26 nº El Gobierno español está ultimando una profunda reforma del sistema de pensiones con dos medidas clave: suavizar el nexo legal entre alza de pensiones y la inflación, y acelerar el aumento efectivo de la edad legal de jubilación a los 67 años. La reforma se presentará en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en la primera mitad de 2013. El objetivo es quitar rigidez a un modelo que se ha visto cuestionado por la evolución de la población y una severa recesión en una economía obsesionada con la consolidación fiscal y que destina alrededor de un 10% de su Producto Interior Bruto (PIB) a pensiones. Barajan la posibilidad que las pensiones no se actualicen. "La idea es que sea posible no actualizar por el IPC en caso de recesión o de déficit" Para modificar el sistema de pensiones, el gobierno tiene que llevarlo antes a la Comisión del Pacto de Toledo, una mesa de negociación en la que están presentes los principales partidos políticos españoles y que debate regularmente la situación de las pensiones en España, aunque el PP podrá hacer valer su mayoría parlamentaria si no hay acuerdo en la comisión. Hasta ahora, el Gobierno proyectaba una revisión de las pensiones cada año en los presupuestos generales del Estado que posteriormente actualizaba en función del Índice de Precios al Consumo de noviembre, tal y como marca la legislación vigente. Las dificultades económicas, la caída de la recaudación y los mayores gastos asociados al aumento del paro en un contexto de ajustes, han obligado a una modificación extraordinaria de la ley en los últimos tres ejercicios. En un país con casi 9 millones de pensionistas - un colectivo con un notable peso electoral y social-, las pensiones son la mayor partida de gasto presupuestario, con 106.350 millones de euros previstos en 2013, de los cuales casi 73.000 millones de euros se destinan a las pensiones de jubilación. Alargar la vida laboral de los ciudadanos es una de los compromisos del Gobierno de Rajoy con la Unión Europea. Bruselas quiere medidas para alargar automáticamente la edad de jubilación en función de la esperanza de vida Para mejorar la sostenibilidad del sistema, el Gobierno estudia acelerar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años (frente a los 65 actuales) y nuevas medidas para acercar la edad real de jubilación (ahora en 63,47 años de media) a la edad legal. Con la ley actual, cada año en los próximos 15, los españoles se irán jubilando un mes y medio más tarde hasta llegar a los 67 años en 2027, un ritmo que desde Europa piden acelerar. para “invitarnos” a que contratemos planes de pensiones privados con los bancos que ellos gestionan.
Por primera vez en 18 años una Asamblea Federal de Izquierda Unida ha votado una única candidatura. Todas las familias de la coalición se han unido en una candidatura unitaria encabezada por el Coordinador Federal de la formación, Cayo Lara. La X Asamblea Federal de la coalición aprobaba la 'Declaración de Madrid' con el voto favorable del casi el 99% de sus delegados, llegados de todos los puntos de España. Solo ha habido dos votos en contra y seis abstenciones. De la reunión la coalición sale fortalecida. Las últimas encuestas les otorgan un 12% de intención de voto. Y por vez primera todas las "familias" del partido se han unido en una sola lista. De esta manera intentan convertirse "en una alternativa real de gobierno". Cayo Lara ha sido reelegido coordinador federal de IU en la X Asamblea Federal de la organización por unanimidad, al obtener el voto favorable de los 158 nuevos miembros del Consejo Político Federal. Los 158 nuevos miembros del Consejo Político han sido escogidos con 790 votos a favor, 89 en blanco y 52 nulos, es decir, el apoyo ha sido del 84,85% de los 931 delegados a la X Asamblea Federal. Tras esta elección, el Consejo Político ha escogido por unanimidad a Lara como coordinador federal. Lara encabeza la candidatura "integradora y unitaria" presentada en este cónclave y que acoge a las cuatro corrientes políticas que forman parte de IU y a otras sensibilidades independientes que conviven en la formación, algo inédito desde 1994. Ahora tiene por delante otros cuatro años en los que su objetivo es convertir Izquierda Unida en una alternativa real de Gobierno y no sólo en un referente de lucha social, tal como refleja IU en la "declaración de Madrid", que ha sido aprobada hoy. Antes de ser elegido, Lara ha afirmado que la coalición está enviando un "mensaje de esperanza" a la sociedad al haber logrado presentar una candidatura unitaria de cara a la formación de su nueva dirección, ya que "ha calado la idea de cohesión" en la organización de cara a un "proyecto mayor" que la sitúe como "alternativa real".
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El líder de la coalición de izquierdas ha señalado que IU necesitaba una "asamblea como esta" en la que las diferentes corrientes se pudieran "entender". "No nos podíamos permitir el lujo de no estar cohesionados internamente porque nos tenemos que cohesionar con muchos más para ofrecer una alternativa", ha explicado. La lista de los nuevos miembros del Consejo Político está encabezada por Lara e incluye a los diputados de IU en el Congreso, a José Manuel Sánchez Gordillo, así como a sindicalistas como Ramón Gorriz y Salce Elvira, ambos dirigentes de CC.OO., pero también a líderes de movimientos sociales como Chema Ruiz, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En general, la lista incluye a toda la Ejecutiva de IU de los últimos cuatro años, a excepción de los miembros que deben elegir las federaciones regionales en el próximo mes. IU se ha comprometido a organizarse "más y mejor" para convertirse en una "gran organización de masas" a través de una "rebelión democrática y social" que haga frente al "auténtico golpe antidemocrático que el capital intenta consolidar contra la mayoría de la sociedad". Así figura en la llamada Declaración de Madrid aprobada este domingo por la X Asamblea Federal. En la declaración, que ha sido leída por varios dirigentes de IU en el plenario de la Asamblea bajo el lema Transformar, la coalición considera necesario "enfrentarse" al modelo económico impuesto desde la UE "pactado por la socialdemocracia, los partidos conservadores" con el objetivo de dotar a España de un "Estado capaz de consolidar derechos sociales y laborales, garantizar el derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad y a la vivienda". "Si no queremos vivir en un país sin derechos sociales, laborales, democráticos, hay que rebelarse, y eso exige de quienes no admiten la derrota estar a la altura de las circunstancias. Tenemos alternativas y determinación por construir con otras muchas personas y colectivos un presente y un futuro diferente para quienes hoy sufren el paro, los desahucios, la pérdida de derechos sociales y laborales", subraya la declaración. Para IU, las "masivas movilizaciones sindicales y sociales" de los últimos meses en contra de los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy son "expresión de la necesidad de pasar de la confrontación y la resistencia a la elaboración de una alternativa que organice la rebelión democrática de la mayoría social contra el orden neoliberal".
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Si hace cuatro años eran 18 las firmas del IBEX que utilizaban este tipo de tácticas, el último informe anual del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa revela que ya lo hacen 30 de las 35 que componen el índice. Estas prácticas de elusión fiscal no violan ninguna norma española o internacional, se producen en un contexto en el que los ciudadanos sufren recortes en salarios y en prestaciones sociales para reducir el déficit público, al tiempo que se les exige que aporten más a las arcas públicas. En el año 2010, los ciudadanos españoles entregaron a Hacienda el 11,5% de sus ingresos, mientras que las empresas del IBEX-35 aportaron el 9,9% de sus beneficios. Las 30 empresas que evaden impuestos:ABENGOA,ABERTIS,ACCIONA, CERINOX, ACS, ARCELOR MITTAL, BANESTO, BBVA, BANCO PASTOR, BANCO POPULAR, BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, CRITERIA, ENDESA, FCC, FERROVIAL, GAMESA, GAS NATURAL, GRIFOLS, IBERDROLA, INDITEX, MAPFRE, OHL, RED ELECTRICA, REPSOL, TECNICAS REUNIDAS, TELECINCO, TELEFONICA, BOLSAS Y MERCADOS, IBERIA.
La responsable de Hostelería de CC.OO. de Granada, Elvira Martínez, ha explicado que la empresa ha venido retrasando el pago de las nóminas a los trabajadores desde el mes de mayo Los 280 trabajadores de Brassica, la empresa concesionaria de la gestión de las cafeterías de los hospitales públicos de Granada y de los comedores escolares de varios centros de Educación Primaria, inician una huelga indefinida ante el impago de las nóminas desde el mes de octubre. Una cuantía a la que hay que sumar vacaciones y los descansos que "Brassica adeuda" a la plantilla de las cafeterías de los hospitales públicos. Esta situación se produce después de que en el último encuentro previsto en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laboral (Sercla) la empresa "ni siquiera se haya presentado", según ha señalado el secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT Granada, José Garzón.
TRABAJADORES DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (FCC) ABANDONAN LA HUELGA DE HAMBRE Los 6 trabajadores despedidos por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), concesionaria de la gestión de la planta de residuos y reciclaje de Alhendín (Granada) que iniciaron una huelga de hambre para protestar por esta decisión de la empresa, han mantenido la huelga de hambre hasta que han sido readmitidos en sus puestos de trabajo en las mismas condiciones en las que estaban antes de iniciar la protesta, pese a que su estado de salud había empeorado considerablemente. Efectivos sanitarios habían tenido que prestar asistencia a 2 de los 6 empleados, por bajadas de tensión y azúcar, una anomalía que, no obstante, se repitió en mayor o menor medida en el conjunto de los trabajadores en huelga. Solo bebieron agua. Se les impidió pernoctar en el interior de la Diputación para resguardarse del frío y aguantaron estos días refugiándose en la sede de IU quien les cedió uno de sus locales ante el intenso temporal de frío de esos días. Al margen de la huelga, los trabajadores no contemplaron por el momento emprender otras acciones de protesta en la calle, y han dejado en manos de los sindicatos las posibles actuaciones legales para revertir esta situación.
Una noticia de tiempos de Mari Castaña (suponiendo que esta viviera en los años veinte) que habla de una pelea (armada) en Madrid…entre la Guardia Civil y Policía Municipal. La reyerta se produjo en 1922 a propósito de las obras del metro de Madrid, que ya entonces (se había inaugurado un par de años antes la línea 1) era causa de conflictos. El propio alcalde tuvo que dimitir. Unos técnicos municipales acompañados por el Teniente Alcalde se presentaron en la estación de Puerta de Atocha para llevar cabo una inspección que podía conllevar la suspensión de las obras y fueron echados de mala manera por la Guardia Civil. Luego vino el propio alcalde (el hijo del Conde de Romanones) con su comitiva, y de nuevo fueron expulsados de allí por la benemérita pistola en mano. Se lió parda. El revuelo político posterior fue considerable. Poco a poco las aguas volvieron a su cauce. El Ayuntamiento recibió una compensación de 81.000 pesetas y las obras del metro continuaron sin mayores incidencias.
PARADORES PRESENTA UN ERE DE EXTINCIÓN DE 644 EMPLEOS Los sindicatos de Paradores mantienen la huelga convocada para el 7 y 8 de diciembre, Nochevieja y Año Nuevo, a la espera de reunirse con la cadena hotelera, ya que aún no disponen de documentación sobre el plan de reestructuración, un ERE que no se ha negociado. CC.OO. y UGT han anunciado que no descartan más movilizaciones porque la compañía contempla la extinción de 644 puestos de trabajo, aproximadamente el 14% de la plantilla, y afectaría tanto a los establecimientos como a los servicios centrales del ente público. Estas fuentes sindicales temen que además de los 644 despidos, otras 700 personas sufran cambios sustanciales en sus condiciones de trabajo y se acaben cerrando algunos establecimientos de la red de Paradores. La convocatoria de huelga se hace extensiva a los más de 4.400 trabajadores de la empresa en el conjunto de la red, 94 paradores, y suponen paros de 24 horas, de forma que los establecimientos continuarán abiertos aunque los trabajadores no presten servicios como los relacionados con las comidas o la limpieza de las habitaciones.