Declaración Pública respecto a HidroAysén y el fallo de la Corte Suprema
Ante el Fallo de la Corte Suprema (04 abril 2012) que rechaza los Recursos de Protección presentados en contra del Proyecto HidroAysén, el Concejo Ecológico de la Universidad Católica declara lo siguiente: 1. Considerando que en el año 1988 el Juez Pedro Pierry adquirió 109.840 acciones en ENDESA (valorizadas en cerca de US$200.000 al momento del fallo), declaramos confusa y poco ética su participación en la votación de los recursos de protección interpuestos en contra del proyecto HidroAysén. A pesar de que la legislación vigente permite su participación en el fallo, genera conflictos y dudas frente al resultado de la votación final (3 en contra, 2 a favor). Dado el conflicto de intereses, la participación del Juez Pierry está altamente comprometida. 2. La Patagonia tiene un valor intrínseco que ha sido valorado tanto por la ciudadanía como por la región de Aysén, declarándola así “Reserva de Vida”. En ella se encuentran ecosistemas únicos en el mundo y hábitat de especies protegidas, de forma que su protección y conservación responden no sólo a un imperativo moral sino también legal. 3. La construcción de las mega-represas y líneas de transmisión del proyecto HidroAysén tiene un 74% de rechazo (Centro de Encuestas La Tercera, mayo, 2011). Éste se ha puesto de manifiesto en más de 30.000 observaciones a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en el petitorio de una consulta ciudadana vinculante por parte de la región de Aysén, y por las multitudinarias manifestaciones a lo largo de todo Chile. Frente a esto, cuestionamos el concepto de democracia que está rigiendo actualmente en nuestro País. No debe ser entendida sólo desde la participación electoral ejerciendo el legítimo derecho a voto, sino también obligando a las instituciones a que escuchen la opinión y planteamientos de una ciudadanía que no ha sido considerada. Una decisión de este calibre atañe a las actuales y futuras generaciones, y versa sobre el desarrollo energético, económico, político y social del País. 4. Hayamos vicios fundamentales en el fallo, tanto de índole ética como jurídica, siendo uno de los más graves el caso omiso a la legislación internacional vigente en nuestro país en materia de protección a la flora, fauna y bellezas escénicas naturales. La Convención de Washington vigente en nuestro país desde 1968 dispone a su vez, en su artículo 3°, que “los límites de dichos parques no pueden ser alterados ni enajenados en parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa”, lo que en Chile no se ha cumplido permitiendo la afectación de 18 hectáreas del Parque Nacional Laguna San Rafael. Este fallo constituye un importante precedente jurisprudencial que contribuye a la incertidumbre jurídica -contraviniendo la labor armonizadora de la Corte Suprema- pudiendo afectar nuevamente un Parque o Reserva Nacional sin consideración alguna más que la mera discrecionalidad política de las instituciones. El rechazo de los recursos de protección presentados, es señal de que se debe reformar el marco legal sobre el cual se ampara el procedimiento institucional vigente. La aprobación de proyectos de esta envergadura dan señas de instituciones retrógradas, que únicamente validan la toma de decisiones políticas impuestas de forma central, por sobre las demandas locales y ciudadanas. Así, el organismo encargado de resolver la calificación del proyecto en Aysén fue una Comisión presidida por el Intendente y los Secretarios Regionales Ministeriales de diversos ministerios, todos cargos nombrados por el Presidente de la República. 5. Es inaceptable que en nuestro país no exista una política energética sustentable con miras al futuro. Consideramos que el modelo de crecimiento económico asociado a un aumento de la demanda energética es absolutamente insostenible, sobre todo si se trata de explotar de forma monopólica recursos energéticos a más de 4.000 km. del centro de consumo. (La energía generada por las hidroeléctricas será conectada al Sistema Interconectado Central del Norte Grande (Patagonia Sin Represas)). Dado lo anterior, hacemos un llamado a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile a adherir a esta declaración, por medio de los representantes estudiantiles. Como Universidad volcada al país, debemos velar por la generación de discusión e insumos que promuevan la democracia, dignidad y calidad de vida de todos.
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