Contacto global

Universidad Autónoma de Centro América Facultad de Ciencias Sociales

Contacto

Global

Número 1 • Junio 2013 • ISSN: 2215-3578

Revista Académica de la Escuela de Relaciones Internacionales

Consejo editorial

Asesores académicos

Barboza Marín Annette

Ayala Paola

Grooscors Antillón Gloria

Calderón Moya Allan

Especialista en Comercio Internacional, Banca y Finanzas. Profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales, UACA. IICA. Internacionalista, Máster en Diplomacia. Directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, UACA

Fallas Villegas Kristell

Estudiante avanzada de la Escuela de Relaciones Internacionales, UACA

Quesada Brenes Maikol

Internacionalista y Licenciada en Derecho. Profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales.

Economista, Máster en Análisis Económico y Economía financiera, Máster en Economía con énfasis en Banca y Mercado de Capitales. Profesor de la Escuela de Economía.

Grooscors Julio

Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales, UACA

Periodista, Licenciado en Derecho y Especialista en Teología. Profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales, UACA. Miembro del Consejo Académico de la Escuela de Relaciones Internacionales, UACA.

Rivera Torres Jairo

Padilla Cordero Jorge

Administrador de empresas Egresado de la carrera de Relaciones Internacionales, UACA

Quirós Masís Katherine

Egresado de la carrera de Relaciones Internacionales, UACA

Tenorio Chávez Dahiann Alexandra Internacionalista. Profesora de la escuela de Relaciones Intrenacionales, UACA. Coordinadora de Investigación, ALAS.

Revisora de Estilo Méndez Marín Julissa

Directora de la biblioteca “Luis Demetrio Tinoco”

Diseño y diagramación.

Quesada Brenes Maikol

2 • Contacto Global,1,2013 pp. ISSN: 2215-3578 ,2013 ISSN: 2215-3578

Internacionalista, Licenciado en Administración de Negocios. Consultor de Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales, UACA. Profesor Universitario de la Ulatina de Costa Rica Correo electrónico para enviar artículos académicos y de opinión: revistacontactoglobal@uaca.ac.cr La revista Contacto Global es sin fines de lucro y con ánimos de compartir conocimiento con las y los lectores. Se permite la copia, distribución y comunicación pública siempre que se cite al autor(a) del texto.

Normas para los autores sobre la recepción de artículos

1. Los artículos deben enviarse al Consejo editorial de la revista vía electrónica al correo revistacontactoglobal@uaca.ac.cr.

2. El artículo académico no debe tener menos de 5 ni más de 25 páginas a 1,5 interlineado en tamaño carta, tamaño de la fuente 12, estilo Times New Roman, texto alineado justificado. Los artículos de opinión tendrán un mínimo de 2 y un máximo de 7 paginas. Para artículos de lenguas extranjeras las grafías que sean latinas deben escribirse en grafía latina.

3. Si el artículo incluye gráficos, diagramas, cuadros estadísticos o cualquier otro anexo, pueden ser a color o blanco y negro y deben ser incluidos en las páginas del artículo.

4. El artículo debe tener un resumen de contenido de no más de 200 palabras en el idioma original y otro idioma. Así mismo debe tener de 4 a 6 palabras clave en cada lengua. Se recomienda utilizar un vocabulario controlado (Tesauro).

5. Debe adicionarse una nota en la que aparezca el nombre completo del autor, su afiliación institucional, y una síntesis de su currículo en la que se destaque su preparación académica y experiencia profesional en no más de cinco líneas.

6. La bibliografía debe presentarse según el formato APA (American Psychological Association) sobre presentación de informes científicos en su sexta edición. No es necesario las notas de pie de página, dado que la cita en el desarrollo del texto es entre paréntesis.

1. Guía de elaboración de referencias bibliográficas APA: http://www. uaca.ac.cr/bv/docs/apabrochure.pdf 2.

Guía APA sexta edición: http://www.apastyle.org/manual/index.aspx

• Los artículos enviados para su publicación deben ser inéditos • Enviar foto tamaño y tipo pasaporte en formato digital, para identificar a la autora (or) en la publicación.

Información de Contacto: Revista Académica de Relaciones Internacionales “Contacto Global” ISSN: 2215-3578.

Universidad Autónoma de Centro América San José, Costa Rica Correo: revistacontactoglobal@uaca.ac.cr 2013 ISSN: 2215-3578 Contacto Global,1, pp. ,2013 ISSN: 2215-3578 • 3

Indice 32

08 Condiciones y desafíos para la

Globalización de la paz Óscar Álvarez Araya

20 Derecho del mar en el siglo XXI.

El caso de Costa Rica

Carlos Murillo Zamora

32 El Rol de la Universidad en

América Latina

92

40

Natan Sevilla

40 Seguridad Alimentaria y Agricultura de Pequeña y

Mediana Escala en América

Latina y el Caribe Instituto Interamericano

de Cooperación para la Agricultura

50 Seguridad Humana-

Responsabilidad de proteger:

un dilema utópico pragmático

Sebastían Banco-Andrea Romina Bravo Suárez

66 Tratamiento Internacional

de la Información y la Comunicación

80

Julio Grooscors Caballero

80 La cultura como agente

de integración social

Jaques Sagot

92 Personaje destacado

Thomas Buergenthal

Katherine Quirós Masís

97 Opinión-La Geopolítica de los

Derechos Humanos

Jorge E. Padilla Cordero

97

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20

Editorial Queridos Lectores: Vivimos en un mundo globalizado, donde los temas que nos preocupan están interrelacionados con otros temas y diversos países. De ahí el nombre Contacto Global, un espacio para presentar análisis de los encuentros que tenemos con diversos asuntos en este panorama mundial, de una manera que conduzca a la reflexión y nos comprometa a lograr la coordinación de iniciativas en pro de la mejora de nuestro mundo.

Este proyecto de Revista Digital, nació de un grupo de estudiantes decididos y llenos de esperanza en promover la investigación en la comunidad estudiantil. Desde entonces conformamos el Consejo Editorial, trabajamos arduamente y ahora les presentamos la primera edición, el inicio de este sueño respaldado por la Rectoría de la UACA, la Facultad de Ciencias Sociales, profesores de Relaciones Internacionales y asesores externos de diversas disciplinas, para asegurar la calidad de los artículos escritos.

En esta edición encontraremos el desarrollo de temas tan importantes como “Seguridad Humana”, concepto que toma realce a partir de los años noventa para tratar el tema de la Responsabilidad internacional en cuanto a la Seguridad de los individuos. Otro término relacionado con el desarrollo de los individuos es el término conocido como “Seguridad Alimentaria” que hace referencia a la existencia idónea de alimentos adecuados y accesibles para la población. Ambos conceptos serán analizados en dos artículos y hacen referencia al papel que deben jugar no solo los gobiernos sino otros actores de la sociedad civil con una visión de largo plazo.

Profundizando estos temas, los invitamos a reflexionar si será posible alcanzar el Desarrollo en los países en el marco de la solidaridad y la libertad, y lograr un Desarrollo caracterizado por la justicia, aspectos que se convierten en condiciones para lograr la paz mundial. Esta idea es ampliada de una forma interesante en el artículo llamado “Condiciones para la Globalización de la Paz”.

Ahora que vivimos en un mundo conectado permanente a través de diversos medios nuevos como redes sociales, internet, la información está al alcance de todos. Sin embargo, es importante recalcar que el uso de las tecnologías en los lazos comunicacionales, para que sea óptimo, debe estar correctamente regulado para garantizar el libre acceso de los individuos a estas manifestaciones de comunicación. Analizaremos este tema en la Revista con el artículo “Tratamiento Internacional de la Información y la Comunicación”.

Abordaremos también temas como la Evolución del Derecho del Mar, la experiencia costarricense y los desafíos para la humanidad en el siglo XXI. Para conocer el rol de las Universidades en América latina en un futuro cercano y visualizar la Cultura como agente de integración, ofrecemos, finalmente, otro artículo que debemos leer si queremos ser agentes de cambio y asegurarnos vivir en un mundo mejor y más integrado.

Los invito a formar parte de este contacto con el mundo, a leer, investigar y reflexionar. Su apoyo es invaluable en nuestro esfuerzo por trabajar constructivamente en la mejora del mundo en que vivimos.

Atentamente, MsC.Gloria Grooscors Antillón Directora Carrera Relaciones Internacionales Consejo Editorial UACA

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Palabras del consejo Editorial “Contacto Global empezó como un pequeño pero gran proyecto, como un sueño, un ideal, un apoyo para una ilusión.

Ahora es una realidad, un logro y un gran respaldo para la institución así para los profesionales que UACA forma y educa.”

Barboza Marín Annette

“El significado de la Revista Digital para mi, como Directora de una carrera universitaria, es enfatizar no solo en la transmisión de conocimiento sino en la investigaciòn y divulgaciòn. Es una gran oportunidad para promover en los estudiantes de la UACA la investigación y la emisión de juicios de valor al estudiar diversos temas relacionados con el mundo actual”

Grooscors Antillón Gloria

“Un mecanismo sofisticado que permite la interacción con los lectores mediante la percepción, transformación e interpretación de los estímulos del exterior, cuya evolución ha convertido la sensibilidad en sinónimo de conciencia, capacidad o virtud para trascender fronteras” Quirós Masís Katherine

“Un esfuerzo humano para compartir conocimiento en una sociedad de relaciones transnacionales que cada vez más se unen por conocer más de nuestro mundo hoy. De esta forma nace Contacto Global desde un sueño que construimos con los ojos abiertos, donde las ideas son bienvenidas a ser parte en este proceso de edificación.”

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Tenorio Chávez Dahiann Alexandra ,2013 ISSN: 2215-3578

“Un espacio que le permite a los estudiantes llegar a ser artistas intelectuales, a través del pensamiento creativo que se desarrolla con la investigación; por lo cual, Contacto Global es el sitio en donde se plasmará la evolución de este mundo complejo para alcanzar una mayor comprensión del panorama mundial.”

Fallas Villegas Kristell

“Contacto Global es para mí un desafío, una provocación a la mente por el afán de legitimar en una hoja lo que la imaginación ve cuando cierro los ojos. Superada la prueba esta deja de ser un reto por conquistar y se convierte en una necesidad de continuar.”

Quesada Brenes Maikol

“Una herramienta que dispondrá y habilitará mecanismos que contribuyan a la participación, el compromiso, toma de decisiones y a la interacción ciudadana para obtener una sociedad más inclusiva y sustentable, siendo la educación el pilar fundamental para esta construcción”

Rivera Torres Jairo

Contacto Global,1, pp.

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Alvarez, o. Condiciones y desafíos para la Globalización de la Paz

Condiciones y desafíos para la globalización de la paz Artículo recibido: 26 de febrero, 2013 - Artículo aprobado: 22 de marzo, 2013

Óscar Álvarez Araya Actualmente es el Director Ejecutivo de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, el Presidente de ANFE y miembro del Consejo Académico de Relaciones Internacionales de la UACA. Fue Embajador de Costa Rica en Taiwán. Autor y coautor de decenas de libros. Es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y Ph.D. por la Universidad Internacional de Bircham.

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Alvarez, o. Condiciones y desafíos para la Globalización de la Paz

La paz es valor esencial, suprema aspiración y piedra angular del humanismo cristiano.”

Resumen:

Subsequently the conditions for a

Introducción:

En el artículo

globalization of peace develops

se presentan inicialmente concep-

from the point of view of Christian

tos sobre globalización, paz, cul-

social doctrine and then by referring

El

tura de paz y globalización de la

to some challenges offered by the

ocupa la primacía del discurso

paz. Posteriormente se desarrollan

current global reality for the global-

político, académico y científico en

las condiciones para una global-

ization of peace.

la actualidad. Es común encontrar

concepto

de

globalización

ización de la paz desde el punto

posiciones extremas que tienden a

de vista de la doctrina social cris-

Clave:

sacralizar o satanizar el concepto.

paz, globalización, humanismo cris-

el concepto de globalización nos

realidad mundial actual para la

tiano, derechos humanos, desar-

referimos sobre todo a procesos

globalización de la paz.

rollo, democracia.

económicos, tecnológicos, políti-

Key words: peace, global-

cos y culturales que tienen alcance

ization, Christian humanism, human

nos apoyamos en las Relaciones

rights, development, democracy

Internacionales entendida como

tiana y luego haciendo referencia a algunos desafíos que ofrece la

Summary:

The article

balization,

culture

presents initially concepts of glopeace,

of

peace and globalization of peace.

Palabras

En ésta ponencia cuando utilizamos

global o mundial. Para tal efecto

una disciplina con una perspectiva

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Alvarez, o. Condiciones y desafíos para la Globalización de la Paz

global, ecuménica, cosmopolita de la sociedad internacional. (Del Arenal, 1984, pág. 399) La paz es valor esencial, suprema aspiración y piedra angular del humanismo cristiano. Está presente en los Evangelios: Cristo resucitado saludó a sus discípulos diciendo “La paz sea con vosotros” y en el Sermón de la Montaña proclamó “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios”. S. Mateo, V.9.

Si nos proponemos elaborar una ponencia sobre globalización de la paz, tendremos que hacer referencia a conceptos y procesos económicos, políticos y culturales de alcance global o mundial que tienden a favorecer la paz. En ese marco vamos a revisar cuales serían las condiciones de una globalización de la paz según los textos de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y del Humanismo Cristiano en general. Y luego nos referiremos a las condiciones de dicha globalización de la paz y a algunos desafíos actuales para la paz mundial. Concluimos favoreciendo la humanización de la globalización.

Desarrollo: Para el Papa Juan XXIII la paz en la tierra es una suprema aspiración de la humanidad a través de la historia y debe fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Ese orden pacífico de la humanidad debe partir del reconocimiento de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que por lo tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes que son universales e inviolables. (SS Juan XIII, 1993, pág. 213) Asimismo para que exista una paz verdadera las Relaciones Internacionales deben regirse por la misma ley natural que rige la convivencia entre los ciudadanos. De modo que las naciones son sujetos de derechos y deberes mutuos y, por consiguiente, sus relaciones deben regularse por las normas de la verdad, la justicia, la activa solidaridad y la libertad.

(SS Juan XXIII, 1993, pág. 233) En la misma Encíclica, Juan XXIII menciona a la Organización de las Naciones Unidas como la entidad mundial con el objetivo fundamental de asegurar y consolidar la paz internacional ligándola con la misión de hacer cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos que su Asamblea General ratificó el 10 de diciembre de 1948. Asimismo expresa: ¡Ójala llegue pronto el tiempo en que esta organización pueda garantizar con eficacia los derechos del hombre!, derechos que por brotar inmediatamente de la dignidad de la persona humana son universales, inviolables e inmutables. (SS Juan XXIII, 1993, pág. 233).

En fin que para Juan XXIII la paz en la tierra debe basarse en un orden internacional en el que tanto las personas como las naciones son sujetos de derechos humanos y deberes que son universales e inviolables. La condición de la paz es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero según afirma, no ha llegado el tiempo en el que las Naciones Unidas garanticen tal respeto a esos derechos.

En Pacem in Terris incluso el Papa Juan XXIII llegó a proponer el establecimiento de una Autoridad Pública de Alcance Mundial establecida por acuerdo de las naciones y dedicada a lograr el bien común universal y a proteger los derechos de la persona humana. (SS Juan XXIII, 1993, pág 246 y siguientes) Por otra parte para el Papa Pablo VI una condición para la paz mundial es el desarrollo de los pueblos. Aclarando que el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico y que debe ser integral, es decir promover a todos los hombres y a todo el hombre. En su Encíclica Populorum Progressio se muestra preocupado por los pueblos que son víctimas del hambre, la miseria, las enfermedades endémicas, la ignorancia y las diferencias económicas, sociales y culturales demasiado grandes y afirma que dichas condiciones ponen la paz en peligro. Concluye que el desarrollo es una condición de la paz hasta el punto de que se hizo célebre su afirmación de que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. (SS Pablo VI, 1993, pág. 361)

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Llega a definir el verdadero desarrollo como el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas. (SS Pablo VI, 1993, pág. 337) En fin que si Juan XXIII destacó como condición de la paz el respeto a los derechos humanos, Pablo VI pone de relieve el desarrollo de los pueblos, el desarrollo humano integral como condiciones de la paz mundial. Ambos tuvieron a la dignidad de la persona humana como el centro de sus atenciones.

En la Constitución Gaudium et Spes, producida en el Concilio Vaticano II, se señala que “La paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia” (Is 32,7). Más adelante en el mismo texto se afirma que “la paz es fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que la justicia puede realizar”. (Gaudium et spes, 1965, pág. 473).

Es decir que un sistema de relaciones internacionales caracterizado por la justicia y el amor serían también condiciones para una paz global.

Al celebrarse el Vigésimo Aniversario de la Populorum Progressio, el Papa Juan Pablo II en su Encíclica Sollicitudo Rei Socialis reitera el derecho de los pueblos y las naciones al desarrollo aclarando que implica aspectos económicos y sociales pero también la identidad cultural y la apertura a lo trascendente. Y asimismo establece que el desarrollo debe respetar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos. (SS Juan Pablo II, 1993, pág. 679) Y así también establece que el desarrollo debe realizarse en el marco de la solidaridad y de la libertad, sin sacrificar la una a la otra bajo ningún pretexto.

(SS Juan Pablo II, 1993, pág. 680) En Centesimus Annus, el Papa Juan Pablo II retoma el tema de la paz ligándolo con el desarrollo y afirma que el otro nombre de la paz es el desarrollo. Agregando que los cristianos tenemos la responsabilidad colectiva de evitar la guerra y de promover el desarrollo. Así como de construir una economía social que oriente el funcionamiento del mercado hacia el bien común. (SS Juan Pablo II, 1993, pág. 811) Asimismo nos recuerda una alocución del Papa Pío XII en 1944 destacando el sistema democrático como adecuado para promover cambios de gobernantes de manera pacífica con las siguientes palabras: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantizar a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica”. (SS Juan Pablo II, 1993, pág. 802) Resumiendo entonces, desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, son factores condicionantes prioritarios de una paz global, el respeto al derecho natural y a los derechos humanos, civiles y políticos, económicos y sociales, entendidos en su universalidad, el desarrollo humano entendido en su integralidad y basado tanto en la solidaridad como en la libertad, la prevalencia de los sistemas democráticos participativos, la existencia en los países de una economía social de mercado al servicio de la persona y la consolidación de sistemas nacionales y de relaciones internacionales basados en los valores de la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz.

Por otra parte desde la perspectiva de la democracia cristiana internacional y del llamado nuevo centro humanista y reformista, es un factor esencial para la globalización de la paz la centralidad de la persona y la edificación de un mundo personalista.

Las personas deben ser el centro y el fin de la sociedad internacional. El mundo no debe estar al servicio de los estados, de las empresas, de los mercados o de las organizaciones internacionales sino al servicio de las personas.

Tal y como se subraya en los documentos de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA): “La persona humana es el eje del proyecto político que proponemos. Este proyecto parte de la convicción en la dignidad de la

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persona y en el respeto por los derechos que emanan de la naturaleza humana; por ello en la perspectiva filosófica es claramente personalista”. (ODCA/KAS, 2001, pág.69)

Construcción y consolidación de una cultura mundial de paz.

Entendemos por cultura de paz un conjunto de creencias, valores, actitudes, instituciones y normas de acción que tienden a favorecer, justificar, fortalecer y legitimar la paz.

Entre los valores propios de una cultura de paz podemos destacar el respeto a la vida, a los seres humanos, a las familias y a la naturaleza, la tolerancia, la no violencia, la libertad, la justicia, la solidaridad, la equidad y la democracia.

En cuanto a las actitudes propias de una cultura de paz podemos incluir: la actitud pluralista, la confianza en el otro, la actitud abierta al diálogo, a la construcción de acuerdos y consensos, la actitud abierta a la negociación, la actitud vivencialmente democrática, no autoritaria, no violenta, participativa y concertadora.

En un contexto mundial de “modernidad líquida”, según el concepto de Zygmunt Bauman, en el que se dejan de lado los valores, los principios y la misma ética, cabe retomar la lucha por los valores, actitudes y principio de la cultura de paz.

Hay que trabajar en la promoción de un nuevo liderazgo de cultura de paz, caracterizado por un pensamiento, unos valores, unas actitudes y sobre todo unas acciones de cultura de paz. En ese sentido no basta un discurso pro paz, sino que es más trascendental un accionar pro paz.

Podemos decir entonces que un factor coadyuvante de la globalización de la paz es la construcción, el avance y el fortalecimiento de una cultura mundial de paz.

Hay muchos caminos para avanzar hacia esa cultura global de paz. Uno de ellos es la realización de cursos de cultura de paz a nivel de familias, comunidades, escuelas, colegios y universidades. Otro es promover los valores y actitudes de dicha cultura en las redes sociales, la televisión, la radio y la prensa. También fortalecer las instituciones y entidades internacionales gubernamentales y no gubernamentales que favorecen la cultura de paz. Otro es favorecer la reforma y perfeccionamiento de las mismas Naciones Unidas para que sea un testimonio más claro de cultura de paz. En ese sentido la necesaria reforma de las Naciones Unidas debe convertirla en una entidad global a la vez más democrática pero también más claramente garante del respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Asimismo una vía para avanzar la cultura de paz es el trabajo para la solución pacífica de los conflictos internacionales por medio de las técnicas de la negociación, mediación y otros caminos alternativos, sin olvidar por supuesto las vías del derecho internacional y el papel de entidades como la Corte Internacional de Justicia.

Otra vía para avanzar en la construcción de cultura de paz es la promoción del diálogo interreligioso como medio para resaltar las coincidencias, las afinidades entre las diferentes religiones en vez de insistir en las diferencias y hasta promover los conflictos entre las mismas. Las religiones deben ser parte de las soluciones en vez de parte del problema, favorecer el encuentro y la paz en vez del conflicto y la guerra. Deben también trabajar conjuntamente en una perspectiva de diálogo y cooperación para construir un mundo más humano, democrático y sobre todo más pacífico.

La tendencia hacia el diálogo interreligioso es notoria en varias religiones y ha estado presente en la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II y desde la publicación de la Encíclica Pacem in Terris en 1962.

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Varios autores que se han ocupado de la vida internacional destacan el hecho religioso como parte de las Relaciones Internacionales. (Mesa, 1980, pág. 203).

En el pasado e incluso en el presente, las religiones han sido y son elemento de división entre los seres humanos. Con frecuencia esas divisiones llegan hasta el nivel de conflicto e incluso de guerra. Pero más recientemente han surgido tendencias en diversas religiones que buscan un nuevo rol para las mismas de modo que sean factores de diálogo, concordia, concertación y paz.

Hans Kung ha dicho que “No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones y no habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones”. De ahí la importancia del diálogo interreligioso como parte de la cultura de paz y de las vías para construir y consolidar la paz en el ámbito de las relaciones internacionales.

Por otra parte es un hecho que las religiones contienen en sus textos fundacionales e inspiradores una serie de valores y principios de los cuales se pueden extraer enseñanzas éticas. Como dijo Mahatma Gandhi: “El conocimiento profundo de las religiones permite derribar las barreras que las separan”. (Martínez, 2005, pág. 207). Por medio del diálogo interreligioso se pueden establecer puentes y puertas que permiten buscar los puntos de coincidencias y convergencias entre las éticas contenidas en las diferentes tradiciones espirituales y religiosas de modo que de allí pueda surgir una ética global. Claro ejemplo de ello es la Declaración de una Ética Mundial que proclamó el Parlamento de las Religiones del Mundo realizada en Chicago en setiembre de 1993.

En esa Declaración se establece el principio de humanidad según el cual: “Todo ser humano-varón o mujer-israelí o palestino, americano o africano, ruso, checheno, soldado o prisionero de guerra-ha de ser tratado humanamente, esto es, con humanidad y no de un modo inhumano o bestial”. Asimismo en dicho texto se intenta construir una Ética Mundial o global sobre la base de cuatro ámbitos centrales de convivencia humana, a saber: 1.

El compromiso a favor de una cultura de no violencia y de respeto a toda forma de vida.

2.

El compromiso a favor de una cultura de la solidaridad y la justicia.

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Alvarez, o. Condiciones y desafíos para la Globalización de la Paz

3.

El compromiso a favor de una cultura de la tolerancia y de un estilo de vida honrada.

4.

El compromiso a favor de una cultura de la igualdad y el compañerismo entre hombre y mujer.

Por otra parte en la Declaración de destaca el mensaje que está contenido en todas las grandes tradiciones espirituales: “Respetaos y amaos unos a los otros” Y asimismo se nos recuerda la Regla de Oro de la ética mundial, que se encuentra en Confucio, en los rabinos, en la tradición musulmana y en el Sermón de la Montaña: “Lo que no quieres que te hagan a ti, tampoco se lo hagas a otros”.

En fin que por el camino del Diálogo Interreligioso y la Cultura de Paz se puede favorecer el entendimiento, la cooperación y la paz entre las religiones y las naciones. Asimismo se pueden encontrar los puntos de convergencia, los valores y principios comunes para la construcción de una Ética Mundial, Global, que contribuya a la edificación de una sociedad internacional caracterizada por la libertad, la justicia, la solidaridad, la no violencia, el respeto a la vida y el amor fraternal entre todos los seres humanos. Este es el camino que nos señala Hans Kung cuando escribió las siguientes palabras: “No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. No habrá diálogo entre las religiones sin estándares éticos globales. No habrá supervivencia en paz y justicia en nuestro mundo global sin un nuevo paradigma de las relaciones internacionales, fundado en estándares éticos globales”. (Khun, 2003, pág. 52) Otra vía para edificar cultura de paz es la promoción de políticas exteriores que favorecen los valores, las acciones y los programas de paz. Sin dejar de lado los legítimos intereses de los países hay que promover desde la política exterior los valores y principios de una cultura de paz, que incluye por supuesto la promoción de los derechos humanos en su universalidad e integralidad, la promoción de la democracia, la seguridad, la paz, el derecho internacional, el desarrollo humano integral y la protección ambiental.

Como escribió Dante Vetón: “Si quieres la paz, prepara la paz, proclama la paz, trabaja por la paz, construye un entorno de paz”. (Martínez, 2005, pg. 183) Una paz entendida como fruto de la justicia, de la libertad, de la solidaridad, del desarrollo humano integral y del respeto integral y universal de los derechos humanos y del derecho internacional.

Esa paz se construye desde los gobiernos con políticas públicas, tanto interiores como exteriores, pero se construye también promoviendo un marco mundial de cultura de paz desde los partidos políticos, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, desde la academia y desde las instituciones internacionales.

En el caso de los humanistas cristianos es posible y deseable que trabajen por la cultura de la paz y por la paz global en las organizaciones internacionales tales como la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), el Partido Popular Europeo, la Organización de Centro de África y Asia y la Internacional Demócrata de Centro (IDC), entre otras.

Otros factores coadyuvantes para la globalización de la paz son los siguientes: En un mundo que independientemente de nuestras opiniones ya es globalizado, internacionalizado e interdependiente, los países no pueden avanzar solos y aislados hacia el desarrollo. La globalización tiene aspectos negativos, positivos y neutros. Es portadora de avances y desafíos. Hay que fortalecer los aspectos positivos y contrarrestar los aspectos negativos de la globalización.

En ese contexto los países necesitan recurrir a diversos modos de integración económica, política, tecnológica y cul-

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Alvarez, o. Condiciones y desafíos para la Globalización de la Paz

tural.

Hay que favorecer las tendencias de las naciones a integrarse, especialmente en el ámbito económico. Los procesos de integración acercan a los pueblos y naciones favoreciendo el desarrollo complementario y conjunto. Es inevitable y hasta necesaria la negociación de acuerdos internacionales de asociación y Tratados de Libre Comercio.

Esa tendencia hacia la integración ha demostrado ser un medio para favorecer la comunicación entre pueblos y gobiernos, asegurar la paz, potenciar el desarrollo, fortalecer las democracias, favorecer el intercambio de bienes y servicios, la atracción de inversiones, el crecimiento económico, las oportunidades de empleo y la reducción de la pobreza.

Asimismo la integración económica, política y cultural en Europa ha sido un caso de éxito para evitar las guerras entre naciones e incluso las guerras mundiales. En ese sentido celebramos que éste año se le haya otorgado el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea por su contribución a la paz, la democracia, los derechos humanos y por sus logros en materia de integración. Hay que recordar que fueron líderes humanistas de centro como Konrad Adenauer, Roberto Schuman, Alcides de Gasperi y Helmut Kohl, los arquitectos y creadores de la Unión Europea.

También es relevante y coadyuvante para la globalización de la paz el papel de los organismos y foros internacionales globales, continentales y regionales, pues con todas sus limitaciones contribuyen a un ambiente internacional de diálogo, intercambio de experiencias y cooperación internacional.

Se hace necesario por cierto un trabajo de evaluación del papel de organismos internacionales como la ONU, hemisféricos como la OEA y regionales como el SICA para determinar el cauce de eventuales reformas que pudieran fortalecer su papel coadyuvante en la globalización de la paz.

La sociedad internacional debe invertir más recursos y esfuerzos en la diplomacia de la paz, entendida como un medio para la prevención y solución pacífica de los conflictos internos e internacionales, bilaterales o multilaterales.

En esa diplomacia de la paz son esenciales los caminos alternativos de la resolución de conflictos, las técnicas de construcción de acuerdos y de consensos, la creación de zonas de paz, la ejecución de medidas de confianza mutua, los procesos de desarme negociado, gradual y equilibrado y los programas de cooperación internacional.

Ya el filósofo alemán Immanuel Kant en su obra “Sobre la paz perpetua” había escrito que el orden cosmopolita debe concebirse como un orden de paz en el que repúblicas libres conviven por medio de instituciones internacionales de cooperación. (Kant, 2012, pág. 63 y siguientes).

Desde la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría se produjo una declinación de los montos de la cooperación internacional para el desarrollo y una redefinición de las zonas prioritarias. Los acontecimientos del 11 de Setiembre y de la Primavera Árabe vinieron a consolidar esas tendencias. Hoy las prioridades de la cooperación internacional están en el Medio Oriente, en Asia, en la Europa Centro Oriental o en el Norte de África, pero en todos los casos muy lejos de la América Latina. De todos modos los programas de cooperación internacional pueden contribuir a la definición de un mundo más caracterizado por la paz global. Como se dijo en Gaudium et spes: “La actual unión del género humano exige que se establezca también una mayor cooperación internacional en el orden económico”. (Gaudium et spes, 1965, pág. 480) Como parte de la diplomacia de paz se debe promover un concepto y unos programas de seguridad humana, democrática e integral para promover la seguridad de las personas ante las amenazas del terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, las epidemias, las calamidades naturales y la degradación del ambiente. Entre las calamidades naturales aparecen en la primera línea de riesgo los terremotos, los tsunamis y los huracanes.

Asimismo como ciudadanos y ciudadanas del Planeta Tierra los humanistas cristianos y todas las personas de buena voluntad están llamados a trabajar por un Nuevo Orden Ecológico Internacional mediante la globalización de la

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Economía Ecológica y Social de Mercado, dando lugar a un orden comercial más libre y también más justo.

Agenda pendiente y desafíos para la globalización de la paz.

Existe una vasta agenda de temas pendientes y desafíos para la globalización de la paz. Para dar una idea del complejo panorama mencionamos algunos de ellos: 1.

La crisis financiera global del 2007, 2008 que se extendió hasta el 2011 y después de una leve recuperación

vuelve a manifestarse en el 2012 y en el 2013. Es la crisis más severa desde la depresión de 1929 del siglo pasado. Ha sido llamada la crisis de los países desarrollados y se ha traducido en recesión, altas tasas de desempleo y aumento de la pobreza. En Europa los peores escenarios se han visto en Grecia, España y Portugal, pero luego ha contagiado a Italia, a Francia, al Reino Unido y finalmente incluso a Alemania, que sin embargo sigue siendo el primer poder económico de Europa.

La crisis ha terminado por afectar también a los países menos desarrollados y emergentes.

La América Latina se ha defendido bastante bien de dicha crisis pero ya el 2012 ha sido un año de crecimiento a tres velocidades y clara desaceleración en Brasil y Argentina. Es muy difícil trabajar por el desarrollo humano integral y por el respeto a los derechos humanos, especialmente los económicos y sociales en un contexto global tan adverso. Urge tomar medidas a nivel de los gobiernos y también a nivel multilateral para estimular la recuperación económica global y reducir las altas tasas de desempleo y pobreza.

2.

El armamentismo, tanto nuclear como de armas convencionales, sigue siendo una materia pendiente en la

construcción de la paz internacional. Es un desafío a la globalización de la paz.

3.

La industria armamentista y la carrera de armamentos, siguen caracterizando al sistema internacional, incluida

la América Latina.

4.

El terrorismo, sigue presente en sus diversas manifestaciones.

5.

El narcotráfico y el crimen organizado, siguen generando diferentes formas de violencia y de inseguridad ciu-

dadana.

6.

Las secuelas del cambio climático sobre las poblaciones más desprotegidas.

7.

La existencia de gobiernos elegidos en procesos aparentemente democráticos y que se vuelven claramente

autoritarios en el ejercicio del poder. Adversarios de la libertad de expresión, del derecho de asociación y de las organizaciones de la sociedad civil.

En ese sentido los autoritarios de nuestros tiempos han avanzado mucho en sus grados de sofisticación y hoy día disfrazan sus sistemas de dominación por medio de estados con fachada de derecho, con aparente división de poderes, con aparente independencia del Poder Judicial y con sistemas electorales formalmente correctos pero plagados de fórmulas populistas y trucos para distorsionar la soberanía popular.

8.

La supervivencia de regímenes totalitarios en Corea del Norte y Cuba y autoritarios en Rusia, Bielorrusia, China,

Irán y Siria, entre otros, todos grandes violadores de los derechos humanos, incluidos los más elementales como la libertad de expresión, la libertad de tránsito y la libertad religiosa.

9.

La violencia y el uso de armas en las escuelas sigue siendo un tema que merece atención, programas de pre-

vención y soluciones.

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10.

La violencia doméstica es un tema central en el camino de construir familias no violentas que sean la primera

escuela de una cultura de paz.

Durante 2012 hubo algunos logros en la búsqueda de la paz mundial: Así por ejemplo, gracias a la gran presión internacional se evitó una nueva guerra en Gaza y se logró un acuerdo de paz en Mindanao, la isla al sur de Filipinas. Asimismo la relación entre Estados Unidos y China, las dos primeras potencias del sistema internacional, aunque complicada se ha mantenido dentro de canales pacíficos. Debido en parte a la interdependencia de sus economías. También las relaciones entre los gobiernos de Pekín y Taipei en el estrecho de Taiwán han estado caracterizadas por la cordialidad, las relaciones comerciales, las inversiones, el turismo y otros intercambios económicos. Se ha mantenido una tregua diplomática de facto en un ambiente de distención y de paz. La victoria de Barak Obama en las elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos y el inicio de su segundo mandato en enero favorecen la hipótesis de un tono general de paz, o por lo menos de menos nuevas guerras durante los próximos cuatro años.

Pero hay una serie de conflictos, tanto internos como internacionales, que siguen presentes en la agenda mundial.

1.

La guerra en Afganistán, que continúa.

2.

La insurgencia en Irak, que está emergiendo.

3.

El conflicto entre Israel y Palestina, que sigue vivo.

4.

Las tensiones entre Israel e Irán, que pueden desembocar en un enfrentamiento militar.

5.

Las tensiones de los Estados Unidos y la Unión Europea con los gobiernos de Irán y Corea del Norte para dis-

uadirles de seguir adelante con sus programas de armamento nuclear.

6.

La guerra civil en Siria que se ha traducido en un conflicto de Siria con Turquía.

7.

El conflicto de Cachemira entre dos potencias nucleares, la India y Pakistán, que está controlado pero puede

regresar.

8.

El conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, verdadera secuela de la Guerra Fría.

9.

Los conflictos limítrofes en el Este Asiático entre la República Popular China y sus vecinos de Japón, Taiwán,

Filipinas y Viet- Nam. 10.

La cuestión del pueblo tibetano que sigue siendo un tema típico de violación a derechos humanos y lib-

ertades elementales pero que se tapa y se ignora para mantener buenas relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de China.

11.

La cuestión del pueblo de Chechenia.

12.

El conflicto interno y el autoritarismo en Birmania.

13.

El conflicto de las Malvinas entre el Reino Unido y Argentina.

14.

El conflicto armado entre las FARC y el gobierno de Colombia que sobrevive a pesar de las negociaciones en

Oslo y La Habana.

15.

El conflicto interno del Ejército Zapatista de Liberación y otros grupos guerrilleros que ha vuelto precisamente

en el momento del regreso del PRI al gobierno.

16.

El conflicto por la isla Calero entre Costa Rica y Nicaragua que se ventila en la Corte Internacional de Justicia.

17.

La Primavera Árabe con los cambios en Túnez, Egipto y Libia y las tensiones pos revolucionarias.

18.

El conflicto entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, y en general en el África occidental, central y oriental.

19.

La supervivencia de organizaciones terroristas como Al Qaeda, Hamás y Hezbolá.

20.

Las tensiones económicas y diplomáticas entre los Estados Unidos y China.

Tales conflictos y situaciones, entre muchas otras, vuelven a recordarnos que la paz mundial está muy lejos de ser alcanzada.

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Alvarez, o. Condiciones y desafíos para la Globalización de la Paz

Conclusiones: Las condiciones prioritarias para la globalización de la paz son en resumen las siguientes: 1.

Un sistema de relaciones internacionales regido por la ley natural de modo que las personas y las naciones

son sujetos de derechos y deberes mutuos, universales e inviolables y en el que se respetan los derechos humanos y libertades fundamentales.

2.

Un sistema internacional en el que las relaciones se rigen por las normas de la verdad, la justicia, el amor, la

activa solidaridad y la libertad.

3.

Un sistema internacional caracterizado por el desarrollo humano integral de las naciones y de los pueblos.

Desarrollo gestado en un marco de solidaridad y libertad.

4.

Sistemas de economía social de mercado, basados en la libertad, la justicia y la solidaridad y orientados al bien

común.

5.

Sistemas democráticos que aseguran la participación ciudadana y posibilitan la elección y cambio de los

gobernantes por la vía pacífica.

6.

Las personas, y no el estado ni el mercado ni las empresas, deben ser el centro y el fin de la sociedad nacional

e internacional. Tal y como se señala en el documento fundacional del Nuevo Centro Humanista y Reformista: “ Y en el centro del Centro ha de encontrarse la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política”. (Nuevo Centro Humanista y Reformista, ODCA/KAS, Chile, 2001) Otros factores coadyuvantes para la globalización de la paz son los siguientes: 1.

Sistemas y procesos de integración regional entre naciones.

2.

Organismos y foros internacionales que son espacios de diálogo, comunicación, negociación y solución pací-

fica de las disputas

o conflictos.

3.

Programas de Cooperación Internacional que favorecen la amistad y las buenas relaciones entre naciones.

4.

Fortalecimiento de una cultura mundial de paz.

5.

Diálogo Interreligioso.

6.

Construcción de una Ética Mundial.

7.

Inversión en una diplomacia de paz y en políticas exteriores que favorecen la paz, los derechos humanos, la

democracia, la seguridad y el desarrollo humano integral y sostenible.

8.

Nuevo Orden Ecológico Internacional basado en una Economía Ecológica y Social de Mercado al servicio de

la persona.

9.

Reforma de la Organización de las Naciones Unidas para hacerla a la vez más democrática y más claramente

garante del respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 Esa es la vía también para humanizar la globalización. El rasgo más general del sistema internacional actual es la globalización y la propuesta más amplia del humanismo cristiano para perfeccionar dicho sistema internacional es la humanización de la globalización.

Trabajando por la agenda de condiciones para la globalización de la paz los humanistas cristianos trabajarán simultáneamente para humanizar la globalización. Esa es la vía posmoderna para avanzar hacia una sociedad internacional orientada hacia la centralidad de la persona humana y al servicio del bien común universal.

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murillo, c: Derecho del mar en el s. xxi. el caso de costa rica

Por supuesto, falta mucho por hacer en esta materia en el país y los desafíos que ofrece el mar a inicios del siglo XXI son grandes.”

Carlos Murillo Zamora.

Costarricense. Doctor en Gobierno y Políticas (Universidad de Costa Rica) y Maestría en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Costa Rica). Profesor e investigador. Entre sus publicaciones más recientes están autor de «Política exterior, hegemonía y Estados pequeños. El caso de los países centroamericanos y bálticos» (2012, Editorial Universitaria, Universidad de Guadalajara) y editor de «Hacia un nuevo siglo en Relaciones Internacionales» (2011, Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Costa Rica).

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Derecho del mar en el Siglo XXI. El caso de Costa Rica Articulo recibido: 26 de Enero, 2013- Articulo aprobado: 15 de marzo, 2013

Resumen El mar ha constituido un espacio de interacción política, económica, social, jurídica y cultural a lo largo de la historia de la humanidad, pasando por distintas etapas en las que se le consideró una fuente inagotable de recursos naturales, un espacio bajo dominio de las grandes potencias y uno de libre uso. Desde la Antigüedad se ha tratado de regular las actividades en los mares y océanos y las organizaciones políticas territoriales han ejercido cada vez más dominio sobre las aguas adyacentes a sus costas. Esto permite encontrar las primeras normas de derecho del mar siglos atrás; sin embargo, fue hasta que se adoptó la CONVEMAR que existe una auténtica constitución para los mares. Mientras que Costa Rica, a pesar de sus grandes riquezas marinas, ha vivido de espaldas al mar, aunque en algunos momentos de su historia ha hecho aportes significativos al desarrollo de esa normativa. Por supuesto, falta mucho por hacer en esta materia en el país y los desafíos que ofrece el mar a inicios del siglo XXI son grandes.

Abstract The sea has been an area of political, economic, social, legal and cultural interaction throughout the history of mankind. During various periods it was considered an inexhaustible source of natural resources, or an area under the control of great powers and free use. Since antiquity attempts at regulating maritime activities have been made and territorial political organizations have exerted increasing control over the waters adjacent to their coasts. These activities from centuries ago aid in finding the first laws of the seas, but it was until UNCLOS was adopted that there is a genuine constitution for the seas. Meanwhile, Costa Rica, despite its great maritime wealth and significant albeit episodic contributions to the development of maritime legislation, has mainly lived with its back to the sea. Of course, much remains to be done in Costa Rica in regards to the sea, and the challenges offered by the sea at the beginning of the 21st century are great.

Carlos Murillo Zamora

Palabras clave: Derecho del mar.Costa Rica.Convemar. Espacios Contacto Global,1, pp. 20-31 ,2013 ISSN: 2215-3578 • 21

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marítimos.

Key words:

Law of the Sea.Costa Rica.UNCLOS.Maritime spaces.

Introducción A lo largo de la historia el mar ha constituido un reto y un desafío para los pueblos, pues desempeña distintas funciones, al mismo tiempo que una fuente de recursos –que en su momento se consideró inagotable–, por lo cual ha sido objeto de disputas y de regulaciones. Durante muchos siglos fue un obstáculo para la comunicación, pero conforme el ser humano desarrolló los medios de transporte llegó a ser escenario de grandes batallas navales y espacio para experimentos científicos de distinta naturaleza. Pero también ha sido referente de grandes obras literarias en sus distintos géneros. Sin embargo, las cosmovisiones y percepciones construidas por las colectividades varía si estas son pueblos ribereños con una orientación hacia el mar, o por el contrario le dan la espalda y viven con una visión aldeana y enclavada en los sistemas montañosos. Aunque conforme ha ido evolucionando el derecho del mar –hay que distinguirlo del derecho marítimo, porque aquel regula la relación entre comunidades, sean Estados u otro tipo de organización político-administrativa, y los espacios marinos y marítimos en prácticamente todos sus usos, y este se refiere a la parte de la navegación y las embarcaciones– todos los Estados, ribereños o no, han mostrado un creciente interés por los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, libres o patrimonio común de la humanidad.

Ello hizo que la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CONVEMAR) suscrita el 10 de diciembre de 1982, tras una de las más prolongadas conferencias internacionales que registre la historia diplomática, y en vigor desde el 16 de noviembre de 1994, se haya convertido no solo en una auténtica «constitución para los mares y océanos», sino en uno de los textos internacionales con mayor respaldo en términos de sus miembros (con excepción, por supuesto de la Carta de Naciones Unidas). Al 7 de noviembre de 2012 un total de 164 Estados son parte de dicha convención, por haberla ratificado; siendo sus miembros más recientes Ecuador y Suazilandia (para ambos entró en vigor el 24 de setiembre pasado).

A manera de precisión conceptual en materia de regulaciones marítimas, debo señalar que cuando se trata de tiempos de paz se hace mención al «derecho del mar» o «derecho internacional del mar» (en este artículo uso la primera concepción) para referirse al conjunto de principios, normas y regulaciones aplicables a los distintos espacios marítimos; mientras que en tiempos de guerra se observan las disposiciones contenidas en el «derecho de guerra naval», que no es contemplado por el primero (Vukas, 2004, p. 3). V. Ibler define el derecho del mar como «…la parte del derecho internacional que contiene las normas sobre la delimitación de las áreas marinas, su uso y el régimen legal aplicable a cada una de ellas, también como las normas sobre los derechos y deberes de los Estados respecto a los usos del mar» (citado Vukas, 2004, p. 4). De igual forma es necesario señalar que el «derecho marítimo», si bien es una rama del derecho internacional no forma parte del derecho del mar, y se refiere a regulaciones en materia de buques, navegación y ciertas disposiciones portuarias (Vukas, 2004, p. 7) Con ese trasfondo en este artículo hago una breve referencia a la evolución del derecho del mar; luego procedo a identificar los principales espacios marítimos y su naturaleza. En un tercer apartado resumo la posición de Costa Rica sobre los mares. Y concluyo con algunas consideraciones sobre el futuro del derecho del mar en la presente centuria.

Por ende se trata de una pincelada sobre un tema que ha sido objeto de análisis por miles de textos en prácticamente todos los idiomas. En el caso del país la fuente que utilizo es mi libro «Costa Rica y el Derecho del Mar» (1990; San José, EUNED), aunque debo reconocer que se trata de un texto desactualizado, pues desde su publicación la normativa y práctica costarricense sobre el mar ha mostrado avances importantes.

La intención es motivar al lector o lectora, sobre todo a quienes incursionan en temas internacionales, a profundizar sobre la materia a partir de las referencias bibliográficas que cito. No se trata de resumir los argumentos de esos libros, sino de ofrecer una serie de fuentes a consultar.

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Derecho del Mar: su evolución La evolución del derecho del mar puede agruparse en tres grandes etapas: i) desde la Antigüedad hasta mediados del siglo XX; algunos ubican ese punto de giro en el periodo entre Guerras, años 1930 (Meseguer, 1999, p. 17), y otros (Murillo, 1990, 5ss) en la década de 1950 con la I Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Ginebra); ii) de finales de la II Guerra Mundial hasta la adopción de la CONVEMAR (1982); y iii) a partir de la implementación de la convención. La segunda fase estuvo dominada por intensos trabajos de codificación, respaldadas por los trabajos en la ONU y la III Conferencia del Mar; trabajos que no tienen parangón en el derecho internacional público.

Los primeros registros de regulaciones marítimas aparecen en el Código Teodosiano (438) y los códigos de Hammurabi (2000 a.c.) y de Manú (600 a.c.), y particularmente la Lex Rhodia o «Ley Marítima de Rodas» (800 a.c.), considerada como el más antiguo ancestro del derecho del mar. A ello seguieron las normas romanas sobre navegación en los dos códigos de Justiniano (529 y 534) que formó parte del Corpus Iuris Civilis del Imperio Romano. Un poco más tarde se unen los grandes aportes del periodo medieval europeo, entre los cuales destacan los Roles de Olerón (1160, que constituyen las primeras leyes marítimas de lo que considera Europa Occidental); la jurisprudencia derivada del Consulado del Mar, una institución jurídico-mercantil medieval especie de tribunal arbitral que operó en varias ciudades europeas en los siglos XI a XVII, fue registrada en el «Libro del Consulado del Mar»; y la normativa codificada en el Libro II de la Recopilación de Leyes del Reino de Indias («De las leyes, provisiones, cédulas y ordenanzas reales) (siglo XVII). C. Murillo (1999, p. 9) agrega que «…en el siglo XVI se acepta la tesis de una zona marítima adyacente a las costas controlada por el Estado ribereño y el siglo XIX se presenta como una época de transición entre un derecho marítimo tradicional y un derecho marítimo fundamentado en razones económicas…».

A esa evolución contribuyó no solo el desarrollo de los medios de transporte, sino los descubrimientos geográficos que permitieron definir instituciones como la soberanía, la cual condujo a importantes trabajos de juristas para justificar la proyección marítima de los grandes imperios de la Edad Moderna. Así aparecen distintos argumentos como el ius communicationis de Francisco de Vitoria y Fernando Vázquez de Menchaca, el mare liberum de Hugo Grocio y el mare clausum de John Selden (cfr. Meseguer, 1999, p. 19; y Murillo, 1990, pp. 10-12). La «batalla libresca» entre Grocio y Selden, célebre en los debates sobre el mar, se resolvió en 1702 con la obra De dominio maris dissertatio de Cornelio van Bynkershoek, quien plantea que los Estados ribereños tienen derecho a las aguas adyacentes a las costas, según sea su capacidad de controlar lo que ocurre en ellas gracias al alcance de su armamento, quedando del resto del mar libre. Esto lo resume J. L. Meseguer (1999, p. 20) en los siguientes términos Sobre la práctica internacional desarrollada durante los siglos XVI y XVII, en el siglo XVIII el Derecho Internacional del Mar se organiza como derecho de superficie, sobre dos pilares fundamentales: el principio político de la libertad de los mares y la soberanía del Estado ribereño. De la conjunción de ambos principios se derivan las normas que regulan los derechos y deberes de los neutrales en la guerra marítima; es decir, las normas que constituyen, con el ius communicationis, el núcleo inicial del Derecho Internacional Público del Mar. Con pequeños ajustes en cuando al dominio que ejercen los Estados ribereños sobre el mar, esos principios son los que rigen actualmente los mares y océanos, a lo cual me refiero en un apartado posterior.

El siglo XX inicia con un intento de codificación general sobre el mar (la idea surgió primero en el Comité Marítimo Internacional, Amberes, 1897; y en la I Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional, 1899), que se construye a través de iniciativas como la XIII Conferencia de La Haya (1907), la Declaración Naval de Londres sobre bloqueo marítimo y apresamiento de buques (1909) y la Convención Marítima de La Habana (1928), entre otras (Murillo, 1990, p.

33). Sin embargo, la verdadera revolución del derecho del mar tiene lugar tras el fin de la II Guerra Mundial, liderada por las instancias de la ONU vinculadas al derecho internacional, que condujo, en palabras de C. Murillo (1990, p. 50) a «…revisar los conceptos heredados del renacimiento europeo elaborados por los grandes juristas de la época, Vitoria, Grocio, Selden y otros…».

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En ese contexto se realizaron dos conferencias especializadas, convocadas por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas: i) I Conferencia de Ginebra, 24 de febrero al 27 de abril de 1958, que suscribió las convenciones sobre: mar territorial y zona contigua; alta mar; plataforma continental; y pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar; y ii) II Conferencia de Ginebra, 17 de marzo al 26 de abril.

Los avances alcanzados en ambos encuentros no lograron implementarse, y el tema de la anchura del mar territorial (el principal punto de discordia) continuaba pendiente. Por ello a lo largo de la década de 1960, y particularmente gracias a los esfuerzos del embajador de Malta, Arvid Pardo, algunas comisiones especializadas realizan trabajos de codificación. Esas iniciativas se plasman en 1968 en el establecimiento de la Comisión sobre la utilización con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos (conocida como la Comisión de los fondos marinos), la cual conducirá a la convocatoria de la III Conferencia del Mar. Así inicia al auténtico derecho del mar moderno.

La Convención de Derecho del Mar La III Conferencia comenzó sus trabajos en Nueva York del 3 al 15 de diciembre de 1973, y aunque inicialmente se estimó que gracias al denominado «texto único con fines de negociación» se lograría adoptar un pronto acuerdo que, al menos, contendría normas sobre los siguientes aspectos: i) zona internacional de los fondos marinos; ii) Autoridad Internacional de los Fondos Marinos; iii) mar territorial; iv) zona económica exclusiva (conocida en América Latina como «mar patrimonial»); v) plataforma continental; vi) altamar; vii) situación de Estados sin litoral; viii) Estados formados por archipiélagos; ix) protección y preservación del medio marino; x) investigación científica en los mares; y xi) arreglo de controversias.

Sin embargo, la complejidad de los temas abordados y los intereses en juego provocaron que se celebraran 11 periodos de sesiones, culminando en setiembre de 1982, en Nueva York, con la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta fue firmada en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de ese año, luego de ser aprobada por 130 votos a favor, cuatro en contra (Estados Unidos, Israel, Venezuela y Turquía) y 17 abstenciones.

Los espacios marítimos La CONVEMAR, que fue calificada por Tommy Koh, embajador de Singapur y presidente de presidente del último periodo de sesiones de la conferencia, como de «una constitución para los océanos», es un texto con 17 partes, 320 artículos y nueve anexos. En ese cuerpo normativo no solo se define la naturaleza y características de los espacios marítimos, sino que se establecen tres instancias internacionales: i) la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Montego Bay, Jamaica; ii) el Tribunal Internacional del Mar, con asiento en Hamburgo, Alemania; y iii) la Comisión sobre Límites de la Plataforma Continental, que opera en la sede la ONU en Nueva York. Pero además, se regulan las actividades que Estados, empresas e individuos pueden realizar en esos diferentes espacios marítimos, incluidos aspectos de navegación.

Cabe señalar que aunque la CONVEMAR establece una instancia judicial para resolver conflictos, reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia, los tribunales arbitrales que los Estados establezcan (anexo VII) y tribunales arbitrales especiales (anexo VIII); aunque establece los alcances de esas instancias desde la perspectiva del derecho del mar (Vukas, 2004, p. 8).

Por supuesto que por el amplio rango de interacciones que se generan en torno al mar, junto con las nuevas dinámicas regionales, internacionales y globales, conforme la CONVEMAR se ha implementado y los Estados ribereños han desarrollado el derecho interno, surgen nuevos planteamientos y nuevas instituciones lo cual hace que el derecho del mar no sea un cuerpo jurídico estático. Por el contrario, la División de Naciones Unidas sobre Asuntos Marítimos y Derecho del Mar ha ido registrado los avances en ese sentido. Sin embargo, los desafíos y retos son cada vez mayores, al respecto se

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puede consultar, entre muchos, la serie de trabajos que A. Strati, M. Gavouneli y N. Skourtos (2006) presenten en su libro Unresolved Issues and New Challenges to the Law of the Sea. Time Before and Time After. Asimismo hay aspectos que es lógico la CONVEMAR no desarrolló por su carácter de código para los mares y océanos, entre ella está el asunto de las aguas históricas, que L. Bouchez define como aquellas «…aguas sobre las cuales el Estado costero, contrario a las reglas generalmente aplicables del derecho internacional, clara, efectiva y continuamente, a través de un periodo de tiempo sustancial, ejerce derechos de soberanía con la aquiescencia de la comunidad de Estados» (citado Symmons, 2008, p. 1), respondiendo a una doctrina jurídica particular, que puede tener algunos rasgos propios de cada región.

CONVEMAR identifica seis espacios marítimos, los primeros cuatro bajo jurisdicción del Estado ribereño. Estos son: i) mar territorial con una anchura de 12 millas náuticas (mn); ii) zona contigua de 24 mn; iii) zona económica exclusiva (ZEE) de 200 mn; y iv) plataforma continental con similar anchura, excepto en casos excepcionales calificados por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Todas esas anchuras son determinadas a partir de las líneas de base normal o de rectas; las cuales a su vez determinan las aguas interiores, que son aquellas aguas ubicadas detrás de esas líneas y forman parte integral de la porción terrestre del territorio estatal. Mientras que las otras dos áreas son: i) altamar; y ii) «la zona» o fondos marinos y oceánicos; en el primero imperan las libertades de navegación, sobrevuelo, pesca y tendido de cables, por lo que no puede ser objeto de ningún tipo de apropiación. Los fondos marinos son «patrimonio común de la humanidad», por lo que pertenece a toda la población mundial y es administrada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

El mar territorial es la institución marítima más antigua y sobre la cual el Estado ribereño ejerce soberanía, con la única restricción del derecho de paso inocente por parte de buques extranjeros, ya se para atravesarlo o para dirigirse a una instalación portuaria; por ello toda embarcación que navegue por esas aguas debe atender todas las disposiciones que en materia de naviera, mercantil, ambiental y de otra naturaleza establezca el Estado costero. A ese espacio le sigue la zona contigua, cuya principal función es de naturaleza fiscal, aduanera, de inmigración y sanitaria; en la práctica es un espacio poco conocido y con poco sentido desde la perspectiva del derecho del mar, pues la mayoría de esas funciones el Estado ribereño las puede ejercer como parte de sus derechos en la ZEE, incluso la CONVEMAR no precisa cuál es el régimen jurídico que el Estado ejerce en esa franja de mar.

Quizás de los espacios más conocidos, por su carácter novedoso, es la zona económica exclusiva, sobre la cual se ejerce derechos de soberanía para «…fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales» y jurisdicción para el establecimiento de islas artificiales, investigación científica y protección y preservación

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del medio marino (artículo 56); pero las naves y terceros Estados gozan de la libertad de navegación sobrevuelo y tendido de cables y tuberías submarinas, por lo que es erróneo cuando se afirma que el Estado ejerce absoluto control sobre esas aguas. Acerca del origen y evolución de la ZEE, que ocurre en América Latina –como ya mencioné bajo la denominación de «mar patrimonial»– hay numerosos trabajos, entre ellos puede revisar el capítulo III del libro de J. Vargas (2011), que contiene un buen recuento de las declaraciones que desde 1952 se adoptaron en la región sobre este espacio marítimo.

El cuarto espacio bajo jurisdicción estatal es la plataforma continental, que corresponde al suelo y subsuelo del mar y sobre la cual el Estado ribereño ejerce derechos de soberanía exclusivos (artículo 77). El carácter de exclusividad radica en que terceras partes no pueden solicitar explotar los recursos existentes si el Estado titular no lo hace. CONVEMAR (artículo 76) estableció en casos calificados que la jurisdicción sobre la plataforma pueda extenderse más allá de las 200 mn y hasta un máximo de 350 mn si las características geomorfológicas o de profundidad lo justifican. Para que esto sea posible el Estado ribereño debe presentar un requerimiento ante la Comisión de Límites, cuyo panel de expertos determinará si existe ese derecho. Costa Rica presentó preliminarmente tal solicitud (véase The Republic of Costa Rica 2009), lo cual no es garantía de que al completar su argumentación mediante estudios técnico-científico-jurídicos se le otorgue el derecho. Además, la jurisdicción sobre la plataforma más allá de las 200 mn tiene algunas limitaciones, por lo que también es erróneo plantear que se trata de un derecho absoluto. En la historia de la citada Comisión ha sido común que se rechacen algunos requerimientos, bien sea porque no cumple con lo establecido en la convención o porque no se han aportado los elementos suficientes para demostrar que tiene el derecho a esa extensión adicional.

Existe un aspecto que, teniendo en cuenta las particularidades de cada zona marítima, posee efectos sobre todas ellas: se trata de las actividades específicas, sobre todo de navegación e investigación, que pueden realizarse. En esa materia destacan el derecho de paso inocente en el mar territorial, las regulaciones sobre navegación en la ZEE y la libertad de navegación y de otra naturaleza en la altamar. Sobre esta materia puede, también entre otros, consultarse los libros editados por M. Nordquist, T. Koh, & J. Moore (2009), Freedom of Seas, Passage Rights and the 1982 Law of the Sea Convention, y H. Hestermeyer, N. Matz-Lück, A. Seibert-Fohr y S. Vöneky (2011), Law of the Sea in Dialogue.

Si bien desde la entrada en vigor en 1994, doce meses después que se depositó el sexagésimo instrumento de ratificación, el derecho del mar ha tenido un auge significativo y han surgido nuevas regulaciones y nuevos planteamientos que intentan ofrecerle al Estado ribereño derechos novedosos. Por ello como indiqué se trata de una de las ramas del derecho internacional público más dinámicas y que cada día atraen más la atención de distintos actores. Incluso la Corte de La Haya ha generado importante jurisprudencia y creado nuevos principios en delimitación marítima, en varios aspectos distanciados de la CONVEMAR. De ahí que se trate también de un ámbito jurídico que requiere una dedicación y especialización que no en todos los países existe.

La experiencia costarricense A pesar de poseer dos costas y amplios espacios marítimos, históricamente Costa Rica no ha incorporado el mar como uno de los principales componentes de la estrategia de desarrollo. Como señala C. Murillo (1990, p. 184) prueba de ese desinterés es la ausencia del mar en los textos constitucionales antes de 1946, en los que el dominio costarricense solo se refiere a la porción terrestre. En las reformas constitucionales de 1946 a la carta política de 1871 se indica que «el Estado tiene la soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio y a sus aguas territoriales para todos los fines» (cursivas agregadas). En donde si aparecen disposiciones en materia de pesca y navegación (derecho marítimo) es en las leyes y decretos; por ejemplo en el decreto 122 de 20 de junio de 1828 se dispone: La Asamblea Constituyente del Estado Libre de Costa Rica deseosa de proteger a los que se dedican, con utilidad común a la marina, pesquería y elavoración (sic) de sales, removiendo los obstáculos que puedan embarasar (sic) tan beneficiosas e indispensables ocupaciones, ha venido en decretar y decreta: se reserva en los terrenos valdíos una milla marina sobre las costas del mar exclusivo en favor de la marina, pesquería y salinas (cursiva agregada)

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Destaca la referencia a un mar exclusivo, pues en otras disposiciones normativas no aparece tal figura; sin embargo, el decreto 122 lo que establece es una institución costera, que posteriormente se convirtió en la denominada zona marítimo-terrestre.

No obstante ese panorama a lo interno, Costa Rica mostró interés desde el siglo XIX de suscribir acuerdos internacionales y participar en foros internacionales sobre el mar; a través de esta vía se puede interpretar que el país llegó a reconocer la existencia de un espacio marítimo bajo su jurisdicción. Por ejemplo en 1884 firmó la Convención internacional para la protección de los cables submarinos, adoptada en París, en la cual se establecían regulaciones que aplicaban «… fuera de las aguas territoriales»; mientras que en 1889 y 1890 participó en las conferencias de Washington sobre temas marítimos. Este interés continuó en la primera mitad del siglo XX a través de la asistencia a encuentros internacionales y adopción de convenios y declaraciones.

Por consiguiente, como resume Murillo (1990, p. 190), antes de 1948, y gracias a la gestión de la Junta Fundadora de la Segunda República, lo cierto es que: …no podemos referirnos a un régimen y a una doctrina marítima costarricense, por cuanto los asuntos relacionados con el mar son tratados en forma secundaria, sin otorgarle la debida importancia que tienen en un país con costas hacia el Pacífico y hacia el Caribe. No obstante esta situación, debe reconocerse que la mención de la existencia de un mar territorial o exclusivo hecha en 1828 por el decreto No. 122, contribuyó a sentar las bases de la posterior legislación marítima, cuyo primer paso está dado por las reformas introducidas en 1946 al artículo 3 de la Constitución Política del 7 de diciembre de 1871 que mencionan, por primera vez, la soberanía completa y exclusiva sobre las aguas territoriales. Por consiguiente, el país tiene que esperarse a ser arrastrado por el entusiasmo generado por la Proclama Truman para hacer su acceso al proceso de estructuración de lo que podríamos denominar la doctrina costarricense para los mares…

Así a partir de 1948 inicia un periodo, al que hago referencia en el siguiente apartado, en que se identifica un creciente interés por la proyección marítima; sin embargo, ello no se traduce en políticas de Estado hacia el mar, sino que se limita al interés que pueda tener cada administración gubernamental por los temas marinos y marítimos.

Los decretos de la Junta de Gobierno y la Constitución Política Los decretos 116 de 27 de julio, 190 de 9 de octubre, ambos de 1948 y los decretos 363 de 11 de enero, 414 de 8 de marzo, 426 de la misma fecha, 803 de 2 de noviembre y 844 de 7 de noviembre, todos del año 1949 constituyen un punto de giro en las regulaciones marítimas costarricenses. De acuerdo con Romero Pérez (citado Murillo, 1990, pp. 196-97) ese cambio se explica por «…clima de nacionalismo creado por los acontecimientos en torno a la guerra civil de 1948»; pero también por un interés de la Junta de proteger los recursos naturales.

El decreto 116 establece la soberanía nacional sobre «…la plataforma submarina o zócalo continental e insular adyacente a las costas… cualquiera que sea la profundidad a que esta se encuentre» (artículo 1) y sobre «…los mares adyacentes a las costas continentales e insulares del territorio nacional, cualquiera que sea su profundidad y en extensión necesaria para proteger, conservar y aprovechar los recursos y riquezas naturales» (artículo 2). Adicionalmente la Junta adoptó una tesis que comenzaba a surgir en América Latina, la de: una zona de mar con fines e protección, así el artículo 4 dispuso que el Estado protegería y controlaría «…el mar comprendido dentro del perímetro formado por la costa con una paralela matemática, proyectada en el mar a doscientas millas marinas de distancia de las costas continentales» (cursivas agregadas).

Los otros decretos se refieren a regulaciones sobre pesca y caza marítimas, disposiciones reglamentarias, registros de embarcaciones y el caso específico del atún con el establecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (Washington 1949). Mientras que el decreto 803, que reitera la proyección estatal establecida en el decreto 116, tiene como principal objetivo precisar que Costa Rica no aspira a un mar territorial de 200 mn por lo que reconoce que en ese espacio no se afectan o desconocen «…legítimos derechos similares de otros Estados sobre la base de reciprocidad, ni

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afecta a los derechos de libre navegación sobre la alta mar» (artículo 5).

La Asamblea Constituyente adoptó el espíritu de la disposición de artículo 3 de la Constitución de 1871 en los siguientes términos: «El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio y en sus aguas territoriales y plataforma continental, de acuerdo con los principios de Derecho Internacional y con los tratados vigentes» (artículo 6). En ese sentido mantuvo la indefinición sobre la anchura del mar territorial que predominaba en el ámbito internacional. Por ello la Sala de Casación en una resolución del 14 de diciembre de 1950, considerando los principios del derecho internacional, estableció «…la distancia de tres millas marinas desde la marea baja, como límite de las aguas territoriales».

Entonces fue hasta la década de 1970, en el marco de los preparativos costarricenses para participar en la III Conferencia sobre el Mar, que el gobierno otros dos decretos que contribuyeron a clarificar la proyección marítima del país. Se trató de los decretos 2203-RE y 2204-RE del 10 y 15 de febrero de 1972, respectivamente. En el primero se dispuso que tanto para la porción continental como insular el país ejercerá «… su soberanía completa y exclusiva en sus aguas territoriales hasta una distancia de 12 millas a partir de la línea de baja marea», pero reconoce el derecho de paso inocente. Mientras que en el segundo se estipula que Costa Rica «…ejercerá una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en la extensión necesaria para proteger, conservar y aprovechar en beneficio exclusivo del desarrollo de sus pueblos los recursos y riquezas naturales existentes», denominándolo «mar patrimonial» con una anchura de 200 millas medidas a partir de la línea de bajamar y en el cual no se menoscaba el régimen de libre navegación y otros derechos a favor de terceros derivados de tratados internacionales. Estas disposiciones, que en 1975 se incorporan en el artículo 6 de la Constitución al reformarse para incorporar un mar territorial de 12 millas y una zona bajo jurisdicción especial de 200 millas con el propósito de «…proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios [del derecho internacional]», hacen que: …Costa Rica vuelva a adoptar una posición vanguardista en el proceso de formulación de las nuevas instituciones del mar y se anticipa a muchos de los conceptos que la Conferencia de Santo Domingo adoptaría con miras a la III Conferencia del Mar. Además, precisa, con toda autoridad, el espíritu del decreto No. 116, pues reitera la proclama de proteger, conservar y aprovechar los recursos naturales de los mares adyacentes a nuestras costas. Con este decreto el país da un significativo aporte al proceso de estructuración de la zee, por cuanto introduce la verdadera naturaleza jurídica del espacio reivindicado, abandonando conceptos ambiguos que contenían declaraciones multilaterales anteriores (Murillo, 1990, p. 208).

Ese carácter vanguardista del país se vio reflejado en las intervenciones que los delegados costarricenses hicieron durante los periodos de sesiones de la III Conferencia del Mar (cfr. Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, 2004). Sin embargo, ello no se transformó en políticas de Estados y públicas sobre el mar (tanto en lo marino como en lo marítimo), incluso cuando en 1994, mediante la ley 7384, se creó el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) como la entidad rectora que «…administra, regula y promueve el desarrollo del sector pesquero, la maricultura y la acuicultura continental de la nación bajo los principios de sostenibilidad, responsabilidad social, generación de empleos de calidad y la creación de una riqueza equitativa» (INCOPESCA, SF), fue una oportunidad propicia para establecer un Instituto Costarricense del Mar, que no solo atendiera lo relativo a pesca, maricultura y acuicultura, sino todos aquella materia relacionada con los mares costarricenses.

Adicionalmente el 14 de octubre de 1988 el gobierno emitió el decreto 18581-RE estableciendo líneas de base rectas para la costa del Pacífico. Y en junio de 1997 depositó en Naciones Unidas el «mapa oficial» de la ZEE (véase mapa 1).

Sin embargo, el decreto de 1988 fue derogado por la Sala Constitucional, resolución 7327-97 de 15 horas 12 minutos del 31 de octubre de 1997, considerando que los asuntos territoriales solo pueden establecerse por medio de ley, señalando que: …toda definición que tenga que ver con la integridad territorial, aun cuando sea en ejecución de normas internacionales, debe hacerse por vía de ley formal. Esto es, la Constitución Política tiene un concepto general que desarrolla en su artículo 6, que es medir la zona de exclusión de su soberanía a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas;

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pero el país suscribió la convención, que permite que la definición se haga por medio de cualesquiera de los dos sistemas: el de líneas de base rectas o el de las líneas de base normal o baja mar ordinaria y Costa Rica ha adoptado ambos sistemas, pero por vía de decreto; consecuentemente, esos decretos son contrarios al artículo 6 y a la Convención, porque violan el principio de reserva de ley.

Mapa 1 Mapa de ZEE de Costa Rica,fuente: Naciones Unidas, División de Asuntos Oceánicos y de Derecho del Mar, 1999

Cabe señalar que mediante ley 7291 de 23 de marzo de 1992, Costa Rica adoptó el «Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar» y el 21 de setiembre de ese año la ratificó. Complementario a la CONVEMAR y con el propósito de precisar y esclarecer algunos aspectos particulares actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 17951, «Ley de espacios marítimos sometidos a la jurisdicción del Estado costarricense», propuesto por el Poder Ejecutivo en mayo de 2010 y que, en principio, venció el 20 de diciembre de 2012 sin recibir dictamen de comisión legislativa.

Por consiguiente, el entusiasmo que el país mostró en algunos momentos durante el tercer cuarto del siglo XX no se transformó en una auténtica y efectiva proyección marítima. Quizás a las disposiciones enumeradas solo se suman los tratados de límites marítimos, a lo que me refiero en el siguiente apartado.

Tratados de límites marítimos A mediados de la década de 1970, alentado por Colombia, el gobierno costarricense inicia negociaciones con sus países vecinos para delimitar sus espacios marítimos. En ese contexto se suscriben los siguientes tratados de áreas marinas y submarinas: i.

con Colombia, marzo de 1977, para el mar Caribe;

ii.

con Panamá, febrero de 1980;

iii.

con Ecuador, marzo de 1984; y

iv.

con Colombia, abril de 1984, para el océano Pacífico (cfr. Murillo, 1990).

A la fecha solo los tratados con Panamá y Colombia (Pacífico) están vigentes. Con Ecuador se inició un proceso de renegociación, porque el texto contiene una referencia a un mar territorial ecuatoriano de 200 mn, contrario a la CONVEMAR. Mientras que el tratado con Colombia en el Caribe se extinguió en el momento en que la Corte Internacional de Justicia emitió la sentencia en el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua en noviembre de 2012, pues otorgó la jurisdicción sobre la ZEE delimitada por dicho tratado a Nicaragua. Por ende en este momento Costa Rica tiene pendiente la delimitación de mar territorial y ZEE con Nicaragua en ambas costas. Negociación que parece difícil de lograr porque Managua históricamente ha preferido que sus fronteras sean delimitadas por instancias judiciales, especialmente la Corte de La Haya.

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Costa Rica es un país privilegiado, como se observa en el mapa 1, por la extensión marítima que tiene en el Pacífico, gracias a la soberanía sobre la Isla del Coco. Sin embargo, los esfuerzos que en los últimos años se han intentado para proteger efectivamente las riquezas marinas resultan tímidos comparados con la magnitud que representa la tarea de tener presencia real y efectiva sobre un espacio marítimo tan amplio. En principio podría pensarse que el establecimiento de un Viceministro de Aguas y Mares, adscrito al MINAET, puede ser el punto de partida para un nuevo punto de giro en la gestión costarricense de la proyección marítima; sin embargo, no se trata solo de establecer instancias, sino de adoptar una visión de Estado de largo plazo y las correspondientes políticas públicas.

Algunas consideraciones finales En la medida que los mares y océanos cubren la mayor parte del planeta y el significado de su influencia sobre el ambiente terrestre, junto con la interacción marino-terrestre en las costas, el uso de los espacios marinos y marítimos –entendiendo aquellos como parte de la biosfera que es el planeta y el segundo como resultado de la interacción del ser humano con las aguas– demanda una mayor atención y, por ende, una mejor regulación para garantizar un uso sostenible que permita el disfrute de esos recursos a las futuras generaciones. Esto fue comprendido por los y las participantes en la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, incorporando normas para que los Estados y en general la humanidad logren no solo regular las interacciones políticas y económicas en el mar, sino crear las condiciones para su conservación.

Por supuesto lo anterior no quiere decir que no haya tareas pendientes, porque la normativa por sí sola no conduce a crear las condiciones apropiadas. Se requiere que los Estados, sobre todo ribereños, adopten la legislación necesaria para hacer efectivo el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. En esto se ha avanzado poco, lo que ha facilitado, en muchos casos, una explotación insostenible de esos recursos, sobre todo los ictiológicos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica hay iniciativas para áreas marinas protegidas operen de forma efectiva y tanto en ellas como en todas las aguas jurisdiccionales costarricenses se haga una pesca sostenible. Sin embargo, no es solo asunto de legislación y de proyectos, sino de una participación consciente de toda la población; sin olvidar que el mar no reconoce fronteras políticas y que las acciones que se realicen en un país debe basarse en un enfoque de coordinación regional.

En el caso de Costa Rica es necesario tener en cuenta la dinámica del Pacífico Oriental y de lo que se ha denominado «Corredor Marino del Pacífico Este Tropical» (comprende las aguas jurisdiccionales de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá).

En buena medida los avances que se logren en esa materia se verán beneficiados si la población conoce de las regulaciones en materia de derecho del mar. No obstante, en los sistemas educativos de países como los centroamericanos la visión de lo internacional y sobre todo del derecho internacional resulta de algo lejano y hasta ajeno a la formación ciudadana. Lo cual es contrario a la dinámica que caracteriza lo que denomino el mundo transformado del siglo XXI, en el que lo distante muy a menudo afecta a todos los individuos producto del creciente debilitamiento de las fronteras estatal, que en el pasado no muy lejano establecía una clara diferencia entre lo interno y lo externo. Conforme, en palabras de James Rosenau, las proximidades se pueden tornar distantes y lo distante se torna en lo cotidiano, lo que ocurra en los mares y océanos alrededor del mundo tendrá repercusiones en el diario quehacer.

Por eso es necesario, al analizar el derecho del mar, no limitarse a la visión clásica del denominado «Estado westfaliano» y su proyección hacia los espacios marítimos, sino que la jurisdicción que ejercen los Estados ribereños sobre las aguas adyacentes no les otorga una especie de «patente de corso» para hacer un uso irracional de los recursos marinos, sino que es más una responsabilidad que le traslada la humanidad para que en su nombre haga un correcto y sostenible aprovechamiento de esos recursos para las futuras generaciones. Por lo tanto, el derecho del mar, a partir de lo establecido en la CONVEMAR, no debe concebirse en un sentido tradicional de mera regulación, sino en uno de construcción de un «orden mundial poswestfaliano». Al respecto Costa Rica puede constituirse en un buen ejemplo.

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Sevilla, N. El rol de la universidad en américa latina

El rol de la Universidad en América Latina Artículo recibido: 28 de enero, 2013. Artículo aprobado: 22 de marzo, 2013

Resumen

-Todos saben que la educación es la base para el crecimiento personal pero pocos saben que la educación es la base para el crecimiento de un país. En general, las universidades latinoamericanas se encuentran en desventaja respecto a las de los países desarrollados.

Los indicadores fundamentales, cantidad de graduados y

el

presupuesto

en ciencia y tecnología revelan sus falencias. La universidad latinoamericana es aún premoderna: el mérito académico

no

genera preeminencia, las decisiones fundamentales no son

académicas

sino administrativas y la preocupación por los problemas de infraestructura se centra en la infraestructura física por encima de las de comunicaciones y virtualidad. En gran medida, la universidad refleja el comportamiento de una sociedad, los nombramientos y cargos, cuando no la riqueza, definen la posición y tanto los edificios como los monumentos y no el conocimiento represen-

32 • Contacto Global,1, pp. 32-39 ,2013 ISSN: 2215-3578

tan la huella social. La universidad latinoamericana se orienta en general a la docencia que no siempre es de buena calidad y muchos profesores arriesgan una opinión u orientación fuerte. Es tiempo de transformar la universidad latinoamericana para que contribuya al bienestar de la sociedad. El presente artículo busca contribuir a ese propósito. Las propuestas presentadas no constituyen el único camino para mejorar nuestra educación universitaria.

Abstract

-Everyone

knows

that education is the basis for personal growth but few

know

education

that is

the

foundation for the growth of a country. In general, Latin American universities are at a disadvantage compared to those of developed countries. Fundamental indicators, and the number of graduates in science and technology budget reveal its flaws. The Latin American university is still premodern: academic merit not generate prominence, key decisions are not academic but administrative and

Sevilla, N. El rol de la universidad en américa latina

La universidad latinoamericana es aún premoderna: el mérito académico no genera preeminencia”

Natán Sevilla Sandí, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Costarricense, fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1992, correo electrónico nsevillasandi@yahoo.com; he recibido diversos cursos de actualización jurídica tanto en el Colegio de Abogados de Costa Rica como en la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Idiomas: Español, Inglés, Chino Mandarín y Portugués Contacto Global,1, pp. 32-39 ,2013 ISSN: 2215-3578 • 33

Sevilla, N. El rol de la universidad en américa latina

concern for the problems of infrastructure focuses on physical infrastructure over the communications and virtuality. In large measure, the university reflects the behavior of a society, appointments and charges, if not wealth, define the position and both buildings as monuments represent knowledge and social footprint. The Latin American university is geared to teaching in general is not always good quality and many teachers risk a strong opinion or guidance. It is time to transform the Latin American university to contribute to the welfare of society. This article seeks to contribute to that purpose. Proposals are not the only way to improve our education.

Palabras clave •

Educación superior

•

Universidad Latinoamericana

•

Producto Educativo Bruto

•

Ciencia y Tecnología

Keywords •

Higher Education

•

Latin American University

•

Educational Product Gross

•

Science and Technology

El más reciente estudio llevado a cabo por The Times Higher Education World University Ranking y publicado en el 2012, reveló que no hay una sola universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo y apenas 4 entre las 400 mejores del mundo. Según The Times, el ranking se basó en varios criterios incluyendo una encuesta entre académicos de 88 países, un conteo del número de citas en publicaciones académicas y la relación numérica entre profesores y estudiantes en cada centro de estudios ( Oppenheimer, 2012a, pag.1; 2012b, pag.1). Sin embargo, el peso de las citas académicas en la evaluación total era relativamente pequeño: contaban con un 20 por ciento del total y también había una adecuada representación geográfica. Según el estudio, de 1.300 académicos entrevistados, casi trescientos eran de América Latina. Lo cierto es que tanto el ranking de The Times como el de la Universidad de Shanghai muestran que las universidades de América Latina se niegan a ser evaluadas por los mecanismos de acreditación de sus respectivos Ministerios de Educación bajo el pretexto de que son demasiado prestigiosas para someterse a un estudio comparativo con otras universidades de su propio país. El ranking muestra que la universidad de América Latina que ocupa la mejor posición es la Universidad Autónoma de México situada en el puesto150 seguida de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, situada en el puesto número 158. Lo más preocupante es que no hay ninguna universidad ya sea de Argentina, Costa Rica, Chile, Perú ni Venezuela entre las 400 mejores del mundo (Oppenheimer,2012c, pag.1) A pesar de ser un paradigma, es una realidad. La lista es encabezada por el Instituto de Tecnología de California, Estados Unidos y por si fuera poco, 7 de las primeras 10 universidades son estadounidenses esto, sin mencionar el rápido ascenso por parte de las universidades asiáticas. Otros dos rankings como el QS World University Ranking de Londres y el de la Universidad Jiao Tong de Shanghái China no incluyen a ninguna universidad latinoamericana entre las primeras 100 del mundo donde también predominan las universidades estadounidenses. Al ver estos indicadores nos preguntamos: ¿Son tan malas las universidades de Latinoamérica? La respuesta es NO. Sin duda alguna, uno de los motivos por los cuales hay tan pocas universidades latinoamericanas en el ranking es porque los países ofrecen poco apoyo económico a sus universidades, la cobertura de maestrías y doctorados es reducida y estas últimas no hacen suficientes investigaciones científicas; principal indicador de la calidad educativa. Las universidades asiáticas publican mucho en inglés porque quieren que sus investigaciones tengan un público mayor y un impacto más grande sin embargo, en Latinoamérica esto no está pasando. Mientras que países como China, Estados Unidos y Corea del Sur invierten el 2.6 por ciento de su PIB en educación, México y Argentina solo aportan el 1.4 por ciento respectivamente. En América Latina, los países destinan a ciencia y tecnología un porcentaje de gasto inferior al de países europeos: los que más porcentaje invierten son Brasil (1,12%) y Perú (1,16%) ( Oppenheimer, 2012c, pag1) Otra de las preocupaciones concerniente a las grandes universidades estatales latinoamericanas que hace mucho se abandonó en China, es el ingreso irrestricto, y la falta de controles para impedir que haya estudiantes eternos. Bajo la premisa de que todos tienen derecho a estudiar, muchas de las grandes universidades de México, Brasil y de Argentina están garantizando que casi nadie pueda estudiar bien. Con los pocos recursos que tienen, están manteniendo a una enorme cantidad de estudiantes que nunca terminan de graduarse. En Argentina, sólo dos de cada diez estudiantes egresan de las universidades estatales; eso significa que en el sistema universitario argentino, de casi 1,5 millones de estudiantes, los contribuyentes están manteniendo a cientos de miles que nunca van a terminar sus estudios. En China existe un examen de ingreso obligatorio para todas las universidades que dura dos días y es rendido anualmente por más de

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6 millones de estudiantes. No es un examen fácil: un 40 por ciento de los aspirantes son reprobados. Según el Ministerio de Educación, la competencia para entrar en las mejores universidades en China es durísima. ( Oppenheimer, 2012b, pag.1)Por increíble que parezca, en la UNAM, México, se gradúan quince veces más psicólogos que ingenieros por año.

En la UBA, Argentina, se gradúan 1.300 psicólogos, apenas 240 ingenieros y 173 licenciados en Ciencias Agropecuarias.

En muchos casos, la falta de conexión entre los programas educativos y las necesidades del mercado laboral hace que las grandes universidades estén produciendo legiones de profesionales desempleados.

¿Qué se debe hacer para que Latinoamérica tenga más ingenieros, más científicos y más técnicos de los que se producen hoy en día? ¿Cuál es el rol que tiene la universidad en el desarrollo de un país?, ¿en qué medida la universidad puede potenciar las fortalezas y oportunidades de cada región, haciendo operativos los proyectos y políticas que se establecen desde el sector público y privado respectivamente?

Hoy en día, la función de la universidad es multifacética y no solo se resume en enseñar las materias sino también, posee una función cívica que es la de formar y hacer que el estudiante genere un pensamiento crítico. Desde la ciencia, la universidad es el espacio privilegiado para la transmisión y producción de conocimientos pero no se trata de un conocimiento estéril o divorciado de la realidad, sino más bien uno que pueda potenciar los saberes previos y fomentar la construcción de nuevos adaptándose y respondiendo a las actuales demandas de profesionales en sectores clave.

Lastimosamente, en la mayoría de las universidades de Latinoamérica esto no está sucediendo. Los países desarrollados demandan de los países latinoamericanos mayores técnicos, economistas y trabajadores del conocimiento, por lo tanto las universidades deben preparar profesionales para el mundo global, el problema es que se está dando de una manera muy pausada. La política económica ha impulsado una mayor demanda y existe una preocupación por motivar a más jóvenes para que se interesen en las ingenierías y menos en otras carreras. Sin embargo, en vano se trabajaría para doblar las oportunidades para que los estudiantes escojan una ingeniería si no existen oportunidades de trabajo en el mercado laboral.

La gran mayoría de las universidades latinoamericanas deben estar preocupadas de no estar en los rankings publicados a nivel mundial y sin duda alguna, Latinoamérica es una región que compite con otros países del mundo en todos los aspectos y no solo a nivel educacional. Cuando no tenemos universidades de primera, las personas que buscan su formación, deben acceder a otras universidades en el extranjero y muchos de ellos no regresan lo que genera una pérdida de capital humano importante para su país de origen. Para nadie es un secreto que los estándares de la educación son iguales en todas partes del mundo, la aplicación es la variante; lo más importante es analizar y evaluar cuál ha sido la contribución de las universidades latinoamericanas con respecto a la sociedad y a la economía. Si las universidades no aportan conocimiento y desarrollo, si no aportan información y análisis al igual que herramientas para afrontar los temas actuales sin brindar programas actualizados que informen sobre los diversos procesos tanto políticos como sociales, entonces no está cumpliendo su labor.

Hoy en día hay una discusión entre investigadores, profesores y académicos sobre si el acceso a la universidad debe ser gratuito para todos los estudiantes. Partamos de la base que la educación es un derecho fundamental sin embargo, la educación superior totalmente gratuita era comprensible en los siglos XVIII y XIX cuando no existían mecanismos de medición para determinar y estimar cuánto dinero percibían las personas pero hoy en día, con los avances tecnológicos y los distintos sistemas de verificación para saber el ingreso de las personas, la pregunta es: ¿por qué no se desarrolla esta técnica? En casi todos los países europeos y en China, las universidades estatales cobran a aquellas personas que pueden pagar y ese dinero lo destinan como becas para aquellas otras que no pueden costearse sus estudios. Según una investigación llevada a cabo en el 2009 por el Banco Mundial, tanto en las universidades de México como en Argentina, más del 50 por ciento de los estudiantes pertenecen a los sectores mas acaudalados de la población. Todos

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saben que lo gratis nadie lo aprecia y nadie lo exige así que los estudiantes deben retribuirle a las universidades lo que percibieron de ellas una vez que empiecen a trabajar. En países como Inglaterra o Australia, el estudiante termina sus estudios y empieza a retribuirle a la universidad lo que se le prestó para llevar a cabo sus estudios una vez que perciba ingresos. La gran pregunta es: ¿Por qué esto no ocurre en Latinoamérica?

Hoy en día, vemos a la producción de profesionales como un rol social; los que más tienen más pagan por que a medida de lo que más gana, aportarán más al Estado a través de los impuestos. Actualmente las becas universitarias están relacionadas con las áreas de mayor prioridad para el país como son las ciencias y tecnologías. Chile es uno de los países cuya educación universitaria es gratuita para todas las personas en donde se ha desarrollado un servicio de crédito para un 40 por ciento de alumnos que califican para entrar a una universidad los cuales provienen de las familias más pobres ( Oppenheimer, 2012b, pag 1).

A pesar de las maneras democráticas para ayudar a las más necesitadas ya que una vez graduados, deben retribuirle a la universidad hasta un 70 por ciento de lo percibido durante su estadía como estudiantes, se están percibiendo resultados un tanto antidemocráticos a pesar de que se ha logrado expandir y facilitar el acceso a las universidades.

El plan chileno de becas masivas para estudiantes interesados en estudiar en el exterior, está dotado de 6500 millones de dólares de esta manera, Chile financiará 6 mil becas de posgrado por año para que los estudiantes tengan acceso para estudiar en el extranjero. Analistas, profesores y otros profesionales coinciden en que esta idea colocará a las universidades de Chile en altos puestos en muy poco tiempo no obstante, otros mencionan que esto sería una especie de escape de profesionales a países en el exterior. Para muchas personas, esta es una buena idea siempre y cuando existan oportunidades de trabajo en sus países de origen cuando regresen. A pesar de las dudas con respecto al regreso de estudiantes, se mantiene firme la política con respecto a la promoción de becas, a pesar de ser un riesgo.

Estados Unidos tiene un proyecto de ley para enviar a un millón de estudiantes para ir a estudiar a países en el extranjero. En Latinoamérica se debe plantear que el estudiante recién formado, realice una parte y no la totalidad de la beca en el exterior y así se beneficiará en obtener una doble titulación de tanto su país de origen como del extranjero lo que garantizaría un mejor nivel de formación. Según la UNESCO en países como Noruega, el 6.2 por ciento de los estudiantes han estudiado en el exterior, en Francia esta cifra corresponde al 2.5 por ciento pero en países de América Latina como Perú apenas un 1 por ciento , y en México apenas un 0,3 por ciento .

La visión que tienen países asiáticos que ahora compiten en los primeros lugares con trabajos de investigación, tienen

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las mejores universidades y economías fuertes es el resultado de un arduo trabajo con miras en el futuro. La diferencia de los gobiernos de América Latina con respecto a los asiáticos radica en que miran más hacia el pasado antes que al futuro y encasillan a sus países a vivir en la pobreza y en la falta de conocimiento. Enfatizo que en algunos gobiernos de América Latina y cito específicamente a Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Venezuela como los países que viven obsesionados con el pasado y sobre este último país podemos decir que las autoridades bolivianas hablan que el futuro del país se ve en cocaína antes que en la educación y que es más importante invertir en regalos para los alumnos antes que en tener maestros mejor pagados. ( Oppenheimer, 2012b, pag.1). En vez de invertir tanto tiempo debatiendo sobre dónde deberían descansar sus próceres, los presidentes latinoamericanos deberían dedicar más tiempo a debatir por qué los jóvenes de sus países están en los últimos lugares de los exámenes anuales internacionales PISA de matemáticas, ciencias y tecnología.(Oppenheimer, 2012b,pag.1). También podemos cuestionar el porqué apenas el 2 por ciento de toda la inversión mundial en investigación y desarrollo va a Latinoamérica o por qué no hay ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo del ranking del Suplemento de Educación Superior del Times de Londres. Por si fuera poco, Bolivia no participa en este ranking y países como Argentina niegan que estos estudios respondan a la realidad del país. Una carta de presentación de desarrollo es ver también cuántas patentes registra un país y por ello, quiero destacar a la pequeña nación asiática de Corea del Sur que registra 80,000 patentes anualmente en el resto del mundo, mientras que todos los países latinoamericanos juntos tienen menos de 1,200. (Oppenheimer, 2012b, pag.1) Salir de la Pobreza No cabe duda que la educación; pero sobre todo la educación universitaria como herramienta indispensable en la actualidad es el único medio para salir de la mediocridad económica e intelectual. Este es el momento en que las autoridades de gobierno desechen la obsesión que tienen por el pasado y piensen más en el futuro invirtiendo en educación, ciencia y tecnología. Es la única forma para salir de la pobreza. Tenemos que ser paranoicos y pensar que nos estamos quedando atrás en materia educativa. Sin duda alguna, esta es una tarea difícil, ya que los políticos nunca piensan en proyectos que no les reditúen votos en un plazo de 4 ó 5 años, dependiendo del período de gobierno antes de elecciones, puesto que los proyectos educativos son a 15 años plazo. Por ello, se apela a los empresarios a invertir en educación, tema que desarrollaremos ampliamente más adelante. ( Oppenheimer, 2012b, pag. 1) Es digno de admirar que la mayoría de los países asiáticos que han crecido en educación y que son primeros en desarrollo económico, no son exitistas y por el contrario dicen que están mal y que esperan mejorar para obtener mejores resultados. Ese debe ser el pensamiento del latinoamericano que, por el contrario, vive del pasado y que por causa de esa miopía se encuentra en los últimos lugares en educación en todos los test que se realizan en el mundo. ( Contreras, C.F., 2013d, pag 10)

Entre la docencia y la investigación La universidad como comunidad de profesores y estudiantes orientada a la producción y gestión de conocimiento se constituye en un centro de docencia e investigación. Hoy el día, la universidad debe servir a la sociedad enseñando lo que sabe y desarrollando nuevos conocimientos y profesionales. Pero, ¿qué debe pesar más, la docencia o la investigación?

Es claro que aquellas universidades que no puedan dedicarse a la investigación en profundidad ya sea por escasez de recursos o por preferencia, deberían centrarse en la docencia. Pero es absolutamente necesario para cualquier país contar con universidades que tengan la investigación como eje central. A pesar de que es difícil para cualquier universidad de América Latina competir con otras universidades de Europa o Asia en la investigación básica o en la tecnología de punta debido a la cantidad de recursos que esto implica sin embargo, es posible competir en las ciencias sociales, en el desarrollo teórico adaptado y en el desarrollo de las aplicaciones requeridas por las diferentes situaciones nacionales que deben enfocarse a la solución de problemas de la sociedad.( Contreras, C.F.,2013d, pag.4)

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Los profesores, eje de la universidad No cabe duda que el conocimiento que se imparte en las universidades no lo posee esta como institución abstracta ni tampoco sus autoridades, sino sus profesores quienes lo desarrollan y difunden. Esto implica el reconocimiento social del profesor el cual es el resultado de un proceso alimentado por sus aportes a la sociedad y por un comportamiento ético, exigente y tolerante. Este proceso supone crear ideas nuevas y educar a los estudiantes como futuros profesionales reconocidos. Se necesita también que profesores calificados formen parte de una universidad para que se puedan confrontar ideas entre ellos mismos y luego con la sociedad. Para ello es preciso que los salarios sean competitivos y razonables. (Contreras, C.F., 2013d, pag.4) Ahora bien, ¿cuáles son los retos que enfrentan actualmente y enfrentarán en un futuro las universidades latinoamericanas y qué se puede llevar a cabo para modernizar las universidades esto con el fin de mejorar los servicios y su calidad?

Las universidades de América Latina tienen muchos retos para este siglo: Vivimos en una sociedad en la cual el conocimiento es fundamental y las instituciones de educación superior y en este caso las universidades, tienen un gran compromiso; mas allá de transmitir conocimiento, este se hace. La crisis que afecta a la sociedad contemporánea no es solo de orden financiero sino también una crisis global y que es mas grave como lo es la crisis de valores. Estos valores esenciales como la solidaridad, el apego a libertades esenciales, el respeto al saber y al conocimiento fundamental en un país para tener una cultura propia, el tener una base humanista a partir de la cual se llevan a cabo muchos proyectos y en estos momentos difíciles se deben recrear estas propuestas. Muchas veces, resulta contrastante que al tener los recursos tecnológicos tenemos miles de personas que viven en condiciones de pobreza, muchas de ellas sin saber leer ni escribir, muchas otras no tienen acceso a servicios básicos de agua y electricidad, no tienen recursos para solventar sus necesidades básicas, aquí es donde el ser humano debe hacer un alto en el camino y concientizar sobre su situación actual. El llegar a un nivel de educación superior sigue siendo un factor importante para la transformación social; quien estudia en una universidad recibe una formación étnica, científica, profesional y humanística pero más allá de esta formación, se recibe una serie de enseñanzas dentro de su proceso de formación incorporando una serie de valores elementales pero también adquiere un compromiso con la sociedad. Este compromiso con la sociedad es parte de lo que contribuye a generar conciencia, critica y debate de maneras positiva. Sin duda alguna, parte de los retos de las universidades en Latinoamérica, es seguir mostrando su historia y visión para las presentes y futuras generaciones. Parte de los reto sin duda alguna tienen que ver con entender los temas actuales, contribuir a la solución de los problemas de hoy en día , ayudar a que la sociedad sea menos desigual, ayudar a tener una sociedad más justa , a que convivamos en un régimen de libertades mas consolidado y que nuestro sistema democrático se perfeccione pero también se tiene la mayor necesidad que corresponde a mirar hacia el futuro; parte del reto universitario ha sido tener personas que puedan vislumbrar, anticipar, adelantarse a las necesidades de la colectividad manteniendo estos grandes valores y construir universidades que contribuyan a ofrecer respuestas a los principales problemas sociales mediante iniciativas eficaces y dotadas de espíritu crítico. Las universidades necesitan más investigaciones científicas y es necesario manejarlas con la misma prudencia que a una familia. Ha llegado el momento para todos los países de Latinoamérica de crear un PIB educativo, (Producto Educativo Bruto) y ponerlo en el mismo rango que el Productor Interno Bruto lo cual debería ser la meta de todo gobernante, político, empresario y de la comunidad en su conjunto que, sin duda, se constituye en una voz de alerta para todos, gobernantes y gobernados. ( Oppenheimer, 2012b, pag. 1)

Para esto, hay tres razones que los gobiernos, los empresarios y la gente deben seguir: En primer lugar, estamos viviendo en la era del conocimiento. Los países más ricos del mundo no son los que más

recursos naturales tienen, sino los que más recursos en ciencia y tecnología invierten. Mientras que países como México, Colombia y Perú destinan una pequeña parte de su PIB para la educación superior, Singapur no posee agua (la compran), sin embargo su PIB es uno de los más altos del mundo. Segundamente, el factor político no es una excusa para tener una educación universitaria de calidad y digna de un país en vías de desarrollo. China comunista es un ejemplo que destina sus mayores esfuerzos en mejorar su calidad educativa, lo que muchos países democráticos no pueden

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lograr. Finalmente, el tema de la pobreza. Tanto políticos, economistas y periodistas ven que la situación es muy grave y que el crecimiento económico no llega a las grandes mayorías. El crecimiento económico no reduce la pobreza ni la desigualdad. China bajó su pobreza del 84 por ciento al 12 por ciento. América Latina apenas del 12 al 8 por ciento, la educación es la clave para reducir la desigualdad. Ante este panorama, los países latinoamericanos deben tener paranoia educativa y participar en los test internacionales del conocimiento, así también se debe romper con el aislamiento educativo y tener maestros en el nivel universitario del más alto nivel profesional. ( Contreras, C.F., 2013d, pag. 14) Sin duda alguna tanto los empresarios como las familias tienen la llave del éxito en materia educativa ya que son los que más tienen que invertir en la formación de profesionales en ciencia y tecnología. En el caso de los empresarios, estos han tenido que realizar fuertes inversiones a través de fundaciones que han comenzado a trabajar en intensas campañas para convertir a la educación en centro de atención del poder político y destacar que sólo con educación se logrará mejorar la calidad de vida. (Oppenheimer, 2012b, pag.1) La presión social ha logrado captar la atención del gobierno y del poder político. Hoy en día, la educación universitaria debe convertirse en política de Estado. Los padres de familia también tienen una fuerte participación en el tema educativo, ya que si se invirtiera esta fórmula como en China, la educación tendría la mayor inversión familiar y los resultados serían tener profesionales en todos los hogares.

Aportar a la investigación, ciencia y tecnología. Estos tres elementos no solo van a propiciar una mejor universidad sino tener un país con mayor igualdad y bienestar para todos. Desde la institucionalidad, la universidad no solo debe participar activamente como miembro de la sociedad civil, sino también debe ser un referente de consulta obligado y actor protagónico en los procesos que emprende la sociedad. La universidad como institución no solo se construye internamente, también lo hace de forma externa. Internamente, se debe fortalecer a una institución universitaria de calidad la cual se construye apoyada en valores como la libertad, la fraternidad y la búsqueda permanente de la excelencia; en estudiantes que posean no solo conocimientos o habilidades, sino también actitudes que reflejen los valores de la universidad. Externamente, la universidad tiene la responsabilidad y el compromiso de fungir como interlocutoras frente a los grandes problemas del país. Para nadie es un secreto que es necesario invertir más para que todos puedan accesar a los servicios universitarios con los recursos públicos. La globalización de la educación universitaria implicará en todo sentido la formación de más ingenieros y científicos y menos filósofos. No existe un sistema ni una institución perfecta.

La solución de problemas dará lugar a la aparición de otros pero lo más importante es que los avances sean mayores que los retrocesos. Si queremos estar al tanto de los últimos avances científicos y competir con otros países desarrollados mediante la intensificación de los intercambios estudiantiles, entonces es inaceptable que el 2 por ciento de los estudiantes chinos se encuentren estudiando en universidades en el exterior y apenas el 0.3 por ciento de los universitarios de México o el 0.4 por ciento de los universitarios de Argentina se encentren haciendo parte de sus estudios en el exterior.

O nos contactamos con el mundo o nos quedaremos más atrás. Es hora de que Latinoamérica mire menos hacia atrás, y más hacia adelante; que sus presidentes cuenten menos historias, y se dediquen más a mejorar la calidad de la educación, la ciencia y la tecnología. ( Oppenheimer, 2012c; pag1) Lo cierto es que si no hacemos algo para corregir la sobreproducción de graduados universitarios sin potencial de trabajo y mejoramos el rol de las universidades, Latinoamérica se encontrará muy pronto con millones de profesionales desempleados y podría generar un problema social sin precedentes.

Bibliografía

Oppenheimer, A. (7 de octubre de 2012). Creatividadinternacional.com. Recuperado el 20 de Enero de 2013, de http:// www.creatividadinternacional.com/profiles/blogs/malas-noticias-para-universidades-latinoamericanas-de-andr-s Oppenheimer, A. (viernes de Octubre de 2012). lacoctelera.net. Obtenido de la coctelera.net: http://the-colca-specialist.lacoctelera.net/post/2012/10/12/oppenheimer-solo-educacion-sacara-america-latina-la Oppenheimer, A. (10 de Junio de 2012). El Nuevo Herald. Obtenido de El Nuevo Herald: http://www.elnuevoherald. com/2012/10/06/1316638/malas-noticias-para-universidades.html (D) Contreras, C. F. (10 de Abril de 2013). nuso.org. Obtenido de nuso.org: http://www.nuso.org/upload/articulos/3569_1.pdf

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El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado en agricultura y bienestar rural del Sistema Interamericano. Trabaja hacia el logro de una agricultura competitiva y sustentable para las Américas desarrollando actividades en cada uno de sus 34 Estados Miembros de manera muy cercana a los ministerios de agricultura. Tiene como máxima autoridad a la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), el foro de los ministros del sector y ejerce además, la Secretaría de la Reunión de Ministros de Agricultura en el marco del Proceso de las Cumbres de las Américas. Este artículo fue elaborado por un equipo de funcionarios del Programa de Agricultura y Seguridad Alimentaria de la Dirección de Cooperación Técnica del IICA. Se reconoce las contribuciones que realizaron Karol Alpízar y Julio Mora.

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Seguridad Alimentaria y Agricultura de Pequeña y Mediana Escala en América Latina y el Caribe Resumen

Artículo recibido:25 de

nas deben tener en todo momento acceso físico, social y económico a alimen-

enero, 2013 - Artículo

tos suficientes, inocuos y nutritivos para tener una vida activa y sana. La seguri-

aprobado: 22 de mar-

dad alimentaria en América Latina y el Caribe (ALC) no se explica únicamente

zo, 2013.

La definición más aceptada de seguridad alimentaria menciona que las perso-

por variables agroalimentarias sino también por variables socioeconómicas.

Los agricultores de pequeña escala y de agricultura familiar son la mayoría de los productores de alimentos de ALC. Generan un porcentaje muy importante de la producción nacional y crean empleo e ingresos que tienen un efecto positivo sobre la economía local. Son vulnerables a las crisis e inestabilidad de los mercados.

Es necesario que los países desarrollen una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, con un plan de acción que procure al menos: aumentar la inversión en la agricultura; integrar los pequeños agricultores a los mercados; desarrollar estrategias para minimizar los riesgos del cambio climático y la volatilidad de precios; impulsar programas integrales de educación en seguridad alimentaria y nutricional.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) a través de sus acciones en cada país miembro y a nivel Hemisférico busca mejorar la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria.

Abstract

The most widely accepted definition of food security states that all people, at all times, must have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food to live an active and healthy life. The food security situation in Latin America and the Caribbean (LAC) is influenced by both agrifood and socioeconomic variables.

The vast majority of agricultural producers in LAC are small- and medium-scale farmers. Despite producing most of the food available in domestic markets and creating jobs that have a positive impact on the local economy, they are vulnerable to market crises and instability.

Each country must formulate and implement a National Food Security Strategy, as well as a plan of action, designed to achieve at least the following: increased

La seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe (ALC) no se explica únicamente por variables agroalimentarias sino también por variables socioeconómicas. ”

investment in agriculture; integration of small farmers into markets; development Contacto Global,1, pp. 40-49 ,2013 ISSN: 2215-3578 • 41

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of strategies to minimize the risks of climate change and price volatility; and promotion of comprehensive educational programs on food and nutrition security.

The Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), through its actions in each of its member countries and at the hemispheric level, seeks to enhance agriculture’s contribution to food security.

Key words:

food security, agriculture, family agriculture, Latin America and the Caribbean.

Palabras claves: seguridad alimentaria, agricultura, agricultura familiar, América Latina y el Caribe.

Según la FAO, “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”.

La seguridad alimentaria supone el cumplimiento de cuatro condiciones o “dimensiones” interrelacionadas: a) la “disponibilidad” o existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada para todos los habitantes; b) el “acceso”, entendido como el acceso de las personas a los derechos y recursos necesarios para adquirir alimentos apropiados, nutritivos y acordes con su cultura; c) las condiciones que aseguren la “utilización” biológica de los alimentos, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan las necesidades fisiológicas; y d) la “estabilidad” tanto en la disponibilidad como en el acceso a alimentos adecuados en todo momento.

Para lograr la seguridad alimentaria a futuro, la agricultura mundial tiene el reto de aumentar su producción en un 70% para el 2050 y hacerla accesible para satisfacer la demanda de alimentos de una población que se estima será de 9 mil millones de personas hacia ese año, de las cuales 723 millones vivirán en América Latina y el Caribe (ALC) (Nelson et al. 2010; FAO, 2012). Las principales limitaciones son la escasa disponibilidad de tierra y agua, el cambio climático y los eventos extremos (Huang et al. 2011).

Para superar semejante reto, es necesario lograr una producción agropecuaria más eficiente, pero que sea ambientalmente sostenible, capaz de asegurar la disponibilidad y el acceso a los alimentos para toda la población mundial, y que permita a cada país desarrollar medidas de reserva para atender emergencias alimentarias, si estas llegaran a ocurrir.

Lo anterior se puede alcanzar en los países de ALC con un aumento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica no sólo en los cultivos comerciales más importantes, sino también, en la generación de tecnologías que sean adaptadas por la mediana y pequeña agricultura. Asimismo, los Estados deben generar marcos que permitan fortalecer la extensión agrícola así como el flujo de información para que los agricultores cuenten con las herramientas necesarias para mejorar su producción, comercio y a su vez la generación de ingresos (CEPAL et al. 2013) La situación de la seguridad alimentaria en ALC no se explica únicamente por variables agro-alimentarias. América Latina en particular se caracteriza por profundas diferencias entre países y a lo interno de ellos, pero particularmente por la marcada y persistente desigualdad en la distribución del ingreso, el alto desempleo y los elevados niveles de pobreza y analfabetismo. Así por ejemplo, según datos disponibles de la CEPAL, para el año 2011 el 29.4% de la población de América Latina vivía en condiciones de pobreza, a la vez que República Dominicana, Colombia, Honduras, Guatemala y Brasil mostraban un índice de Gini superior al 0.55 (cabe reconocer que Brasil lo ha bajado de casi 0.65 en 2002 a menos de 0.58 al 2011).

La pobreza ataca con mayor fuerza en las zonas rurales de América Latina, en donde los niveles de pobreza rural duplican los de pobreza urbana (24.2% y 49.8%, respectivamente). Los bajos ingresos económicos de las familias limitan el acceso a alimentos saludables, en las cantidades adecuadas y de manera estable para todos sus miembros; una situación que se ve reflejada en los niveles de desnutrición o subnutrición de la población, especialmente en los de menor edad.

Las limitaciones en la disponibilidad de alimentos y las condiciones de exclusión social y desigualdad que obstaculizan el acceso real a los alimentos, ha llevado al IFPRI a elaborar un “Índice Mundial del Hambre”. Según este, algunos países

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de América Latina y el Caribe presentan un Índice del Hambre “moderado”: Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Trinidad y Tobago; mientras que Guatemala y República Dominicana presentan una condición “seria” y Haití una situación “alarmante” (International Food Policy Research Institute et al.

2012).

El mercado de alimentos en América Latina y el Caribe Como producto de la tendencia al mayor crecimiento en las importaciones en relación con el crecimiento de la producción doméstica de alimentos, en la América como un todo está aumentando la dependencia de la oferta doméstica de alimentos (producción + importaciones + stocks – exportaciones) respecto a los mercados internacionales.

Depender en alto grado de las importaciones para satisfacer la oferta doméstica de calorías puede ser riesgoso, según ciertos criterios; ya que el país queda sujeto a los mercados internacionales y a lo que ocurra en ellos; sin embargo, esta situación varía radicalmente dependiendo de los países y regiones concretas en las Américas.

Así por ejemplo, debido a la alta participación de las importaciones de cereales y oleaginosas en la oferta doméstica de las regiones Caribe, América Central y Andina, el incremento de los precios de estos productos agrícolas experimentado a partir del 2008 ocasionó un deterioro del acceso a los alimentos en estas regiones. Estos dos grupos de alimentos representan más del 75% de las calorías consumidas en estas regiones por lo que es importante poner atención a la poca capacidad que tienen para abastecer con producción local su oferta doméstica de cereales y oleaginosas, pues fueron precisamente los precios de estos productos los que presentaron mayor incremento y volatilidad en los mercados internacionales en los últimos cuatro años (ver figura 1).

Los rendimientos desempeñan un papel crucial en el crecimiento de la producción agrícola. Ante la poca posibilidad de incorporar tierra arable adicional, los rendimientos empiezan a jugar un papel cada vez más importante en el aumento de la producción, principalmente de cereales. Así, los países con mayor producción per cápita de alimentos no necesariamente son los mismos que cuentan con la mayor tierra arable per cápita. Por ejemplo, Estados Unidos dedica solamente el 68% de la tierra arable que dedica Paraguay y, sin embargo, cuenta con mayores niveles de producción que el país del Sur. Otro caso interesante es el de Costa Rica, el cual duplica la producción per cápita de cultivos primarios de países como San Vicente, Perú, Panamá, El Salvador y Guatemala, pero utiliza la misma cantidad de tierra per cápita para esos productos.

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Por otro lado, el especializarse en la producción de cultivos para exportación es bueno, pero implica riesgos. Aunque la cuantía de las exportaciones netas de alimentos puede ser un indicativo de la autosuficiencia alimentaria, la especialización en algunos pocos productos para la exportación puede llevar a que un país con altos niveles de producción de alimentos se vea obligado a importar gran parte de sus alimentos de primera necesidad, como los granos, cereales y oleaginosas. El riesgo es que se trata de los commodities agrícolas que más calorías aportan a la dieta y los que han experimentado en los últimos 4 años el mayor incremento y volatilidad en sus precios. Este es el caso de los países que se especializan en pocos cultivos agrícolas, y con los recursos provenientes de la exportación adquieren los alimentos que no se producen en suelo nacional y son requeridos para suplir la oferta doméstica.

Agricultura de pequeña y mediana escala Los agricultores de pequeña y mediana escala representan con mucho el mayor número de productores en ALC, generan un porcentaje muy importante de la producción total de alimentos disponibles en los mercados nacionales, y crean empleo e ingresos que tienen un efecto multiplicador sobre la economía en general.

Además de la agricultura de pequeña escala, se encuentra la agricultura familiar. Esta tiene como características el ser la única o principal fuente de ingreso de las familias y poseer poca o ninguna fuente de mano de obra externa, por lo que principalmente es administrada por los miembros de la familia. En América Latina, este grupo está constituido por aproximadamente 14 millones de pequeños productores agropecuarios, lo cual representa entre un 30 y un 60% de la superficie agropecuaria y forestal de los países, con una población vinculada de alrededor de 60 millones de personas (Schejtman, 2008). Este grupo se encuentra arraigado en las economías locales de América Latina y el Caribe como proveedores de alimentos, lo que los convierte en importantes actores locales y regionales.

A pesar de tan importantes contribuciones, los productores y particularmente los pequeños o los dedicados a la agricultura familiar, siguen siendo un segmento altamente vulnerable a las crisis e inestabilidad de los mercados: la volatilidad en los precios de los alimentos observadas desde el 2008 han sumido a muchos de estos productores nuevamente en la pobreza, lo que supone un grave retroceso en los esfuerzos de los países para cumplir las Metas del Milenio.

A pesar de las múltiples iniciativas y recursos comprometidos a lo largo del tiempo por los Estados y distintas organizaciones para mejorar la situación de los productores de pequeña y mediana escala, éstos muestran un limitado acceso a tecnologías adecuadas para mejorar y diversificar su producción, no se han vinculado de manera efectiva y permanente a los mercados, ni cuentan con marcos institucionales y políticas que apoyen y faciliten estos procesos. En general, existe un sentimiento de urgencia para dar una respuesta sostenible a estas necesidades, a todos los niveles

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de intervención en los países.

Los Gobiernos, junto con organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil están abocados a trabajar coordinadamente, con una visión de largo plazo, para desarrollar e implementar políticas, estrategias y marcos normativos que permitan el desarrollo y fortalecimiento de sistemas de producción de alimentos vinculados estrechamente a cadenas de valor y mercados transparentes, que permitan la inclusión sostenible de los pequeños y medianos productores a dichos mercados.

Esta es una prioridad hemisférica, pero también global, como quedó patente en el ‘Plan de Acción sobre la Volatilidad de Precios y la Agricultura’ adoptado por los Ministros de Agricultura del G-20 en la reunión del 2011 en París. Este plan enfatiza el logro de cinco objetivos: 1-

Aumentar la producción y productividad agrícola en el corto y largo plazo.

2-

Aumentar la transparencia e información de mercados.

3-

Mejorar la coordinación de políticas internacionales.

4-

Disminuir los efectos de la volatilidad de precios, particularmente en los países más pobres.

5-

Procurar mercados financieros agrícolas transparentes y regulados apropiadamente.

En ese marco general, los ministros del G-20 llaman a otorgar una atención especial a los pequeños productores de los países en vías de desarrollo (especialmente a las mujeres y jóvenes agricultores) para mejorar su capacidad de producción e ingresos, y en virtud de su crucial aporte a la producción de alimentos y al desarrollo de las economías rurales. A su vez, los ministros insisten en la necesidad de desarrollar capacidades para aumentar la producción y distribución de alimentos, con el fin de estar en condiciones de responder positivamente al cambio climático y sus efectos asociados (como eventos climáticos extremos) y a la volatilidad de los precios de los alimentos en los mercados mundiales.

La producción agrícola es extremadamente sensible al cambio climático y la variabilidad climática: los aumentos en las temperaturas y los cambios en los patrones de lluvias y de disponibilidad de agua inciden directamente en la cantidad y calidad de los alimentos producidos por unidad de área. Además, los cambios en el clima afectarán de manera creciente la distribución de las plagas y la virulencia de las enfermedades que afectan cultivos y animales. El almacenamiento y distribución de productos agrícolas también se verán afectados, pues además de los daños a la infraestructura, se facilitará la aparición de plagas y enfermedades post-cosecha. Los agricultores de escasos recursos económicos son y serán los más afectados.

El cambio climático aumenta la inseguridad alimentaria porque además de afectar negativamente la producción agrícola nacional (disponibilidad), impulsa el alza y la volatilidad de precios en los mercados internacionales (acceso).

La volatilidad de precios ya estuvo presente en la crisis alimentaria en 2008 pero los siguientes factores hacen que esta siga siendo tema de preocupación a nivel internacional: 1)

La demanda para producir biocombustibles (particularmente maíz en EE. UU.) y satisfacer las importaciones

chinas de soya. Además de la desviación del maíz para producir etanol, también ocurre un desplazamiento de áreas cultivadas con otros cultivos, con las consecuentes disminución de su oferta y el alza de precios; 2)

Efectos negativos de la variabilidad climática traducidos en menores cosechas. Por ejemplo, la sequía ocurrida

en el 2012 en la “franja granera” de los Estados Unidos; 3)

Las políticas chinas de comercio y reservas alimentarias condicionan el impacto del crecimiento del ingreso de

su población sobre el mercado mundial. China no oculta que procura lograr la autosuficiencia alimentaria, pero sigue dependiendo en alto grado de las importaciones de soya; y, 4)

El dólar débil y volátil, la crisis de la “zona euro” y la expectativa de crecimiento económico mundial, presionan

fuertemente al alza los precios de los “commodities” de alimentos.

A la incertidumbre causada por la volatilidad de precios se añade el alto costo de los insumos agrícolas, y ambos factores llevan a los productores a disminuir la inversión con la consecuente caída de la oferta de productos al final del ciclo; esto a su vez se puede traducir en un alza y mayor volatilidad de los precios en los mercados internacionales.

El grado de cómo el alza y volatilidad de precios a nivel internacional puede afectar a un país a nivel interno dependerá de su grado de integración al mercado internacional, así como de las medidas de gestión de riesgos que el país implemente. Un alza de los precios de los alimentos a nivel local afectaría principalmente a las familias más pobres en

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su capacidad para satisfacer los requerimientos diarios de una dieta saludable.

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria Actualmente existe mayor consciencia política sobre la importancia de tomar medidas efectivas para enfrentar el incremento y la volatilidad de los precios agrícolas y para adaptarse al cambio climático, con el fin de asegurar la disponibilidad de alimentos y su acceso de manera sostenible para toda la población. No obstante que la conciencia existe, las decisiones de política y las acciones integrales para enfrentar ambos retos combinados no son suficientes y a menudo han sido contradictorias.

En lo que toca a la seguridad alimentaria, la principal decisión es la de formular e implementar, a través de un proceso en que participen los principales actores públicos y privados, una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria que parta de la situación real y defina la visión integral de lo que el país quiere alcanzar. Tal Estrategia, que aún no ha sido desarrollada por muchos países, requiere un plan de acción realista y debe procurar al menos lo siguiente:

1.

Aumentar la inversión en la agricultura de manera significativa y urgente, con el fin de desarrollar y fortalecer

las capacidades científicas y de investigación, innovación y extensión. Estos esfuerzos deben considerar las necesidades tecnológicas y de extensión específicas del segmento mayoritario: los productores de pequeña y mediana escala. Además, se requieren asignaciones presupuestarias para apoyar a las mujeres y jóvenes en la agricultura.

Cabe subrayar que el crecimiento del PIB generado por la agricultura es hasta cuatro veces más efectivo en la reducción de la pobreza que el crecimiento generado por otros sectores de la economía (International Fund for Agricultural Development, 2011). Así por ejemplo, el efecto positivo de un dólar de incremento en las exportaciones agrícolas primarias en la remuneración de factores de producción va desde US$1.4 en Canadá hasta US$3.34 en Argentina (CEPAL et al. 2009).

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2.

Desarrollar y fortalecer los mercados agrícolas nacionales y locales para que sean más eficientes y transparen-

tes. Para lograr este objetivo es imprescindible contar con información accesible, confiable, completa y oportuna sobre producción, stocks, flujos comerciales y precios agrícolas, que contribuya a reducir la especulación y la volatilidad de precios. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) juegan un rol crucial en la generación y difusión de información de mercados.

3.

Crear el ambiente político adecuado para adoptar políticas, lograr arreglos institucionales y llevar a cabo

acciones que impulsen la integración en los mercados de los pequeños productores de manera sostenible. Su inclusión en las cadenas de valor requiere además el acceso a innovaciones tecnológicas apropiadas a su escala de producción, así como a recursos productivos y sociales por medio del crédito y de diversas herramientas financiero-mercantiles.

4.

Promover el libre comercio internacional de alimentos. El comercio agrícola mundial abierto y la integración

de mercados permiten conectar a los países productores de alimentos que generan excedentes con aquellos que muestran déficit en su producción (Huang et al. 2011) y favorecen la diversificación y el aumento en la oferta de productos agrícolas. Así, ayudan a la estabilidad global de los precios de los alimentos y a la seguridad alimentaria de los países (Nelson et al. 2011). La seguridad alimentaria de los países del LAC se beneficia con la disposición regional de eliminar barreras y facilitar las exportaciones de productos; sin embargo, aún faltan mecanismos para facilitar el comercio de alimentos entre los países del área (Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura, 2010).

5.

Desarrollar programas de acceso a alimentos para los grupos de población que son vulnerables por razones

estructurales, o bien debido a eventos catastróficos o ‘shocks’ de los mercados agroalimentarios globales. El objetivo es garantizar el acceso estable a alimentos, y corresponde a los países decidir si mantienen reservas de alimentos a nivel local, o prefieren asignar recursos financieros para atender eventuales emergencias, o una combinación de ambas.

6.

Desarrollar estrategias y programas para minimizar los riesgos que encarnan el cambio y la variabilidad climáti-

ca y la volatilidad de precios agrícolas para los pequeños y medianos productores. Es imperativo el desarrollo públicoprivado de seguros agrícolas y sistemas de alerta temprana para proteger a los productores de los riesgos climáticos y económicos y para ayudarles a ser más competitivos.

7.

Impulsar programas integrales de educación en seguridad alimentaria y nutricional que abarquen desde los

primeros años de escuela e incluyan al hogar, para formar hábitos saludables de alimentación.

Tal y como subraya la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (2010), la participación del Estado en áreas estratégicas como el fomento de la producción y abastecimiento de alimentos para el mercado interno, el financiamiento de la agricultura, el desarrollo de programas de protección social y las suscripción de acuerdos comerciales, permite a los países desarrollar mejores capacidades para amortiguar la crisis alimentaria y la volatilidad de los precios de los alimentos a nivel global.

El IICA El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) siempre ha estado comprometido con la seguridad alimentaria de las Américas. El Plan de Mediano Plazo 2010-2014 del IICA tiene como uno de sus objetivos estratégicos el “mejorar la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria”.

El IICA, a través de sus programas, abarca las cuatro dimensiones generalmente reconocidas de la seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización) y estos están vinculados al objetivo de mejorar la seguridad alimentaria de las Américas.

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En apoyo a las dimensiones “disponibilidad” y “estabilidad”, el Programa Innovación para la Productividad y Competitividad y las Oficinas del IICA en los países ejecutan diversos proyectos para mejorar la investigación, la innovación y la transferencia/extensión tecnológica, los cuales tienen por objetivo común elevar la productividad y lograr una agricultura competitiva y sustentable. Se trata de proyectos de carácter nacional, regional y hemisférico, financiados con recursos propios y externos, que procuran beneficiar a los sectores agroproductivos en su conjunto y a la agricultura de pequeña y mediana escala en particular. Así mismo, el IICA apoya fortalecimiento de la institucionalidad de los sistemas nacionales agropecuarios de innovación y de extensión y del sistema hemisférico de cooperación entre países (PROCIs y FORAGRO).

El Programa Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos apoya en diverso grado todas las dimensiones de la seguridad alimentaria. El programa y las Oficinas del IICA ejecutan proyectos con recursos externos y propios (de donantes y de los países) para atender la modernización de los servicios agropecuarios nacionales de sanidad; el fortalecimiento de capacidades nacionales en la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, que permite a los países aprovechar oportunidades en los mercados globales; la formación y fortalecimiento de capacidades técnicas en manejo e inocuidad de alimentos; y el apoyo a los países en la atención de emergencias y asuntos emergentes relacionados con la sanidad agropecuaria o la inocuidad de alimentos.

El Programa Agronegocios y Comercialización está enfocado en atender las dimensiones “acceso” y “disponibilidad” principalmente, y en conjunto con las Oficinas del IICA ejecuta proyectos para promover la inclusión de los productores de pequeña escala y de la agricultura familiar en las cadenas de valor, como medio para aumentar sus ingresos, mejorar su acceso a los alimentos y a su vez fomentar las economías rurales. Contempla también el desarrollo y modernización de mercados y sistemas de comercialización nacionales y de exportación, e incluye acciones para mejorar el funcionamiento, transparencia y eficiencia de los mercados. El IICA, a través de este Programa, es parte de la Organización de Información de Mercados de las Américas (OIMA) que cuenta con 33 países miembros y difunde información actualizada y análisis sobre mercados agropecuarios y oportunidades de negocios a todos sus asociados.

El Programa Territorios y Bienestar Rural y las Oficinas del IICA trabajan en apoyar políticas públicas y proyectos nacionales y regionales que optimicen la contribución de la agricultura al desarrollo sustentable de dichos territorios, como forma de maximizar las rentas sociales que se generan en la actividad productiva agrícola y de mejorar el acceso de estas poblaciones a los alimentos. Este Programa otorga un énfasis especial al fortalecimiento de la agricultura familiar, en atención a su importancia para la seguridad alimentaria y para la cohesión y bienestar social de los territorios rurales.

Como se dijo, la variabilidad y el cambio climáticos son factores que inciden gravemente en la seguridad alimentaria; por otra parte, para garantizar la producción y disponibilidad de alimentos en el largo plazo, es importante asegurar que la producción agrícola sea sustentable. Por eso, en el IICA se creó el Programa Transversal Recursos Naturales y Cambio Climático, que tiene como temas principales la adaptación de la agricultura al cambio climático y promoción de la actividad agropecuaria con responsabilidad ambiental. El Programa y las Oficinas del IICA promueven enfoques sistémicos y ejecutan proyectos de diversa escala para que la agricultura del hemisferio pueda enfrentar las condiciones derivadas de la variabilidad y el cambio climático. El Programa promueve el mejor uso y manejo sustentables de los recursos naturales en la agricultura (incluida la gestión integral del recurso agua), la gestión eficiente de riesgos ambientales en la agricultura; el fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades para enfrentar el cambio climático, y la mitigación de daños ocasionados por la agricultura al medio ambiente, entre otros. Se realizan acciones puntuales en temas específicos, como los relacionados con la adaptación del café al cambio climático en la región Central, o la definición de estrategias de extensión para la agricultura familiar y su adaptación al cambio climático en territorios del Cono Sur. El Programa Transversal Agricultura y Seguridad Alimentaria tiene como objetivo el contribuir a sus países miembros al desarrollo de políticas, estrategias y capacidades que mejoren la producción, la productividad, los procesos de agregación de valor y el acceso de los productores a los mercados. Además, brindar a los países análisis e información oportuna, pertinente e integral sobre la situación y las perspectivas de la seguridad alimentaria en el hemisferio y el mundo, que sirvan de insumos para la toma de decisiones; para lograr este objetivo el IICA ha desarrollado el Observatorio de Seguridad Alimentaria para las Américas el cual es de libre acceso y se encuentra disponible en: http://

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infoagro.net/programas/Seguridad/default.aspx El IICA también cuenta con el Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA), el cual también trabaja en temas estrechamente relacionados con la seguridad alimentaria, particularmente en la provisión de información y análisis para la toma de decisiones: Prospección y análisis estratégicos para la agricultura (elabora en conjunto con FAO y CEPAL un análisis anual sobre la situación y perspectivas de la agricultura en los países); Políticas públicas para la agricultura; Normativa comercial internacional y sus implicaciones para la agricultura; e Institucionalidad de la agricultura e inversiones para su modernización.

Bibliografía Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2012). CEPALSTAT. Recuperado de http://websie.eclac.cl/infest/ ajax/cepalstat.asp Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2013). Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2013. Recuperado de http://www.iica.int/ Esp/Programas/AnalisisEstrategico/Publicaciones%20de%20Modernizacin%20Institucional/B2993e.pdf Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2009). Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2009. Recuperado de http://www.iica.int/ Esp/Programas/AnalisisEstrategico/Publicaciones%20de%20Modernizacin%20Institucional/B1560E.pdf Huang, H., von Lampe, M. & van Tongeren, F. 2011. Climate change and trade in agriculture. Food Policy, 36, S9-S13.

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El Estado es, al mismo tiempo, a través del monopolio legítimo de la violencia, la entidad que tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de sus ciudadanos frente a posibles crímenes contra la humanidad”

Andrea R. Bravo Suárez Andrea Romina Bravo Suárez es Abogada egresada de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Argentina. Se desempeña como relatora en el Poder Judicial y como docente en las asignaturas de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Es miembro activo del Centro de Estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la misma institución. Presentó trabajos de producción científica en congresos especializados en su país. rominabravo_3@hotmail.com, rominabravos.cecpri.sde@gmail.com

Sebastián Banco.

Sebastián Banco es Licenciado en Relaciones Internacionales egresado de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Argentina en donde se desempeña como docente en las asignaturas Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Es miembro activo del Centro de Estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la misma institución. Presentó trabajos de producción científica en congresos especializados en su país. sebastianbanco@hotmail.com sebastianbanco.cecpri.sde@gmail.com

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Bravo, A.- Banco, S. Seguridad Humana-responsabilidad de proteger: un dilema utópico pragmático

SEGURIDAD HUMANA – RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: un dilema utópico pragmático

Articulo recibido: 25 de Enero, 2013- Articulo aprobado: 10 de abril, 2013

Resumen

La seguridad humana se relaciona estrechamente con la noción de desarrollo humano, no sólo se orienta a la “libertad frente al temor” sino que pretende la realización de la persona humana en todas sus dimensiones y a la satisfacción de los derechos humanos sin distinción. Por tratarse de un concepto inclusivo e integrador, se centra en la necesidad de proteger a las personas por encima de cualquier otra consideración. En esta nueva concepción, la cooperación le otorga un valor añadido donde resignifica la “Responsabilidad de Proteger”, que promueve la transformación de los paradigmas establecidos del derecho internacional moderno basándose en la existencia de cambios considerables en el orden internacional a partir del fin de la Guerra Fría, manifestados en el surgimiento de nuevas formas de conflictos armados, y en “la proliferación de conflictos armados dentro de los Estados”. El Estado es, al mismo tiempo, a través del monopolio legítimo de

Andrea R. Bravo Suárez

la violencia, la entidad que tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de sus ciudadanos frente a posibles crímenes contra la humanidad. Sin embargo, no está exenta de controversias, sobre todo por parte de aquellos que teman que su soberanía interna se pueda ver amenazada.

Palabras clave: Seguridad Humana – Responsabilidad de Proteger

– Derechos Humanos – Soberanía

Abstract Human security is closely related to the notion of human development, not only directed at the “freedom from fear” but seeks the realization of the human person in all its dimensions and the satisfaction of human rights without distinction. Being an inclusive and integrative concept focuses on the need to protect people above all other considerations. In this new concept, cooperation gives added value which redefines the “Responsibility to Protect”, which promotes the transformation of the established paradigms of modern international law based on

Sebastián Banco

the existence of significant changes in the international order after the end of the Cold War, manifested in the emergence of new forms of armed conflict, and in “the proliferation of armed conflicts within states.” The State is, at the same time,

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through the legitimate monopoly of violence, the entity that has the responsibility to protect the security of its citizens against possible crimes against humanity. However, is not without controversy, especially by those who fear their internal sovereignty can see threatened.

Key Words: Human Security – Responsibility to Protect – Human Rights - Sovereignty

Introducción El concepto de seguridad humana y todas sus implicancias están aún en proceso de maduración. Adoptando un enfoque amplio acerca de su contenido, se considera que en esencia “…se trata de que la persona se sienta segura, y no de que los territorios rodeados de fronteras se sientan seguros contra la agresión externa…” (Informe de la Comisión de la Seguridad Humana, 2003, p. 6), pretende, en definitiva, la realización de la persona humana en todas sus dimensiones, la satisfacción de los derechos humanos sin distinción.

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta los desafíos que su aplicación genera desde las posiciones asumidas por los estados, este artículo se propone analizar el alcance de este nuevo paradigma a partir del estudio de su desarrollo histórico y conceptual, de sus aportes y potencialidades desde el principio de la Responsabilidad de Proteger, y con su mecanismo propuesto por Brasil, Responsabilidad al Proteger. A pesar de las imprecisiones y discrepancias que les rodean, cabe apreciar diferentes contribuciones positivas, tanto en el plano de la seguridad como en el del desarrollo o el de la gobernanza democrática. Así pues, nuestro objetivo consiste precisamente, a partir de la reflexión sobre el alcance del paradigma de la seguridad humana, conteniendo al segundo, tender líneas de discusión sobre los más diversos temas relacionados con ella.

A tales efectos y a fin de dilucidar de qué manera se llevan a la práctica tan amplios conceptos, el tratamiento de la temática esta dividido en tres partes.

Por un lado se aborda el marco teórico de la Seguridad Humana, analizando brevemente su desarrollo conceptual y sus potencialidades a futuro. Por el otro, a través de la evolución histórica, nombrara el valor añadido que le han otorgado la asociación preventiva de los actores estatales y no estatales, para reforzar los componentes de cada una de sus dimensiones, culminando con los puntos críticos del debate temático en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en torno de la adopción de un enfoque restringido o amplio del concepto, así como el Informe del Secretario General de Naciones Unidas. En un tercer acápite se identificaran el contenido, motivaciones y valores añadidos que la doctrina de la Responsabilidad de Proteger le ha otorgado al enfoque amplio de Seguridad Humana, analizando las diversas posiciones que ha generado la propuesta en la práctica en la comunidad internacional resumiendo de alguna manera la teoría y práctica de la temática eje de nuestro trabajo.

I Parte La Seguridad Humana Conceptualizaciones Generales Para valorar adecuadamente la Seguridad Humana, es preciso comenzar aclarando que su formulación fue posible gracias a los cambios experimentados en el contexto internacional y en el plano de las ideas tras el final de la Guerra Fría, tanto en el plano de la seguridad (fin de la confrontación bipolar entre los bloques, claro predominio de las guerras internas vinculadas a problemas del desarrollo, emergencias políticas complejas en contextos de colapso de la economía y de los estados), así como en el plano de las ideas (auge del liberalismo y sus valores) y de la política inter-

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nacional.

De manera que la conceptualización de la seguridad humana es el colofón de una línea de evolución teórica habida durante las últimas décadas en el campo de la seguridad y de los estudios sobre paz y conflictos. El cuestionamiento del paradigma tradicional de la seguridad (como una cuestión de supervivencia territorial y política de un Estado) ha ido girando sobre varios ejes conceptuales, con el advenimiento del denominado “nuevo pensamiento sobre seguridad” han aparecido varias concepciones.

La primera ha consistido en un esquema preventivo desarrollado en Europa tras el fin de la Guerra Fría, que se apoyaba en la idea de que la disuasión puede alcanzarse mediante la transparencia de los procedimientos e información de carácter militar y de las medidas de fomento de la confianza mutua, que involucran a las fuerzas armadas (White Gómez, 2004, p. 24). La clave del esquema era la asociación preventiva de los Estados que participaban; todos cooperan para proteger su seguridad en conjunto. A su vez, el esquema de seguridad colectiva definido en la Carta de las Naciones Unidas asignó un rol a los organismos o acuerdos regionales. La Declaración de Ushuaia sobre Zona de Paz, suscrita por los países de MERCOSUR y Chile, incluye el concepto de seguridad cooperativa.

Por otro lado, con el ensanchamiento del contenido de la seguridad, incorporando a las amenazas militares otras de tipo económico, político, social, medioambiental, etcétera, se ha posibilitado un acercamiento entre las cuestiones de seguridad y las de desarrollo propias de los años noventa. El planteo de la seguridad en el marco de las reglas de la democracia ha dado origen al concepto de seguridad democrática, impulsado por la Comisión Sudamericana de Paz en la década de 1980, lo que ha permitido pasar de la visión estadocéntrica clásica a las visiones que se centran en un nivel global o individual. Esta última perspectiva nos interesa particularmente, pues es la que acaba desembocando en la aparición del concepto de seguridad humana, integrando aspectos relevantes tales como el reconocimiento del Estado democrático de Derecho, el respeto de los derechos humanos, la sumisión de las fuerzas armadas a la autoridad civil y la coordinación y cooperación de las políticas de seguridad y de defensa (White Gómez, 2004, p. 24).

Esta noción es adoptada por el Tratado Marco de Seguridad Democrática, celebrado entre los países centroamericanos; el cual reza en su considerando octavo que: “El Modelo de Seguridad Democrática se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y los bienes, la superación de la pobreza y de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas”.

Tal ampliación ha traído como consecuencia un acercamiento entre las cuestiones de seguridad y desarrollo. La extensión vertical (al concebirla como un bien global que transciende a los estados) permitió avanzar del concepto de seguridad hacia el de seguridad humana, desde que un enfoque horizontal incluye nuevos tipos de seguridad mediante la consideración de diferentes amenazas a la misma, seguridad política, económica o medioambiental (Rothschild, v.

124, n° 3, 1995, p.55), lo que ha contribuido a replantear que sea el Estado el objeto de referencia de la seguridad, al entender que son los individuos los que sufren la insatisfacción de las necesidades básicas, constituyendo una amenaza a su seguridad (Thomas, 1987).

En esta evolución conceptual de este nuevo paradigma, el Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana”, constituyó el documento fundacional de un nuevo e intenso debate en torno a la conceptualización de la seguridad, basándose en las palabras de Stettinius Jr. para postular la seguridad humana como un nexo entre la libertad frente al miedo (freedom from fear) y la libertad frente a la necesidad (freedom from want).

Plantea que el punto de partida es entender que la seguridad de las personas debe ser la prioridad y que la seguridad del Estado constituye un medio para alcanzar esa meta. En ese sentido, proyecta las consecuencias negativas de las interpretaciones restrictivas de la seguridad, en particular la subordinación de la seguridad del individuo a la seguridad militarizada del Estado, y subraya que el sentimiento de inseguridad de las personas deriva más de las preocupaciones cotidianas que del temor a acontecimientos mundiales catastróficos. Por lo tanto, la búsqueda de la seguridad debe

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canalizarse a través del desarrollo y no por medio de las armas.

Conviene recordar a David Baldwin, quien sostiene que para comprender en los avances del concepto de seguridad humana, corresponde formular criterios para caracterizar cada enfoque de seguridad, mediante la enunciación de preguntas tales como ¿Para quién es la seguridad?, ¿Qué valores hay que asegurar o proteger?, ¿Qué amenazas a la seguridad se perciben? y ¿Con qué medios se puede garantizar la seguridad? (Baldwin, v. 23. nº 1, 1997, pp. 5-26).

Sobre estas bases, la seguridad humana tiene dos aspectos principales. En primer lugar, significa seguridad contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión. Y en segundo lugar, significa protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad. La pérdida de la seguridad humana puede ser un proceso lento y silencioso o una emergencia abrupta y estridente. Puede ser obra humana, como resultado de opciones erradas de política, o ser la consecuencia de las fuerzas de la naturaleza.

Puede ser una combinación de ambos, como ocurre con frecuencia cuando el deterioro del medio ambiente desemboca en un desastre natural, seguido de la tragedia humana (PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano de 1994, p. 26).

De esta forma se incorpora el tema de los derechos humanos, el buen gobierno, el acceso a la educación y la salud, además de asegurar que cada individuo tenga las oportunidades y la capacidad de elección necesarias para el cumplimiento de todo su potencial, agregándose que cada paso en esa dirección es también un paso hacia la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la prevención de los conflictos. De allí que “la libertad de la necesidad y del temor, y la libertad de las futuras generaciones de heredar un medio ambiente saludable, son las dimensiones que en forma interrelacionada componen la seguridad humana y, por lo tanto, la seguridad nacional” (Annan, 2000).

En el ámbito de la OEA, la Declaración sobre Seguridad en las Américas (2003) expresa que la razón de ser de la seguridad es la protección de la persona humana, mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre. El documento también afirma que “las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales.

En el plano doctrinario, Alkire sostiene que “el objetivo de la seguridad humana es salvaguardar el núcleo vital de todas las vidas humanas de las amenazas críticas persistentes, de un modo que sea consistente con el desarrollo humano a largo plazo” (Alkire, 2003, p. 2). Al analizar esta definición, expresa que las amenazas a la seguridad humana son críticas en el sentido de que pueden insertarse en el núcleo de las actividades y funciones de las vidas humanas y aclara que algunas amenazas pueden ser repentinas, como en el caso de un colapso económico, pero “lo que define una amenaza como crítica es su trágica profundidad antes que su carácter repentino”. Precisa además que una amenaza es persistente cuando se produce en gran escala (dentro de la población en consideración) y/o aparece una y otra vez a lo largo del tiempo, es decir, “no se trata de un evento anómalo para el cual la preparación estratégica es imposible”. Las amenazas persistentes “pueden no ocurrir en masa”, dice Alkire, dando como ejemplo el caso de un hombre incapacitado por un accidente de trabajo, cuya familia puede, de ahí en adelante, vivir en penuria.

Las amenazas a la seguridad humana operan de distintas maneras. Algunas, como el genocidio o la degradación del suelo, son amenazas directas. Otras son indirectas, como una excesiva inversión en gastos militares que causa una inversión insuficiente en otras áreas. O como la amenaza que deriva del hecho de que un país invierta en educación menos de lo necesario.

En suma la seguridad internacional, la seguridad del Estado y la seguridad de las personas son interdependientes, especialmente en relación con determinadas amenazas. Cuanto más seguro sea el mundo habrá mayor seguridad para todos. Y los Estados nunca estarán seguros si sus ciudadanos no lo están. La aparición y evolución del concepto de seguridad humana responde a la idea de que la seguridad debe centrarse en las personas, que ésta se ve amenazada no sólo por la violencia física, sino también por otras amenazas a su subsistencia en condiciones de dignidad y que el multilateralismo permite la concreción del proyecto en la agenda internacional. (Krause, v. 24. nº 1, 1998, pp. 125-136).

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II Parte Red de Seguridad Humana La Red de Seguridad Humana (RSH) es un grupo multilateral de estados, de carácter informal, que se centra en la promoción de estrategias de seguridad humana en la política exterior y que mantiene estrechos vínculos con la sociedad civil y el mundo académico.

Este grupo surgió con la llamada Cooperación Lysoen, acuerdo bilateral entre Noruega y Canadá firmado en el año 1998, ante la idea de formar un equipo de países afines dispuestos a aunar esfuerzos en la lucha contra una serie de otras amenazas a la seguridad de las personas en todo el mundo. En la actualidad, la RSH se encuentra conformada por un total de quince estados, Austria, Canadá, Chile, Costa Rica, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Países Bajos, Panamá (recientemente incorporada), Noruega, Eslovenia, Sudáfrica (observador), Suiza y Tailandia. Los mismos se reúnen anualmente a nivel ministerial con instituciones académicas como FLACSO y la Universidad de Harvard; y entidades internacionales, tales como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Campaña Internacional para Prohibir las Minas Antipersonales, Coalición para Detener el Uso de Niños Soldados, Red de Acción Internacional de Armas Pequeñas, entre otras.

Desde su nacimiento la RSH ha constituido una plataforma transregional que ha estimulado -en el seno de los organismos internacionales- sinergias que han permitido idear soluciones novedosas a través del diálogo multilateral, posibilitando la creación de normas que contribuyen a la estabilidad global y regional en el ámbito de la seguridad humana.

En el contexto internacional contemporáneo, ha cumplido una función catalizadora de la actividad de los organismos internacionales, pues señala a la atención en los problemas actuales, con la particularidad de que son estudiados a través del prisma de la seguridad humana. En ese sentido, puso de relieve las cuestiones clave de política exterior de interés para la comunidad de estados y organizaciones protagonistas en la formulación de proyectos comunes para la concreción de la seguridad de las personas. Tales avances fueron posibles gracias a las herramientas de coordinación, cooperación y colaboración de distintos actores sociales para la solución de conflictos claves a la seguridad, entre las que se encuentran la base de datos electrónicas creadas al efecto (Human Security Gateway) que coincidió con el lanzamiento de un boletín informativo trimestral conocido como HS Newsletter, y constituye el único boletín de noticias documentado de los países miembros de la RSH, que permitió su integración en la comunicación de la agenda internacional así como la proliferación de nueva literatura y recursos de la seguridad humana.

Foro Amigos de la Seguridad Humana El grupo Amigos de la Seguridad Humana (ASH) consiste en un foro informal para los Estados miembros y organizaciones internacionales creado para discutir el concepto de seguridad humana desde distintos ángulos con el fin de buscar una comprensión global común de la Seguridad Humana, así como también explorar esfuerzos de colaboración para la integración del concepto en las distintas actividades de las Naciones Unidas.

La creación del foro, consecuencia directa de la Cumbre Mundial 2005, fue anunciada en ocasión de la Octava Reunión Ministerial de la Red de Seguridad Humana, en mayo de 2006, por Yukio Takasu, Embajador de Japón encargado de la Seguridad Humana.

Las iniciativas de ASH han sido muy positivas ya que han sido adoptadas por organizaciones tales como la Unión Africana (UA), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Europea (UE). Así, los progresos realizados desde la última reunión se materializaron en la integración del concepto de seguridad humana dentro de la comunidad internacional. Las implicancias de dicho proceso abarcan la libertad del miedo, la libertad de la miseria y

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la libertad para vivir con dignidad, que no significan otra cosa más que el reposicionamiento de los estados ante las distintas amenazas contra la seguridad humana enfocada desde todos los ángulos posibles.

El Debate Temático La aprobación del Documento Final de la Cumbre Mundial en 2005 (A/RES/60/1) por la Asamblea General de Naciones Unidas resultó fundamental en la concientización y el creciente interés en el concepto de seguridad humana. El párrafo 143 del mencionado documento destaca: El derecho del pueblo a vivir en libertad y dignidad, libres de la pobreza y la desesperación… Reconoce que todas las personas, en particular las personas vulnerables… con igualdad de oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano…Y compromete a los Jefes de Estado y de Gobierno para discutir y definir el concepto de Seguridad Humana en la Asamblea General…

Desde Naciones Unidas, se han realizado notables contribuciones en el avance del concepto de Seguridad Humana.

Así, en 2006 tuvo lugar la primera reunión de los ASH en la ciudad de Nueva York. Mientras, la RSH, establecida en 1999, sigue desempeñando un papel fundamental para poner de relieve el valor añadido de la seguridad humana, centrándose en los desafíos globales comunes tales como, el cambio climático, las pandemias, la protección de los niños y las mujeres, etc.

Mientras tanto, el 22 de mayo de 2008 se realizó en la Asamblea General de las Naciones Unidas un debate temático oficioso sobre seguridad humana. El debate consolidó un amplio consenso sobre la necesidad de una nueva cultura de las relaciones internacionales que vaya más allá de respuestas fragmentadas y convoque a soluciones coherentes, integradas y centradas en las personas.

Los Estados Miembros reconocieron el valor que agrega el concepto de seguridad humana en este sentido y enfatizaron el enfoque comprensivo del concepto para responder a las viejas y a las nuevas inseguridades, que van desde el hambre persistente y la pobreza a la degradación ambiental, la inseguridad alimentaria y el tráfico de personas (ONU,

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2008-2009).

En el debate se remarcó que, al enfocarse en la seguridad de las personas y las comunidades, la seguridad humana reconoce las interrelaciones de tales amenazas y utiliza un enfoque multidimensional que congrega los tres pilares del Sistema de las Naciones Unidas. De este modo, la seguridad humana fortalece los esfuerzos por mejorar la seguridad, el desarrollo y los Derechos Humanos y permite respuestas más tempranas y mejor coordinadas entre los Estados Miembros, las organizaciones internacionales, las agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.

Hubo acuerdo entre la mayoría de los Estados Miembros acerca de que la seguridad humana es más efectiva para afrontar el cambio climático y su desproporcionada carga sobre los grupos vulnerables. También fueron de prioridad en la lista de áreas temáticas la salud y las enfermedades infecciosas, los conflictos y su impacto en mujeres y niños, la erradicación de las minas y armas pequeñas, la crisis alimentaria global y el bienestar de la población de territorios propensos a desastres naturales.

En ese orden se puso de relieve que la seguridad humana se ha convertido en un aspecto clave de numerosas políticas gubernamentales y de varias iniciativas intergubernamentales. Del mismo modo, organizaciones regionales como la Unión Africana, la Unión Europea, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Organización de Estados Americanos y la Liga Árabe han admitido el valor que aporta el enfoque de seguridad humana en el diseño de sus políticas regionales.

En un discurso de amplio alcance, el príncipe El-Hassan bin Talal de Jordania, puso en tela de juicio la noción tradicional de seguridad, instando a los gobiernos revisar el asunto desde una perspectiva más amplia sosteniendo que como ciudadanos globales, nos enfrentamos hoy en día a mayores impactos en nuestra vidas más allá de las fronteras territoriales. Por todo esto reflexionó acerca de si la intervención en los asuntos de un Estado, basándose en el concepto de “Responsabilidad de Proteger”, es un deber moral de la comunidad internacional o una violación de la soberanía estatal.

En la misma línea, el representante egipcio sostuvo que no se debe confundir la Seguridad Humana con los intentos de utilizar la Responsabilidad de Proteger para justificar la intervención de los Estados.

A continuación, algunas consideraciones acerca de las demás intervenciones en el debate: La representación de Mongolia enfatizó su discurso en la globalización. Alegó que nuestros destinos están tan entrelazados que, el concepto de Seguridad Humana debe abarcar “sin fronteras” temas como las preocupaciones económicas, alimentarias y ambientales, equilibrando entre los derechos y obligaciones tanto de los Estados como de los individuos.

La delegación turca hizo hincapié en que, el concepto debe ser interpretado de manera amplia incluyendo la protección de la enfermedad, el hambre, los desastres naturales y la degradación ambiental, los cuales causaron mucho más sufrimiento inclusive que los conflictos armados en si.

Hacia el continente americano, destacamos las siguientes posiciones.

El Representante permanente alterno de Costa Rica sostuvo que: “Las causas y las consecuencias de los principales problemas mundiales como la pobreza extrema y la inequidad, las pandemias, los conflictos armados, el cambio climático, entre otros, se encuentran estrechamente interconectados y requieren de un enfoque comprensivo para su tratamiento (…) La seguridad internacional, regional y nacional requi-

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eren sobre todo del multilateralismo y de la cooperación, ya que ninguna frontera es capaz de detener a seres humanos que huyen de la guerra o del hambre, ningún país es capaz por sí sólo de protegerse contra el terrorismo, ninguna población es inmune al SIDA, y nadie puede escapar de los efectos provocados por la degradación del ambiente … ha llegado el momento de dar más importancia a las personas que a las armas y de proteger a los seres humanos contra la ignorancia, el hambre, la enfermedad, el abandono y la persecución …la seguridad humana puede ser la solución para resolver el rompecabezas de muchos conflictos, desarmando a la pobreza y armando de nuevo correctamente las piezas claves del desarrollo como son la creación de empleos y la inversión social en salud y educación; debemos aumentar la cooperación para recuperar la tierra que fue utilizada para sembrar destrucción en lugar de alimentos y asegurarnos de que todas las personas tengan oportunidad de lograr una vida mejor, porque la seguridad se construye a través del desarrollo.”

Por su parte, nuestro vecino Brasil acordó el establecimiento de los “perfiles básicos” del concepto de seguridad humana es un gran reto pero, aunque había hecho referencia a los precios de los alimentos, la violencia de género, el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteó la siguiente cuestión: “¿Cómo procede las Naciones Unidas de manera más eficaz para hacer frente a estos problemas de una manera práctica?”. También planteó que, teniendo en cuenta al individuo como sujeto de ciertos derechos inalienables; “¿Cómo el concepto de Seguridad Humana añadiría valor al actual régimen de los tratados de derechos humanos?”.

El Informe del Secretario General de Naciones Unidas Más adelante en el tiempo, precisamente el 8 de marzo de 2010, el Secretario General de Naciones Unidas lanzó su primer informe sobre la Seguridad Humana (A/64/701).

Para examinar el mismo, el 20 de Mayo de 2010, el Presidente de la Asamblea General organizó una mesa redonda y un debate formal sobre la seguridad humana en el sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General.

Sobre la base de consultas entre los Estados miembros, la Asamblea General aprobó la resolución 64/291 el 16 de julio de 2010.

El enfoque de seguridad humana como se expresa en los debates de Naciones Unidas, en términos generales, abarca la libertad del miedo, la libertad de la miseria y libertad para vivir con dignidad. En conjunto, estas libertades fundamentales están arraigados en el núcleo principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Como un concepto centrado en las personas, la seguridad humana considera una amplia gama de condiciones que amenazan la supervivencia, el sustento y la dignidad e identifica el umbral por debajo del cual la amenaza a la vida del hombre es intolerable. Se basa en un enfoque multisectorial en el cual las inseguridades y sus causas pueden incluir aspectos económicos, de alimentación, salud, del medio ambiente, personal, comunitaria y hasta las de carácter político.

Por otra parte, la seguridad humana hace hincapié en la interconexión de las amenazas y las respuestas a la hora de abordar las mismas. Esta interdependencia tiene importantes implicaciones para la formulación de políticas ya que implica que las inseguridades humanas no pueden ser abordadas de manera aislada a través de la fragmentación dando respuestas independientes. En su lugar, la seguridad humana implica enfoques integrales que hacen empeño en la necesidad de respuestas cooperativas e integradas relacionando a las agendas con temas como la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos.

Además, la seguridad humana reconoce que la inseguridad varía considerablemente entre los diferentes contextos y tiempos, y como tales, se deben dar soluciones contextualizadas que respondan a las situaciones particulares que pretenden resolver. Por último, en frente a los riesgos y las causas profundas de la inseguridad, la seguridad humana está orientada a la prevención.

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El concepto de seguridad humana deriva en gran parte de su fuerza de un marco de doble política que descansa sobre los pilares que se refuerzan mutuamente de protección y el empoderamiento.

La aplicación de este marco ofrece un enfoque integral que combina de arriba hacia abajo normas, procesos e instituciones, incluido el establecimiento de mecanismos de alerta temprana, la buena gobernanza y los instrumentos de protección social, con un enfoque de abajo hacia arriba, en el que los procesos participativos apoyan el importante papel de los individuos y las comunidades como actores en la definición y ejecución de sus libertades esenciales.

Como resultado, la seguridad humana no sólo promueve un marco en el que las personas son protegidas y empoderadas y, por lo tanto en una mejor posición para prevenir de manera activa y mitigar el impacto de la inseguridad, sino que también ayuda en el establecimiento de un contrato social entre diversos actores en una sociedad determinada mediante el cultivo de discurso público y el fortalecimiento de relaciones Estado-sociedad.

III Parte Responsabilidad de Proteger A partir de la conceptualización de la seguridad humana como el medio para liberar a las personas tanto de las incertidumbres y temores, así como de las carencias materiales básicas para la subsistencia y la vida digna, Naciones Unidas bajo la iniciativa de Japón, propuso generar un espacio donde se planteen los esfuerzos para enfrentar todas las amenazas a la vida y dignidad de las personas, dando origen en al año 2001 a la Comisión de Seguridad Humana; la cual elaboró el informe “Seguridad Humana, ahora”.

En ese sentido, la comisión examino las esferas relacionadas con el conflicto y la pobreza en las que las expresiones de inseguridad humana son críticas y generalizadas, y concluyo sobre la necesidad de proteger a las personas en los conflictos violentos, hacer frente a la proliferación de armamento y combatir el delito; apoyar la seguridad de los migrantes, refugiados y desplazados; alentar el comercio y un mercado justo en beneficio de las personas en condición de pobreza extrema; y, finalmente, tratar de proporcionar niveles de vida mínimos en todas partes y dar prioridad a garantizar un acceso universal a la atención básica de la salud.

Completa el cuadro teórico de la seguridad humana el informe 2001 denominado “La responsabilidad de proteger”, elaborado por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE) a requerimiento del Secretario General de las Naciones Unidas. En ese sentido, el informe precisa que la responsabilidad primordial de proteger a los ciudadanos corresponde al Estado, pero que de forma subsidiaria se posibilita la intervención humanitaria de la sociedad internacional.

La Responsabilidad de Proteger (Responsability to Protect – R2P), formalmente aprobada en la Cumbre Mundial de Naciones Unidas de 2005, se constituye en un compromiso histórico según el cual los Estados Miembros de la organización acuerdan que cada Estado, así como la ONU y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la depuración étnica, conformando el principio en base a tres pilares fundamentales, que responden cronológicamente a tres momentos específicos de aplicación: a)

La responsabilidad de prevenir. Compete a cada Estado el deber de proteger a su población de peligros pro-

fundos y directos de los conflictos internos y otras crisis provocadas por el hombre; b)

La responsabilidad de reaccionar. Responder a las situaciones en que la necesidad de protección humana

sea imperiosa con medidas adecuadas, que pueden incluir medidas coercitivas como la imposición de sanciones y las actuaciones legales en el plano internacional y de asistir a la comunidad internacional en la construcción de capacidades; c)

La responsabilidad de reconstruir. La que compete a la comunidad internacional de responder oportuna y

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decisivamente cuando el Estado fracasa en la protección de su población respecto de los crímenes enunciados. Así como también ofrecer después de una intervención militar plena asistencia para la recuperación, la reconstrucción y la reconciliación, eliminando las causas el daño que la intervención pretendía evitar.

En este último cabe precisar que la intervención militar se faculta a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en casos de graves daños para la población como resultado de una guerra civil, una insurrección, represión ejercida por el gobierno o el colapso de las estructuras estatales y que el Estado involucrado no quiera o no pueda evitar. Así se sostiene que “la responsabilidad internacional de proteger tendrá prioridad sobre el principio de no intervención”.

Después de varias discusiones y debates sobre las propuestas preliminares lideradas por el Secretario General de la ONU, la doctrina de la R2P fue aceptada a nivel global por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno efectuada en la sede de las Naciones Unidas en septiembre del año 2005 y, cuyas conclusiones fueron aprobadas mediante resolución de la Asamblea General del 24 de octubre del mismo año. En los párrafos 138 y 139 del documento final se condensa la doctrina estableciendo que la “responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad” (A/RES 60/1. Documento Final de la Cumbre Mundial. 24/10/2005).

De esta forma la seguridad humana materializada a través de la responsabilidad de proteger, implica que los Estados asumen el compromiso de prevenir, manejar los conflictos y proteger a sus ciudadanos especialmente de las atrocidades que significan los crímenes de genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad (Deng y Mendez, 2008, pp. 81-91).

De ese modo, se amplía el espectro del “ius ad bellum” o derecho de guerra, que es el término dado a la rama del derecho que define las razones legítimas por las que un Estado puede librar una guerra y se centra en ciertos criterios que hacen una guerra justa (Valencia, 2007, p. 509). Si bien la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza y la amenaza de su empleo, la nueva doctrina plantea que en el evento que los Estados no sean capaces de proteger a las poblaciones vulnerables, la responsabilidad de auxilio la asume la comunidad internacional incluso empleando la fuerza militar como “ultima ratio”.

La R2P fue finalmente aceptada por toda la comunidad internacional en la Cumbre de Naciones Unidas efectuada en el año 2005 y zanjó la controversia ampliamente debatida entre los partidarios del “derecho de injerencia” en boga en los años noventa y los seguidores de la pasividad indolente que permitió genocidios como los de Ruanda (1994) y Srebrenica (1995). Resolvió que si pese a la ayuda internacional, los Estados no pueden o no quieren brindar protección a su gente, entonces la comunidad internacional es la que adquiere la responsabilidad de involucrarse.

De esta manera el derecho internacional de los derechos humanos da hoy contenido normativo a la función disuasiva

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del sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas, y refuerza la legitimidad del uso de la fuerza para asegurar la responsabilidad penal y el castigo de los autores de crímenes que no solo afectan la paz y la seguridad internacionales, sino que afligen la vida y la dignidad de las personas de conformidad con el Estatuto de Roma.

En definitiva la seguridad humana tiene una naturaleza integradora y multidimensional, constituyendo su herramienta de aplicación, la cooperación internacional (Fuentes y Rojas, 2005, p 213). Sin embargo, detrás de los efectos de su puesta en marcha se erige el principio de la R2P, resistida internacionalmente a causa de los peligros que implica para las soberanías de los estados. Los aspectos débiles de la propuesta están determinados por la imprecisión de su definición y su posible uso como justificación de la militarización de políticas públicas y de intervenciones humanitarias (Pérez de Armiño, 2007).

A.- R2P reforzada por los Derechos Humanos La nueva dimensión de seguridad (humana y multidimensional) otorga a la comunidad internacional un rol activo y estratégico en la protección de los derechos humanos, en la vigencia del derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional penal.

Se entiende que la responsabilidad de garantizar la seguridad humana corresponde al Estado, por lo que ante la vigencia del estado democrático de derecho, estos deberes están sujetos a ciertos estándares internacionales mínimos fijados por el derecho internacional de los derechos humanos (Soto, 2008, pp. 120 - 143). Las obligaciones contraídas en el ámbito internacional mediante la suscripción de estos tratados, generan un tipo de deber específico estatal cuyo objetivo consiste en dar protección a sus propios ciudadanos (Cancado, 2006).

Las obligaciones genéricas más importantes que contraen los Estados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos consisten en las de respetar y garantizar la vigencia de tales derechos: a) Respetar: se exige al Estado y a sus agentes que no violen los derechos humanos establecidos en los tratados (obligación de no hacer o de inhibirse) y, b) Garantizar: se exige el emprendimiento de acciones legislativas, judiciales y administrativas que aseguren que todas las personas estén en condiciones de ejercer sus derechos (obligación de hacer o de ejecutar), en plena observancia de los deberes de prevenir, castigar y sancionar las infracciones que se cometan contra las personas a través de sistemas policiales y de persecución penal eficientes.

En el nuevo esquema de seguridad hemisférica la tranquilidad de las personas se encuentra interrelacionada, de manera que una crisis que afecte a una comunidad, al mismo tiempo constituirá una crisis a la seguridad humana.

En Latinoamérica los principales factores de riesgo para la seguridad humana lo constituyen la gobernabilidad, la inseguridad pública y la violencia organizada (Soto Muñoz, 2009). La seguridad pública (o ciudadana) se convierte entonces en el mayor desafío hemisférico para la seguridad humana y debe abordarse no solo con urgencia, sino con el cuidado de mantener las funciones de las fuerzas de seguridad y de defensa dentro de sus atribuciones constitucionales, sujetas al control jurisdiccional y político, y dando plena eficacia a los derechos fundamentales de las personas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en este sentido que el fortalecimiento de los sistemas democráticos sobre la base del respeto de los derechos humanos puede contribuir a erradicar situaciones disfuncionales en las que se confrontan los derechos humanos individuales y la seguridad colectiva a fin de asegurar el goce y ejercicio del derecho a vivir con seguridad.

La seguridad internacional aparece entonces vinculada a las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos, de sujetarse a las condiciones que establece el derecho internacional humanitario y de colaborar con la efectividad de la aplicación del derecho internacional penal en situaciones de paz como ante la existencia de conflictos armados internos e internacionales.

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B.- R2P + Soberanía: ¿Intervención vs. Independencia sin Derechos Humanos?

En virtud de la aplicación del concepto amplio de seguridad humana, la preocupación de la determinación del concepto gira en torno a la protección de las personas, pero la pregunta es ¿qué sucede con principios de derecho internacional tales como el de la independencia e igualdad soberana de los Estado? En ese sentido, Ban Ki Moon, en el artículo “Responsible Sovereignty: International Cooperation for a Changed World” (pub. En: Global Policy Forum, julio 15, 2008 – www.globalpolicy.org/empire/humanint/2008/0715ban.htm, consultado el 10/10/12) indicó que entre los conceptos tales como “soberanía con responsabilidad” y “responsabilidad de proteger” existe una conexión para nada peligrosa, traducida en el compromiso de la comunidad internacional de ayudar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones.

Obligaciones que, según sostiene el Secretario se condensan en un principio estrecho pero profundo, los Estados han aceptado la obligación de responder a los conflictos de manera oportuna y decisiva, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, para ayudar a proteger a las poblaciones de los cuatro crímenes y las violaciones mencionadas.

La respuesta podría consistir en alguna de toda la gama de herramientas de la ONU, las medidas pacíficas del Capítulo VI de la Carta, las coercitivas del Capítulo VII, y/ó colaboración con los acuerdos regionales y subregionales en virtud del Capítulo VIII. La clave reside en una respuesta pronta y flexible, adaptada a las necesidades específicas de cada situación.

“Nuestra concepción de la Responsabilidad de Proteger, entonces, es estrecha pero profunda. Su ámbito de aplicación es estrecho, centrado únicamente en los cuatro crímenes y violaciones de los acordados por los líderes mundiales en el 2005. La extensión del principio de cubrir otras calamidades, como el VIH / SIDA, el cambio climático o la respuesta a los desastres naturales, socavaría el consenso de 2005 y ampliar el concepto más allá del reconocimiento o de la utilidad operativa. Al mismo tiempo, nuestra respuesta debe ser profunda, utilizando la prevención general y el kit de herramientas de protección disponible para el sistema de las Naciones Unidas, a sus socios de la sociedad regional, subregional y civil y, no menos importante, a los propios Estados miembros. En la Cumbre se instó, tenemos que mejorar los mecanismos de alerta temprana de las Naciones Unidas, la integración de múltiples canales del sistema de información y evaluación. Tenemos que fortalecer las capacidades de los Estados para resistir a tomar el camino al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes contra la humanidad…”

La Responsabilidad de Proteger, bajo esta perspectiva práctica, ha encontrado tanto simpatías y apoyos incondicionales por parte de algunos de sus promotores como reticencias y críticas por parte de algunos de sus detractores.

En ese sentido, a partir de las experiencias de Kosovo y de Ruanda, el primer grupo ha apuntado a la necesidad de desarrollar un mecanismo efectivo por parte de la comunidad internacional para impedir los crímenes internacionales enunciados, comenzando con el desarrollo de capacidades de alerta temprana y de prevención. El segundo grupo ha reaccionado fundamentalmente ante la posibilidad de que el tercer el pilar de R2P (intervenir) abra las puertas a intervenciones extremas que afecten esencialmente la soberanía de los estados.

Entre los dos extremos, sin embargo, existe un espectro de situaciones que generan posiciones intermedias. Así, la resolución 1973 de la ONU, autorizando el establecimiento de medidas para la intervención de Libia en 2011, sentó un precedente importante para la aplicación de la R2P, pero a la vez dio lugar a una serie de críticas en torno a las modalidades de su aplicación y a la intervención desmedida de la OTAN sin el debido control del Consejo de Seguridad, dejando de ser un mecanismo de protección para transformarse en un sistema de cambio de régimen del país.

En esa línea, los países de America Latina y el Caribe no han estado desvinculados de este debate de la comunidad internacional. Algunos como en el caso de Argentina, Chile, México y Guatemala han respaldado desde sus inicios la aplicación de la R2P por parte de la comunidad internacional, en función de consideraciones humanitarias y en

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relación con la importancia que asignan a la defensa de los derechos humanos en sus respectivas políticas exteriores.

Otros como Cuba, Venezuela y Nicaragua han alzado sus críticas en función de que la R2P pueda justificar la posibilidad de una intervención extranjera que atente contra la soberanía nacional. Para zanjar tales posiciones extremistas, y superar la peligrosa estrechez de aplicabilidad del concepto, Brasil –desde la cautela política seria- ha introducido una propuesta sobre la RESPONSABILIDAD AL PROTEGER que ha producido el efecto de “patear el tablero” y generar una serie de cambios de posicionamiento de aquellos que se habían pronunciado acerca de la viabilidad o no del principio.

Desde la concepción del principio de R2P no había propuesta para guiar la implementación de la intervención y, más allá de eso, la necesidad imperiosa de agotar a los mecanismos de prevención (preventive diplomacy) antes de llegar al tercer pilar de la R2P (responsabilidad de reconstruir = intervenir).

La reticencia en la aplicación de la R2P por parte de gobiernos fuertes políticamente, que la han percibido –tanto de manera expresa como tácita- como una peligrosa puerta de ingreso a nuevas formas de intervención han visto fue iluminada con la propuesta brasileña. En efecto, en medio de ese silencioso malestar, diversos estados que estuvieron en desacuerdo con la forma en que fue aplicada la resolución 1973 (Libia), el gobierno brasileño sorprende con un llamado a la responsability while protecting (RWP).

Responsabilidad al proteger La responsabilidad de proteger, en sus tres dimensiones o pilares, condensa una serie de desafíos que Brasil considera superados a través de un mecanismo de aplicación, concebido de las experiencias de Libia. En ese sentido, se entiende por RWP como el camino por el cual, al ejercer la R2P por la vía militar, la comunidad internacional, además de contar con el correspondiente mandato multilateral, observe otro aspecto, de que el uso de la fuerza solo pueda ser utilizado como último recurso, como ultima vía de solución, en clara proclamación de la primacía del principio de solución pacifica de controversias (nacionales y/ o internacionales) por sobre el del uso de la fuerza, y traduciendo una clara crítica a la acción de la OTAN en el caso de Libia.

El discurso de Dilma Roussef es el documento base de toda la doctrina, materializado en una serie de expresiones – principios- durante el discurso inaugural de la Asamblea General de Naciones Unidas el día 21 de setiembre de 2011.

“Las Naciones aquí unidas deben encontrar un camino legítimo y efectivo para ayudar a aquellas sociedades que claman por reforma, manteniendo a sus ciudadanos en el liderazgo del proceso. Nosotros repudiamos con energía la brutal represión de poblaciones civiles y nos quedamos convencidos de que eso vale para la comunidad internacional, el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso. La búsqueda por la paz y seguridad en el mundo no puede estar limitada a intervenciones en situaciones extremadas. Nosotros apoyamos al Secretario General en sus esfuerzos por enganchar la comunidad internacional en la prevención de conflictos por medio de la práctica de la diplomacia y la promoción del desarrollo. Hoy día el mundo sufre las lastimosas consecuencias de intervenciones que han agraviado conflictos existentes. Estas intervenciones han permitido la incursión del terrorismo en sitios donde antes no lo había, y han dado causa al aumento de nuevos ciclos de violencia y multiplicado el numero de victimas civiles. Mucho ha sido dicho sobre la responsability to protect; pero hemos escuchado poco sobre la responsability in protecting. Esos son conceptos que nosotros deberíamos desarrollar en forma conjunta…”

La propuesta de la RWP no es sustituir la R2P, sino complementarla con la creación de reglas más claras en sus temas mas polémicos: máximo de prevención antes de intervenir; máximo de cautela y responsabilidad ante el Consejo de Seguridad al intervenir.

En este sentido, el concepto presentado por la representante brasileña, denominado “Responsability while protecting: elements for the development and promotion of a concept” se caracteriza por englobar en una pequeña exposición, un concepto no tanto innovador como superador de los desafíos que el mismo R2P presentaba en la práctica.

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El documento contiene dos partes: la primera, con comentarios generales y de fondo sobre la problemática del uso de la fuerza; la segunda, con la propuesta de que la R2P y la RWP deberían evolucionar juntas, con base en un conjunto de principios fundamentales, parámetros y procedimientos.

1)

Considera que los 3 pilares (prevenir, sofocar y reaccionar) deberían seguir una línea estricta de subordinación

política y secuencia cronológica. Aclara la diferencia entre responsabilidad colectiva (medidas no coercitivas) y seguridad colectiva, destacando que la primera debe ser plenamente ejercida antes de la segunda. Considera imperativa la necesidad de agotar las soluciones diplomáticas y que el uso de la fuerza debería de ser precedida con un amplio y riguroso análisis de las consecuencias de una acción militar en casos específicos.

Específicamente destaca las consecuencias extremas de las intervenciones inoportunas, en especial el ingreso del terrorismo en sitios donde no lo había, y el incremento del ciclo de violencia y aumento de la vulnerabilidad de la población civil. Asimismo se destaca el flagelo de la intervención que tras el argumento de la ayuda a civiles, pretende el cambio de régimen de un estado.

2)

Esta parte ofrece nueve puntos relacionados a los principios fundamentales, parámetros y procedimientos para

la RWP: a) énfasis en la prevención, b) agotamiento de los medios pacíficos; c) el consejo de seguridad es el órgano que debe autorizar el uso de la fuerza, o excepcionalmente la Asamblea General bajo la Resolución 377 (V); d) la autorización para el uso de la fuerza debería estar limitado por el mandato y debería ser ejercida en estricta conformidad con el derecho internacional; e) el uso de la fuerza debería el producir el mínimo de violencia e inestabilidad posibles; f) si el uso de la fuerza fuera adoptado, debería ser prudente, proporcional y limitado a los objetivos establecidos por el consejo de seguridad; g) las orientaciones presentadas en este documento deberían ser observadas a través de toda la duración del mandato, desde su adopción hasta su suspensión, bajo nueva resolución; h) es necesario desarrollar procedimientos en el consejo de seguridad para monitorear y evaluar las interpretaciones de las resoluciones, a fin de asegurar la RWP; i) el CS debería asegurar la responsabilidad de los que han recibido la autoridad para ejecutar el uso de la fuerza.

Teoría versus Práctica Los casos de Darfur (Sudán – Res. C.S. 1674/2006), Libia (Res. C.S. 1973/2011) en donde se hizo referencia explícita a la R2P han generado debates acerca de la eficacia, proporcionalidad, y necesariedad de las intervenciones militares bajo el rótulo de dicha doctrina, ya que, como sucedió en el caso libio, se trastocan los motivos, para ahondar en objetivos coyunturales. En efecto, la denominada Primavera Árabe, iniciada en Túnez, a fines del año 2010, dio lugar a una serie de protestas masivas que resultaron en un movimiento regional a efecto domino que gano sentido y fuerza contra los regímenes totalitarios de la zona. En el caso Libio, dada la situación geográfica interna, era necesario actuar militarmente para proteger a la población civil de las masacres, ante la respuesta de Gadafi a la cooperación de la comunidad internacional a sus opositores. En ese marco fáctico, la resolución 1973, que aprobó una zona de exclusión aérea, generó conflictos una vez ejecutada por la OTAN y Francia y así, el Consejo de Seguridad perdió el control sobre la operación. La falta de responsabilidad de las potencias ejecutoras de la operación militar, y la desviación de mandato de la ONU hacia el derrocamiento del gobierno libio, motivó comentarios en la prensa internacional, en el mundo académico, y sobre todo, en la sociedad civil.

Seguidamente Siria entró en el radar de la comunidad internacional, y no sólo los defensores de la R2P pasaron a sostener el escalonamiento de sanciones al país sino también esa misma sociedad civil, amparados en un contundente informe de la Comisión Internacional Independiente para Siria, indicando que el gobierno sirio había practicado violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo la tortura de niños y niñas. El número de muertos que se calcula en Siria –en evaluaciones precarias e imposibles de confirmar es de casi dos mil, la misma cantidad que se atribuía a la represión de Gadafi –y en las mismas condiciones de imposible verificación el 25 de febrero, unos veinte días antes de que el Consejo de Seguridad tomara cartas en el asunto.

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Entonces antes tales violaciones a los derechos humanos ¿Cómo avanzar con sanciones amparadas en la R2P en este caso?, ¿Cómo prevenir que el Consejo de Seguridad apruebe sanciones de forma selectiva? ¿Cómo garantizar la RWP ante una inminente intervención armada dentro de los procedimientos marcados por la Carta de la ONU? Para la comunidad internacional es una irresponsabilidad intervenir sin garantías de no generar más sufrimiento a la población a quien se pretende proteger, o con el peligro de caer presa de intereses geopolíticos sin nada que ver con consideraciones humanitarias. Intervenir mal, aunque sea con buenas intenciones, es mucho peor que no hacerlo. No es momento de descartar a ningún interlocutor, ni siquiera a Al Assad. Los plazos de la diplomacia, sus esperanzas rotas y retornos al punto cero, son exasperantes en medio de la masacre. Pero una legítima preocupación humanitaria no nos puede hacer perder de vista que, hoy por hoy, una intervención militar, directa o encubierta, puede contribuir a hundir a Siria en una espiral de violencia devastadora.

Si existiera la voluntad de intervenir en Siria, se dispone de una base legal para hacerlo, la misma que se utilizó en el caso de Libia. Sin embargo, resulta dudoso que se lleve a término, entre otras razones por todo lo que ha generado la resolución libia.

Observaciones a modo de conclusión Partiendo del enfoque amplio de la seguridad humana, no hay duda alguna de que es imposible separar la seguridad del desarrollo. En consecuencia, su interpretación y aplicación responde a la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos. El enriquecimiento del concepto a partir del tratamiento de los derechos humanos como consecuencia de una constante dinámica que ha contribuido a agregar circunstancias y características que lo sitúan en un nivel conceptual cada vez más integral y universal, ha consolidado el concepto de seguridad, centrando la atención en la necesidad de proteger a las personas por encima de cualquier otra consideración.

De modo que la decisión política de promover una cultura de la humanidad en las cuestiones de seguridad ha traído consigo considerables progresos, principalmente en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En ese sentido, el debate temático sobre seguridad humana en la Asamblea General de las Naciones Unidas es un paso firme hacia la consolidación definitiva de dicho concepto y no decaen los esfuerzos de la Red de Seguridad Humana y de Amigos de la Seguridad Humana en pos de promoverlo.

En esa línea hay que remarcar también que para los países promotores de la seguridad humana la acción en la esfera de la prevención de conflictos es prioritaria, lo cual genera una dinámica favorable a la protección de los derechos de las personas que puedan sufrir las consecuencias de un conflicto armado.

Si la idea es alcanzar la seguridad a través del desarrollo y no por medio de las armas, empoderando a las personas para que puedan mejorar cada vez más su calidad de vida, no hay duda que la consolidación del concepto de seguridad humana se torna un asunto cada vez más relevante para profundizar el proceso de humanización de las relaciones internacionales y de la sociedad internacional.

De lo expuesto en este trabajo, es posible concluir que todo análisis de los aportes y proyecciones del concepto de seguridad humana, debe tomar como referencia, inevitablemente, la discusión de las amenazas y potencialidades de la praxis de la responsabilidad de proteger, en base a las propuestas y acciones que en los últimos años se han conformado en torno a la seguridad humana.

El ex secretario general de la ONU, Kofi Annan fue el gran impulsor de la Responsabilidad de Proteger (R2P), tras el genocidio de Ruanda en 1994 y las limpiezas étnicas en los Balcanes cuando se planteó la necesidad de que la ONU se imponga a la soberanía de los estados si los civiles no son protegidos de crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Sin embargo, como en última instancia, una acción de fuerza y su aplicación se supedita al Consejo de Seguridad y, por tanto, a sus miembros con derecho a veto, el R2P fue ignorado en una ocasión tan notoria como la ofensiva israelí Plomo Fundido contra Gaza, que costó la vida a 1.400 palestinos, la mayoría civiles, en el 2009. Por fin, y en paralelo al

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caso libio, el principio se invocó para frenar el conflicto de Costa de Marfil, y tropas francesas intervinieron junto a los cascos azules.

Tras ello, la propuesta de la Responsabilidad al Proteger (RWP) ha generado un vivo interés por parte de los Estados miembros de las Naciones unidas y de la sociedad civil internacional, ya que constituye un mecanismo superador de los desafíos que la praxis de la R2P genera, ha trasladado el debate de la aplicación de la R2P a la efectividad del uso de la fuerza en el marco de dicha doctrina. El hecho de que Brasil haya tomado posición de liderazgo sobre un tema delicado y controvertido, frente al que hasta entonces no se animaba a posicionarse claramente, es una novedad que ha sido aclamada positivamente por la mayoría de los que sí han demostrados interés (positivo y aún negativo).

Seguridad Humana traducida en Responsabilidad de Proteger, tienen alcances políticos, jurídicos y morales de importancias que aún cuesta dimensionar. Pero sobre lo que no hay dudas es que los derechos humanos son el eje en el cual dichos conceptos deben ser interpretados y aplicados.

En definitiva, los desafíos que se presentan ya no responden a la pregunta de la efectividad de la R2P sino, sobre cómo lograr la efectividad de los tres pilares de la misma, debido a su gran complejidad y al fuerte impacto que tendría en conflictos tales como los de Medio Oriente, en especial el de Siria, ya que podría escalar hasta convertirse en un conflicto de mayores proporciones. Existe la creencia que se debe seguir afinando los criterios para la intervención humanitaria de manera que la comunidad internacional sepa cuándo utilizarla. Sin embargo, el caso sirio nos recuerda que cada conflicto se lleva a cabo en su propio contexto político, el cual termina influyendo de manera determinante en las acciones del sistema internacional.

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“

Es la comunicación, precisamente, el factor que más ha contribuido a que el mundo de hoy sea cada vez más inter-dependiente, sometiéndolo a una acelerada transformación, en la que están en juego, realmente, instituciones jurídicas tan fundamentales corno lo son la independencia y la soberanía de los Estados”

Julio Grooscors Caballero es venezolano de nacimiento y costarricense por naturalización. Periodista Titular de la Universidad Central de Venezuela; Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica; Especialista en Teología por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas; estudios de Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma de Centro América. Fue Asesor de Comunicaciones de la Presidencia de la República de Costa Rica en el período 1978-1982 y representó al país en la Reunión de la UNESCO en Belgrado en 1980. Ha sido Profesor de Relaciones Públicas en la UCR y la UACA y actualmente ocupa las cátedras de Relaciones Internacionales Contemporáneas y Filosofía Política en la Escuela de Relaciones Internacionales de la UACA.

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Tratamiento internacional de la información y la comunicación. artículo recibido: 28 de febrero, 2013 artículo aprobado: 15 de marzo, 2013

Julio Grooscors Caballero

Resumen:

El texto recoge una parte de naturaleza introductoria de un trabajo más amplio elaborado por el autor, inicialmente como Tesis de Grado para optar al título de Licenciado en Derecho conferido por la Universidad de Costa Rica, reelaborado posteriormente para editarse con el título de “El Derecho de la Comunicación como garantía de la Libertad”. En las presentes líneas se hace referencia al largo debate suscitado durante dos intensas décadas –los años setenta y ochenta- del siglo XX en torno a la posibilidad de crear un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, que nunca llegó a concretarse, primero por las diferencias políticas propias de la Guerra Fría y luego por los profundos cambios tecnológicos experimentados por el sector. El saldo positivo de aquel debate es la necesidad de seguir adelante con esa lucha para garantizar a la sociedad civil el derecho a la información y la comunicación en un ambiente de libertad y seguridad.

Abstract:

The text includes a part of an introductory nature of a broader work by the author, initially as a Thesis for Degree in Law conferred by the University of Costa Rica, later reworked for editing with the title of “The right to communication as a

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guarantee of freedom”. These lines refer to the long and intensive discussion raised during two decades - the seventies and eighties- in the 20th century around the possibility of creating a new world order of information and communication, which never materialized, first by the political differences of the cold war and then by the profound technological changes experienced by the sector. The positive balance of that debate is the need to continue with this struggle to ensure the civil society the right to information and communication in an environment of freedom and security.

Palabras clave:

derecho a la información / derecho a la comunicación/ consenso/ nuevo orden mundial de la informacion y la comunicacion.

Key words

right to information/ right to communication/ consensus/ new world order of information and communication Uno de los aspectos más característicos de la comunicación en el mundo actual, es su creciente internacionalización.

Aún vista desde el ángulo individual o desde la dimensión nacional, la inter-relación, la conexión con otros países, incluso la dependencia de esa conexión, han devenido en omnipresentes y decisivas.

La dimensión internacional es, pues, uno de los hechos más definitorios de la comunicación en el mundo de hoy, no sólo en el aspecto cuantitativo, sino también el cualitativo. El volumen, cada vez más creciente, de la comunicación en cada país y por cada individuo, está, realmente, en razón directa de la internacionalización de las comunicaciones, que hace que se faciliten y amplíen éstas, desde el uso del correo aéreo y los sistemas de “courrier” especializados y extra-urgentes, hasta la ya cotidiana captación de programa de TV “vía satélite”, pasando por el uso cada vez más generalizado de red global, o Internet, sea en los “correos electrónicos”, en las “redes sociales”, o en los “blogs” y demás sitios que la tecnología va desarrollando.

Pero, como decimos, no es sólo la cantidad, sino también la calidad, de las comunicaciones lo que depende de la dimensión internacional. Y al referirnos a la “calidad” no sólo estamos hablando de la introducción y uso de las más avanzadas innovaciones tecnológicas, sino también, y muy especialmente, del contenido, la orientación y las implicaciones del uso de esas tecnologías y esos lazos comunicacionales.

Es la comunicación, precisamente, el factor que más ha contribuido a que el mundo de hoy sea cada vez más interdependiente, sometiéndolo a una acelerada transformación, en la que están en juego, realmente, instituciones jurídicas tan fundamentales corno lo son la independencia y la soberanía de los Estados, en tanto vienen abriéndose paso, revestidos de relevancia para el Derecho, hechos como las relaciones de dependencia, la cooperación internacional y los atisbos de una ineludible regulación supranacional.

Para abordar estos temas, y para precisar su importancia en la definición de un Derecho de la Comunicación, vamos a referirnos, de seguidas, a las “desigualdades y desequilibrios” que caracterizan la realidad comunicacional de nuestro mundo y las “perspectivas y posibilidades” que se le abren para superar esa realidad, haciendo especial referencia, en este aspecto, a la lucha por un “nuevo orden de la comunicación” así como a las posibilidades de una cooperación efectiva para el desarrollo y uso de la comunicación.

A. Desigualdades y Desequilibrios Reflejo de la realidad imperante en el mundo, en la que la desigualdad entre las naciones, en lo político y lo económico, y, desde luego, en lo social y cultural, es la característica, a despecho de las instituciones jurídicas que se orientan a corregirla, en la comunicación, claro está, se vive y padece una situación de desarrollo desigual. Con el agravante de que, por su influencia en los demás componentes de esa realidad, por su condición de factor decisivo para el desarrollo de una nación, la desigualdad en las comunicaciones intensifica el subdesarrollo, hace más patente la dependencia y obstaculiza el efectivo logro de las metas nacionales.

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Consecuencia de esas desigualdades, también en la comunicaci6n, como en los demás aspectos de la realidad internacional, imperan los desequilibrios, determinando que de un lado haya más y mejores sistemas de comunicación y de otro menos y, desde luego, deficientes e ineficaces comunicaciones.

El Informe de la Comisión MacBride, aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en 1980, trata con amplitud esta realidad y muestra cómo los intentos por superarla mediante la aplicación del principio de la “libre circulación” de la información, no han hecho más que agravar tal situación.

El desequilibrio de la circulación de información, dice el Informe, es un fenómeno complejo y diverso. A la vez cuantitativo y cualitativo, se manifiesta a diferentes niveles y bajo aspectos diferentes: a) entre países desarrollados y países en desarrollo, en la medida en que la circulación de la información depende de la existencia de infraestructuras apropiadas; b) entre países pertenecientes a sistemas políticos y socio-económicos diferentes; c) entre los países desarrollados pertenecientes al mismo sistema político, en particular entre los países grandes y los pequeños; d) entre los países del Tercer Mundo ellos mismos; e) entre las “noticias” políticas y las noticias que se relacionan con las actividades sociales, económicas y culturales de los países empeñados en la lucha contra el subdesarrollo; f) entre lo que se ha convenido en llamar las “noticias reconfortantes” y las “malas noticias”, o sean, las que ponen su acento en las catástrofes, los conflictos, las dificultades, los ridículos o los excesos; y, en fin, g) entre las noticias de actualidad no inmediata (‘soft news’) y aquellas de actualidad “ardiente”, en las que las primeras se alzan más allá de las exigencias de la actualidad inmediata y accidental para tratar de sostener lo esencial de la vida cotidiana de la mayoría de los pueblos y naciones” (Macbride, 1980, pp. 44) El mismo Informe señala la dificultad existente para medir en términos exactos las dimensiones de ese desequilibrio y esa desigualdad, imperante, sin ninguna duda, en el ámbito de la comunicación internacional, especialmente si “se considera que el valor agregado a la información y los criterios de validez de las noticias, difieren de país a país o de cultura a cultura e incluso dentro de un mismo país”.

Esa realidad, sin embargo, es un hecho evidente, que se manifiesta no solamente en la comunicación informativa, noticiosa, periodística, sino en todo el fenómeno comunicacional, el que atañe a las relaciones cotidianas y a las fundamentales para el desenvolvimiento de las actividades generales de toda sociedad, las políticas y estratégicas, las científicas y tecnológicas, las comerciales e incluso las familiares y personales.

La problemática que el fenómeno comunicacional plantea ha experimentado ahora mayores complicaciones con el creciente uso de las redes de Internet, a las que ya se accesa no sólo mediante las computadoras y las “laptop”, sino, cada vez más, mediante los teléfonos celulares, que la convierten en herramienta individual de absoluta proximidad y casi imprescindibilidad.

B. Perspectivas y Posibilidades El hecho de que se haya ido afirmando y generalizando la conciencia de que existen esos desequilibrios y desigualdades en la comunicación en el mundo de hoy, de que esa conciencia haya rebasado los límites de las simples luchas reivindicativas de grupos profesionales o de sectores y países considerados marginados, para tomar carta de legitimidad en las entidades internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, concretamente la UNESCO y la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones:) así como en iniciativas regionales ya desactivadas, entre las que podríamos citar el SELA (Sistema Económico Latinoamericano), gobiernos de países del más diferente signo, y organizaciones y personas de todo el mundo, permite augurar la apertura de perspectivas y posibilidades promisorias, capaces de ir superando las fallas existentes y de ir asegurando el deseado equilibrio comunicacional en un futuro más o menos próximo.

Por su valor histórico recordemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de noviembre de 1981, aprobó

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su resolución 36/40 y proclamó el año 1983 como “Año Mundial de las Comunicaciones”, con el objeto de poner de relieve la importancia extraordinaria de estas actividades en el desarrollo universal, hecho con el cual la organización mundial, actuando como representante de la humanidad, estaba abriendo formalmente la puerta a las más optimistas perspectivas y más amplias posibilidades a dicho desarrollo. Los dos objetivos fundamentales definidos por la Asamblea General para esa celebración, fueron: “proporcionar a todos los países la ocasión de examinar detenidamente y analizar su política en materia de desarrollo de las comunicaciones, y promover el desarrollo acelerado de infraestructuras de comunicación” (Telecomunicaciones para el Desarrollo, 1983). Es decir, un objetivo de concientización y otro de decisión.

Esos propósitos, necesariamente, habrán de mantenerse mucho más allá de la proclamada celebración.

Deberán pasar muchos años para que todos los países del mundo puedan lograr el deseado desarrollo en esta materia, tan vital para su desenvolvimiento general.

Lo importante, en todo caso, es que se ha mostrado la existencia de voluntad para afrontar las necesidades de desarrollo, que implican cambio y transformación de realidades, en materia de comunicación.

En setiembre de 1980, en Belgrado, la Conferencia General de la UNESCO, aprobó el Informe de la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, conocido como Informe MacBride, considerado como un instrumento polémico, hasta el punto de que, como consecuencia de los debates surgidos posteriormente, en la instancia de aplicación de sus resoluciones, se produjo el retiro de países de tanta relevancia como, los Estados Unidos y Gran Bretaña de aquel organismo mundial, lo que condujo posteriormente a la introducción de cambios sustanciales en la estructura, la agenda y los programas del mismo.

Esta y otras incidencias revelan la importancia del debate, y muestran cómo lo coyuntural interfiere en lo estructural, demorando tal vez, pero no impidiendo el necesario desarrollo de un proceso que ya es indetenible.

El Informe concluía señalando que los estudios contenidos en el mismo “han puesto en evidencia la expansión espectacular de los recursos y de las posibilidades de la comunicación”; muestran “la diversidad de soluciones adoptadas en los diferentes países, según las tradiciones, los diversos modelos de la vida social, económica y cultural, las necesidades y las posibilidades de cada país”; muestran igualmente la extrema importancia que reviste la eliminación de los desequilibrios y las disparidades en la comunicación, en sus estructuras y, más particularmente, en la circulación de la información”; y permiten percibir “el nuevo orden mundial de la información y la comunicación” que se prescribe, “como un proceso continuo de cambio en la naturaleza de las relaciones en materia de comunicación entre las naciones y al interior de cada una de ellas” (MacBride, 1980, pp. 315).

La Conferencia General de la UNESCO, en la misma XXI Reunión de Belgrado, aprobó la creación de un “Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación”, acogiendo una Recomendación emanada de la Conferencia Intergubernamental sobre cooperación en materia de actividades, necesidades y programas relativos al desarrollo de las comunicaciones, celebrada meses antes en París.

Entre setiembre y diciembre de 1979, por otra parte, se habían reunido en Ginebra los delegados de 142 países, convocados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para efectuar una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaclones con el propósito de actualizar las regulaciones internacionales de radio. En consonancia con la realidad, con el desarrollo que se ha venido experimentando en la materia y la concientización que en todos los niveles se ha ido dando en cuanto a necesidades de comunicación, la Conferencia rebasó los aparentemente estrechos límites sugeridos por sus propósitos explícitos.

La referencia al “espectro electromagnético” y a la “órbita geoestacionaria” como recursos a compartir por todas las naciones para poder desarrollar sus comunicaciones, nacionales e internacionales, y el planteamiento de la necesidad de alterar el principio “primero en tiempo, primero en derecho”, vigente hasta la fecha para la asignaci6n de frecuen-

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cias en uno y otro aspecto del espacio, marcaron el inicio de una nueva y más promisoria apertura en el desarrollo de uno de los más extraordinarios medios de comunicación, como es el de las aplicaciones de la tecnología electrónica, Brenda Maddox, autora de un libro titulado “Más allá de Babel”, consagrado a estudiar el impacto de la revolución comunicacional en el mundo, concluía el mismo con estas palabras:

“La nueva tecnología de comunicaciones es compleja y los obstáculos políticos, económicos, y legales que ella encuentra en su camino lo son más todavía. Pero las recompensas que se pueden ganar superándolos son claras. Un intercambio mayor de informaciones, de noticias y de opinión entre un número mayor de personas en más partes del mundo de lo que jamás ha sido posible y una organización más humana, más eficiente y más agradable de la vida urbana. Ahora es tan fácil comunicarse a través de la larga distancia como a través de una habitación, La libertad de hacerlo debería ser exigida con la misma pasión” (Maddox, 1975, p. 346).

C. Del diagnóstico del conflicto a la búsqueda del consenso.

El conocimiento y reconocimiento de la realidad que se vive en el mundo de hoy en materia de comunicaciones y la apertura de amplias y promisorias perspectivas y posibilidades, como resultado de las innovaciones tecnológicas, aunadas a la creciente concientización en cuanto a la necesidad de superar fallas, deficiencias e injusticias, ha conducido a una situación de conflicto entre naciones, grupos e individuos, que se busca resolver por la vía del consenso para asegurar una cooperación constructiva.

Ya en los apartes anteriores hemos dejado entrever la existencia de esa situación, al consignar como un hecho indiscutible, el imperio de desequilibrios y desigualdades en el mundo de hoy en materia de comunicación, derivado de la misma realidad socio­económica y, en consecuencia, de lo político-militar, lo tecnológico y lo cultural.

El hecho en sí, es causa de conflicto. Hay conflicto entre los dominantes y los dominados, entre los poderosos y los débiles, especialmente cuando los últimos, por aspirar a un mayor desarrollo que les permita utilizar en su beneficio los recursos que los primeros detentan a su antojo, adquieren conciencia de su necesidad y plantean sus reivindicaciones en todos los terrenos El conflicto, por eso, se hace patente cuando esos planteamientos se producen. Y eso es lo que ha ocurrido con la lucha por “un nuevo orden mundial de la información y la comunicación”, protagonizada a nivel global en las décadas setenta y ochenta del pasado siglo XX, pues ello conlleva una solicitud de cambio que, necesariamente, afecta intereses, tanto políticos como económicos.

La conciencia de que existen esos intereses, de que los mismos deben ser tenidos en cuenta, puesto que forman parte de la misma realidad, lleva, igualmente, a la necesidad de buscar un consenso adecuado, para superar la situación de conflicto por la vía de la cooperación, que así pudiera propiciar un imperio de armonía y justicia en sustitución del injusto desequilibrio existente. A ello, también, habremos de referirnos en esta parte de nuestro trabajo.

En uno y otro extremo, en el del planteamiento del conflicto y la lucha que supone, y el de la búsqueda del consenso y las posibilidades que presenta, centraremos nuestra atención a las implicaciones en materia jurídica, causa y efecto de la situación.

D. La lucha por un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación

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Pudiera afirmarse que la lucha por un nuevo orden mundial en materia de información y de comunicación, en el que la libertad surgiese como un derecho humano garantizado a todas las personas, se inicia con el nacimiento mismo del actual sistema internacional, al final de la Segunda Guerra Mundial.

“La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Libertad de Información, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, del 23 de marzo al 21 de abril de 1948 -nos informa Hilding Eek-, fue de importancia básica en este tema. Parece haber estado claro desde el comienzo mismo del trabajo de las Naciones Unidas, y aún antes de haberse promulgado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que había toda una serie de problemas muy complejos involucrados en la promoción de la libertad de información como uno de los derechos humanos, por lo que en su primera sesión, la Asamblea General pidió a la Asesoría Económica y Social que convocara a una asamblea a fin de formular sus puntos de vista con respecto a los derechos, obligaciones y prácticas que deberían incluirse en el concepto de libertad de información’”(cit. en RUIZ ELDREDGE, 1979, p. 29).

Ya antes, “los estatutos de la UNESCO, establecidos el 16 de noviembre de 1945, tocan lo concerniente al concepto de libre flujo de información en el sexto párrafo preambular, que establece que: “….. las partes de estos estatutos, creyendo en la totalidad e igualdad de oportunidades de educación para todos, en la búsqueda irrestricta de la verdad objetiva, y en el libre intercambio de ideas y conocimientos, están de acuerdo y resuelven desarrollar y acrecentar los medios de comunicación entre sus pueblos y emplear estos medios para los fines de entendimiento mutuo y para un más perfecto conocimiento de las vidas del prójimo” (cit. en Ruiz Eldredge, 1979, p. 30).

1. Los primeros pasos Numerosos son los trabajos, estudios, debates y resoluciones surgidos, a partir de entonces, dentro de las Naciones Unidas y la UNESCO en torno al tema, en lo que podríamos considerar los antecedentes inmediatos del planteamiento por un “nuevo orden”, etapa que culmina a finales de la década de 1960, cuando en la UNESCO se manifiesta un nuevo enfoque de la cuestión, que acoge las exigencias de los países en desarrollo frente a los intereses de los desarrollados, dominantes en el campo de las tecnologías y prácticas de la comunicación.

“En 1969 se produce, auspiciada por dicha organización -informa Oswaldo Capriles-, una “mesa redonda” sobre cultura y mass media que va a marcar el paso de la futura transformación de los esfuerzos del organismo. Edgar Morín, Pierre Schaefer y otros participantes en esa mesa redonda, se dieron a la tarea de plantear en toda su complejidad los muy diversos modos de enfoque científico del problema, y, al mismo tiempo, la enorme ríqueza de los adelantos teóricos, aplicables a la comunicación social y el conflicto de tales adelantos semióticos, tecnológicos, sociológicos, etc. en relación con el simplismo anterior de las teorías funcionalistas. Las aportaciones bajo forma de diagnósticos preliminares, de varios representantes del Tercer Mundo, dieron, por su parte, una imagen de necesidad de exploración profunda de las realidades sociales en materia de sistemas de difusión masiva” (cit. en Ruiz Eldredge, 1979, p. 87).

Como resultado de ello, la 16a. “Sesión de la Conferencia General de la UNESCO, en 1970, tuvo como temas centrales la necesidad de un método planificado y de políticas nacionales de comunicación, y autorizó, en consecuencia, al director general a “ayudar a los Estados miembros a formular sus políticas relativas a los grandes medios de información”. En la introducción al proyecto de programa y de presupuesto de la UNESCO para 1973-74, René Maheu, director general, señalaba expresamente la nueva orientación hacia las políticas de comunicación como la culminación del movimiento comenzado doce años antes en el sector de la educación y lo declaraba campo abierto a una acción en profundidad de la asistencia técnica política de la organización” (cit. en RUIZ ELDREDGE, 1979, p. 88).

Del 17 al 28 de julio de 1972 se efectuó en París, convocada por la UNESCO, una Reunión de Expertos sobre Políticas y Planeamiento de la Comunicación, cuya finalidad “era determinar las consideraciones que suscitan el interés del

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público por la comunicación, definir el alcance y los límites de las políticas y del planeamiento de la comunicación, e indicar las formas en que pueden llevarse a la práctica en el nivel nacional”.

El informe final de esa Reunión concluía señalando que: “En resumen, la aplicación de las políticas y las prácticas de comunicación requiere una acción conjunta entre los que intervienen en los asuntos sociales, económicos, científicos, educativos y exteriores de un país Sin embargo, su función no debe concebirse como un poder superior instituido para controlar los medios de comunicación. Sólo podrán tener éxito permaneciendo en constante contacto y consulta con las empresas de comunicación y con los ciudadanos, cuya participación directa en la formulación y aplicación de las políticas de comunicación es vital. Nada frustrará ni falseará más profundamente la corriente de la comunicación que la falta de respeto por la naturaleza de la propia comunicación y por la necesidad social de comunicar” (RUIZ ELDREDGE, 1979, p. 88).

En setiembre de 1973 se efectuó en Argel la llamada Cuarta Cumbre del Movimiento de los No-alineados, entidad que había nacido en abril de 1955, en Bandung, para agrupar a los países del denominado “Tercer Mundo” en un bloque político que estaría equidistante de los otros dos (Washington y Moscú) que se dirimían la supremacía sobre el mundo en la época de la llamada “Guerra Fría”. A partir de entonces, el Movimiento incorporó el tema de la comunicación, y, concretamente, el de la necesidad de “un nuevo orden para la información” entre las exigencias del Tercer Mundo para un nuevo orden mundial en todos los aspectos de la vida.

El aparte XIII del Programa de acción para la Cooperación Económica, aprobado por dicha Reunión, resume los planteamientos iniciales de esa lucha, así:

“Los países en vías de desarrollo deberían ponerse de acuerdo en el dominio de comunicaciones de masa para adoptar medidas comunes encaminadas a favorecer el intercambio de ideas entre ellos, que se inspiran en los principios siguientes: a) reorganización de los circuitos de comunicación actuales que son una herencia del pasado colonial y que les impide comunicar libre, directa y rápidamente entre ellos, b) tomar iniciativa con respecto a las medidas comunes para hacer una revisión de las tarifas de cables de prensa y facilitar el estableci­miento de comunicaciones más rápidas y menos costosas,

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c) tomar medidas urgentes para acelerar el proceso y aprovechamiento colectivo de los satélites de comunicación y poner en práctica un código de reglamentación para dirigir su uso...” (POOL DE AGENCIAS DE PRENSA, 1979, p. 1).

Rosemary Righter, que ha estudiado exhaustivamente el tema, señala que la posición de los No-alineados, a partir de Argel, en relación con el “nuevo orden para la información”, “se puede agrupar bajo estos tres encabezamientos: El primero es el desarrollo de los medios informativos nacionales como ‘activo social, al servicio del desarrollo íntegro de las naciones’; el segundo aboga por unas medidas para intercambiar noticias entre los países en desarrollo, partiendo de la base del respeto a la ‘Independencia soberana’ y centrados en lo socialmente importante” y “por último, el rechazo de la posición dominante de los medios informativos occidentales, no solo como estructura cuya existencia es contraria al espíritu de independencia, sino como suministradores de una información.., que somete los intereses (del Tercer Mundo) a los del imperialismo” (RIGHTER, 1982, p. 97).

En 1974 y 1975 se celebran numerosas reuniones en las que los planteamientos encaminados a la búsqueda de ese “nuevo orden” se suceden rápida y definidamente. Entre otras, consignamos aquí la Reunión de Expertos en Política de Comunicaciones en Latinoamérica, Bogotá, julio 1974, la XVIII Conferencia General, París, setiembre 1974 y la Reunión de Expertos sobre el desarrollo del intercambio de noticias en Latinoamérica, Quito, junio 1975.

2. Hacia las definiciones

En 1976 hay dos acontecimientos capitales en esta materia: el primero es la Conferencia Intergubernamental sobre políticas de comunicaciones en Latinoamérica y el Caribe, efectuada en San José de Costa Rica en julio; y el segundo es la 19a. Reunión de la Conferencia General de UNESCO, en octubre-noviembre, en Nairobi.

La Conferencia de San José, que por su ámbito regional constituyó cabal representación de una buena parte del mundo en desarrollo, también “Tercer Mundo”, recogió y concretó, de manera explícita, los más importantes planteamientos de lo que, a partir de entonces, sería, oficialmente, la lucha de un cada vez más numeroso grupo de naciones por el establecimiento de “un nuevo orden de la información y la comunicación”. (Decimos “oficialmente”, porque esta fue la primera reunión en que esos planteamientos se hicieron por representantes oficiales de los Estados miembros ante un organismo internacional como lo es la UNESCO, que tiene carácter de agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas).

La parte declarativa de la Recomendación No. 1 de la Conferencia de San José resume esos planteamientos, así: “Considerando que la libre circulación mundial de mensajes debe estar basada en criterios más justos de intercambio entre naciones, como principio capaz de acelerar el nuevo orden internacional auspiciado por las Naciones Unidas; Reconociendo que tal circulación equilibrada de mensajes debe ser una de las causas inmediatas del nuevo orden económico social a que aspiran nuestras naciones; Reconociendo la necesidad de nuevas políticas nacionales que establezcan soberanamente las respectivas necesidades y prioridades en el orden de la circulación internacional de mensajes; Reconociendo que el principio del ‘libre flujo de información’ sólo es posible si nuestros países en su totalidad tienen igual acceso a todas las fuentes de información y participan por igual en el control y uso de los canales de difusión internacionales; Considerando que actualmente el principio de ‘libre flujo de información’ se encuentra debilitado en razón de la preponderancia de las naciones de mayor poder tecnológico y político en materia de comunicación e información a nivel internacional, y convencidos de que en las actuales condiciones debe reconocerse que frente a la realidad señalada anteriormente es necesario que las naciones de menor desarrollo tecnológico y político en el área de la comunicación e información a nivel internacional adopten nuevos principios que garanticen una circulación equilibrada de noticias y aseguren el acceso y participación de todos los pueblos en el libre flujo de informaciones” (LANDI, 1987, p. 197).

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Tales consideraciones llevaron a la Conferencia a consignar Recomendaciones concretas, entre las cuales resumimos las siguientes, por su relación directa con nuestro tema: 1. Reconocer que una más equilibrada circulación internacional de comunicación e información es una reivindicación justa y necesaria de los países latinoamericanos y del Caribe, y que como tal debe ser objeto de precisas disposiciones legales a nivel internacional; 2. Adoptar el criterio de que la solución a las desigualdades creadas por los actuales mecanismos internacionales de acceso y participación descansan en el establecimiento de una circulación más equilibrada de informaciones y comunicaciones; 3. Reconocer explícitamente que en los países de la región esa fórmula no será fácil de alcanzar en razón de las divergencias de criterios políticos sobre la libertad de expresión y el derecho a la información,..” (LANDI, 1987, ibid).

Otras Recomendaciones se refirieron a la garantía, por parte de todos los Estados, del “derecho a la libre comunicación”, del “derecho a la comunicación” considerado “como institución que se deriva del derecho universal de libre expresión del pensamiento en sus aspectos de acceso y participación”, del “derecho a la réplica en los medios de comunicación a nivel internacional”, así como las relacionadas con el establecimiento de sistemas nacionales e instrumentos de cooperación, y la adopción de políticas explícitas de comunicación por parte de cada uno de los países En la Conferencia de la UNESCO en Nairobi, por su parte, se protagonizó un intenso debate en torno a diversos puntos concernientes a la comunicación tales como la discusión del “programa en favor de la circulación libre y equilibrada de la información’ y la solicitud de “consultas sobre el empleo de los medios para la paz y la comprensión internacionales y la lucha contra la propaganda belicista, el racismo y el apartheid, así como las relativas al “nuevo orden internacional”, debate en el que se pusieron las bases para los planteamientos que, luego, habría de adoptar el organismo mundial tras intensos, exhaustivos y controvertidos programas de estudio y trabajo.

3. La UNESCO entra en acción La Comisión Internacional de Estudio de los problemas de la Comunicación, que presidió Sean MacBride y fuera, luego, designada por el Director General de la UNESCO en diciembre de 1977, invocó a la Reunión de Nairobi de 1976 como su antecedente inmediato, al señalar, en el Apéndice 3 de su Informe de 1980, lo siguiente: “El debate desarrollado durante la XIX sesión de la Conferencia general de la UNESCO, (Nairobi, octubre-noviembre 1976) puso su acento sobre los aspectos fundamentales de la comunicación entre los pueblos y entre las naciones, en tanto que el Proyecto de Declaración sobre los Principios Fundamentales concernientes a la contribución de los órganos de información al reforzamiento de la paz y la comprensión internacional, lo hacía en la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, el “appartheied” y la incitación a la guerra, dando lugar a una discusión difícil.

Numerosos delegados han estimado que la discusión de estas cuestiones se habría facilitado y las controversias atenuadas, si un análisis completo del conjunto de los problemas de la comunicación hubiese estado disponible” (Mac Bride, Unesco, 1980, p. 359).

El Director General de la UNESCO, en consecuencia, resolvió, como se ha dicho, integrar esa Comisión, en diciembre de 1977. De esa fecha a noviembre de 1979, la Comisión realizó sesiones de trabajo en París, Suecia, Yugoslavia, la India y México, acopió datos, realizó consultas, propició trabajos de expertos y obtuvo contribuciones de personas e instituciones relacionadas, directa o indirectamente, con la comunicación y la información, hasta que, en febrero de 1980, entregó su informe final al Director General de UNESCO. Este lo presentó, con sus comentarios, a la Conferencia

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General, en su 21a. Reunión, en octubre de ese mismo año, en Belgrado, donde fue aprobado por consenso.

La aprobación de ese Informe fue la culminación de una etapa, la de los planteamientos, y la iniciación de otra, la del debate abierto, la de la lucha por alcanzar los objetivos propuestos, la de la concreción en la realidad tanto de los propósitos como de las posibilidades.

En diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas resumió la situación, al señalar en su Resolución 35/2Ol, que el Informe aprobado por la UNESCO “es una contribución valiosa al examen de los problemas de la información y la comunicación, y que el debate sobre el informe podría ayudar también a estimular la participación de los gobiernos, de los medios profesionales y del público en el proceso para el establecimiento de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación” (cit. en III REUNION INTERAMERICANA, 1983, p. 1).

Ese nuevo orden, que a partir de entonces se conocería por sus siglas como NOMIC, nunca llegó a tener existencia real.

Su aprobación significó el retiro de Estados Unidos y Gran Bretaña de la UNESCO, lo que casi condenaba a la organización a su desaparición por asfixia económica. Tras ingentes negociaciones diplomáticas, ambos países regresaron luego de que se operaron cambios sustanciales en la dirección de la organización. El NOMIC se mantuvo como un mero proyecto hasta 1987 y dos años más tarde fue sustituido por la “Nueva Estrategia de la Comunicación”, que, entre otros cambios, deslastraba el anterior proyecto de la orientación estatista que se le había achacado.

Se hizo énfasis, a partir de entonces, en la democratización de los medios y, especialmente, en la participación de la sociedad civil no sólo en los debates y estudios, sino en la práctica misma de la comunicación. La irrupción de la Internet, poco después, fue decisiva en estos cambios, que se traducirían en la lucha, ahora, no por “un nuevo orden”, sino por un nuevo tratamiento que le reconozca más derechos y más libertades a los usuarios y consumidores, considerados individualmente, aunque agrupados en numerosas asociaciones, ONG’s y grupos de defensa, continuamente multiplicados.

B. La Cooperación Internacional La búsqueda de un nuevo orden mundial, que reemplace la actual situación de injusticia, caracterizada por las relaciones de predominio, de equilibrios inestables, de competencia agresiva y de soluciones violentas, por otra más justa, equilibrada y pacífica, conduce al establecimiento de la cooperación como un instrumento esencial de la relación entre las naciones.

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La creación de la Organización de las Naciones Unidas, donde tienen cabida, en pie de igualdad, todas las naciones del mundo, y el funcionamiento de sus múltiples organismos especializados para la atención de todas y cada una de las actividades en que se manifiesta el quehacer humano, se basan en la noción de la cooperación en sustitución de los antiguos conceptos de dominación y fuerza que, hasta la Segunda Guerra Mundial fueron la regla en las relaciones internacionales.

Esa noción de cooperación, que, desde luego, aún no se ha impuesto totalmente y tiene todavía muchas resistencia por vencer, se funda en los conceptos de solidaridad y de responsabilidad histórica, que llevan a la necesidad de la acción conjunta, por una parte, y de la ayuda y la asistencia, por la otra.

Dentro de ese nuevo orden mundial que la humanidad busca, como requisito para su sobrevivencia, ocupa lugar preferente el de la comunicación, por su influencia y efectos sobre todos los demás campos de la actividad humana, tal como lo hemos puesto de manifiesto en estas páginas.

De allí que se haya ido abriendo paso, con justificada legitimidad, la idea de un “nuevo orden mundial de la información y la comunicación”, cuya bandera ha sido enarbolada, fundamentalmente, por los países del llamado Tercer Mundo, en razón de que son quienes con más urgencia lo necesitan.

“La noción misma de “nuevo orden mundial de la información y la comunicación”, supone la promoción de la cooperación internacional, que comprende dos sectores principales: la asistencia internacional y la contribución a la comprensión internacional” (MACBRIDE, 1980, p. 333), dirá el mismo Informe McBride en sus conclusiones y recomendaciones.

Frutos de esa acción y esa actitud de cooperación, sustentada en la solidaridad y la responsabilidad, son los hechos siguientes: 1. La creación y puesta en marcha, en marzo de 1979, de la “Acción de Sistemas Informativos Nacionales” (ASIN), integrado por los mecanismos estatales de información de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname y Venezuela, a los que luego se han sumado otros como México, Nicaragua, Guyana y varios de los nuevos países del Caribe, tramitándose el ingreso de algunas otras naciones del Continente; 2. La puesta en marcha, en 1983, de la “Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información” (ALASEI), promovída por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en base a un proyecto de la UNESCO, cuyo objetivo es la instrumentación de un “sistema de intercambio de información para América Latina y el área del Caribe” y del cual forman parte, en el momento de su arranque, Costa Pica, Cuba, Granada, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela; 3. La creación por la Conferencia General de la UNESCO, en noviembre de 1980, del Programa internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), regido por un Consejo con representación de 3 países, elegidos por la Conferencia General, destinado a coordinar y orientar la cooperación multilateral en favor del desarrollo de la comunicación en los países en desarrollo; 4. Los cambios suscitados en la orientación y la práctica de otro organismo especializado de las Naciones Unidas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ULT), existente desde el siglo XIX, cuya función fundamental había sido hasta entonces la atribución internacional de frecuencias en el espectro electromagnético y el establecimiento de reglamentos y procedimientos técnicos para su uso eficiente, y que, a partir de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 ha comenzado a asumir, a impulsos del Tercer Mundo, un papel activo en la reor-

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denaci6n y la cooperación tanto en cuanto a la política a seguir con respecto a la atribución y uso del mencionado espectro, al que se agrega el de la órbita geo-estacionaria, como del desarrollo mismo de la infraestructura en telecomunicaciones, orientada hacia el logro de “una corriente de comunicaciones equilibrada y equitativa entre todos los países y dentro de ellos”, como señaló, en 1982, el Secretario General del Organismo, Richard E. Butler (CETTEM, 1982, p. 3).

A estos cuatro puntos, citados a guisa de ejemplo, en consideración a su magnitud y proyección mundiales (caso del PIDC y de la UNESCO) o de su proximidad y participación nacional (ASIN y ALASEI), podrían agregarse muchos otros, demostrativos del espíritu de cooperación que ha ido ganando terreno en todo el mundo, sea en el seno de los organismos internacionales, sea en el de los gobiernos tanto de los países industrializados como de las naciones en desarrollo, sea en fin, entre los particulares, agrupados en empresas o en organizaciones profesionales o científicas y tecnológicas.

Lo cierto es, en todo caso, que la cooperación está señalando el camino de la búsqueda de ese Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, por encima y más allá de los agrios debates políticos y de las disputas ideológicas, tanto en lo internacional como en lo interno de todos los países.

Y esa pauta de cooperación en el establecimiento de ese Nuevo Orden Mundial tiene innegable relevancia jurídica, porque al rescoldo de ese proceso van naciendo nuevas instituciones e incluso concepciones, así como definiéndose derechos y obligaciones, en ese campo cada vez más amplio y más influyente que es el de la comunicación.

Ya no se plantea un “nuevo orden”, al menos no en la forma en que se hizo por aquellos años. Pero sí se buscan definiciones precisas y normas claras que tiendan a garantizar, realmente, el libre acceso a los medios de comunicación, sean los tradicionales, los de los medios impresos o los radio-eléctricos, sean los nuevos, la Internet, las redes sociales, “skype”, los “blogs”, los sitios virtuales y tantas otras manifestaciones de un impulso generalizado por la comunicación a todos los niveles, que no tiene trazos de detenerse.

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Sagot, J. La cultura como agente de integración social

La cultura como agente de integración social

Artículo recibido: 12 de marzo, 2013 - Artículo aprobado: 10 de abril, 2013

Jacques Sagot Martino es pianista y escritor, actualmente es Embajador de Costa Rica ante la UNESCO en París. Obtuvo el doctorado en artes musicales en Rice University de Houston. Además, posee un doctorado en estudios culturales franceses, también por Rice University.

Es Caballero del Orden de las Artes y las Letras de Francia. Como pianista es concertista internacional y su discografía incluye cinco discos compactos cuyo repertorio va de Mozart a Ginastera.

Como escritor

ha publicado once libros y cientos de artículos de opinión en diferentes periódicos y revistas.

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Porque no basta con informar a las personas, instruirlas o educarlas, deben ser cultas;esto es, que desarrollen un cimiento ético, hondura de pensamiento, espíritu crítico, y sobre todo, sensibilidad. ”

Sagot, J. La cultura como agente de integración social Sagot, J. La cultura como agente de integración social

Resumen El ser humano se ha convertido en una criatura profundamente solitaria, diversos pensadores han analizado sus alcances y cómo el ser humano se ve inmerso en esta situación, acentuada por el orden social imperante, tal es el caso del capitalismo o los sistemas de poder y dominación social. Como paliativo los individuos han desarrollado una necesidad apremiante de filiación y la tecnología ha desempeñado un papel importante como medio para comunicarse, porque la noción de “barrio” y hasta los pequeños negocios que en él había y que fungían como espacios de socialización, han ido desapareciendo. Es en este panorama que la cultura emerge como el espacio ideal para la integración social. Porque no basta con informar a las personas, instruirlas o educarlas, deben ser cultas; esto es, que desarrollen un cimiento ético, hondura de pensamiento, espíritu crítico, y sobre todo, sensibilidad.

Abstract The human being has turned into a deeply solitary creature, diverse thinkers have analyzed the scopes and how the human being is immersed in this situation accentuated by the social order, such the capitalism or the systems of power and social domination. As a palliative the individuals have developed an urgent need of affiliation and the technology has played an important role to communicate, because the notion of “neighborhood” and the small business that existed in it, as spaces of socialization, are disappearing. In this panorama culture emerges as the ideal space for the social integration. Because it is not enough to inform the persons, instruct them or to educate them, they must be cultured; this is, to develop an ethical foundation, depth of thought, a critical spirit, and especially, sensibility.

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Sagot, J. La cultura como agente de integración social

Palabras clave Cultura, integración, sociedad, tecnología.

Key Words

Culture, integration, society, technology

El ser humano se ha convertido en una criatura profundamente solitaria. ¿Siempre lo fue? No al punto en que lo es hoy en día. Cierto, todos hemos oído hablar de la soledad ontológica, de la “separatidad existencial” (Fromm, 2006), del hombre insular, aislado, del hombre-insecto, de Kafka (2008). Pero la soledad se ha transformado en la sustancia misma de nuestra existencia. Actuamos en y desde ella. Aun más: nos hemos convertido en nuestra soledad.

Unamuno (1986) establecía una diferencia radical entre soledad y solitariedad. La segunda es un aislamiento voluntario, provisional, por medio del cual el ser humano elige quedarse a solas con sí mismo para la contemplación, la reflexión, y favorecer los procesos creativos (Beethoven separado del mundo durante un mes mientras componía el Credo de su Missa Solemnis), esa de la que hablaba Fray Luis de León: “¡Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue las escondidas sendas por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido!” (Oda a la vida retirada) (2006). Esta soledad es un espacio acotado, libremente escogido, y no tiene por propósito otra cosa que una posterior reinmersión en el mundo de los hombres, a fin de compartir con ellos la obra que requirió el silencio y el recogimiento para su gestación. Esa no es problemática y, antes bien, debería ser cultivada por todo ser humano, como una especie de calistenia espiritual, un ejercicio para la higiene del alma (quien no puede quedarse a solas consigo mismo no es más que un esclavo de sus fantasmas, sus demonios, las voces internas que lo habitan y atormentan, esas que urge silenciar a través del barullo, de una sociabilidad frenética y estrepitosa).

Cosa muy diferente es la soledad. Esa no se elige. Es ella quien, infortunadamente, nos elige a nosotros por residencia. Es una atmósfera. Nos rodea, nos contiene, y, paradójicamente, nos asfixia. Deviene un elemento constitutivo de nuestro ser: nos constituye. Somos nuestra soledad. Un grillete, una cadena que arrastramos miserablemente, a veces sin siquiera ser conscientes de ello. La llevamos con nosotros, como nuestro peso, por doquier andamos. Y no es condición de posibilidad para la gran creación, para la obra imperecedera (Beethoven, Fray Luis de León), ni siquiera para el reencuentro sereno y conciliador con nosotros mismos. No genera nada. Es estéril, yerma... tan solo un nombre más para el dolor. En el sentido más puro del término: una tragedia.

Max Scheler, padre de la antropología filosófica, hablaba de tres tipos de soledad (2004): la soledad física (un

hombre perdido en medio del desierto), la soledad social (un hombre en una ciudad con doce millones de habitantes donde nadie hablase su lengua y no tuviese un solo amigo o pariente), finalmente la soledad moral (un hombre inserto en un cosmos humano en el que, a pesar de contarse innúmero amigos y familia abundosa, tuviese que nadar a contrapelo de la sociedad, esto es, que sus axiologías ética, estética, política, religiosa fuesen incompatibles con los de la mayoría). Como decía Ortega y Gasset, “ser diferente es, siempre, ser indecente” (2008). Quienes optan por ser diferentes, tendrán que cargar con el sambenito de la indecencia. Serán señalados, marginados, mirados con recelo, con inquietud. Son las piecitas que han decidido salirse del enorme engranaje que muele a los seres humanos, esos individuos que renuncian a seguir siendo tuercas, piñones, poleas, y en un acto de suprema dignidad y valentía le dicen “no” a la maquinaria: no serán ya molidos por sus implacables indentaciones, tal Charlot, en Los tiempos modernos.

En el tercer caso, el hombre no está físicamente solo (eso es obvio), y tampoco socialmente (no carece de interlocutores, no está confinado a lo que Unamuno llamaba “el monodiálogo”)... pero la soledad moral es, acaso, más difícil de sobrellevar que las otras dos. Íntima, secreta, sordamente solo está, quien la padece. Una soledad “con sordina”, “sotto voce.”

Contra las dos primeras formas de soledad tenemos paliativos de todos conocidos, pero la tercera es, por el

contrario, muy difícil de aliviar. Si el ser humano quiere ser coherente con su íntimo sentir, mantener su “integridad ontológica” (Heidegger, 2011), si quiere que la palabra y la acción sean en él hermanas gemelas, si no quiere caer en

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los dobles, triples, o cuádruples discursos, deberá asumir que su existencia generará una disonancia más o menos perturbadora con su entorno. Nunca será elegido “Mister Congeniality”, nunca será votado “Míster Simpatía”, nunca será homenajeado en los carnavales de fin de año. Aun más: es probable que, tarde o temprano, muera apuñaleado por la espalda. Eso, o bien representar la comedia social, colgarse el antifaz y salir a la gran mascarada de la vida a repetir el libreto que su entorno le ha pautado, a fin de no irritar, ofender, perturbar, desestabilizar a aquellos que constituyen su marco de referencia.

En el fondo, todo se reduce al “Ser o no ser” shakespeareano. Hay un nombre para esto: autenticidad, y se paga un alto precio por ella. Si decidimos vivir para los demás, conformar con ellos consonancia perfecta -habitar el infierno de Sartre- entonces tendremos que negarnos. Vivir enajenados, esto es, devenidos ajenos a nosotros mismos. Una especie de esquizofrenia. Escindidos, fracturados, en constante fingimiento: el actor que, después de haber interpretado mil veces el rol de Hamlet, termina tomándose a sí mismo por el Príncipe de Dinamarca. Si optamos por constituir disonancia, viviremos de conformidad con nuestras axiologías íntimas, pero sufriremos la soledad moral de que hablaba Scheler.

Nos miraremos todos los días al espejo y podremos decirnos con satisfacción: dentro de lo que cabe esperar de un ser humano -todos somos múltiples, mutables, diversos- he sido coherente: entre mi pensamiento y mi acción existe continuidad. Inmenso gozo -quien lo duda- pero espérense al momento de salir a la calle: ahí los espejos serán las miradas de los demás, y la imagen que nos devolverán -censura, sanción- podría no gustarnos.

Así que la soledad pareciese el hecho que más hondamente aflige al anthropos contemporáneo. Soledad

honda como el pozo de Demócrito. Porque vivimos en el seno de un sistema que reposa sobre la instrumentalización del hombre por el hombre. Una estructura vertical de poder y de dominación. Hemos decidido ignorar el apotegma de Kant, el Imperativo categórico que fundamenta su Metafísica de la moral: “Todo hombre debe ser tomado como un fin en sí mismo, no como un medio” (Kant, 2006). Conviene aquí plantearse la pregunta inmemorial: el principio operativo sobre el que reposa el capitalismo -la instrumentalización del ser humano- ¿no es ya, de suyo, inmoral? La inquietud es legítima. Marx (2005), Sartre (2004) y Comte-Sponville (2009)-entre muchos otros- dirían que sí. Ayn Rand (1966) , al amparo de la doctrina “objetivista” y de su noción del “egoísmo racional y ético” discreparía radicalmente. No es un tema que podamos aquí desarrollar. Bástenos con saber que la pregunta ha sido formulada, y que diversas respuestas han sido propuestas. Tampoco pretendo satanizar el dispositivo capitalista en su totalidad -que es demasiado maleable y diverso como para ser descartado en bloque-. Me limito a levantar la interrogante. No tengo ciertamente la respuesta.

Más que nunca, el ser humano parece experimentar la necesidad de filiación. De manera desesperada.

Pertenecer a algo. Militar en algo. Puede ser una secta religiosa, la barra de un equipo de futbol que corea desde las graderías el himno de su cuadro, asociaciones de alcohólicos o neuróticos anónimos, la sociedad “Corazones solitarios”, clubs de filatelia, de montañismo, de ajedrez, de lectura, clubs de fans de alguna figura mediática, membresías en gimnasios que se constituyen en microcosmos sociales, juntas vecinales, asociaciones de condóminos, terapias grupales... poco importa: el ser humano quiere ser integrante de algo: sentirse menos solo, saberse parte de una colectividad que lo legitima, que lo corrobora. Lo experimenta como necesidad vital, impostergable. Tengo para mí que muchas de las grandes militancias en las que se enrolan, de manera apasionada, algunas personas, son producto -amén de las agendas ideológicas que las sustentan- de una soledad profunda, raigal. Al definirnos como “saprissistas”, “masones”, “ecologistas”, “feministas”, “neo-trotskistas”, “vegetarianos”, “testigos de Jehová”, o “neo-liberales” -independientemente del mérito intrínseco de todas estas causas o adhesiones religiosas- estamos diciendo: “No estoy solo”. He ahí, a mi modo de ver las cosas, lo que subtiende buena parte de nuestras beligerancias (sin duda no todas). De nuevo: no cuestiono en modo alguna su validez -aun más: su perentoriedad- ideológica, sino tan solo exploro lo que hay detrás del gesto de adscripción del individuo a un grupo humano.

A todo esto, la tecnología de la comunicación se propone como un agente de socialización ideal. ¿Lo es realmente? ¡Gente que nos incluye constantemente en su lista de amigos -que implora, aun más, extorsiona nuestra amistad-! ¡Personas que dicen tener diez mil “amigos” en facebook! Tal parece que se impone una redefinición del concepto de amistad. Nada, jamás, podrá reemplazar eso que llamamos “presencia”. La presencia, sí, real y efectiva de un ser humano a nuestro lado. Sería el último en negar cuán grato resulta tener sobre una pantalla el rostro de mi madre o mi

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padre con no más que apretar un par de botoncitos. Ahí, en el mágico, luminoso rectángulo, aparecen de pronto, los dos seres más próximos a mi corazón. Pero la tecnología debe ser un coadyuvante, no un sucedáneo -un sustituto- de la presencia. La amistad es un acto presencial. Como la música, la danza o el teatro transmitidos en la pantalla, pierde su inmediatez, su electricidad, su tangibilidad. Somos seres sensoriales: necesitamos ver, tocar, oler, acariciar al ser amado.

La tecnología nos está de-sensualizando. No es lo mismo estar en presencia de una obra de arte que ver una reproducción. Baudrillard (1995)se refiere ampliamente a este tema: los simulacros, las copias ad infinitum, las reduplicaciones de una pintura célebre, y lo que esto acarrea: la “pérdida de aura” (término de Baudelaire). Magnífico, que cualquier persona, en el más remoto confín del planeta, pueda realizar una visita guiada por el museo Van Gogh de Amsterdam.

Sí, la tecnología se ha constituido en un poderosísimo agente al servicio de la democratización del saber… así como de la pornografía infantil, las recetas para la fabricación de bombas caseras, la difamación, la agresión, la circulación de infamias, el espacio ideal para los cobardes, esos que mandan sus coces cibernéticas al amparo de un anónimo: ¡pobres: el nombre es lo primero que el mundo nos da, es lo último que una piedra sepulcral consignará, es aquello de lo que nadie carece! ¡Quien no tiene nombre no tiene nada! Nemo et nihil. Ocasionalmente me preguntan: don Jacques, ¿es la revolución tecnológica buena o mala? Mis poderes oraculares no tienen tanto alcance como para responder a interrogante de tal complejidad. Cosa absurda, demonizar la tecnología: la pobrecita no es ni buena ni mala: es éticamente neutra. Bueno o malo sólo puede serlo un ser dotado de capacidad de discernimiento entre el bien y el mal, y libre para actuar de acuerdo con su sensibilidad ética (porque la ética es, a su manera, una sensibilidad). Igualmente ridículo sería deificarla. La superchería científico-tecnológica, producto del furor por la ciencia positiva que Augusto Comte desató durante la primar mitad del siglo XIX y que, si no va acompañado de otros valores, ha probado ser una receta infalible para el desastre. El culto al maquinismo. La superstición consistente en creer que ya no se tiene ninguna superstición. Y la transferencia, a la máquina, de toda la devoción que alguna vez profesamos por un dios -o varios dioses-. Nuestra nueva vivencia de lo sacro: un mero fenómeno de desplazamiento. El fetichismo de la máquina. El hecho es que ni la tecnología ni la ciencia son buenas o malas per se. La fisión del núcleo atómico del uranio en manos de Oppenheimer generó trescientos cincuenta mil muertos en Hiroshima y Nagasaki, en 1945. En las manos correctas, la energía nuclear sustenta la vida de las megalópolis y puede constituirse en providencial instrumento de sanación para una variedad de enfermedades hasta hace podo juzgadas de fatal prognosis. Así que la tecnología es bendición o veneno destilado según las causas a las que se la haga servir. Parafraseando a Corneille, la ciencia sin conciencia acarrea la ruina del hombre.

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Es aquí donde la bioética -en tanto que transdiciplina o multidisciplina- surge como una de las mejores cosas que se le han ocurrido al hombre moderno. Restituirle a la gestión científica su dimensión filosófica (la ética es una rama de la filosofía). Alguna vez filosofía y ciencia fueron sinónimos: esta se emancipó para seguir alegremente su camino, haciendo caso omiso de la reflexión ética que cada nuevo descubrimiento o invento debería haber generado. La única pregunta que durante siglos nos formulamos fue ¿seremos capaces de esto o lo otro?, (ir a la luna, clonar la vida, manipular las células madres, fertilizar in vitro, emplazar un asentamiento humano en Marte). El momento ha llegado de cambiar la pregunta. Ya no ha de ser ¿seremos capaces algún día de hacer esto o lo otro? Ahora debemos preguntarnos si conviene, si es adecuado, si es éticamente correcto, si es -he aquí una palabra que me gusta- decente. ¿Lograr nuestras metas científicas? No es cosa que me preocupe: todo lo hemos ido logrando: es cuestión de tiempo para que -como dijo Julio Verne- lo que un hombre soñó otro sea capaz de realizarlo. El reto no es la factibilidad de la gestión científica -cosa que doy por ganada- sino su pertinencia, su procedencia, su conveniencia. Con cada nuevo paradigma científico que se proponga, preguntarnos, antes de lanzar las campanas al ruedo, ¿de qué manera va esto a afectar al ser humano? ¿Qué fenómenos sociales impensables podría desatar? ¿Es prudente, en tales casos, abrir la caja de Pandora? ¿A cuántos seres va a hacer felices, a cuántos miserables? Puesto que hablamos de cantidades, juzgo legítimo invocar a John Stuart Mill (2005) y su noción del utilitarismo: la economía de la felicidad y el dolor. Pues bien: es en términos economicistas que conviene tal vez plantearse el problema: si la implantación de un nuevo medio de producción va a enriquecer a cien y a deslomar y degradar a un millón, el propio Stuart Mill juzgaría aberrante tal práctica. Cada vez que la ciencia y la tecnología -la “tecnociencia” la llaman ahora- anuncia con fanfarrias un nuevo procedimiento, teoría o cacharro, debería preguntarse; ¿contribuirá esto a crear más desigualdad entre los hombres? ¿Generará marginación? ¿Quiénes se van a adueñar de la tecnología? ¿Quiénes no están invitados a la fiesta? ¿Va el nuevo juguetito cibernético a contribuir al sojuzgamiento del hombre por el hombre, a establecer nuevas estructuras verticales de poder y explotación? La gestión científica debe ir acompañada de una reflexión ética.

La tecnología de la comunicación, ¿ha contribuido a la integración social? Sin duda. Pero también ha creado una ilusión de comunicación, de diálogo, de intimidad. Una mera fantasmagoría. El mundo está lleno de lunáticos que viven en el más tenebroso aislamiento, atenazados por sus terrores, agorafóbicos, paranoicos, que solo pueden vincularse a la sociedad desde la “seguridad” de sus pantallas, donde se creen invulnerables, exentos de la siempre peligrosa faena del comercio directo con lo humano. Su lema: atisbar sin ser vistos. Asomarse al mundo, ver todo cuanto sea posible (el panoptismo de Bentham-Foucault (1998)) y no dejarse ver. El que más ve y menos se deja ver, gana. ¡Esto no es socialidad! Ubicarse en la “perspectiva del Rey” (Bachelard): tener al mundo entero bajo su mirada: ¡también esa es una estructura de poder, la sorda voluntad de “Vigilar y castigar” (Foucault)!

Y por supuesto, sucedió lo inevitable. Una nueva psicopatología para enriquecer la ya variopinta galería de nuestras afecciones psíquicas. Se llama nomofobia: es el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil. El término, abreviatura de la expresión inglesa “no-mobile-phone phobia”, fue acuñado por el instituto demoscópico YouGov (Associated Newspapers Limited, 2008), después de un estudio destinado a estimar la ansiedad que sufren los usuarios de teléfonos móviles. Se llevó a cabo en 2011 y reveló que el 53% de los portadores de estas mágicas cajitas son presas de incontrolable ansiedad cuando descubren no tener a mano el juguetito. Un quantum de ansiedad -óigase biencomparable al que genera una mudanza, una boda o un accidente en la carretera. Pero la nomofobia se extiende también a todos los otros cacharros que crean en nosotros el espejismo -porque no de otra cosa se trata- de estar en íntima comunicación con el mundo: la dependencia patológica de Internet, chat, what´s up, facebook, skype, toda suerte de cámaras y micrófonos. Es que todos estos adminículos ya han devenido parte de la anatomía humana: sin ellos nos sentimos mutilados. El inexpresable pavor al aislamiento, la soledad, la incapacidad para comunicarnos con quien queramos en el momento en que queramos. Un miedo cerval, de esos que vienen desde la raíz del alma.

Sudores fríos, hiperventilación, mareos… Los celulares deberían ser vendidos, hoy en día, junto a estañones de Rivotril, Valium, Stilnox y toda una farmacopea de benzodiacepinas. El “síndrome de Robinson Crusoe”, del hombre perdido en una isla desierta. El pavor que el pobre náufrago ha de haber experimentado al descubrirse solo. El teléfono celular, con sus lucecitas de burdel barato que se encienden y apagan desquiciantemente, sus teclas hechas para deditos minúsculos, manicurados, liliputienses; sus sonsonetes vulgares, sus chirridos, tonaditas, pitidos, que suelen, de preferencia, manifestarse en un concierto, en mitad del más noble y místico Adagio de una sinfonía de Beethoven.

Esclavos de nuestras herramientas. Instrumentos de nuestros instrumentos. En eso nos hemos convertido. Todos estos medios nos venden una mentira: la ilusión de que no estamos solos. ¡Falso! ¡Nunca había estado el ser humano tan solo

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como lo está en nuestros días! Un islote existencial, un recluso en una celda de máxima seguridad, todos, en mayor o menor medida, náufragos. La tecnología nos ha alejado, no nos ha acercado. Del pánico indecible que se apodera de los nomofóbicos que han olvidado sus celulares en casa se infieren dos cosas: primera: ¿cómo podría yo vivir sin el mundo? Segunda: ¿cómo podría el mundo vivir sin mí? ¡Soy tan pero tan importante que necesito ser consultado a cada instante, ser disponibilidad irrestricta a toda hora, de lo contrario podría dislocarse la Vía Láctea! Nos hemos “importantizado”. El celular nos sustrae permanentemente a nuestra realidad circundante e inmediata, nos roba el aquí y el ahora (el hic et nunc) nos exilia de nuestro presente y del lugar que ocupamos a cada momento. Nomofobia… un grillete más, nueva cadena que nos colgamos del pescuezo… ¡cómo nos gusta, amigos, la esclavitud! La manera desesperada, compulsiva en que necesitamos hacer uso del teléfono celular a cada instante, saber que en la lista de cifras que el aparatito almacena para nosotros está la totalidad del mundo, que en ese microcosmos llevamos encerrado al universo, y que podemos lanzar nuestro S.O.S. en cualquier lugar y momento demuestra, precisamente, que no estamos integrados socialmente. Si lo estuviésemos no experimentaríamos con zozobra la necesidad de verificar con cada pálpito que el mundo está ahí, que nada se ha movido, que la tierra sigue girando sobre si eje rotacional, aun cuando por algunos minutos estemos incomunicados. Nadie ha menester de cerciorarse, minuto tras minuto, del amor de sus seres queridos… si en efecto ese amor goza de buena salud.

San José ha perdido, desde el punto de vista urbanístico, uno de los rasgos que mejor contribuían a la formación de micro-sociedades, esto es, la noción de “barrio”. El barrio era un espacio aglutinante: su pulpería, su cantina, su comisariato, su cine, su plaza, su iglesia, sus ámbitos de circulación. Aun ciudades de la magnitud de París y Londres conservan -habiendo nacido como conglomeraciones de barrios- un perfil en el que la megalópolis no borra la especificidad del quartier, el arrondissement, el district. Todo cuanto es bueno y bello de la provincia, en el seno de la gran ciudad.

Quien da una caminata por el parque (¡pero para empezar debe de haber parques, cosa que nosotros no tenemos!) sabe que va a toparse, a una hora determinada, a la misma viejecita que saca a pasear al perro, a los mismos niños que juegan en el tobogán, a los mismos agentes de policía, al mismo pregonero en el quiosco de la esquina, aun a los mismos pordioseros. ¿Folclórico? Quizás, y a toda honra. Eso es integración: el concepto de vecindario, la mano solidaria, la persona de confianza, sí: el carnicero, el panadero, la vendedor de pescado y el peluquero “de la cuadra”. San José ya no tiene esto. No hablo desde la nostalgia dulzona y sentimental. Constato, simplemente, que hemos adoptado el modelo de la gran ciudad americana: impersonal, dura, autopistas y malls: esos no son espacios de integración: son, antes bien, ámbitos de dispersión. La gente no va a los malls a socializar. Van a verse unos a otros a lo lejos, a atisbarse, como si de mercancía en una vitrina se tratasen. El cliente deviene, él mismo, mercadería: está expuesto, se ha convertido -sin saberlo- en espectáculo. Son espacios que no favorecen la intimidad, ni la conversación, ni intercambio que vaya más allá de la ostentación del atuendo singularizador, del “look”: son pasarelas magnificadas. El ruido ambiente impide la comunicación. Los comedores pareciesen salidos de una película de Jacques Tati. Todo está diseñado para aislar a la gente, para hacerla consumir rápido y desalojar el lugar.

El condominio, configuración urbana que empezó a ponerse en boga en San José a partir de la década de los setentas, no es un buen espacio para la integración social. Cierto, los condóminos coexisten en estado de contigüidad física (otro tanto puede decirse de una licuadora al lado de una refrigeradora) pero no comparten actividades que los vincule. Por otra parte, el condominio aísla: están “los de dentro”, que montan una especie de barricada contra “los de afuera”, y el modelo termina por parecerse alarmantemente al castillo del Príncipe Próspero, del cuento “La máscara de la Muerte Roja”, de Edgar Allan Poe (1984): el protagonista y sus cortesanos, amurallados contra la epidemia, en la seguridad intra muros de los predios reales, mientras el pueblo -todos los que vivían fuera de la fortaleza inexpugnablemoría miserablemente.

Es aquí que la cultura se propone como el espacio ideal para la integración social. Aludo al término cultura en su sentido específico, restrictivo, no como sinónimo de la totalidad del quehacer humano. Cultura como generación de pensamiento, de conciencia, a través de la práctica del arte. No solo el ars consumptor (el consumidor de arte), sino la colectividad que participa en el quehacer artístico. El homo ludens (el hombre que juega), pues aunque supremamente serio, el arte no deja de ser -conviene recordarlo- un juego. Sublime y capaz de generar hondas transformaciones sociales, pero juego al fin. La alegoría de las murallas de Jericó es elocuente: no fue al impacto de las ballestas o los arietes que cayó la fortaleza, sino con el fragor de las trompetas de los hebreos: el arte tiene un poder inmenso, inso-

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spechado. Una canción, una frase bien encontrada, un poema, una película han bastado para traerse abajo imperios.

Lo saben los déspotas del mundo entero, y es por ello que lo primero que corren a amordazar y fiscalizar es a sus artistas: desde el fondo del instinto huelen el peligro, la capacidad de la obra de arte para corroer estructuras que parecían inexpugnables. El macarthismo en los Estados Unidos de la posguerra, el realismo socialista soviético staliniano fueron -entre mil otros ejemplos posibles- instancias en las que los regímenes políticos sancionaron y censuraron la producción artística, temiendo el poder subversivo de sus contenidos ideológicos. A fe mía que no se equivocaban. Como decía Víctor Hugo: “No hay nada en el mundo tan poderoso como una idea cuando le ha llegado su hora”. Lo que no logran cien cañones, lo consigue a veces un poema. Sí, ya lo creo que lo saben, los tiranos, y es por eso que miran el arte con particular suspicacia, y lo vigilan con celo redoblado.

Nuestro Ministerio de Cultura se ha visto amenazado constantemente por la espada de Damocles de los recortes presupuestarios. No por razones represivas ideológicas, sino merced a la miopía de algunos legisladores. Porque, justamente, no entienden el valor de la cultura como agente aglutinante, como catalizador de la interacción humana. No, señores y señoras: no se recorta el presupuesto de Cultura y Educación para inyectarle recursos a Seguridad. En la antología universal de las malas ideas, esta es, sin duda, una de las peores que hayan sido propuestas. Un acto de mero oportunismo político, que busca captar la aprobación del pueblo mediante una medida visible, conspicua, espectacular, un gesto que todos, deslumbrados, corramos a aplaudir. Por supuesto: el país atraviesa una crisis sin precedentes en los índices de criminalidad y de inseguridad ciudadana, así que, ¿qué podría ser más teatral y más circense que llenar las calles de policías, de patrullas, de garridos agentes de inteligencia -ojalá todos parecidos a Sean Connery-, de helicópteros, de brigadas de choque, de panzers? ¡Por Dios! ¡Apenas bueno para series televisivas como “New York P.D.”, “Las calles de San Francisco”, o “S.W.A.T”! Y claro, ganarse así algunos puntillos con el electorado, con miras a la próxima campaña presidencial. Pero resulta que la realidad del país no es Hollywood. La criminalidad no se combate con “Special weapons and attack tactics”. Como asertóricamente escribe don Óscar Arias en artículo reciente: “las armas sólo sirven para matar, punto”. No niego que a nuestras fuerzas policiales les falten recursos, profesionalización y modernización. Pero el crimen no se combate llenando la ciudad de policías. No son parches, lo que necesitamos.

No son “operativos” y maniobras pirotécnicas -con música de fondo, en el mejor estilo de Indiana Jones- destinados a impresionar a la ciudadanía. Eso podrá funcionar a corto plazo. Jamás a largo plazo. Ese largo plazo fatídico para el que los costarricenses no tenemos sensibilidad alguna. La falta de visión, la incapacidad para ver las cosas de manera panorámica, en su decurso histórico.

No hay más que una manera de combatir la criminalidad: invirtiendo en el ser humano. Educando. ¿Qué es educar?

Generar conciencia, pensamiento crítico, cimentar una axiología ética, estimular la capacidad de análisis, darles a las personas los instrumentos intelectuales necesarios para elegir entre el bien y el mal -asumiendo, como fundamento universal, que malo será todo aquello que hiera al ser humano en su integridad física y síquica-. Decía Platón que el origen de todo mal radicaba en la ignorancia. No significaba con ello que la persona carente de escolaridad sea inherentemente mala, sino que, en el fondo de la maldad, se esconde siempre un razonamiento incorrecto, un modo de ver la vida incorrecto, una manera de buscar el bien personal por sobre el bien común (el bonum commune, de Tomás de Aquino) que, por egoísta y miope, termina por conspirar contra sí misma. Porque en esto consiste el gran error del criminal: en creer que puede herir a la sociedad sin destruir, a largo plazo, su propio “paraíso”. Todo lo que le infligimos al mundo, nos lo infligimos a nosotros mismos. Pero de eso hay que tener conciencia, y no otra es -repito- la función primordial de la educación y la cultura.

El 2 de diciembre de 1993 es abatido Pablo Escobar, “el Zar de la coca”, “El duro”, “El capo”, “Don Pablo”, el padre del narcoterrorismo, con sus veinticinco mil millones de dólares, uno de los diez hombres más ricos del mundo. “Dueño” de Santo Domingo, suburbio de Medellín habitado por un millón y medio de almas. En su haber: cientos de coches bombas, atentados aéreos, asesinato de periodistas y candidatos presidenciales, soborno de políticos, diseminación estratégica de sicarios a través del mundo entero. Cierto: la estocada final fue asestada por el “Bloque de búsqueda” de la Policía Nacional de Colombia, asistida por el Cuerpo Antidrogas de los Estados Unidos, y con tecnología de rastreo francesa y británica. Y claro que para esto fueron necesarios recursos económicos. Pero lo que mucha gente no sabe es que el imperio de Escobar ya había sido socavado por el alcalde de Medellín, quien, siguiendo una iniciativa puesta en práctica años antes por la sociedad civil de Bogotá, había iniciado en el corazón mismo de Santo Domingo, un pro-

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grama de creación de bibliotecas ultramodernas, de parques culturales, de orquestas y bandas sinfónicas, de grupos de danza y de teatro populares, de escuelas y academias que hacía mucho ya habían generado en la comunidad un sentido de responsabilidad social e histórica. Este es el modelo que debemos emular. Este y no otro. Aprendamos de quienes han sido exitosos, no de los demagogos y los vendedores de “quick fixes”, de soluciones rápidas y efectistas -que no es lo mismo que efectivas-.

En setiembre de 2011 algún político con veleidades de “salvador de la Patria” propuso asestarle un zarpazo presupuestario a los ministerios de Cultura y Educación -entre otros- para fortalecer Seguridad. Su argumento (su paralogismo, más bien: esto es, un razonamiento basado en la falsa lógica) fue que, cuando hay estrechez económica, lo primero que en una mesa se recorta es el postre, no ciertamente el plato fuerte.

Porque claro, la cultura y la educación son

siempre los “postres” en la dieta de una sociedad, ¿no es cierto? Lo prescindible, lo que nunca es perentorio. ¡Qué error descomunal! ¡Una y otra vez probado tal, cuando se analiza la historia de las civilizaciones! Pero su extorsión no fue aceptada. Ello por dos razones: la posición firme y preclara de la presidenta Chinchilla, y las gestiones del Ministro de Cultura, Manuel Obregón, ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Fue un gran gesto. Un gesto de gran gobernante, de lúcido y valiente ministro. En el mejor estilo del “para qué tractores sin violines”, de José Figueres.

El Ministerio de Cultura trabaja con el 0.5 % del presupuesto nacional, y le genera al país el 6.3 % de su producto interno bruto. Los países centroamericanos le asignan, en promedio, de un 3 a un 4% de su presupuesto a cultura, y esta les reditúa entre un 7 y un 9% de su economía. Brasil invierte en cultura un 4%, y recibe en cambio un beneficio del 11%.

La cultura es, en Estados Unidos, (que no tiene ministerio de cultura, sino el National Endowment for the Arts) el mayor generador de riqueza, por encima de la industria bélica. Francia es un país que vive, fundamentalmente, de su acervo cultural (que incorpora el de otros países, pero eso es lo propio de cualquier nación multicultural). La cultura es rentable, ya lo creo que sí. Pero, ¿saben ustedes una cosa? No es por eso que debemos defenderla, y esto es lo que urge entender. Aun cuando no derivásemos de ella un céntimo, la cultura y la educación son intocables, porque constituyen la definición misma del ser humano, porque son parte de nuestra estructura antropológica. Somos seres generadores de pensamiento, transmisores de conocimiento, y cultores de la belleza. Y eso no se puede decir de los ornitorrincos o los dragones de Komodo. Es nuestra especificidad como seres humanos, la que está aquí en juego. Lo que nos hace diferentes de las demás especies que alientan sobre la faz del planeta. Somos criaturas lúdicas, productoras de belleza -sin ella, contrariamente a lo que algunos creen- no podríamos vivir. Experimentamos sed de belleza, la necesitamos, nos rodeamos de ella, la fabricamos por doquier: no solo somos el homo faber o el homo sapiens: somos también el

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homo aestheticus. Así que, rentables o no, educación y cultura son valores que debemos defender a capa y espada.

No se negocia con ellos. Son, en el más puro sentido de la palabra, sagrados. Sagrados por cuanto específica -y exclusivamente- humanos. Y humanos por cuanto sagrados. Invirtamos en cultura y educación, y combatiremos el crimen, el narcotráfico, la violencia desde la raíz misma. No nos extenuemos cortando una y otra vez las proliferantes excrecencias de la mandrágora: descuajemos la cepa entera. La cultura de la paz es absolutamente inconcebible sin la cultura del pensamiento y de la belleza.

De hecho, el arte debe ser un agente al servicio de la paz. Si no propende a ella, no está cumpliendo con su función primordial. Es lo que creían Beethoven y Schiller (la “Oda a la Alegría” de la Novena Sinfonía, y Casals, y Barenboim, con su Orquesta Israelí-Palestina. Cuando los hombres se separan cavan trincheras y levantan murallas; cuando se unen, forman orquestas, hacen música, levantan catedrales. Nada puede pasar por encima de la cultura y la educación: “Cada vez que se abre una escuela se cierra una prisión” -decía Victor Hugo-. La cultura es, por su esencia misma, integradora. Una buena parte del gozo estético proviene del hecho de saberse compartido. La comunión en la belleza, sí. Cuando sentimos que algo es bello, cuando nos vemos estremecidos por una manifestación artística, nuestro primer impulso es el de compartir nuestro entusiasmo, nuestro fervor. Actuamos como evangelistas, como portadores de la buena nueva. De inmediato queremos contagiar al mundo con la pasión que en nosotros generara. La palabra entusiasmo debe ser tomada, en este caso, en su sentido etimológico: “tener a Dios en el cuerpo”. Nos “endiosamos”, sí, en el buen sentido del vocablo, no vaya a ser este interpretado como indicio de megalomanía, de parafrenia. Reconocer la belleza acarrea el deber de proclamarla y de divulgarla. No creo en el gozo solitario. Tal cosa equivaldría para mí a una forma de onanismo estético. Como artista, la producción de belleza y la pedagogía van para mí de la mano.

Compartir la belleza es compartir una revelación, en el sentido místico del término. En gran medida, el disfrute de la belleza procede de la evidencia de que nuestro sentir está siendo compartido, corroborado por otros (tres o veinte mil: no importa). La sala que aplaude eufórica a un artista vibra al unísono, sus corazones están, en ese momento, más próximos que nunca. El gozo estético compartido nos permite acortar la distancia (que siempre será inevitable) entre el Yo y el Tú esenciales. Nos libera de la “cárcel de la separatidad existencial”, así no fuese que por algunos benditos minutos. Es, una vez más, el gozo de la filiación, el gozo de pertenecer a algo, eso que tanto añoramos en el momento actual de la historia. Es un fenómeno que señalan Kant y Vattimo. La comunión en la belleza, esto es, comunicarse a través de ella, hacer de ella latitud común para las almas. Es una forma de descubrir que, en el fondo -ese fondo que reacciona de manera análoga ante los mismos estímulos- no estamos tan solos, no somos tan insulares como quizás creíamos.

En innumerables ocasiones he sido solicitado para participar en grupos de lectura. De adultos mayores, de gremios laborales, de jóvenes, o bien ofrecer recitales, algunas veces en remotos rincones del país, en un galerón con techos de zinc sobrecalentado y con un pianillo desvencijado a guisa de instrumento (ocasionalmente incluso en clavinovas, una vez desprovista de asiento, lo que me obligó a tocar de pie, como los pianistas rock). Por doquier, en mi país, encuentro sed de belleza, apetito de conocimiento. Y las inquietudes de la gente, las preguntas que me formulan son las mismas en París, Nueva York o San Vito de Java. Porque el hecho es que el mundo no difiere tanto como creemos.

En todas partes hay gente que lleva sus curiosidades en torno al arte como si de un deshonor se tratase, que no se atrevan a intervenir, que se sienten excluidos del festín de la cultura universal. Créanme, amigos, nadie puede sentir mayor devoción por el Teatro Nacional que yo. Pero está claro que en Costa Rica la cultura debe ser des-centralizada. No diré “llevada” a esas áreas marginadas que durante siglos hemos persistido en ver, en nuestro esnobismo meseteño, como especies de sub-Costa Ricas (Limón, Guanacaste, Osa). No, diré más bien “suscitada”. Creada in situ por las comunidades locales, con el correspondiente apoyo estatal. Que nazca en el seno de las colectividades, como iniciativa propia, y que exprese su especificidad histórica. No basta con que la Orquesta Sinfónica Nacional o la Compañía Nacional de Teatro hagan giras “de extensión”. ¡Es que la cultura no hay que “extenderla”, sino, de nuevo, “suscitarla”!

Por supuesto, un concierto, un evento teatral pueden cambiar una vida, determinar una vocación, pero no podemos apostar a este albur. Está bien, que nuestras entidades culturales vayan por los andurriales de nuestro país, que es “ancho y ajeno” (Ciro Alegría), pero esta labor, encomiable como es, no es suficiente.

Puedo afirmar, con absoluta convicción, lo siguiente: si cada barrio capitalino, si cada ciudad, si cada pueblo, si cada comunidad de nuestro país tuviese un grupo de lectura organizado (¡y es tan fácil: mínima infraestructura, y acceso a

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Sagot, J. La cultura como agente de integración social

los libros, muchos de ellos hoy en día habitantes del ciberespacio!), Costa Rica sería otra cosa. Infinitamente más cultivada, más lúcida, más dueña de su destino, más libre y democrática. “Sed cultos para ser libres” -decía José Martí-. La democracia no es el derecho al voto. Eso es sufragio, y es una loable mecánica electoral: eso es todo. Democracia es tener acceso a la cultura y el conocimiento. Sin ellos perece. Cualquier pueblo inculto es manipulable, víctima fácil de los demagogos y los predicadorzuelos de pacotilla. ¿De qué le sirve a un pueblo ejercer el derecho al sufragio, si, desinformado y carente de elementos de juicio, va a terminar votando contra sus propios intereses, poniéndole a su verdugo el hacha en las manos? De nuevo: ¿qué hace falta para organizar los grupos de lectura? Un lugar para reunirse, libros, y la participación regular, como invitados -y tengo la certeza de todos colaborarían- de nuestros escritores, pensadores, intelectuales. Que vayan a ofrecer orientación, inspiración, a compartir su sentir en torno a la literatura, a dar su testimonio de la belleza: no se trata de sentar cátedra doctamente o a hacerse tratar como prima donnas. Tan simple como esto: decir: “Amigos, amigas, mi vida ha sido más plena, más lúcida, más hermosa gracias a la lectura, y les voy a decir por qué y de qué manera tales y tales libros han cambiado mi existencia, mi cosmovisión, mi comprensión del ser humano”. E invitar a la gente a participar, de manera que, en lugar de una conferencia dictada ex-cathedra, la actividad se convierta en una liturgia de la palabra, en una indagación conjunta e interactiva de significados, de nuevo: en gozo compartido. ¿Está esto pegado al cielo? Digo que en cada barrio debería haber un club de lectura, pero me quedo corto: a decir verdad, en cada cuadra debería de existir tal tipo de agrupación. Interés sobra, libros sobran, voluntad sobra, intelectuales y educadores -tengo para mí que no se puede ser una cosa sin la otra- sobran, y la infraestructura (a diferencia de los requerimientos de una orquesta sinfónica, un teatro o un museo) no sería en este caso un problema. Esto sería integrar a la sociedad. Mi experiencia con los grupos de lectura es gratísima: he aprendido inmensamente de ellos, he sentido por todas partes la buena voluntad, la disposición, la curiosidad intelectual de las personas… ¡Esa Costa Rica es perfectamente concebible, no estoy proponiendo una quimera, un cuadro digno de la Utopía de Tomás Moro o de La República de Platón!

No basta con ser un país informado (lo somos). No basta con ser un país instruido (etimológicamente: “que tiene los instrumentos”, en este caso, el alfabeto: ¡resta saber para qué se va a usar!: ¿Leer a Corín Tellado o a Shakespeare?).

No basta con un país educado (nuestras estadísticas en este punto son harto halagadoras). No basta con un país que sale a votar cada cuatro años (¡de nuevo: sufragio no equivale a democracia: Rousseau era enfático en esto!). Lo que necesitamos es un país culto. Ello conlleva otros valores. Un cimiento ético, hondura de pensamiento, espíritu crítico, y sobre todo, sobre todo, sensibilidad. He ahí, para mí, la palabra clave. Sensibilidad humana, estética, ecológica, religiosa (aun para adoptar el ateísmo, el agnosticismo o negar cualquier forma de trascendencia, es preciso un basamento religioso: ¡no podemos negar aquello que no conocemos! Y luego, claro está, es perfectamente legítimo y respetable acogernos a la teleología que mejor se adecúe a nuestra visión del mundo. También para “experimentar” a Dios es necesaria la cultura. ¿Que para nosotros es ausencia, vacío puro, una mera impostura, una superchería, resabio de una civilización pre-científica que no termina de morir? Absolutamente admisible como postura… ¡pero también ella es producto de una intuición, de una sospecha fundamental, de una sensibilidad, y sin cultura esta va a carecer de fundamento! La respuesta a todos los problemas que aquejan al país -la palabra “maná” (Barthes)- no es “educación”.

Después de todo, la Segunda Guerra Mundial fermentó y se desencadenó en el país que mejor índice de educación tenía a la sazón en el mundo: Alemania. Resta determinar cómo vamos a educar. Qué contenidos ideológicos vamos a transmitir, favorecer la libertad de pensamiento, no el adoctrinamiento, cómo vamos a enseñar a los niños a construir su pensamiento. La respuesta la dio Montaigne (1987), hace cinco siglos: “Educar no es llenar un vaso, sino encender un fuego”.

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K, Quirรณs. Personaje destacado.

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K, Quirós. Personaje destacado.

Personaje destacado Thomas Buergenthal

Katherinne Quirós Masís Estudiante de Relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Centroamérica.

No hay que ponerle subjetividad al hecho que se califica por sí mismo”.

Thomas Buergenthal

El Derecho Internacional surge de la idea de crear justicia internacional, aplicando así para todo Sujeto de Derecho Internacional. La defensa de éste, parte no solo de tener la profesión de la abogacía, sino de la pasión por las leyes que hacen posible tal servicio a la humanidad.

Muchos

personajes

importantes

para las Relaciones Internacionales, de diversa índole, reflejan tal labor a lo largo de los años, sin embargo, es en el pasado de cada uno de ellos donde está el goce de los derechos y libertades que hoy se conocen alrededor del mundo. Éste

es

al

caso

de

Thomas

Buergenthal, cuya historia carga con el peso de los Derechos Humanos y su defensa; no por profesión, no por pasión, sino por la experiencia que adquirió durante el siglo XX, con la Segunda Guerra

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K, Quirós. Personaje destacado.

Mundial y el Holocausto, lo cual le permitió crear una conciencia que incluso hoy día pocos pueden concebir en la práctica misma.

El actual “juez que fue víctima” nació en Lubochna (antigua Checoslovaquia, hoy Eslovaquia), en 1934. Kielce, Polonia, fue el lugar donde creció, para después enfrentarse a los campos nazis de Auschwitz y Sachsenhausen, y a la Marcha de la Muerte de 1945.

En su libro “Un Niño Afortunado”, describe los hechos de aquella época, sus vivencias, sus carencias, su soledad, su miedo y el terrible sentimiento de responsabilidad hacia su vida, el cual se presenta a sus cortos 5 años de edad. ¡Afortunado! se describe, ya que al sobrevivir las atrocidades de su época de niñez puede hoy trasladarse a un juzgado a fallar en favor de la justicia; siguiendo así la línea de liderazgo y fortaleza de su padre desaparecido y muerto en Auschwitz; y aplicando a su vez la entereza y habilidad de su madre, desaparecida en el campo Ravensbrück, a quien encontró después de años de separación y a miles de kilómetros de distancia, para sobrellevar la realidad y encontrar una salida efectiva a las diversas circunstancias. ¿Suerte? ¿Destino? La historia cuenta que los niños, así como los ancianos o los enfermos, fueron ejecutados en las cámaras de concentración sin excepción alguna, puesto que complicaban la función de la voluntad del Führer.

Tommy, como le llamaron múltiples personajes, fue el niño que gracias a su fuerza y valentía logró encontrar un lugar en el que su vida fuera utilizada y no ejecutada, alegando que podía ser de utilidad en labores como la mensajería, debido a que manejaba al dedo el idioma alemán y el polaco.

Fue quien no se contagió de la difteria y demás enfermedades de sus compañeros en los campos, fue quien estuvo bajo cuidado médico casi sin esperanza de salir con vida, debido al entumecimiento de uno de sus pies y la amputación de varios dedos.

Es quien se ganó el cariño de sus compañeros de viaje, de los soldados del ejército polaco que lo rescataron, de los encargados de los centros para niños huérfanos, de las escuelas y universidades en los Estados Unidos, de países enteros en que su historia fue contada por algunos sobrevivientes a los campos, que incluso lo creían muerto.

Buergenthal, con una misión indescriptible y una educación mínima, alcanzó a sus compañeros una vez establecido en Norteamérica en 1951, sobrepasó sus metas, inclusive las de sus mentores, quienes le apoyaban para conseguir becas de estudio, llegando así a darle hoy al mundo una lección sin valor cuantificable.

Es importante mencionar algunos de los peldaños por los que ha conseguido llegar a la cima, entre ellos sus estudios en la Universidad de Nueva York y Harvard, su especialidad en derecho internacional y en derechos humanos.

Fue profesor en diversas universidades, en las cuales desarrolló e implementó un plan académico para la internacionalización del plan de estudios de las facultades de derecho, como en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington; ha sido miembro de la junta directiva del Museo del Holocausto; durante el período de 1979-1991 fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica; de 1992-1993 fue miembro de la Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas.

Más adelante fue miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el año 2000 es el juez estadounidense de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de las Naciones Unidas, con sede en la Haya.

Además ha recibido múltiples reconocimientos y premios, como por ejemplo, el Honoris Causa de las Universidades de Heidelberg y Göttingen en Alemania.

Entre sus experiencias caber resaltar algunos detalles que son especialmente valiosos, trascendentales... cómo todo

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nació por su interés por aquel hito del que se hablaba tanto, llamado Convención Europea de Derechos Humanos, el cual se convirtió en su objeto de investigación.

Dicha investigación, llamada “La Convención Europea de Derechos Humanos y su estatus en el derecho interno” arrojó como resultado que algunos países que habían ratificado la Convención, no la estaban aplicando internamente. Y tras su publicación, la comunidad internacional decidió ponerle atención a tal vacío en la aplicación de la Convención. Éste fue el momento en que se estableció su reputación académica.

Para esa época los derechos humanos apenas comprendían un curso básico dentro del derecho internacional, por lo que nuestro protagonista se encargó de robustecer y compilar material para que pronto se transformara en una especialización. Entre el material se puede encontrar “La protección internacional de los derechos humanos” 1973, el “Manual sobre derechos humanos internacionales”, “La protección de los derechos humanos en las Américas”, entre otros.

Durante sus años de profesor, explícitamente mientras laboraba como primer Profesor de la Cátedra I.T. Cohen en Derechos Humanos, el ex presidente Jimmy Carter le invitó a establecer y dirigir el Programa de Derechos Humanos de su Carter Center, así fue como la política exterior de los Estados Unidos le dio importancia al papel de los derechos humanos, lo que a su vez alentó a la comunidad internacional a prestar atención sobre el argumento.

La atracción por esta especialidad es el resultado de incontables cuestionamientos que surgían mientras recordaba su niñez, algunas sobre ¿Cómo habrían sido de diferentes las cosas de haber existido un eficaz sistema internacional de protección de los derechos humanos?, ¿Cómo debería estructurarse tal sistema para impedir las violaciones que continúan azotando a la humanidad?

Mientras se encargaba de un curso en la Universidad de Texas dio un seminario cuyo enfoque era el emergente sistema interamericano para la protección de los derechos humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica) que estaba a punto de entrar en vigor. Clase en la que comunicaba a sus alumnos que, si Estados Unidos no ratificaba la Convención, ningún estadounidense podría integrar la Corte que ésta establecería; aunque la Convención permite postular a candidatos a ciudadanos de estados no partes, era muy probable que eso nunca sucediera.

En 1978, Thomas Buergenthal recibió una llamada de quien se hizo llamar Embajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos en Washington, el cual le ofreció proponerlo como candidato a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nada más y nada menos que para conformar el primer grupo de jueces. El profesor agradeció la tan inesperada proposición y dedujo que era una buena broma de parte de alguno de sus alumnos.

Pero, lo casi imposible sucedió en aquel momento, al colgar y verificar la fuente de aquella llamada. A la mañana siguiente Buergenthal hizo nuevamente la llamada a la embajada aceptando la nominación. El gobierno de Costa Rica basó su candidatura en que era uno de los pocos expertos legales estadounidenses que había estudiado los sistemas de derechos humanos universales y regionales, y que había esbozado algunas propuestas que acabaron conformando parte de la Convención Americana; además creyó que era propicio que un estadounidense formara parte de Corte durante las primeras etapas de la institución.

Pronto fue electo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Es vital remontarse a la época y visualizar el clima político de América Latina, caracterizado por regímenes militares y dictadores civiles que cometían violaciones masivas de derechos humanos. Era lógico que la corte difícilmente contara con el beneplácito y apoyo de muchos de los gobiernos de la región, ya que muchos violadores (Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, El Salvador y Guatemala) o no habían ratificado la Convención o no habían aceptado la jurisdicción de la Corte, sin embargo, logró establecer una base relativamente sólida en el hemisferio occidental.

Producto de esto, hoy se puede mencionar la primera sentencia jamás pronunciada en contra de un estado, Honduras, por su política de desapariciones forzosas; también las opiniones consultivas respecto a la libertad de expresión, la protección durante estados de emergencia, el respeto del debido proceso, entre otras.

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K, Quirós. Personaje destacado.

Hoy, como juez de la CIJ, papel que finaliza en el año 2014, le es prohibido participar en actividades en pro de los derechos humanos, pero, contribuye al desarrollo del derecho internacional como fuerza de paz en medio de interminables conflictos que le cuesta la vida a millones de seres humanos inocentes. Algunos de estos casos son los de Alemania y México contra los Estados Unidos por la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, o la opinión consultiva presentada por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la legalidad de la construcción del “muro de separación” en territorio palestino por parte de Israel, entre otros.

La entretejida tela de la vida del magistrado internacional le ha hecho experimentar situaciones que sin duda, junto a su gran voluntad, han puesto un norte en el progreso de muchas regiones del globo; su pasado ha llenado vacíos en la humanidad.

Así como también él ha llegado a encontrar respuestas a interrogantes como ¿Por qué él no sufrió el síndrome del superviviente? Lo que justifica especulando sobre su ausencia, en la creencia instintiva de los niños en su inmortalidad y su derecho a la vida. ¿Por qué los múltiples casos, recordándole su dolorosa experiencia, no logran desestabilizar su imparcialidad? Casos como el conflicto en los Balcanes, la masacre de El Mozote en El Salvador, Camboya, Ruanda, Dafur entre otros. A lo que responde con otros cuestionamientos “¿Qué nos lleva a los seres humanos a actuar de manera tan cruel y brutal? inhumano sería una palabra errónea para describirlo. Quienes cometen estas acciones, en su mayor parte, son personas corrientes que por las tardes vuelven al hogar con sus familias para cenar; después de haber lavado la sangre de sus manos, ¿Qué esperanza hay de que podamos salvar a futuras generaciones de los genocidios o las matanzas del pasado? ¿Fue el Holocausto solo un ensayo?”. (Buergenthal, 2007, pág 223)

Por lo que su libro expresa: “La mayoría de las veces, me obligo a mí mismo a no perder la esperanza y a seguir confiando en que se podrán crear leyes e instituciones jurídicas que eviten que se repita el terrible pasado que algunos de nosotros hemos vivido”.

(Buergenthal, 2007, pág 224); “…muchas horripilantes violaciones de derechos humanos que se han producido, han hecho que mis expectativas queden en gran medida sin cumplir, pero no por ello ha mermado mi entusiasmo…”.

(Buergenthal, 2007, pág 224) “Llegué hace bastante a la conclusión de que el camino hacia un mundo en el cual los seres humanos puedan vivir en paz y con dignidad es largo, y que es preciso que sigamos trabajando para lograr ese objetivo, poniendo ladrillo sobre ladrillo y sin permitir que nuestras derrotas nos vuelvan cínicos. Sencillamente no podemos permitirnos claudicar en el intento de construir un mundo basado en el derecho y la justicia, no importa cuánto tiempo nos pueda tomar”.

(Buergenthal, 2007, pág 224) Las relaciones internacionales están dotadas de actualidad, y la actualidad despersonaliza y deshumaniza los hechos, por ello es necesario preservar y atesorar la historia, así como a sus escultores.

Bibliografía Buergenthal, T. (2007). Un Niño Afortunado: de prisionero en Auschwitz a juez de la Corte Internacional de Justicia.

Barcelona: Plataforma Editorial.

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Padilla, J. La geopolítica de los derechos humanos

La Geopolítica de los Derechos Humanos Opinión Jorge E. Padilla Cordero

Costarricense. Es Internacionalista, con una licenciatura en Administración de Negocios (Negocios Internacionales). Desde 2003 a la actualidad es consultor permanente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, para los departamentos de Pedagogía en Derechos Humanos, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), el Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas, y de la Dirección Ejecutiva. Es consultor corporativo en proyectos de responsabilidad social. Es profesor titular de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Centroamérica; y profesor de Derechos Humanos en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina de Costa Rica.

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Padilla, J. La geopolítica de los derechos humanos

L

a historia reciente de América Latina se encuentra impregnada de nefastos episodios en los cuales la dignidad, vida

y sangre de muchos pueblos fue sacrificada en la cruenta lucha por el poder o en el ejercicio desmedido del poder. La guerra fría en nuestros países adoptando doctrinas de seguridad contrarias al bien común, junto con dictaduras sangrientas propició masacres e injusticias que aún hoy permanecen en el recuerdo de muchas comunidades indígenas, de territorios centroamericanos, de pueblos del Caribe y del Sur de América.

Hoy día, pasados más de sesenta y cinco años de haber sido constituida la OEA y a meses de cumplir cuarenta y cuatro años que desde este país, durante la realización de una Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos se adoptara la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), se discute políticamente el impacto y futuro de este sistema de protección de la persona humana. Este sistema que se configura con dos órganos especializados (la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos), se encuentra hoy día en la encrucijada de un nuevo orden interamericano plagado de nuevos retos y progresividad de los derechos humanos.

Es un hecho innegable, la contribución positiva y reparadora que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha tenido en la historia reciente frente a los abusos de las maquinarias de poder y de la muerte de algunos regímenes totalitarios. La persona humana como sujeto de derecho ha tenido en este sistema subsidiario, la garantía de una justicia cumplida cuando en sus Estados se le han violentado o negado sus derechos; cientos de casos han salido de la sombra de la impunidad gracias a la acción de estas entidades supranacionales; protección a derechos colectivos y/o emergentes han marcado un antes y después en la práctica jurídica del derecho internacional y del derecho interno de nuestros países; y en paralelo, un sistema de promoción de alto nivel ha permitido que cada vez mayores grupos de personas cuenten con las herramientas legales para lograr exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos fundamentales.

Aún con este panorama tan alentador, la dinámica política internacional que hoy configura a las Américas, se caracteriza por el surgimiento de sistemas subregionales muy dispares tanto en modelos de desarrollo como en visión geopolítica, lo que ha generado un profundo debate sobre la eficacia y pertinencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Este panorama llevó a que un grupo de Estados planteara durante la Asamblea General de la OEA en San Salvador en 2011, la apertura de un proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se conformara un grupo de trabajo que revisaría el proceder de este órgano del sistema y formularía una serie de recomendaciones encaminadas hacia su fortalecimiento.

Este proceso implicó el inicio de un debate político en el seno de la OEA, así como una movilización de la sociedad civil organizada en nuestro continente a fin de salvaguardar la institucionalidad de la Comisión Interamericana.

Este proceso conllevó la realización de múltiples encuentros diplomáticos entre Estados interesados en la discusión geopolítica de los derechos humanos, así como a la realización de una serie de foros abiertos organizados por la propia Comisión Interamericana en numerosas ciudades del continente para discutir cuestiones de funcionamiento y protección de derechos. Estas actividades se caracterizaron por una permanente tensión sobre la conveniencia o no de la existencia de este órgano interamericano; se debatió sobre el financiamiento de los Estados miembros y observadores para el correcto funcionamiento administrativo y operacional de sus áreas de trabajo (como el sistema de relatorías, en especial la dedicada a la libertad de expresión); sobre el impacto político de los informes de situación de los derechos humanos en algunos países del continente; así como de los mecanismos que tiene a disposición la Corte y Comisión Interamericana para la tutela de derechos humanos y que a la postre ha motivado en mucho esta coyuntura de discusión.

Finalmente, fue el pasado 22 de marzo durante la realización de una Asamblea Extraordinaria de la OEA, en Washington, donde se discutió por más de 12 horas el futuro del Sistema Interamericano. El mapa de la cita diplomática se puede resumir en dos grandes grupos de países: un grupo que apuesta por reformar el sistema con miras a fortalecerlo pero que en la práctica política evidenciaba más bien una intencionalidad orientada a minar su funcionamiento a fin de favorecer la reciente creación de alternativas de derechos humanos en sus ámbitos subregionales. Otro grupo, apostó por reconocer el aporte histórico de los órganos del sistema y reforzar los mecanismos institucionales, legales y hasta financieros para un mejor funcionamiento a nivel interamericano.

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Con todo ello, se puede considerar que el proceso lejos de promover una línea debilitadora, activó una coyuntura necesaria tanto para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisara con sus usuarios todos aquellos ajustes que la propia y urgente dinámica de protección habían forzado a postergar espacios de debate hacia “adentro”, y le permitió incluso reformar su reglamento, que contiene revisiones y aportes al sistema de medidas cautelares; que se lograra analizar el carácter del sistema de relatorías especiales y su futuro inmediato; que se pusiera sobre la mesa nuevamente el reto de la universalidad de los derechos humanos (instando a los países que aun no ratifican la Convención Americana a hacerlo y a aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos); y sobre todo, a comprometer a los Estados miembros a adquirir mayores compromisos con el sistema de financiamiento de los órganos para que ello posibilite una mejor respuesta y margen de acción en la tutela de derechos humanos.

Es así como a modo de conclusión, es muy importante destacar la experiencia que ha dejado este proceso de reflexión en sus vertientes académicas, técnicas, políticas y diplomáticas para nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se trató de una dinámica donde las principales economías del continente tuvieron una participación particular y hasta intermitente a pesar que fue hartamente conocido que muchos detonantes del llamado “proceso de reflexión” procedieron precisamente de estos países: Brasil, Venezuela, México, Argentina, Estados Unidos, Ecuador, entre otros. Por otra parte, la sociedad civil organizada se aglutinó en una serie de manifestaciones que rompieron el monopolio de la discusión jurídica y política que antes era espacio exclusivo de los Estados en el foro de la OEA. Y finalmente, encontramos que las grandes discusiones que impliquen cambios estructurales en el funcionamiento de nuestro foro regional sigue estando condicionado por el peso político y económico de sus Estados miembros. No es tan sencillo adoptar nuevos modelos de funcionamiento o poner a andar acciones alternativas a lo que históricamente ha funcionado con legitimidad y esfuerzo. Ciertamente, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos merece ser reforzado, preservado y respetado sobre la base de un mayor compromiso de las obligaciones adquiridas por los Estados que lo componen y que se traduce en una vigencia permanente de los derechos humanos.

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1.El Tratado de Qadesh, es el acuerdo diplomático y el tratado de paz más antiguo que se conozca en el Medio Oriente, es considerado el más antiguo del mundo, fue escrito sobre dos tablillas de plata en lengua acádica, el idioma diplomático de aquel entonces, suscrito entre el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Hatusil III, fue celebrado c. 1259 a.C (Ecu Red, 2009).

2.Nueva Zelanda fue el primer país en permitir el voto de las mujeres en 1893 (Ocaña, 2000).

3. Suiza q siderada naciones zadas a votación sólo hasta World, s.f)

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Swiss Wor ebrado c. 1259 a.C (Ecu Red, II y el rey hitita Hatusil III, fue celna sólo h (Ocaña, 2000). entre el faraón egipcio Ramsés co de aquel entonces, suscrito la votac las mujeres en 1893 acádica, el idioma diplomátidos tablillas de plata en lengua avanzad permitir el voto de del mundo, fue escrito sobre las nac es considerado el más antiguo fue el primer país en conozca en el Medio Oriente, siderada 2.Nueva Zelanda do de paz más antiguo que se Bibliografía: acuerdo diplomático y el trata3. Suiza q EcuTratado Red. Enciclopedia colaborativa 1.El de Qadesh, es el cubana 2009. Recuperado el día 24 de abril de 2013, de http://www.ecured.cu/ index.php/Batalla_de_Kadesh#Tratado_de_Kadesh .

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Ferguson, N. (2003). El Imperio Británico, como Gran Bretaña forjo el orden Mundial. Recuperado el 22 de abril

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4.El imperio más grande de la historia de la humanidad fue el Imperio Británico, durante el siglo XIX (Ferguson, 2003).

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Contacto Global,1, pp.

,2013 ISSN: 2215-3578 • 103