Anuario Joly Andalucía 2015: Nacional

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Tiempos de catarsis JOSÉ ANTONIO CARRIZOSA ● Un 2014 mejor y mejorable JOSÉ A. HERCE ● La nueva monarquía española PILAR CERNUDA ● La reforma constitucional MANUEL CLAVERO ARÉVALO ● Sin partido dominante JUAN MANUEL MARQUÉS PERALES ● El paro y otros problemas JOSÉ JOAQUÍN LEÓN ● La regeneración democrática en marcha JUAN RAMÓN MEDINA PRECIOSO ●

Corrupción y estado de derecho Panorama de la corrupción ROBERTO PAREJA ● El pequeño conseguidor PEDRO INGELMO ● La corrupción en Andalucía JORGE MUÑOZ ● El catecismo de Podemos EDUARDO JORDÁ ● El problema catalán como motor del cambio ANTÓN COSTAS ● Pedro Sánchez, con permiso DAVID FERNÁNDEZ ● UPyD y Ciudadanos, un amor imposible JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DEL CORRAL ● Adolfo Suárez, el encantador de serpientes LUIS VILLALBA ● Ley de Seguridad Ciudadana: ¿mordaza o seguridad? YAGO VILLADÓNIGA ● A seis metros de altura de una vida mejor ÓSCAR LEZAMETA FERNANDO GOMÁ ●

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Tiempos de catarsis José Antonio Carrizosa Director de Publicaciones del Grupo Joly

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uando haya suficiente perspectiva histórica para analizar los años de la gran crisis económica que apenas empieza a quedar atrás y sus consecuencias políticas y sociales, 2014 será etiquetado como el año en el que el sistema salido del final de la dictadura franquista y de la Constitución de 1978 hizo quiebra. 2015 y 2016 serán los años en los que se ponga a prueba si las alternativas que han empezado a dibujarse en el horizonte son capaces de sustituirlo o bien el propio sistema es capaz de regenerarse para seguir siendo la amalgama capaz de dar estabilidad al país. Esa quiebra tuvo tres signos definitorio que marcaron el año y que destacaron sobre un fondo de profundo descontento social consecuencia directa de la falta de empleo, de las profundización de las diferencias sociales y del desprestigio de una clase política azotada por las revelaciones sobre casos de corrupción y la constatación de una notoria ineficacia para abordar los problemas que convulsionaban a la sociedad. Esos tres signos son: el relevo en la Jefatura del Estado con la abdicación del Rey Juan Carlos, la aparición en las elecciones europeas de un fenómeno como Podemos que ha convulsionado el apolillado tejido del bipartidismo español y el desafío independentista catalán, plasmado en el referéndum farsa del 9 de noviembre, que supone el primer riesgo serio de ruptura de la unidad nacional en ochenta años.

berse visto obligado a pedir un vergonzante perdón público por el incidente de Bostsuana o de haber dado una imagen patética durante el discurso de la última Pascua Militar que presidió. La situación penosa en la que era percibida la Corona en todos los sondeos de opinión ponía en peligro su propia supervivencia y, por ende, la estabilidad del Estado. Así las cosas se hizo lo único que podía hacerse para atajar la hemorragia de desprestigio: cortar por lo sano y proceder al relevo en la Jefatura del Estado. Es evidente que don Juan Carlos no se merecía el final de reinado que tuvo.

Su contribución a la consolidación de España como un país democrático y plenamente europeo fue la más decisiva y estará

El Rey Don Juan Carlos firma su abdicación.

Si la Corona se había equivocado tanto como para poner en peligro su supervivencia, no lo habían hecho mucho mejor los dos grandes partidos sistémicos que protagonizan la escena política española desde la Transición. La irrupción de Podemos en las elecciones europeas de mayo respondió, básicamente, al estado general de cabreo de la sociedad española por el deterioro de sus condiciones de empleo y de vida, la falta de perspectiva para los jóvenes y a la falta de reacción de PP y PSOE, que han demostrado ser estructuras anquilosadas, minadas por la corrupción e incapaces de dar respuesta a la demanda de una sociedad que ha visto como se la arrinconaba y no se le daban respues-

/ EFE

La abdicación de Don Juan Carlos, la aparición de Podemos y Cataluña marcan la quiebra del sistema surgido de la Transición

Artur Mas, el pasado 9 de noviembre, fecha de la consulta. / EFE

Pablo Iglesias, líder de Podemos.

Don Juan Carlos abandonó el trono para salvar la Corona. Así de simple. El desprestigio en el que había caído la institución por los propios errores del monarca y por el comportamiento de su hija Cristina y su marido había hundido a la institución en el caos y el rechazo social era cada día más apabullante. La Monarquía había dejado de ser útil a la sociedad y eso supondría, antes o después, su final. El Rey, con su salud claramente deteriorada, era incapaz de capear ese temporal después de ha-

ya para siempre en los libros de historia.

Pero había arruinado su labor por sus propias equivocaciones y eso siempre termina pagándose. La llegada de Felipe VI demostró que la regeneración es el único camino para enmendar el rumbo cuando se ha perdido el favor de la gente. El nuevo Rey con discreción y eficacia ha tenido un comienzo de reinado intachable y ha jugado fuerte para recuperar a una institución que hoy por hoy sigue cumpliendo en España un papel necesario y casi insustituible.

tas. Los deseos de dar una patada en el culo a los dos grandes partidos dio alas a Pablo Iglesias, un magnífico comunicador bregado en las tertulias televisivas con un mensaje a caballo entre el populismo y la extrema izquierda. Podemos no se aleja mucho de otros fenómenos surgidos en Europa en los últimos tiempos que ponen en cuestión el propio sistema político.

Desde Syriza en Grecia a Beppe Grillo en Italia, pasando por Francia y Marie Le Pen o los eurofóbicos británicos, la crisis

/ EFE

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ha dado lugar a la puesta en valor de las actitudes antitodo. El caso español se inscribe perfectamente en esta línea. La gran incógnita, que necesitará algún tiempo para despejarse, es si Podemos es capaz de articular una opción política de mayorías, con un programa coherente, o por el contrario se convierte en un fenómeno pasajero. No dependerá sólo de lo que sea capaz de hacer la formación que lidera Iglesias. También dependerá mucho de si PP y PSOE son capaces de regenerarse y volver a conectar con sus electorados naturales. La crisis ha cambiado el panorama social y las clases medias han acusado más que ninguna otra el hundimiento económico. Y son las clases medias las que en España ponen y quitan gobiernos en las elecciones. La búsqueda de nuevas alternativas políticas es un signo claro de un sistema que no da más de sí.

Pero sin duda dónde el sistema político español va dar la talla es en la resolución del desafío catalán. El órdago independentista se ha lanzado aprovechando la debilidad de un Estado que ha perdido posiciones a marchas forzadas durante los últimos años. La cohesión nacional ha saltado por los aires porque lo ha hecho antes la cohesión social. Cataluña es quizás el síntoma más claro de la enfermedad que ahora padece España. De hecho, ha supuesto la ruptura efectiva del modelo territorial consagrado en la Constitución, el de la equiparación de todos los territorios en cotas de autogobierno. Si Cataluña finalmente sigue siendo España lo será tras una reforma constitucional que ya se adivina en el horizonte. La consecuencia de esa reforma será el reconocimiento, de alguna forma, de la singularidad de esta comunidad y del País Vasco. En este complicado juego quien lleva las de perder es Andalucía para la que el desarrollo autonómico no ha supuesto acortar los índices de bienestar que la separan de la regiones más ricas del país. Pero, además, si España llega a

Un 2014 mejor y mejorable José A. Herce Profesor de Economía en la UCM y director asociado de Afi

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l año recién transcurrido es, a la vez, sencillo y complejo de analizar en el plano socio-económico. Es sencillo porque algunos de sus indicadores más importantes, como son el crecimiento del PIB o el del empleo son nítidos y, afortunadamente, positivos (o muy positivos, si nos referimos al empleo). Tras la desoladora segunda recesión de 2012/2013, parece que ya hemos dejado atrás sin margen de incertidumbre, como la que podíamos mantener a principios de 2014, los suelos de la crisis y que se están dando sólidas asas de recuperación de la actividad, la renta y el empleo.

Es más complejo, por otra parte, en esa misma dimensión socio-económica, porque se han profundizado algunos procesos indeseables, como son el de la precariedad de una amplia capa de la población o la desconfianza en las

instituciones, y se han enviado señales contradictorias, en mi opinión, en el plano de la política económica. No se olvide que muchas circunstancias mandan en la definición de la política económica en cada momento. En este sentido, el año recién transcurrido se ha caracterizado por un año preñado de electoralismo.

Pero vayamos por partes, en primer lugar los indicadores.

El PIB ha acabado creciendo en 2014 a tasas interanuales cercanas o ligeramente superiores al 2% (un 1,6% en el III trimestre de 2014, según el INE y un 2,04% en el IV trimestre según Afi). Esta ha sido una trayectoria acelerada desde que se acabó la recesión de 2012-2013 en el III trimestre de 2013 y todos los trimestres de 2014 han tenido ya tasas interanuales positivas y crecientes.

El empleo, por su parte, ha venido >> creciendo mes tras mes desde febre-

El empleo, por su parte, ha venido creciendo mes tras mes desde febrero de 2014, después de 68 meses de descensos

Se abre un periodo de enormes incertidumbres en el que todo va a estar en cuestión, incluida la propia naturaleza del sistema desmembrarse la Unión Europea tendrá un problema especialmente grave. Una alteración de fronteras en Europa occidental puede hacer saltar demasiados equilibrios.

La abdicación, Podemos y Cataluña indican que en España ha comenzado una catarsis. Los duros años soportados desde que en 2008 la situación económica se hundiera pasan ahora su factura política.

Se abre un periodo de enormes incertidumbres en el que todo va a estar en cuestión. Incluida la propia naturaleza del sistema.

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La ministra Fátima Báñez, acompañada por una responsable del Ministerio.

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ro de 2014, después de 68 meses de

>> descensos continuados. Así, la afilia-

ción en diciembre de 2014 acabó siendo superior a la de diciembre de 2013 en 417.574 efectivos. La tasa de paro, todavía por encima del 23% en el IV trimestre de 2014 ha caído, sin embargo, más de 3 puntos porcentuales desde que rozase el 27% en el I trimestre de 2013, casi dos años antes.

A estos ritmos de creación de empleo y reducción del paro, los próximos años podrían representar un vuelco del mercado de trabajo, especialmente si lo comparamos con el hundimiento sin precedentes sufrido durante esta larga y onerosa crisis.

Adicionalmente, las proyecciones de población del INE indican que la población en edad de trabajar podría disminuir muy intensamente en lo que queda de la presente década, lo que aceleraría sensiblemente la resolución del descomunal problema de desempleo que mantiene la economía española.

En segundo lugar el análisis de estos indicadores y sus relaciones, las cuales dicen más de lo que parece a primera vista.

La economía española ha vuelto a crear empleo, después de casi siete años destruyéndolo. Eso sí, creciendo muy modestamente en 2014. La relación entre la dinámica del paro y la del PIB es cambiante en el tiempo, a pesar de que la misma incorpore características estructurales de la economía. Así, antes de la crisis, se empezaba a crear empleo si el PIB crecía claramente por encima del 1% en términos ínter anuales. Este bajo Umbral de Crecimiento del Empleo (UCE) solo puede tener una consecuencia: un avance muy modesto de la productividad, aunque la creación de empleo en los años previos a la crisis fuera portentosa. El deterioro estruc-

En España existe un patrón anticíclico de la productividad, una verdadera anomalía en economías avanzadas tural que se produjo en los primeros momentos de la crisis, sin embargo, llevó el UCE cerca del 2%. Es decir, era mucho más difícil crear empleo y las fuertes caídas reales del PIB solo podían traer consigo caídas proporcionalmente más intensas del empleo, como así sucedió. Las reformas del mercado de trabajo, en 2011 y 2012, han vuelto a hacer que el UCE descienda a los niveles de pre-crisis y la economía ha vuelto a un régimen de funcionamiento en el que se crea empleo si el PIB crece por debajo del 1%.

Como se sabe, la diferencia entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del empleo es justamente el crecimiento de la productividad (del trabajo). En la economía española, la productividad es más bien baja y crece desmesuradamente en las recesiones, creciendo muy poco, o incluso disminuyendo, en las expansiones.

Este patrón anticíclico de la productividad es una verdadera anomalía frente a la mayoría de economías avanzadas, y esconde características indeseables de nuestro mercado de trabajo que deberían corregirse cuanto antes.

Por último, las políticas económicas aplicadas. Las políticas económicas en 2014 han ido (exagero) de lo inverosímil a lo innecesario, pasando por lo invisible, si bien no han faltado actuaciones sensatas y bien orientadas. No debe olvidarse, pa-

ra entender esto, que 2014 ha sido un año preelectoral.

Como también es bien sabido, las políticas económicas se dividen en políticas de demanda y de oferta. Las primeras, a su vez, se dividen, en políticas monetarias y fiscales.

Pues bien, la política monetaria, y esto sí que es archisabido, se aplica desde el BCE. En este plano, si bien se han dado pasos decisivos, en 2014, hacia la unión bancaria, el BCE sigue deshojando una margarita: la de si aplica medidas de adquisición masiva de deuda pública (QE). A la hora de remitir este artículo (mediados de enero de 2015), ahí seguimos.

La política fiscal, por otra parte, constreñida por la necesidad de cumplir los objetivos de déficit, pero con cierta laxitud, se ha orientado, por el lado del gasto, en un cierto relajo del mismo, especialmente en la contratación de efectivos laborales por parte de las administraciones autonómicas, y por la vía de modestas concesiones en materia de gasto social. Por el lado de los ingresos, la reforma fiscal, en vigor desde el 1 de enero del presente año, se ha caracterizado por unas rebajas de impuestos across the board que no podíamos permitirnos cuando se adoptó (en mi opinión), aunque la ganga de la caída del precio del petróleo haya acabado acomodándola sin mucho problema. Tampoco han sido insignificantes las sucesivas ediciones del Plan PIVE, que han sido muy estimulantes para el sector y para la demanda doméstica, aunque la mayor parte de los vehículos que adquieren los españoles son importados y el plus de demanda ayuda tanto a los concesionarios españoles como a los fabricantes extranjeros.

Por el lado de la oferta, en lo que se refiere a la reforma laboral, el grueso del tra-

La defensa de la competencia es la mejor política de reforma del mercado de trabajo que existe, además de producir muchos otros beneficios bajo se hizo en 2012 sobre la base de lo realizado en 2011. Ya se ha comentado que esta política ha sido seguramente muy beneficiosa. En 2014 se ha avanzado en materia de formación y apoyo económico a los parados y en los estímulos a la contratación. Hay que hacer mucho más y más intenso, especialmente en materia de formación profesional. Apenas se ha luchado contra la lógica oligopolística con la que funcionan los mercados de bienes y servicios en España. En mi opinión, la defensa de la competencia es la mejor política de reforma del mercado de trabajo que existe, además de producir muchos otros beneficios.

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La nueva monarquía española Pilar Cernuda Periodista

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unes 2 de junio. Una fecha para la historia. El presidente de Gobierno, en una comparecencia anunciada esa misma mañana, anuncia la abdicación del Rey Juan Carlos. Poco después es el propio Rey quien explica las razones de su abdicación y su confianza en el que unos días más tarde va a ser Felipe VI. Su hijo, educado para asumir sus responsabilidades, cuando lleguen, desde el mismo día de su nacimiento, un Príncipe de Asturias perfectamente preparado para ser Rey, como advierte con cierto orgullo en la voz su padre en su discurso de despedida. Porque fue un discurso emotivo y sin duda de despedida. Don Juan Carlos, que siempre había dicho que los reyes españoles no abdican mientras les acompañe la salud y tengan fuerzas para seguir adelante, tomó la decisión de dimitir cuando advirtió que le sobraban fuerzas pero le faltaba salud.

Fue un Rey excepcional y un hombre que, como todos los hombres, comete errores y suma sombras a las luces de su biografía. Pero a pesar de esas sombras logró el respeto generalizado de dos generaciones de españoles conscientes del trabajo realizado, de sus esfuerzos, de su dedicación, de su empeño en luchar contra viento y marea para construir una nueva España con una bandera fundamental para que la aventura tuviera éxito: reforma y no ruptura.

D. Juan Carlos ha sido un gran Rey. Un espléndido Rey. A pesar de todo, a pesar de los errores cometidos. La balanza se inclina tozuda y justamente hacia el lado en el que se valora su valentía para defender las libertades, su coraje para llevar adelante el proyecto democratizador, su intuición para ver las jugadas con las que podía sortear los muchos obstáculos que encontraba en el camino y la generosidad con la que trabajó con ahínco por una España mejor.

Pesa además en la balanza su cercanía en el trato, su llaneza, su sentido de la lealtad y su patriotismo. El ejemplo más significativo, su reacción ante la intentona del 23 de febrero, haciéndose cargo de la situación con un gobierno secuestrado y

para darles órdenes de defender la legalidad y, a media noche, aparecer en la televisión con su uniforme de teniente general para insistir en esa legalidad.

El Rey Juan Carlos ha sido el respaldo más sólido con que han contado los sucesivos presidentes de gobierno, aunque las relaciones personales han sido más fluidas con unos que con otros, por cuestión de carácter o de empatía. Sintió un afecto muy profundo por Adolfo Suárez cuando emprendieron los dos, codo a codo, la difícil peripecia de las Transición, aunque en los últimos meses de gobierno de Suárez era muy evidente el distanciamiento. De hecho hay quien vio en la dimisión del presidente una consecuencia de la falta de apoyo del Rey.

A pesar de todos los errores cometidos, D. Juan Carlos ha sido un gran Rey, que ha trabajado con generosidad y coraje

Abrazo entre Don Juan Carlos y Don Felipe, en la cermonia de abdicación. / JEFE

No podía repetirse el fracaso de las dos España, era el momento de restañar las heridas de la guerra civil, no de hurgar en ellas. Y en esa aventura logró el acuerdo y el respaldo de nombres como Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga y Santiago Carrillo entre otros, por mencionar solo a los de primera fila, a los principales protagonistas, entre los que habría que incluir dirigentes nacionalistas que, al menos en aquella época, antepusieron los intereses de todos los españoles a los de los ciudadanos de sus respectivas regiones.

con uno de sus hombres más cercanos, Alfonso Armada, en el grupo de los golpistas. Hay quien todavía ahora tiene dudas sobre el papel de D. Juan Carlos. Un dato: si efectivamente hubiera estado en el golpe, o sentía simpatía por los golpistas, solo tenía que permanecer de brazos cruzados a la espera de acontecimientos, con la seguridad de que tanto si triunfaban los golpistas como los constitucionalistas, nadie podría acusarle de haber jugado determinada carta. Sin embargo no dudó en llamar uno a uno a los capitanes generales

Sin embargo fue Felipe González el presidente con el que ha tenido una relación más fluida, más sincera y más permanente, quizá porque ninguno de los dos se ocultaron sus propias impresiones, hablaban con la franqueza que solo se da entre las personas que se respetan y se quieren.

Han estado en contacto siempre, sus encuentros han sido constantes, el Rey ha consultado a Felipe González cuestiones muy delicadas sabiendo que siempre iba a encontrar una respuesta sincera y, desde luego, Felipe González fue una de las po-

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cas personas a las que informó sobre su decisión de abdicar.

Qué ocurrió para que decidiera dimitir un Rey sobrado de motivos para sentirse orgulloso del trabajo realizado, es lo que han tratado de adivinar los analistas y quienes le conocen bien, y él mismo ha ayudado a desvelar las razones a través de sus propias confesiones a familiares, amigos y colaboradores.

Su salud se resentía después de pasar tantas veces por el quirófano, se sentía profundamente herido por el debate que se producía en un amplio sector de la juventud y en los partidos más radicalizados, que exigían la abolición de la Monarquía y apostar por la República, y además se encontraba con serios problemas personales y familiares. El más grave de ellos la situación de su hija Cristina, imputada por un juez que la consideraba colaboradora necesaria en los presuntos delitos cometidos por su marido.

El único motivo de satisfacción para el Rey, o el principal motivo, era la excelente preparación de su hijo Felipe y su calidad humana. Por eso la idea de la abdicación rondaba en su cabeza desde hacía un año pero el día de la Pascua Militar, el 6 de enero de 2014, tras sufrir una serie de lap-

sabía desde tiempo atrás que algún día tendría que asumirlas.

La coordinación entre padre e hijo fue perfecta, en lo institucional y en lo emocional. D. Juan Carlos y Doña Sofía seguirían viviendo en el palacio de la Zarzuela, D. Felipe y Doña Letizia en su casa de siempre, el Pabellón. D. Felipe ocupó el despacho que había sido de su padre al día siguiente de su proclamación. Proclamación a la que D. Juan Carlos no quiso asistir para no restarle ni un ápice de protagonismo. Tampoco quiso acudir a la recepción oficial celebrada en el palacio de Oriente tras la proclamación, pero sí estuvo en la reunión previa a la que asistieron en pleno los familiares de los nuevos Reyes, los Rocasolano, los Borbón y los Grecia.

D. Felipe pidió que se acondicionara un despacho para su padre en Zarzuela, quería tenerle cerca y en las primeras sema-

El Rey Juan Carlos ha sido el respaldo más sólido con el que han contado los sucesivos presidentes de gobierno

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imagen, otro talante, desde el mismo momento en que se conoció la abdicación.

Si en los primeros años de Princesa de Asturias se notó su esfuerzo por asumir unas responsabilidades que jamás piensa un “civil” que puede asumir algún día, con el paso del tiempo se advirtió en ella una especie de inconformismo que la llevaba a hacer alarde de una independencia que no siempre era apropiada en una princesa real. Apenas dejaba que sus hijas aparecieran en público, hacía viajes privados sin la obligada comunicación previa a las autoridades, salía con sus amigos hasta altas horas de la madrugada como si se tratara de una simple periodista y no de la futura reina de España, y provocó algunas tensiones con el Rey Juan Carlos y con la Reina Sofía que no acababan de comprender su comportamiento. Libertad sí, pero discreción también, y con frecuencia faltaba la discreción en las ansias de libertad. Incluso se produjeron tensiones con el Príncipe que dieron pie a toda clase de rumores y maledicencias.

Todo cambió a raíz de la abdicación.

Afortunadamente, para bien. Y también el grado de aceptación de Doña Letizia subió muchos puntos. Menos esquiva con la presencia de sus hijas, más sonriente

El Rey Juan Carlos recibe el aplauso de la Reina Sofía y de los nuevos Reyes de España . / EFE

sus que le impidieron leer bien el discurso que debía pronunciar ante los más altos cargos de los Ejércitos, al llegar a Zarzuela decidió que había llegado la hora del relevo. Esperó tres meses antes de comunicárselo a Mariano Rajoy y al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Felipe González lo supo antes.

Desde el primer momento demostró D. Felipe que estaba preparado para ser Rey. Desde el primer momento se hizo con la situación, desde el primer momento asumió funciones con la seguridad de quien

nas el contacto era continuo, de gran confianza, con consultas, sugerencias y consejos de D. Juan Carlos cuando se los pedía su hijo. Luego se montó también un despacho más en el Palacio Real, para los encuentros más institucionales. Pocas veces se ha visto mayor comunicación entre padre e hijo que en esos primeros meses del reinado de Felipe VI, en los que el buen hacer del nuevo Rey disparó los índices de aceptación de la monarquía, como no se había visto desde los tiempos de la Transición.

Incluso la Reina Letizia presentó otra

en sus apariciones públicas, más segura en sí misma, más suelta, más cercana. Lo que evidentemente repercutió también en sus relaciones con D. Juan Carlos y Doña Sofía. Con D. Felipe, ya antes de ser Reina había dejado atrás los rumores porque se les veía juntos, compenetrados… y en un proyecto común, institucional y personal.

El futuro no está escrito, pero esos cuatro Reyes, tras un excepcional y complicado pasado, garantizan un futuro esperanzador.

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La reforma constitucional Manuel Clavero Arévalo Presidente del Consejo Editorial de Grupo Joly

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n el año 2014 se ha debatido sobre la reforma de la Constitución, no sobre un texto de reforma , sino sobre la conveniencia o no de reformar la Constitución.

En el presente artículo voy a distinguir entre lo que la Constitución establece sobre su reforma y a continuación el debate que actualmente existe sobre la conveniencia o no de reformar la Constitución.

Se distingue entre constituciones rígidas y constituciones flexibles, siendo las primeras las que difícilmente pueden reformarse, mientras que por el contrario las flexibles son las que facilitan más reformas.

La vigente Constitución española de 1978 regula en su título X el procedimiento para su reforma , que ciertamente no es fácil.

La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, pudiendo las asambleas de las comunidades autónomas solicitar del Gobierno la modificación, delegando ante el Congreso un máximo de tres miembros de la asamblea.

En la historia de España han sido más frecuentes los cambios de Constitución por otra distinta que no la reforma de la existente.

Volviendo a la regulación de la reforma de la Constitución de 1978, el artículo 167 establece que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentarán un texto que será votado por el Congreso y el Senado; de no lograrse la aprobación por dicho procedimiento y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma . Aprobada por las Cortes Generales será sometida a referéndum para su ratificación.

Cuando lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Cuando se propusiese la revisión total de la Constitución o de una parcial que afecte al Título Preliminar (soberanía nacional, indivisible unidad de la nación española, lengua, bandera, capital del Estado, partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales, fuerzas armadas, participación de los ciudadanos en la vida po-

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lítica, económica, cultural y social y principios jurídicos del apartado 3 del artículo 9 de la Constitución), Capítulo II Sección 1ª (Derechos y libertades). Título II de la Corona. En tales casos se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la inmediata disolución de las Cortes. Las nuevas cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas cámaras y aprobada la reforma por las Cortes Generales será sometida a referéndum para su ratificación.

En la historia de España han sido más frecuentes los cambios de unas constituciones por otras que la reforma de la existente No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempos de guerra o de vigencia de los estados de alarma, de excepción y de sitio (artículos 169 y 116 de la Constitución).

Expuesto el régimen jurídico de reforma de la Constitución, voy a comentar el debate actual sobre la conveniencia de reformarla.

La Constitución ha tenido dos reformas y las dos tienen por causa nuestra pertenencia a Europa. La primera, la que permitió que en las elecciones municipales votaran los ciudadanos europeos (artículo 13.2), y la segunda, la que permitió establecer la estabilidad presupuestaria (artículo 135). El gobierno del presidente Zapatero pidió informe al Consejo de Estado sobre una reducida reforma de la Constitución que no llegó a tramitarse.

Entrando ya en el debate actual sobre la conveniencia o inconveniencia de reformar la Constitución, ha tenido gran importancia el pretendido referéndum de Cataluña sobre su independencia, lo que requeriría una profunda reforma del Título I. No facilitó ni creó un buen ambiente el que unilateralmente aprobase un referéndum para el 9 de noviembre.

Pienso que no será fácil que CiU y ERC acepten una reforma que no sea ésta que veo imposible o una que dé a Cataluña una situación privilegiada entre las Comunidades Autónomas.

Otra gran dificultad que veo para la reforma es que unos, como los socialistas, pretenden que sea parcial, mientras que otros, como IU y Podemos, desean elaborar otra Constitución, es decir, que tengamos Cortes Constituyentes en cuyo debate entraría todo, como la Monarquía.

Se ha dicho que si en el año 1978 conseguimos aprobar una Constitución entre todos por consenso por qué no lo vamos a conseguir ahora. Creo que las circunstancias son muy distintas, ya que en 1978 había una voluntad general para salir del régimen dictatorial anterior por uno democrático (UCD, socialistas, comunistas, partidos catalanes y con menos intensidad los partidos vascos).

Pienso que una reforma de la Constitución ha de ser parcial y tiene que acotar los artículos a modificar y lograr para ello un consenso no menos que el que se consiguió en 1978.

Por el contrario, al PP no le parece oportuna la reforma de la Constitución sin que, primeramente, se conozca el contenido de la reforma.

No sabemos si el resultado de unas nuevas elecciones generales cambiará los porcentajes de participación en el Congreso y en el Senado y la posibilidad de una reforma constitucional. Con todo, no será un tema fácil.

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Sin partido dominante Juan Manuel Marqués Perales Subdirector Grupo Joly

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tientas. El resultado de las elecciones europeas dejó descolocado a los institutos españoles de opinión. Podemos, un partido que en ese momento ni siquiera estaba constituido como tal, obtuvo cinco escaños en el Parlamento Europeo sin que ninguna encuestas previera semejante éxito. Pero este bautismo no se quedó ahí. Podemos logró, con su resultado, la mejor campaña para seguir creciendo. En efecto, era posible que una organización joven, alejada de los centros tradicionales de poder, sin dinero, pero muy bien preparada para aprovechar los medios de comunicación, se hiciese un hueco en el escenario español. La experiencia mediática quedaba patente en su propia denominación; en efecto, sí se puede. Si en las europeas, el partido de Pablo Iglesias logró un 8% de los votos, las siguientes encuestas electorales, con proyección para las generales, nunca ha bajado del 20%. Sin embargo, los encuestadores siguen yendo un tanto a tientas. Podemos es un partido nuevo, el recuerdo de voto, que es un conocimiento esencial para tratar los datos de cualquier sondeo, falta en esta ocasión, de ahí que todas las aproximaciones a la realidad necesite de una fuerte dosis de cautela. Incluso los más expertos sociólogos no saben qué porcentaje de voto declarado a Podemos

esfumado, y la gobernabilidad necesaria llevará a pactos inéditos, tanto en su formulación como en el color de las coaliciones. El baile ha comenzado.

Los gráficos de tendencias electorales se rompieron en España en mayo pasado. Hasta entonces, todo consistía en dibujar una línea azul, para el PP, y otra roja, para el PSOE, que zizagueaban en función de los aciertos en el Gobierno, los casos de corrupción, la brillantez de los líderes o el desgaste del poder.

Pero la desafección hacia las instituciones que mostraban los sondeos desde hace dos años, el hartazgo hacia la corrupción, se sustanció en la aparición de una nueva línea morada, la de Podemos, que según qué instituto, supera a los dos partidos que han mantenido la hegemonía en la derecha y en la izquierda.

El último sondeo del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) es el más fiable, tanto por la experiencia de este instituto público como por la muestra del barómetro. 2.480 entrevistas. Según esta encuesta, el PP ganaría las elecciones generales con un insuficiente 27,5%, para formar Gobierno. Le seguiría el PSOE, con un 23,9% y, después, pero muy cerca, Podemos, con un 22,5%. Este reparto llevaría a un Parlamento atomizado, muy cercano al triple empate técnico, y en el que el líder del partido ganador, en este caso, Ma-

nómicos, la política antiterrorista o los ejes de la estrategia económica. Con Podemos no sólo se amplía la base necesaria para el acuerdo, sino que saltan por los aires los ejes básicos de ese mismo consenso. Aún por definir, Podemos es una organización que pone en cuestión algunos de estos acuerdos, y el principal es el económico, ya que la organización de Pablo Iglesias ha ido moderando sus opiniones en otros asuntos.

El sondeo del CIS muestra cuál es el problema de los encuestadores. Si en vez de atender a la proyección de voto estimado, se observa la intención directa de voto; es decir, la respuesta fría de cada sondeado, Podemos se sitúa como primer partido. La intención directa es del 17,6% para Podemos; el 14,3% para el PSOE, y el 11,7%, para PP. El CIS supone que hay una bolsa muy importante de voto oculto entre sus encuestados, de tal modo que el orden de partidos queda alterado en la proyección que hace para las elecciones generales. Hay observadores que prefieren fijarse en la intención directa como el parámetro más fiable en estos momentos, aunque es poco recomendable, es un trabajo incompleto, una obra sin hacer. Mejor es comparar con otros institutos.

El resultado de la comparación abunda en el tripartito. Metroscopia viene otorgando la

riano Rajoy, estaría obligado a buscar el apoyo de, al menos, uno de estos dos partidos, más un tercero. Hay que hacer notar que los porcentajes de apoyos conseguidos por el PP y el PSOE en las elecciones generales de 2011 suman el 72% de los votos totales. Según el sondeo del CIS, estas dos formaciones más Podemos llegan al 74%, lo que indica el fin del bipartidismo y lleva a la política española a una cultura de pactos nunca dada. Hasta ahora, y en el mejor de los casos, el consenso se ha sustanciado en asuntos de Estado, tales como la aprobación de la Constitución, la aceptación, el rechazo de los Estatutos auto-

victoria a Podemos mientras que deja en tercer lugar al PP. Myword, que dirige una antigua directora del CIS, también concede la victoria al partido de Pablo Iglesias, mientras que sería el PSOE el que ocupa el último lugar. Y GAD3 da el primer puesto al PP y deja al PSOE en cola. En ninguno de los sondeos publicados hasta ahora, Podemos baja de una estimación de voto del 20%.

Esto lleva a pensar que la evolución política y económica del año 2015 decidirá el disputado primer puesto de las elecciones, aunque éste no asegura la formación de un Gobierno estable. Hasta ahora, el partido vencedor de

Los sondeos indican un empate a tres en un escenario inédito en la política española, con la entrada de partidos jóvenes como Ciudadanos se mantendrá el día de las elecciones. Sirva para ilustrar esto el comentario que Íñigo Errejón, el número dos de Podemos, realizó en una entrevista en Canal Sur Televisión: “Algunas encuestas nos dan el 200% de recuerdo de votos, es decir, que dicen votarnos el doble de los que, realmente, lo hicieron en las europeas”. Aun así, es posible adelantar varias conclusiones. El arco político español se queda sin un partido dominante, ni lo es el PP ni lo es el PSOE; el bipartidismo imperfecto, que llevaba a uno de estos dos a gobernar en solitario o con los nacionalistas, se ha

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Fachada del Congreso de los Diputados. / EFE

las elecciones siempre ha obtenido una ventaja suficiente como para convertirse en el que forma Ejecutivo, pero esto no es un mandato constitucional y dos o tres formaciones podrían reunir mayoría suficiente para gobernar. La mejoría de la economía y la reducción de los impuestos corren a favor de las opciones del PP, y el tiempo ha comenzado a mostrar máculas en Podemos, pero no hay una dirección unánime en los sondeos.

No obstante, a todo esto hay que sumar un elemento más de incertidumbre. Algunos sociólogos, caso de José Juan Toharia, director de Metroscopia, ha llegado a bautizar la situación española de cuatripartito, ya que en las últimas semanas, un cuarto partido, Ciudadanos, comienza a situase en las encuestas con porcentajes cercanos al 10%. Es un hecho curioso por cuanto la formación de Albert Rivera sólo tenía implan-

Podemos es el primer partido en intención directa de voto según la mayoría de los sondeos para las elecciones generales tación en Cataluña, donde ha destacado como un partido constitucional, claramente enfrentado al nacionalismo. Rivera se asemeja a Pablo Iglesias como figura mediática, y su partido ofrecería a la indignación o a los cansados con el bipartidismo una opción más centrada que Podemos. En este sentido, el último Barómetro Joly destacaba que Albert Rivera es el único político que logra el aprobado de los andaluces, junto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. El

político catalán obtiene más de un 5,5, una nota excepcionalmente alta para un político en estos momentos. El Barómetro Joly no realiza proyecciones sobre las elecciones generales, pero el último, el del mes de diciembre, sí indica que, al menos en intención directa de voto, Podemos es el partido más favorecido cuando se le pregunta a los encuestados por los comicios nacionales.

Aunque la ruptura del escenario tradicional salva a los dos grandes partidos, PP y PSOE, en el sentido de que no llegan a la marginalidad, un resultado electoral adverso podría precipitar una caída poco probable, pero no descartable. El caso de Grecia ha mostrado como el PASOK, el partido de los socialistas griegos, era absorbido por otras formaciones a pesar de que durante tres décadas ha fraguado la democracia del país heleno.

El paro y otros problemas José Joaquín León Periodista Articulista del Grupo Joly

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lgunas analistas sostienen que en España se gobierna y se decide la estrategia política en función de los resultados de los sondeos y encuestas.

Sea así hasta cierto punto, o no, los barómetros del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) se han consolidado como unos indicadores de la realidad del país. Y no sólo a la hora de votar, sino también pa-

ra percibir los principales problemas y conocer la opinión de los españoles.

Es curioso repasar la evolución de los problemas, según estos barómetros. Si analizamos los resultados de los últimos 30 años, veremos que desde 1985 ha cambiado bastante la sensibilidad social. Aunque hay una excepción importante: el paro. En 1985, cuando gobernaba el PSOE con Felipe González, era el principal problema de España según el 94,4%. En diciembre de 2014, el paro sigue siendo el principal problema de España, y así lo menciona el 75,5% de los encuestados.

En estos 30 años el paro ha sido la principal preocupación, tanto con gobiernos del PSOE como del PP. Lo fue siempre, en

todos los indicadores, durante las décadas de los 80 y los 90 del siglo pasado. Sin embargo, hubo momentos excepcionales en los que el principal problema de España, según los ciudadanos, no era el paro, sino el terrorismo y ETA. Esto sucede por vez primera en septiembre de 2000 (entonces gobernaba el PP con Aznar), cuando el terrorismo es citado como el primer problema por el 65,5% y el paro por el 59,8%. En los últimos meses de 2000 el terrorismo se mantenía como el principal problema de España. A lo largo de 2001 y 2002, según los meses, ambos se alternaron, hasta que en 2003 se volvió a percibir el paro como un problema más importante >> que el terrorismo.

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En esa valoración de principios del

>> siglo XXI influyen dos cuestiones evidentes: de un lado, son años de prosperidad económica y creación de empleo; de otro, los repuntes del terrorismo de ETA tienen influencia social según la gravedad de los atentados. También se aprecia que, poco después de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el terrorismo volvió a ser percibido como el problema más grave de España, por delante del paro. Pero esto sólo sucedió durante los meses de marzo y abril de 2004, cuando la sensibilidad era mayor por estar reciente la matanza de Atocha. En mayo de 2004, el paro vuelve a ser el primer problema de España (59,1%), por delante del terrorismo (48,1%). Y así siguió en los años del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Se acusó a Zapatero y su Gobierno de enterarse tarde de la crisis, pero a la mayoría de los españoles les sucedió lo mismo. En los primeros seis años del siglo XXI el nivel de paro en España tuvo una importante reducción. El aumento del empleo favoreció un cambio de tendencia social: el paro fue percibido como problema por menos del 50% de la población desde abril de 2006 a abril de 2008. En esos dos años la percepción social del empleo es la mejor de las cuatro últimas décadas. Alcanza su mejor valoración en septiembre de 2007, cuando es considerado un problema por apenas el 35% de los españoles. En ese mes, así como en junio y julio de 2007, el terrorismo vuelve a superar al paro como primer problema.

Sin embargo, los datos experimentarán un vuelco a partir del otoño de 2008, cuando la crisis económica le estalla al Gobierno de Zapatero. El paro vuelve a superar el listón del 60% como primer problema del país en octubre (cuando lle-

Desde los últimos tiempos como presidente de Zapatero, el paro ha sido siempre el primer problema de España para los ciudadanos ga al 62,2%) y en diciembre de 2008 alcanza el 72,5%. Desde entonces seguirá subiendo. En enero de 2010 llegó al 82,7%, a unos niveles que no se habían alcanzado jamás en el siglo XXI. Desde los últimos tiempos del Gobierno de Zapatero, el paro ha seguido siempre como primer problema de España. Así ha continuado con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, tras ganar el PP las elecciones de 2011. En el último barómetro de 2014, correspondiente a diciembre, el paro era percibido como primer problema por el 75,5% de los consultados. No obstante, con una cierta mejoría, ya que había superado el 80% en los meses de marzo, abril y mayo de 2014.

El principal cambio en la percepción social lo tenemos en el terrorismo y en la corrupción. Desde que ETA dejó de asesinar, los españoles no ven el terrorismo como uno de los principales problemas. En diciembre de 2014 sólo fue citado por el 0,5% de los consultados. Algo inimaginable 10 años antes. Habrá que ver la influencia de

Sorprende que Cataluña y el problema nacionalista sólo sea citado entre los tres principales problemas de España por el 1,9% de los encuestados

los atentados islamistas cometidos en Francia. Es posible que en los próximos años aumente la sensibilidad social al respecto.

Por el contrario, en el barómetro del CIS del 2014, aparece como segundo problema de España la corrupción y el fraude, que menciona el 60% y que alcanzó su techo en noviembre de 2014, cuando lo mencionó el 63,8%. Se puede deducir que es un problema de los últimos años y que influye el seguimiento mediático de los casos. En el barómetro del CIS, la corrupción y el fraude no aparecen como un problema destacable hasta noviembre de 2009, cuando por vez primera supera el 10%. Sin embargo, en enero de 2009, cuando algunos de los presuntos delitos que ahora se enjuician se habían cometido ya (o se estaban cometiendo), la corrupción sólo era un problema para el 0,9% de los consultados.

La influencia de las noticias más recientes es indiscutible a la hora de valorar. En diciembre de 2014, tras el paro y la corrupción aparecen como principales problemas los de índole económica (24,9%), los partidos políticos y la política en general (21,8%), los problemas de índole social (10,8%), la sanidad (10,6%) y la educación (7,5%). Por el contrario, la inseguridad ciudadana, que era uno de los principales problemas de hace 30 años, sólo es citada por el 3,4% y el terrorismo por el 0,5%.

También sorprende que el conflicto de Cataluña sólo sea citado entre los tres principales problemas de España por el 1,9%.

Por resumir, se puede decir que en la opinión pública influyen mucho las situaciones personales, la necesidad de empleo y de tener una vida confortable y lo más cómoda posible. También influyen las noticias mediáticas. Otras cuestiones parece que interesan menos.

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La regeneración democrática en marcha Juan Ramón Medina Precioso Catedrático de Genética y colaborador de Grupo Joly

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n el año 2014, Felipe de Borbón se convirtió en rey de España con el nombre de Felipe VI, entregó por vez primera los premios “Príncipe de Asturias” y dirigió su primer mensaje de Nochebuena.

En la primera ceremonia declaró que es necesario un “impulso moral colectivo con el que se puede y se debe hacer de España una nación ilusionada”. En su felicitación navideña radicalizó esa idea al decir que “necesitamos una profunda regeneración de nuestra vida colectiva. Y en esa tarea, la lucha contra la corrupción es un objetivo irrenunciable”. Nos invitó a cortar la corrupción “de raíz y sin contemplaciones.”

La idea de que se impone una regeneración democrática es compartida por las más diversas fuerzas políticas y por la mayoría de los ciudadanos. Dos son las causas de esa pulsión regeneracionista: los casos de corrupción que están aflorando en diversos sectores sociales y políticos y el hecho de que esa alarma esté ocurriendo cuando España está empezando a recuperarse de la crisis económica que, teniendo unas raíces internacionales, nos ha afectado de forma profunda. El empobrecimiento ha exasperado el rechazo a las prácticas inapropiadas. Sin casos de corrupción, el malestar ciudadano habría buscado otros cauces de expresión; sin empobrecimiento, se habrían abordado con mayor serenidad los problemas de corrupción.

Llama la atención la heterogeneidad de los actores implicados. Ha afectado a los propios familiares del rey, con la imputación de la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de algunos de los delitos que el juez de instrucción y el fiscal anticorrupción atribuyen a su marido, cuya sospechosa recaudación de fondos públicos no habría sido posible si no estuviese casado con una hermana del rey.

También aparecen imputaciones en diversos cargos importantes del PP, que da sustento al Gobierno español y a los de una decena de Comunidades Autónomas.

El ejemplo máximo es la imputación del anterior tesorero. El funcionamiento de los partidos requiere cuantiosos fondos, que no siempre se han obtenido de forma legal, lo que ha propiciado que algunos se hayan apropiado de parte del dinero opaco recaudado. Por supuesto, el problema ha afectado a otros partidos importantes, como el PSOE y CDC.

Han aparecido asimismo casos en los gobernantes autonómicos, tanto en regiones gobernadas por los populares, como por los socialistas o los nacionalistas. Esos casos se han visto favorecidos por la multiplicidad de entidades de gobierno en nuestro Estado de las Autonomías junto con el hecho de que posean importantes responsabilidades en ordenación del territorio, defensa del medio ambiente y obras públicas, sectores todos ellos tentadores para el cohecho y la prevaricación.

Sólo tres comunidades están por el momento libres de casos de corrupción.

Tampoco los gobernantes municipales han escapado al perverso fenómeno, dadas sus competencias urbanísticas y de contratar en diversos campos, incluido el cultural. La contratación irregular ha sido objeto de múltiples investigaciones.

Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados en las tradicionales jornadas de puertas abiertas. / AGENCIAS

Además, el problema se ha extendido a los sindicatos, especialmente UGT, y a las organizaciones empresariales. De ese modo, los principales agentes políticos, económicos y sociales han incurrido en delitos de corrupción. La sensación de alarma se ha agravado por el hecho de que algunos de los implicados sean personajes muy conocidos.

Las cajas de ahorro han sido otro escenario de la corrupción, sobre todo a raíz de que en sus órganos directivos entrasen personas designadas por los partidos políticos, muchos de los cuales habían desempeñado cargos importantes en los partidos de origen. El daño económico ha sido muy cuantioso en este sector.

En resumen, ningún sector de la vida pública se ha visto libre de esa lacra, que ha llegado incluso al mundo del fútbol, con las ingentes deudas tributarias de muchos equipos y las contrataciones fraudulentas de algunos ases. Y también al mundo del espectáculo y de las televisiones.

En Andalucía, junto a los sobornos a cargos públicos, se han dado formas peculiares, como la inclusión de intrusos en muchos expedientes de regulación de empleo o la desviación de fondos que deberían haberse dedicado a mejorar la formación de los desempleados. Así, junto al enriquecimiento ilícito de algunos políticos, empresarios y sindicalistas, se ha producido un esquema fraudulento para evitar los conflictos sociales y propiciar el voto al partido gobernante.

El hecho de que en la comunidad autónoma andaluza haya gobernado siempre el PSOE, sin alternancia alguna, ha tenido que favorecer la sensación de impunidad y la acumulación de esas prácticas delictivas.

No obstante, también hay datos positivos.

El sistema judicial está reaccionando con eficacia e independencia y los delitos se restringen a lo económico, sin que haya aparecido la lacra de la violencia física. La policía y los funcionarios no exigen sobornos y la inclusión de España en la UE es otro factor de estabilidad.

Un síntoma muy esperanzador es que la reacción política finalmente se ha producido, empezando por la Casa del Rey. Ya se ha promulgado la Ley de Trasparencia y se ha preparado un paquete de medidas correctoras, como el Estatuto del Cargo Público, la reforma del Código Penal y la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se tipificará como delito la financiación ilegal, se exigirá la destitución si el caso llega a juicio oral, se alargarán los plazos de prescripción, se acortarán los de la instrucción judicial y se endurecerán las penas. Además, se prohibirá la condonación de deudas bancarias a los partidos, la donación por parte de empresas y el uso de tarjetas de crédito por los políticos. Finalmente, se mejorarán las normas de contratación pública, se limitarán los concursos negociados y se fijarán más incompatibilidades para contratar con el sector público.

Estas medidas correctoras están siendo acordadas entre los partidos mayoritarios, es decir PP, PSOE, CiU y PNV, aunque también IU y UPyD han aportado sugerencias.

Se publicite o no un gran pacto contra la corrupción, se está llegando discretamente a un amplio acuerdo regenerador. En cualquier caso, no se trata de impulsar soluciones autoritarias ni de acabar con nuestro sistema democrático representativo, que ha dado grandes frutos desde la transición, sino de mejorarlo. La democracia puede regenerarse a sí misma y ese esperanzador proceso ya está en marcha.

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Corrupción y estado de derecho Fernando Gomá Notario Cofundador y coeditor del blog jurídico y político ¿Hay Derecho?

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adie puede dudar que uno de los temas estrella del año 2014 en España ha sido el de la corrupción. No, en realidad, la corrupción que ha habido en este año, sino la que durante él ha ido saliendo a la luz, con casos y más casos, y que, previsiblemente, continuará en el 2015.

Ante ello, la sociedad ha reaccionado según mi opinión con tres sentimientos básicos, en proporciones diferentes según cada cual: sorpresa, indignación y desilusión, ésta última en el sentido de hacer una crítica profunda y general del sistema democrático del 78, como algo caduco e incluso como una farsa desde el principio, con instituciones inoperantes y falsas.

Y sin embargo, por una parte, no debería sorprender que más de 36 años después se esté agotando un ciclo político, es algo natural, todo se desgasta y necesita regenerarse, incluso lo que ha sido bien cuidado (que no es el caso). Y por otra parte, en mi opinión, el periodo que va desde el 78 hasta ahora es el de mayor prosperidad y bienestar de la historia de España, y, desde el punto de vista democrático, incomparable respecto a cualquier otro anterior.

Ahora bien. Dicho esto, lo cierto es que existe una degeneración evidente de nuestro sistema democrático, y parte de ella trae causa del deterioro que acusa en estos momentos el Estado de Derecho en

España. En esta causa quiero centrarme.

El Estado de Derecho supone nada menos que las leyes, normas abstractas e independientes de su creador, afectan y obligan no solamente a los ciudadanos en particular, es decir, a usted a mí, apreciado lector, sino también, y esencialmente, al Poder. Esta idea de que todo poder dentro de un Estado democrático debe estar limitado por normas jurídicas es una de las conquistas esenciales del Estado moderno, que alcanza tanto a la esfera privada como a la pública. Controlar los poderes fácticos privados es fundamental, pero si en la práctica resulta imposible o muy di-

Los partidos están mucho menos controlados y fiscalizados que una simple sociedad limitada de 3.000 euros de capital fícil es que algo muy grave está ocurriendo con el Poder público. Habrá sido capturado a su vez por agentes privados, por complicidad o incompetencia, o por los dos motivos, y estará actuando al servicio de dichos intereses. Por eso mismo, resolver el problema del control del Poder en una sociedad pasa necesariamente por resolverlo primero en el ámbito del Estado. Un Poder descontrolado es un poder no democrático. El Estado de Derecho implica la existencia de poderes limitados por otros poderes, y todos ellos por las normas que los regulan. Y en esa limitación se encuentra su verdadera grandeza.

En España en estos momentos el Poder

no está controlado, o no lo suficiente. Y ello es entre otras razones porque muchos de los mecanismos establecidos formalmente para hacerlo, están desactivados en la práctica. Esto fomenta, o al menos facilita, la corrupción institucional. Veamos algunos ejemplos.

En materia legislativa, por ejemplo, se legisla muchísimo, muchas veces a golpe de titulares, con normas cambiantes, técnicamente muy deficientes y que generan inseguridad jurídica, no solamente porque no se sabe cuánto van a durar, sino porque muchas veces no se sabe cómo interpretarlas, lo que deja al ciudadano preso de la posible arbitrariedad de los poderes públicos. Sin contar con que en ocasiones parece que las leyes son “para los otros”, no para el poder, por su no aplicación a los poderosos (véase el tema de los indultos).

La politización y falta de independencia de la justicia –y de medios materiales y humanos– es un factor que limita la lucha contra la corrupción. Y también la desactivación de las instituciones reguladoras y de control consecuencia en gran medida de esa politización partidista. Son instituciones colonizadas por los grandes partidos políticos.

El revolving door: las puertas giratorias entre lo público y lo privado, en especial los grandes poderes económicos. Cuando los agentes económicos prosperan no porque se esfuercen y hagan las cosas bien, sino por tener el favor de los que mandan.

Entonces estamos ante un fenómeno que se conoce en inglés como corny capitalism y entre nosotros como capitalismo de amiguetes o capitalismo castizo.

El dominio adquirido por los grandes partidos en todas las instancias y resortes del poder político, con el añadido que en esos propios partidos quienes mandan son un reducido grupo de personas que forman de facto no ya una partitocracia, sino una cupulocracia, y que estos partidos están mucho menos controlados y fiscalizados en todos los sentidos que una simple sociedad limitada de 3.000 euros de capital.

La corrupción sistémica no solamente desde el punto de vista penal, sino ético, el todo vale, o la resistencia feroz a todo lo que huela a transparencia real más allá de fuegos de artificio son también factores de degradación del Estado de Derecho.

Pero no todas las causas del estado actual provienen de los demás. Si queremos ser justos, tendremos que ser también autocríticos. La sociedad española en su conjunto ha sido demasiado permisiva y tolerante con esta situación, ha –hemosdejado hacer, de una manera pasiva y poco exigente, como si la democracia fuera algo que se consigue y ya está, en vez de algo vivo, cambiante y que requiere continuos reajustes. No es así, y ahora lo sabemos. Actuemos, pues, en consecuencia.

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Panorama de la corrupción Roberto Pareja as causas judiciales sobre la corrupción se afianzan indesmayables como pan nuestro de cada día, un horno en llamas que no está para unos bollos cada vez más indigestos para la opinión pública. Hay humareda en los juzgados, con 150 causas abiertas como herencia de 2014, con más de 2.000 imputados, un pandemonium de fraudes que coronó el año con el procesamiento de personalidades de primera magnitud como la infanta Cristina. Sangre real en la herida del desgaste en la confianza en las instituciones que no desmerece al de la destrucción del buen nombre del honorable Jordi Pujol al salir a la luz su fortuna oculta en Andorra, cuya justificación con una herencia parece en deuda con las evidencias.

Algunos sumarios de alto voltaje legarán a la fase de juicio oral a lo largo de este año o en 2016 a lo más tardar, como el caso Nóos, la primera fase del caso Gürtel –que se ha llevado por delante a una ministra, Ana Mato– o la corrupción urbanística del caso Pretoria, con gerifaltes del pujolismo como Lluis Prenafeta o Macía Alavedra en el cada vez más ilustre banquillo de los acusados. A éstos se fueron sumando en 2014 otros escándalos como de las tarjetas opacas de Caja Madrid, dejando por los suelos el crédito de Rodrigo Rato y el de partidos a derecha e izquierda, o la operación Púnica, un ajo picado por políticos, empresarios y funcionarios.

Unos episodios nada edificantes que han despertado una indignación de cotas históricas según ha puesto de manifiesto el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo barómetro de noviembre mostró cómo se disparaba la preocupación por esta lacra hasta máximos históricos, mencionada por el 63,9% de los encuestados y sólo

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por detrás de la incombustible desazón por el desempleo. Gobierno y oposición se conjuraron por la “regeneración democrática” para recuperar la confianza. La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, ya en vigor, y la de control financiero de los partidos y del ejercicio del alto cargo, en tramitación, son dos botones de muestra. Se endurecerán las penas de inhabilitación y se establecerá un control parlamentaro de los indultos. También se fijarán plazos máximos para la instrucción judicial y se ampliarán los plazos de prescripción de los delitos.

CASO NÓOS El rey Felipe VI se ha ido distanciado cada vez más de doña Cristina y de su esposo, Iñaki Urdangarín, desde que éste fuera imputado el 29 de diciembre de 2011. La situación de su hermana, que se enfrenta a una posible condena de hasta ocho años de cárcel como cooperadora en dos delitos fiscales del duqe de Palma, llevó al Monarca a afirmar durante su primer discurso de Nochebuena que “hay que cortar de raíz la corrupción”. Había quien creía que, con su afán regenerador por montera, don Felipe podría hasta mencionar los avatares judiciales de la Infanta, aunque su alocución se ciñó al guión habitual de las generalidades.

No obstante, su llamamiento puede interpretarse como la extensión de su condena a los heEl Rey no chos delictivos que, modificó su según el juez que discurso a lleva la instrucción, pesar de rodean a su hermana y a su cuñado, y conocer dos además el Rey no días antes el modificó su discurauto que so después de conoimplicaba a su cer dos días antes el hermana auto por el que do-

ña Cristina se sentará en el banquillo por delitos fiscales.

Todo empezó tres años antes, cuando el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach aún eran uña y carne y empiezan a investigar el caso Palma Arena, un complejo polideportivo cuyo coste se dobló desde la cantidad inicial de la licitación pública y que apunta a posibles acciones delictivas del entonces jefe del Gobierno de Baleares, el ex ministro del PP Jaume Matas, que ingresó en prisión el 28 de julio con una condena de nueve meses por tráfico de influencias en el caso Palma Arena y que compartirá banquillo en el juicio del año, del siglo (será el primer miembro de la Familia Real que pasa por el trance), con los otros 16 procesados en el caso Nóos. Una entidad que se autoproclamaba “sin ánimo de lucro” y que malversó seis millones de euros de fondos públicos mediante contratos a dedo fondos por los Gobiernos de Baleares y de Valencia.

Cuando el temporal empezaba a arreciar, en 2009, la Infanta y Urdangarín se van a vivir a Washington, oficialmente por compromisos profesionales. Dos años después, cuando ya estaba atrapado en la madeja judicial y al borde de la imputación, la Casa del Rey apartaba al duque de Palma de la agenda oficial por un comportamiento “no ejemplar”. Y con él, de facto, a doña Cristina. Ese discurso de la Nochebuena de 2011 del rey Juan Carlos será recordado por su frase de que “la Justicia es igual para todos”. Empezó a parecerlo cuando Urdangarín acudió, el 25 y 26 de febrero de 2012, a declarar por primera vez ante el juez. Durante más de 22 horas, echa toda responsabilidad sobre su ex socio Torres (el cerebro de la trama) y desvincula de todo punto a su esposa, tal como ha hecho la Fiscalía.

El juez Castro cerró la instrucción >> el pasado 25 de junio, procesando a

La infanta Cristina a su llegada a los juzgados de Palma, donde estaba citada para declarar como imputada en el caso Nóos. / EFE

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los duques de Palma junto a otras 14

>> personas. Para entonces, el rey Juan Carlos ya había abdicado. No se sabe a ciencia cierta si por sus problemas físicos o por el desgaste del caso Nóos. Cada detalle de las actividades presuntamente irregulares de la trama de Nóos causaba efectos devastadores en una incrédula opinión pública, que siempre había percibido aroma a ejemplaridad en todas las actividades de la Casa del Rey. La abdicación, el pasado 2 de junio, llegaba en el peor momento de popularidad de la Monarquía desde la Transición, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y otros sondeos. Hechos como el caso Nóos o el episodio de la caza en Botsuana, entre otros, desgastaron a la Corona hasta el punto de que el CIS decidió limitar y restringir las preguntas sobre ella en sus estudios trimestrales. Tras el aceso al trono de Felipe VI, la reconcialición con la valoración ciudadana parece un hecho y consolidar su legitimidad pasa por la izquierda y los jóvenes.

CATALUÑA El otro gran acontecimiento judicial del año, en cuanto a la personalidad del encausado, es el que protagoniza Jordi Pujol. El que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña y que era añorado por muchos a la vista de la escalada soberanista de su sucesor, Artur Mas, se puso en el punto de mira de la justicia al revelar en un ataque de decencia que mantenía oculta desde 1980 una fortuna en el extranejro que atribuye a una herencia de su padre, Florenci Pujol i Brugat, fundador de Banca Catalana. Pujol no precisó la cantidad, aunque las investigaciones sobre el ex presidente catalán, su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos apuntan a que disponen de 500 millones de euros sólo en Andorra y elevan el patrimonio familar a unos 1.800 millones repartidos también por Suiza y paraísos fiscales de América y Europa. El cerco ju-

dicial a los Pujol ha precipitado la imputación del ex president, de su esposa y de tres de sus siete hijos. La juez de Barcelona que investiga el origen de su fortuna aprecia delito fiscal y de blanqueo de capitales. Tres de los hijos están además imputados: Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, por delito fiscal. Una ex novia despechada echó más sal a Jordi Pujol durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos la herida al asegu- Institucionales del Parlamento de Cataluña. / EFE rar que en tiempos nes para ponerse al más felices viajaron a Andorra con modía porque sus dechilas repletas de billetes. claraciones les saSu hermano Oleguer es investigado por Los Pujol lían siempre a deblanqueo en la compra de un hotel en Ca- tuvieron que volver. El testamennarias valorado en ocho millones de euros pagar 1,7 to del padre tampocon dinero de origen desconocido proce- millones para co hacía referencia dente del paraíso fiscal de las Islas Vírgealguna a la presunnes y Hacienda le ha descubierto una for- ponerse al día porque sus ta herencia. La tuna de 4,6 millones en el Caribe. comparecencia del Y Oriol, ex secretario general de Conver- declaraciones ex presidente de la gencia Democrática de Catalunya -el par- les salían a Genralitat y de su tido que fundó su padre- figura en el cen- devolver esposa con tres de tro de la trama de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en la adjudicación sus hijos (Mireia, Marta y Pere) imputados de estaciones de ITV que investiga una por blanqueo el pasado 27 de enero fue uno de los paseíllos judiciales del año. juez de Barcelona.

Cuatro años y medio después de abrirse Tan sólo un miembro del clan no está imputado por enriquecimiento ilícito. Un tri- la investigación por el expolio del Palau de bunal de Liechtenstein investiga también la Música a manos de Félix Millet y Jordi al expresidente catalán por este mismo de- Montull, el caso está casi listo para enviarlito. Para colmo, las declaraciones comple- se a juicio: la Fiscalía pide 27 años para los mentarias que presentó la familia el pasa- saqueadores confesos y siete y medio para do junio probaban que ocultaron a Hacien- el ex tesorero de CDC Daniel Osácar. El da 12,4 millones en patrimonio y otros 4,1 fiscal plantea además el comiso de 6,6 mien renta entre 2010 y 2013. Surrealismo en llones a la formación nacionalista por las estado puro: tuvieron que pagar 1,7 millo- comisiones ilegales que cree que recibió

Un lustro de Gürtel Tras casi cinco años de instrucción, una de las piezas del mastodóntico caso Gürtel, la de los primeros años de la trama (1999-2005), se dispone a pasar a la sala de vistas. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dispuesto 43 imputados, entre ellos los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas, que lleva año y medio entre rejas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís. La instrucción socavó el Consejo de Ministros con la dimisión de la titular de Sanidad, Ana Mato, como partícipe a título lucrativo de los regalos de la trama a su ex marido, el ex alcalde de Pozuelo Luis Sepúlveda. Mato, que a pesar de la renuncia no dejó el escaño, fue designada a velocidad de Jaguar, a las tres semanas de dimisión “para no per-

judicar al Gobierno”, vicepresidenta de la comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso. Percibirá por este cargo unos 1.000 euros más al mes que como diputada rasa, lo que elevó su salario de parlamentaria hasta los 4.700 euros hasta el final de la legislatura.

Ruz también va a cerrar la instrucción de otra pieza, la de los famosos papeles manuscritos de Bárcenas con la contabilidad B del PP que se hicieron públicos en diciembre de 2012. Esta pieza de Gürtel podría acabar en un delito de apropiación indebida contra Bárcenas y otros imputados, así como delitos fiscales imputables al dueño de la empresa que hizo las obras de la sede del PP y que, en última instancia, salpicarían al ex tesorero del partido,

aunque esto todavía se tiene que dirimir en base a informes pendientes.El juez se debe pronunciar antes sobre el archivo de las actuaciones contra los empresarios donantes de dinero B al PP supuestamente a cambio de adjudicaciones.

En Valencia está cerrada la instrucción de cinco de las seis piezas en las que se divide la rama valenciana de Gürtel, aunque queda pendiente la relativa a la Radiotelevisión valenciana y la visita del Papa en 2006. La primera en ser juzgada será la que investiga los contratos de la trama para la participación de la Comunidad en Fitur. Por Fitur se sentarán en el banquillo 13 personas, entre ellos algunos imputados también por Ruz. En total, Gürtel suma unos 150 imputados.

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de la constructora Ferrovial a cambio de obra pública, mientras la acusación particular ejercida por el Palau se ha cebado en Millet, para el que pide 81 años de cárcel, sin acusar a CDC del expolio.En mayo, la Audiencia de Barcelona condenó a un año de prisión a Millet y Montull por tráfico de influencias en la tramitación urbanística del Hotel del Palau. Millet desvió hasta 35 millones de euros.

Además, media docena de ex responsables de la empresa pública Adigsa se enfrentan a penas de hasta diez años de cárcel por comisionmes ilegales a cambio de adjudicar obra pública. El caso tuvo su momento álgido en 2005, cuando Pasqual Maragall acusó a CiU de “tener un problema que se llama 3%”, en referencia a las comisiones a cambio de obra pública, en concreto para la rehabilitación de vivienda, que gestionaba Adigsa. El caso aún no se ha cerrado.

TARJETAS OPACAS Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno con el PP y ex presidente de Bankia, es uno de los vértices del escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, un lodazal en el que chapotean consejeros y directivos de la entidad, sindicalistas de UGT y CCOO y políticos de PP, PSOE e IU. El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular dio de baja en el partido a Rato, así como a otros 12 afiliados por el

escándalo. Los máximos responsables de una entidad quebrada por una nefasta gestión y rescatada por el Estado con una mayúscula inyección de dinero público dilapidaron más de 15 millones en nueve años –entre 2003 y 2012– en grandes banquetes, viajes privados y compras particulares, sin necesidad de justificación alguna y sin pasar por Hacienda. Los consejeros menores disponían de hasta 2.500 euros mensuales, que en el puente de mando de la entiLos máximos dad se estiraban responsables hasta los 12.000. El de una entidad también imputado rescatada por Miguel Blesa, ex el Estado presidente de la entidad, y su equipo dilapidaron de dirección cobramás de 15 ron de la caja 71,5 millones millones de euros entre 2007 y 2010.

El que más quemó el cajero fue el ex director financiaro Ildefonso Sánchez Barco, con 482.220 euros en ocho años. Por la ranura del oprobio se marcharon, entre otros, el director general de Economía de la Comun idad de Madrid Pabllo Abejas y la presidenta de la Fundación Caja Madrid Carmen Cafranga. También cayero José Ricardo Matínez, secretario general de UGT Madrid (44.000 euros), y el respon-

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sable de la Secretaría de Estudios de CCOO Rodolfo Benito (140.000 euros).

PÚNICA En las postrimerías del año saltaba a la luz otro escándalo con la operación Púnica, de punica granatum, en honor al al ex dirigente del PP madrileño Francisco Granados. Al que el juez Eloy Velasco envió a prisión el 31 de octubre con seis de los 51 detenidos, entre ellos el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), que luego salió bajo fianza, y cinco alcaldes de localidades madrileñas. En el ajo, además de políticos, estaban funcionarios y empresarios, todos danzando alrededor de la adjudicación de servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de pagos y comisiones ilegales del 2-3% del volumen del contrato, que luego eran blanqueados a través de un entramado societario.

No. La inminencia de las elecciones muncipales del 25 de mayo no invita al consenso, coto reservado para lucha contra el terrorismo yihadista. “No espere de nosotros ningún acuerdo global contra la corrupción, ustedes no son de fiar”, ha sentenciado el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al PP. Con todo, parece que no hay que desesperar. “España tiene algunos corruptos que, afortunadamente, estamos sacando a la luz. El resto está sano”. Palabra del presidente del Gobierno.

El pequeño conseguidor Pedro Ingelmo a Caja Mágica de Madrid es un lugar de contactos mientras en su pista de tenis las grandes estrellas de la ATP pegan raquetazos. Allí, en 2012, podemos situar a un chaval criado en el popular barrio de Prosperidad de Madrid codeándose con los ilustres apellidos de la gente bien de la capital. El directivo de una importante empresa de distribución lo presenta a otros empresarios como la más brillante figura de la cantera de Aznar, acunado en las juventudes de la FAES, el laboratorio de ideas del PP. Su nombre es Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que a la tierna edad de 14 años, en 2008, realizaba su primera aparición en televisión interponiéndose entre una reportera y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como si fuera un consumado guardaespaldas. El niño ya vestía traje, el niño ya quería ser alguien en la derecha española. Una precocidad impactante.

Dos años después de aquel partido de tenis ese mismo muchacho, ya con veinte años, estudiante de Derecho, aunque no mucho después de haber aprobado sólo cuatro asignaturas en tres años, se convierte en una celebridad bajo el apodo de

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Francisco Nicolás en uno de sus famosos ‘selfies’; esta vez con Ana Botella. / AGENCIAS

pequeño Nicolás. Una detención por presunta estafa saca a la luz un personaje que, bajo la rechifla de su colección de presencias junto a grandes nombres de la política, inquieta por su penetración en un universo de favores. Miles de veces se pudo ver en la pantalla su viaje a Ribadeo, con chófer y escoltado por policías de Madrid, para reunirse con un conocido empresario del transporte al que había garantizado una comida con el mismo Rey. Su centro de operaciones era un chalé de lujo del barrio de El Viso, donde celebraba ruidosos guateques y cuyo alquiler pagaba un

constructor. Había algo de grotesco en todo ello, pero lo innegable era que contaba con infraestructura, que se paseaba en coches de alta gama y tenía en su agenda teléfonos influyentes.

Que un crío pudiera actuar como un conseguidor, por mucha fantasía que hubiera en sus fórmulas de gancho, revela la existencia de una sociedad en la que los atajos para alcanzar fines son una religión. De otro modo, el fenómeno del pequeño Nicolás, cuyo gran éxito de su álbum de fotos fue colarse en la ceremonia de la proclamación de Felipe VI, nunca podría haber sucedido.

Se mezclan dos apreciaciones compatibles, la del psiquiatra forense que le examinó y dictaminó una personalidad megalómana con delirios narcisistas, y la de la juez que instruye el caso de presunta estafa, que no se explicaba cómo con “mera palabrería” el joven podía acceder a los lugares en los que se pavoneaba de sus relaciones.

Después, ya transformado en el blanco de las bromas de toda España, viene su desfile por las televisiones proclamándose un charlie de los servicios secretos o un mediador de Moncloa en el conflicto catalán. Había dejado de ser un conseguidor de negocios para ser un conseguidor de audiencias. Todo muy gracioso. O no tanto.

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La corrupción en Andalucía Jorge Muñoz a juez Alaya ha acaparado de nuevo este año una buena parte del combate judicial contra la corrupción. En agosto, la magistrada dio el impulso que se esperaba desde hace tiempo en la causa de los ERE fraudulentos, al remitir al Tribunal Supremo la exposición razonada contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que la instructora implicaba en un fraude que, por primera vez, cifró en 855 millones de euros.

El dictamen de Alaya incluía, por sorpresa, entre los denominados preimputados a otros dos ex consejeros autonómicos, el diputado Gaspar Zarrías y la senadora Mar Moreno. Alaya incluyó en esa lista de preimputados a nueve aforados, a los que atribuía delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las ayudas sociolaborales y ayudas directas a trabajadores que se concedieron entre los años 2000 y 2012.

Alaya envió la exposición razonada en agosto pero no fue hasta el mes de noviembre cuando el Tribunal Supremo, una vez oída la postura de la Fiscalía, decidió abrir una causa contra los expresidentes Chaves y Griñán, así como contra otros tres aforados: los diputados José Antonio Viera –ex consejero de Empleo– y Gaspar Zarrías –ex consejero de la Presidencia–, y la senadora Mar Moreno, que en su día también fue consejera de la Presidencia.

El Alto Tribunal dejó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la investigación relacionada con los otros cuatro preimputados –los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio–, lo que obliga a la juez a realizar una nueva exposición razonada dirigida a este tribunal.

La Sala Segunda del Supremo nombró instructor del procedimiento contra Chaves y Griñán a magistrado Jorge Alberto Barreiro, que deberá solicitar en su momento el suplicatorio a la misma Sala con carácter previo a la inculpación formal, procesamiento o adopción de cualquier medida cautelar, si bien los ex presidentes han anunciado su intención de acudir a declarar voluntariamente una vez que el caso se encuentra ya en esta instancia judicial.

El Supremo confirmó los indicios de la investigación que Alaya inició a principios de 2011 y consideró “imprescindible continuar la investigación sobre los hechos y la participación en los mismos” de los dosex presidentes y los tres exconsejeros cuya investigación corresponde a este órgano.

Mientras que el procedimiento en el Su-

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Alaya entra en los juzgados. / EFE

premo contra los aforados no ha hecho más que comenzar, la juez Mercedes Alaya, siguiendo las instrucciones del Alto Tribunal, ha continuado la tramitación del sumario de los ERE contra las personas no aforadas. El sumario acumula ya más de 229 imputados y se han fijado fianzas de responsabilidad civil por importe de unos El Supremo 3.000 millones de confirmó la euros, una cifra investigación histórica en la judicatura española. de Alaya La Fiscalía Anticoconsiderando rrupción y ahora el necesaria la propio Supremo investigación han pedido a la insde los dos tructora que divida expresidentes esta macrocausa en distintas piezas separadas, algo que según el Ministerio Público permitiría enjuiciar a los imputados durante el año 2015, según el optimista criterio del Ministerio Público.

Pero aunque la causa de los ERE está bastante avanzada, a pesar de que a la juez todavía le queda por investigar aproximadamente algo más del 60% de las ayudas, Alaya ha comenzado a dar los primeros pasos en la instrucción de otro macroproceso relacionado con las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas para cursos de formación. Se trata de otra macrocausa que podría in-

cluso ser más voluminosa que la de los propios ERE. En este procedimiento, que está aún en una fase muy incipiente, Alaya ya ha imputado a dos exconsejeros de la Junta: Antonio Fernández, que ocupó la cartera de Empleo entre 2004 y 2010, y Ángel Ojeda, que fue consejero de Hacienda. La instructora acusa a este último de haber usado sus “influencias en la Junta” para hacerse con ayudas por importe de más de 33 millones de euros “en poco más de año y medio” en relación con la formación de los extrabajadores de Delphi.

La magistrada fundamenta la imputación de Ojeda –que fue detenido en agosto por un juzgado de Cádiz, que ahora se ha inhibido a favor de Alaya– en el informe de la dirección general de la Inspección de Trabajo que, en su día, alertó del “grave perjuicio” que se había ocasionado al patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo estatal y al presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder ayudas a la formación incumpliéndose la normativa específica prevista para estas subvenciones. Cinco sociedades vinculadas al exconsejero están en la línea de investigación de la instructora: AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas), Humanitas (Asociación de apoyo a la integración), Innova (Asociación para la Sociedad de la Información), Inteca (Asociación para la Calidad Europea), y Natura (Asociación para el apoyo al Medio Ambiente).

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Ángel Ojeda, detenido por los cursos de formación. / JULIO GONZÁLEZ

La juez entiende que los hechos que se investigan pueden ser constitutivos de sendos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Alaya ha acusado a la Junta de Andalucía de haber destinado en cuatro años, entre 2008 y 2011, un total de 950 millones de euros a cursos de formación sin que la Administración autonómica haya obligado a las empresas beneficiarias a justificar el gastos de estas subvenciones.

En el caso de Antonio Fernández, la instructora considera que concedió ayudas por importe de 70 millones para la formación de los extrabajadores de Delphi Automotive System España, una subvenciones que se habrían otorgado “sin convocatoria ni bases reguladoras” y en contra de la ley de Subvenciones y del Real Decreto 395/2007 que regula las ofertas públicas formativas.

En la macrocausa de los cursos de formación Alaya ha tomado declaración, en varias sesiones, al testigo clave hasta ahora, el funcionario Teodoro Montes, jefe del departamento de Gestión de Formación Ocupacional en Sevilla, a quien la magistrada ha llegado incluso a preguntar si el PSOE se “financió” con los fondos para actividades formativas que recibía la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). La pregunta de la magistrada al testigo motivó incluso la presentación de una queja del PSOE ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al estimar que la magistrada había intentado “vincular, sin fundamento alguno, el caso de los cursos de formación con una presunta financiación” de los socialistas.

La declaración de este testigo llevó incluso a la Junta de Andalucía, que también está personada en esta causa como acusación particular, a plantear un incidente de nulidad al entender que Alaya asumió la investigación saltándose las normas de reparto del decanato, todo ello después de que Teodoro Montes revelara en

su declaración que había acudido directamente al juzgado de Mercedes Alaya después de haber estado “seis o siete años” sin que nadie le prestase atención en sus denuncias sobre el fraude de los cursos. La instructora lo remitió directamente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien le tomó declaración y su testimonio fue devuelto directamente al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en lugar de haberlo remitido al decanato para su reparto entre los 20 juzgados de Instrucción que hay en Sevilla.

Otra causa que estuvo a punto de investigar Alaya, pero que al final la Audiencia decidió que pasase a otro juzgado, en concreto, al de Instrucción número 9 de Sevilla, es la relacionada con el fraude de las facturas falsas detectado Alaya ha en el sindicato UGTcomenzado la A. Esta investigainstrucción de ción tuvo su momento culminante los cursos de la denominada formación, que con operación Cirene II, podría ser más desarrollada el 24 voluminosa de junio y que se cerró con la detención que la de los de 16 personas, enpropios ERE tre ellas el ex tesorero de la UGT-A Federico Fresneda, quien en su declaración derivó las posibles responsabilidades del fraude hacia los líderes de la formación.

En este sumario, la Fiscalía Anticorrupción solicitó y así lo acordó el juez la imputación de la anterior cúpula del sindicato, que dirigieron Francisco Fernández y Manuel Pastrana por su “participación directa” en los delitos.

El Ministerio Público recuerda que en esta causa se investiga la “financiación irregular” del sindicato a través de la “defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de forma-

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ción”, una financiación ilícita en la que el sindicato habría utilizado los procedimientos conocidos como rápel y bote.

A través del rápel se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, una cantidad que era soportada por el proveedor y que posteriormente era ingresada en la cuenta que señalaba el sindicato, según explicó en su momento la Fiscalía, que añadía que UGT-A presentaba posteriormente a la Junta la factura sin incluir el descuento, “lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban” a la Administración. Los importes totales obtenidos con el rápel se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales en la comisión ejecutiva.

En cuanto al denominado “bote”, el sindicato encargaba, según la Fiscalía Anticorrupción, la elaboración de “facturas simuladas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas”. Esto hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvención con cargo a ese bote, con lo que la actividad ordinaria de la entidad “se sufragaba con fondos que realmente procedían de subvenciones destinadas a fondos de formación”.

Según el Ministerio Público, el fraude alcanzó tal magnitud que “casi todos los gastos estructurales” del sindicato se pagaban con los fondos procedentes de las ayudas de la Junta.

En la vía administrativa, la Junta de Andalucía ha reclamado por el momento al sindicato la devolución de 15,3 millones por las irregularidades detectadas en 21 expedientes de subvenciones por importe de 25,5 millones recibidas por el sindicato a raíz de la investigación abierta por el caso de las presuntas facturas falsas, de acuerdo con los procedimientos de revisión de las subvenciones que inició la Administración andaluza hace más de un año.

La Junta ha elevado a 10,4 millones el importe que reclama en los procedimientos de reintegros, que se suman a los 4,9 millones que había cifrado hasta principios de septiembre, aunque, según UGT, estos últimos expedientes sumaban 3,5 millones.

De los 10,4 millones, 3,9 millones corresponden a siete expedientes de subvenciones otorgadas por la Dirección General de Relaciones Laborales, según la información facilitada en su momento por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado.

UGT-A ha presentado un recurso contencioso-administrativo en dos de esas resoluciones por importe de 1,8 millones. Otros 2,9 millones que reclama la Junta corresponden a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, y otros 3,6 millones al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

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El catecismo de Podemos Eduardo Jordá Escritor

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l fenómeno político que ha protagonizado Podemos es uno de los más extraordinarios que hemos conocido en estos últimos tiempos. Si hace tan sólo dos años alguien hubiera pronosticado que un grupo político liderado por profesores universitarios de extrema izquierda, y con conexiones evidentes con Venezuela e Irán, iba a liderar casi todas las encuestas de intención de voto de nuestro país, además de haber obtenido cinco diputados en las elecciones europeas, todo el mundo habría pensado que esa persona estaba mal de la cabeza. Pero todo es posible en ese extraño país que llamamos España. Y así, un partido político reciente, que nadie conocía hace dos años y que defiende una confusa ideología con elementos marxistas, populistas y hasta asamblearios, parece haber seducido a un sector mayoritario de la sociedad española. ¿Cómo ha sido posible algo así?

Eso es bastante fácil de explicar. La crisis económica que se inició en 2007 ha desarbolado por completo a la sociedad española. El paro llegó a alcanzar en 2012 al 26% de la población activa, con una incidencia del 50% entre los más jóvenes. El PP, que llegó al poder con mayoría absoluta a finales de 2011, ha impuesto un duro programa de ajustes y de recortes sociales que ha empobrecido a la población, con el agravante de que no ha sabido dar una explicación convincente de la necesidad o de los posibles beneficios a largo plazo de esos mismos recortes. Y por si fuera poco, los graves casos de corrupción política que se han ido descubriendo en estos años han afectado por igual a todo el sistema político: desde el PP al PSOE, desde CiU a la monarquía misma (a través del caso Urdangarín), y desde las organizaciones empresariales a los sindicatos obreros e incluso a IU. Y como consecuencia de todo esto, se ha ido extendiendo la idea de que el sistema político surgido de la Constitución de 1978 estaba podrido hasta la médula, o en todo caso se había convertido en un sistema inoperante que sólo servía para garantizar los privilegios de unos pocos, frente a la cruel economía de subsistencia que se había impuesto a la mayoría de la población.

Y aquí es donde hacen su aparición tres oscuros y ambiciosos profesores de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, que gustan de definirse como “politólogos” y que llevaban algunos años en la órbita de Izquierda Unida y asesorando al gobierno chavista de Venezuela (y usando la televisión pública

gualdad, la destrucción de los partidos de la “casta del PPSOE” y la apertura de un proceso constituyente que suponga el fin del régimen “corrupto” –según ellos– de la Transición. Éstos son los dogmas que repiten machaconamente, junto con las apelaciones continuas a la democracia deliberativa que debe dejar todas las decisiones políticas importantes en manos de los ciudadanos.

El mensaje funciona porque es sencillo y porque se repite una y otra vez en televisiones y tertulias. Pablo Iglesias es un orador convincente que maneja como nadie la sintaxis y la exposición ponderada de su catecismo –porque se trata de un catecismo en toda regla, con sus dogmas de fe y sus anatemas y sus condenas inquisitoriales–. Y este catecismo atrae a la gente porque la sociedad española está necesitada de líderes y de promesas esperanzadoras, por muy ilusas o inconcretas que sean éstas. Por último, Podemos ha movilizado a amplios sectores de la juventud que hasta ahora no se habían involucrado en política y que ven su llegada al poder como una ocasión única para protagonizar un vuelco generacional y quizá el acceso a un trabajo público por fin bien remunerado. Y en este sentido nadie debería olvidar el inmenso atractivo que supone Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en una asamblea / EFE para una juventud que vive y trabaja en precario la inmensa bolsa de trabajo futuro que supone un partido poEstos tres ideólogos marxistas lítico con expectativas de gobierno.

Si se piensa bien, el recetario económico de tienen tics autoritarios, casi Podemos equivale a hacer funcionar un Fenulos conocimientos de rrari con el recio motor de un tractor soviétieconomía y reticencia hacia la co (o bueno, venezolano). Y la obsesión de Podemocracia representativa demos por la “casta” recuerda mucho a esos juegos de estrategia –como Warhammer– en Wikipedia parece saber nada. Es evidente que que unos héroes abnegados e incorruptibles los líderes de Podemos son marxistas, o que al se aprestan a eliminar a todos los orcos y gomenos creen en una versión descafeinada del blins que anden sueltos por los Reinos Ogros. marxismo, pero la ideología de Podemos es Y por otra parte, la relación que hay entre un un misterio. En las elecciones europeas de ju- politólogo y un buen gobernante es la misma nio propugnaba una renta básica universal, la que media entre un pedagogo moderno obseapertura de fronteras a todos los inmigrantes sionado por “aprender a aprender” (y no por y el derecho de autodeterminación para todos los contenidos de las asignaturas) y un buen los pueblos de España. Pero estas propuestas profesor que quiere enseñar a sus alumnos han cambiado mucho desde que Podemos se las tablas de multiplicar o a escribir sin faltas ha constituido en partido político (hecho que de ortografía. Pero nada de esto impedirá que ocurrió en octubre, nueve meses después de miles y miles de ciudadanos de buena fe, hassu aparición como movimiento). Desde en- tiados y preocupados por la crisis económica, tonces propugna una vía socialdemócrata pa- voten a unos ratones de biblioteca que prerecida a la “escandinava” –aunque en algunos tenden desmontar el sistema político sin sapaíses escandinavos hace años que gobierna ber muy bien por qué van a sustituirlo. Éstas la derecha– con tres puntos básicos en cuanto son las cosas que ocurren en ese extraño país a la política: el fin de la corrupción y la desi- que llamamos España.

de Irán como plataforma para la agencia audiovisual Con Mano Izquierda y el programa de televisión por internet La Tuerka). Estos tres profesores son Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, es decir, los tres líderes principales de Podemos.

Estos tres ideólogos marxistas tienen claros tics autoritarios, casi nulos conocimientos de economía y una incuestionable reticencia hacia la democracia representativa, pero han sabido captar muy bien el estado de ánimo de una sociedad desesperada y huérfana de líderes. Y con uso magistral de las redes sociales y del crowdfunding y de la difusión de unas pocas ideas muy simples –y simplistas– repetidas sin cesar, estos profesores sin apenas seguidoreshanconseguidoliderarunmovimientoque ha sabido canalizar la indignación y el enfado de amplios sectores de la población. ¿Cuál es la ideología de Podemos? Ése es un punto muy confuso sobre el que ni siquiera la

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El problema catalán como motor del cambio Antón Costas Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona

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a vida política catalana de estos últimos años genera, a partes iguales, interés y preocupación. Preguntas del tipo de ¿qué pasa en Cataluña? o ¿qué quieren los catalanes? están presentes en la conversación cotidiana y en el debate público en nuestro país. El temor a que el conflicto político entre la Generalitat catalana y el gobierno de España pueda derivar en secesión genera, como es lógico, incertidumbre y temor.

Permítanme antes de intentar responder a esas cuestiones un breve comentario sobre el papel del conflicto en la vida política. Lo habitual es verlo como un elemento disgregador. Pero no tiene porque ser así. Más que un disolvente, el conflicto bien atendido puede ser un pegamento poderoso entre las partes. Es lo que ocurre, por ejemplo, en las empresas con el conflicto ocasional con los trabajadores.

Bien gestionado, el conflicto laboral no rompe la empresa, como se pensó a principios del siglo pasado. Al contrario, puede crea lazos de compromiso, lealtad y colaboración a largo plazo con el proyecto empresarial, aumentando la productividad y los resultados de la empresa.

Lo mismo ocurre con el conflicto político. Bien atendido, puede convertirse en un factor de cambio y pegamento a largo plazo. Ya sucedió así en los inicios de la Transición. En aquel momento, el conflicto catalán sirvió de presión y estímulo para el cambio político que España necesitaba. Cuando desde Cataluña se reclamó “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía” muchos veían en esa aspiración a un mayor autogobierno político un factor de ruptura de la unidad. Sin embargo, esa aspiración encontró encaje legal con el título VIII de la Constitución. No fue un privilegio a Cataluña, sino aspiración que compartida en otros lugares de España permitió el nuevo contrato político que estableció la Constitución. Por lo tanto, la “cuestión catalana” ha sido un potente factor de modernización política en la España de la Transición.

De nuevo, las aspiraciones que están detrás de la reaparición del “problema catalán” bien atendidas pueden ser una fuerza renovadora del proyecto de convivencia

Acto convocado por plataformas catalanas a favor de la conciliación con España. / EFE

Sólo entre un 15 ó 20% de la población catalana se declara independentista, pero entre un 70 u 80% manifiesta querer que se le consulte en común, el pegamento para el nuevo contrato social y político que necesita España en este inicio del siglo XXI. ¿Cuáles son las aspiraciones que se expresan hoy en Cataluña? Un error

muy frecuente que no ayuda a abordar bien el problema es identificar el malestar político existente en Cataluña con la aspiración de los grupos sociales y políticos independentistas. Esa demanda es sólo de una parte de la población. Tanto las encuestas de opinión como la consulta no legal que se hizo el pasado 9 de Noviembre cuantifican bastante bien la magnitud del independentismo: entre un 15 y el 20% se declara independentista. El 80% restante se reparte en-

tre un 5/10% que dice reconocerse sólo como españoles y un 70/80% que se declara catalanes y españoles, o la inversa.

Pero, de forma persistente, esta mayoría del 70/80 manifiesta querer que se le consulte acerca de cómo debería ser el encaje de Cataluña con el resto de España. Quieren votar en un referéndum, pero no para romper con el resto de España, sino para decir “no” a la independencia. Las cuestiones sobre las que se quiere tener capacidad de decisión están relacionadas con la financiación de los servicios públicos que presta la Generalitat, la recaudación de los impuestos o las competencias de la Comunidad, especialmente en el ámbito de la lengua, la cultura y la enseñanza.

Por lo tanto, el problema catalán tiene dos dimensiones. Una, minoritaria, que es la que expresan los grupos independentistas. Otra, mayoritaria, de reforma política y social para mejorar el funcionamiento del Estado de las Autonomías y la situación social y económica.

Las causas que alientan este deseo de reforma política son de dos tipos. Por un lado, tienen que ver con el malestar que han generado las disfunciones del funcionamiento del Estado de las Autonomías a lo largo de los últimos años en el terreno de la financiación de los servicios públicos, la lengua y la cultura. Por otro, con el malestar con los efectos sociales que ha tenido la crisis, el paro y las políticas de recortes de gastos sociales.

Al margen de la cuestión lingüística y cultural, este malestar catalán es común al resto de España. De hecho, se puede decir que en buena parte el problema catalán, así definido, es la manifestación de un problema más amplio compartido en toda España. ¿Es posible dar una respuesta positiva a esta demanda de cambio? Pienso que sí. Y mucho más teniendo en cuenta que una buena parte del problema catalán es un problema español. La reforma política para hacer más eficaz y justo el funcionamiento del Estado de las Autonomías es en interés de todos los españoles. Y lo que son las aspiraciones más específicamente catalanas, las relacionadas con la lengua, la cultura y el deseo mayoritario de ser consultados sobre la relación con el resto de España, tienen encaje legal en la Constitución. No se trata de responder a las demandas de independencia, sino a las demandas de una reforma política que abra una nueva etapa de progreso económico y social en beneficio de todos.

Lo que si me interesa recordar aquí es una lección histórica importante. Los españoles nunca hemos sabido reformar las constituciones que hemos tenido desde la de Cádiz de 1812. Las hemos derogado de forma violenta. Esta lección nos debería servir de estímulo para crear un marco legal más cómodo para todos, capaz de renovar el contrato político y el proyecto de vida en común para este siglo XXI.

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Pedro Sánchez, con permiso David Fernández ero de dónde ha salido este hombre?

Hace tan sólo unos meses, nadie hablaba de Pablo Iglesias. La mayoría de españoles recurrió a Google tras los comicios europeos para saber qué demonios había pasado.

Cómo logró Podemos tambalear los cimientos del bipartidismo, bajo el respaldo incondicional de los indignados, en tan sólo 24 horas. Había nacido el partido de la protesta.

Hasta entonces, la vida le sonreía a Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Madrid, 1972). Este buen hombre que pasó por el Ayuntamiento de Madrid como concejal del PSOE se presentaba como la gran esperanza de la izquierda para este país con un reto apasionante por delante. A imagen de José Luis Rodríguez Zapatero –aunque con mejor porte y currículo–, este licenciado en Económicas concurrió a las primarias de su partido como un auténtico desconocido y, rompiendo todos los pronósticos, ganó sin despeinarse. De buenas a primera, el flamante secretario general se convirtió en un soplo de aire fresco. A cada puerta de cada agrupación a la que llamó le ofrecieron lo mejor de cada casa, y el siguiente desafío, recuperar la calle y a tanta gente como la que se alejó del PSOE, no podía esperar.

Para su sorpresa, una voz, una cara, un círculo, el de Podemos, empezó a robarle protagonismo. Por más que se trate de un líder cercano, este gran amante del baloncesto empezó a detectar que los focos se alejaban de él, atraídos por nuevas proclamas y la fuerza de un discurso mucho más radical. Ni su perfil innovador ni su gran preparación académica –abarca dos idiomas y ha firmado una buena trayectoria internacional– y ni siquiera su discurso más pegado a la realidad y a la gente que peor lo pasa lograban desviar la atención de las cámaras. En cambio, el líder de Podemos llamaba la atención de los focos hasta tal extremo que obligó a cambiar la estrategia de todo quisque. Pedro Sánchez fue el primero en detectar su éxito mediático y tuvo que dividir sus esfuerzos para ejercer la oposición frente a Mariano Rajoy, sin descuidar el avance de Podemos por la retaguardia. El PP vio el momen-

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to propicio para identificar a Pablo Iglesias como el principal adversario, a fin de minar la moral de los socialistas; y para colmo IU identificaba a la nueva formación de Iglesias como el modelo a seguir. Pese a todas estas señales, la figura que eclipsó la ascensión de Sánchez la tenía el líder del PSOE a su vera y no era otra que la de la misma persona que lo catapultó en su día: Susana Díaz.

Cuando la presidenta de los andaluces adelantó las elecciones andaluzas, todas las miradas se posaron en ella como la única persona capaz de frenar el ascenso imparable de Podemos. Sánchez, de nuevo, quedaba relegado a un segundo plano.

Su gestión desde que cogió el mando en Ferraz no ha sido tan decisiva como el hecho de que ha llegado en el peor momento, y

Pedro Sánchez. / ARCHIVO

tampoco a ninguno se le exigió tanto desde el primer minuto. Es simpático y tiene buena planta, lo cual es mucho para empezar, pero como el debate sobre su liderazgo se presenta cada vez que Susana Díaz salta a la escena nacional, ya de antemano le critican por no tener las ideas de Felipe González ni gozar de su carisma, como si hubiese tenido tiempo de demostrar gran cosa. Basta un dato: apenas han pasado cuatro meses desde que ocupara por primera vez el puesto de lí-

der de la oposición en el Congreso de los Diputados, en septiempre pasado, y ya le mueven la silla desde dentro de su propio partido. Diga lo que diga sobre Cataluña, la Corona o la Constitución, cualquier palabra de Susana Díaz siempre tiene más peso.

Nunca los socialistas estuvieron tan cerca de ninguna parte. Pero es que jamás imaginaron que desde la izquierda alguna otra fuerza, nacida de las entrañas de la sociedad, le birlaría las simpatías del personal, en sus narices y en su propio granero de votos, con un simple discurso más populista que aglutina a buena parte de los cabreados de este país.

Antes de poder afrontar el reto de recuperar la unidad de su partido y la confianza de sus militantes, el secretario general del PSOE se ha visto frente al precipicio. Si no logra unos buenos resultados en las próximas elecciones municipales, de hecho, los notables del PSOE dan por seguro que Susana Díaz no se lo pondrá fácil para que se presente a las próximas elecciones generales.

Sin vacilar, los mismos que coronaron a este diputado por Madrid con gran experiencia en la empresa privada y en organismos públicos, ahora le dan la espalda a la espera de lo que dicten las urnas. Si puede o no puede colmar las expectativas de aquellos que quieren que el partido rompa definitivamente con su pasado y recupere la ilusión perdida de los votantes es algo que ahora no importa en el PSOE. Eso sí, si las musas le vuelven a sonreír, tal vez se repare en que es un defensor de la ecología, que habla inglés y francés, y que sabe lo que es vivir lejos de las faldas del partido, trabajando como autónomo.

Sí, tal vez un día, recuerde que forjó su trayectoria trabajando para Naciones Unidas en Sarajevo (Bosnia) durante la guerra de Kosovo y en el Parlamento Europeo con la socialista Barbara Dürhkop.

Pedro Sánchez aún no sabe cómo contrarrestar esta fuerza de la que todos hablan y que le gana espacio a cada día que pasa en las portadas de los periódicos y en la barra de los bares: Podemos. Si trata de imitarles, perderá, y si se queda de brazos cruzado, perderá. Evitar el cuerpo a cuerpo y trabajar en alternativas creíbles que le alejen del populismo pero sin perder el contacto con la sociedad seguro que le acercará al éxito. Si se lo permiten, claro.

UPyD y Ciudadanos, un amor imposible José Luis Rodríguez del Corral os votos sumados de UPyD y Ciudadanos en las europeas habrían supuesto 250.000 más que los obtenidos por Podemos, la gran revelación de esas elecciones. La coincidencia entre ambas formaciones ya en su origen, como res-

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puesta a los nacionalismos vasco o catalán respectivamente, en su ideario de centro, afiliados ambos al grupo demócrata y liberal del Parlamento Europeo, y en su objetivo de servir de “bisagra” tras las próximas generales, no habían bastado para acercar posiciones y articular un proyecto común. UPyD había desestimado ya este

acuerdo en sus órganos de dirección cuando Sosa Wagner, uno de sus eurodiputados, instó al mismo en una carta pública que tuvo mejor acogida en Ciudadanos que en su propio partido, dónde resultó soezmente descalificado. A pesar de esta reacción inicial la líder de UPyD, Rosa Díez, tildada de autoritarismo por Sosa

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Wagner y otros militantes, que hasta entonces se había opuesto a esa confluencia, decidió abrir una ronda de contactos con Ciudadanos y su líder, Albert Rivera. Contactos que sólo sirvieron para constatar que, al menos por ahora, no hay posibilidad de acuerdo, por más que resulte coherente y necesario. Sosa Wagner abandonaba al poco escaño y partido, abriendo la espita de un goteo incesante de bajas en agrupaciones de todo el país en un trasvase cuando menos significativo hacia Ciudadanos. El dinamismo de Rivera, la consolidación de su partido en Cataluña donde los sondeos lo sitúan como tercera fuerza, la previsión de obtener resultados ya en su debut nacional en las próximas municipales gracias a su absorción de pequeños grupos en localidades de todo el país, movimiento muy criticado por UPyD, parecen otorgar cierta ventaja al partido y al líder más joven en esta competencia entre opciones semejantes. Abunda en esto el “estancamiento” de UpyD, tema habitual de comentario ya antes de las europeas y mucho más después, cuando ha quedado claro que apenas aprovecha el desgaste de PP y PSOE, muy al contrario que Podemos. Aunque tiene sólo siete años UpyD se ve como un partido “de siempre”, percepción que no puede desligarse de la de su líder, una política vetera-

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Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD ) y Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en una de las reuniones mantenidas entre ambos partidos. / EFE

na que no ha logrado librar a su partido de cierto aire de escisión del PSOE, con un marchamo mucho más “progresista” que liberal, y un discurso sin perfil económico ni político centrado en exclusiva en la maldad intrínseca del bipartidismo, la indignación contra la corrupción y la unidad o igualdad nacional. Rosa Díez ha visto erosionada su imagen al dar la sensación de que es su afán de protagonismo lo que impide esa fusión y parece haber dejado en parte la

comunicación del partido en manos de otro diputado de su grupo, el actor Toni Cantó.

Rivera en cambio es un “hombre nuevo” que no procede del sistema de partidos sino de un movimiento social, es un comunicador extraordinario, está recibiendo apoyos de relieve como el del economista Manuel Conthe y a pesar de que su partido está en formación parece llamado a liderar ese espacio de centro en los nuevos tiempos que se abren para la política española.

Adolfo Suárez, el encantador de serpientes Luis Villalba dolfo Suárez ha fallecido en el año en que la obra de su vida: hacer de España un país democrático mediante una transición inclusiva y pacífica, está más puesta en cuestión. Bien es verdad que su mente, si se quiere su espíritu, había sido ya destruido años antes por el Alzheimer, del mismo modo que el “espíritu de la Transición” se ha ido desvaneciendo en el horizonte de los españoles, tanto por el paso del tiempo como por ataques deliberados. No creo que a Suárez, un reformista, le hubiera asombrado o asustado los proyectos peor o mejor definidos de reformas constitucionales, probablemente habría participado en ellos sin el temor del conservadurismo al cambio, él que fue tanto lo que se atrevió a cambiar. Pero habría combatido con toda energía la falacia de considerar la Transición como un engaño para afianzar el dominio del centralismo, por una parte, y por otra el de la “casta de políticos y banqueros”, y el intento por tanto de romper con todo lo anterior (por fin, la ruptura), para refundar el país sobre bases completamente distintas, aunque no necesariamente nuevas. Tanto el cantonalismo como la revolución social contra “los ricos y poderosos” tienen un viejo arraigo entre nosotros.

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Adolfo Suárez. / ARCHIVO

Suárez fue un político sin ideología definida. Ni claramente conservador ni expresamente liberal ni tampoco socialdemócrata a pesar de haber formado un partido que se apellidaba democrático y social. La derecha que lo consideró un traidor o un parvenue, y fue la que precipitó su renun-

cia al gobierno, la izquierda arremetió contra él en todo momento con una inquina inmerecida. Hombre hecho a sí mismo, sin grandes parentescos ni complicidades, salvo la del Rey, fue siempre un outsider, alguien fuera de la norma, que no figuraba en el guión ni de unos ni de otros. Su mayor aval como político era su paso por la dirección de la RTVE, que no es poco, bien mirado. Se le calificó de trepa, tahúr o aventurero. Umbral, con injusticia pero con cierta gracia, lo comparaba a Andrés Sorel, el atractivo y ambicioso protagonista de Rojo y negro, que asciende gracias a su talento en un medio social por el que es finalmente devorado. Hombre de temple excepcional, algo de lo que todo el mundo fue testigo, ejerció de encantador de serpientes, pero las serpientes que apaciguaba con su encanto eran las de la intransigencia y el fanatismo. Practicó la tolerancia como ningún gobernante antes que él en un país sobrado de gentes furibundas.

La persuasión, que entre los griegos era una diosa lo que quizás explique este milagro, fue la única arma de la que pudo o quiso valerse. Su pérdida estaba hace tiempo amortizada, su ganancia, la que logró para todos nosotros, forma parte sustancial de nuestra convivencia y es preciso que sea preservada.

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Ley de Seguridad Ciudadana: ¿mordaza o seguridad?

Yago Villadóniga n diciembre el PP aprobó en el Congreso la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con la oposición de todos los grupos parlamentarios, que la definen como una “ley mordaza” que limita derechos fundamentales. Uno de los aspectos más controvertidos es la norma introducida por el Gobierno sobre la capacidad de la Fuerzas de Seguridad para rechazar inmigrantes que asalten las vallas de Ceuta y Melilla. Según los que se oponen, esta medida supone legalizar las devoluciones en caliente, prohibidas por derecho, mientras que desde el ministerio del Interior se afirma que no se vulnera ningún derecho si no se llega a superar el cordón policial.

La ley contiene asuntos de importancia.

Las faltas que antes eran materia de Código Penal pasan a ser multas administrativas sin intervención judicial. Las faltas, clasificadas como muy graves, graves o leves se pueden sancionar con cantidades que pueden alcanzar los 600.000 euros.

Entre las faltas muy graves se incluye “la perturbación de seguridad ciudadana” como manifestaciones frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos. Las denuncias policiales pasarán a tener mayor valor probatorio para adoptar las resoluciones judiciales. También incluye sanciones para los que soliciten servicios sexuales en determinadas zonas de tránsito publico, o para el consumo y la tenencia de drogas aunque no estén destinadas al tráfico en lugares públicos, así como la ocupación de cualquier inmueble ajeno contra la voluntad de su propietario. Una de sus aparentes novedades es la retención policial durante un plazo máximo de seis horas, que sólo se podrá ejecutar en tres supuestos: en el cacheo, en las pruebas de alcoholemia y en las labores de identificación. Y si se considera necesario el individuo puede ser conducido a dependencias policiales. A partir de ese tiempo tendrá que quedar en libertad o ser detenido. Este plazo se sitúa a medio camino entre la libertad y la detención, y es posiblemente uno de los puntos más controvertidos, aunque esas prácticas ya estaban contempladas en otros ordenamientos que las amparaban. Junto a eso, se regulan por primera vez los cacheos, que solo se podrán llevar a cabo con el objetivo de prevenir o esclarecer delitos. Otra novedad respecto a la ley de 1992 es la sanción por la proyección de haces de luz (punteros láser) sobre conductores.

En su defensa, el ministro del Interior Fernández Díaz declaró que “es una Ley

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Parlamentarios de IU amordazados en señal de protesta ante la nueva Ley de Seguridad. / AGENCIAS

francamente progresista, si por Las denuncias progresista entenpoliciales demos defender la pasarán a seguridad ciudadana y garantizar tener mayor los derechos y livalor bertades de los ciuprobatorio dadanos”.

Tampara adoptar bién insistió en resoluciones que se han aceptado enmiendas y cojudiciales rrecciones al anteproyecto inicial de instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el CGPJ o el Defensor del Pueblo, y de distintos grupos como Amnistía Internacional, Greenpeace o Intermon Oxfam.

En general, la actitud de los distintos grupos opositores debe explicarse en el contexto de cortos alcances que carac-

teriza al debate político actual, impregnados de demagogia oportunista. Sin embargo, desde instituciones policiales se reclama que la Ley debería haber sido aprobada con un mayor consenso político que asegure su recorrido, y con una negociación previa con los que van a tener que lidiar con ella, como son los ciudadanos y los propios cuerpos policiales. Señalan asimismo la excesiva ambigüedad en el articulado de algunos apartados, como la “perturbación de la tranquilidad ciudadana”, o la reforma de la Ley de Extranjería a través de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, con la inclusión del término “rechazo” que no se utiliza en el código de fronteras que sigue España. Concluyen su análisis afirmando que no son demasiadas las novedades en relación a su trabajo habitual.

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Una treintena de inmigrantes permanecen encaramados en lo alto de la verja , tras un nuevo intento de salto a la valla de Melilla. / EFE

A seis metros de altura de una vida mejor Óscar Lezameta l 6 de febrero del año pasado, la percepción era de que en la valla de Melilla existía un problema que iba más allá del humano deseo de buscar una vida mejor, un sentimiento imposible de contener con kilómetros de acero. Aquella mañana, 15 inmigrantes se dejaron la vida en medio de una lluvia de hasta 145 pelotas de goma y 5 botes de humo lanzados por unos agentes de la Guardia Civil, carentes de la más mínima y lógica instrucción sobre cómo proceder en casos de asaltos semejantes que tienen como antecedente más trágico el salto de 700 subsaharianos que en octubre de 2005 fueron tiroteados por la policía marroquí que causó 14 muertos, entre ellos un menor. La actuación de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, la capacidad de los mandos de poner sobre el terreno un operativo que garantice la salvaguarda de los derechos humanos más elementales (incluida la capacidad de hacerlos respetar también en suelo marroquí, un aspecto que sigue sin tratarse) así como la necesidad de controlar un flujo migratorio que no puede ser indiscriminado y la capacidad de control de las fronteras, han estado sobre un tapete que se ha alterado con la aprobación de la nueva legislación sobre seguridad que pretende regular esas actuaciones.

Desde ese día estamos acostumbrados a debatir sobre las concertinas o las devoluciones en caliente, los garfios, la actuación de los agentes que tratan de impedir que se consume su intento por entrar que comenzó miles de kilómetros antes, en países como Malí, Nigeria o Chad, carcomidos por guerras interminables, persecuciones que desembocan en matanzas y, sobre todo, toda una vida por delante vacía de futuro. Algunos llegan a malvivir perseguidos por las fuerzas de segu-

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ridad marroquíes en espera de poder dar el salto soñado después de hasta cinco años desde que abandonaran sus hogares y con títulos universitarios en su currículo. Son meses interminables que conducen a una espera en medio de la nada más absoluta. Otros se quedan horas encaramados a una valla esperando una compasión que nunca llega o una oportunidad de llegar a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla o Ceuta atestados. Desde allí, un traslado a la península se convierte en esa puerta abierta que llevan tiempo esperando.

Los seis metros que le separan del suelo han sido motivo de profundas discrepancias con las autoridades de la Unión Europea, que discrepan sobre la forma de llevar a cabo denominadas deSon necesarios las voluciones en calienmás medios te, que las autoridapara hacer des españolas centran en una discufrente a un sión sobre cuándo y problema que dónde comienza el trasciende suelo nacional, si el más allá de espacio que existe nuestras entre las dos vallas es o no válido como pafronteras ra considerar que alguien que se encuentre en el mismo tiene la protección de sus derechos garantizada a toda persona que se encuentre en España.

La búsqueda de una legislación más o menos permisiva según quien la proponga, parece la única solución que se maneja desde quienes deben regular un problema sobrevenido y que, al menos hasta la fecha, no ha encontrado respuesta en las autoridades comunitarias. El convencimiento de que se trata de un asunto que debe debatirse en Bruselas y que son necesarios más medios para poder hacer frente a un problema que

empieza en Melilla y Ceuta pero que trasciende más allá de las fronteras españolas, es un deseo aún no satisfecho del todo. En el otro plato de la balanza están quienes defienden los derechos humanos y piden la retirada de unas concertinas que, vistos los resultados, no han conseguido frenar asaltos masivos y coordinados por las consabidas “mafias” que, ni desde España, ni desde Marruecos, se han conseguido atajar.

Se pasa por alto, quizá porque la necesidad de conseguir soluciones a corto plazo así lo exige, una de las formas de finalizar con estas masivas huidas de esos países: la inversión en su desarrollo. Entre aquellos que sí lo consiguen y corren por las calles de las ciudades autónomas, hay una común actitud de satisfacción. Han conseguido dejar atrás el futuro más oscuro que sus países podían darles. Fomentar que quienes viven en ellos no sientan la necesidad de emprender un viaje que concluye subidos a una valla es, tal vez, el capítulo menos desarrollado de todos y el que precisa una mayor determinación de las administraciones. La crisis, esa misma que no les permite quedarse en España sencillamente porque aquí tampoco existen los medios para asegurar su supervivencia, ha caído también sobre ellos.

Se ha invertido en reforzar la valla, en poner en funcionamiento mecanismos de actuación rápida, de detección temprana y semana tras semana (más de 2.000 hasta el pasado mes de octubre) los saltos masivos se siguen produciendo, hasta perderse en las páginas de los periódicos. ¿Qué les lleva a miles de personas a intentarlo? Es la eterna pregunta sin respuesta, sin voluntad y sin una solución aparente. África huye a través de los 12 kilómetros de valla de Melilla y los 8 de Ceuta sin que, al menos de momento, nadie haya sabido ni explicarlo, ni solventarlo.

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