las autoridades locales, regionales y nacionales de los países menos desarrollados, cuando eluden priorizar la resolución de estos problemas, más inaceptable resulta argumentar problemas financieros por parte de los Gobiernos de los países más ricos y de instituciones financieras internacionales como el BM.

3.2 El Derecho humano de las comunidades a sus territorios y a la sostenibilidad de sus ecosistemas. Es justamente en los países menos desarrollados y más frágiles social y sanitariamente, donde la vida de las comunidades depende de forma más directa del buen estado de los

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Por otro lado, los países más avanzados en la materia (no todos ellos, por cierto, en la primera fila del desarrollo económico) han empezado a desarrollar leyes, como es el caso de la Directiva Marco de Aguas en la UE, que priorizan la recuperación y conservación de los ecosistemas acuáticos por encima de los objetivos económicos que suelen quebrar el buen estado ecológico de esos ecosistemas. Si en este punto extendemos nuestra reflexión ética al problema del desplazamiento forzado de pueblos enteros por la construcción de grandes represas, nos encontramos, no ya ante el derecho de los pueblos a sus ecosistemas, sino ante el derecho de los pueblos a sus territorios. Territorios que deben entenderse, no ya como simples espacios físicos, sino como espacios de vida y de identidad. El informe final de la Comisión Mundial de Represas (World Comisión on Dams), presentado y publicado en Londres a finales del 2000, reconoce que en el desalojo de esas decenas de millones de personas han quedado transgredidos los derechos humanos de las poblaciones afectadas.

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En realidad, tanto en lo que se refiere al derecho de las comunidades a preservar el buen estado ecológico de sus ecosistemas, como en lo que se refiere a su derecho a vivir en sus territorios, nos encontramos en el

espacio de la tercera generación de derechos humanos, a debate en los foros internacionales, que se refieren al derecho de los pueblos a la paz, a sus territorios y al medio ambiente.

4. El agua-ciudadanía. Al hablar de ciudadanía se trata de asumir el sentido universal del término, heredado de la revolución francesa, como condición de todos, incluidos quienes viven en el medio rural. Al hablar del agua-ciudadanía, se trata, en definitiva, de usos relacionados con actividades o servicios reconocidos como de interés general para el conjunto de la sociedad.

4.1 Los servicios de agua y saneamiento como derecho ciudadano Entre tales usos, el referente más claro y emblemático, sin duda, es el de los servicios urbanos de agua y saneamiento. Disponer en el hogar de medio docena de grifos, con tanta agua de calidad como se desee, 365 días al año, 24 horas al día y 60 minutos por hora, va sin duda más allá de garantizar el acceso a 30-40 litros de agua potable por persona y día como un derecho humano. De hecho, el uso que hacemos de este tipo de servicios nos lleva a consumos domésticos de 150 litros por persona y día, cuando no de 500 o 600, cuando están por medio jardines o piscinas. Reivindicar tales servicios desde el ámbito de los derechos humanos es sin duda excesivo e inadecuado. Sin embargo, tales servicios si entran de lleno en el ámbito de lo que deben considerarse derechos ciudadanos como servicios públicos de interés general. En España (como en tantos otros países, y en tantas y tantas ciudades del mundo), han sido muchos los esfuerzos colectivos a lo largo de décadas, para conseguir que todos, ricos y pobres, vivan en centro o en la periferia, sean españoles o no, dispongan de esos servicios

En Tabalozos, San Martín, cuando no había un Operador Especializado, los niños se encargaban de acopiar el agua

de agua y saneamiento en su propia casa. Esfuerzos que han perseguido garantizar esos servicios desde tarifas asequibles, y bajo normas que aseguran el servicio incluso en casos de pobreza e incapacidad de pago. La prioridad política de garantizar aguas potables y gratuitas en fuentes públicas, accesibles para todo el mundo, acabaría extendiéndose a la provisión de servicios domiciliarios de abastecimiento y saneamiento, como servicios públicos básicos de interés general. Se trataba y se trata, en definitiva, de promover, desde los ayuntamientos generalmente, principios de equidad y cohesión social vinculados a derechos de ciudadanía.

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Tales servicios y la aplicación de esos principios de cohesión social tuvieron un fuerte arraigo, particularmente en la Europa Central, donde, bajo el imperio del liberalismo progresista de la época, impulsado por la burguesía de cada localidad, se desarrolló un cierto “Estado del Bienestar Municipal”(“Local Welfare State”). Enfoques similares, aunque con menor énfasis y arraigo, se desarrollaron desde la Ilustración Francesa, en una versión más centralista. Esta tradición municipalista europea se consolidaría con el desarrollo del llamado “Estado de Bienestar”, como fruto de décadas de lucha social y política. Más allá de los derechos civiles formales, se asentarían derechos ciudadanos socio-económicos, en forma de servicios públicos accesibles a todos, en materias básicas como la sanidad, la educación o, en particular, los servicios de agua y saneamiento. Desde esta perspectiva política, el Estado ha jugado y juega un papel esencial, como garante y gestor de estos derechos y servicios que, de facto, pasan a ser elementos de cohesión social y redistribución de la renta. Se trata en suma de garantizar, por encima de las leyes del mercado, condiciones de vida digna para todo el mundo, por el hecho simplemente de ser ciudadanos. Nos encontramos por tanto ante la necesidad de fomentar y gestionar intangibles económicos, como son los valores de justicia, de equidad y de cohesión social hacia los que los mercados son insensibles y que, por tanto, deben ser asumidos por la función pública.

como marco de referencia de los juegos de mercado, las grandes corporaciones transnacionales han pasado, de hecho, a ostentar un poder, con frecuencia superior al de los propios Gobiernos, que escapa a todo control democrático.

4.2 El debate sobre la privatización de los servicios de agua y saneamiento.

En este contexto, el papel institucional del Estado, como regulador económico y como garante de los derechos de ciudadanía está entrando en crisis. Cada vez resulta más evidente la necesidad de definir reglas y límites a los juegos de mercados y movimientos financieros a nivel internacional, de forma que se puedan garantizar los derechos de las personas, de los pueblos y de las generaciones futuras, en un marco global democrático. Tal y como exige la Carta de la Tierra, se hace necesario definir una condición de ciudadanía global y las correspondientes leyes, regulaciones e instituciones internacionales que puedan garantizar su vigencia para todos los seres humanos.

La liberalización de mercados a nivel internacional no sólo viene difuminando las barreras aduaneras, sino que está poniendo en cuestión el papel mismo del Estado, en la medida que los Gobiernos pierden el control de este nuevo marco económico internacional. En la medida que el Estado-Nación se debilita

La Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua constataba que en la comunidad científica, al igual que en la sociedad, existen posiciones y coherencias diversas en torno a este debate. Sin embargo acababa identificando una serie de puntos y propuestas de consenso.

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1. La cuestión es de tal envergadura y trascendencia que requiere un amplio debate en el conjunto de la sociedad, más allá de las discusiones que puedan suscitarse en despachos, ayuntamientos o parlamentos. En la medida que privatizar un servicio tan vital impone compromisos trascendentales de largo plazo, entendemos deben garantizarse amplios procesos de debate ciudadano que culminen, en su caso, en referéndum. 2. Sea cual sea el modelo de gestión que en cada lugar se asuma, deben garantizarse los derechos humanos, así como los derechos sociales ciudadanos de bienestar y cohesión social, por encima de criterios de rentabilidad bajo la coherencia del mercado. 3. Más allá de que haya o no privatización, deben existir instituciones públicas de regulación que aseguren con eficacia la transparencia, incentiven la participación y el control ciudadano y garanticen los objetivos del servicio, por encima de intereses privados, políticos o burocráticos. 4.

Garantizar el acceso al agua potable para todas las personas y comunidades en el mundo, como derecho humano, implica un reto de inversiones y financiación que debe ser asumido, por los Gobiernos y las Instituciones Internacionales, siendo inconsistente asignar tal responsabilidad a los mercados.

5. El BM y la OMC deben revisar en este sentido sus estrategias. Seguir condicionando la financiación de inversiones básicas en este campo a la puesta en marcha de procesos de liberalización se ha demostrado tan injusto como ineficaz. El BM debería centrar sus esfuerzos en exigir mejoras democráticas, garantizar el respeto a los derechos humanos, controlar el uso de esos fondos públicos y luchar contra la corrupción.

Más allá del esfuerzo de identificación de líneas y principios de consenso que supuso la citada Declaración Europea, lo cierto es que el reto de universalizar derechos de ciudadanía global en materia de abastecimiento de aguas y saneamiento no pasa ni pasará por liberalizar mercados sino por fortalecer la gobernabilidad democrática de esos servicios básicos desde la participación ciudadana. El reto está sin duda en diseñar y desarrollar nuevos modelos de gestión pública local y regional, en un marco de globalización democrática. La pretendida confrontación alternativa entre gestión pública o gestión privada es falaz. En materia de servicios públicos básicos, vinculados

a derechos de ciudadanía, la responsabilidad debe ser pública. Pero ello no quiere decir que los actuales modelos de gestión pública sean válidos. Habiendo sin duda numerosos ejemplos modélicos de gestión pública, en muchos otros, el reto se sitúa en la necesidad de superar el burocratismo y la ineficiencia. Pero al igual que superar el burocratismo, la ineficiencia o incluso la corrupción política no pasa por disolver Estados y Parlamentos democráticos, en beneficio de la ley de la selva de los libres mercados, en materia de servicios urbanos de agua y saneamiento, no se trata de desvertebrar las conquistas sociales sino de reforzarlas desde nuevos enfoques de democracia participativa.

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Ciertamente, la responsabilidad pública y la tensión participativa pueden organizarse de múltiples formas, que incluyen la contratación de servicios en el mercado e incluso la concesión del servicio o de determinados aspectos del mismo a compañías privadas bajo adecuados controles y regulaciones. El sistema de mercado no está en cuestión. Lo que está en cuestión es el desmantelamiento o la degradación de los servicios públicos básicos (especialmente para los sectores sociales más desfavorecidos), en tanto que servicios públicos de interés general, para imponer servicios comerciales. Está en juego la gobernabilidad participativa que se requiere para garantizar el interés general de la sociedad, por encima de intereses empresariales, en la gestión de servicios tan esenciales como éstos. En definitiva, están en cuestión los derechos de ciudadanía global que deben presidir el modelo de gobernabilidad y de globalización democrática a desarrollar. La propia decisión de cómo organizar la gestión de los servicios de agua y saneamiento, al igual que el resto de servicios públicos básicos, debe ser motivo de procesos participativos en los que la población pueda decidir, en última instancia, la opción que entienda más adecuada.

4.3 Otros usos de interés general Además de los servicios de abastecimiento y saneamiento, otras actividades, fundamentalmente de carácter económico, que requieren el uso más o menos masivo de agua, pueden y deben ser consideradas de interés general. Sin embargo se hace necesario reflexionar sobre este concepto y actualizar su sentido desde las prioridades de la sociedad actual. En no pocas regiones del mundo, la agricultura tradicional merece ser protegida y considerada como una actividad de interés general. En el caso de muchas comunidades indígenas o tradicionales, el riego se vincula

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a derechos de agua ancestrales de los que depende la supervivencia de la comunidad. En tales casos, desde el respeto a esos derechos y a la diversidad cultural que debe asumir toda sociedad democrática, y en la medida que esas aguas cumplen una función de sostén básico de la vida y de la identidad de esas comunidades, tales usos deben ser protegidos como de “interés general” para el conjunto de la sociedad (y no sólo de la comunidad en cuestión). No obstante, frente a la sistemática manipulación de que ha sido objeto la declaración “de interés general”, a la hora de promover proyectos hidráulicos, es preciso reconstruir social y políticamente este concepto, a fin de adecuarlo a los nuevos retos que plantea el paradigma de la sostenibilidad y los nuevos objetivos sociales que la sociedad actual entiende como prioritarios. Hoy, por ejemplo, no es aceptable subvencionar la producción hidroeléctrica como una actividad de interés general, sin valorar los impactos sociales y ambientales de las grandes represas, e incluso, de la instalación abusiva de minicentrales, en contraste con el indudable valor de la hidroelectricidad como fuente renovable de energía que no emite CO2. No parece razonable dedicar subvenciones públicas a un negocio que se demuestra altamente rentable en los mercados.

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En todo caso, habrá que cargar impuestos y tasas sobre las fuentes contaminantes o generadoras de gases invernadero… Análogamente, no resulta razonable aceptar el regadío como una actividad de interés general, sin distinguir el modelo de explotación de que se trate o los impactos ambientales producidos. Se trata de impulsar un proceso de reconstrucción conceptual social y política del concepto de actividad económica de interés general, desde la perspectiva de los nuevos valores y objetivos que impone los principios de sostenibilidad y equidad, desde una amplia participación ciudadana. Pero también necesitamos precisar de qué forma es razonable apoyar estas actividades desde las instituciones públicas. La subvención directa, adecuadamente justificada, sería probablemente más razonable que la subvención al agua de riego (que desincentiva el ahorro y el uso eficiente). Por último es preciso subrayar que, con frecuencia, la declaración de interés general se ha empleado como una formalidad administrativa para eludir el debate en proyectos conflictivos y acelerar los procedimientos administrativos; hoy, tal declaración debe

Residuos sólidos vertidos hacia los cursos de agua

motivar, por el contrario, el debate, de forma que sea preceptivo demostrar su justeza a través de procesos de participación ciudadana pro-activa. En síntesis, consideramos necesaria la intervención del Estado y de las instituciones públicas en general, a través de adecuadas herramientas económicas (tasas, fiscalidad, subvenciones…), con el fin de redistribuir recursos y promover objetivos de justicia social y bienestar social. Pero es necesario hacer un esfuerzo para identificar las actividades económicas que merecen realmente ser consideradas como de interés general, evitando dedicar fondos públicos a subvencionar negocios privados que no son propiamente del interés de la sociedad en su conjunto.

5. El agua-negocio Al usar el término agua-negocio, nos referimos al agua que a diario se usa en actividades económicas legítimas, que permiten a sus usuarios obtener beneficios y mejorar su nivel de vida. De hecho, la mayor parte de los caudales extraídos de ríos y acuíferos, no cubren funciones básicas de sostén de la vida, ni sustentan servicios de interés general; más del 70% se dedican a actividades productivas, tradicionalmente consideradas legítimas, y que están ligadas, en general, a intereses privados.

5.1 La legitimidad de los usos productivos del agua. Desde determinados ámbitos, se suele descalificar como inmoral cualquier uso económico del agua que genere beneficios privados. Tales enfoques, tan puristas como simplistas y

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erróneos, intentan eludir el debate sobre los criterios de gestión de este tipo de usos, con lo que literalmente se automarginan en el debate global sobre la gestión del agua.

relación del agua con la apropiación individual o colectiva de su utilidad productiva es, en definitiva, eludir uno de los debates esenciales a realizar.

A lo largo de la historia, la humanidad ha usado los recursos naturales, empezando por la propia tierra, no sólo para sobrevivir, sino para mejorar su nivel de vida; en unos casos a través de formas de gestión comunales o públicas y en otros muchos casos a través de fórmulas privadas.

La mayor parte de estas aguas-negocio se dedican al regadío, especialmente en países áridos o semiáridos como España. En nuestro país, más del 70% de las demandas cubiertas se destinan a usos agrarios; la proporción se eleva a más del 90% si nos referimos al agua propiamente consumida, en la medida que el regadío es un uso esencialmente consuntivo. Entre el 15% y el 20% de los caudales detraídos de ríos y acuíferos se destina a usos industriales. Todo ello sin contar con el uso no consuntivo de ingentes caudales turbinados para producir electricidad y sin tener en cuenta que buena parte de los caudales urbanos son dedicados a actividades comerciales o turísticas, y no al uso doméstico.

El agua, en particular, desde mucho antes de que apareciera siquiera el capitalismo, ha venido siendo usada por quienes la han usado en sus respectivas actividades laborales y productivas, ya se tratara de agricultores, de molineros o de artesanos, para mejorar su nivel de vida. Cuando el agua es usada como un bien público, o incluso como un bien libre, tomándola directamente del río de forma gratuita, se privatiza su utilidad por parte de quien la usa. Los derechos concesionales son, al fin y al cabo, una fórmula jurídica que permite privatizar la utilidad del agua, llevando al bolsillo de quien la usa el valor añadido que genera. Desde múltiples enfoques normativos y legales, el agua usada en actividades productivas acaba transformándose en productos que acaban vendiéndose en los mercados. Pretender evitar o ignorar esa

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Desde el enfoque productivista que ha venido presidiendo la gestión de aguas en el mundo, la disponibilidad masiva de recursos hídricos, gracias a las tecnologías hidráulicas y de bombeo, ha hecho posibles los más ambiciosos y desmedidos planes desarrollistas, transformando en escaso lo que era abundante. Sin embargo, paradójicamente, los problemas de escasez han crecido y crecen en la medida que aumenta la disponibilidad de caudales.

5.2 Las estrategias “de oferta” y la subvención perversa del agua-negocio. Tal y como se ha explicado con anterioridad, una de las claves de este crecimiento insostenible de demandas productivas ha radicado y radica en el modelo “de oferta”, bajo masiva subvención pública, que ha estado y que aún está vigente. Un ejemplo paradigmático lo tenemos en la costa mediterránea española, donde los nuevos regadíos intensivos bajo plástico y, sobre todo, los nuevos desarrollos urbano-turísticos

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crecen a medida que surgen expectativas de nuevos caudales; y lo que es más grave, crecen más rápido que las disponibilidades generadas. En la región de Murcia, el trasvase Tajo-Segura, con una proyección de 1000 hm3/año, previó, entre otros usos, la transformación de 50.000 nuevas hectáreas de regadío. Diez años más tarde, a pesar de que los caudales trasvasables reales se habían reducido a poco más de 300 hm3/año, es decir un 70% menos de los previsto, la superficie transformada y legalizada por el Gobierno superó las 80.000 hectáreas, es decir un 70% más de lo previsto. Dado que, por otro lado, las hectáreas transformadas ilegalmente fueron muchas más, el resultado fue que el mal llamado “déficit” de agua se multiplicó con el citado trasvase, motivando nuevos y más ambiciosos proyectos, como el trasvase desde del Ebro, bajo la expectativa de financiación y subvención públicas. Un poco más al sur, en la costa Almeriense, la zona más seca de Europa, el descubrimiento del acuífero de Dalías motivó hace escasas décadas el desarrollo de una rica agricultura intensiva bajo plástico. En 1985, cuando ya había 9000 hectáreas bajo plástico (una superficie equivalente a 18.000 campos de fútbol), la constatación de que se extraían más caudales de los que realimentaban el acuífero, motivó la prohibición de nuevos pozos y de nuevos invernaderos. Aún así, hoy la superficie regada es de 27.000 hectáreas, al tiempo que se han construido decenas de grandes hoteles, campos de golf y miles de chalets con jardines británicos y piscinas, al calor de la especulación urbano-turística. Como consecuencia de todo ello, en la zona más árida de Europa el consumo medio (contabilizando todo tipo de usos) se eleva a más de tres toneladas de agua por habitante y día. Aún así, la presión de nuevos desarrollos turísticos y nuevos invernaderos aumentan las tasas de sobreexplotación del acuífero, al tiempo que crecen las presiones por obtener nuevos caudales subvencionados por el Estado.

En estas condiciones, el lema de “¡agua para todos!” y el argumento de que el agua es un “derecho humano” mueve presiones sociales y políticas en pro de nuevas represas y trasvases pagados por el erario público. Presiones sociales alimentadas por un planteamiento del problema tan confuso como demagógico, que esconde los intereses especulativos de sectores socialmente privilegiados tras la proclama del derecho humano y ciudadano al agua. En muchos lugares del mundo han ocurrido y ocurren, en una u otra medida, procesos similares, generando por doquier crisis de insostenibilidad y problemas de escasez que suelen recaer sobre los más débiles. Problemas de escasez física y, más frecuentemente, problemas de escasez de aguas de calidad o potables, tal y como ya se ha explicado. Por ello es esencial clarificar qué caudales destinamos a usos productivos, como agua-negocio, asignando a tales usos un tercer nivel de prioridad, por detrás del agua-vida y del agua-ciudadanía. En ningún caso es justificable quebrar la sostenibilidad de un acuífero o de un río, o poner en riesgo la disponibilidad o la calidad de aguas necesarias para el abastecimiento humano, bajo el argumento de promover el desarrollo económico, y más si tal desarrollo beneficia fundamentalmente a los más ricos.

5.3 La necesidad de racionalizar el uso económico del agua. Tal y como hemos explicado con anterioridad, las funciones del agua-vida deben ser garantizadas por el Estado, no teniendo sentido carga económica alguna, si no es sobre quienes pudieran generar alguna afección a tales funciones. Las funciones del agua-ciudadanía deben ser administradas

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La nueva cultura del agua

desde la lógica del interés general, pero en este caso, será necesario arbitrar políticas tarifarias que favorezcan la responsabilidad ciudadana y maximicen la eficiencia económico-social de los servicios. Sin embargo, la clave en la gestión global del agua va a estar en la tarifación del agua-negocio, en la medida que afecta a la mayor parte de los caudales usados. En este caso la clave está en introducir el criterio de recuperación íntegra de costes, incluyendo costes ambientales y costes de oportunidad. Ésta es sin duda una herramienta poderosa que debe operar en manos de una administración pública democrática, transparente y abierta a la participación ciudadana, a fin de poder guiar los nuevos modelos de gestión pública a promover, desde criterios éticos de equidad y sostenibilidad. En todo caso, más allá de las razones éticas, sociales o de sostenibilidad, los argumentos que urgen cambiar el modelo son de índole económica. La sistemática subvención del agua para usos productivos ha acabado induciendo niveles de ineficiencia inaceptables y generando niveles de demanda insostenibles. Por otro lado, se ha pervertido el concepto del “interés general” hasta niveles absurdos y antieconómicos. De hecho, la inmensa mayoría de los grandes proyectos hidráulicos aprobados o llevados a cabo durante los últimos años ofrecen balances coste-beneficio negativos (Arrojo-1998), ruinosos para la economía nacional. Quizás el caso reciente más emblemático y polémico sea el del proyecto de Trasvase del Ebro, afortunadamente derogado por el actual Gobierno, cuyo balance coste-beneficio, desde cálculos rigurosos, cerraba un balance negativo de cuando menos -3.555 millones de Euros, aún asumiendo un período de amortización de 50 años.

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Resulta difícil romper la mitificación productivista de las grandes obras hidráulicas, vigente aún hoy en día en España y en otros muchos países, si no se suprime la subvención sistemática de este tipo de proyectos. La simple retirada, o cuando menos clarificación, de estas subvenciones masivas hace emerger la sinrazón económica de este tipo de proyectos. En el caso, antes citado del Trasvase del Ebro, el coste real al que hubiera resultado el trasvase en Almería (a casi 800 kilómetros de distancia) se elevaba a 1,5 €/m3, siendo que la desalación de aguas de mar para obtener aguas de muy superior calidad, mediante las nuevas tecnologías de ósmosis inversa disponibles, cuesta actualmente menos de 0,45 €/m3. A pesar de ello, se han mantenido fuertes presiones sociales a favor del citado trasvase en las zonas beneficiarias del mismo, en la medida que el Gobierno anterior, siguiendo la tradición de subvencionar las grandes obras hidráulicas, preveía entregar las aguas trasvasadas a poco más de 0,30€/m.

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La Asamblea Constituyente y el Sector de Agua y Sanemiento del Ecuador Comité Interinstitucional de Agua y Saneamiento del Ecuador (CIASE) ciasecuador@gmail.com

nte el inicio de un nuevo capítulo en la vida política nacional con el trabajo que iniciará la Asamblea Constituyente para dotar al país de una nueva Constitución Política, el CIASE establece algunos puntos de vista sobre el sector de agua y saneamiento. Desde mediados del siglo XX, el Ecuador es uno de los países latinoamericanos que mayor atención ha brindado a los servicios de agua potable y saneamiento, logrando un incremento en el acceso de la población. Sin embargo, la continua crisis política, económica e institucional desde el decenio de 1980, ha causado un marcado deterioro en la

situación del subsector, que se expresa en bajos niveles de cobertura (especialmente en las áreas urbano-marginales y rurales), mala calidad del servicio, e insuficiente recuperación del costo de prestación; elementos que configuran un “círculo vicioso” el cual impide que los ecuatorianos y ecuatorianas, tengan acceso servicios y coberturas con mejor calidad. Para contribuir a la superación de dichas limitaciones, en el año 2001 se crea el CIASE en el Ecuador. El CIASE - Comité Interinstitucional del Subsector Agua y Saneamiento del Ecuador - es un espacio de encuentro, coordinación, asesoría y desarrollo de sinergias, abierto y plural, que agrupa a 33 organizaciones del subsector, para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas, coordinar sus tareas y optimizar sus recursos en torno a objetivos comunes, enriquecer y reforzar la orientación e implementación de la Política Sectorial y de los Planes Nacionales de Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos en el país, en colaboración con el Ente Rector, la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Su estructura orgánica es plana y flexible, con órganos y funciones asumidos por las instituciones participantes. El Comité se reúne

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La situación de los servicios en el área rural. El Gobierno Nacional creó en 1965 el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) con el encargo de elaborar planes nacionales, dictar normas técnicas, brindar asesoría a los municipios, contratar empréstitos y construir sistemas en el sector urbano y rural. En 1979 se dan al IEOS atribuciones para constituir juntas administradoras de agua potable y saneamiento en comunidades rurales. El IEOS fue fusionado en 1994 con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (fundado en 1992), y a la presente fecha sus atribuciones son ejercidas por la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos. Actualmente existen aproximadamente 3,500 sistemas de agua potable en el área rural12 .

mensual o bimensualmente, y publica periódicamente la revista AGUAYAKU, que llega a todos los rincones del país. Entendiendo al subsector agua para consumo y saneamiento, como un área fundamental del sector agua, el CIASE promueve la gestión integrada del recurso hídrico, como una condición necesaria para el uso y la preservación del recurso para las presentes y futuras generaciones, y para lograr un ordenamiento ético de prioridades de sus distintos usos. A su vez, en la provisión de servicios básicos de agua y saneamiento se enfoca en el apoyo a las comunidades rurales y pequeñas ciudades, apoyando las iniciativas que se implementan desde varios proyectos: PRAGUAS y Frontera Norte, en sus dos fases de implementación, Aposino y PSUR en su primera fase, y otros programas de menor cobertura financiados por la cooperación nacional e internacional.

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A demanda de las instituciones del sector, en mayo del 2004 el Programa de Agua y Saneamiento (PAS) contrató a NOLASCO & Asociados con el objetivo de evaluar las condiciones de sostenibilidad de la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales del Ecuador13. y en sus conclusiones señaló que en el país se han realizado inversiones importantes en materia de provisión de agua potable y saneamiento en las comunidades rurales y que la política de la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del MIDUVI destaca la necesidad de sostenibilidad de los servicios, mediante una ley de agua potable y saneamiento, y el fortalecimiento de las entidades prestadoras de servicio, incluyendo a las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAPs), dichos conceptos son adoptados por el Programa de Agua y Saneamiento para 12 “Evaluación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 2000 en las Americas. Ecuador. Informe Analítico”, CEPIS- ONU. 2000. 13 Nolasco D. La Sostenibilidad en los Servicios de Agua y Saneamiento Rural en Ecuador. Nolasco y Assoc. INC. Ontário, Canadá, en AGUAYAKU, revista del Comité Sectorial de Agua y saneamiento, No 4, Mayo del 2005. Quito, Ecuador.

PROPUESTAS

Comunidades pequeños (PRAGUAS)14

rurales de municipios

Para el estudio, se entrevistaron a JAAPs y usuarios en 94 localidades rurales en las tres regiones geográficas del Ecuador costa, sierra y oriente. Se estableció que la sostenibilidad de un sistema de agua en áreas rurales depende no sólo de factores controlados durante el proyecto inicial de infraestructura, sino también de otros factores como niveles operativos, gestión de los servicios y la participación comunitaria; el estudio evaluó los aspectos técnicos de la infraestructura, cobertura, continuidad y calidad del agua suministrada a los usuarios (incluye confiabilidad de los mismos), y la gestión de los servicios, administración, satisfacción de los usuarios, situación jurídica y financiera de la operación, niveles de operación y mantenimiento de las instalaciones y participación comunitaria (con especial énfasis en el rol de la mujer)

independientes que influyen se resumieron en un “índice de sostenibilidad tomando como referencia estudios realizados en Perú y Chile”15 . En base a este análisis, cada una de las 94 comunidades fue clasificada como: no sostenible, poco sostenible, medianamente sostenible y sostenible. Un resumen de indicadores utilizados para determinar el nivel de sostenibilidad se muestran en la siguiente tabla16.

Resumen de Indicadores para estimar la sostenibilidad Factores

Indicador Cantidad de agua Calidad del agua Continuidad del servicio Técnicos Estado del servicio Vulnerabilidad de las instalaciones ante amenazas naturales Derechos de aprovechamiento del agua Jurídicos Propiedad de los terrenos Propiedad de los activos Índice operacional (relación entre costos e ingresos operacionales) Económico Índice de recaudación (relación entre el monto recaudado con respecto al facturado) Vigencia de la organización responsable del servicio Organizacional Operación y mantenimiento del servicio Manejo financiero Satisfacción de los consumidores Social Instrucción de la comunidad en cuanto a los hábitos sanitarios domiciliarios Capacitación de los directivos, operadores y administraAsistencia Técnica dores de los servicios

Se identificó que un factor de importancia en la sostenibilidad de los servicios rurales es la prevención y planes de contingencia de desastres naturales. La multiplicidad de factores o variables 14 Marco Perez: “Sostenibilidad e impacto del PRAGUAS”, en Revista AGUA YAKU del Comité Sectorial de Agua y saneamiento, No 5, setiembre del 2005. Quito, Ecuador.

15 PAS (2003). Estudio de Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable Rural en Chile, Julio de 2003. 16 UNDP-World Bank Water Sanitation Program. Making Rural Water Supply Sustainable: Recommendations from a Global study. Katz, Sara, 1998.

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En los resultados obtenidos de las 94 localidades evaluadas en Ecuador se encontró que un 38% eran no sostenibles. Según regiones el Oriente tenia un 34% como no sostenibles, la Costa un 41% y en la Sierra un 37%. Comparados con la sostenibilidad observada en otros países, por ejemplo el Perú, se tiene que la condición de “regular” es más alta en el Perú, probablemente asociada con el tiempo de construcción de los sistemas, al parecer los sistemas construidos en el Perú tenían menos años de construidos que los del Ecuador, con

Indicador Situación de sostenibilidad

Situación de la infraestructura Protección de fuentes Estado de operación de la fuente Planes de contingencia Cobertura de costos Cuotas familiares Disponibilidad a pagar más por mejor servicio Percepción sobre la calidad del agua Comunidades que reciben asistencia técnica

lo cual se puede concluir que en condiciones de abandono y ausencia de capacitación a las comunidades rurales, los servicios tienden a ser abandonados de manera progresiva. Pero, en ambos casos no deja de sorprender la baja sostenibilidad encontrada en ambos estudios, con menos de un 15% en general, lo cual deberá motivar mayores reflexiones entre los distintos actores que intervienen en el sector, mas aún considerando que las inversiones realizadas en el área rural son cada vez mayores.

ECUADOR 13% sostenibles 29% medianamente 20% poco 38% no sostenibles 40% en buen estado y 30% están en regular y mal estado.

PERU 12% en buen estado 65.2% regular 15.2% malo 7.6% No operativo

Menos de un 20% de las fuentes 30% 96% no cuenta con planes de contingencia para emergencias. El 61% de los encuestados indicó que con lo recaudado cubría los costos operacionales U$S 1,72/mes.

ND 33%

El 72% de los usuarios

62% de los usuarios

El 28% considera que el agua es segura para beber El 42%, la mayoría del gobierno (MIDUVI) y, municipalidad

76% (donde existe una JASS) 44%, durante el proceso de construcción.

36.4% en buen estado y 47% en regular

0.8 USD. mensual

F: Nolasco 2005 y MVCS 2003

En Ecuador, la mayoría de las localidades tenían directiva de la JAAP elegida en asamblea de asociados y con la periodicidad establecida por estatutos. Las tres cuartas partes de las localidades indicó tener mujeres en el comité o junta. En promedio las tarifas reportadas fue de U$S 1,72/mes, el que frente al ingreso domiciliario promedio mensual U$S 120,

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indicaba que los usuarios pagan en concepto de servicios de agua y saneamiento un 1,4 % de su ingreso. El 98% de los entrevistados indicó no recibir subsidio alguno para el pago del servicio y el 72% de los usuarios mencionó que estaría dispuesto a pagar un poco más si el servicio mejoraba.

PROPUESTAS

Las conclusiones de estos resultados, que probablemente algunos de ellas puedan haberse modificado en los últimos años, es que en el área rural del Ecuador existe una realidad con características propias, que deberá ser recogida en el marco jurídico que establecerá la nueva Constitución Política del país. Se sugiere además que el proceso de elaboración de la nueva carta fundamental que regirá los destinos del país, deberá identificar con sabiduría y rigor científico, aquellos elementos que se deben continuar de los procesos anteriores, e innovar en aquellos componentes que contribuyan al acceso de los servicios para los más pobres. En otras palabras, los constituyentes deberán tomar como referencia las experiencias realizadas en la reforma del sector de agua y saneamiento, así como las implementadas en los otros sectores. La experiencia indica que la reforma del sector de agua ha tenido dos

referentes principales: i) La necesidad de reorganizar las empresas de servicios públicos que no lograban brindar servicios eficientes al área urbana y ii) la necesidad de incluir nuevos enfoques para proveer servicios sostenibles en áreas rurales concentradas y dispersas. Luego, en la última década se ha destacado una tercera consideración: iii) la necesidad de proveer servicios de calidad e implementar nuevos modelos de gestión apropiados para las pequeñas ciudades, es decir, centros urbanos que por su tamaño no son atendidos por las grandes empresas, pero, al mismo tiempo, dada su complejidad, tampoco se pueden atender sólo con el trabajo voluntario de las organizaciones comunales rurales. Un segundo gran tema de interés es el análisis de los modelos de gestión para el área urbana, sea en la gran ciudad o en la pequeña ciudad, en donde la legislación deberá diferenciar conceptos claves tales como: propiedad, posesión, supervisión ,operación y regulación. En ese marco, una determinada entidad puede ser propietaria de los sistemas que proveen los servicios de agua y saneamiento, que en este caso son las Municipalidades o las comunidades; pero, otra deberá encargarse de la supervisón del servicio; una tercera entidad puede encargarse de la operación y una cuarta, de la regulación. La experiencia indica que en aquellos servicios en donde se tiende a concentrar todas las funciones en una sola entidad, la calidad del servicio es deficiente o no sostenible. Mientras que en aquellos casos en donde las funciones se cumplen de manera separada, con diferentes actores, se logran mejores condiciones para la sostenibilidad. Una tercera sugerencia es que los asambleístas deben hacer lo posible para no perder de vista la consistencia del marco jurídico sobre los temas de la protección del medio ambiente y los servicios de agua y saneamiento, tomar en cuenta el marco institucional y definir de manera precisa las competencias

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y funciones de cada de una de las instancias que se relacionan con la provisión de servicios.17

a. Principios para el ejercicio del derecho a agua y saneamiento.

En conclusión, tomando como referencia estas reflexiones, el CIASE ha elaborado un conjunto de principios para normar el agua en sus usos generales y de consumo humano, que se pueden tomar como referencia en la nueva Carta Constitucional y se resumen a continuación:

El CIASE define el acceso al agua segura y al saneamiento básico como un derecho humano fundamental. Por ello, su accionar contribuye a los esfuerzos del país para asegurar que progresivamente toda su población tenga acceso al agua segura en cantidad y calidad suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, en forma equitativa y sin discriminación alguna. Así mismo, apoya el acceso universal al saneamiento básico, como elemento decisivo para garantizar la salud, el desarrollo humano y la preservación de los ecosistemas. 1. Con la finalidad de salvaguardar la salud humana y la calidad ambiental, el Estado garantizará a las personas el acceso universal al agua para consumo humano, la eliminación sanitaria de las excretas, el manejo adecuado de los residuos sólidos y la salud ambiental, conforme a los principios de equidad, participación, solidaridad, calidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. 2. La prestación de los servicios de agua para consumo humano, de disposición sanitaria de excretas, de manejo adecuado de los residuos sólidos y de saneamiento ambiental, será responsabilidad prioritaria del Estado Nacional y de sus estructuras descentralizadas, las que podrán prestarlos directamente, por delegación a organizaciones de usuarios o empresas públicas especializadas, o por asociación con el sector privado.

17 Para una discusión del tema legal e institucional, véase Kremer Andrea”Comentarios sobre el marco legal y algunos problemas en su aplicación: la descentralización del sector agua y saneamiento ecuatoriano”, en AGUAYAKU, revista del Comité Sectorial de Agua y Saneamiento, N 3, Quito, noviembre del 2004.

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3. El Estado, a través de los organismos especializados en la regulación y control de los servicios públicos de agua para consumo humano, de disposición sanitaria de excretas, de manejo adecuado de los residuos sólidos y de saneamiento ambiental, garantizará que la prestación de tales servicios responda a principios de universalidad, equidad, accesibilidad, eficacia, eficiencia, continuidad, calidad, responsabilidad, descentralización, desconcentración, participación ciudadana; y velará para que sus precios o tarifas sean eficientes y equitativas.

PROPUESTAS

4. El Estado reconocerá y promoverá la participación activa de la sociedad civil y su corresponsabilidad en la gestión del subsector de agua para consumo humano, disposición sanitaria de excretas, manejo adecuado de los residuos sólidos y saneamiento ambiental.

b. El agua, su dominio, administración y prestación de servicios Las instituciones que integran el CIASE consideran al agua dulce como un recurso limitado y vulnerable, indispensable para la vida, el agua es un recurso para el bien común y un patrimonio de la humanidad, con atributos de valor ecológico, social, económico y cultural esenciales para el desarrollo sostenible de las comunidades urbanas y rurales. 1. El agua en todas sus formas es un bien nacional de uso público, en tal condición es inalienable, imprescriptible e intransferible; no podrá ser parte de ningún acuerdo comercial con gobierno o personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. No hay ni se reconoce forma alguna de apropiación o posesión privada sobre el agua. 2. El Estado a través de la autoridad nacional del agua y de sus mecanismos de gestión descentralizada, administrará el recurso agua conforme la Ley, de forma directa o en asociación con las organizaciones comunitarias y de usuarios/as legalmente establecidas. Para ello promoverá y asegurará la participación de estas organizaciones y de plataformas sociales del agua en las instituciones encargadas del manejo y gestión del agua.

3. Los permisos para uso y aprovechamiento del agua, constituyen herramienta fundamental para su gestión pública; deberán estar basados en principios éticos en los que el uso que se le da al agua debe seguir un orden de prioridades: en primer lugar debe favorecerse el uso para la vida humana y de otros seres, después el uso de interés público y para garantizar el equilibrio ecológico de la naturaleza, y en tercer lugar el uso para fines privados. Tales permisos serán otorgados por la autoridad nacional del agua, a plazo determinado, bajo los criterios de equidad social y de género, planificación hidrológica, responsabilidad ambiental y productiva. Estos permisos podrán ser revertidos al Estado y reasignados, si no han sido usados en el plazo previsto, en las funciones para las que fueron asignados, si causan perjuicio al ambiente o a la sociedad, o si se detecta acaparamiento.

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Es responsabilidad fundamental del Estado Nacional y de su estructura descentralizada, la regulación, el control y la prestación de servicios públicos relacionados con el agua, como acceso a agua potable y saneamiento, riego, hidroelectricidad y otras, garantizando el acceso universal y con equidad. En la prestación de servicios el Estado Nacional tendrá el rol de planificación, rectoría, control y vigilancia. La administración, operación y prestación de los servicios, corresponderá a su estructura descentralizada. Para tal prestación, el Estado puede hacerlo directamente o por delegación a las organizaciones de usuarios (juntas de agua, asociaciones de juntas, consorcios de usuarios, otras) o empresas públicas especializadas. El Estado podrá asociarse con el sector privado para la prestación de servicios públicos, en cuyo caso el Estado mantendrá la participación accionaria mayoritaria. La asociación para la prestación de servicios públicos responderá a los principios de consulta previa, precaución, regulación, control, transparencia y equidad. Sin embargo, no podrá delegar al sector privado las funciones de dirección, regulación, previsión y control de la prestación de tales servicios.

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Es responsabilidad del Estado Nacional y de su estructura descentralizada, establecer políticas y estrategias de manejo y conservación de las cuencas hidrográficas y, en general, de los ecosistemas que mantienen el ciclo hidrológico. De la misma manera, a través de las instituciones competentes, el Estado deberá implementar estrategias y normas para prevenir, enfrentar y sancionar la contaminación de los recursos hídricos y sus respectivas cuencas hidrográficas.

Por principio, toda actividad que use o aproveche el agua deberá devolverla a la naturaleza en condiciones que aseguren el mantenimiento del ecosistema y participar en el manejo y conservación de las cuencas hidrográficas.

El cuerpo legal correspondiente que regule la gestión y administración de las aguas, prevalecerá, en materia de conservación de los recursos hídricos y sus cuencas, sobre las leyes que regulan actividades extractivas.

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Clima Latino: 21 Propuestas para el siglo XXI 15 al 18 de octubre de 2007

os más de 1550 representantes de la sociedad civil, organismos científicos, autoridades nacionales y municipales, gremios, pueblos indígenas, universidades, ONG y estudiantes que participaron en el Encuentro Internacional sobre Cambio Climático Clima Latino, presentan este documento al Presidente del Ecuador Rafael Correa, para que sea portavoz de esta expresión de los pueblos de América Latina.

Estas propuestas son un aporte a una Estrategia de América Latina para ser presentada en los distintos eventos sobre Cambio Climático. Señores presidentes de América Latina y el Caribe, confiamos en ustedes, está en sus manos la histórica responsabilidad de ayudar a evitar la mayor amenaza que enfrenta la humanidad en toda su historia. Si actuamos juntos y de inmediato podremos salvarnos.

Es evidente que el actual modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico ilimitado, es inviable e incompatible con la sustentabilidad del planeta, por lo que es obligación de la sociedad en general y sus gobiernos, definir un nuevo modelo de desarrollo donde primen los valores que garanticen el desarrollo integral del ser humano y su relación armónica con la naturaleza.

La emergencia climática por la que atraviesa el planeta, demanda la inmediata acción de los gobiernos y la sociedad civil, a fin de elaborar políticas y estrategias de cambio climático, con prioridad en la adaptación que consideren las características propias y particulares de distintas ciudades, regiones y territorios. Para este efecto, sugerimos que el foro de Ministros de Medio Ambiente de Latinoamérica y el Caribe, establezca un mecanismo de consultas permanentes, con el apoyo técnico entre otros de los organismos de Naciones Unidas y de cooperación regionales.

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Clima Latino

El que contamina debe pagar, todos somos responsables pero unos más que otros. Los países desarrollados económicamente y responsables de la mayor cantidad de emisiones, tienen el deber moral y ético de cumplir a cabalidad con sus compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases efecto invernadero y establecer mecanismos financieros y de transferencia tecnológica para garantizar la implementación de estrategias de adaptación y mitigación, que contribuyan a la protección de los recursos naturales y al desarrollo armónico y sostenible de sus sociedades.

Los glaciares andinos presentan un proceso acelerado de retracción, creando graves consecuencias por la falta de agua para el uso humano, agrícola y energético. Estos territorios deben ser declarados en emergencia y aplicar de inmediato las medidas que demanda la comunidad científica.

Los ecosistemas terrestres y marinos se caracterizan por su rica biodiversidad y constituyen reservorios importantes de carbono. Los páramos, bosques altoandinos, amazónicos y bosques secos, así como arrecifes de coral, son de los ecosistemas más vulnerables en América Latina actualmente. Es necesario fortalecer la investigación científica y diseñar sistemas para el seguimiento de los efectos del cambio climático y tomar medidas que aseguren la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como de los servicios ambientales que los ecosistemas proveen.

Millones de ciudadanos de América latina sufrirán a consecuencia de los desastres causados por el cambio climático que aumentan cada año. Para la toma de decisiones, es indispensable fortalecer los sistemas de observación climática y de formación de profesionales en esta área.

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Así mismo se recomienda que la política existente de prevención de desastres se articule con las estrategias de cambio climático de manera que ofrezca soluciones integrales para la prevención del riesgo y el manejo de los desastres. 7.

Las lluvias serán más fuertes, frecuentes e impredecibles. Las sequías más extremas, esto aumentará los costos de suministros para el consumo humano, la agricultura y la generación de energía. Se deben desarrollar estrategias para manejar de forma integral el uso del agua desde la fuente, consumo, disposición final y reutilización.

Respaldamos plenamente la propuesta del gobierno de Ecuador, llamada ITT, que tiene como fin lograr que la comunidad internacional contribuya financieramente por los recursos que no recibirá el gobierno por dejar de explotar el petróleo en el Parque Nacional de Yasuní y conservar de esta manera un patrimonio natural de invalorable riqueza biológica. Este caso debe servir de ejemplo para que los países desarrollados otorguen recursos no reembolsables en cantidades suficientes a los beneficios que la conservación de bosques y la biodiversidad ofrecen a la estabilidad del clima y a la humanidad. Con este incentivo, los países de América Latina y el Caribe deben comprometerse de forma decidida a reducir en forma significativa sus tasas de deforestación. Un buen ejemplo, es el plan nacional de familias de guardabosques de Colombia.

Las empresas privadas y públicas son actores fundamentales para enfrentar el calentamiento global por lo que es indispensable promover las iniciativas de responsabilidad social y ambiental de ese sector.

10. Los representantes del sector salud reunidos en Clima Latino alertan sobre el aumento de muchas enfermedades y el

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13. Las comunidades indígenas son poseedoras de una gran riqueza proveniente de su sabiduría ancestral, la misma que debe ser valorizada, protegida y auspiciada por los gobiernos nacionales y organismos internacionales. Su voz debe ser escuchada y sus propuestas incluidas en las estrategias locales, nacionales y regionales de adaptación y mitigación al cambio climático.

peligro de desarrollo de epidemias como las de transmisión de la malaria por mosquitos vectores; por lo que se convoca a la Organización Panamericana de la Salud y al Convenio Hipólito Unanue, entre otras instituciones de la región, al permanente monitoreo y coordinación con las autoridades de salud para prevenir esta grave situación. 11. El aumento del nivel del mar amenaza, según criterios científicos, a cientos de millones de personas que serán desplazadas, creando la migración más grande en la historia de la humanidad con catastróficas consecuencias humanas, económicas, sociales y ambientales. Muchas de las poblaciones afectadas serán latinoamericanas por lo que los municipios y regiones costeras deben desarrollar de inmediato estrategias y unidades medioambientales. 12. La educación, en todos los niveles, debe constituirse en la principal herramienta para concienciar a los ciudadanos sobre el problema del calentamiento global y promover un cambio de conducta a fin de lograr un desarrollo integral de los seres humanos en armonía con la naturaleza.

14. Los cultivos se desplazarán, la productividad disminuirá y aparecerán nuevas plagas, comprometiendo de esta manera la seguridad alimentaria. Por ello se requiere planificar los sistemas agrícolas con base en herramientas de ordenamiento territorial, monitoreo y uso apropiado de tecnologías modernas y tradicionales para garantizar la producción y soberanía alimentaria. Las políticas agrarias deben incluir la vulnerabilidad del territorio y asegurar la producción agropecuaria. 15. Al igual que las ciudades de Guayaquil y Quito, muchos gobiernos municipales de América Latina y el Caribe, han iniciado un compromiso para monitorear su huella ecológica y desarrollar nuevos sistemas de transporte limpio, control de emisiones y calidad del agua, reforestación, etc. Estos ejemplos deben ser promovidos e implementados en todos los municipios de la región. 16. Los proyectos Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) constituyen una oportunidad para proteger el medio ambiente y una contribución para disminuir el daño a la atmósfera. Es necesario fortalecer la capacidad de los gobiernos y el sector empresarial para la formulación de estos proyectos, que además debe considerarse para la conservación de las áreas naturales. También los recursos provenientes del MDL deberían orientarse en el desarrollo social y la conservación de áreas naturales.

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17. Los biocombustibles se han convertido en productos estratégicos a nivel mundial. Sus impactos pueden variar positiva o negativamente dependiendo del tipo de cultivo, la tecnología y las particularidades de cada país. Es necesario trabajar indicadores de sostenibilidad económica, social y ambiental, así como sistemas de certificación y promover el diálogo intersectorial público-privado.

18. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Deben establecer secciones y programas especiales dedicados al cambio climático y revisar todas aquellas políticas y mensajes que promuevan el consumismo, causante directo del crecimiento económico irracional e ilimitado. Es indispensable orientar a las audiencias hacia la construcción de una sociedad más justa, responsable y respetuosa del medio ambiente. 19. Todos los países y fuentes de financiamiento internacional, deben dar prioridad al financiamiento y promoción de fuentes de energía alternativa. Se debe exigir a la comunidad internacional la transferencia tecnológica gratuita en este campo.

20. Los participantes en Clima Latino saludan la presencia de destacados líderes espirituales de diversas latitudes; así como de los shamanes, amautas y líderes indígenas que se han hecho presentes con su mensaje de paz y desarrollo espiritual para proponer un profundo cambio en la actitud de los seres humanos a fin de entender que La Tierra no pertenece a los hombres, sino que los hombres pertenecen a La Tierra. 21. Consideramos de urgente necesidad que, los gobiernos latinoamericanos, la Comunidad Andina, Naciones Unidas y todas las instituciones participantes en este Encuentro, constituyan una comisión para que Clima Latino se lleve a cabo en diferentes países de la región.

Felicitamos a todas las organizaciones y personas que han hecho posible este espacio de discusión, análisis e intercambio de experiencias y visiones. Igualmente, a los medios de comunicación que han prestado todo su apoyo para el éxito del Clima Latino.

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EVENTOS FUTUROS

Conferencia

Seminario Internacional Agua y Energía / International Seminar Water and Energy Madrid, inicio martes, 06 de noviembre de 2007 a miércoles, 07 de noviembre de 2007. Direccion: Hotel NH EUROBUILDING, Salón Roma Padre Damián 23 28036 http://www.conferenzias.com/conferencia_seminario_internacional_agua_y_energia_international_seminar_water_and_energy_madrid-org2ESC-49719.html#identificado

Conferencia

Recinto: Shanghai New International Expo Centre Lugar: China / Shangai Fecha: 06/11/2007 » 10/11/2007 Frecuencia: Anual Website: www.energyasia.com.cn/ ENERGY ASIA ENERGY ASIA has been successfully held 5 times. It has established itself as one of the important platforms in the field of power generation, transmission and distribution, electrical technology, energy infrastructure and services and renewable energy. In 2007, ENERGY ASIA will take place under the name of Energy Show - in coorperation with China International Industry Fair (CIIF). Here you’ll find interesting facts of Energy Show as well as information like exhibit categories and media partners.

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International Energy Show, Shanghai, China Energy Asia / Energy Show in Shanghai, China, is one of the most important platforms in the field of power generation, transmission and distribution, electrical technology, energy infrastructure and services and renewable energy.

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Recinto: Riyadh Exhibition Centre Lugar: Arabia Saudita / Riad Fecha: 11/11/2007 » 15/11/2007 Frecuencia: Anual Website: www.recexpo.com/recweb/main.asp Water Technology Saudi Water Technology 2008 will attract scores of top water technology professionals from across the region and the world. The exhibition will situate participants firmly at the centre of the biggest and fastest-growing agriculture sector in the region. Given Saudi Arabia’s climate, the possibilities for international investment in water technology, management and reclamation sector are enormous.

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Recinto: Antalya Expo Centre Lugar: Turquía Fecha: 15/11/2007 » 18/11/2007 Frecuencia: Bienal Website: www.hmsf.com/en/ Exposición Sanitaria y HVAC Internacional De acuerdo con los muchos años de exposiciones acertadas, Hannover Messe Sodeks Fuarcilik A.S. organiza la feria comercial más grande de HVAC y de R de la región de Eurasion. Las exposiciones de Sodex, celebradas alternativamente en Estambul y Antalya desde 2000, gozan de la participación de profesionales de Turquía y de los países circundantes.

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Octubre 30/2007. Se realizó el IV FORO ECUATORIANO DEL AGUA: Ecuador, país capital del agua. Organizado por la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental –AEISA- con la participación de autoridades gubernamentales, destacados representantes de la empresa privada, de organizaciones no gubernamentales, del sector académico y de la sociedad civil. (AEISA) Octubre 25/2007. 13 años del Consejo Nacional de los Recursos Hídricos –CNRH: como consecuencia del desacierto de las políticas gubernamentales aplicadas en la década de los 90 y de la inacción del Estado, la gestión de los recursos hídricos en Ecuador se encuentra en una crisis reflejada en la débil gobernabilidad del agua y en la imposibilidad para el CNRH de cumplir sus funciones de entidad pública rectora, normadora, reguladora y administradora de los recursos hídricos del país. La solución es construir una nueva visión de la gestión del agua que considere al líquido vital como factor de unidad e integración, a su acceso y uso como derecho humano, y a la cuenca hidrográfica como unidad básica en la planificación hídrica, en el marco de una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. (EL COMERCIO) Octubre 24/2007. En Cuenca, el agua no alcanza. Hace dos décadas, las comunidades rurales comenzaron a organizarse para construir sus propios sistemas, buscando tarifas bajas. Pero gracias a la llegada del agua, la población creció, por lo que ahora el suministro es deficiente. Según Vicente González, del Departamento de Proyectos de la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado (Etapa), de Cuenca, la empresa ha construido unos 200 sistemas comunitarios para 145.000 personas. Pero, aunque la calidad es aceptable, no alcanza para abastecer todas las necesidades. Un 80% de esta demanda podría ser cubierta por Etapa, con la segunda fase de los Planes Maestros de Agua Potable para 11 parroquias rurales, que estará terminada en 2008. (HOY) Octubre 19/2007. El carbono calienta la tierra y ésta se derrite. En el encuentro sobre el Cambio Climático de América Latina se enfatizó en que los próximos años habrá conflictos por falta de agua. Estados Unidos es el país que más produce dióxido de carbono (25%). Por otro lado China produce el 6%, la Unión Europea el 15% y los países en vías de desarrollo el 4%. Para los expertos que debaten en la Conferencia “Cambio Climático en América Latina” esto significa que los países más desarrollados

Colaboración: Sr. Germán Calderón Villacis

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son los que más contaminan. Sin embargo, señalan que los países menos desarrollados serán los que pagarán en mayor medida, los costos del calentamiento global. La Comunidad Andina, es para los científicos, la región más vulnerable. Ellos consideran que por su geografía y economía serán los más afectados. (LA HORA) Octubre 16/2007. Quito gasta más agua de la que necesita. En la capital hay poca conciencia sobre el futuro del recurso. Cada usuario nencesita 150 litros diarios, pero consume 240. Las cifras superan a Bogotá, Buenos Aires y Lima. Según la EMAAP-Q se deben emplear 30 litros en la ducha, y eso sólo se logra si la persona cierra el grifo mientras se jabona. María Mercedes Jaramillo, directora de Yaku señala que “los ciudadanos aún no tenemos conciencia plena sobre la importancia de ahorrar el líquido vital en la ciudad, que es necesario para sobrevivir”. Desde el Municipio, a través del Museo del Agua, Yaku, impulsamos acciones que fomenten la protección del agua. Este es un recurso colectivo y tenemos que estar concientes de su importancia, desde prácticas sencillas, como botar menos veces el agua del inodoro, bañarse en no más de 10 minutos y emplear el líquido sólo las veces necesarias en las actividades cotidianas. (EL COMERCIO) Septiembre 30/2007 EMAP-Milagro dota de agua segura a todo el cantón. En materia de mejoramiento integral del sistema de agua potable de Milagro, se trabaja de acuerdo al Plan Maestro que lleva adelante la Empresa Municipal de Agua Potable EMAP-M, que hasta el momento ha dotado al cantón de 45.921.60 m3 de agua segura diarios que abastecen a 40.000 usuarios, así como la instalación de una longitud de 44.613.63 metros lineales de nuevas redes de distribución. La zona rural también ha sido beneficiada con el cambio de redes de agua. (EL COMERCIO) Septiembre 25/2007 Tres cantones beben agua de río contaminado. Un botadero antitécnico contamina las aguas del río Caoní. También el agua utilizada en el desposte de ganado fluye por un canal desde el camal municipal de San Miguel de Los Bancos. Desde hace 10 años, cuatro toneladas de basura de San Miguel de Los Bancos se depositan diariamente en un botadero descubierto en una de las riberas del río Caoní. Desechos sólidos y lixiviados que emanan del botadero son arrastrados por las aguas y afectan a los cantones Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. El río baña el bosque húmedo tropical del noroccidente de Pichincha, conocido como “santuario ecológico”por la diversidad de especies de aves, plantas y anfibios. (HOY) Septiembre 10/2007. Balsalito cambió su vida con el agua. Para las 60 familias de la comunidad de Balsalito del cantón Arenillas en la provincia de El Oro, el agua potable significó una nueva vida. Durante 200 años dependieron del agua contaminada del río. “Se la sacaba de huecos, en medio de bichos y luego se la filtraba para el consumo”, recuerda Doralisa Jordán, una de las habitantes de la comunidad. El agua potable en Balsalito es una historia donde todos arrimaron el hombro para mejorar la calidad de vida y levantar la autoestima de la comunidad. Se logró gracias al Programa “Manejo Integral del Agua” de la fundación Coca Cola del Ecuador, del cual Balsalito es el primer proyecto. Con el esfuerzo conjunto de CARE Ecuador, el Municipio y la comunidad, se cumplió este sueño. (Suplemento HOY)

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CRONOLOGÍA DEL SECTOR

Septiembre 3/2007. El proyecto para sanear el Río Monjas sigue su curso. El plan total contempla la construcción de 23.8 kilómetros de colectores en los márgenes del fluvial. Según un informe del monitoreo a la subcuenca hidrográfica del Guayllabamba, del 2005, el río Monjas está altamente contaminado. No es apto ni siquiera para riego. El estudio de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente precisa que en el río “hay una baja concentración de oxígeno y una gran presencia de coliformes”. Esto debido a que el caudal recibe el 20 por ciento de las aguas negras de Quito. Con los colectores se evitará que las descargas caigan al río. (EL COMERCIO) Agosto 26/2007. Manejo de aguas residuales premiado en el exterior. El proyecto ecuatoriano “Manejo y Tratamiento de Aguas Residuales con Lenteja Acuática, Lechuguín y Totora” fue escogido entre los 20 semifinalistas del concurso” Experiencias en Innovación Social, patrocinado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, (CEPAL) y la Fundación W.K.Kellog. El plan se desarrolla en la Parroquia San Rafael de la Laguna –Imbabura y nació como respuesta a los problemas que se presentan por el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, que es un foco infeccioso para los pobladores y contamina las aguas subterráneas y el lago. Ha sido impulsado por el Municipio de Otavalo, el Centro de Estudios Pluriculturales y el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador. (EL COMERCIO) Agosto 23/2007. Hospitales: la falta de agua causa más daños. El portavoz del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (Suecia), David Trouba, dijo que entre el 50 y el 70% de los hospitales del mundo están repletos de enfermedades relacionadas con el agua, que podrían ser evitadas. Las condiciones sanitarias e higiénicas tienen un impacto directo en la salud de la población y en la mortalidad infantil, según la ONU. (EL COMERCIO) Agosto 16/2007. Los Ríos: las escuelas de 4 cantones tendrán agua. La ministra de salud, Caroline Chang, inauguró el Programa Salud Escolar y Agua Segura para las escuelas fiscales de Quevedo, Valencia, Mocache y Buena Fe. “Este programa es integral porque va de la mano con el plan de desparasitación” dijo y solicitó a los docentes crear hábitos y costumbres para que los escolares consuman agua purificada en la escuela y en el hogar. Además se fortalecerán los centros productores de cloro en la provincia. Estos abastecerán del producto a las comunidades rurales y centros educativos en forma gratuita y permanente. (EL COMERCIO) Agosto 14/2007. Municipio asumirá de a poco las funciones de Ecapag. A partir de que se suscriba el convenio para el traspaso de las competencias de la ECAPAG, en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad, el Municipio de Guayaquil se preparará para recibir legalmente los bienes muebles e inmuebles de la empresa. Es así como el Cabildo dará su primer paso en el cambio de la administración de la ECAPAG, pues según el texto de descentralización que firmarán ambas entidades, los recursos materiales, tecnológicos, humanos, financieros, y los de origen tributario también constan entre las responsabilidades que pasarán a manos municipales. Desde que se concesionó el servicio de agua potable y alcantarillado, en agosto del 2001, la ECAPAG sustenta su presupuesto en el 90% de una tasa de fiscalización que recibe de Interagua. En el 2005 la entidad reguladora recibió más de tres millones para sus gastos. (EL UNIVERSO)

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Agosto 13/2007. Expertos analizan gestión del agua. Expertos de América iniciaron ayer en Guatemala el Sexto Diálogo Interamericano sobre la Gestión del Agua (D6), que es el encuentro más prominente en la región, que se realizará bajo el lema: “Fortaleciendo Alianzas y construyendo las bases para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Entre los temas que se van a analizar figuran: agua y la gente; agua, ambiente y cambio climático; agua, economía y comercio; infraestructura, tecnología y servicios, según la agenda. El principal objetivo del D6 es evaluar los avances en los procesos de gestión del agua acordados en 1992, en el marco de la Cumbre de La Tierra, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) y las diferentes ediciones del Diálogo Interamericano sobre la Gestión del Agua, precisó la fuente. En el D6 también se afinarán estrategias regionales para “crear una cultura del agua” en el continente, que involucre a los ciudadanos, empresarios, funcionarios del gobierno, instituciones y medios de comunicación. (LA HORA) Julio 24/ 2007. Falta de Agua en Santa Elena causa estragos. Racionamiento. La restricción de agua potable se ha convertido en un martirio para los moradores de la península de Santa Elena, luego de que hace varias semanas este servicio se interrumpió porque un bloque de roca cayó dentro del acueducto de 7 kilómetros de longitud e impide el paso del líquido desde el río Daule hasta la represa de Chongón. Los afectados, cerca de 280.000 que viven en la zona, deben proveerse del servicio básico por medio de banqueros, especialmente quienes residen en áreas periféricas así como en la zona rural. Los costos para solucionar el problema de canal, ascienden a más de 2’500.000 dólares, y se estima que pasarán entre 60 y 90 días para que el problema quede resuelto por Cedegé.(EL UNIVERSO)

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AgUAyAkU, REvISTA No. 3 Quito, noviembre del 2004 Actualidad: “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento” (SAPSyRS/MIDUM). Compartiendo Experiencias: “Asistencia Técnica para la Delegación a Operadores” (PRAGUAS). “Enfoque de sostenibilidad en el Programa de Agua para la Frontera Norte” (OIM). “Protección de Fuentes Hídricas y Gestión Ambiental en eñ abasteciemiento de agua para la ciudad e Cuenca” (ETAPA). Ensayo y Debate: “La descentralización del Sector de Agua y Saneamiento Ecuatoriano se enfrenta con problemas inherentes al marco legal y a la aplicación de la Ley” (Andrea Kramer)

AgUAyAkU, REvISTA No. 4 Quito, mayo del 2005 Actualidad: “El Plan de Inversiones de Residuos Sólidos” (SAPSyRS/MIDUM). Compartiendo Experiencias: “Taller Lationoamericano de aprendizaje y Sostenibilidad de Sitemas de Agua, una condición para superar la pobreza” (CARE). “Sistema de Agua Potable Regional Cojitambo” (JAPP Cojitambo) “Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Isla Trinitaria” (AQUATEC). “Evaluación de daños y análisis de necesidades de agua y saneamiento” (SAPSyRS/MIDUM). Ensayo y Debate: “La sostenibilidad en los recursos de agua y saneamiento rural en el Ecuador” (Daniel Nolasco).

AgUAyAkU, REvISTA No. 5 Quito, septiembre del 2005 Compartiendo Experiencias: “Sostenibilidad e Impacto del PRAGUAS” (PRAGUAS). “Sistemas de Gestión Local” (PLAN). “La capacitación local, base para la sostenibilidad de los servicios. (CARE). Un modelo de gestión comunitaria” (JAPP Yanahurco). “Lecciones Aprendidas durante el 2004 y retos para el 2005” (APOSINO). “Tecnologías de bajo costo: Inyectores de cloro” (SAPSyRS/MIDUM). Ensayo y Debate: “La variable ambiental en los proyectos de agua para consumo humano” (Oswaldo Guerrero). “Cómo acabar con el círculo vicioso de servicios deficientes?” (Alvaro Castillo)

AgUAyAkU, REvISTA No. 6 Quito, marzo del 2006 Actualidad: “En el Sector de Agua y Saneamiento y los Objetivos de Desarrollo del Milenio” (SAPSyRS/MIDUM). Compartiendo Experiencias: “Resultados de la evaluación de 60 plantas de tratamiento en la provincia de El Oro” (Narcisa Erique). “La participación comunitaria” (PRAGUAS). “La experiencia en conservación de fuentes de agua (OIM). Manos limpias, niños sanos” (PAS-BM). “Bombas Manuales Ecussa: una alternativa de bajo costo para extraer agua de pozos profundos” (SAPSyRS/MIDUM). Ensayo y Debate: “El Marco Legal Sectorial en la Región Andina” (Andrea Kramer)

AgUAyAkU, REvISTA No. 7 Quito, febrero del 2007 Actualidad: “El nuevo gobierno y el Sector de agua y saneamiento en el Ecuador” (Editorial). Compartiendo Experiencias: “La segunda fase del Programa de Agua y Saneamiento para Comunidades Rurales de Pequeños Municipios” (PRAGUAS). “Educación Ambiental en base a la filosofía de producción más limpia para una ciudadanía ambiental plena” (ECUACIENCIAS). “La capacitación, un instrumento para la sostenibilidad de los sistemas de agua potable” (OIM). “SOMOS AGUA, un programa educativo exitoso para promover la cultura del agua”(INTERAGUA). “Agua para la Vida, propuesta de capacitación para el sistema regional Jatumpamba”(FEPP). “Experiencias de las JAAPs con voluntad de cambio”(MIDUVI). Ensayos y Debate: “Perú: Los servicios que brinda el Municipio: Agua y Crédito, por qué unos son sostenibles y otros no” (PASMunicipalidad de Sechura)

CIASE, Comité Interinstitucional del Sector de Agua y Saneamiento del Ecuador