Necesidad de una política energética La Patagonia es objeto de la agenda pública debido al profundo dinamismo y complejidad que respecta su uso de suelo en un territorio sin límites claramente definidos. El grupo Matte, actual controlador de Colbún, junto a Endesa, dueña del 80% de los derechos de agua en Chile, son la cabeza del proyecto Hidroaysén, que contempla la construcción de 5 megarepresas en la Patagonia chilena incorporando 18.430 GWh anuales al Sistema Interconectado Central (SIC), con un costo de US$ 4 mil millones. Esto considera líneas aéreas y submarinas(cuatro veces más caras) para el transporte de la energía hasta la Región Metropolitana, tramo que solo será visible en un 80% según el gerente técnico Julio Montero, además, se asume que las represas retendrán el agua como máximo un día considerando la sedimentación actual de las cuencas del rio Baker y el Pascua. El proyecto de la línea de transmisión contemplaba la llegada a Puerto Montt atravesando los predios de 800 dueños en su primera fase, decisión suspendida por Colbun argumentando fallas en el marco legal que imposibilitan sustentar un proyecto de estas dimensiones, aunque el estudio de impacto ambiental avalara la puesta en marcha del primer tramo por 11 votos a favor y 1 en contra. La sostenibilidad del proyecto es un oxímoron, al mezclar el concepto con el crecimiento económico y la elevada expansión demográfica que triplicara la población de Cochrane, asumiendo la sobreexplotación de los recursos de la zona. Tampoco la meta de duplicar la matriz energética acredita que el desarrollo recaerá en el grueso de la población de manera equitativa, debido a que las autoridades no poseen claridad frente a una política energética justa y participativa. Junto con esto, la “Estrategia Nacional de Energía” planteada por el gobierno asegura el estimulo de la inversión creando una carretera pública de energía. Este paso libera de responsabilidades a Colbún sobre la intervención de una nueva línea de transmisión, además Endesa y Colbún pasarían a controlar el 70% del mercado del SIC con Hidroaysén considerando el corto plazo del proyecto, ejerciendo un control monopólico sobre los costos de producción de energía. Esto abre la discusión en torno a la gobernabilidad de los recursos naturales nacionales, los cuales necesitan de una autonomía que maximicen el fin público para una mayor matriz energética, esta autonomía solo la puede otorgar el ingreso de una participación ciudadana vinculante para la elección de proyectos, apuntando hacia una política que estimule la adquisición de energías limpias que compensen a la comunidad y a la sociedad civil en su conjunto, protegiendo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de las regiones.
El pareto óptimo del equilibrio socio-ambiental se da entre el estado, la sociedad civil y el sector privado. En el caso de Hidroaysén(corporaciones en general) la sociedad civil es mermada por el gran poder existente entre un estado presidencialista y los privados; haciendo surgir un dramatismo que imposibilita a los civiles ser participes en la creación de las leyes donde la discusión de fondo recae en la representatividad del congreso en temáticas socio-ambientales, dado que la actual clase política es impuesta por un sistema binominal donde leyes, tales como la de bases del medio ambiente, solo se corrigen entre el estado y el sector privado con nula participación ciudadana. Estos problemas provocan el surgimiento de grupos como el movimiento social por la región de Aysén, buscando proteger la zona declarándola reserva de vida, con objetivos como salvaguardar el lago más grande de Chile, el General Carrera y por supuesto, evitar la construcción de proyectos de tal envergadura como Hidroaysén. Producto de una ciudadanía madura y empoderada en temáticas ambientales, el bienestar que protegen estos actores sociales, al pedir participación vinculante cuando se pone en juego la intervención del patrimonio natural, necesitan de un peso político mayor y la solución solo recae en una modificación constitucional. La estrategia energética del país, carente de planificación territorial, apunta a generar estabilidad, seguridad e independencia, pero externalizan el costo del bien energético hacia las comunidades aledañas afectadas por la reducción de áreas naturales, comunidades que no reciben compensaciones reales dada la actual fijación de precios direccionando un desarrollo económico que vela por la eficiencia dejando la equidad a manos del libre mercado.