Firma Antonio Pérez Girón 160614

LAS AGUAS REVUELTAS DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS Antonio Pérez Girón El conflicto de las aguas en la bahía de Algeciras no es más que una parte – importante, por supuesto–, del contencioso de Gibraltar. Agravado por la actitud de las autoridades gibraltareñas de impedir la tradicional faena de los pescadores campogibraltreños y el posterior lanzamiento de bloques de hormigón bajo el argumento de la preservación del fondo marino, ha trascendido al marco de la Unión Europea que envió a una delegación para comprobar las retenciones por parte española en el control aduanero en la verja. No es difícil averiguar que la actitud del nuevo ministro principal del Peñón Fabián Picardo, es una respuesta a la desaparición del Foro Tripartito de Diálogo, impulsado por el gobierno de Zapatero para afrontar cuestiones relacionadas entre la colonia y el Campo de Gibraltar, y que incluía a España, Reino Unido y Gibraltar.

El gobierno del PP dio un giro a esa actuación, que había situado, por primera vez, a las autoridades del Peñón al mismo nivel que Londres y Madrid. Rajoy solicitó de David Cameron la ampliación del Foro a la participación de representantes de la comarca campogibraltareña, obteniendo la negativa tanto del primer ministro británico como de las autoridades de Gibraltar.

En ese escenario volvieron a agitarse las aguas de la bahía con incidentes graves entre la policía de la colonia y la Guardia Civil.

España volvió a esgrimir el artículo X del Tratado de Utrecht, en el que no se hacia cesión de las aguas, salvo las interiores del puerto de entonces, lo que se denomina como “costa seca”. Por su parte, Gran

Bretaña defiende que la cesión del territorio incorpora la de las aguas adyacentes, en virtud del principio “la tierra domina al mar”.

En este conflicto habría que distinguir dos cuestiones que, a mi juicio, deben ser diferenciadas: el mar derivado de la cesión del Peñón a Gran Bretaña en 1713, y el referido al istmo, que jamás fue cedido por España. En este segundo caso, Londres dice pertenecerle por prescripción, dada la ocupación prolongada de los terrenos no cedidos.

Sin embargo, España no cesó en ningún momento de denunciar dicha ocupación ilegal por parte británica, aunque tardaría mucho tiempo en adoptar una postura firme que impidiera que la verja no siguiese avanzando hacia La Línea.

Así las cosas, España no controla las aguas en litigio –milla y media en la zona de poniente y tres en la de levante– , donde se lleva a cabo la práctica del bunkering o suministro de combustible a buques fondeados en la bahía, una acción prohibida en aguas españolas, y especialmente peligrosa para el medio ambiente.

Gibraltar es partidario de llevar a los tribunales internacionales el conflicto, pero España, que no reconoce más allá de lo establecido en el Tratado de Utrecht, en todos los convenios internacionales que en esta materia ha firmado, estableció cláusulas en los que salvaguarda las aguas de la bahía por ser la colonia británica un territorio sometido a proceso de descolonización por las Naciones Unidas.

A pesar de todo, el gobierno español, sin reconocerlo oficialmente, permitió en 1999 un acuerdo entre el entonces ministro principal gibraltareño Peter Caruana y los pescadores de la zona, para faenar en las referidas aguas. Acuerdo eliminado por el nuevo responsable del Peñón Fabián Picardo, alegando la mencionada protección de la fauna marina.

Desactivar la tensión es necesario antes de que se produzcan hechos de mayor gravedad, sobre todo para la integridad de las personas. En mi opinión el principio de “costa seca” puede ser discutible, mientras que las aguas del istmo no admiten discusión alguna, pues son el fruto de una ocupación claramente ilegal.

Por tanto, se impone una transacción que reproduzca la normalidad en la faena pesquera, teniendo en cuenta que hay aguas que, desde la más pura lógica y con la ley en la mano, pertenecerían a España. Y en este sentido, alcanzar una solución, está en la mano de los gobernantes gibraltareños.