DOCE PENDIENTES AMBIENTALES EN MÉXICO
ACTIVIDAD: Elaboración de memes Fecha de entrega: La clase del 12 al 16 de Junio Indicaciones: De manera individual entrar a la página: http://www.memegenerator.es/crear Para elaborar un meme con un mensaje gracioso acerca de cualquiera de los doce pendientes ambientales. Subir la imagen a documentos compartidos poner el nombre y grupo al archivo
12 pendientes ambientales en México Por Paulo Quadri / @paulo_quadri Para hablar de los 12 temas más relevantes de la agenda ambiental en México, el reto no consiste sólo en identificarlos en función de lo que está ocurriendo en cada uno de esos rubros, sino también en sus ramificaciones y conexiones con otros temas de política pública y desarrollo. Como cualquier tema de política pública, los diferentes componentes o áreas en materia ambiental están conectados y articulados entre sí, y en algunos casos fusionados con otros grandes temas de la agenda nacional. A veces se encuentran tan entreverados que es difícil disociarlos para su análisis o dibujar una
línea clara entre qué pertenece a qué sector y qué a otro, y resulta indispensable caminar por esas ramificaciones y conexiones para entenderlos. Así pues, en este artículo voy a tratar de tocar los temas más relevantes para la agenda ambiental en México en el año que comienza, no solamente porque son clave desde el punto de vista ambiental sino porque tienen vínculos o repercusiones evidentes y de gran impacto en muchos otros temas de la vida pública y del desarrollo del país. Cabe adelantar que se trata de temas y planteamientos de política pública a escala nacional que, como notará el lector, tienen un denominador común en los problemas del federalismo mexicano y la coordinación de niveles de gobierno. Otras perspectivas complementarias de carácter más local sobre cómo atender algunos de estos problemas no están incluidas aquí; no obstante, al final de cada uno de los temas incluyo algunas referencias para el lector que desee saber más al respecto. 1. Deforestación En la última evaluación de recursos forestales de la FAO, México ya no aparece dentro de los primeros 10 países con mayores tasas de deforestación en el mundo. No obstante, a nivel nacional México aún pierde entre 150 000 y 250 000 hectáreas al año, que no se distribuyen de manera homogénea dentro del territorio. Aunque a nivel nacional las tasas de deforestación se han reducido en las últimas dos décadas, hay estados en los que la deforestación mantiene niveles alarmantes. Por ejemplo, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Guerrero han mantenido tasas anuales de pérdida forestal de entre 0.8 y 2.2%. Por otro lado, en Aguascalientes, Querétaro, Coahuila, y Guanajuato no sólo tienen tasas anuales mucho más bajas, sino que incluso dan señales de recuperación de sus bosques.[1] Así pues, las tasas y las causas de la deforestación varían entre los diferentes estados o regiones de México. No obstante, es importante tener claro que, por mucho, las principales causas de la deforestación son la agricultura y la ganadería. La deforestación en México ocurre por agricultura de subsistencia, la cual es al mismo tiempo un grave problema ambiental y social puesto que está intrínsecamente relacionada con la pobreza. Más aún, los estados con mayor pobreza y mayor deforestación poseen los niveles más altos de biodiversidad. Por tanto, si México pretende revertir las tasas de deforestación, es imprescindible que el fenómeno se entienda y atienda como un problema socioeconómico, ligado a las transiciones demográficas y económicas. Dado que mientras mayor población rural mayor es la pobreza y por tanto mayor es la deforestación. Es fundamental que las políticas de desarrollo social tengan como objetivo principal acelerar las transiciones demográficas y económicas del país. Es decir, reducir la población rural facilitando e incentivando la migración hacia las ciudades, y reducir el número de personas que dependen de actividades de agricultura de subsistencia, fomentando procesos de diversificación económica.[2] 2. Tierras públicas: clave para la conservación y restauración ecológica En México nadie sabe lo que son las tierras públicas, ni dónde están, ni por qué son, ni que deberían ser, ni cuántas hay. Una de las razones de esta ignorancia es que, en realidad, no hay tierras públicas en México. Cerca de 98% del territorio es propiedad privada, ya sea de
forma individual o colectiva (ejidos y comunidades). Es decir, el Estado ha perdido casi todo el patrimonio público, al que se supone todos los mexicanos tenemos derecho. Esto es resultado de las políticas agrarias y territoriales de los siglos XIX y XX, particularmente de las décadas posrevolucionarias. En el imaginario político revolucionario existe aún la idea de que la repartición de tierras rurales era la mejor forma de combatir la desigualdad social y económica que había estrangulado al país por siglos. Con este discurso se procedió a entregar tierras en todo el país a millones de personas, algunas bajo esquemas de pequeña o grande propiedad (propiedad privada individual) y otras como ejidos o comunidades (propiedad privada colectiva). A la larga, el resultado fue catastrófico puesto que sólo una fracción de esas tierras tuvo vocación agrícola suficiente para hacer que las personas y familias pudieran sostenerse y crecer económicamente. En lugar de igualdad y prosperidad social y económica, el reparto agrario dispersó a millones de personas, creando miles de comunidades rurales aisladas a las que ha sido difícil y costoso llevar servicios de agua, luz, educación, justicia, etcétera. De hecho, aumentó la desigualdad de acceso y derecho al uso del territorio, y así, hoy en día aproximadamente cinco millones de personas son propietarios de poco más de 52% de la tierra; otros 25 millones son dueños de cerca de 45%, y 84 millones de mexicanos tienen derecho a 2% del territorio mexicano. Por si fuera poco, esta dispersión de millones de mexicanos propició la deforestación y degradación de millones de hectáreas de bosques y selvas a lo largo y ancho del territorio. Así, quizá el reto más grande en materia de conservación durante el siglo XXI sea el de establecer mecanismos de compra, conservación, restauración y manejo de tierras públicas. Los mecanismos podrían integrarse a las políticas e instituciones actuales para diversificar el portafolio de instrumentos de conservación, y al mismo tiempo restituir parte del patrimonio territorial al Estado y a la ciudadanía. Una visión de este tipo se ajusta además a los procesos de transición demográfica y económica que ocurren y seguirán ocurriendo en México en las siguientes décadas. Llevar a cabo un proyecto de esta envergadura sería complicado, pero no imposible. Se trata de utilizar un porcentaje de los ingresos derivados del impuesto al CO2 e invertirlos en un fideicomiso público-privado que pueda financiar la compra de tierras de alto valor socioecológico, y multiplicar el presupuesto de la Conanp para manejarlas y conservarlas como patrimonio público.[3] 3. Urbanización: política central de desarrollo y sustentabilidad El proceso de urbanización no es algo que pueda ser ignorado cuando se quieren discutir las problemáticas ambientales de una región, de un país o del mundo. Un ejemplo contemporáneo del nivel de influencia del grado de urbanización en procesos socioeconómicos, políticos, ambientales y culturales, es el caso de Estados Unidos, donde es evidente que aquellas regiones, estados y condados con mayores niveles de urbanización, tienden a ser más progresistas. Incluso, dentro de las mismas ciudades, los datos muestran que zonas de mayor densidad poblacional (más urbanas) están más alineadas con propuestas políticas de corte más progresivo.[4] A escala global, las asociaciones entre el grado de urbanización y diferentes indicadores de bienestar social y económico son dignas de mencionarse. En general, mientras más urbana es una nación, mejor calificación obtiene en el índice de desarrollo humano (indicador que mide bienestar socioeconómico más allá de los puros ingresos de las personas). La relación
es más fuerte si tomamos en cuenta a los países de América Latina y del sureste de Asia, en donde se localizan cerca de 70% de los países más biodiversos del mundo. En México se repiten patrones similares: mientras menos urbanizado se encuentra un estado de la república, mayor es el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema.[5] En general, las ciudades, mientras más grandes, son más eficientes, más sustentables, y más productivas e innovadoras. El fomento a la urbanización deberá ser una prioridad de la agenda de desarrollo del país en las próximas dos décadas, y junto con ello, habrá que mejorar estrategias, leyes y planes de desarrollo urbano para atender de manera eficiente las necesidades socioeconómicas y de sustentabilidad de los ciudadanos y del territorio. El reto está en hacer un cambio de paradigma en política social y de desarrollo cimentado en investigaciones y experiencias que han demostrado funcionar. En este paradigma se deben enfocar esfuerzos en diseñar y operar políticas para acelerar la migración de zonas rurales a urbanas, y procurar que los migrantes encuentren oportunidades de empleo, vivienda de calidad, educación e integración a la vida pública urbana, seguridad, etcétera. 4. Planeación, desarrollo urbano y territorial Las grandes ciudades son cada vez más las entidades políticas, económicas y culturales más importantes de los seres humanos. En ellas vive más del 54% de las personas en el mundo; en México, cerca de 75%. Las ciudades son los principales motores de la economía global, los centros medulares de producción intelectual, científica, tecnológica y cultural. Y, cada vez más, parecen comportarse como Estados, en donde decisiones democráticas locales pueden ser más importantes que decisiones o instituciones a nivel nacional. Por esto, es esencial que funcionen bien. Que los servicios y bienes públicos que forman su estructura fundamental se mantengan al día, que sean accesibles para todos los ciudadanos, que se adapten y evolucionen según las necesidades de la gente y del ambiente. En otras palabras, es importante planificar su crecimiento, su funcionamiento y su interacción con el medio ambiente local, regional, y mundial. No sólo acelerar la urbanización traerá beneficios socioeconómicos y ambientales; el desarrollo de las ciudades debe ser encauzado de manera sustentable a través de políticas que promuevan la densificación, los espacios públicos y áreas verdes, la proximidad de y conservación de zonas de conservación y recreación, los usos de suelo mixtos y la movilidad. Algo similar pasa con el territorio. Al no planear usos de suelo adecuados, cometemos serios errores de gobierno que pueden resultar en catástrofes humanas, sociales, económicas y ecológicas. En el núcleo de este sector de políticas públicas están las preguntas de ¿Qué se debe y puede hacer en dónde y cuándo?, y actuar legal y regulatoriamente de acuerdo con criterios técnicos. En 2012, el gobierno creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero han pasado cuatro años y no hay señales de que pueda tomar las riendas del caos territorial que tenemos actualmente en el país. De entre los proyectos o acciones clave de los que la Sedatu debería ser responsable, y que los ciudadanos deberían demandar a esta entidad, destacan la creación de bancos de tierra tanto para desarrollo urbano como para suelo de conservación y gestión de riesgos. También, junto con la Conanp, la Sedatu debería emprender un programa de identificación
de tierras de alto valor ecológico, cuyos dueños estén interesados en venderlas. Por último, sería clave también realizar una reforma institucional a los programas de ordenamiento ecológico y territorial para integrarlos bajo una visión regional más allá de sus nichos sectoriales, así como buscar mecanismos que garanticen su cumplimiento a niveles de gobierno local.[6] 5. Políticas de uso y manejo del agua La legislación mexicana, el discurso oficial y ciudadano en torno a la gestión del agua suelen ser poco específicos acerca de los retos y soluciones. Se hace hincapié en el agua como un derecho humano universal, pero nadie define qué arreglos institucionales demanda esta consideración. El federalismo en México ha dejado mucho que desear en el caso de la gestión del agua, la mayoría de los municipios son incapaces de operar de manera eficiente y responsable, y el marco legal actual carece de instrumentos puntuales que obliguen y faciliten la regulación e intervención del gobierno federal en estos casos. En su calidad de monopolios naturales, los órganos municipales responsables operan sin esquemas de rendición de cuentas, sin ser financieramente autosuficientes, y sin cumplir las normas ambientales vigentes. Aquí hay que enfrentar la discusión más importante alrededor de la gestión del agua: la intervención del sector privado en la operación y mantenimiento de los sistemas de distribución. Desafortunadamente, esta discusión es capturada por posiciones ideológicas que nada tienen que ver con la eficiencia, calidad y sustentabilidad en el uso y manejo de los recursos hídricos. En resumen, basta mencionar que casi todos los estudios que comparan el desempeño de operadores privados y públicos en distintas partes del mundo concluyen que no existe una sola fórmula, y que el éxito de uno u otro esquema depende de las características biofísicas, políticas, y sociales de una población determinada. Mantener marcos legales e institucionales flexibles que permitan esquemas híbridos o la sustitución de un sistema público por uno privado —o viceversa— cuando los ciudadanos lo consideren pertinente es la mejor opción. No hay que perder de vista que, en cualquier caso, tienen que establecerse mecanismos sólidos de transparencia y rendición de cuentas, así como formas de regulación e intervención directa de la federación en caso de ser necesario. Estas consideraciones serán vitales durante la actual formulación y discusión en el legislativo sobre la Ley General de Aguas durante este año. De manera más puntual, en México es urgente resolver el problema de los subsidios agrícolas para riego. El sector agropecuario emplea 77% del agua dulce consumida en el país. Aún así, la Ley Federal de Derechos dicta, en su artículo 224, que los usos agropecuarios están exentos de pago alguno, lo cual incentiva el derroche de agua por parte de los agricultores. Eliminar estas condiciones es vital para solucionar los problemas de disponibilidad y abasto de agua. El incremento en los costos de producción puede ser transferido a los consumidores, y subsidiar sólo a aquellos en condiciones de pobreza. El ahorro de estos subsidios podría ser invertido en reconstruir y mantener de manera apropiada los sistemas de drenaje y distribución. Recordemos que, en la Ciudad de México, 40% del agua que entra a las tuberías para distribución se desperdicia a través de fugas del sistema. No de fugas a nivel de hogar, aunque las campañas de gobierno siempre responsabilizan al consumidos urbano.[7] 6. Mares y costas: el país abandonado
México tiene 11 122 km de litoral y poco más de 3 150 000 km2 de mar territorial y zona económica exclusiva, es decir, casi el doble del territorio nacional. No obstante, la conservación de los mares y el manejo adecuado de los recursos pesqueros es uno de los temas más ignorados tanto por el gobierno como por los medios y la sociedad civil. Ejemplo puntual de esto es el hecho de que hace sólo unos meses, el gobierno federal, a través de la Sagarpa y la Conapesca y en colusión con el estado de Campeche, abrió a la pesca la zona de la Sonda de Campeche, una vasta porción del Golfo de México en donde la pesca estaba prohibida desde la década de 1970 debido a las exploraciones y operaciones petroleras de la región. Paradójicamente, la veda pesquera gracias a presencia de Pemex creó la única verdadera no take zone del país, que fungía como el santuario marino más grande de México, y en donde miles de especies encontraban hábitat y refugio para reproducirse, favoreciendo a la actividad pesquera de las zonas aledañas. Hoy, la Sonda de Campeche está abierta a la pesca y, al igual que el resto de los mares mexicanos, se dirige hacia el desgobierno, la impunidad y el colapso de sus pesquerías. Todo esto facilitado por el inexplicable silencio de los medios, las redes sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Las costas y los mares en México requieren, de manera urgente, una reforma institucional de fondo que permita, en primer lugar, el decreto de reservas marinas de gran extensión en donde la pesca esté completamente prohibida; en segundo, la creación de un cuerpo especial de vigilancia, una guardia costera, como la hay en todos los países desarrollados que protegen y valoran sus recursos costeros y marinos, y tercero, una política estricta para regular las construcciones y desarrollos costeros que tenga como objetivo central detener la degradación de ecosistemas costeros (pérdida de manglares, contaminación y desechos, erosión costera), y promover esquemas turísticos sustentables. 7. Calidad del aire Cuando los problemas de calidad del aire en la Ciudad de México llegaron a su máximo en la década de los 90, las discusiones sobre soluciones estaban enfocadas en dos factores: la calidad de las gasolinas y el tamaño del parque vehicular. En el primer caso, México fue capaz de desarrollar mejores combustibles, más o menos a la par de los estándares de naciones más avanzadas. En cuanto al número de vehículos, no se hizo nada bien, salvo el programa Hoy No Circula, que junto con las mejoras en los combustibles y en la eficiencia de los propios autos, fueron causa de las disminuciones substanciales de contingencias atmosféricas durante la primera década y media del siglo XXI. El parque vehicular, sin embargo, creció de manera alarmante, pues tan sólo entre 2005 y 2013 se duplicó el número de automóviles privados en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) de 3.5 millones a 6.8 millones. La causa detrás de esta escalada no es el gran número de habitantes de la ZMVM, sino la falta de planeación y de proyecto de ciudad que ni los gobiernos lideraron, ni los ciudadanos exigimos. El gran error de los gobiernos y la sociedad civil durante las últimas dos o tres décadas fue no tener un programa de desarrollo urbano a largo plazo, en donde protagonizaran la movilidad, los espacios públicos y la densificación urbana.[8] La densificación urbana no es lo único sustancial para reducir los problemas de calidad del aire. El gobierno y coordinación regional son cruciales para asegurar que las regulaciones y
estándares de una misma cuenca atmosférica sean cumplidos por cada gobierno local o regional. No obstante, de manera absurda, en la ZMVM no existe un órgano regulador con facultades administrativas y legales metaestatales, que sea capaz de diseñar y operar normas y, de manera importante, de garantizar que los gobiernos en su demarcación las cumplan. La Comisión Ambiental de la Megalópolis no es más que un órgano de monitoreo y consulta que carece de la investidura para realizar acciones de gobierno. Estas facultades o acciones debieran de ir desde las inspecciones y sanciones a verificentros, hasta temas en materia de suelo de conservación y delimitación del crecimiento de la mancha urbana, pasando por monitoreo de incendios o quemas ilegales, liderazgo y coordinación de sistemas transporte metropolitano, y desarrollo urbano en la región de autoridad. 8. Energía y reducción de emisiones GEI Hoy en día, la razón principal por la cual transitar a mecanismos de generación de energía renovable resulta un tema de prioridad, es la producción de gases de efecto invernadero (GEI), asociados a procesos de generación eléctrica y de transporte, y que son los responsables directos del cambio climático. Por tanto, al hablar de los retos de transición energética, estamos hablando no sólo de una necesidad nacional, sino de una responsabilidad de nivel mundial. Hoy, las fuentes de energía renovable como el sol, el viento, y la geotermia, son cada vez más eficientes y más baratas. Hay que hacer énfasis en que, además, México, es uno de los países con mayor potencial de generación de energías renovables en el mundo. Por desgracia, la adicción histórica por el petróleo y los combustibles fósiles fomentó ideologías e instituciones rígidas y miopes que han sido difíciles de transformar rápidamente. En la Ley de Transición Energética (LTE) quedaron especificadas metas a las que el país se comprometió en los acuerdos de París, incluyendo el compromiso de que para el año 2050 México deberá generar 60% de su energía a partir de fuentes renovables. De manera más concreta, la lte ofrece por primera vez un marco legal certero y flexible que incentiva la inversión privada y que permite que personas u hogares tengan la capacidad de generar su propia energía y de participar en el mercado de la red eléctrica directamente. Cabe destacar que la generación a nivel casa u hogar va a permitir, finalmente, cortar subsidios eléctricos por cerca de 50,000 millones de pesos al año. Aquí, es menester que ciudadanos y sociedad civil exijan que este ahorro sea invertido en temas como innovación y desarrollo de tecnologías limpias, conservación y captura de carbono en ecosistemas, y proyectos de adaptación al cambio climático.[9] 9. Adaptación al cambio climático México es una nación vulnerable al cambio climático por diversas razones. La primera es que una gran porción del territorio se encuentra muy cerca del nivel del mar. Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche y parte de Tamaulipas son estados que, de no detener el incremento en la temperatura de manera drástica, quedarán parcialmente sumergidos bajo el mar a mediados y finales de este siglo. Mientras eso ocurre, las marejadas serán cada vez más fuertes, las mareas de tormenta y huracanes ocasionaran intrusiones marinas que
dejaran a miles o millones de personas damnificadas y destruirán zonas de producción agrícola o ecosistemas. México también es vulnerable a incrementos en la frecuencia e intensidad en las ondas de calor, particularmente los estados del centro y norte, lo cual tendrá impactos en la salud de millones de personas, sobre todo niños y adultos mayores. Se prevé que el cambio climático afectará la transmisión de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos. Sequías prolongadas, así como incremento en lluvias torrenciales o tormentas son cada vez más probables, y con ello aumenta la posibilidad de grandes pérdidas en producción agrícola, así como retos alimenticios para aquellas personas dependientes de la agricultura de subsistencia. El gobierno y la sociedad mexicana tienen que entrar en acción de manera seria y urgente para establecer mecanismos de adaptación a estos cambios. Hay que empezar con programas de desarrollo urbano y territorial que tengan como eje central la reducción de riesgos. Ejemplos concretos serían regular y limitar los desarrollos costeros, evitando que se construyan grandes edificaciones sobre las líneas de playa; incluir infraestructura especial de alcantarillado; reducir la expansión suburbana para evitar el cambio de cobertura de suelo tanto en partes altas como bajas de las cuencas, y dar prioridad a la conservación y restauración de manglares, arrecifes y otros ecosistemas costeros, ya que éstos funcionan como barreras protectoras en contra de tormentas, marejadas, etcétera. 10. Defaunación Las tasas de extinción de especies actualmente se estiman entre 0.01 y 0.1% al año. Es decir que si consideramos que hay cerca de 100 millones de especies en el planeta (más o menos lo que los científicos calculan), cada año perdemos por lo menos 10 000 especies. En México hemos perdido 127 especies en total. Se ha registrado que han desaparecido 26 plantas, 38 peces, 29 anfibios, 19 aves y 15 mamíferos. Al igual que en el resto del mundo, las tasas de extinción han sido particularmente altas en las islas, en gran medida debido a la introducción de especies invasivas como gatos, roedores, perros y cabras. El problema de la defaunación se puede resolver, pero para eso México necesita adquirir o fortalecer dos aspectos de su política conservacionista y su política social. En primer lugar, es imperativo establecer un sistema serio de procuración de las leyes ambientales. Hoy en día la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) carece de suficiente autonomía para perseguir delitos ambientales, sin mencionar la falta de presupuesto e inspectores o agentes en campo. La nueva Gendarmería Ambiental puede ser un elemento importante para cooperar con la Profepa en el trabajo de campo, pero sin suficiente autonomía, estatura institucional, y presupuesto, jamás tendrá la capacidad de procesar el alto número de delitos que se cometen cada año. Es también importante lograr que el sistema de guarda parques de la Conanp adquiera facultades y estatura de autoridad, así como instrumentos efectivos de coordinación con la Profepa y la Gendarmería Ambiental. En esta misma línea, es crucial contar con una guardia costera que se encargue en hacer cumplir la ley en los mares y costas mexicanos. Ésta, recordemos, no existe en nuestro país. La coordinación con el sector de desarrollo social y salud para controlar los problemas de especies invasivas como gatos y perros ferales es también urgente para evitar la extirpación de especies nativas.
11. Manejo de residuos sólidos Los grandes retos en materia de manejo de residuos sólidos se pueden catalogar en tres tipos o etapas; el proceso de generación propia de los residuos o desechos, el proceso de recolección y transportación, y el proceso de disposición y confinación[10]. México produce 1.24 kg per cápita al día de desechos sólidos, lo cual lo ubica por encima del promedio de Latinoamérica y el Caribe (1.1 kg per cápita por día), pero debajo del promedio de los países de la OCDE (2.2 kg per cápita por día). Mientras nuestra economía crece y más personas se suman a niveles socioeconómicos medios, como ha ocurrido en las últimas décadas, la generación de desechos seguirá incrementando. Por tanto, el reto en este rubro es identificar y poner en práctica políticas regulatorias que desincentiven el uso excesivo de materiales precursores de desechos. No obstante, son los sistemas de recolección y disposición de desechos los que son vitales para el funcionamiento de cualquier sociedad, grande o pequeña. Empecemos por considerar el caso de nuestros propios hogares. De no contar con reglas (quién separa o saca la basura y cuándo), y mecanismos para cumplir con estas reglas (botes de basura, bolsas, contenedores, composta), sería casi imposible lograr que un hogar o una familia funcionara adecuadamente. Lo mismo sucede en las ciudades, municipios, estados, y por supuesto a nivel país. De no cumplir con estas reglas, se pone en peligro la convivencia social, la salud ambiental de regiones enteras, y la salud de los propios ciudadanos. Sin embargo, el artículo 115 de la constitución mexicana hace responsable a los municipios de la recolección y disposición de basura dentro de sus demarcaciones. Operar sistemas de recolección y disposición de manera eficiente y confiable no es sencillo ni barato. El costo de estos sistemas está en función una serie de factores, entre los que destacan la cantidad, las distancias que los sistemas de recolección deben recorrer, y las características biofísicas de los suelos en donde se establecen centros de confinamiento de residuos. Los municipios en México tienen características demográficas y biofísicas muy diferentes, empezando por el hecho de que más de 2 600 centros de población no sobre pasan los 15 000 habitantes, lo cual dificulta la recaudación de ingresos para el municipio, y los esfuerzos de recolección de basura tienen que ser subsidiados por poblaciones más grandes, o simplemente no funcionan. Debido a esto, es plausible pensar en una reforma institucional que permitiera la agregación de municipios en entidades regionales que puedan ser supervisadas y/o gestionadas por convenios a través de los gobiernos estatales, junto con la Profepa y la Semarnat.[11] 12. Turismo y sustentabilidad El turismo contribuye a la economía mexicana con poco menos de 9% del PIB. El turismo ha demostrado traer beneficios económicos y ambientales (así como problemas también). En México, destinos como Cancún, Ixtapa, Huatulco o Puerto Vallarta se han convertido en centros de empleo y crecimiento económico para cientos de miles personas, quienes en muchos casos vivían antes en zonas rurales marginadas y sin servicios básicos. Esto, a su vez, ha fomentado la reducción de la deforestación en zonas cercanas, debido a que las personas que migran a trabajar a estos destinos abandonan las actividades agrícolas o ganaderas de las que dependían. La forma en la que este desarrollo económico se ha gestado está muy por debajo del potencial óptimo de sustentabilidad ambiental y
socioeconómica que podría tener. Estos destinos, han crecido bajo esquemas de turismo all inclusive y con regulaciones de desarrollo urbano e impacto ambiental casi inexistentes. Estos esquemas limitan la distribución equitativa de la derrama económica turística, y terminan beneficiando sólo a unos cuantos (corporativos hoteleros). México está aún a tiempo de replantear su paradigma turístico y de asumir esta industria como una verdadera palanca de desarrollo sustentable durante el siglo xxi. Para esto, es fundamental la creación de un programa de desarrollo turístico a largo plazo que tenga como eje central de su oferta la calidad de los recursos naturales y las experiencias culturales y sociales. Al mismo tiempo, la Secretaría de Turismo (Sectur) debería tener facultades de supervisión y regulación directas sobre los planes de desarrollo urbano municipales en aquellas zonas que tengan potencial turístico. Es esencial transitar hacia un modelo de oferta turística mucho más diverso y de bajo impacto, pero que al mismo tiempo ofrezca alta conectividad tanto dentro de estos sitios como entre destinos turísticos. Una buena movilidad (destinos compactos, caminables, o bien conectados a través de caminos o trenes) combinada con una oferta de calidad es la mejor receta para distribuir los beneficios económicos del turismo de manera más equitativa.[12] [1] http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/641/estimacion.pdf [2] http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/ [3] https://headwaterseconomics.org/topic/public-lands/ Quadri, Gabriel. Quadri, Paulo. Un Estado sin Tierra. Ciudad de México. Editorial Porrua. 2016 [4] http://atlas.esri.com/Atlas/VoterAtlas.html?t=1&m=1&x=-94.69&y=38.62&l=6 [5] Para ahondar en los mecanismos detrás de estas asociaciones el lector puede visitar https://paulromer.net/urbanization-passes-the-pritchett-test/ [6] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018845572009000300002 [7] http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/programa/prioridades-2016 [8] Más información relacionada a usos mixtos y desarrollo urbano puede ser encontrada aquí: http://www.wri.org/blog/2014/07/people-oriented-cities-mixed-use-developmentcreates-social-and-economic-benefits [9] http://centromariomolina.org/la-ley-de-transicion-energetica-pilar-de-loscompromisos-de-mitigacion-de-mexico/ [10] Pérez, G. B. (2015). La gestión de los residuos sólidos: un reto para los gobiernos locales. Sociedad y Ambiente, 1(7), 72-98.
[11] http://www.atlas.d-waste.com/ [12] Ibáñez, R. Medio ambiente y política turistica en México: Tomo 1, Ecología, biodiversidad y desarrollo turístico/coord. Antonia Ivanova y Reyna Ibáñez (No. Qh541. M42 2012).