Número 374 Febrero 16, 2014
Claves de la devaluación en Argentina
¿Extractivismo o ecología? Derechos de la Naturaleza Energía y leyes secundarias
Juegos Olímpicos de Sochi
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CORREO del SUR
¿Extractivismo o ecología? Boaventura de Sousa Santos*
A
l inicio del tercer milenio, las fuerzas de izquierda se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo, y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso. En estas líneas voy a centrarme en el segundo desafío. Antes de la crisis financiera, Europa era la región del mundo donde los movimientos ambientalistas y ecologistas tenían más visibilidad política y donde la narrativa de la necesidad de complementar el pacto social con el pacto natural parecía tener gran aceptación pública. Sorprendentemente o no, con el estallido de la crisis tanto estos movimientos como esta narrativa desaparecieron de la escena política y las fuerzas políticas que más directamente se oponen a la austeridad financiera reclaman crecimiento económico como la única solución y sólo excepcionalmente hacen una mención algo simbólica a la responsabilidad ambiental y la sustentabilidad. Y, de hecho, las inversiones públicas en energías renovables fueron las primeras en ser sacrificadas por las políticas de ajuste estructural. Ahora bien, el modelo de crecimiento que estaba en vigor antes de la crisis era el blanco principal de las críticas de los movimientos ambientalistas y ecologistas, precisamente, por ser insostenible y producir cambios climáticos que, según los datos la ONU, serían irreversibles a muy corto plazo, según algunos, a partir de 2015. Esta rápida desaparición de la narrativa ecologista muestra que el capitalismo tiene prioridad no sólo sobre la democracia, sino también sobre la ecología y el ambientalismo. Pero hoy es evidente que, en el umbral del siglo XXI, el desarrollo capitalista toca la capacidad límite del planeta Tierra. En los últimos meses, varios records de riesgo climático fueron batidos en Estados Unidos, la India, el Artico, y los fenómenos climáticos extremos se repiten con cada vez mayor frecuencia y gravedad. Ahí están las sequías, las inundaciones, la crisis alimentaria, la especulación con productos agrícolas, la creciente escasez de agua potable, el desvío de terrenos destinados a la agricultura para desarrollar agrocombustibles, la deforestación de bosques. Paulatinamente, se va constatando que los factores de la crisis están cada vez más articulados y son, al final, manifestaciones de la misma crisis, que por sus dimensiones se presenta como crisis civilizatoria. Todo está vinculado: la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis energética, la especulación financiera sobre los commodities y los recursos naturales, la apropiación y la concentración de tierras, la expansión desordenada de la frontera agrícola, la voracidad de la explotación de los recursos naturales, la escasez de agua potable y la privatización del agua, la violencia en el campo, la expulsión de poblaciones de sus tierras ancestrales para abrir camino a grandes infraestructuras y megaproyectos, las enfermedades inducidas por un medioambiente degradado, dramáticamente evidentes en la mayor incidencia del cáncer en ciertas zonas rurales, los organismos genéticamente modificados, los consumos de agrotóxicos, etcétera. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible realizada en junio de 2012, Río+20, fue un rotundo fracaso por la complicidad mal disfrazada entre las élites del Norte global y las de los países emergentes para dar prioridad al
lucro de sus empresas a costa del futuro de la humanidad. En varios países de América latina, la valorización internacional de los recursos financieros permitió una negociación de nuevo tipo entre democracia y capitalismo. El fin (aparente) de la fatalidad del intercambio desigual (las materias primas siempre menos valoradas que los productos manufacturados), que encadenaba a los países de la periferia del sistema mundial al desarrollo dependiente, permitió que las fuerzas progresistas, antes vistas como “enemigas del desarrollo”, se liberasen de ese fardo histórico, transformando el boom en una ocasión única para realizar políticas sociales y de redistribución de la renta. Las oligarquías y, en algunos países, sectores avanzados de la burguesía industrial y financiera altamente internacionalizados, perdieron buena parte del poder político gubernamental, pero a cambio vieron incrementado su poder económico. Los países cambiaron sociológica y políticamente, hasta el punto de que algunos analistas vieron la emergencia de un nuevo régimen de acumulación, más nacionalista y estatista, el neodesarrollismo, sobre la base del neoextractivismo. Sea como fuere, este neoextractivismo se basa en la explotación intensiva de los recursos naturales y, por lo tanto, plantea el problema de los límites ecológicos (para no hablar de los límites sociales y políticos) de esta nueva (vieja) fase del capitalismo. Esto es tanto más preocupante en cuanto este modelo de “desarrollo” es flexible en la distribución social, pero rígido en su estructura de acumulación. Las locomotoras de la minería, del petróleo, del gas natural, de la frontera agrícola son cada vez más potentes y todo lo que se interponga en su camino y obstruya su trayecto tiende a ser arrasado como obstáculo al desarrollo. Su poder político crece más que su poder económico, la redistribución social de la renta les confiere una legitimidad política que el anterior modelo de desarrollo nunca tuvo, o sólo tuvo en condiciones de dictadura. Por su atractivo, estas locomotoras son eximias para transformar las señales cada vez más perturbadoras de la inmensa deuda ambiental y social que generan en un costo inevitable del “progreso”. Por otro lado, privilegian una
temporalidad que es afín a la de los gobiernos: el boom de los recursos naturales no va a durar para siempre y, por eso, hay que aprovecharlo al máximo en el más corto plazo. El brillo del corto plazo oculta las sombras del largo plazo. En tanto el boom configura un juego de suma positiva, quien se interpone en su camino es visto como un ecologista infantil, un campesino improductivo o un indígena atrasado, y muchas veces es sospechado de integrar “poblaciones fácilmente manipulables por Organizaciones No Gubernamentales al servicio de quién sabe quién”.
En estas condiciones se vuelve difícil poner en acción principios de precaución o lógicas de largo plazo. ¿Qué pasará cuando el boom de los recursos naturales termine? ¿Y cuando sea evidente que la inversión de los recursos naturales no fue debidamente compensada por la inversión en recursos humanos? ¿Cuando no haya dinero para generosas políticas compensatorias y el empobrecimiento súbito cree un resentimiento difícil de manejar en democracia? ¿Cuando los niveles de enfermedades ambientales sean inaceptables y sobrecarguen los sistemas públicos de salud hasta volverlos insostenibles? ¿Cuando la contaminación de las aguas, el empobrecimiento de las tierras y la destrucción de los bosques sean irreversibles? ¿Cuando las poblaciones indígenas, ribereñas y de los quilombos (afrobrasileños) que fueron expulsadas de sus tierras cometan suicidios colectivos o deambulen por las periferias urbanas reclamando un derecho a la ciudad que siempre les será negado? Estas preguntas son consideradas por la ideología económica y política dominante como escenarios distópicos, exagerados o irrelevantes, fruto de un pensamiento crítico entrenado para dar malos augurios. En suma, un pensamiento muy poco convincente y de ningún atractivo para los grandes medios de comunicación. En este contexto, sólo es posible perturbar el automatismo político y económico de este modelo mediante la acción de movimientos y organizaciones sociales con el suficiente coraje para dar a conocer el lado destructivo sistemáticamente ocultado del modelo, dramatizar su negatividad y forzar la entrada de esta denuncia en la agenda política. La articulación entre los diferentes factores de la crisis deberá llevar urgentemente a la articulación entre los movimientos sociales que luchan contra ellos. Se trata de un proceso lento en el que el peso de la historia de cada movimiento cuenta más de lo que debería, pero ya son visibles articulaciones entre las luchas por los derechos humanos, la soberanía alimentaria, contra los agrotóxicos, contra los transgénicos, contra la impunidad de la violencia en el campo, contra la especulación financiera con productos alimentarios, por la reforma agraria, los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, los derechos indígenas y de los quilombos, el derecho a la ciudad, el derecho a la salud, la economía solidaria, la agroecología, el gravamen de las transacciones financieras internacionales, la educación popular, la salud colectiva, la regulación de los mercados financieros, etc. Tal como ocurre con la democracia, sólo una conciencia y una acción ecológica vigorosas, anticapitalistas, pueden enfrentar con éxito la vorágine del capitalismo extractivista. Al “ecologismo de los ricos” es preciso contraponerle el “ecologismo de los pobres”, basado en una economía política no dominada por el fetichismo del crecimiento infinito y del consumismo individualista, sino en las ideas de reciprocidad, solidaridad y complementariedad vigentes tanto en las relaciones entre los seres humanos como en las relaciones entre los humanos y la naturaleza. *Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal. El texto corresponde a la “Undécima carta a las izquierdas” del autor. Traducción: Javier Lorca.
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Claudio Scaletta
E
n economía es más fácil prever qué pasará que cuándo pasará exactamente. Frente al evidente desajuste que presentaban algunas variables de la macroeconomía, era muy difícil esperar un verano tranquilo, más si se agrega la memoria histórica local. En diciembre pasado los factores de inquietud eran básicamente dos y muy relacionados. Primero, la constante reducción de las reservas internacionales hacía palpable la amenaza de la escasez relativa de divisas. El fenómeno es muy conocido y fue explicado por los macroeconomistas argentinos al menos desde la década del ’60 del siglo pasado. Su formulación más acabada llegó con el modelo de Stop & Go, el que sin desarrollarlo en detalle explica que tras períodos de crecimiento sostenido las divisas del agro dejan de alcanzar para financiar las importaciones de la industria, dando lugar a la llamada restricción externa. Segundo, precisamente como un intento de combatir la salida de capitales –siempre presente, pero disparada por la percepción de la proximidad de la escasez de divisas– y el desbalance externo, el Gobierno optó a partir de 2011 por las restricciones sobre el mercado cambiario, el llamado cepo, lo que muy previsiblemente dio lugar a un mercado paralelo que maximizó las expectativas de devaluación presionando sobre la cotización oficial de la moneda. En el límite del voluntarismo, no se ofrecieron, a cambio, estímulos a la permanencia de los ahorros en pesos. La tasa de interés real se mantuvo tozudamente negativa, casi una invitación directa a mantener los excedentes de empresas y particulares en divisas. En paralelo, aunque el cepo frenó transitoriamente la salida de capitales, también frenó en seco su ingreso. Es verdad que la economía debe estar subordinada a la política, pero lo que está vedado es ir en contra de los comportamientos microeconómicos más elementales. En concreto: los actores no compran divisas por una compulsión psicológica a adquirir el billete verde, sino como estrategia de reserva de valor frente a la inca-
Claves de la devaluación en Argentina pacidad de la moneda local de cumplir dicha función. Lo mismo corre, por ejemplo, para el productor agropecuario individual; no retiene su cosecha en los campos por pertenecer a la tribu de los malos, sino por simple esperanza de venderla con un tipo de cambio que se espera más alto. Se trata del comportamiento racional de los actores económicos en cualquier mercado, un dato que debería incorporar cualquier hacedor de política. De igual manera, si se cree que la cotización del dólar se dispara por encima de lo esperado debido a la acción coordinada de “especuladores y agiotistas”, la pregunta correcta que debe hacerse cualquier economista no es quiénes son los malos, sino “cuáles son las reglas que permiten que actúen como tales”. Recapitulando, existieron factores reales y financieros que condujeron a la devaluación oficial de enero. La pregunta clave es cuál fue el factor determinante, si el estructural o el financiero. Si se comparan las variables locales con las del resto de los países de la región, es altamente probable que se opte por el segundo determinante. El peso argentino antes de la devaluación no estaba más sobrevaluado que la moneda de los países vecinos, que hoy resultan carísimos para cualquiera que tenga ingresos fijos en moneda local. Tampoco hay razones para creer que las burguesías de estos países sean más buenas o que exis-
tan allí procesos de revolución industrial. Todos los vecinos tienen además algún déficit de cuenta corriente, aunque balanceado con la cuenta capital, es decir, con distintas formas de ingreso de capitales. Es en este último punto, entonces, donde parece estar la diferencia que explica la particularidad local. Suele argumentarse que Argentina tras el default de 2002 tiene vedada la vía del financiamiento externo, lo que puede ser cierto en la lógica de los organismos financieros internacionales. Pero lo que no tiene restringido son los múltiples instrumentos alternativos, desde el manejo de la tasa de interés interna a los convenios bilaterales o el estímulo a la inversión extranjera. Es probable que el Gobierno se haya demorado en exceso en tomar nota de sus problemas principales. No son pocos quienes argumentan que podría haberse ensayado con estos estímulos antes de devaluar, algo que fue advertido mucho antes de contar con la información de los diarios del lunes. Era sabido que del cepo sólo podía salirse con devaluación y mayores tasas. Esta era la ingrata y compleja tarea que debía enfrentar el nuevo equipo económico que asumió el pasado noviembre, al que sin dudas le tocó bailar con la más fea. Desde el principio la nueva conducción dio señales de que avanzaría por este sendero, lo que finalmente hizo, aunque no está muy claro si fue de la me-
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jor manera, una conclusión que sólo podrá sacarse cuando se estabilicen las variables. Por ahora, la continua baja de reservas internacionales y las dudas sobre el superávit comercial oscurecen el horizonte de la estabilidad a corto plazo. Lo que sí puede afirmarse sin dudar son los efectos de la devaluación. El primero y más importante es que se reducirá inevitablemente el ingreso disponible, situación que, a su vez, genera dos efectos relacionados: caída de la demanda y freno al crecimiento (los componentes que se encuentran del otro lado de la ecuación macroeconómica básica). Y el segundo y directamente relacionado es el aumento de la conflictividad social. Como se comprenderá, estos dos factores son mucho más importantes que los secundarios, como el nivel del traslado de la devaluación a precios, aunque minimizar este traslado sea una de las herramientas para evitar la caída del ingreso real. Finalmente, es necesario rechazar algunas falacias asociadas a la devaluación. En particular suele argumentarse que la pérdida del valor de la moneda local es buena para las economías regionales. Si bien el argumento de la baja de costos de producción de las exportaciones, fundamentalmente por la caída del nivel de salarios en divisas, es fuerte, no está convalidado por los números. No existe información estadística que relacione, a nivel agregado, la depreciación cambiaria con aumento de las cantidades exportadas. Lo que sí se produce es un potente efecto riqueza que favorece a los exportadores, un dato que sólo entusiasma a quienes militan en la teoría del derrame. Sí es posible esperar, en cambio, una caída de las importaciones por la doble vía del encarecimiento y, sobre todo, de la caída del Producto. No está claro si es una buena noticia, pero será un alivio para las cuentas externas. El primer balance general es que 2014 será el año más difícil de la actual administración, el de menor crecimiento y el de mayor conflicto social de la última década. Mejor entonces estar preparados y asumir el diagnóstico.
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Arranca el Tribunal É Q Derechos de l uito// El Tribunal Ético Mundial por los Derechos de la Naturaleza ha arrancado este mes de enero en Quito, la capital ecuatoriana, como un reconocimiento al primer país del mundo en proclamar que la naturaleza es un sujeto de derechos. Presidido por la activista ecofeminista y Premio Nobel Alternativo, Vandana Shiva, el Tribunal se reunió el pasado día 17 para escuchar nueve casos y determinar su admisión a estudio. “Acudimos a este Tribunal Ético porque estamos convencidos de que la naturaleza tiene derechos y que estos se están violando de forma grave y generalizada”, aseguraba en su primera intervención el fiscal Ramiro Ávila. La audiencia, organizada por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, comenzó con el testimonio de dos personas de los pueblos y nacionalidades indígenas que narraron el contexto filosófico-espiritual de lo que significa la Madre Tierra. A continuación, se presentaron nueve casos paradigmáticos. “Que por supuesto no son los únicos pero creemos que son bastante representativos para esta audiencia inicial”, aclaraba el fiscal.
Los casos en Ecuador El caso Chevron fue presentado por Julio Prieto, en representación de las 30.000 personas afectadas por los impactos de las operaciones que la compañía petrolera Texaco -más tarde adquirida por Chevron- realizó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990. Un caso que ya ha sido juzgado y que condenó a la empresa a pagar 19.000 millones de dólares a los demandantes ecuatorianos, si bien la cifra fue posteriormente rebajada a 9.511 millones de dólares. Se trata de una de las indemnizaciones más grandes dictadas por conflictos ambientales, que Chevron se niega a aceptar. A la compañía se le acusa de haber derramado, durante 26 años de operaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana, alrededor de 103 millones de litros de crudo y de haber arrojado 63.000 millones de litros de agua tóxica a ríos y esteros. “El problema que tenemos ahora los demandantes es que la compañía se niega a cumplir la condena que se le impuso y en lugar de eso nos ha criminalizado y acusado de ser unos extorsionadores”, concluía Prieto su argumentación. Para presentar el caso Yasuní – ITT el fiscal llamó a declarar a Carlos Larrea, profesor investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y exasesor técnico de la Iniciativa Yasuní-ITT. La propuesta de dejar el crudo bajo tierra en el bloque ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní, nació de la sociedad civil ecuatoriana como un primer paso para transitar hacia alternativas post-petroleras. En 2007 la iniciativa fue asumida por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, el 15 de agosto de 2013, Rafael Correa decidió poner fin a la iniciativa dando paso a la explotación del bloque ITT. Se estima que serán extraídos alrededor de 100.000 barriles diarios durante 22 años en una de las zonas más megadiversas del planeta, donde habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario. “En el año 2012 tuvimos 60 derrames petroleros. Un promedio de más de un derrame por semana. Yo me pregunto si pese a la utilización de tecnología punta se puede evitar un derrame petrolero en el Parque Nacional Yasuní”, expuso Larrea. El 5 de marzo de 2012 Ecuador firmó el primer contrato de concesión para la explotación de cobre en el yacimiento El Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, con la empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA). “Traemos el caso a este Tribunal porque creemos que es el espacio propicio para hacer algo que no se pudo hacer en las instancias nacionales, hacer directamente justiciables los derechos de la naturaleza”, así comenzaba la abogada Nathaly Yépez su argumentación sobre el caso de la minería en la Cordillera del Cóndor. El contrato establece que la explotación minera a cielo abierto será por treinta años, con una cláusula de garantía que contempla una renovación de otros treinta. El proyecto se sitúa en la Cordillera del Cóndor que ha sido reconocida como uno de los ecosistemas más diversos y frágiles que existen en Los Andes. Se estima que la explotación producirá 325.000 toneladas de residuos sólidos y una piscina de desechos líquidos de 250 hectáreas.
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Otros países El caso British Petroleum (BP) fue expuesto por la bióloga, auditora ambiental y presidenta de la organización Acción Ecológica, Esperanza Martínez. El 20 de abril de 2010 la plataforma de exploración Deepwater Horizon, en el Golfo de México, que British Petroleum arrendaba a la firma suiza Transocean, sufrió una explosión produciéndose 11 muertos y un inmenso derrame que solo se detendría varios meses después. Se calcula que se derramaron 4,9 millones de barriles de petróleo y supuso un riesgo para al menos siete especies en peligro de extinción. La Gran Barrera de Coral, el arrecife más grande del mundo, está situado al noreste de Australia y se extiende a lo largo de 2.600 km. La construcción de nuevos puertos, el dragado a gran escala, y el aumento del tráfico de cargueros por la expansión de la minería en la zona, hacen peligrar la conservación de este espacio protegido y catalogado como Patrimonio de la Humanidad. En 2013, la UNESCO advirtió a las autoridades australianas de que, en caso de no tomar medidas urgentes para evitar su deterioro, la Gran Barrera sería incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad amenazado. El caso fue expuesto por Michelle Maloney, coordinadora nacional de la ONG Australian Earth Laws Alliance. Shannon Biggs, del programa Glogal Exchange, expuso sus argumentaciones ante el Tribunal sobre el caso del fracking en Estados Unidos. Más de 800.000 pozos diseminados por todo el territorio, la proliferación de terremotos, y cientos de demandas por contaminación del agua con gas metano es el balance de 12 años de explotación mediante la técnica de la fractura hidráulica. Los 30 millones de litros de agua que se emplean para perforar cada pozo contienen 632 sustancias químicas. El 25% de ellas están relacionadas con afecciones cancerígenas o mutaciones. El 75% afectan a los órganos sensoriales y al sistema respiratorio y gastrointestinal. “El fracking es una clara violación a los Derechos de la Madre Tierra. No tenemos la autoridad moral para violarla de esta forma”, sentenciaba Biggs.
Los casos globales Finalmente, el Tribunal escuchó los tres casos que tienen una dimensión planetaria. El cambio climático, los transgénicos y la criminalización por la defensa de la naturaleza fueron los temas tratados en la última parte de la exposición. Pablo Solón, director ejecutivo de Focus on the Global South, destacó que el cambio climático está afectando prácticamente a todas las áreas de la vida en el planeta. “Con un incremento de la temperatura de más de 2ºC, un tercio de la población de animales y más de la mitad de las plantas de la Tierra podrían desaparecer”, concluyó. Para hablar sobre los transgénicos subió a la tribuna Elizabeth Bravo, doctora en microorganismos y negociadora delProtocolo de Cartagena. Señaló que actualmente existen 170 millones de hectáreas cultivadas con transgénicos en todo el mundo, siendo EEUU, Brasil y Argentina los países que encabezan esta lista. Para finalizar, Carlos Pérez, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), relató su experiencia en la lucha por los derechos de la naturaleza. “Estamos defendiendo una alternativa al desarrollo a este mundo que nos lleva al despeñadero. Pero tenemos la esperanza de que los pueblos unidos jamás seremos derrotados”, aseguró. Un tribunal alrededor del mundo Con el voto razonado y favorable de cada uno de los jueces, la audiencia continuó con el veredicto de su presidenta, Vandana Shiva. “Este Tribunal, como una semilla, ofrece un potencial para poder cambiar nuestros caminos. Como un proceso continuo para reflexionar, redefinir, cambiar los paradigmas. Porque el camino actual es, predeciblemente, el camino de la extinción. El Tribunal nos permite reflexionar sobre otras posibilidades de la supervivencia humana en este planeta”. El Tribunal, que será permanente y escuchará otros casos alrededor del mundo, se comprometió a avanzar, profundizar y expandir el Movimiento Global por los Derechos de la Naturaleza. “Quienes viven en relación con la Madre Tierra son calificados como primitivos. Reconocer los derechos de la Madre Tierra permite reconocer que aquellos que viven en relación con ella son las civilizaciones más avanzadas del planeta”, concluyó.
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Energía: las preguntas clave Instituto de Estudios para la Transición Democrática
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egún el plazo que el propio Congreso se fijó en uno de los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de energía, antes del próximo 21 de abril, deberán estar concluidas las reformas a la legislación secundaria y la aprobación de nuevas leyes para regular las asignaciones y contrataciones de las actividades de exploración y extracción de los hidrocarburos, entre otros aspectos del ciclo económico del petróleo y la electricidad. Los cambios legislativos asociados a la reforma energética abarcan muchos otros aspectos institucionales que incidirán sobre diversos sectores económicos y sociales, y que podrían afectar áreas clave de la capacidad regulatoria y de actuación del Estado, no sólo en la energía sino también en las finanzas públicas y en general en la orientación del desarrollo. Iniciado ya oficialmente el trabajo legislativo en el Congreso de la Unión, aún no se conocen públicamente las complejas y variadas implicaciones de la reforma constitucional y ni siquiera se conocen los proyectos o iniciativas para los nuevos ordenamientos o reformas jurídicas y sólo teníamos “anuncios” de que el Ejecutivo podría presentar 26 iniciativas en ambas cámaras. Es decir: estamos a punto de presenciar el mismo apresuramiento e improvisación legislativa que fue exhibido durante la reforma constitucional energética (y en otros temas) el pasado mes de diciembre. De hecho, mientras transcurra el plazo para la aprobación de la legislación energética secundaria, ya se estarán tomando medidas operativas relevantes, como el hecho de que PEMEX tendrá que presentar antes del 31 de marzo, a la Secretaría de Energía, la solicitud para que les sean asignadas las áreas en exploración y los campos en producción y en condiciones de operar, demostrando sus capacidades para explorar y extraer hidrocarburos eficiente y competitivamente. Tanto para las asignaciones de exploración como para las de extracción, los transitorios enfatizan que se deben cumplir condiciones de eficiencia y competitividad, y establecen otros requisitos de dictamen a cubrir por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sin que ella misma haya mostrado, ni lejanamente, contar con capacidades técnicas para responder en ese plazo. De ese modo, surgen las siguientes preguntas: · ¿Con qué criterios de referencia dictaminará la Secretaría de Energía las capacidades de PEMEX para explorar y explotar con eficiencia y competitividad? · ¿Están la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en condiciones técnicas para adjudicar en meses próximos las áreas y campos petroleros? · ¿Qué criterios adoptarán para evaluar las capacidades de inversión que se le exigen a PEMEX para explotar yacimientos descubiertos, si de entrada se parte de que no cuenta con recursos, si en realidad PEMEX sigue financiando al Estado mexicano? Ciertamente, los requisitos establecidos para adjudicar las asignaciones a PEMEX nacieron cargados contra la ahora llamada empresa productiva del Estado y con la urgencia de despejar el campo para la aplicación de las diversas modalidades de contratos. Más allá de esta decisión inmediata, y que se cree urgente para acompañar la hipotética atracción de inversiones (supuesto utilizado como justificación
basal de la reforma constitucional), se tomaron decisiones que configuran un confuso entramado que lejos de fortalecer las capacidades estatales de regulación, las dispersan en un conjunto de organismos siempre acechados por la captura de los poderosos intereses del juego petrolero, del gas y la electricidad. Además de las nuevas funciones para la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía como órganos con autonomía técnica y de gestión, y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, se han creado el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, varios fideicomisos, el Centro Nacional de Control del Gas Natural, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y el Centro Nacional de Control de Energía. No está de más recordar que esta batería de cambios institucionales no fue argumentada en las iniciativas de reforma constitucional, ni se conoce algo cercano a un mapa o plan maestro que perfile cómo el Estado Mexicano ejercerá sus funciones constitucionales para la rectoría en el desarrollo, (pieza aún vigente según el artículo 25 constitucional). Por eso son pertinentes otras tantas preguntas como las siguientes: · ¿Cómo a través de la nueva configuración de organismos de todo tipo podrá el Estado planear, conducir, coordinar, orientar, regular y fomentar las actividades relacionadas con la energía, en tanto siguen siendo de interés general para el desarrollo y además son estratégicas y prioritarias, al menos en alguna parte de su ciclo? · ¿Qué previsiones se han adoptado, y cómo se expresarán en la legislación, para garantizar la integración de políticas y la coordinación básica entre los organismos del sector energético, y en especial, ante lo que parecería una configuración institucional dispersa? · ¿Cuáles precauciones se adoptarán para que los distintos órganos, sobre todo los autónomos, no repitan la historia de capturas de intereses? · ¿Bastarán los requisitos y los mecanismos de nombramiento de quienes integren las comisiones autónomas, para garantizar su ejercicio adecuado? La fragmentación de PEMEX y de la CFE decidida por la
creación de nuevos organismos, en los hechos, debilitará su peso en el panorama de competidores que se perfila, lo cual agrava el riesgo de debilidad regulatoria. La CFE transferirá al Centro Nacional de Control de Energía el control operativo del sistema eléctrico, la operación del mercado eléctrico mayorista y otras funciones clave, mientras que las actividades relacionadas con el gas, como la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento, pasarán al Centro Nacional de Control del Gas Natural. Éstas y otras medidas prefiguran una profunda reestructuración de las condiciones en las que se ofertarán los energéticos en nuestro país,
además de que las fases posteriores a la extracción de petróleo han quedado ya desclasificadas como estratégicas y por tanto, podrán ser cubiertas por nuevas empresas, y todo sin que se hayan hecho explícitas medidas precautorias ante posibles fallas de los nuevos mercados. Ante eso, también vienen al caso preguntas como las siguientes: · ¿Qué salvaguardas se tomarán en la legislación secundaria y en los programas de política ante el caso, ya experimentado en otros países, de que los nuevos agentes no aseguren la oferta de energéticos y de electricidad? · ¿Qué medidas se anticiparán en caso de que tanto los hidrocarburos como la electricidad tengan alzas de precios mayores a lo esperado, como también se ha experimentado en países que han pasado por estos cambios? En este último aspecto, el de los precios, ha sido particularmente notoria la intención de publicitar un incierto beneficio de las reformas, asegurando que los combustibles y la electricidad bajarán sus precios casi en automático. La verdad es que las condiciones abiertas por la propia reforma harán que los precios estén cada vez más sujetos a un mercado internacional inestable, con tendencias al incremento, y en condiciones de menor capacidad nacional para influir en su nivel. Otros aspectos clave en los que existe gran incertidumbre tienen implicaciones mayores para el desarrollo nacional, en especial los relacionados con los ingresos públicos, con la atracción de inversiones y con el contendido nacional en las cadenas productivas de la energía. En cuanto a los ingresos públicos, la reforma ha dado un salto al vacío pues por un lado, se debilita a PEMEX como entidad productora en el nuevo mercado petrolero y, por otro, no se asegura su fortalecimiento, tanto para invertir y mejorar tecnológicamente, como para sostener su capacidad tributaria. Como bien se sabe, la dependencia fiscal de los ingresos petroleros es aún decisiva y las reformas fiscales de 2013 no fueron suficientes para incrementar la captación a los niveles necesarios que requiere el fortalecimiento de las finanzas públicas. Más aún, el gobierno ha declarado que en los próximos años no se piensan promover nuevas reformas fiscales, por lo que el aumento de los ingresos públicos dependerá sólo del crecimiento económico y en todo caso de mayores tasas, de mayor eficiencia de la recaudación y de la ampliación de la base fiscal. En los hechos esto significa que los niveles del gasto público permanecerán estables, ya que se adelantó la decisión de disminuir el endeudamiento.
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e para las leyes secundarias
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No existen elementos para pensar que la esperada afluencia de inversiones al sector energético impulse una mayor captación fiscal y no fueron demostrados los supuestos en la propuesta de política económica para 2014. En realidad, seguimos en la misma situación de hace meses: se han expuesto de forma retórica las supuestas bondades de las reformas, pero no se han argumentado de forma consistente y menos se han demostrado con estimaciones rigurosas y documentadas. En tales condiciones: · ¿No debería el Poder Ejecutivo acompañar sus propuestas de legislación secundaria en materia energética con exposiciones de motivos rigurosas, que se apoyen en formulaciones técnicas y no sólo en explicaciones genéricas y vagas? · ¿Cuáles serán las definiciones para el nuevo régimen fiscal de PEMEX de tal modo que no se le debilite más en vista del nuevo panorama de competencia en el mercado energético, y a la vez se asegure una transición ordenada para suplir la previsible reducción de la contribución que actualmente realiza? · ¿No debería revisarse la simplificación en que se incurrió al definir el objeto de las empresas productivas del Estado como la creación de valor económico y el incremento de los ingresos? · Si PEMEX entrará al mundo de la competencia global ¿cuál debe ser su régimen industrial de transparencia? ¿el de un orfganismo público, o el de una industria que compite con consorcios trasnacionales no sujetos al acceso a la información y al régimen de rendición de cuentas del Estado mexicano? · ¿Cuál fue el sentido de la decisión de crear el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo para recibir, administrar y distribuir los ingresos de las asignaciones y contratos (exceptuando los impuestos), y además asignárselo al Banco de México como fiduciario, cuando su administración involucra decisiones concretas de política pública a las que se destinarían los fondos? · ¿Cuáles serán las implicaciones de ceder otras tantas decisiones de política pública al órgano autó-
establecer “las bases y los porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos” con el fin de estimular los enlaces productivos locales. Se trata de una operación que no quedará resuelta con frases, como la del transitorio mencionado, sino con la introducción de políticas industriales, de innovación tecnológica, de articulación de clusters de producción y proveeduría, de nuevas medidas de compras públicas, en pocas palabras, del establecimiento de programas de promoción y fomento, de los que tiene que hacerse cargo el gobierno federal. Esta por verse si las reformas generarán la afluencia esperada de inversiones foráneas, si atraerán capitales. En el supuesto de que eso ocurra, se tendrá que hacer lo necesario para que ello traiga consigo una nueva ola de industrialización, empleo e innovación, y para que ésta sea apropiada y compartida por lo que quede de las empresas productivas del Estado y por las empresas privadas nacionales que se incorporen a los nuevos procesos. De lo contrario, estaríamos generando sólo una economía de enclave postmoderna, pero de enclave al fin. En estos temas es oportuno saber: · ¿Qué disposiciones legales y de política pública se tienen previstas para concretar encadenamientos productivos nacionales en la actividad energética? · ¿En qué bases y porcentajes mínimos se está pensando para la proveeduría nacional en la ejecución de las nuevas asignaciones y contratos? · ¿Cómo se espera compatibilizar los mecanismos para los encadenamientos y porcentajes mínimos con las disposiciones de los tratados y acuerdos comerciales, en especial con el TLC? También se debe evitar que en el proceso legislativo y en las políticas que le siguen se disuelvan como vaguedades otros aspectos críticos de la reforma energética, entre ellos el de la protección ambiental. Como parte de la reconfiguración institucional fue creada una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que no tiene sentido pues todas sus funciones están
nomo Banco de México, con todo y el Comité Técnico que se le crea al Fondo? En cuanto a la atracción de inversiones y el contendido nacional en las cadenas productivas de la energía, sería de esperar que las iniciativas de reforma se hagan cargo con seriedad del artículo transitorio que obliga a
actualmente asignadas a las autoridades ambientales, y en cambio, viene a dispersar las funciones de regulación, control, verificación e inspección, y a segmentar la captación de ingresos públicos que puedan generar las actividades que se le asignan a la nueva Agencia. La reforma, en cambio, eludió definiciones en áreas ambientales críticas,
sobre todo en cuanto a las explotaciones en yacimientos de esquistos. Tampoco se incluyeron consideraciones que permitan corregir la debilidad tecnológica de la industria petrolera nacional. Aquí conviene revisar: · ¿Qué previsiones se incorporarán para prevenir riesgos ambientales en las nuevas formas de explotación de hidrocarburos, sobre todo los asociados a esquistos? · ¿Qué disposiciones se incluirán en las reformas secundarias para estimular la innovación y un desarrollo tecnológico más acelerado en las industrias productivas del Estado que sobrevivan y en las empresas nacionales del sector? No queremos terminar si no es apuntando otra de las cuestiones cardinales, la que revelará acaso, la verdadera naturaleza de la reforma energética. La apertura de los recursos petroleros se ha sostenido sobre una promesa general: la reforma producirá nueva riqueza, una gran riqueza que hoy no podemos explotar por nuestra incapacidad tecnológica y organizativa. Pero es el caso, que el cambio constitucional no define la frontera ni las condiciones para que esto ocurra y sea cabalmente cierto, es decir, que las inversiones y explotaciones privadas –nacionales o internacionales- solo pueden dirigirse a nuevos yacimientos, a nuevos pozos, nuevos campos y nunca dirigida a aprovechar la base que ya fue creada por la mexicana PEMEX. Si esta condición queda perfectamente clara en la ley secundaria, si no se obliga a los “nuevos jugadores” a competir, explorar y explotar en la producción de nueva riqueza, lo que tendremos, en efecto, no es nueva riqueza, más recursos, producto e impuestos, sino la simple explotación de la riqueza que los mexicanos ya producíamos de todos modos, una forma disfrazada de nuevo rentismo petrolero y trasnacional. Hay otras dudas en el intenso proceso legislativo que está en curso e incluso en los cambios que continuarán a lo largo de 2014. Están en camino decisiones clave que ameritan una deliberación nacional a la altura de su trascendencia, aún cuando el Congreso tenga que legislar en el plazo perentorio que se auto impuso. La generación, destino y uso de la renta petrolera es un asunto fundamental por donde quiera que se le vea y mientras peor sea discutido y procesado en el Congreso, más pertinencia y sentido encontrarán las medidas de deliberación fuera del Parlamento, como la Consulta Ciudadana que ha sido planteada por otros actores relevantes, y para lo cual, incluso, la Constitución ya fue enmendada. En este aspecto, el reconocido grupo de 23 investigadores y creadores, ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes al que hicimos referencia antes, ha acudido a la Suprema Corte de justicia de la Nación para que se pronuncie sobre el procedimiento legislativo del Congreso al aprobar las reformas sin el análisis suficiente, aprobando una trascendente reforma constitucional de manera irreflexiva. Independientemente de lo que la Suprema Corte decida, el llamado de atención nos merece respeto y apoyo. [1] Capitulo III del documento: Petróleo y energía: las preguntas que exigen respuestas en leyes secundarias. Enrique Provencio, Rolando Cordera, Ciro Murayama, José Woldenberg, Raúl Trejo Delarbre, Pedro Salazar, Luis Emilio Gímenez Cacho, Rosa Elena Montes de Oca, Natalia Saltalamacchia, Antonio Ávila, Luz Elena González, Antonella Attili, Luis Salazar, Ricardo Becerra, Presidente del IETD, siguen firmas.
Los Juegos Olímpicos de Sochi: Putin y los plutócratas Amy Goodman y Denis Moynihan
L
os Juegos Olímpicos de invierno de Sochi ponen de relieve toda una serie de abusos que se han vuelto moneda corriente en Rusia bajo el régimen de Vladimir Putin. Su característica más saliente ha sido su intensa, e incluso violenta, homofobia apoyada tácitamente por el gobierno mediante la reciente aprobación de la ley contra la “propaganda homosexual”. Mientras Sochi sirve para arrojar luz sobre las violaciones a los derechos humanos en Rusia, también sirve para denunciar la corrupción y los abusos generalizados que rodean al Comité Olímpico Internacional (COI). Fui víctima de la corrupción que rodea a los Juegos Olímpicos cuando intenté ingresar a Canadá en noviembre de 2009 para dar una charla en la Biblioteca Pública de Vancouver. Iba en el coche junto a dos compañeros de trabajo, cuando los guardias de la frontera canadiense nos obligaron a salir del automóvil. Un grupo de guardias me interrogó exhaustivamente, mientras los demás se encargaban de desvalijar el auto. Querían saber de qué temas hablaría en la conferencia. Les dije que hablaría de la importancia de los medios alternativos, de la guerra del gobierno de Obama en Afganistán, de su intento por hacer fracasar las negociaciones sobre cambio climático de la ONU, entre otros temas. “¿Tiene pensado hablar de los próximos Juegos Olímpicos de invierno en Vancouver?”, me preguntaron. No se me había ocurrido, al menos no hasta el momento del interrogatorio. La noticia sobre mi detención circuló en los medios de todo Canadá. Para poder ser sede de los Juegos Olímpicos, las ciudades deben cumplir las estrictas normas del COI y los gobiernos deben proporcionar grandes subsidios públicos, fundamentalmente para la construcción de estadios deportivos y de otros proyectos que los ciudadanos pagan, pero que, a menudo, no desean que se construyan. Para forzar este despilfarro de dinero en la población, el COI y los gobiernos reprimen a quienes se oponen. En Rusia, bajo el régimen cada vez más totalitario de Putin, la represión es aún mayor, al igual que el saqueo de las arcas públicas. Las estimaciones más conservado-
ras sitúan el costo de los Juegos de Sochi en 51.000 millones de dólares, más de cuatro veces el costo estimado y, sorprendentemente, más del costo de todos los Juegos Olímpicos de invierno tomados en su conjunto, según informó el periódico holandés NRC Handelsblad. El periodista deportivo y activista político Dave Zirin me dijo: “La construcción de una carretera desde la Villa Olímpica hasta la cima de la montaña, donde se encuentra el centro de esquí, costará 8.700 millones de dólares. No solo supera el costo total de los Juegos de Vancouver, sino que con ese dinero podrían haber pavimentado la carretera con caviar de beluga y aún así hubiera costado menos”. Zirin informó que al menos 25 trabajadores murieron en la carrera desenfrenada por terminar la construcción en Sochi. Mientras que los trabajadores sufren las consecuencias, Zirin afirma que los beneficiarios de las dádivas son “una combinación del Estado ruso y la plutocracia que existe en el país”. Además de beneficiar a Putin y a los plutócratas, los Juegos Olímpicos representan una gran oportunidad de marketing para las empresas transnacionales. El Comité Olímpico de Estados Unidos (USOC, por sus siglas en inglés) se jacta de tener entre sus patrocinadores a empresas como Dow Chemical, General Electric (GE), McDonald’s, Budweiser y BP. Samantha Retrosi fue seleccionada a los 11 años de edad durante la campaña de reclutamiento de atletas denominada “Verizon-USA Luge Slider Search” y compitió con el equipo olímpico de ‘luge’ (trineo) de Estados Unidos en los Juegos de Invierno de Torino, Italia, en 2006. Retrosi nos contó su experiencia en el programa “Democracy Now”: “El patrocinio de las empresas es una necesidad fundamental. No hay apoyo del Gobierno para el trineo ni para ningún otro deporte olímpico. Básicamente, el sistema está totalmente privatizado. El presupuesto de la Asociación de Trineo de Estados Unidos y de muchos otros organismos nacionales está completamente subvencionado por empresas patrocinadoras. Cuando esos son los únicos medios para funcionar, todo el presupuesto operativo se basa en el auspicio de las empresas. Como atleta de la delegación de Estados Unidos cada año tuve que firmar un contrato con la Asociación de Trineo de Estados Unidos que estipulaba lo que podía decir y lo que no, cómo utilizaba mi tiempo de exposición en los
CORREO del SUR Director General: León García Soler
medios. Básicamente, me estaban entrenando para ser la portavoz de Verizon”. Si bien Verizon ya no patrocina al equipo de trineo de Estados Unidos, la dependencia del auspicio de las empresas continúa existiendo. Con respecto al tema de los derechos de los homosexuales, el Presidente Obama ha expresado su rechazo a la postura de Putin al tomar la decisión de no asistir a los Juegos y, en su lugar, enviar a varios atletas homosexuales como parte de la delegación oficial de Estados Unidos. La famosa tenista Billie Jean King fue invitada, pero no podrá asistir debido a que su madre está enferma. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de manifestarse en los juegos de Sochi, King le dijo aCBS: “No permiten que [los atletas] se manifiesten ni que protesten. Si lo hacen, les pueden retirar las medallas y enviarlos de regreso a su país de origen. De todos modos, creo que algunos atletas probablemente expresen su opinión. ...Yo haría algo”. En Rusia, decir lo que se piensa puede tener graves consecuencias. El grupo activista de punk rock Pussy Riot realizó una actuación musical en contra de Putin en Moscú y, como consecuencia, dos de sus integrantes fueron enviadas a prisión durante 21 meses. Acaban de ser liberadas y están de visita en Estados Unidos, invitadas por Amnistía Internacional. Una de las integrantes de la banda, Maria Alyokhina, me dijo en su primera conferencia de prensa en Estados Unidos: “Nos gustaría que los estadounidenses realmente miraran a Rusia y vieran a Rusia más allá de las imágenes de los objetos y edificios olímpicos. ...Lo único que vincula a esos objetos con el país es el dinero de los contribuyentes, que ha sido robado”. Le pregunté a Nadia Tolokonnikova, la otra integrante de Pussy Riot que acaba de ser liberada de prisión y está de visita en nueva York, qué le diría al Presidente Putin. A lo que respondió: “A Vladimir Putin le diría: ¿no está cansado de todo esto?” Las integrantes de la banda Pussy Riot están asumiendo una postura valiente de oposición a Putin. Pero también están asumiendo una postura valiente al venir a Estados Unidos y planificar una visita a al menos una cárcel del país. Después regresarán a Rusia. Como dijo Dave Zirin: “Si viviéramos en un mundo normal, Pussy Riot estaría tocando en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Sochi”.
Suplemento dominical de Director: Adolfo Sánchez Rebolledo
Diseño gráfico: Hernán Osorio