Bolivia vivió desde el comienzo de la década del 2000 un conjunto de transformaciones de orden político, social, económico y cultural, en el que los pueblos indígenas fueron directos protagonistas con sus movilizaciones, así como a través de la elaboración de propuestas de políticas y normas. El proceso constituyente de 2006-2009 cristalizó muchas de esas demandas históricas que se incluyeron en la nueva Constitución Política del Estado, dándole a los derechos indígenas el más alto rango dentro del ordenamiento jurídico nacional.
La situación sin embargo ha cambiado notablemente; una muestra de ello se consigna en este Informe. Las organizaciones indígenas que elaboraron este documento sostienen que se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a la violación de sus derechos colectivos así como de regresiones normativas, las cuales han acotado el alcance de los estándares internacionales reconocidos. Según denuncian, esta situación se debe a la nueva política de desarrollo e
