El expresidente Álvaro Uribe, durante su gobierno promovió la desmovilización de grupos paramilitares, los cuales incluyeron la ley de justicia y paz; siendo acusado por sus opositores por sospechas de haber participado o tenido relación con el Cartel de Medellín y haber fomentado el paramilitarismo en Colombia. Uribe, ha desmentido estas afirmaciones ya que de haber tenido relaciones con éstos grupos al margen de la ley, no hubiera llevado a la cárcel a sus cabecillas e incluso extraditado alguno de ellos. Algunos de sus críticos piensan que las condiciones por las cuales se llevó esta desmovilización no son suficientes para impedir que se presente impunidad en temas puntuales como crímenes de lesa humanidad o su relación con el narcotráfico, así como la reparación de víctimas y el delinquir desde las cárceles por parte de los que se encuentran privados de la libertad, otros grupos emergentes aún continúan en las prácticas de narcotráfico y paramilitarismo. Uno de los acontecimientos más delicados es que cualquiera que pretenda reclamar la reparación de víctimas resulta asesinado. Por tal razón al gobierno de Uribe, se le responsabiliza de presuntas violaciones de los derechos humanos. Una vez (erradicados) estos alzados en armas, se inician una serie investigaciones dando como resultado que muchos políticos y funcionarios del gobierno Uribe, estaban salpicados o eran aliados de grupos paramilitares, lo que dió origen al escándalo de la “parapolítica”. En algunos casos, algunos dirigentes políticos alcanzaron cargos de alcaldes, asambleas municipales, gobernaciones y Congreso de la República. Algunos funcionarios del Estado que habían sido beneficiados, fueron judicializados por haber desviado dineros públicos para el fortalecimiento y
formación de nuevos grupos ilegales; trayendo como consecuencia masacres, asesinatos y desplazamiento de campesinos a las cabeceras municipales. Con esta serie de hechos, se le responsabiliza al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, de la afectación de las relaciones internacionales, especialmente con el Congreso de los Estados Unidos y algunas organizaciones de derechos humanos; adicionalmente se presentó un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República. A las Autodefensas Unidas de Colombia se les conoce como grupos criminales de extrema derecha, quienes financiados por el narcotráfico incursionaron muy adentro de la política y ejercían gran influencia en los debates electorales y hasta en las Fuerzas Armadas. Al parecer, al expresidente Uribe se le acusa de haber permitido la infiltración de los paramilitares en el DAS, de la presión que ejercían las AUC en los comicios electorales del 2002 y 2006, los que resultaron a favor suyo para ganar la elección y reelección respectivamente. Su imagen se vio afectada enormemente lo que le impidió una segunda reelección y después de más de tres años un juez lo acusa de tener nexos con los paramilitares, a lo que Uribe niega, y por su parte afirma haber combatido a estos grupos y jamás haberse reunido con ellos. En conclusión, el modelo de gobierno de Uribe bajó el programa de Seguridad Democrática, en un comienzo se veía muy prometedora, pero a medida que fue pasando su primer periodo de mandato y la forma como fue aprobada su reelección, sumándole el fenómeno de la parapolítica, comenzó a empañar su imagen tanto nacional como internacionalmente, sumándole los continuos enfrentamientos con países vecinos, especialmente con Venezuela y Ecuador. Aunque hoy día los grupos de las AUC prácticamente han sido desmovilizadas y sus comandantes unos judicializados en Colombia, otros extraditados y su principal jefe Carlos Castaño muerto, aún se viven las secuelas que dejaron a su paso en el territorio colombiano y aún no han sido reparadas sus víctimas, ni se conoce el verdadero lugar de los desaparecidos.