Bitácora de Gestión Legislativa
Claudia Yañez Centeno
Diputada Federal por el estado de Colima Boletín informativo digital de distribución gratuita
La pesca, una de las prioridades legislativas En apoyo al sector pesquero nacional Peticiones al Ejecutivo y dos secretarías: 1.- A AMLO AMLO,, derogar fracciones arancelarias. 2.- A Hacienda, Hacienda, reactivar estímulos fiscales a gasolina ribereña y diésel marino. 3.- A Economía Economía,, a frenar la importación de filetes de pescado.
Junio de 2020
Presentación
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Bitácora de Gestión Legislativa es
una publicación digital de circulación gratuita, órgano informativo de la oficina de la diputada federal Claudia Yañez Centeno y Cabrera, secretaria de la Comisión de Pesca e integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México. Edición de Junio de 2020. Asesores: Daniel Cortés Pérez Marevna Gamez Paulina Berumen Colín Martha Morales Jiménez Responsable de la edición:
Jesús Jiménez Padilla
erminó junio y contra muchas de las expectativas, seguimos en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19 en México. Junto con el coronavirus surgieron situaciones que nos han venido a mostrar las verdaderas condiciones en que se encuentra la entidad donde vivimos; si bien es cierto que el confinamiento obligado deprimió la frágil economía, igual que en todo el país y el mundo entero, se evidenciaron las realidades económicas, sociales y sanitarias en que se encuentra, en especial nuestro estado de Colima. Al cierre del mes se han registrado más de 27 mil defunciones en el país y 78 en Colima (al 29 de junio). A los que nos gobiernan en Colima no podemos culparlos por el COVID-19, pero sí responsabilizarlos por el abandono en que está la población y en particular la de escasos recursos por falta de equipamiento y atención médica en clínicas y centros de salud en el medio rural. Pero a pesar de las adversidades, nuestro deber es que el trabajo legislativo no se detenga. Estamos conscientes de que, ante la crisis, es urgente la reactivación económica del país y los diputados de Morena estamos listos y justo en el último día del mes de junio iniciamos nuestro período extraordinario, siguiendo las medidas de sana distancia y un estricto protocolo de sanidad en San Lázaro. Impulsaremos las reformas necesarias para la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial, conocido por todos como TMEC; nosotros no seguiremos las formalidades del modelo neoliberal. Por eso, legislamos a favor de nuevos modelos económicos. ¡El TMEC se queda por y para los mexicanos! Ha sido junio, un lapso de mucho trabajo, en el que impulsamos ante la Comisión Permanente varios puntos de acuerdo; entre ellos tres en apoyo del sector pesquero nacional: uno para exhortar al Presidente de la República a derogar fracciones arancelarias, otro para pedir a la Secretaría de Economía que frene la importación de filetes de pescado, y uno más a la Secretaría de Hacienda requiriendo se reactiven los estímulos fiscales a gasolina ribereña y diésel marino. Fue un mes manchado de sangre por el artero asesinato de siete policías estatales de Colima; del Juez Federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, por lo que demandamos un trabajo organizado y coordinado de las autoridades de los tres niveles y presentamos en la Comisión Permanente un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga las investigaciones sobre los que fueron asesinados, igual que a finales de mayo ocurrió con la diputada Francis Anel Bueno. A parecer ya hay resultados, lo cual reconocemos, pero no es motivo de celebración. No basta; se requiere un trabajo serio para prevenir el delito, no para actuar después de que ha corrido la sangre. Dip. Claudia Yáñez Centeno y Cabrera
Se exhorta a la FGR para que atraiga investigaciones sobre los siete policías y el Juez Federal y su esposa, asesinados en Colima
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a diputada federal Claudia Yáñez Centeno presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga las investigaciones sobre los siete policías estatales que fueron asesinados en el estado de Colima, y que esa dependencia coordine sus acciones con las autoridades del gobierno estatal, con la Fiscalía General de la entidad y demás instituciones involucradas en la materia. Ante la creciente ola de homicidios violentos en Colima, a la que se suma el artero asesinato del Juez Federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, el 16 de junio, la legisladora de Morena subrayó que es importante el trabajo organizado y coordinado de las autoridades de los tres niveles, y si para ello se requiere presupuesto adicional, que se concerte con la instancia que corresponda. “Si no hay voluntad, compromiso y responsabilidad para hacerle frente a la inseguridad, no se tendrán buenos resultados”, sentenció, tras destacar que en Colima siendo el segundo estado más pequeño de la federación, se pueden implementar programas pilotos, incluidos programas de prevención del delito, que de resultar exitosos se pueden aplicar en todos los estados. Señaló en el punto de Acuerdo presentado, que ”los diputados del H. Congreso de la Unión expresamos nuestro absoluto repudio por los hechos ocurridos en contra de los policías, que en el ejercicio de
sus funciones fueron levantados, torturados y asesinados; asimismo condenamos toda forma violenta y apartada de la ley y exigimos a las autoridades estatales y federales en el ámbito de su competencia el esclarecimiento absoluto de los hechos”. Al subrayar la enérgica exigencia del esclarecimiento de los homicidios, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena agregó: “demandamos como sociedad mexicana y colimense, que sean las leyes y las instituciones mexicanas las que prevalezcan y castiguen enérgicamente a quienes perpetraron estos lamentables hechos en contra de los policías estatales de Colima”. Es urgente, reiteró, que el Estado mexicano, a través de la Fiscalía General de la República y de las dependencias federales
(SSPC, SEMAR, SEDENA, GN, entre otras), den respuestas ante estos acontecimientos, y que trabajen en conjunto con el gobierno estatal para brindarnos a la sociedad una pronta explicación sobre los hechos ocurridos en el asesinato de los siete policías y de la liberación de las tres mujeres policías y dos civiles involucrados en los hechos. Comentó, por separado, en entrevista, que existe información de que el diputado local Rogelio Rueda gestionó ante la Secretaría de la SSP el personal policiaco para que escoltaran a los empresarios, con éstos iba el papá Rogelio Rueda Preciado y el hermano Salvador Rueda Sánchez; se solicitará a las autoridades esta línea de investigación, para saber, primero, ¿qué negocios oscuros andan haciendo que necesitan protección? Y segundo, esto sería tráfico de influencias y si es así, se pedirá su separación del cargo de diputado. Y a todo lo anterior se suma el artero asesinato, en su propia casa, del Juez Federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas; una muestra más del inaceptable clima de violencia que se vive en la entidad. Recordó Claudia Yáñez lo que se ha venido publicando en años recientes: que Colima tiene un contexto de violencia complicado por las aduanas del Puerto de Manzanillo, ya que coyunturalmente es la puerta de entrada y salida de mercancías para el trasiego de drogas, tráfico ilícito de minerales, entre otras actividades; así como el recrudecimiento de una guerra por el control del Puerto entre los
cárteles de Michoacán, Jalisco y Sinaloa. La unión de esfuerzos entre la federación y el estado en este tema se justifica, porque es bien sabido que en los últimos años se han reportado múltiples sucesos relacionados con la violencia a policías y elementos de seguridad en las entidades federativas del país, y en especial en Colima, lo que pone al Estado en una frágil civilidad política para resolver y esclarecer los hechos, concluyó.
Condena la Cámara de Diputados asesinato juez en Colima
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a Cámara de Diputados condenó el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas Guerra, acaecido el pasado martes en Colima. Villegas Ortiz era juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. Fue asesinado por parte de un grupo armado que irrumpió en su domicilio; la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso.
Creciente indignación y temor en Colima por el asesinato bestial de siete policías
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Fecha de publicación, junio 2 de 2020
onforme fue fluyendo la información sobre la desaparición, levantamiento y asesinato de siete policías en los límites de Colima con Jalisco, fue creciendo la indignación y el temor entre los colimenses, que ya ven lejana la era de paz y tranquilidad que aquí se vivía, y ante la creciente e imparable ola de inseguridad y violencia se hacen preguntas que ninguna autoridad ha querido contestar, declaró la diputada federal Claudia Yáñez. Dijo la legisladora de Morena por Colima que, en versiones no confirmadas surgen varias dudas que las autoridades deberían acla-
rar, empezando por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez; entre ellas: ¿Quiénes son los empresarios tan importantes que requieren de diez elementos de la policía a bordo de cuatro vehículos para su cuidado y seguridad? ¿Es oficial el reconocimiento de que vivimos en un estado de guerra, como para que se requieran diez policías armados para escoltar a dos empresarios? ¿Qué andaban haciendo los empresarios que temían por su seguridad y pidieron escoltas? ¿En el trayecto por tierra, cuántas personas y quiénes eran los
que superaron, vencieron, levantaron y mataron bestialmente a siete policías armados? ¿Que capacitación y armamento llevaban los policías que fueron reducidos por sus atacantes? ¿Quién autorizó que diez policías descuidaran la seguridad pública de la población por ir a cuidar a dos personajes cuya identidad no se ha dado a conocer? ¿Quién firmó la autorización para el desplazamiento de los oficiales en cuatro vehículos a otro estado? ¿Por qué las autoridades de Colima no informaron sobre el ingreso de sus elementos policiacos a territorio de Jalisco, si iban en misión oficial? ¿Y si contaban con los oficios correspondientes para estar en territorio jalisciense, por que las autoridades de Jalisco lo niegan o no lo reconocen?
Dice el Gobernador que ordenó exhaustiva investigación al interior de la Secretaría de Seguridad Pública ¿por qué hasta hoy? Se esperaría la remoción de funcionarios del gabinete estatal de seguridad, pero ¿eso resolverá la situación de violencia en nuestro estado? La respuesta es no. Estas y más preguntas hay sin contestar, y más allá de las respuestas que puedan dar, esto es resultado de la ausencia de la autoridad en el estado, que está rebasada especialmente en cuatro puntos: Manzanillo, Tecomán, Minatitlán e Ixtlahuacán, remarcó Claudia Yáñez. Esos cuatro municipios representan el 40 por ciento de la división política en el estado, pero los seis restantes no están exentos de saqueos, secuestros, extorsiones y homicidios dolosos con cadáveres enterrados en fosas clandestinas,
• Surgen varias dudas que las autoridades deberían aclarar, empezando por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, dice la diputada federal de Morena. • Lo que está pasando es resultado de la ausencia de autoridad en el estado y especialmente en cuatro puntos: Manzanillo, Minatitlán, Tecomán e Ixtlahuacán.
como ocurre frecuentemente en Tecomán, apuntó. La realidad es que los límites de Colima con los estados de Jalisco y Michoacán se han convertido en territorio sin ley, donde las grandes riquezas minerales en el subsuelo atraen, por una parte, la voracidad de empresarios legales e ilegales -como en estos días-, y por otra parte los pobladores de Minatitlán señalan complicidad de algunas autoridades con bandas criminales que provocan temor e inseguridad por los constantes levantamientos, ejecuciones y homicidios violentos que nadie parece detener, expuso. No olvidemos –subrayó-, que sigue pendiente el caso de la diputada local Anel Bueno Sánchez, quien fue levantada y desaparecida desde hace más de un mes en el municipio de Ixtlahuacán, sin que haya habido hasta el día de hoy alguna información oficial sobre su paradero, “y seguimos exigiendo respuestas y acciones contundentes de la autoridad; no sólo el apoyo institucional para los deudos junto con las condolencias y comprensión. ¡Que se pongan a trabajar!”, concluyó.
La seguridad pública en Colima está mal administrada;
hay recursos, pero aumentan los delitos • La federación destinó a Colima 136.5 mdp. para seguridad pública en 2018; 182.6 mdp. en 2019 y 197.6 mdp. en 2020. Los presupuestos crecen y la violencia también, señaló la dip. Claudia Yáñez Centeno. • “Se registraron en el estado 1,855 delitos en el reciente mes de mayo, y en los primeros cinco meses de año sumaron 10,143 delitos; cada uno nos afecta, nos lastima y nos duele”.
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a percepción que priva entre muchos colimenses en el tema de seguridad pública, es que está mal administrada. No es un tema de insuficiencia de recursos, pues se destinan cientos de millones de pesos anuales “para salvaguardar la seguridad de todos” y aún así se registraron en el territorio estatal 1,855 delitos sólo en el reciente mes de mayo, y que en los primeros cinco meses de año sumaron 10,143 delitos, según la estadística de incidencia delictiva nacional del Gobierno Federal, “y no son sólo números sino hechos, y cada uno nos afecta, nos lastima y nos duele”. Lo anterior se desprende de las declaraciones de la diputada federal Claudia Yáñez Centeno, en entrevista, en la que afirma que tiene razón el gobernador José Ignacio Peralta, al deslindarse del señalamiento que alguien le hizo, de haber recibido este año 247 millones de pesos (mdp) para seguridad, cuando, como él dice, el monto federal autorizado para 2020 es de 197 millones de pesos, que es 4.5 por ciento más que en 2019. Según SHCP, de enero a abril se habían invertido 78.9 mdp. Son 197 millones de pesos de la federación, que en una mezcla con recursos estatales hacen una bolsa importante para cubrir la nómina y los gastos administrati-
vos de la Secretaría de Seguridad Pública; de la Procuraduría General de Justicia del Estado; del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y para el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de Colima (C5i). Agregó la legisladora federal por Colima que, en los últimos dos años se ha registrado un incremento en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. En ese fondo se destinaron a Colima como participaciones federales para seguridad pública en 2018, un total de 136.5 mdp;
en 2019 fueron 182.6 mdp y para 2020 son 197.6 mdp, con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Los presupuestos crecen y la violencia también”, dijo. Explicó que el FASP establece al gobierno estatal el compromiso de aportar de sus recursos presupuestarios el 25% del total de los recursos federales otorgados, lo que representa la cantidad de $49.4 mdp, por lo que sumará la cantidad de $247 mdp, de acuerdo al convenio correspondiente a 2020 firmado el 8 de mayo entre el gobernador Ignacio Peralta y Leonel Cota Montaño, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recursos que son independientes a las aportaciones y participaciones para seguridad pública en los municipios. Los recursos del FASP están etiquetados –detalló- para el
desarrollo, profesionalización y certificación policial; incorporación de tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto, entre otros rubros, que en su conjunto contribuyan al desarrollo de capacidades en las instituciones de seguridad estatales, “pero eso estaría por verse”, dijo. Ante los altos índices de criminalidad y magros resultados en nuestro estado, lo que se percibe, además de mala administración, es falta de capacitación al personal o depuración del mismo, pues laboran 2,693 personas en la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado (1,668 y 1,025, respectivamente en 2018), que son independientes del personal de seguridad pública municipal, indicó Claudia Yáñez. A dicho personal dedicado a la
seguridad pública y procuración de justicia en Colima se sumarían 2,565 elementos de la Guardia Nacional (535 elementos de ésta y 2 mil 030 integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de la Policía Federal (PF), como informó el 13 de agosto de 2019 ante el presidente Andrés Manuel López Obrador el comandante de la Guardia, Luis Rodríguez Bucio. “Y con todos esos elementos, no puede ser que Colima esté compartiendo con Morelos el primer lugar nacional en víctimas de feminicidio, con 152 denuncias, incluyendo el reciente asesinato de la diputada local Francis Anel Bueno; sobre todo cuando el gobierno colimense ha publicado que destina 58.6 mdp para prevenir la violencia de género. También van en aumento los delitos de homicidio, robo, lesiones, narcomenudeo, violencia familiar, daño a la propiedad”, concluyó.
Se requiere la participación de todos. “Juntos logramos más”
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n la última semana de junio, la diputada Claudia Yáñez Centeno compartió espacios en Manzanillo, Colima, con Sergio Jiménez Bojado, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, así como con consejeros, militantes y simpatizantes del Partido. Durante estos encuentros, coincidieron en que hay mucho trabajo por hacer, pero se requiere la participación de todos, ya que “juntos logramos más”, dijo la legisladora federal.
Gran indiferencia e ineptitud de autoridades; tuvo que ser el Presidente quien informara sobre la muerte de la diputada Anel
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omo una falta de respeto a la ciudadanía colimense calificó el 3 de junio la diputada Claudia Yáñez el hecho de que las autoridades policiacas ocultaran la información sobre el asesinato de la diputada local Anel Bueno Sánchez, y señaló como vergonzoso que tuviera que ser el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien lo informara desde Campeche, a dos mil kilómetros de distancia de la gente de Colima, que ha vivido más de un mes con el alma en vilo, pendiente del paradero de la legisladora local. Consternada por el desenlace de la desaparición y por el terror que debió haber vivido Anel Bueno, cuyo cuerpo, según se está dando a conocer, se encontró enterrado en una fosa clandestina por los rumbos de Tecomán, la diputada por Morena exigió “a las autoridades competentes que informen a los colimenses qué han hecho para combatir la inseguridad en este estado; que asuman la responsabilidad por su indiferencia y omisiones, y que den la cara a nuestra comunidad, hablándole con la verdad, como lo merece”, dijo. “Es hora, dijo, que las autoridades federales, conjuntamente con el gobierno estatal y municipal elaboren e implementen una estrategia, en que todas ellas trabajen en coordinación eficaz para combatir la inseguridad y garantizar las libertades ciudadanas en un Estado de Derecho, como debe ser en el estado de Colima.
“Indignado, el pueblo de Colima clama por la presencia de la autoridad y el arreglo a este desorden que existe en el estado”, remarcó. Es increíble que, en Colima, siendo uno de los estados con menor superficie y población, exista tanta incompetencia de sus autoridades para brindar a sus habitantes la seguridad y protección que merecen. Los obligados en todos los niveles y jerarquías, se han olvidado tanto del pueblo, que lo han dejado a su suerte y en un lastimoso estado de indefensión, que han convertido a nuestra antes apacible provincia, en una de las más violentas e inseguras del país, subrayó. “A esto hay que añadir que algunos alcaldes que, por su supuesta cercanía con las comunidades, debieran ser los mas respetuosos y garantes del orden social, se prestan descaradamente
a actos ilegales que contribuyen a socavar los derechos y las garantías de los habitantes de sus municipios, prestándose a despojos y atentados contra la propiedad, sobre todo en el medio rural, que llevan igualmente a la inseguridad y al desorden social”, enfatizó. Al referirse a la renuncia presentada este miércoles por el secretario de Seguridad Pública de Colima, Enrique Alberto Sanmiguel, la diputada Claudia Yáñez manifestó su inconformidad, por cómo se están manejando las cosas, preguntándose a quién pondrán en ese cargo y si estará capacitado para ejercerlo, o si por el contrario, habremos de esperar su capacitación, que por supuesto no terminaría antes de que finalice el sexenio de Ignacio Peralta, y mientras tanto permanecerá el estado sumido en la intranquilidad y la incertidumbre.
Foto Excélsior: https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-no-hay-justicia-para-anel-bueno-no-servimos-para-nada-diputado/1386261
Detrás del COVID-19 se asoma la verdadera crisis de autoridades rebasadas en Colima • Es inaceptable e inconcebible que de febrero 2016 a abril 2020 ha habido 3,074 víctimas de homicidio doloso, señala la diputada federal por Morena. • En promedio son 60 víctimas por mes en lo que va de esta administración, es decir, 2 víctimas al día. Ya van cuatro titulares de Seguridad Pública, y contando… • “No nos sumamos a propuestas de algunas voces que ven la solución con pedir destitución del gobernador. Nosotros lo que pedimos es que se ponga a trabajar”.
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unto con la pandemia del COVID-19 surgieron situaciones que nos han venido a mostrar las verdaderas condiciones en que se encuentra la entidad donde vivimos; si bien es cierto que el confinamiento obligado deprimió la frágil economía, igual que en todo el país y el mundo entero, se
evidenciaron las realidades económicas, sociales y sanitarias en que se encuentra el país y en especial nuestro estado de Colima. A los que nos gobiernan en Colima no podemos culparlos por el COVID-19, pero sí responsabilizarlos por el abandono en que está la población y en particular la
de escasos recursos por falta de equipamiento y atención médica en clínicas y centros de salud en el medio rural; por la falta de implementación de estrategias para frenar la creciente inseguridad y violencia que han terminado en lamentables hechos sangrientos que a todos nos duelen. Es una realidad que la desesperanza y el temor invaden a miles de ciudadanos y empresarios por el aumento de la criminalidad y delitos, robos de vehículos y casas habitación. El problema no es cuándo y cómo se reactiva la economía en nuestro estado, o que se termina el confinamiento y cómo se va a dar respuesta si hay contagios; no, el problema para el gobernante colimense, y otros seis o siete, es que se muestran con claridad las pobres condiciones en que se encuentra nuestro estado y sus instituciones, pues ocupamos los primeros lugares nacionales en inseguridad y violencia. Es inaceptable e inconcebible que de febrero 2016 a abril 2020 ha habido 3,074 víctimas de homicidio doloso. En promedio ha habido 60 víctimas por mes en lo que va de esta administración, es decir, 2 víctimas al día. Entre febrero y diciembre de 2016 se registraron 554 homicidios dolosos; y en los años de 2017 a 2019 fueron 813, 707 y 749, respectivamente. En lo que va de 2020, (enero a abril) van 251. Sin contar las desapariciones de hombres y mujeres. Hemos vivido, en estas últimas administraciones, una considerable disminución de la calidad de vida de los colimenses, un deterioro de los sectores del campo y de la pesca, el sector salud saqueado, una inseguridad que amenaza día
a día a los colimenses por la ausencia y falta de interés por parte de las autoridades de acabarla. Ya van cuatro titulares de Seguridad Pública, y contando… Aunado a eso, lo que sí vemos es una tala indiscriminada de árboles y una extracción ilegal de mineral a la vista de la autoridad, que es un saqueo a la Nación, y sobre todo una corrupción ofensiva, misma que no permitió tampoco el desarrollo del sector turístico. Esto es lo que saca a la luz la pandemia. Vemos que detrás del COVID-19 se asoma la verdadera crisis en Colima, con autoridades rebasadas e incapaces de cumplir lo que es su responsabilidad, y lo que prometieron; quienes somos de aquí recordamos que al principio de esta administración se nos prometió que íbamos a “vivir felices y seguros”; que “ todas las mujeres pilares del hogar van a tener trabajo”, que se “va a instalar un parque industrial”.... ninguna promesa se cumplió. El gobernador José Ignacio Peralta ha ofrecido encabezar
un Gobierno cercano a la gente, cuando la realidad es que la gente, cuando lo busca, no lo puede ver, según nos señalan en los recorridos territoriales que regularmente hacemos por el estado. Sólo se reúne últimamente con seis o siete gobernadores para despotricar contra el gobierno federal. Pero a pesar de lo anterior, no nos sumamos a las voces de algunos personajes que ven la solución con pedir la destitución del gobernador. Nosotros lo que pedimos es que se pongan a trabajar él y su equipo, que no desatiendan los asuntos que están golpeando a la población y al desarrollo de Colima. ¡Basta de ausencias! Parece que lo que se busca aquí en nuestro estado, y en los otros seis o siete que les ha dado por reunirse, es esconder la realidad, la crisis que estamos viviendo los colimenses. No queremos que estas deficiencias sean caldo de cultivo para los desmanes incendiarios y movimientos desestabilizadores que se están viviendo en Guadalajara porque la gente se hartó; es mo-
Detrás del COVID-19 se asoma la verdadera crisis en Colima, con autoridades rebasadas e incapaces de cumplir lo que es su responsabilidad.
mento de que el gobierno estatal se aplique y establezca nuevas estrategias para evitar pasar a situaciones de inseguridad más adversas, como en otros estados, y culpando a otros. Ya debe quedar superado el tiempo de los lamentos de que los anteriores gobiernos priistas dejaron una administración estatal económicamente quebrada, sin dinero y con una enorme deuda, no son motivo para evadir la responsabilidad. Que quede eso para reflexión de los votantes en las urnas en la elección de 2021. Ya la gente en Colima está consciente, y cada día más informada, de que los gobiernos priistas tienen un cochinero, y que el gobierno federal está trabajando para poner orden en el país. Ya basta de culpar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que sólo lleva año y medio en el gobierno, contra 40 años de descomposición. Recibió, entre otras cosas, 52.4 millones de pobres (Coneval), una deuda de casi ocho 8 billones de pesos, se pagan $553 millones de pesos de intereses (Forbes) y una corrupción jamás vista en la historia de México.
Para contribuir a sobrellevar los estragos de COVID-19, la dip. Claudia Yáñez entrega apoyos directos para la salud en Colima
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on apoyos directos para la salud de los colimenses y personal de clínicas y centros de salud rurales, la diputada federal Claudia Yáñez Centeno contribuye a sobrellevar los estragos que está ocasionando la contingencia sanitaria por COVID-19. Al informar lo anterior dijo que para ello se dio a la tarea de gestionar ante empresas la aportación de materiales y productos, que al serle otorgados, ella personalmente procedió a la donación como un soporte solidario y humanitario para los requerimientos urgentes de la población. La legisladora federal por Colima manifestó que la emergencia sanitaria por coronavirus ha generado un panorama de incertidumbre y el mundo entero ha sufrido las consecuencias económicas del confinamiento social de la población, situación que ha obligado a los mexicanos, y a los colimenses, a modificar nuestra rutina productiva, laboral, educativa, social y de generación de ingresos, por lo que es necesario en muchos casos,
para sobrellevar la crisis, darnos el apoyo solidario y humanitario. Detalló que, en ese sentido, ha gestionado y donado apoyos directos para la salud, como es el caso de una empresa privada que filantrópicamente proporcionó 40 mil unidades de electrolitos, que a su vez fueron donados por la diputada en hospitales y clínicas, para la hidratación del personal de salud. Agregó que de igual manera ha donado materiales de protección para personal de salud del estado, entre ellos 840 caretas de vinil para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 140 caretas de vinil para las instalaciones médicas del ISSSTE y 40 caretas de vinil para el Hospital Materno Infantil. La legisladora de Colima por Morena dio a conocer además, que al visitar zonas que necesitan apoyo para atender sus requerimientos urgentes, entregó dos tanques de oxígeno que necesitaban dos centros de salud rurales y ante la solicitud de apoyo para el centro de salud del Ejido La Culebra, donó los recursos para la
compra e instalación de 30 metros de piso para mejorar sus instalaciones. Finalmente, indicó que en sus recorridos se dio tiempo, a pesar del confinamiento y con todas las medidas de protección sanitaria como obliga la contingencia, para entregar víveres y despensas con productos alimenticios diversos para familias necesitadas, así como 2000 cubrebocas para la población, acudiendo hasta las colonias, rancherías y zonas marginadas donde más hacía falta un apoyo en estos días en que muchos jefes de familia y madres solteras no pueden obtener ingresos. Concluyó señalando que hay muchas necesidades por cubrir y en la medida de sus posibilidades, ella seguirá contribuyendo y atendiendo humanitariamente sin ningún afán protagónico, “porque ahora que México y Colima nos necesitan, tenemos que sumar esfuerzos sin ningún otro interés”.
Se pide a la SHCP que reactive estímulos fiscales a gasolina ribereña y diésel marino, en apoyo al sector pesquero
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a diputada federal Claudia Yañez Centeno exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a reactivar los estímulos fiscales que venía otorgando a la gasolina ribereña y al diésel marino, mismos que en el mes de junio se publicaron en ceros, y son apoyos vitales ante la difícil situación que enfrenta el sector pesquero y acuícola nacional, según señala en el Punto de Acuerdo que presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En su propuesta, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena le pide concretamente a
• Eliminar estímulos fiscales de los energéticos agudiza la vulnerabilidad económica del sector, que de por sí ya se resiente entre sus familias, señaló la legisladora de Morena. • Frente a productores internacionales con quienes mantenemos acuerdos comerciales, es desventajoso para el sector el alto costo de los energéticos en México, señala.
la SHCP declinar la disposición de eliminar el esquema de estímulos fiscales a los sectores pesquero y agropecuario en dichos rubros, ya que contribuirían en parte a re-dinamizar la productividad y competitividad de los pescadores, que se ha visto diezmada por los estragos del coronavirus. Consideró que a la pérdida de estímulos fiscales a los energéticos que está instruyendo la
Secretaría de Hacienda, se suma el embargo impuesto por Estados Unidos a la producción pesquera del Alto Golfo de California; la temporalidad de vedas de ciertas especies, e inclemencias meteorológicas, entre otros factores, lo que incide en la economía y en la viabilidad de la actividad pesquera. Dijo Claudia Yáñez Centeno que “es urgente que el gobierno
Barco camaronero en el litoral del Océano Pacífico, frente a las costas de Sinaloa.
Pangas en la comunidad pesquera La Reforma, Sinaloa, en plena temporada camaronera.
de México considere el cúmulo de dificultades y desventajas que el sector pesquero y acuícola suma al día de hoy para desarrollar su actividad y para sostener un estado de bienestar, dadas las disposiciones de confinamiento social, así como la poca o nula actividad pesquera, que ha provocado alteraciones en el consumo y oferta de pescados y mariscos a nivel local y nacional”. Agregó que las desventajas económicas por las que actualmente transitan los hombres y mujeres del sector pesquero y acuícola tienen repercusiones transcendentes y profundas, ya que está detenida o limitada la frecuencia de su actividad y se ha acelerado la pérdida de empleos, lo que dificulta asumir los costos familiares de alimentación, salud, vivienda, servicios y otras necesidades cotidianas. Enseguida, invocando el Plan Nacional de Desarrollo 20192024, en el que se establece que
“El gobierno federal impulsará las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria, es fundamental que el gobierno sostenga sus esquemas de estímulos para fortalecer las economías locales y asegurar empleo para los 300 mil pescadores y acuicultores, quienes además generan cerca de 2 millones de empleos indirectos”, la diputada apuntó que eliminar los estímulos fiscales de los energéticos agudiza la vulnerabilidad económica del sector que de por sí ya se resiente entre sus familias. Para fundamentar su petición a Hacienda, Claudia Yáñez Centeno indicó que el combustible es el principal insumo para la actividad pesquera y acuícola, por lo que los estímulos sí benefician directamente a los pescadores y acuicultores. Además, el sector pesquero y acuícola al no contar con apoyos extraordinarios para paliar los efectos de la pandemia por el virus de Covid-19, ameri-
tan que se respete el esquema de estímulos previo a la disposición del 29 de mayo de 2020. Es una realidad –continuó explicando- que un precio competitivo del combustible favorece la operación de embarcaciones y granjas acuícolas, ya que el alto costo de los energéticos en México pone en desventaja al sector pesquero y acuícola frente a productores internacionales del mismo sector y con quienes mantenemos o buscamos sostener acuerdos comerciales. En la actualidad, en Méx ico, el costo promedio de l diésel es de $17.77 p e s o s / lit ro, en Estados Unido s de $13.59 pesos/lit ro, en Ecu ador de $10.55 pesos /lit ro, y en Rusia de $14.50 pesos/lit ro; por lo que e l alto costo de los energét ico s e n México implica una s e r ia desventaja con respe cto a los productores inter n acio nales.
Dip. Claudia Yáñez Centeno pide a la Secretaría de Economía que impida la importación de 38 mil tons. de filete de pescado
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a diputada federal Claudia Yáñez Centeno exhortó a la Secretaría Economía a declinar la apertura comercial a la importación de 38,500 toneladas de filete de pescado, fresco, refrigerado o congelado, en apoyo a la difícil situación que enfrenta el sector pesquero y acuícola nacional, como consecuencia de las afectaciones económicas por la pandemia de COVID-19. Para tal efecto presentó un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados. En referencia a la licitación pública nacional 012/2020 filetes de pescado fresco, refrigerado o congelado, señaló la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena que la importación de esos productos conllevaría un doble impacto negativo sobre los productos nacionales cuyo desplazamiento se ha frenado desde la cuaresma por la insuficiente demanda, ante el cierre de mercados y con existencias en bodega. Detalló que sería una competencia desleal con los productores de pescados nacionales; más aún si se considera que ha sido ampliamente difundido que en su gran mayoría los productos importados (congelados) presentan alteración de la calidad nutricional por los aditivos añadidos para su conservación y exceso de agua que suelen contener. Estableció enseguida que: “la Secretaría de Economía no tomó en cuenta las condiciones de abasto ni la oferta nacional del producto sujeto a cupos y mercancías similares relacionadas
• No existe evidencia de la necesidad de importación de pescado para satisfacer la demanda de consumo nacional, señala la diputada federal por Morena. • Sería competencia desleal con los productores nacionales, más aún si se considera la calidad de los productos importados (congelados), que presentan exceso de agua. con las disposiciones vertidas en el reglamento de la propia Ley de Comercio Exterior, toda vez que se dispone de una oferta de 2000 toneladas semanales de filetes de pescados que el mercado nacional no consume debido entre otras circunstancias a los efectos comerciales y económicos del Covid-19 que han afectado una parte sustantiva de las operaciones y hábitos regulares de comercio y consumo por no considerarse esenciales, no obstante que significan alimentos de alto valor nutricional para la población mexicana”. Agregó que “no existe evidencia de la necesidad de importación de pescado para satisfacer la demanda de consumo nacional, al contrario, es impostergable que la Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural pongan todos sus recursos para identificar y catalogar a la actividad pesquera y acuícola como actividad esencial para que disponga de los canales de distribución y llegar a los mercados y consumidores”. En el citado Punto de Acuerdo, Claudia Yáñez Centeno hace un llamado urgente al Estado mexicano, a través de la Secretaría de
Economía, junto con sus instancias (Dirección general de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior), y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que impidan que se efectúe la importación de 38,500 toneladas de filete de pescado, por ser innecesaria, dada la suficiente producción nacional disponible. Y tras señalar que la sociedad mexicana es sensible a los problemas que enfrenta el sector pesquero, consideró necesario que en estas iniciativas y otras que se están haciendo en el país se ponga en el centro de la decisión el conjunto de necesidades de los pescadores, que valore sus opciones de desarrollo y se exponga la calidad de nuestros pescados y mariscos nacionales, que es superior a la de otras latitudes. “No se puede ni se debe seguir relegando al sector pesquero y acuícola; por el contrario es impostergable transitar hacia una estrategia nacional que considere a pescados y mariscos esenciales para alimentación sana y nutritiva; reconociendo que parte de la estrategia para hacer frente al Covid-19 es que las personas cuenten con un sistema inmune fortalecido, para lo cual el consumo de pescados y mariscos
nacionales frescos son un recurso a nuestro alcance”, subrayó a diputada federal. Finalmente apuntó que, como parte del cumplimiento de los principios del gobierno federal de desarrollo sostenible, autosuficiencia alimentaria, impulso de las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria, y ruptura con la dependencia alimentaria venida del exterior, urge que el estado mexicano desbloquee las restricciones para el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola. “Es una necesidad generar las condiciones para poner a disposición los mecanismos necesarios para re-dinamizar al sector pesquero y acuícola mexicano y abrir los canales de comercialización para sus productos en nuestro territorio, para alimentar a la población mexicana con pescados y mariscos mexicanos”, concluyó.
La legisladora federal trabaja para evitar la competencia desleal con los productores nacionales, ya que los pescados y mariscos mexicanos (foto) son de mejor calidad nutricional; más aún si se considera que en su mayoría los productos importados (congelados) presentan alteración de la calidad por los aditivos añadidos para su conservación y exceso de agua que suelen contener.
Compromiso de trabajo conjunto en pro del sector pesquero, de Economía, SADER, y Congreso de la Unión
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on el compromiso de trabajar conjuntamente para fortalecer al sector pesquero, concluyó la reunión virtual del fin de semana con el Subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández; el Subsecretario de Alimentación y Competitividad de la SADER, Víctor Suárez Carrera; el senador José Narro Céspedes y el diputado Eulalio Ríos Fararoni, presidentes de las Comisiones de Pesca en las Cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente, entre otros, informó la diputada federal Claudia Yáñez Centeno. Durante la videoconferencia, que fue convocada y moderada por los subsecretarios de Economía y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, antes citados, y en la que participó el
• Tomaron el acuerdo de trabajar para revocar Acuerdos de Importación de filetes de pescado, establecidos en 2013, 2014 y 2017 en la época del presidente Peña Nieto. • Se aclaró que, cuando la CONAPESCA presentó al Congreso su Anteproyecto de Presupuesto, se le preguntó al Comisionado si con ese monto les alcanzaba, y respondió que sí, y por eso quedó así: comentó la diputada federal Claudia Yáñez. titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo, así como Mariel Zamora Nava, Directora de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, de la SADER, se reconoció la iniciativa de la legisladora de Morena, Claudia Yáñez, para invitar al Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, a sumarse con acciones concretas a atender las demandas planteadas por pescadores. Entre los temas abordados
Imagen parcial de la videoconferencia en la que participaron legisladores y autoridades de las secretarías de de Economía y Agricultura.
durante el encuentro virtual, el Comisionado Raúl Elenes planteó que parte de las limitaciones operativas de la CONAPESCA se derivan del reducido presupuesto que ejerce en la actual administración, señalando que resulta insuficiente lo autorizado por los legisladores. Al respecto, la diputada Claudia Yáñez aclaró que, en su oportunidad, cuando la CONAPESCA presentó al Congreso su Anteproyecto de Presupuesto, ella personalmente le preguntó al Comisionado si con ese monto les alcanzaba, a lo que él respondió que sí, y por eso quedó así. Sobre la Licitación Pública nacional para importar 38,500 toneladas de filete de pescado frescos o refrigerados y congelados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2020, la Secretaría de Economía indicó que con ello se da cumplimiento al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2013, en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que dice: “a fin de completar la producción nacional de tilapia y atender las necesidades de los consumidores, se estima conveniente estable-
cer un arancel-cupo para los filetes de tilapia”. Precisaron los representantes de la Secretaría de Economía, que el Decreto del 13 de diciembre de 2013 fue revalidado con otro Acuerdo, publicado en el DOF el 14 de marzo de 2014, por el que se amplía el cupo de importación, libre de arancel, hasta por 55 mil toneladas anuales de filetes de tilapia y bagre. Señalaron además la existencia de otro Acuerdo vigente (del 2 de noviembre de 2017) por el que se amplía el cupo de importación hasta por 66 mil toneladas anuales. Una vez aclarado ese punto, los legisladores del Congreso de la Unión en ambas cámaras coincidieron en señalar que trabajarán para revocar dichos Acuerdos, que en la actualidad dan lugar a una competencia desleal con los productores nacionales; más aún si
se considera que ha sido ampliamente difundido que en su gran mayoría los productos importados (congelados) presentan alteración de la calidad nutricional por los aditivos añadidos para su conservación y exceso de agua que suelen contener. El senador José Narro Céspedes apuntó que también habrá de revisarse lo correspondiente a la importación de camarón de Ecuador, que afecta a pescadores y acuacultores mexicanos, preocupación que también fue compartida por el diputado Eulalio Ríos Fararoni y la diputada Claudia Yáñez Centeno, Presidente y Secretaria de la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados, respectivamente. Aprovechó La diputada Claudia Yáñez para anunciar que presentará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de
Acuerdo en el que exhortará a las autoridades correspondientes a derogar los Acuerdos citados y frenar las importaciones de pescados y mariscos, porque conllevan un impacto negativo sobre los productos nacionales, cuyo desplazamiento se ha frenado desde la cuaresma por la insuficiente demanda, ante el cierre de mercados y con existencias en bodega. Finalmente, reiteró que “es una necesidad generar las condiciones para poner a disposición de los pescadores y acuacultores mexicanos los mecanismos necesarios para re-dinamizar al sector y abrir los canales de comercialización para sus productos en nuestro territorio, para alimentar a la población mexicana con pescados y mariscos mexicanos; sólo así se podría pensar en la reactivación del sector pesquero y acuícola en México”, concluyó.
Exhorto al Jefe del Ejecutivo en Punto de Acuerdo, para derogar fracciones arancelarias de importación de pescado
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• Es necesario que se pongan a disposición del sector pesquero medidas que no coloquen en desventaja quienes se dedican a esa actividad, señala la diputada. • Exhortó, en otro Punto de Acuerdo a la Secretaría Economía, a declinar la apertura comercial a la importación de pescados; hoy pide derogar fracciones arancelarias.
a diputada federal Claudia Yáñez Centeno exhortó al Jefe del Ejecutivo a derogar cuatro fracciones arancelarias que se aplican a la importación de pescados y mariscos desde 2013, en apego a la fracción II, artículo 5, del Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el cual facilita su importación, en lo que hoy se considera una competencia desleal a los productores mexicanos.
Hizo el exhorto la diputada, a través de un Punto de Acuerdo presentado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el que menciona expresamente las fracciones arancelarias 0304.31.01, 0304.32.01, 0304.61.01 y 0304.62.01 consideradas en el Decreto antes mencionado, que fue publicado el 13 de diciembre de 2013 y otro el 14 de marzo de 2014, con subsecuentes modificaciones el 26 de septiembre de 2014, el 31 de diciembre de 2014 y el 12 de
noviembre de 2017. Lo anterior, por considerar la urgencia de “que el Estado mexicano le otorgue al sector pesquero y acuícola nacional un estatus y reconocimiento reales como productor y proveedor de alimentos nutritivos capaz de fortalecer la soberanía alimentaria nacional y la seguridad alimentaria a su pueblo”, apuntó. Agregó que es apremiante y necesario que se pongan a disposición del sector pesquero y
acuícola medidas que no coloquen en desventaja quienes se dedican a esa actividad, ni para su producción ni para su comercialización y distribución nacional. Las desventajas económicas del sector, antes de la emergencia sanitaria por Covid-19 y durante la misma, resultan preocupantes y de inaplazable atención por las instancias del gobierno federal, particularmente en virtud de la falta de evidencia de la necesidad de importación de filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados, remarcó. Recordó que ante una reciente licitación pública para importar 38,500 toneladas de filetes de pescado, la comunidad pesquera y sus dirigentes se alarmaron y buscaron el respaldo del Legislativo para frenar dicha acción, por lo que un grupo de diputados y el Senador José Narro se movilizaron y lograron reunirse con autoridades de la Secretaría de Economía, quienes informaron que la importación se hace al amparo de Acuerdos que datan de la administración del gobierno anterior. Detalló que después del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014, hubo varias modificaciones mediante Acuerdos publicados el 26 de septiembre de 2014, 31 de diciembre de 2014 y 2 de noviembre de 2017, según información de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Aunque ha sido grande la molestia de los pescadores al enterarse de la reciente licitación, por tratarse de normatividad vigente, no se puede hacer caso omiso, subrayó la Secretaría de Economía, y lo que procede es la derogación de las referidas fracciones arancelarias,
como se lo está pidiendo la diputada Claudia Yáñez al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Punto de Acuerdo presentado. Previamente, el 17 de junio, la diputada Claudia Yáñez exhortó mediante otro Punto de Acuerdo a la Secretaría Economía a declinar la apertura comercial a la importación de pescados, en apoyo a la difícil situación que enfrenta el sector pesquero y acuícola nacional, como consecuencia de las afectaciones económicas por la pandemia de Covid-19. Son muchos los líderes y legisladores que respaldan la iniciativa de la diputada Claudia Yáñez para derogar la importación de pescado y camarón, como es el caso del presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, Aureliano Aldama; del Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Humberto Becerra Batista; del presidente del Consejo Empresarial de Tilapia Mexicana, Francisco Romellón Herrera, de Carlos Urías, presidente de la Confederación de Actividades Acuícolas de Sinaloa (COADES), y de la experta asesora en temas pesqueros Rosa Elena Acosta. Asimismo, la respaldan el presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras, José de Jesús Camacho Osuna; el presidente de la federación de sociedades cooperativas pesqueras del centro poniente del estado de Yucatán, José Luis Carrillo Galaz; el presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez; el dirigente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la Paz, BCS., Alejandro Tirado y los diputados Alfredo Porras y Ana Ruth García Grande de Baja California Sur, entre otros.
Filetes de pescado (curvina)
Para celebrar y reprobar; empresarios pagan impuestos viejos, pero lanzan campañas de desprestigio al Ejecutivo • Es un proceso de polarización y se han adherido un puñado de gobernadores y políticos enojados al no poder seguir haciendo sus jugosos negocios con dinero público, señala. • Corporativos empresariales tratan de no pagar las grandes millonadas de impuestos que adeudaban, acostumbrados a las condonaciones con que otros gobiernos los beneficiaban. a diputada federal Claudia Yáñez Centeno celebró que en la semana que concluye, uno de los más grandes consorcios del país haya pagado al SAT la cantidad de 8 mil 790 millones de pesos que debería haber cubierto mucho antes y no lo había hecho porque al igual que otros empresarios quisieron un FOBAPROA 2. Al mismo tiempo reprobó que al no lograr su pretensión, ciertas corporaciones empresariales en su enojo y con el afán de evitar el Agregó que “directivos de granpago de impuestos que les corres- des corporativos empresariales en ponde, han lanzado campañas de México, con desesperación tratan desprestigio contra el Ejecutivo de no pagar las grandes millonaFederal. das de impuestos que adeudaban, La legisladora del estado de acostumbrados a las condonaColima por Morena, en entrevisciones con que otros gobiernos ta, llamó a estar alertas porque los beneficiaban a cambio de “si bien es cierto que México y el compromisos inconfesables. Al no mundo tienen dos problemas, el lograr su pretensión, ellos están sanitario y el económico, muchos buscando polarizar, incendiar y de los grandes empresarios del desestabilizar, porque no quieren país, con el pretexto del COcumplir con sus deberes y obliVID-19, tratan de aprovechar en gaciones; no quieren cumplir con su beneficio esta situación para sus responsabilidades; no quieren enriquecerse más. Estos grandes el bienestar para todos los mexideben pagar sus impuestos para canos sino el bienestar para ellos de ahí promover una estrategia mismos y unos cuantos”. para ayudar a las pequeñas y meClaudia Yáñez Centeno dijo dianas empresas que en muchos también que, en ese proceso de casos buscan una línea de flotapolarización, a algunos líderes ción en su maltrecha economía empresariales se han adherido un por los efectos colaterales de la puñado de gobernadores y polítipandemia”.
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cos que manifiestan su enojo al no poder seguir haciendo sus jugosos negocios con dinero público y ver disminuidos sus privilegios por este nuevo gobierno que busca el bienestar para la mayoría de mexicanos, que fue elegido por más de 30 millones de votos y que en las encuestas de popularidad y confianza supera a muchos. Dijo que todos los días se ven manifestaciones de inconformidad inducidas, porque “los gobernantes ya no reciben sus grandes bolsas de dinero sin obligación de comprobación; se les cerró la llave, ya no podrán hacer sus grandes negocios particulares con dinero público; ya no va haber huachicoleo; ahora están obligados a trabajar; los ex presidentes Calderón y Fox, ya no reciben sus pensiones millonarias; y los políticos ‘PRIANISTAS’ ya no reciben sus bolsas de billetes”. Añadió la diputada federal que muchos de los grandes empresarios se habían acostumbrado a evadir impuestos y sobornar a funcionarios para obtener grandes beneficios, éstos varones del dinero junto con los gobiernos anteriores, se repartían jugosas recompensas a cambio de ganar-ganar de ambas partes; ahora están furiosos, tienen que pagar impuestos y deberán mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que privan en muchos de los grandes corporativos empresariales, no más trabajo y pago a destajo, o como ‘asociados’ sin las prestaciones de ley.
Gobernadores cuyos estados padecen inseguridad y violencia se envalentonan en Colima contra la federación
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a diputada federal Claudia Yáñez Centeno criticó que seis gobernadores del llamado “bloque opositor” –con la anuencia del gobernador local--, acudieron hasta la tranquila comunidad de Nogueras en Colima, a despotricar contra el gobierno federal con el pretexto de rechazar la estrategia de “nueva normalidad” por el COVID-19 y la aplicación unilateral del semáforo de riesgo para la reapertura de actividades productivas, sociales y educativas. Al referirse a la Reunión Interestatal de los siete gobernadores de Jalisco, Durango, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Colima, que tuvo lugar el viernes 29 de mayo en el municipio de Comala para exigir respeto de la federación y pedir la revisión del reparto de recursos de la hacienda pública, la legisladora federal señaló que no tienen autoridad moral pues no son sus estados de los mejor gobernados en el país. “En lugar de gastar en traslados, como en esta su tercera gira con derroche innecesario de recursos, mientras siguen aumentando las deudas en sus gobiernos locales y sus ciudadanos mantienen con sus impuestos el ostentoso ritmo de vida de estos gobernadores ‘fifís’, mejor deberían demostrar para qué fueron elegidos”. Lo que tienen en común los siete gobernadores es que han aumentado sus deudas de manera ofensiva y a través de estos actos y con el pretexto de la reactivación de la economía deprimida por el COVID19, buscan que el gobierno federal les dé montones de dinero como estaban acostumbrados y que les autoricen créditos. “Lo que se debe hacer es que les hagan revisiones de la Auditoría Superior de la Federación para que los ciudadanos sepamos cuánto han recibido por parte del gobierno federal desde el comienzo de sus respectivas administraciones y qué han hecho con esos recursos; deben rendirnos cuentas a los ciudadanos”.
Recordó que el gobierno federal en esta pandemia ha apoyado a la población a través de programas sociales como la pensión para el bienestar de adultos mayores y de personas con discapacidad; el programa de comunidades sustentables sembrando vida, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar; Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior, además de los apoyos al sector salud con la distribución a todo el país de insumos e instrumental médico que se ha recibido en 12 vuelos gestionados por la Secretaria de Relaciones Exteriores, así como la dispersión de apoyos a tres millones de empresas pequeñas y medianas. “No están las circunstancias para movimientos protagónicos de ese grupo de gobernadores; es momento de que asuman su responsabilidad de todo el desorden, por no decir cochinero, que tienen en sus estados, y un ejemplo es la dupla de los de Michoacán y Colima cuyos estados destacan por los índices delictivos, homicidios, violencia familiar, violaciones, feminicidios, secuestros, fosas clandestinas y extorsión”. Mencionó que el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles “al hablar a nombre de los participantes en su ‘minicumbre’ de Nogueras fue quien pidió se revise la repartición de los recursos de la hacienda pública, y seguramente lo hizo porque es de los estados más endeudados del país”. “Y el gobernador priísta de Colima, José Ignacio Peralta, se distrae en eventos como este en lugar de atender en su tierra, que ya parece zona de guerra, la creciente proliferación de bandas criminales, Inseguridad en aumento con fosas clandestinas en Armeria y en Tecoman; desaparición de mujeres, incluida una diputada local, policías masacrados y balaceras en las que elementos de la Guardia Nacional, civiles y hasta militares terminan heridos o muertos, añadió. “Y qué irónico que mientras estaba
su minicumbre se informó a través de los medios que diez policías del estado y dos civiles habían desaparecido en un camino de terracería cerca del ejido de la Loma, en Minatitlán, Colima”. Estos siete gobernadores se han reunido tres veces en otras entidades; ahora lo hicieron con el pretexto de rechazar la estrategia de “nueva normalidad” por el COVID-19 y la aplicación unilateral del semáforo de riesgo para la reapertura de actividades, pero la realidad es que no trabajan para reducir los efectos de la emergencia sanitaria y tienen en abandono al sector salud en sus estados y la mayoría de los centros de salud en las zonas rurales se encuentran sin médicos, sin medicamentos y sin los instrumentos necesarios. En lugar de gastar en estas reuniones deberían comprar respiradores que tanta falta hacen. En ese sentido -comentó la diputada-, el gobernador independiente y expriísta de Nuevo León, Jaime Rodríguez, señaló que en su tierra se han gastado millones de pesos en reconversión de hospitales y compra de insumos sin apoyo de la Federación, pero lo que no dijo es que Nuevo León se ubicó este año como el estado con mayor número de víctimas de feminicidios de todo el País, así como con mayor violencia familiar. Claudia Yáñez apuntó que los estados requieren que sus gobernadores se ocupen de tiempo completo de los problemas que afectan a su población, como en Jalisco, a cargo de Enrique Alfaro, del partido Movimiento Ciudadano, que es de los estados con mayor número de homicidios y fosas clandestinas. O como en Coahuila, que gobierna Miguel Riquelme, del PRI, que ha venido enfrentando serios problemas de violencia familiar y narcomenudeo, o Tamaulipas a cargo de Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, que es el tercer estado con mayor percepción de inseguridad en el país, o Durango, cuyo gobernante, José Rosas Aispuro Torres, panista y expriísta, no puede frenar la violencia familiar, los homicidio y el robo de vehículos, pero se dan tiempo para venir a protestar contra el Ejecutivo Federal en lugar de trabajar por su propio estado.
Oposición de mayoría legislativa a Controversia Constitucional de Laura Rojas contra el acuerdo presidencial de disponer de las fuerzas armadas para tareas extraordinarias de seguridad pública controversia constitucional por enUn elevado número de dipu- cima de la opinión de la Dirección tados de Morena así como varios legisladores del PT y del PES suscribieron una declaración en la que manifestaron su respaldo a la política de pacificación del país emprendida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y rechazaron enfáticamente la decisión de la Presidenta de la Cámara de Diputados Laura Rojas Hernández de interponer una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial por el que se dispone de las fuerzas armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria regulada fiscalizada subordinada y complementaria. La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, consideró que la presidenta Laura Rojas incurrió en uso indebido de funciones, al presentar dicha
Jurídica de la Cámara de Diputados, y debió consultar a la Mesa Directiva en su conjunto y a la Junta de
Coordinación Política, antes de llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dip. Claudia Yáñez analiza temas con el Presidente estatal de Morena, y el representante ante el INE
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a diputada federal Claudia Yáñez Centeno sostuvo este jueves 25 una reunión de trabajo con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Colima, Sergio Jiménez Bojado, y con el representante de ese partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en la Comisión Local de Vigilancia, Armando Carrillo. Durante el encuentro analizaron los temas tratados en la Sesión Ordinaria del INE en el estado, la nueva sectorización de las Secciones en los Distritos Electorales 1 y 2, así como el Informe de los Módulos de Atención sobre entrega de credenciales del INE a ciudadanos y su problemática; además, conversaron respecto a los procesos de credencialización de mexicanos en el extranjero.
Espera Claudia Yáñez Retomar rescate Del Centro Histórico
La Diputada Federal señaló que por cuestiones de la cuarentena se suspendió temporalmente el programa. Julio César GONZÁLEZ RINCÓN
La diputada federal por Morena, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, dijo esperar que muy pronto se pueda retomar el proyecto de rescate del Centro Histórico ‘Juntos Logramos más, Manzanillo se pinta’. Señaló que por cuestiones de la cuarentena por Covid-19 y el cuidado de la salud de las personas que participaban en el rescate de espacios públicos, se suspendió temporalmente el programa, sin embargo, dijo que en cuanto los tiempos lo permitan, se retomarán para seguir transformando la fisonomía urbana de la ciudad. Indicó que se lleva un avance importante en los Sectores 1 y 2, donde reconoció la participación de los vecinos, quienes, dijo, esperan retomar los trabajos.
Además agradeció la participación de la Secretaría de Marina-Armada de México por su apoyo en las actividades. “Ese es el espíritu de este programa, que sociedad, gobierno y todos los sectores nos sumemos con un mismo fin, que es el de mejorar nuestros entornos, y sólo así podremos generar una mejor sociedad y mejorar la calidad de vida de nuestras familias”, expresó. “Hice un compromiso con las familias de que este proyecto va a continuar, y no se me ha olvidado, sólo les pido paciencia por la situación por la que estamos, pero confiemos en que muy pronto regresaremos de nuevo a estos sectores, trabajando hombro con hombro, por el rescate de los espacios públicos del Centro Histórico”.
El trabajo de gestión legislativa que realizamos es a todos los niveles La pesca, una de las prioridades legislativas
¡La pesca no se detiene! Escuchamos de los pescadores cooperativistas de la laguna de Cuyutlán, en Colima, sus preocupaciones y problemática que efrentan, como la recurrente mortandad de peces. Juntos analizamos opciones para que puedan salir adelante con proyectos acuícolas.