Proceso 1742

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Índice

21 de marzo de 2010 • No. 1742

20 Foto Portada: AP photo / Evan Vucci

NARCOTRÁFICO /MÉXICO-EU

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La solución somos nosotros... /J. Jesús Esquivel

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Juárez: El consulado ya olía a plomo /Patricia Dávila

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NARCOTRÁFICO /NUEVO LEÓN Nuevo León inerme /Luciano Campos Garza

NARCOTRÁFICO /GUERRERO Sangre sobre Acapulco /Gloria Leticia Díaz y Ezequiel Flores

PRESIDENCIA El encanto de ser expresidentes… /Daniel Lizárraga Alquimia presidencial /Álvaro Delgado

CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Enrique Maza

semanario de información y análisis DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN: Salvador Corro SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN: María Scherer Ibarra SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Humberto Herrero SUBDIRECTOR DE FINANZAS: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Marlon Mejía ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN: Graciela Zepeda COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Gerardo Albarrán de Alba; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Enrique de Jesús Martínez REPORTEROS: Carlos Acosta, Miguel Cabildo, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Alejandro Gutiérrez, José Daniel Lizárraga, Raúl Monge, Ricardo Ravelo, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bián; Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos, Arturo Rodríguez; Tabasco: Armando Guzmán; Tamaulipas, Ma. Gabriela Hernández

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POLÍTICA En manos de Televisa /Jenaro Villamil

ESTADOS /VERACRUZ El expediente negro de Yunes /José Gil Olmos

INTERNACIONAL /ESPAÑA Vínculo comprometedor /Alejandro Gutiérrez

INTERNACIONAL /CUBA Alta presión /Juan Balboa

POR MI MADRE, BOHEMIOS ANÁLISIS La nueva agenda México-Estados Unidos /Olga Pellicer

INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Buenos Aires: Santiago Igartúa; Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Rosario Manzanos, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Eduardo Soto Millán, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Columba Vértiz de la Fuente, Niza Rivera Medina; cultura@proceso.com.mx ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx DEPORTES: Alejandro Caballero, Coordinador; Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; archivo histórico, Francisco Daniel; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú,Denise Dresser, Miguel Ángel Granados Chapa, Marta Lamas,Pablo Latapí Sarre, Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador;Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya, Ernesto García Parra COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062

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Televisión: Discutamos México /Florence Toussaint

Utopía /Naranjo Interés Público /Miguel Ángel Granados Chapa

Libros: Disgusto juvenil /Jorge Munguía Espitia

Rendición de cuentas /Jesús Cantú “Todos son culpables menos yo” /Javier Sicilia La pederastia como metáfora /Sabina Berman

CULTURA Centenarios: Festejar, para disimular la crisis /Raphaël Morán Rosario Green entra al debate sobre el debate /Judith Amador Tello Páginas de crítica Arte: Jorge Yázpik, Obras /Blanca González Rosas Teatro: Hey Girl en el Festival de México /Estela Leñero Franco Cine: Festival de Guadalajara /Javier Betancourt

VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Christian Arcos, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080. Delfina Cervantes, Luis Coletor, Ulises de León.

ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Julio Aguilar, Jonathan García.

ADMINISTRACIÓN. RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda, coordinadora SISTEMAS: Jorge Suárez, gerente; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez FINANZAS. CONTABILIDAD: María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Edgar Hernández, Felipe Suárez, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz OFICINAS GENERALES: Redacción: Fresas 13; Administración: Fresas 7, Col. del Valle, 03100 México, DF CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; 5636-2000 FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción.

AÑO 33, No. 1742, 21 DE MARZO DE 2010 IMPRESIÓN: Impresora Transcontinental de México; Durazno 1, Col. San José de las Peritas 16010 México DF. DISTRIBUCIÓN: D.F. y Zona Metropolitana: Unión de Expendedores y Voceadores de Periódicos de México, A.C; Resto de la República y Locales Cerrados: Publicaciones Citem, S.A. de C.V., 5366-0000, Voceadores Puebla, Pue.: Jorge G. López Morán; Tel. 467-4880

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ESPECTÁCULOS El hijo de Pablo Escobar pide perdón /Columba Vértiz de la Fuente Carrera sorprende con De la infancia /Columba Vértiz de la Fuente

DEPORTES Vergara: Tropiezos /Raúl Ochoa

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Los “descubrimientos” de Sulaimán /Beatriz Pereyra

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Palabra de Lector

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Mono Sapiens /La guerra de las mamilas /Helguera y Hernández

agencia de fotografía EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017

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Barack Obama y Hillary Clinton. Seguidos de Joe Biden, Robert Gates y Janet Napolitano

El fracaso de la estrategia militarizada de Felipe Calderón contra el narcotráfico agravó más la crisis: Orilló al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a replantear sus planes de cooperación con México. Pero el asesinato de tres personas vinculadas al Consulado estadunidense en Ciudad Juárez precipitó los plazos, y ahora Washington pretende que sus servicios de inteligencia controlen la lucha contra el narco en México.

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N A R C O T R Á F I C O / M É X I C O -E S T A D O S U N I D O S J. Jesús Esquivel

AP photo / Charles Dharapak

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ASHINGTON.- El presidente Barack Obama comenzó a presionar a su homólogo Felipe Calderón para consolidar la presencia de los servicios estadunidenses de inteligencia en México, con el objeto de que sean los principales coordinadores de la lucha contra el crimen organizado.

Documentos oficiales y declaraciones de jefes del Pentágono ante el Congreso de Estados Unidos corroboran la intención de la Casa Blanca para aplicar contra el narcotráfico mexicano las técnicas de inteligencia militar utilizadas en Irak y Afganistán, a fin de reemplazar la fallida estrategia calderonista y favorecer el eventual repliegue del Ejército Mexicano de las plazas más “calientes”.

El general Victor Eugene Renuart, jefe del Comando Norte de Estados Unidos y encargado de contener cualquier amenaza a la seguridad nacional proveniente de esta región, dijo el jueves 18 ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes: “El reto de México es la fusión de inteligencia con la agilidad de operativos contra un objetivo específico de parte de los equipos altamente calificados que permitan explotar las vulnerabilidades que puedan encontrar en los cárteles de narcotráfico con la fusión de inteligencia”.

Desde la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2009, la estrategia de cooperación con México en la lucha contra el narcotráfico se avocó a empujar a Calderón para que sustituyera el despliegue del Ejército por los operativos de inteligencia coordinados para desmantelar los cárteles de la droga.

En el Capitolio, Renuart subrayó que desde hace poco más de seis meses el Departamento de Defensa reforzó sus asesorías a las fuerzas federales mexicanas.

“Hemos ampliado nuestros esfuerzos para entrenar a militares y agentes civiles en operaciones muy parecidas a las que hemos llevado a cabo en Afganistán y en Irak”, reveló el general.

Al principio se planeó aplicar la visión de Obama sobre el combate al narco en México dentro de la Iniciativa Mérida a partir del año fiscal 2011 –que se inicia el próximo 1 de octubre–, pero se transformó en una medida urgente por el asesinato, en Ciudad Juárez, de los estadunidenses Lesley A. Enríquez y su esposo Arthur H. Redelfs, así como del mexicano Jorge Alberto Salcido Cenicero, marido de otra ciudadana de Estados Unidos. Los tres estaban vinculados al Consulado General de ese país en la ciudad fronteriza de Chihuahua.

“El presidente Calderón ha estado profundamente involucrado (en la lucha contra el narcotráfico) e incluso envió al Ejército a Ciudad Juárez, pero eso no ha ayudado”, declaró el martes 17 Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior del gobierno de Obama, en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC. Fue la primera funcionaria del gobierno de Obama que reprobó públicamente la estrategia militarizada de Calderón, lo que irritó al presidente, quien a través de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, rechazó el señalamiento de Napolitano: “Hay que entender el contexto y que no fue parte central de la declaración. Hay problemas de traducción, pero no acepto, por falso, que se diga que el papel de las Fuerzas Armadas en Ciudad Juárez es insustancial e insuficiente”, dijo Gómez Mont el miércoles 17, en conferencia de prensa.

Hasta el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, intentó aplacar la molestia que causó la declaración de Napolitano: “El Ejército ha sido muy importante, se sigue necesitando su presencia en Juárez”, dijo Pascual ese mismo miércoles 17 al periódico El Universal.

El daño ya estaba hecho. Ese mismo día el Departamento de Estado anunció que su titular, Hillary Clinton, llegaba a la capital mexicana el martes 23, acompañada de una delegación de alto nivel a fin de revisar la evolución de la Iniciativa Mérida.

La composición de la delegación estadunidense denota que el tema de la reunión no es dicho programa de cooperación: con Clinton vienen el secretario de la Defensa, Robert Gates, y por primera vez en un encuentro bilateral de combate al narcotráfico, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el almirante Michael Mullen, cuya presencia confirma por sí misma el carácter militar de la visita.

Todos los demás integrantes de la delegación estadunidense, sin excepción, están involucrados en los servicios de inteligencia: Dennis Blair, director nacional de Inteligencia; John Brennan, asesor presidencial de Asuntos de Seguridad Interior y Antiterrorismo; Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior; John Morton, subsecretario de Seguridad Interior para Aduanas e Inmigración; Gary Grindler, subprocurador general de Justicia interino; Michelle Leonhart, titular de la Administración Federal Antidrogas (DEA); Adam Zsubin, director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro; y Patrick Ward, encargado de las políticas sobre Producción y Reducción 1742 / 21 de marzo de 2010

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N A R C O T R à F I C O / M É X I C O -E S T A D O S U N I D O S

RelaciĂłn “agotadaâ€?

Jenaro Villamil

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Fernando Castillo / Micphotopress

e los mil 300 millones de dĂłlares que Estados Unidos ha entregado a MĂŠxico como parte de la Iniciativa MĂŠrida, sĂłlo 500 mil dĂłlares se destinaron a los programas enfocados a prevenir la drogadicciĂłn y al establecimiento de comunidades libres de drogas. Asimismo, de los 600 especialistas que se capacitarĂ­an para la rehabilitaciĂłn de farmacodependientes, sĂłlo se han preparado 24.

Lo anterior se desprende de un informe que el embajador de Estados Unidos en MĂŠxico, Carlos Pascual, entregĂł a los seis coordinadores de las fracciones legislativas del Senado. En este documento, cuya copia obtuvo Proceso, se establece que la mayor parte de los fondos se empleĂł para capacitar a policĂ­as e investigadores, asĂ­ como para la compra de aviones y helicĂłpteros destinados al EjĂŠrcito y la Armada. TambiĂŠn se han utilizado recursos para adquirir infraestructura y equipo que las fuerzas policiacas emplean en la lucha contra el crimen organizado.

En una reuniĂłn privada que Pascual sostuvo con los senadores el jueves 11 –tres dĂ­as antes de que detonara la crisis en la frontera de Ciudad JuĂĄrez por el asesinato de dos ciudadanos estadunidenses–, les entregĂł el documento y advirtiĂł que el esquema de la relaciĂłn bilateral “estaba agotadoâ€?. Incluso planteĂł que venĂ­an tiempos de mayor violencia fronteriza, lo que representaba una amenaza para la seguridad interna de su paĂ­s.

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El informe puntualiza que 20 millones de estadunidenses son consumidores activos de drogas, y que serĂĄ en 2011 cuando el gobierno de Barak Obama incremente 13% el presupuesto para la prevenciĂłn de la farmacodependencia y 4% para su tratamiento. En total destinarĂĄ 15 mil 500 millones de dĂłlares para combatir el narcotrĂĄďŹ co en su territorio y 5 mil 600 millones de dĂłlares para intentar reducir la demanda de estupefacientes entre la poblaciĂłn.

Peligro fronterizo Consultados acerca del encuentro que sostuvieron con Pascual –el primero que se realiza en cuatro aĂąos entre un embajador estadunidense y la Junta de CoordinaciĂłn PolĂ­tica del Senado–, Manlio Fabio Beltrones, del PRI, y Ricardo Monreal, del PT, coinciden en que Pascual tiene “mucha mĂĄs informaciĂłnâ€?; que maneja con mayor detalle los sucesos vinculados al crimen organizado, y que les planteĂł a los legisladores el inicio de un nuevo esquema de relaciĂłn que involucre intercambio de informaciĂłn con el Congreso. â€œĂ‰l asumiĂł que hay un esquema agotado.

Que la relaciĂłn bilateral debe comenzar con un nuevo enfoqueâ€?, sostiene Monreal. –¿CĂłmo percibiĂł al embajador frente al problema del narcotrĂĄďŹ co? –se le pregunta al coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado. –Trae una idea geopolĂ­tica que rebasa con Pascual y Beltrones. Nuevo enfoque

mucho nuestra estrategia casera. Es mĂĄs agudo que otros, sabe a lo que viene y estĂĄ consciente de que MĂŠxico es la frontera mĂĄs importante y la mĂĄs peligrosa para Estados Unidos. –¿PreviĂł que habrĂ­a mayor violencia? –Sin duda. Esa reuniĂłn se anticipĂł a la crisis. Es claro que tienen mĂĄs informaciĂłn que nosotros. Sienten que MĂŠxico les estĂĄ representando un problema por su gobierno gris, que no tiene fuerza ni liderazgo para imponer polĂ­ticas pĂşblicas que den tranquilidad a Estados Unidos. –¿AnticipĂł o sugiriĂł una mayor injerencia o una intervenciĂłn militar? –IntervenciĂłn militar, no. Estados Unidos tendrĂĄ mayor injerencia en MĂŠxico, sin duda, pero no se atreven a invadir ni a mandar marines. Van a estimular un enfoque mĂĄs plural porque ellos saben que sĂłlo tienen dos alternativas: invadir o tomar posiciĂłn en el paĂ­s, que es un problema para ellos, o convencer a su clase polĂ­tica y a las organizaciones ciudadanas. Ambas opciones son indeseables. La segunda signiďŹ ca el adoctrinamiento ideolĂłgico y el alineamiento de las oposiciones. “El estallido de la violencia en las ciudades fronterizas, como JuĂĄrez, estĂĄ generando una crisis en Estados Unidos por la llegada de miles de conciudadanos que estĂĄn pidiendo asilo o trasladando sus negocios. Son miles los que huyen de la violencia fronteriza. No son los migrantes tradicionales, sino hombres de negocios, gente culta y rica, huyendo de la violencia de su paĂ­s. Es un fenĂłmeno muy delicado.â€?

Por su parte, Beltrones subraya que en esa reuniĂłn se hablĂł de una “mayor colaboraciĂłn institucional y transexenal entre el Senado y la embajada de Estados Unidosâ€?. “Se expresĂł la preocupaciĂłn que existe al otro lado de la frontera en torno a la creciente violaciĂłn de los derechos humanos en MĂŠxico, derivada de la guerra contra el narcotrĂĄďŹ co. Se planteĂł como un tema de la agenda del Departamento de Estadoâ€?, abunda.

Coincide con Monreal en que hubo una clara advertencia sobre el riesgo de incremento de la violencia en la frontera norte y en que Pascual es un diplomĂĄtico con mĂĄs informaciĂłn que sus antecesores. “Es sumamente inteligente y maneja el detalle de las situacionesâ€?, apunta.

DespuĂŠs de la reuniĂłn que los senadores tuvieron con Pascual, ellos acordaron que intercambiarĂĄn mĂĄs informaciĂłn con la misiĂłn diplomĂĄtica. De hecho, del 18 al 20 de marzo un grupo de trabajo integrado por varios senadores visitarĂĄ las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado Springs, por invitaciĂłn de su comandante, el general Victor E. Renuart. AcudirĂĄn Eloy CantĂş Segovia, del PRI; RenĂŠ Arce, del PRD; Ludvina Menchaca, del PVEM, y Ricardo Monreal, del PT. TendrĂĄn una reuniĂłn de trabajo con el general Renuart, asĂ­ como una “sesiĂłn informativa sobre amenazasâ€? con el director de inteligencia del comando. TambiĂŠn se entrevistarĂĄn con Richard Downie, director del Centro de Estudios HemisfĂŠricos de Defensa (CHDS).

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Los cuatro pilares De acuerdo con el documento entregado por el diplomático a los senadores, la siguiente fase de la Iniciativa Mérida consistirá en “ayudar a las agencias de procuración de justicia mexicanas a adquirir nuevas tecnologías que aumenten su movilidad, comunicaciones y capacidades técnicas para enfrentar a los narcotraficantes con efectividad”.

Asimismo, se pretende dotar de “tecnologías avanzadas y sistemas de comunicaciones seguros que permitirán a las autoridades mexicanas mejorar la obtención y almacén de datos y el intercambio de información”.

Hasta ahora se han canalizado mil 300 millones de dólares para capacitar a 4 mil 300 nuevos investigadores en la academia de la Policía Federal ubicada en San Luis Potosí, y para dotar de equipos de inspección a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Seguridad Pública. También se compraron cinco helicópteros Bell 412, y en el transcurso del presente año la Secretaría de Marina recibirá una aeronave CASA 235, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública Federal estrenará tres helicópteros Blackhawk UH-60.

El informe describe “los cuatro pilares de la cooperación” en los que se basa la Iniciativa Mérida: “1.- Trastornar la capacidad operativa del crimen organizado”. En este punto se compromete a “disminuir el poder de los grupos mexicanos del crimen organizado sistemáticamente capturando y procesando a sus cabecillas y reduciendo las ganancias del comercio ilícito de drogas mediante el decomiso de narcóticos y el freno al lavado de dinero al igual que a la producción.

“2.- Institucionalizar la capacidad de mantener el estado de derecho”. Se compromete a “mejorar la capacidad” de las instituciones de seguridad pública y de las instituciones judiciales e incluye puntos como “profesionalizar a las Fuerzas Armadas y la policía, reformar instituciones correccionales e implementar la reforma al sistema penal”. En este rubro se han destinado 9 millones de dólares al entrenamiento de 4 mil 300 nuevos oficiales de la Policía Federal hasta enero de 2010.

“3.- Crear la infraestructura fronteriza del Siglo XXI”. Se comprometen ambos países a “facilitar el comercio legítimo y el movimiento de personas mientras se restringe el flujo ilícito de drogas, personas, armas y efectivo”. Se creará mejor infraestructura y tecnología para garantizar la seguridad fronteriza “en los cruces terrestres del norte y del sur, puertos y aeropuertos”.

“4.- Construir comunidades fuertes y resistentes”. En este punto, Estados Unidos advierte que “al implementar y crear programas de trabajo, involucrar a los jóvenes en sus comunidades, expandir las redes de protección social y generar confianza en las instituciones públicas al interior de las co-

munidades, la Iniciativa Mérida desarrollará nuevas estrategias para el fortalecimiento de las comunidades mexicanas en contra del crimen organizado”.

El documento detalla los principales programas que se están financiando: “En diciembre de 2009, 24 profesionales de seis estados mexicanos iniciaron un proyecto de capacitación y certificación para especialistas en rehabilitación de la farmacodependencia en México. Este programa cuenta con fondos por 2.4 millones de dólares y pretende capacitar a 600 especialistas.

“Se trabaja en la creación de la Red Nacional de Transferencia de Tecnología para la Atención de las Adicciones (Renadic), con fondos por 6.5 millones de dólares para mejorar la interconexión de más de 300 centros de tratamiento Nueva Vida de Conadic.

“Se han asignado 500 mil dólares para iniciar con la formación de coaliciones de ‘comunidades libres de drogas’.

“Se destinaron 1.2 millones de dólares para evaluar los programas de tratamiento y certificación contra las drogas en México.”

La embajada de Estados Unidos cuenta con otro documento titulado Esfuerzos a nivel federal para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, en el que anuncia que para el año fiscal 2011 el gobierno de Barack Obama solicitará 5 mil 600 millones de dólares para reducir la demanda de drogas en su territorio, que incluye 13% para la prevención y 4% para el tratamiento.

El presupuesto global que Estados Unidos destinará en 2011 para reducir la oferta de drogas y mejorar la procuración de justicia en su territorio será de 15 mil 500 millones de dólares. Aunque esta cifra luce imponente, palidece frente a los más de 200 mil millones de dólares anuales que produce el narcotráfico.

Para 2011 se destinarán 15 millones de dólares a un programa piloto llamado Comunidades Dedicadas a la Prevención entre Población Adolescente. Las actividades que realizará incluyen monitoreo de drogas a nivel estatal, asistencia técnica y formación de redes de mentores.

Al Instituto Nacional para el Abuso de las Drogas le corresponderá invertir 435.2 millones de dólares para investigar la efectividad de los programas preventivos.

Una parte de los 85.5 millones de dólares correspondientes al programa Comunidades Libres de Drogas se destinará a coaliciones locales en México, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Brasil y Sudáfrica, bajo la supervisión del Departamento de Estado estadunidense.

De estos fondos, 500 mil dólares se asignarán para “ayudar al gobierno de México a dar inicio a la formación de coaliciones de comunidades libres de drogas”. De acuerdo con la Iniciativa Mérida, estas coaliciones servirán “como un catalizador para la participación ciudadana en los esfuerzos por reducir el abuso de drogas entre los jóvenes”. ●

(de narcóticos) de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas de la Casa Blanca.

“La misión es estructurar un nuevo enfoque para la estrategia contra el narcotráfico en México. Urgen resultados positivos porque la percepción general, tanto de los mexicanos como de los estadunidenses, es que se está perdiendo la batalla”, dice a Proceso un alto funcionario del gobierno de Obama que está familiarizado con los preparativos del encuentro.

“Aunque esta reunión ya estaba pactada desde hace tiempo, es obvio que los asesinatos en Ciudad Juárez han creado más tensión y la urgencia de un cambio de planes”, acota el funcionario, que habló con el reportero bajo la condición de que no se revelara su identidad ni el puesto que ocupa en el gobierno de Washington.

Por encima del resultado o las conclusiones a las que lleguen la delegación de Clinton y el gobierno de Calderón, en el Pentágono tienen clara la nueva estrategia.

Renuart la delineó en el Capitolio: “El general (Guillermo) Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional de México, ha pedido nuestra asistencia para impartir un entrenamiento único en la integración de operaciones, la aplicación de la ley, de la justicia y los derechos humanos”.

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N A R C O T R Á F I C O / M É X I C O -E S T A D O S U N I D O S AP photo / Gregory Bull

Napolitano. Crítica

Es más, el Departamento de Defensa de Estados Unidos enfatizó que cuenta con “un plan de contingencia” en caso de que la narcoviolencia mexicana amenace traspasar la frontera, el cual, de acuerdo con Renuart, se basa en fortalecer la capacidad del Ejército y de la Policía Federal mexicanos con mejores tácticas de inteligencia militar.

Control total Los mil 351 millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos aprobó para financiar la Iniciativa Mérida en su plan original de tres años se dedicaron en su mayor parte a proveer al Ejército Mexicano de equipo militar, como helicópteros y aviones, entrenamiento especial para operativos de inteligencia y tecnología de vanguardia.

Como resultado de la revisión del programa por el gobierno de Obama, se canceló la entrega de más equipo al Ejército Mexicano para concentrarse en darle entrenamiento sobre técnicas de inteligencia. Incluso, en lo que puede interpretarse como una presión para replantear la estrategia militarizada de Calderón, la Casa Blanca ordenó retrasar la entrega a México de helicópteros y aviones que, según el calendario del programa, ya debían haber llegado o están programados para este año (Proceso 1739).

En su propuesta al Congreso federal estadunidense de destinar 310 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2011, Obama pretende anular la entrega de equipo a las Fuer10

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zas Armadas de México (Proceso 1738).

En cambio, aprovechará que su antecesor, George W. Bush, logró que Calderón aprobara que la inteligencia estadunidense controlara totalmente la lucha contra el narcotráfico en México mediante la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), con sede en el Distrito Federal.

Tener un centro de operaciones como este en el país era uno de los anhelos de Washington. Anteriormente la DEA, encargada de combatir al trasiego de drogas mediante convenios de cooperación en casi todo el mundo, ha sacado el mayor provecho posible a la concesión de soberanía que aceptó Calderón al suscribir la Iniciativa Mérida. Hasta antes del 1 de enero de 2006 –fecha en que Calderón tomó posesión de la Presidencia de la República–, la DEA contaba oficialmente con poco más de 30 agentes asignados en ocho oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Ciudad Juárez, Mazatlán, Mérida, Tijuana y Monterrey.

Un reporte fechado en febrero de 2009, que el auditor general de la DEA entregó al Capitolio –del cual este semanario tiene una copia– indica que durante los primero 18 meses del sexenio de Calderón se autorizó el ingreso de casi 50% más de agentes y la apertura de otras tres oficinas de la oficina antidrogas.

Un funcionario de la Secretaría de Gobernación confirmó al reportero que actualmente la DEA tiene registrados a 54 agentes repartidos en casi todo el territorio mexicano. Y un exfuncionario de la cancillería mexicana, quien también pidió no ser identificado, comenta que sí son

54, pero “sin contar a decenas más que seguramente están registrados ante la Secretaria de Relaciones Exteriores y la de Gobernación con algún otro tipo de asignación diplomática”.

El reporte del auditor general de la DEA establece que, “fuera de Estados Unidos, México es el país que cuenta con el mayor número de oficinas y de agentes (nuestros)... Desde las oficinas en México, la DEA se encarga también de la coordinación de las acciones antinarcóticos que otros agentes llevan a cabo en Centroamérica”, remata el documento, de contenido catalogado como “sensible”.

En paralelo, el Buró Federal de Investigación (FBI) tiene cinco oficinas y varias decenas de agentes en el país. Desde las instalaciones de la embajada estadunidense, en la Ciudad de México, esta agencia coordina sus instalaciones en Guadalajara, Hermosillo, Tijuana y Monterrey, confirma el Departamento de Justicia en su página en internet.

La presencia de agentes extranjeros en México se autorizó oficialmente con el acuerdo del 3 de julio de 1992 entre la Procuraduría General de la República y las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación. “La cooperación internacional constituye uno de los principios normativos de la política exterior de México, de conformidad con la fracción X del artículo 89 de la Constitución General de la República”, se justifica en el documento.

Según ese acuerdo, el gobierno de México le impone a los agentes extranjeros las siguientes condiciones: a) la cooperación bilateral debe realizarse con estricto respeto a la soberanía territorial y jurisdicción del Estado mexicano; b) las actividades de los agentes se limitarán a servir de enlace para intercambio de información con las autoridades mexicanas que se señale, que se derive de los diferentes aspectos de cooperación internacionales en que los mismos participen; c) la estancia temporal y las actividades de los agentes se estipularán en los programas específicos de cooperación bilateral que convengan a cada país.

El documento aclara que “los agentes no podrán realizar tareas que están reservadas a las autoridades mexicanas”.

Analistas y especialistas en materia de seguridad y asuntos de inteligencia vaticinan que, una vez que la OBI funcione a toda su capacidad, tanto la DEA, el FBI y el Pentágono como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) buscarán darle otro rumbo a la fracasada guerra contra el narcotráfico que declaró Calderón hace tres años, que hasta ahora ha dejado un saldo de 18 mil muertos y un futuro incierto para más de 100 millones de mexicanos. ●

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N A R C O T R à F I C O / M É X I C O -E S T A D O S U N I D O S

El consulado ya olĂ­a a

plomo Ricardo Ruiz/ Procesofoto

El mĂłvil del asesinato de tres personas vinculadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad JuĂĄrez se mantiene en la bruma porque las autoridades estadunidenses insisten en calificar el crimen como “un errorâ€?. Sin embargo, el consulado habĂ­a recibido amenazas –e inclusive dispuso medidas de precauciĂłn y recibiĂł apoyo de MĂŠxico en la vigilancia–, luego de que The Washington Post publicĂł una nota segĂşn la cual “funcionarios de las diferentes agencias federales de MĂŠxico y Estados Unidosâ€? sostenĂ­an en El Paso, Texas, reuniones “a puerta cerradaâ€? para iniciar un programa de combate al narcotrĂĄfico que incluirĂ­a la presencia de agentes federales de EU en territorio juarense‌

Patricia DĂĄvila

IUDAD JUĂ REZ, CHIH.- El sĂĄbado 13 de marzo, a las 14:00 horas, tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en esta ciudad salieron del salĂłn de fiestas El Barquito de Papel. Se dirigĂ­an a sus casas en El Paso, Texas. No alcanzaron a llegar, pues a unos metros de la lĂ­nea fronteriza fueron ejecutadas, al parecer como desenlace de amenazas que unos dĂ­as antes habĂ­a recibido el consulado por parte del cĂĄrtel de JuĂĄrez.

El jueves 18, el gobierno estadunidense contraatacĂł: 200 elementos de la DEA, el FBI y el Departamento del Sheriff de El Paso emprendieron una redada en contra de la pandilla Barrio Azteca, brazo armado del cĂĄrtel de JuĂĄrez que habita en el condado. Detuvieron a 50 integrantes del grupo para “interrogarlosâ€? y dar con el paradero de su lĂ­der: Eduardo Ravelo, El Tablas.

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CorrupciĂłn centenaria Jorge Carrasco Araizaga

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Especial

l hartazgo de los habitantes de Ciudad JuĂĄrez por el trĂĄďŹ co de drogas, la complicidad gubernamental y la impunidad no son nada nuevo. Desde hace dĂŠcadas, la presidencia municipal, las policĂ­as municipales y estatales y oďŹ ciales del EjĂŠrcito eran identiďŹ cados como parte del entramado delictivo en la ciudad.

Reportes del Departamento ConďŹ dencial, el antecedente mĂĄs remoto del Centro de InvestigaciĂłn y Seguridad Nacional (Cisen), revelan que desde la dĂŠcada de los veinte las actividades de lo que ahora se conoce como delincuencia organizada tenĂ­an la protecciĂłn e incluso eran dirigidas por autoridades civiles y militares.

La confabulaciĂłn de los gobernantes con los delincuentes generĂł, como ahora, el enojo y temor de la ciudadanĂ­a, que no sĂłlo era testigo de las actividades ilegales que se cometĂ­an en la frontera, sino tambiĂŠn de cĂłmo el gobierno federal permitĂ­a y fomentaba la impunidad.

Reportes del Departamento ConďŹ dencial, que forman parte del acervo del Fondo Go-

bernaciĂłn del Archivo General de la NaciĂłn (AGN), dan cuenta de la manera en que operaban los delincuentes dedicados al trĂĄďŹ co de enervantes hacia Estados Unidos, la falsiďŹ caciĂłn de dĂłlares, la trata de blancas y al regenteo de la prostituciĂłn en Ciudad JuĂĄrez, con la participaciĂłn de mexicanos y extranjeros.

El caso mĂĄs documentado es el del presidente municipal AgustĂ­n Gallo. Aunque era de nacionalidad estadunidense, fue “impuesto por la fuerza de las armasâ€? como autoridad de esa ciudad, despuĂŠs de una asonada militar encabezada por el general Marcelo Caraveo, quien derrocĂł al gobernador JesĂşs Antonio Almeida en abril de 1927.

Entre los golpistas destaca JosĂŠ Borja Ramos, un conocido narcotraďŹ cante nacido tambiĂŠn en Estados Unidos que despuĂŠs de la asonada fue nombrado coronel. Apodado El Chato, Borja Ramos fue designado por Gallo como recaudador e inspector del rastro de la ciudad, cargo que le permitiĂł realizar abiertamente sus actividades delictivas.

La informaciĂłn acerca de la delincuencia en Ciudad JuĂĄrez durante los aĂąos veinte fue localizada por la investigadora MarĂ­a de los Ă n-

La pareja estadunidense. Sospechas

El viernes 19, empleados del consulado permanecĂ­an en “alerta rojaâ€? tras recibir la “sugerenciaâ€? de enviar a sus familias a Estados Unidos, para lo cual contarĂĄn con el “auxilio diplomĂĄticoâ€? de ese paĂ­s.

TambiĂŠn les dieron la “indicaciĂłnâ€? de trasladarse a El Paso inmediatamente despuĂŠs de concluida la jornada laboral.

En el interior del consulado hay mie12

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do, pues se teme otro ataque, confiaron a Proceso algunos empleados que pidieron no revelar sus nombres porque recibieron la instrucciĂłn de abstenerse de abordar el tema.

Pero de acuerdo con diversos indicios, el detonante del ataque fue que, el 24 de febrero, The Washington Post publicĂł una nota segĂşn la cual agentes fe-

geles Magdaleno –quien fue directora de AnĂĄlisis HistĂłrico de la desaparecida Femospp– en el fondo documental de la secciĂłn de Investigaciones PolĂ­ticas y Sociales de la SecretarĂ­a de GobernaciĂłn, localizado en el AGN. En uno de los reportes, elaborado por el “agente conďŹ dencial nĂşmero 10â€? y fechado el 25 de mayo de 1928, se identiďŹ ca a Samuel Sambli, de nacionalidad china, como la persona que, al amparo de las autoridades, controlaba el negocio de las drogas en Ciudad JuĂĄrez. En pago por la protecciĂłn que recibĂ­a, ďŹ nanciaba campaĂąas polĂ­ticas.

El chino viajaba con frecuencia entre Chihuahua y las ciudades de Tijuana y Mexicali, en Baja California. En Ciudad JuĂĄrez regenteaba El Casino, que funcionaba como centro de lavado de dinero mediante apuestas y especulaciĂłn ďŹ nanciera. Dice el informe: Sambli “ha procurado atraerse a las autoridades por medio de gajes para que le puedan dejar en libertad sus negociosâ€?.

En sus informes el agente identiďŹ caba a los militares que dieron cobertura y fomentaron la ilegalidad: se trataba del propio general Caraveo, jefe polĂ­tico y de operaciones militares en el estado de Chihuahua; el coronel JosĂŠ Borja Ramos, funcionario municipal, y el general Francisco A. MartĂ­nez, jefe de la guarniciĂłn de la plaza en Ciudad JuĂĄrez.

Abuelos del narco El caso del coronel Borja Ramos es ilustrativo.

Un oďŹ cio del Departamento ConďŹ dencial fe-

derales de Estados Unidos se preparaban para operar en Ciudad JuĂĄrez con el fin de reforzar el combate a los cĂĄrteles del narcotrĂĄfico: “Funcionarios de las diferentes agencias federales de MĂŠxico y Estados Unidos –precisaba la informaciĂłn– sostienen reuniones a puerta cerrada en El Paso y afinan detalles de cĂłmo operarĂĄ el programaâ€?.

La nota, firmada por el periodista William Booth, establecĂ­a que los agentes de Estados Unidos quedarĂ­an ubicados en un centro de comando en Ciudad JuĂĄrez, con el fin de “compartir inteligencia del narco obtenida de informantes y comunicaciones interceptadasâ€?.

Y agregaba: “Los agentes estadunidenses han sido cautelosos respecto a actuar dentro de centros de comando mexicanos por miedo a ser blanco de ejecuciones en medio de la violencia y falta de estado de derecho, que el aĂąo pasado dejaron un saldo superior a los 2 mil 600 muertos en Ciudad JuĂĄrezâ€?.

Al respecto, un funcionario estadunidense de alto nivel, que pidiĂł a la reportera no ser identificado, comentĂł: “La idea es tomar nuestras aptitudes (‌) y ponerlas al servicio de un socio dispuesto a abordar lo que constituye una situaciĂłn de crisisâ€?.

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N A R C O T R Ă F I C O / M É X I C O -E S T A D O S U N I D O S chado el 15 de julio de 1929 conďŹ rma que el militar estaba identiďŹ cado como un “conocido traďŹ cante de drogas heroicasâ€? (derivadas de la heroĂ­na) y delincuente.

El documento consigna: “Nuestro consulado general en El Paso, Texas, en oďŹ cio 4142 del 5 del actual informa a esta SecretarĂ­a que‌ se ha permitido la entrada a nuestro paĂ­s a JosĂŠ Borja Ramos (a) El Chato‌ individuo que, segĂşn antecedentes y pruebas en su contra, es un conocido traďŹ cante de drogas heroicas y responsable de varios delitosâ€?.

Peor todavĂ­a, El Chato no sĂłlo intervino en el asalto a la casa y derrocamiento del gobernador Almeida, sino que “hizo explotar una bomba junto al consulado de MĂŠxico en El Pasoâ€?. En la administraciĂłn del general Caraveo se le permitiĂł “en forma descarada y pĂşblica el trĂĄďŹ co de las drogas enervantesâ€?.

Un poco antes, en su informe de mayo de 1928, el agente nĂşmero 10 destacado en Ciudad JuĂĄrez se reďŹ riĂł a otro estadunidense que ejercĂ­a como autoridad y fomentaba la delincuencia: el presidente municipal AgustĂ­n Gallo.

EscribiĂł el informante: “La actuaciĂłn de las autoridades locales es motivo de censura por comerciantes y particulares honorables, quienes me han informado que desde hace tiempo esperaban que al tener conocimiento esa secretarĂ­a (de GobernaciĂłn) de los antecedentes del seĂąor don AgustĂ­n Gallo, presidente municipal, y de la comprobaciĂłn de su ciudadanĂ­a americana y comportamiento, fuera depuestoâ€?.

El presidente municipal –que, en efecto,

habĂ­a nacido en Estados Unidos– contaba con el respaldo de los jefes polĂ­ticos y militares tanto en Chihuahua como en JuĂĄrez, por lo que desestimĂł cualquier intervenciĂłn de GobernaciĂłn. SabĂ­a que las comunicaciones de esa dependencia en torno a la situaciĂłn en JuĂĄrez y los seĂąalamientos en su contra eran ďŹ rmados por el oďŹ cial mayor, no por funcionarios de mayor jerarquĂ­a.

Una vez que las acusaciones contra el presidente municipal fueron desactivadas por sus protectores polĂ­ticos, ĂŠl y sus socios se dedicaron abiertamente a regentear negocios ilegales, entre ellos cantinas donde se consumĂ­an drogas y se ejercĂ­a la prostituciĂłn.

Era dueĂąo de la cantina El Castillo, ubicada en la avenida 16 de Septiembre y conocida popularmente como “el castillo elĂŠctricoâ€?, porque ĂŠl, como autoridad, habĂ­a prometido instalar ahĂ­ una planta de luz.

Entre sus socios estaban el jefe de la policĂ­a municipal, J. JesĂşs Sosa, asĂ­ como el jefe de la PolicĂ­a Judicial, Edmundo Herrera, quienes abrieron el Gambrinus Bar en la avenida Vicente Guerrero. El encargado de la cantina era Julio Manzano, protegido de Gallo.

El establecimiento contaba con un hotel anexo y, segĂşn el reporte, tenĂ­a “entradas privadas y esconditesâ€?; no pagaba impuestos al municipio y estaba vigilado por la policĂ­a “para que los parroquianos puedan disponer de facilidades que otros centros no tienen, por estar un poco retirado del centro de la poblaciĂłnâ€?.

En realidad, El Gambrinus era la alternati-

va que Gallo ofrecĂ­a a su clientela, pues aunque El Castillo tenĂ­a instalaciones lujosas, por encontrarse cerca del Puente Internacional “los parroquianos no fĂĄcilmente pueden gozar de impunidad en sus actosâ€?, sobre todo al consumir drogas.

Como El Gambrinus permanecĂ­a abierto las 24 horas, el presidente municipal decĂ­a a sus clientes que cuando estuvieran alcoholizados o quisieran tomar drogas, podĂ­an acudir a este antro “donde serĂĄn despachados con seguridades, pudiendo tener alojamiento en caso de que el puente Internacional quede cerrado o se encuentren imposibilitados para regresar a territorio americanoâ€?.

Aunque el embajador de MĂŠxico en Estados Unidos, Arturo SarukhĂĄn, se encargĂł de desmentir cuanto antes la nota de William Booth –cuyos datos sustanciales fueron proporcionados por un informante anĂłnimo–, al dĂ­a siguiente el periĂłdico El Diario, editado en El Paso, no sĂłlo confirmĂł la versiĂłn de Booth, sino que precisĂł: “Funcionarios de primer nivel de MĂŠxico y Estados Unidos, especializados en las ĂĄreas de Inteligencia y Seguridad Nacional, mantienen reuniones a puerta cerrada dentro de la base militar de Fort Bliss, sobre los centros de operaciones que instalarĂĄn en Ciudad JuĂĄrez.â€?

De acuerdo con un agente federal de Estados Unidos, en el marco de las negociaciones de la Iniciativa MĂŠrida se acordĂł que los puntos operativos de esa colaboraciĂłn serĂ­an colocados de manera estratĂŠgica en colonias de Ciudad JuĂĄrez como Bellavista, ubicada cerca de la lĂ­nea fronteriza.

El hecho es que la filtraciĂłn de esa informaciĂłn causĂł malestar al cĂłnsul general de Estados Unidos en esta ciudad, Raymond McGrath, quien ante algunos funcionarios del gobierno estatal reconociĂł el “peligroâ€? que esta revelaciĂłn representaba para la sede diplomĂĄtica.

Las amenazas

biliaria Perjoza, propiedad de Pedro y Jorge Zaragoza Fuentes.

Pedro Zaragoza Fuentes, cabeza del Grupo Agroindustrial Zaragoza, es concesionario de la cerveza Corona, propietario de dos estadios, de centros de diversiĂłn fronterizos y de mĂĄs de 80 gasolinerĂ­as, sĂłlo en Ciudad JuĂĄrez. Fue investigado por defraudaciĂłn fiscal por 2.2 millones de dĂłlares durante el gobierno de Carlos Salinas, cuando la PGR lo vinculĂł con el cĂĄrtel de JuĂĄrez, a partir del hecho de que dos de sus cuĂąadas estaban casadas con los narcotraficantes Rafael Aguilar Guajardo y Rafael MuĂąoz Talavera, fundadores del cĂĄrtel de JuĂĄrez (Proceso 1374).

Al día siguiente de que se emitió en el consulado la mencionada circular interna –copia de la cual tiene Proceso–, varios de los empleados consulares asistieron a un cumpleaùos en el salón para fiestas infantiles El Barquito de Papel.

A eso de las dos de la tarde, Jorge Salcido Ceniceros, esposo de Hilda Antillano –empleada del consulado–, y Lesley Enríquez –esposa de Arthur Haycock Redelfs, alguacil de la cårcel de El Paso–, junto con sus hijos, abandonaron la fiesta.

Por separado, en sus vehĂ­culos, se dirigĂ­an a sus domicilios particulares de El Paso

El martes 9 de marzo, la sede diplomĂĄtica estadunidense sufriĂł una de las primeras advertencias: El cĂłnsul Raymond McGrath reportĂł a la OperaciĂłn Coordinada Chihuahua (Occh) la amenaza de que estallarĂ­a un “artefacto explosivoâ€? en la sede diplomĂĄtica. En respuesta, la PolicĂ­a Federal (PF) instalĂł una unidad fija y dos mĂĄs para vigilancia “intermitenteâ€?. Cada patrulla estaba dotada de seis elementos preparados para repeler “cualquier agresiĂłnâ€?.

Tres dĂ­as mĂĄs tarde, el viernes 12, el cĂłnsul emitiĂł un comunicado interno que hizo circular entre sus empleados con la advertencia de que El Reco Bar estaba “fuera de nuestros lĂ­mitesâ€? debido a las “preocupaciones de seguridadâ€?, por lo que instaba a los ciudadanos estadunidenses a no visitarlo hasta nuevo aviso.

Ubicado en la Plaza Nicole, al sur del Consulado General, El Reco Bar opera con la licencia estatal de alcoholes número 6988, y trabaja con permisos mensuales de restaurante-bar a nombre de Luis Fernando Martínez Villegas. A su vez, la Plaza Nicole –de acuerdo con los registros revisados por Proceso– aparece a nombre de la inmo-

Hoyo en la pared fronteriza El alcalde Gallo contaba con poderosos protectores. Uno de ellos fue el general Francisco A. MartĂ­nez, jefe de la guarniciĂłn de la plaza. Juntos abrieron la cantina El Agujero en la Pared, ubicada en plena lĂ­nea divisoria. Varios reportes resguardados en el AGN hacen constar que la operaciĂłn de este negocio generĂł rechazo no sĂłlo en Ciudad JuĂĄrez, sino en El Paso, Texas.

El agente de los servicios secretos, dependientes desde entonces de la SecretarĂ­a de GobernaciĂłn, recibiĂł una orden desde la Ciudad de MĂŠxico para que investigara ese establecimiento. La razĂłn: el diario El Continental, de El Paso, publicĂł en su ediciĂłn del 23 de mayo de 1928 quejas de un empresario texano, quien

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demandaba la intervenciĂłn del gobierno de Estados Unidos.

La nota periodĂ­stica consignĂł: “El seĂąor A. P. Coles, conocido hombre de negocios y agente de bienes raĂ­ces, declarĂł ayer que el gobierno federal (de Estados Unidos) deberĂ­a tomar medidas inmediatas para impedir el trĂĄďŹ co en la lĂ­nea internacional, al pie de la calle Eucalyptus, sitio frecuentado por los concurrentes a El Agujero en la Pared, establecimiento que el seĂąor Coles considera como una ‘vil amenaza’ para la moral pĂşblicaâ€?.

El Agujero en la Pared tambiĂŠn permanecĂ­a abierto dĂ­a y noche. El inmueble que ocupaba se extendĂ­a, en efecto, hasta esa calle de El Paso. En su reporte el agente nĂşmero 10 precisĂł: “Estando en Ciudad JuĂĄrez, sĂłlo hay que atravesar el vado denominado El CordobeĂąo, y al encontrarse en la cantina a la siguiente calle ya estĂĄ uno en territorio de Estados Unidosâ€?.

El bar operaba con un prestanombres de Gallo, Manuel MunguĂ­a, y allĂ­ ocurrĂ­an “toda clase de actos inmorales y si es llegado el caso, hasta crĂ­menes que pueden quedar impunesâ€?.

Los hermanos Antonio y Enrique FernĂĄndez tambiĂŠn fueron socios del presidente municipal. AdemĂĄs de que eran propietarios del Mint Bar, ubicado sobre la avenida 16 de Septiembre, se dedicaron a la falsiďŹ caciĂłn de dĂłlares y fueron los principales negociantes de drogas heroicas en ese tiempo.

En este caso, el informe revela otra forma de impunidad, similar a la que hoy gozan

miembros de la delincuencia organizada que son detenidos, pero dejados en libertad de inmediato.

En abril de 1928, consigna el reporte, la policĂ­a detuvo a Antonio FernĂĄndez y a otras personas que eran sus cĂłmplices en la circulaciĂłn de los dĂłlares falsos. AdemĂĄs, comercializaba drogas y tenĂ­a un fumadero de opio. “Fueron –se lee en el informe– conducidos a la Ciudad de MĂŠxico y‌ han regresado con absoluta libertad. La presidencia municipal sabe perfectamente que los FernĂĄndez han reanudado sus negocios de drogas, pero como por la cantina y demĂĄs concesiones recibe cantidades considerables, los FernĂĄndez no son molestados, conservando su buen entendimiento con la principal autoridad del lugar.â€?

En los documentos elaborados por el agente secreto se expresa el enojo –presente desde ese tiempo– de la poblaciĂłn en general y de los empleados del municipio: “Si la vida comercial y moral de Ciudad JuĂĄrez ha sido en otros tiempos atacada por sus lacras administrativas, en la actualidad es mĂĄs sensible por el control y el nepotismo del presidente municipalâ€?.

Algunos empleados del ayuntamiento le conďŹ aron al investigador que soportaban al presidente municipal “por la presiĂłn que ejerce y el apoyo que le presta el general Caraveo. Pero prĂĄcticamente, el seĂąor Gallo es la autoridad municipal unitaria. Los habitantes se encuentran disgustados en alto grado por ser una per-

sonalidad impuesta por la fuerza de las armas�.

AgustĂ­n Gallo tambiĂŠn controlaba a los elementos de la PolicĂ­a Judicial Federal, antecedente de la Agencia Federal de InvestigaciĂłn (AFI), hoy llamada PolicĂ­a Federal Ministerial, dependiente de la ProcuradurĂ­a General de la RepĂşblica (PGR).

Desde aquella ĂŠpoca –al igual que ahora–, las quejas de la ciudadanĂ­a no se limitaban a los ĂĄmbitos municipal y estatal, sino que incluso alcanzaban al federal. En el expediente del AGN se documentan las denuncias en contra del doctor Antonio DĂĄvalos, delegado sanitario federal, quien cobraba a las dueĂąas de las casas de citas a cambio de no hacer “los exĂĄmenes de rigor a las mujeres de la zona de toleranciaâ€?. El pago tambiĂŠn era para el presidente municipal.

Ante el alud de denuncias, la PGR abriĂł la averiguaciĂłn previa 9/1928 contra DĂĄvalos. SegĂşn la querella presentada por Antonio Martino, un comerciante que habĂ­a invertido en la zona de tolerancia, la corrupciĂłn del empleado federal dio lugar al surgimiento de prostĂ­bulos mĂĄs allĂĄ de esa ĂĄrea.

Esos lugares surgieron “con tanta o mĂĄs profusiĂłn que lo estaban cuando se tomĂł la medida radical de crear la referida zona, de manera que el mal que tratĂł de remediarse sigue subsistiendo quizĂĄs en mayores proporcionesâ€?, sostuvo Martino. En el legajo no hay informaciĂłn acerca de los resultados de la instrucciĂłn judicial. â—?

cuando, a unos metros del puente internacional Santa Fe y a escasos 50 metros de la Presidencia Municipal, fueron interceptados y ejecutados por un comando armado.

Los primeros en acudir en su auxilio fueron agentes municipales. Su reporte indica que, en el cruce de las avenidas Francisco Villa y Norzagaray, de la colonia Zona Centro, varios sujetos que se trasladaban en una Suburban negra por la avenida Heroico Colegio Militar, del Distrito Aldama, en sentido de oriente a poniente, perseguĂ­an a la camioneta Toyota Rav 4, modelo 2004. En el cruce de Norzagaray, los sujetos de la Suburban dispararon tanto al conductor como al copiloto.

Aunque ambos murieron, el reporte estatal y el municipal no los identifican, pero sĂ­ establecen que en la parte trasera del vehĂ­culo sobreviviĂł una bebĂŠ de siete meses de edad.

Minutos despuĂŠs de este hecho, por una llamada al 066, la policĂ­a municipal se enterĂł de que en el cruce de Avenida Insurgentes y ArtĂ­culo 39 se encontraba un hombre muerto por disparos de arma de fuego.

El cuerpo se hallĂł dentro de una camioneta Honda Pilot, modelo 2007, placas 527SGK6, y en el asiento trasero habĂ­a dos niĂąos heridos, de cuatro y siete aĂąos de edad.

A diferencia de los otros dos cuerpos, este fue identificado como Jorge Alberto Salcido Ceniceros, de 37 aĂąos de edad, quien trabajaba en una maquiladora y no tenĂ­a ningĂşn registro de antecedentes penales u Ăłrdenes de aprensiĂłn en su contra. “El cadĂĄver se encontraba en una posiciĂłn sedente (sentado) y como con huellas de violencia. Y presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en glĂşteo izquierdo y flanco derecho. En el ĂĄrea se localizaron dos casquillos percutidos de calibre 7.62 x 39 y cuatro casquillos con la leyenda MKâ€?, seĂąala el protocolo sobre el caso emitido por la SubprocuradurĂ­a de Justicia en Ciudad JuĂĄrez.

conocer tambiĂŠn que desde el sĂĄbado 13 –horas antes del triple asesinato– habĂ­a autorizado la salida de MĂŠxico de las familias de los empleados de las sedes diplomĂĄticas que laboran en Ciudad JuĂĄrez, Tijuana, Nogales, Nuevo Laredo, Monterrey y Matamoros, por la preocupaciĂłn generada ante la “situaciĂłn de seguridadâ€? que se vive en estas comunidades.

Solo que esa autorizaciĂłn no fue notificada a los interesados, sino hasta el domingo 14.

Y el martes 16, durante su tercera visita a esta ciudad en solo un mes, el presidente mexicano Felipe CalderĂłn declarĂł que este es un problema binacional (de Estados Unidos y MĂŠxico) y que, por lo tanto, el combate al narcotrĂĄfico es competencia de ambos gobiernos.

AdemĂĄs, tanto el secretario de Seguridad PĂşblica (SSP), Genaro GarcĂ­a Luna, como el titular de la PGR, Arturo ChĂĄvez ChĂĄvez, durante la tercera reuniĂłn Todos Somos JuĂĄrez, Reconstruyamos nuestra ciudad, presentaron pĂşblicamente cifras “maquilladasâ€? sobre la disminuciĂłn de la violencia.

Esto enervĂł a varios integrantes de las mesas. “SeĂąor presidente –le dijo a CalderĂłn un miembro de la organizaciĂłn Observatorio Ciudadano, Miguel GarcĂ­a–, no

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ReacciĂłn tardĂ­a El mismo domingo 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenĂł los asesinatos y seĂąalĂł que colaborarĂĄ con MĂŠxico para llevar ante la justicia a los criminales. A su vez, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunciĂł que la seguridad del paĂ­s y la del personal consular y de sus familias en MĂŠxico seguirĂĄ siendo la mĂĄs alta prioridad para el gobierno estadunidense.

El gobierno de Estados Unidos dio a

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N A R C O T R à F I C O / M É X I C O -E S T A D O S U N I D O S regrese a la Ciudad de MÊxico con la idea de que las cosas van bien en Ciudad Juårez. ¥No! Las cosas no van bien. Desde su última visita han ocurrido cosas terribles: Frente a sus hijos, una mamå fue asesinada durante un juego de beisbol, y tres estadunidenses fueron acribillados�.

CalderĂłn sĂłlo alcanzĂł a responder que ya se tenĂ­a al sicario de La LĂ­nea que dirigiĂł la matanza de 15 jĂłvenes estudiantes el 30 de enero en Villas de SalvĂĄrcar.

Al dĂ­a siguiente, en las instalaciones de la GuarniciĂłn Militar, la procuradora del Estado, Patricia GonzĂĄlez RodrĂ­guez, presentĂł a JosĂŠ Alfredo Soto Arias, El Arnold o El Siete, como el principal responsable de la matanza de jĂłvenes, y asegurĂł que ya habĂ­a avances significativos en la bĂşsqueda de los autores del triple homicidio en relaciĂłn con el consulado.

Sin embargo, desde un dĂ­a antes, la procuradora estatal ya habĂ­a culpado de ese triple homicidio a la pandilla de Los Aztecas, brazo armado de La LĂ­nea, operadores del cĂĄrtel de JuĂĄrez.

Inclusive el gobierno estadunidense, a travĂŠs de Andrea Simmons, vocera del FBI en El Paso, no sĂłlo respaldĂł la versiĂłn de la procuradora, sino que dio a conocer la llegada de elementos de su paĂ­s a Ciudad JuĂĄrez para coadyuvar con las investigaciones.

La maĂąana del jueves 18, Simmons revelĂł a Proceso que 200 agentes del FBI, de la DEA y de la oficina del sheriff participarĂ­an en una redada en El Barrio Azteca, colonia asentada en El Paso, Texas, habitada por pandilleros relacionados con La LĂ­nea.

El objetivo de Estados Unidos: dar con miembros de Los Aztecas involucrados en el asesinato de Lesley EnrĂ­quez y su esposo Arthur Haycock Redelfs, asĂ­ como de Jorge Alberto Salcido Ceniceros.

Las redadas fueron realizadas en Nuevo MĂŠxico y alrededor de la ciudad fronteriza de El Paso. “Creemos que podemos conseguir importante informaciĂłn en el lado de Estados Unidos al ir detrĂĄs de estos miembros de Barrio Aztecaâ€?, seĂąalĂł el FBI. Uno de los mĂĄs buscados, Eduardo Ravelo, es el lĂ­der de la pandilla Barrio Azteca, que tanto en El Paso como en Ciudad JuĂĄrez tiene entre sus principales actividades el lavado de dinero y la distribuciĂłn de cocaĂ­na.

Sin embargo, surgió la versión de que los sicarios iban por Arthur Haycock Redelfs debido a que en su función como alguacil de la cårcel de El Paso pudo molestar a alguno de los aztecas presos, y tambiÊn la de que su esposa, Lesley Enríquez, era agente antinarcóticos adscrita a la DEA. Otra versión consistió en que el ataque se originó en las actividades que Jorge Salcido desempeùó como agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría del Estado en Juårez, así como en las activida-

des desarrolladas dentro de la misma dependencia por su esposa Hilda AntillĂĄn.

Ninguna de estas versiones fue desmentida ni confirmada por las autoridades de ambos paĂ­ses.

Sin embargo, mientras que la vocera del FBI tratĂł de deslindar al matrimonio estadunidense –“un grupo de sicarios pudo haber atacado al blanco equivocadoâ€?, dijo Simmons–, el cĂłnsul de EU en Ciudad JuĂĄrez, Raymond McGrath, seĂąalĂł en una entrevista con El Diario: “Desde las primeras horas del sĂĄbado, despuĂŠs de los ataques,

la información disponible ha sido de que el ataque en contra de Leslye Enríquez y Arthur Redelfs fue un error‌ En el caso del seùor Salcido, no sabemos todavía�.

Y, aunque insistiĂł en deslindar al consulado como objetivo de la agresiĂłn, tuvo que admitir: “Entiendo las dudas de la gente. Hay tambiĂŠn otras sugerencias: que fue (una) respuesta de los narcos dado un informe que emitimos el viernes (previniendo a la poblaciĂłn estadunidense y a los empleados del Consulado de no asistir al bar El Reco)‌â€?

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La intervención de efectivos del Ejército y de la Marina en Nuevo León ha derivado en la detención de un alto número de funcionarios y elementos policiacos, estatales y municipales, vinculados al crimen organizado. Con todo, la violencia no para. En tan sólo dos semanas ha dejado decenas de muertos, caos y temor en Monterrey, donde los sicarios no se detienen para bloquear carreteras y avenidas…

Nuevo León

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Agencia Reforma

Luciano Campos Garza

ONTERREY, NL.- En sus primeros cinco meses de gestión, el gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz no sólo ha visto cómo la seguridad pública se le escapa de las manos –con decenas de enfrentamientos, ejecuciones y hasta narcobloqueos de carreteras y avenidas–, sino también cómo fuerzas federales detienen a numerosos funcionarios y policías relacionados con el narcotráfico, en un ambiente de violencia y caos que inclusive motiva recomendaciones consulares para que los viajeros estadunidenses no expongan sus vidas.

Ante las balaceras y confrontaciones de los últimos días, el cónsul de Estados Unidos en esta ciudad, Bruce Williamson, hizo un llamado a sus connacionales a evitar el tránsito por carreteras, como las que conectan con China y Cerralvo, así como a adoptar una larga lista de precauciones, como la de que familiares del personal del consulado retornen a su país.

A su vez, el actual secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Treviño Berchelman, y el procurador del estado, Alejandro Garza Garza, quienes en el sexenio pasado –bajo las órdenes de Natividad González Parás, padrino político del actual gobernador– presumían de haber cesado a centenares de miembros de corporaciones policiacas relacionados con el narcotráfico, ahora se ven exhibidos por los elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército

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NARCOTRÁFICO / NUEVO LEÓN que realizan numerosas redadas y detenciones de funcionarios y policías involucrados con el crimen organizado desde la pasada administración estatal.

Así, en la madrugada del 10 de marzo pasado, tres escoltas del exregidor priista de Apodaca Jesús Manuel Santiago Ordaz, quienes viajaban en un coche Honda con reporte de robo, se enfrentaron a miembros del Ejército, y uno de ellos, Rogelio Sánchez Aldaba, fue acribillado. El exregidor y otros dos escoltas descendieron del auto sin oponer resistencia. A cada uno se le decomisó un arma corta y se les encontró droga.

Esa misma noche, en la carretera Monterrey-Reynosa, en el municipio de China, unos 40 integrantes del crimen organizado que se desplazaban en más de 10 camionetas se enfrentaron a tiros con elementos del Ejército. El escenario fue el restaurante Los Ahijados, ubicado a un lado de la carretera. El establecimiento quedó deshecho. Sólo un pistolero resultó muerto, pues los demás huyeron a pie o en coches.

Al día siguiente al mediodía, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México ingresaron al estacionamiento del Palacio Municipal de Monterrey, ubicado en la Macroplaza. Ahí, en presencia de decenas de personas, detuvieron a Rogelio Ángel González Heredia, encargado de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento, es decir, del rubro de Alcoholes.

Junto con el funcionario municipal fueron arrestadas otras cuatro personas, que resultaron ser policías municipales vestidos de civil en funciones de escoltas.

Aunque el alcalde Fernando Larrazábal dijo públicamente que desconocía los motivos de la detención, la Secretaría de Marina informó en el comunicado 049/10, difundido en la Ciudad de México, que González Heredia hacía trabajo a favor de Los Zetas mediante la extorsión a bares y centros nocturnos en Nuevo león y en otros estados.

A raíz de dicha aprehensión, el alcalde Larrazábal determinó cesar a los 47 integrantes del Departamento de Alcoholes.

Anunció que serían indemnizados conforme a la ley y que su labor sería provisionalmente cubierta por inspectores de Comercio y Espectáculos.

El viernes 12 de marzo, por la mañana, los infantes de marina realizaron más arrestos en el municipio de Escobedo. En una clínica fueron localizados cuatro presuntos pistoleros que habían resultado lesionados en la balacera de China. Un helicóptero de la Semar aterrizó en un terreno baldío, cercano al nosocomio, y se los llevó detenidos.

Por la tarde, elementos de la misma secretaría detuvieron al subdirector operativo de Tránsito de San Nicolás, Jorge Medina Rodríguez, sacándolo de sus oficinas municipales porque, de acuerdo con el bo-

letín 326/10, está ligado con Los Zetas y utilizaba un centro de entrenamiento de ese grupo en el municipio de Bustamante, ubicado al norte de Monterrey.

Dos días más tarde, el domingo 14 de marzo, infantes de marina acudieron por aire y tierra al rancho La Lagunilla, a un lado de la carretera a Colombia, donde realizaban su entrenamiento unos 60 sicarios. Al llegar los federales se desató una balacera y una persecución en la que murieron ocho pistoleros.

Es en esa región norte de la entidad, fronteriza con Tamaulipas, donde se han registrado los más recientes combates entre el cártel del Golfo y Los Zetas que, como anunciaron las autoridades estatales, han trasladado su guerra a territorio de Nuevo León.

El lunes 15 fue “reventada” –término inventado recientemente por las autoridades– por efectivos de la Semar una residencia de San Pedro que, aparentemente, era usada por los Beltrán Leyva como casa de seguridad. En la avenida Santa Bárbara 401, de la colonia Palo Blanco, los infantes de marina encontraron ocho kilogramos de cocaína, armas, equipo de radiocomunicación y una nómina impresa de la policía de Santa Catarina.

También había en el lugar una camioneta que tenía, en las puertas, logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro.

El martes 16 por la noche ocurrió una balacera en Villaldama, sin que al respecto circulara información oficial, pero el mismo día los elementos de la Marina detuvieron allí a siete agentes de la Policía Municipal junto con su director, José Rodríguez.

La Secretaría de Seguridad Pública anunció que para reforzar la vigilancia en el lugar, ante la detención de más de la mitad del cuerpo policiaco –que sólo está integrado por 13 uniformados–, serían enviadas patrullas de la Policía Estatal.

Los bloqueos de caminos El jueves 18 al mediodía, tras una reunión del Consejo de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad, Luis Carlos Treviño Berchelman, reiteró su negativa a permitir que los policías municipales porten armas largas.

En la pasada administración, los rifles de alto poder les fueron retirados a todos los uniformados luego de un enfrentamiento verbal que tuvieron, en Escobedo, policías preventivos de ese municipio y de San Nicolás con elementos de la Policía Federal.

En ese incidente –originado al parecer por órdenes de la delincuencia organizada que movilizaron a los policías para bloquear una persecución–, los dos bandos policiacos cortaron cartucho y se apuntaron con las armas, aunque nadie disparó. Desde entonces, algunos policías han pedido que les

Medina. Rebasado

regresen sus armas largas de repetición para hacer frente al crimen organizado.

Pero en la conferencia de prensa el secretario de Seguridad Pública fue claro: “Por ningún motivo, hasta esta fecha, está permitido que el personal de la Policía Municipal, de ningún municipio del estado de Nuevo León, porte armas largas en el patrullaje. Las armas largas fueron entregadas exclusivamente en apoyo a los municipios –a algunos de ellos, no a todos–, precisamente para la seguridad y protección de los funcionarios que tienen derecho al servicio de protección personal”.

Por la noche, el secretario Treviño volvió a dar la cara por una serie de balaceras y bloqueos que se produjeron, colapsando la vialidad, en las principales carreteras que convergen en Monterrey.

El funcionario informó que hubo incursiones del Ejército y de la Marina en las inmediaciones de los municipios de Salinas Victoria y Vallecillo, con saldo de un pistolero muerto.

También se produjo un enfrentamiento en Parás, mientras que en San Pedro infantes de marina realizaron dos cateos con un saldo extraoficial de cinco detenidos.

El mismo día, por la tarde, los municipios tamaulipecos de Reynosa y González habían sido escenarios de balaceras con un saldo de varios militares y civiles muertos.

Mientras tanto, en el municipio de El Carmen se descubrió una bodega que guardaba aproximadamente 50 mil cartuchos y 5 mil cargadores de diferentes calibres. El hallazgo se hizo en una finca ubicada en la brecha que conduce al Parque Acuático Acuasplac, por el kilómetro 11.5 de la carretera a Monclova, al norponiente de Nuevo León.

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Los policĂ­as, o son narcos

o tienen miedo

Luciano Campos Garza

ONTERREY, NL.- Los policĂ­as en Nuevo LeĂłn o trabajan con el narco o tienen miedo.

El diagnĂłstico es del procurador de Justicia del estado, Alejandro Garza y Garza, quien aĂąade: “Estamos ciento por ciento seguros de que tenemos policĂ­as infiltrados, y los que no estĂĄn infiltrados tienen miedo. Por eso se ha optado por pedir el apoyo del EjĂŠrcito, que es el que estĂĄ actuando y dando los golpes, aparte de contar con mejor armamentoâ€?.

En entrevista efectuada el viernes 19, dice que hay “elementos valiosos, honestos, comprometidos con su trabajoâ€?, pero tambiĂŠn reconoce que “una parte importanteâ€? de los uniformados en la entidad han sido cooptados por el crimen organizado. “No todos son malosâ€?, aclara. AsĂ­ como hay elementos que sirven a los cĂĄrteles “por convencimientoâ€?, tambiĂŠn hay muchos “policĂ­as buenos que, por miedo, trabajan para ellosâ€?.

Sostiene que las balaceras en las que participan las fuerzas federales, los enfrentamientos entre civiles y hasta los bloqueos de las carreteras son resultado de la fractura entre el cĂĄrtel del Golfo y el que era su brazo armado, Los Zetas, que han creado su propia organizaciĂłn.

En Nuevo LeĂłn, dice, muchos policĂ­as y exuniformados trabajan mayormente para “los de la letraâ€?, como se le llama a Los Zetas.

nes y cobro de derecho de piso. En algunos casos utilizaban a ladrones para que perpetraran robos domiciliarios y de automĂłviles.

Tras el rompimiento entre cĂĄrteles, a finales del aĂąo pasado y principios de ĂŠste Los Zetas “salen de Tamaulipas y vienen a pedir apoyo a la gente que trabajĂł con ellos en Nuevo LeĂłn; su apoyo mĂĄs fuerte son policĂ­as y expolicĂ­asâ€?, con los que tenĂ­an contacto.

La consecuencia inmediata fue un aumento en los robos a casas-habitaciĂłn y la exigencia de cuotas a comerciantes en el estado. En cuanto al robo de autos, se disparĂł el nĂşmero de casos en los que los robos se realizan con violencia. Antes los robacoches usaban ganzĂşas y actuaban sigilosamente.

Los integrantes de los cĂĄrteles, sin pericia para desactivar alarmas o para retirar seguros con alambres, optaron por despojar por la fuerza a los conductores.

Su objetivo es armarse, abastecerse y prepararse para la guerra que ya actualmente se encuentra desatada, dice Garza y Garza. “Los Zetas llegaron a Nuevo LeĂłn sin autos, sin efectivo y sin refugio. Tuvieron que abandonar la mayorĂ­a de las casas de seguridad que tenĂ­an en Monterrey porque sus rivales ya sabĂ­an dĂłnde estaban. Por ello se apoyaron en policĂ­as para delinquir, para capitalizarseâ€?, seĂąala el procurador.

Y aventura: “me refiero a todos los policĂ­as, estatales y mayormente los municipales, es decir, todos lo que son uniformados. Pero consideramos que existen tambiĂŠn elementos de la PolicĂ­a Ministerial del estado que esReclutados tĂĄn metidos con ellosâ€?.

El problema es tan grave que el 18 de Hasta hace algunos meses, expone el procunoviembre de 2009, cuando apenas habĂ­a rador de Justicia del estado, la pugna entre transcurrido poco mĂĄs del los cĂĄrteles mantenĂ­a una primer mes del actual goviolencia “normalâ€?, sin que bierno estatal, la Subprose saliera de control. Pero curadurĂ­a de InvestigaciĂłn con el rompimiento, dice, Especializada en Delincuenaumentaron los enfrentacia Organizada (SIEDO) y mientos, y los grupos crimila Agencia Estatal de Invesnales llamaron a policĂ­as cotigaciones (AEI) detuvieron rrompidos que hasta hace a los exsecretarios de Sepoco cometĂ­an ilĂ­citos por guridad PĂşblica municipasu cuenta. les Amador Medina Flores, Antes, esos elementos de Monterrey; JosĂŠ Santos servĂ­an al cĂĄrtel del Golfo, Almaraz Ornelas, de Guapero como dejaron de recidalupe, y Alejandro Artubir cuotas de esa organizaro Esparza Contreras, de ciĂłn, comenzaron a trabajar Montemorelos. por su lado en secuestros, Garza y Garza. InfiltraciĂłn En la zona rural del norrobos de vehĂ­culos, extorsio-

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te de Nuevo LeĂłn la violencia se incrementĂł por enfrentamientos entre los cĂĄrteles. En los municipios de Cerralvo, China, General TreviĂąo y otros que hacen frontera con Tamaulipas, habĂ­a casas de seguridad que se convirtieron en objetivos del cĂĄrtel del Golfo, explica.

SegĂşn el procurador, las seĂąales de alarma motivaron a reagrupar las fuerzas en el estado mediante reuniones semanales entre las policĂ­as locales, la procuradurĂ­a estatal, representantes de la PolicĂ­a Federal Preventiva, los generales de la SĂŠptima y la Cuarta regiones militares, y del Centro de InvestigaciĂłn y Seguridad Nacional (Cisen).

En esas juntas se intercambia informaciĂłn y se definen estrategias, dice. AsĂ­ se determinĂł que el EjĂŠrcito diera los golpes mĂĄs precisos, y efectuara el trabajo pesado contra los cĂĄrteles, lo mismo que la Marina, que la semana pasada desmantelĂł un campo de entrenamiento de Los Zetas en Bustamante.

Con frecuencia, las fuerzas federales no le avisan al gobierno del estado sobre operativos de alto perfil. Simplemente actĂşan, dice Garza y Garza.

Esto no significa que las corporaciones federales pasen sobre las autoridades locales, aclara: “Estamos trabajando con ellos, dependiendo de la situaciĂłn. Tenemos un grupo que verifica informaciĂłn y, dependiendo de la magnitud del problema, se actĂşa directamente con el EjĂŠrcitoâ€?.

El procurador justifica la intervenciĂłn directa de las fuerzas armadas ante la corrupciĂłn de los cuerpos de seguridad del estado: “En ocasiones no podemos actuar con nuestras policĂ­as, porque sabemos que determinadas personas pueden estar infiltradas, sobre todo cuando se necesita demasiado hermetismoâ€?.

En el caso de Bustamante, Garza y Garza rechaza los seĂąalamientos sobre la aparente ceguera de la autoridad frente a un hecho tan evidente como el establecimiento de un campo de tiro.

Esa base de entrenamiento de Los Zetas tenĂ­a pocas semanas de haber sido creada en el rancho La Lagunilla. Su propietario ni siquiera sabĂ­a de la presencia de los narcos, que corrieron al encargado y ocuparon el predio. “Esta persona, por temor, se abstuvo de avisarle al dueĂąo, quien se enterĂł de la balacera del domingo 14, en la que murie-

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Especial

NARCOTRÁFICO / NUEVO LEÓN

Los bloqueos en Monterrey

ron ocho sicarios, cuando apareció en los medios”.

El jueves 18 se reanudaron los bloqueos en las calles en horas pico, supuestamente para impedir el desplazamiento de las fuerzas federales a zonas de conflicto.

Garza y Garza dice tener informes de que los responsables son los mismos jóvenes que el 9 y el 17 de febrero de 2009 colocaron varios obstáculos en las principales arterias de la capital del estado. Cubiertos sus rostros con camisas, pedían que el Ejército regresara a los cuarteles. El entonces gobernador Natividad González Parás dijo que eran patrocinados por Los Zetas. El procurador ofrece la misma versión.

“Según los informes que tenemos, son los mismos tapados que bloquearon la avenida Constitución; son muchachos de tipo pandillero, como los que el jueves hicieron los bloqueos. Los estarían patrocinando Los Zetas.”

Entre tanto, el gobierno de Nuevo León intenta depurar a sus policías. En los primeros cinco meses de administración ha dado de baja a unos 30 elementos por falta de confianza, la mayoría el 20 de octubre pasado, una semana después de la renuncia del director de la AEI, Héctor Santos.

El procurador Garza y Garza dice que “es complicado atrapar a un policía in fraganti”, porque difícilmente se encuentran pruebas que lo incrimine, a pesar de que algunos casos sean “muy obvios”. ●

No hubo en este caso detenidos.

Treviño señaló que en respuesta a los golpes asestados a la delincuencia organizada, a las seis de la tarde del jueves 18, varios desconocidos armados despojaron de sus autos a los conductores de tres automóviles que circulaban sobre el bulevar Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe, después de haber cruzado la caseta de cuota al municipio de Juárez, con rumbo a Reynosa.

Los pistoleros, descritos como “hombres jóvenes”, obligaron a los conductores a descender, y a 150 metros de la caseta atravesaron un Jetta verde, un Bora y una camioneta estaquita, para enseguida prender fuego a los dos últimos.

También detuvieron al conductor de un tráiler de 18 toneladas de Autolíneas América y lo obligaron a atravesar el pesado vehículo en el sentido de circulación que va de poniente a oriente. Tanto los coches como el tráiler tuvieron que ser removidos con grúas.

Pero aproximadamente a la misma hora se reportó el establecimiento de otra “barricada” en la carretera Miguel Alemán, a la altura del municipio de Apodaca.

Al respecto, el alcalde de este municipio, Benito Caballero, informó que a las seis de la tarde, frente a la empresa Whirpool, un grupo de personas detuvo a los conductores de dos camiones de pasajeros.

Los usuarios fueron obligados a descender y los operadores a atravesar los vehículos en la avenida, lo que ocasionó el caos por-

que se trata de una zona industrial y los hechos se produjeron a la hora de salida del trabajo. También en este caso grúas del ayuntamiento tuvieron que retirar los camiones para reanudar la circulación de la vialidad.

Unos minutos después, a las 18:40 horas, a la altura de la comunidad de Asunción, fueron retenidos otros dos autobuses, éstos de transporte urbano, para también atravesarlos en la carretera.

En su conferencia de prensa, a la que acudió solo, el secretario de Seguridad afirmó que las balaceras ocurren entre grupos de sicarios que se disputan territorios y protagonizan enfrentamientos.

“Queremos que la comunidad sepa que hay acciones contundentes del gobierno contra estos grupos que tienen sus ajustes y reacomodos en Tamaulipas y Nuevo León, por las propias disputas de territorios”, dijo.

El funcionario aseguró que las acciones de las fuerzas federales han comenzado a lastimar la infraestructura de los grupos de la delincuencia organizada, por lo cual éstos han reaccionado violentamente.

Y sí, unas horas más tarde, durante la madrugada del viernes 19, continuaron los bloqueos y la violencia, con saldo de dos pistoleros muertos.

A las 3:00 de la mañana, en una persecución sobre la avenida Garza Sada y Luis Elizondo, un grupo de sicarios se enfrentó con elementos del Ejército. En su repliegue, los pistoleros intentaron ingresar al Tecnológico de Monterrey y fueron abatidos en la puerta de acceso. Se reportó que tres militares resultaron heridos por fragmentos de granadas.

Igualmente de madrugada, se reportó otra persecución, ésta por la avenida Eloy Cavazos de Guadalupe, la cual provocó que el conductor de una camioneta se estrellara contra un taxi a la altura de la colonia Villa Olímpica. Extraoficialmente se mencionó que en el accidente murió una mujer.

El hecho es que, el viernes 19, la ciudad de Monterrey amaneció con vialidades bloqueadas en diversos puntos, luego de que los delincuentes despojaron de sus vehículos a conductores durante la madrugada y los atravesaron en avenidas y arterias clave.

Los empleados que acudían a sus centros laborales encontraron “barricadas” de autos y autobuses en Churubusco y Ruiz Cortines; Constitución y Zaragoza; Fidel Velázquez y Bernardo Reyes; en Pino Suárez, a la altura de Madero, y en Félix U. Gómez.

Más bloqueos hubo en Miguel Alemán, cerca de La Fe, por la colonia Lagos del Bosque, y en la Carretera Nacional.

A las 9:00 de la mañana, varias grúas municipales se afanaban en retirar los autos varados…

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AP photo / Bernardino Hernández

Sangre sobre Acapulco

Policías ejecutados el sábado 13

La muerte de Arturo Beltrán Leyva rompió el control de su cártel en el estado de Guerrero y ahora tres grupos criminales intentan apoderarse de ese mercado. En plena temporada vacacional, sicarios de El H y La Barbie se disputan la plaza y siembran el puerto de cadáveres, ante la permisividad de autoridades municipales, estatales y federales, a las que los narcos advierten: “No se metan, estamos limpiando la plaza”.

Gloria Leticia Díaz y Ezequiel Flores

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ientras el estado de Guerrero es disputado por tres cárteles, la plaza de Acapulco fue escenario de la batalla entre los herederos de Arturo Beltrán Leyva: su hermano Héctor, El H, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, que dejó una treintena de cadáveres regados en el puerto entre el 13 y el 14 de marzo, ante la permisividad de soldados y marinos de la IX Región Militar y la VIII Zona Naval.

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Los enfrentamientos sangrientos entre sicarios de La Barbie y El H ocurrieron sin que las Fuerzas Armadas intervinieran sino para atestiguar los hechos consumados y decomisar armas de grueso calibre y cargadores encontrados en al menos cinco de nueve vehículos abandonados tras la batalla.

Mientras imágenes de cadáveres ensangrentados y cuerpos mutilados se difundían en los medios de comunicación, autoridades municipales y estatales se apresuraron

a negar que existiera una disputa entre bandas rivales de narcotraficantes.

El lunes 15, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Albertico Guinto Sierra, declaró que no podía confirmar que se tratara de un enfrentamiento de la delincuencia organizada. El alcalde priista Manuel Añorve Baños dijo no tener “ningún dato confirmado” sobre el origen de la violencia y prefirió hablar sobre la promoción turística del puerto.

El mismo lunes en que las autoridades no se daban por enteradas de lo que pasaba en Acapulco, un comando armado de entre 20 y 25 hombres llegó en varios vehículos a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil municipal, ante el azoro de policías y empleados.

Testigos aseguran que los sicarios buscaban al subdirector operativo Armando González Valeriano. Como no lo encontraron, intentaron llevarse al escolta del funcionario, Pablo Hernández Rabadán, quien logró huir, pese a la persecución de los sicarios que provocó pánico entre las secretarias de la dependencia, que fueron a refugiarse a una fonda cercana.

“De milagro no dispararon, pero estuvieron a punto de agarrarse a balazos con

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NARCOTRÁFICO / GUERRERO policías preventivos que estaban armados también”, narra un testigo.

Los sicarios entraron y salieron de las oficinas sin que nadie los molestara y sin ser perseguidos. Incluso, a su paso, los hombres armados se dieron el lujo de secuestrar a dos jóvenes que viajaban en una camioneta cherokee. Un día después fueron liberados con vida, amarrados y con el rostro cubierto, en una calle del puerto Tras los choques de ese fin de semana, en algunas colonias de Acapulco se reportaron varias balaceras y estallidos de granadas en varias casas de seguridad, pero los medios locales ya no publicaron nada más.

Una fuente que pidió el anonimato señaló que el objetivo de las matanzas y enfrentamientos del 13 y el 14 de marzo es “calentar la plaza” que, hasta el momento, controla Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

“Se enfocaron en levantar y asesinar a operadores que responden directamente a El Güero Huetamo (lugarteniente de La Barbie) y atacar zonas que ni el Ejército toca, donde se distribuye cocaína para surtir a los consumidores, en su mayoría turistas locales y extranjeros, sobre todo en esta temporada de springbreak”, indicó la fuente consultada.

Reacomodos La guerra por Acapulco se veía venir, después de que Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes, fue acribillado por marinos el 16 de diciembre en Cuernavaca, Morelos.

Cuatro días después, El Güero Huetamo convocó a vendedores de droga y sicarios para indicarles que, a partir de ese momento, trabajan para La Barbie y hasta les dio instrucciones para impedir la entrada de Héctor Beltrán, El H (Proceso 1732).

La detención de Rogaciano Alba Álvarez, cacique de la Costa Grande de Guerrero vinculado con Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, el pasado 11 de febrero en Jalisco, confirmó que el estado de Guerrero es disputado por tres grupos del narcotráfico: el de Édgar Valdez Villarreal, ubicado en Acapulco; el de Héctor Beltrán, que controla el corredor Chilpancingo-Morelos, y el de La Familia, que opera en Tierra Caliente y la Costa Grande de Guerrero, para el que también trabajaría el que recientemente fue vinculado Alba Álvarez.

En lo que va del año, esta guerra ha costado la vida a más de 200 personas, según documentos de la Secretaría de Seguridad Pública. Entre las víctimas hay militares, policías municipales, agentes ministeriales y civiles.

Algunos cadáveres aparecieron con advertencias de La Barbie o de El Judío a “todos los que anden con Héctor Beltrán Leyva y con (Sergio Villarreal Barragán) El Grande”.

En pleno puente vacacional la violencia se enfocó en Acapulco, la principal zona de distribución, venta y consumo de drogas de la entidad. Las madrugadas del sábado 13 y del domingo 14 fueron asesinados 11 sicarios, siete policías municipales, un funcionario del ayuntamiento, cinco presuntos operadores de La Barbie (cuatro de ellos decapitados), un descuartizado, cuatro presuntos narcomenudistas y una turista del Estado de México que murió de un tiro en la cabeza al quedar en medio del fuego cruzado.

El lunes 15, otras dos personas fueron ejecutadas en un hotel de la zona turística de Costa Azul.

En la región de Tierra Caliente, soldados del 40 Batallón de Infantería irrumpieron en varias casas de seguridad de una célula de los Beltrán Leyva que operaba en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.

En el enfrentamiento murieron 10 presuntos sicarios, entre ellos una mujer, así como un militar.

Héctor Beltrán Leyva habría enviado a Acapulco al menos a 30 sicarios a mediados de febrero, y a otros tantos en el puente vacacional.

Pasada la medianoche del viernes 12 de marzo, movilizados en un convoy de al menos 15 vehículos y ataviados con trajes negros y gorras con insignias de la Policía Federal, los sicarios de El H atacaron a operadores de La Barbie en el puerto.

Un grupo irrumpió en dos bares de donde sacó a siete personas, entre ellos Alejandro López Salgado, medio hermano del exalcalde perredista Alberto López Rosas; al policía municipal Antonio Ramírez, y al exagente de la Policía Ministerial Armando López Damián, jefe de matones de La Barbie y hermano de Ricardo López, muerto en un enfrentamiento con sicarios en Caleta en junio del año pasado.

Estos serían los primeros ejecutados de la jornada sangrienta: cinco cuerpos, dos de ellos decapitados, fueron abandonados en el entronque a Tres Palos, mientras otros dos cuerpos decapitados quedaron exhibidos en un mirador de la avenida Escénica, en plena zona de hoteles de gran turismo.

En el recorrido, siete policías municipales fueron desarmados y fusilados atrás del panteón de Tunzingo. Otros dos murieron a bordo de su patrulla al ser atacados en una gasolinera en la carretera Acapulco-Pinotepa.

Alrededor de las 6:30 de la mañana del sábado se registraron al menos dos enfrentamientos entre bandas rivales en el extremo norte del puerto, a la altura del poblado Las Cruces y sobre el bulevar Vicente Guerrero, en los que dos sicarios murieron. Soldados del 56 Batallón de Infantería llegaron más tarde a bordo de un vehículo oficial, tomaron datos de los hechos y se retiraron. Las autoridades ministeriales se limitaron a recoger a los muertos.

El resto del sábado transcurrió en tensa calma. Al caer la noche, grupos de camionetas de lujo con gente armada anunciaban una segunda jornada de violencia.

En las primeras horas del domingo 14, las corporaciones policiacas municipales y estatales recibieron llamadas anónimas para advertirles que no intervinieran porque estaban “limpiando la plaza”, según versiones de La Jornada Guerrero.

Y así fue. A las 4:30 de la mañana, un comando armado asesinó a cuatro hombres en la colonia La Bocana, la principal zona de distribución de droga de Acapulco.

Una hora después, hombres con chalecos y gorras negras con las siglas de la Policía Federal, fuertemente armados y a bordo de 15 vehículos, fueron emboscados en el bulevar Vicente Guerrero, el mismo escenario del enfrentamiento de la víspera.

Durante 30 minutos, sicarios armados con AR-15 y AK-47 dispararon contra el convoy. En el lugar quedaron siete cuerpos acribillados, cinco dentro de los vehículos de la caravana.

En el fuego cruzado murió una turista, Miriam Sánchez Manjarrez, originaria del Estado de México.

Sobre la carpeta asfáltica, a la altura de La Venta y el poblado Arroyo Seco, otros dos cuerpos acribillados más fueron localizados por las autoridades.

Entre los sicarios acribillados había hombres de entre 17 y 40 años originarios de Chilpancingo, Iguala, Tlacotepec y el estado de Morelos, indica un reporte ministerial. Uno de los muertos fue identificado como Esteban Pineda Duque, agente de la Policía Ministerial adscrito en la comandancia del sector Emiliano Zapata de Acapulco, dijeron fuentes de la PGJ. De nuevo, las Fuerzas Armadas se limitaron a tomar nota de lo ocurrido. A las 10 de mañana, unos seis vehículos de la Secretaría de Marina-Armada de México acordonaron el área mientras peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y agentes ministeriales realizaban diligencias.

Ese domingo, los restos de un hombre descuartizado fueron abandonados en las escalinatas de la iglesia de la colonia La Garita. Su rostro había sido desprendido, como una máscara.

Tal saña no es nueva, al menos no en esta zona del puerto. Aquí fue asesinado hace tres años, el 27 de enero de 2006, Carlos Landeros Sánchez, lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán.

Meses más tarde, el 19 de abril de 2007, frente a la iglesia de La Garita, en las oficinas del gobierno del estado, se colocaron las cabezas de unos policías preventivos municipales, junto al letrero “Para que aprendan a respetar”.

A partir de entonces se inauguró la era de las decapitaciones, y la guerra por el control del puerto no termina.

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JIménez José Manuel

De los cinco expresidentes vivos, Vicente Fox es el más caro para el erario, seguido por Miguel de la Madrid, autor del decreto que les aseguró una vida regalada mediante millonarias pensiones. Carloss Salinas y Ernesto Zedillo no la cobran, pero sí gozan n de seguros de gastos médicos mayores, empleadoss administrativos y escoltas militares. Como candidaato a la Presidencia, Felipe Calderón prometió que e no la aceptaría, pero aún no ratifica públicamente te su compromiso.

El

encanto de ser expresidentes...

Daniel Lizárraga*

E

l presidente Felipe Calderón ha preferido apretar el cinturón a la gente limitando el salario mínimo a un aumento de apenas 2 pesos con 58 centavos diarios; se ha arriesgado a incomodar a los industriales con el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), y recientemente ha sacrificado a la burocracia reduciéndole el gasto corriente. Todo, antes que tocar a las familias presidenciales, cuya manutención histórica llegará este año a 438 millones 841 mil 787 pesos (unos 33.7 millones de dólares), cifra sin parangón en el mundo.

En ninguna otra parte de América Latina los exmandatarios cuentan con oficinas ocupadas por servidores públicos a sus órdenes y sostenidas con el erario, del tamaño que hay en México, donde los cuatro expresidentes vivos disponen de 89 funcionarios que han costado a los contribuyentes 229 millones 132 mil 248 pesos durante los últimos 32 años, de acuerdo con una investigación de Proceso.

Estos montos no consideran la nómina de los 78 elementos del Ejército, de la

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Marina y de la Fuerza Aérea asignados a los exmandatarios. El Estado Mayor Presidencial ha clasificado estos datos como confidenciales y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) aún no se ha pronunciado sobre la pertinencia de divulgar esa información.

Solamente la Fuerza Aérea aporta 11 miembros: un jefe, dos oficiales y ocho elementos de tropa. No se sabe con cuál expresidente fueron asignados ni tampoco qué papel desempeñan.

Privilegiados Hay tres maneras de pertenecer a la socialité mexicana: tener un apellido de abolengo que venga desde principios del siglo pasado, pertenecer a las familias de empresarios poderosos o estar bajo el cobijo de la nobleza política, compuesta por las familias de los expresidentes.

Mientras muchos empresarios –particularmente libaneses y judíos– han forjado sus fortunas mediante el trabajo de generaciones, las familias de los exmandatarios han alzado el vuelo gracias al erario. Por

ejemplo, la manutención del expresidente Luis Echeverría Álvarez durante 32 años ha significado 133 millones 605 mil 541 pesos distribuidos entre sueldos (81 millones 228 mil pesos), aguinaldos (1 millón 443 mil pesos) y nómina de 23 empleados (50 millones 933 mil pesos).

Hasta antes de su muerte en febrero de 2004, José López Portillo obtuvo del erario por lo menos 52 millones 609 mil 494 pesos entre salarios y aguinaldos, además de un seguro de vida que pudo cobrar su familia estimado en 8 millones 204 mil pesos.

El fallecimiento del expresidente no significó que desapareciera el apoyo a su familia. Su segunda esposa, Alejandra Acimovic Popovic (conocida como Sasha Montenegro, una estrella del cine de ficheras en la década de los ochenta), percibe una pensión de 102 mil 561 pesos y un aguinaldo de 21 mil 875 pesos, además de los seguros de vida y de gastos médicos mayores. En seis años –y hasta el cierre de 2010–, ella habrá recibido 8 millones 553 mil pesos de pensión, de acuerdo con cifras proporcionadas a Proceso por

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Benjamín Flores

Francisco Da

niel

PRESIDENCIA

Fox, De la M

adrid y Eche

verría. Pensio

nes de lujo

la Presidencia, a través de la Ley Federal de Transparencia.

La fortuna tampoco abandona a los descendientes de exmandatarios, y me-

nos si emparentan entre sí. En la primera semana de marzo pasado, el suplemento Club del diario Reforma dio amplia cobertura a la boda entre Lorena Tovar y

López Portillo, nieta del expresidente José López Portillo, con Gerardo Díaz Ordaz, nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

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Octavio Góme

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Eduardo Miranda

salarios no pueden superar los 61 mil pesos mensuales) y dos automóviles. En P Panamá están prohibbidas las pensiones ppresidenciales.

Más cercanos al ccaso mexicano, en C Colombia, los exm mandatarios reciben un una pensión de 136 mi mil 500 pesos (10 mil 50 500 dólares), una edecán y un escolta. En Ch Chile, los expresidentes reciben una pensión de aalrededor de 130 mil pes pesos netos (apenas 12 mil pesos menos que aquí aquí), más gastos para ofic oficina en general por 12 mil m dólares, es decir, unos 156 mil pesos. En esta jubilación van incluid cluida lo que puedan gastar en transportes.

Lo Los privilegios para los eexpresidentes mexicanos son obra de Miguel dde la Madrid, quien emitió un decreto que establece tablece: Los ciudadanos que hay hayan desempeñado el cargo dde Presidente Constit titucional i de los Estados Unidos Mexicanos disfrutarán, mientras vivan, de una pensión equivalente al sueldo total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado. Dicha pensión se otorgará con cargo al erario federal y se incrementará en la misma temporalidad y proporción.

s administrativos

Salinas y Zedillo. Gasto

Sobre el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, por cierto, no hay información confiable en los registros de Los Pinos, porque hasta antes de 1973 las pensiones no estaban reglamentadas. Lo que percibieron antes de esa fecha fue discrecional.

En el otro extremo de la escala social, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 43.9 millones de personas que no tuvieron empleo hasta diciembre de 2009, cerca de 5.9 millones, es decir, 13.36% perciben ingresos de un salario o menos de un salario mínimo.

El actual presidente, el panista Felipe Calderón, aún no anuncia si aceptará o no la jubilación presidencial. Proceso solicitó al coordinador de Comunicación Social de Los Pinos, Max Cortázar, una precisión sobre este tema, recordando que, durante su campaña electoral, Calderón dijo que renunciaría a ese derecho. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

De aceptarla, a partir de diciembre de 2012 Calderón tendrá una pensión mensual de 215 mil pesos brutos, un aguinaldo de 43 mil 500 pesos, un seguro de vida por más de 8 millones de pesos y un seguro de gastos médicos mayores con un tope máximo de 390 mil 609 pesos.

Su antecesor, Vicente Fox Quesada, el primer presidente surgido de la oposición panista, sí recibe la jubilación, herencia del viejo régimen priista, al cual juró sacar a patadas de Los Pinos.

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S Seis i años ñ más á tarde, t d Vicente Vi t F Fox no sólo gana lo mismo que los expresidentes priistas, sino que además tiene a su servicio 19 empleados, más que el equipo que disfrutan los expresidentes Carlos Salinas (13) y Ernesto Zedillo (11), quienes por cierto rechazaron la pensión.

De hecho, Vicente Fox tiene una nómina que cuesta 447 mil 207 pesos mensuales. Uno sólo de sus empleados, Jorge Humberto Loyola, tiene un sueldo de 119 mil pesos brutos. No existe otro salario similar en las oficinas de apoyo a los expresidentes. A cinco años de haber dejado el poder, los funcionarios que trabajan para el guanajuatense han costado 21 millones 465 mil 936 pesos.

Miguel de la Madrid tiene a su servicio a 23 personas. El costo de esa nómina es de 389 mil 176 pesos mensuales.

En contraste, en Ecuador, los exmandatarios devengan una pensión equivalente a 41 mil 600 pesos, sin ningún otro apoyo administrativo, prestaciones ni de guardia personal extra. En Francia, las pensiones presidenciales incluyen el sueldo de una secretaria. En Argentina, el expresidente Néstor Kirchner cobra lo equivalente a 91 mil pesos mensuales.

En Brasil, los expresidentes no tienen derecho a una pensión y su única prestación es una oficina con ocho empleados (cuyos

Vida regalada Felipe Calderón tendrá 49 años de edad cuando entregue la banda presidencial a su sucesor. Según el Consejo Nacional de Población, el promedio de vida de los mexicanos llega a 73 años. Si Calderón cumpliera esta expectativa, estará pensionado durante casi 24 años, lo que representaría más de 64 millones de pesos, tomando en cuenta sólo salario y aguinaldo actuales, sin considerar aumentos.

En contraste, a finales del año pasado, la administración de Felipe Calderón decretó un aumento de 4.85% al salario mínimo, que pasaron de mil 644 pesos a mil 723 pesos mensuales en la zona geográfica A; de mil 597 pesos a mil 675 en la zona B, y de mil 558 pesos a mil 634 en la zona C. Ni hablar de las pensiones que paga la seguridad social a los trabajadores con esos niveles salariales.

Los presidentes en funciones tienen

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Francisco Daniel

otra prestación: pueden ahorrar una cantidad significativa gracias al seguro colectivo: el funcionario aporta de 2% a 10% de su salario, mientras que el gobierno aporta la misma cantidad.

Es decir, si el actual mandatario ahorrara 10% de sus salario neto obtendría 29 mil 200 pesos mensuales, mismos que al final de sexenio le representarían unos 2 millones 102 mil pesos. Esta cifra es sólo una estimación, ya que no existe manera de saber con precisión qué cantidad ahorra.

Calderón gozará también de un fondo de retiro individualizado que, para la mayoría de los funcionarios públicos, representa un fondo de resistencia cuando son despedidos. En el caso de los expresidentes, esta bolsa es ganancia pura, pues tienen garantizada una pensión de por vida.

Igual que el resto de los expresidentes, Calderón y su familia quedarán protegidos por un seguro de vida equivalente a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual.

Esto significa 8 millones 204 mil 880 pesos.

Además, cuentan con un seguro médico de gastos mayores por 390 mil 609 pesos.

En el decreto vigente aprobado por Miguel de la Madrid se estableció que las viudas de los expresidentes tendrán derecho a una pensión de 80% del sueldo to-

PRESIDENCIA

Sasha. Gran mesada

tal bruto de la jubilación de su marido fallecido, durante el primer año. Luego se va reduciendo hasta quedar en 50% después del cuarto año. La esposa y los hijos de los expresidentes están incluidos también en el seguro de vida –éstos hasta cumplir la mayoría de edad– y en el seguro de gastos

médicos mayores por un monto equivalente a 60% del que tenía el expresidente.

Dos de los expresidentes emanados del PRI, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, renunciaron a la jugosa jubilación, pero no a los seguros ni al personal de apoyo.

En los estados financieros de Los Pinos consta que a favor de la familia Zedillo se paga mensualmente un seguro de gastos médicos mayores por 6 mil 35 pesos mensuales, cifra que, a lo largo de 10 años, representa 724 mil 680 pesos, además de la nómina de personal administrativo que este año habrá ascendido a 1 millón 224 mil pesos.

Lo mismo ha sucedido con Carlos Salinas, por quien se devengan 805 mil 680 pesos para seguro de gastos médicos mayores. A lo largo de 15 años –de diciembre de 1994 a diciembre de 2010– los recursos públicos canalizados a la familia Salinas alcanzarán los 805 mil 680 pesos, sin contar los 57 millones 435 mil 480 pesos que ha costado la manutención de su oficina con 13 empleados. * Con datos de los corresponsales internacionales de Proceso y de la Red de Periodistas de Investigación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

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Alquimia presidencial

Álvaro Delgado

Hasta mediados de 2004, el exdiputado federal, expresidente nacional del PAN y exsecretario de Estado Felipe Calderón poseía un modesto patrimonio. Sin embargo, aun antes de que hiciera sus habituales efectos la magia presidencialista, los fondos de sus cuentas bancarias se multiplicaron por 10, y eso que no tuvo empleo entre junio de 2004 y enero de 2006; de ahí en adelante todo ha sido bonanza... y opacidad.

A

l quedar en el desempleo por su renuncia a la Secretaría de Energía en junio de 2004, Felipe Calderón poseía un modesto patrimonio: tenía sólo 32 mil pesos en dos bancos y un depósito de 16 mil dólares en Estados Unidos.

Debía la hipoteca de su casa.

El sostén de la familia era Margarita Zavala Gómez del Campo, su mujer, aunque ella misma dejó de tener ingresos cuando, en marzo de 2006, solicitó licencia como diputada federal. “Yo ahorita no tengo chamba, pero soy candidato. Ella me mantiene”, confesó Calderón en la campaña.

Pero la suerte en el dinero comenzó a cambiarle a Calderón no sólo desde que, el 1 de diciembre de 2006, asumió el cargo de titular del Ejecutivo bajo acusaciones de fraude electoral, sino desde que se convirtió en candidato del Partido Acción Nacional (PAN), en octubre de 2005.

Se inició entonces la bonanza inmobiliaria y financiera, pero siempre bajo el signo de la opacidad, como lo acreditan sus propias declaraciones patrimoniales a su paso por el gobierno de Vicente Fox y en los tres años que tiene en el cargo que le confirió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En este singular ascenso económico, Calderón ha dejado huellas: por ejemplo, sin haber tenido ningún empleo entre ju-

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nio de 2004 y enero de 2006, los fondos de sus cuentas bancarias se multiplicaron por 10.

En efecto, el 19 de enero de 2006, al iniciar su campaña presidencial, tenía cuatro cuentas en dos bancos por un total de 288 mil 495 pesos, 346 mil 42 pesos de su afore y 14 mil 988 dólares depositados en Bank of America.

El único inmueble que reconoció como suyo fue la casa de la calle Cóndor 231, colonia Las Águilas, adquirida en marzo de 2002 mediante un crédito hipotecario por 4 millones de pesos.

En esa declaración ante el notario público 243, Guillermo Escamilla Narváez, Calderón incluyó el patrimonio de su cónyuge: cuatro cuentas bancarias en igual número de bancos por 885 mil 264 pesos; un predio rústico en Ayapango, Estado de México, y 33% de los derechos de copropiedad del terreno de mil 705 metros cuadrados de Cóndor 227.

Pero en su última declaración patrimonial como servidor público del foxismo, en mayo de 2004, Calderón consignó una fortuna considerablemente menor: una cuenta por 21 mil 616 pesos, otra por 10 mil 410 pesos, y la tercera, en el Bank of America, por 16 mil 365 dólares.

En su testimonio, declaró ser propietario de la casa de Cóndor 231 y otra de 155 metros cuadrados, cuya dirección no es-

pecificó, adquirida en enero de 1993 mediante un crédito por 340 mil pesos.

En 2004 poseía también –como hasta su declaración correspondiente a 2009– dos vehículos: un Volkswagen Golf modelo 1993, valuado en 55 mil pesos, y una camioneta Ford Windstar 2000, cuyo costo estimó en 240 mil pesos.

Siempre conforme a las declaraciones patrimoniales de Calderón, que por ley deben presentarse ante la Secretaría de la Función Pública y que consignan textualmente que toda la información es “capturada directamente por el servidor público”, este ascenso en su hacienda personal ha sido permanente.

Pero también ha crecido la opacidad de la familia Calderón-Zavala, como lo muestra el hecho de que no declaró la adquisición de los nuevos bienes inmuebles colindantes con su casa de la colonia Las Águilas, en la Ciudad de México (Proceso 1789).

Bonanza financiera Así como Calderón multiplicó por 10 los fondos de sus cuentas bancarias en dos años sin tener empleo, en su primera declaración patrimonial que presentó ostentándose como jefe del Ejecutivo, el 12 de enero de 2007, se observa un incremento curioso.

Calderón declaró ingresos netos por 147 mil 134 pesos –146 mil 584 por su pri-

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Miguel Dimayuga

PRESIDENCIA 2 millones 87 mil 287 pesos: 1 millón 68 mil pesos de manutención y un millón 19 mil 287 por el pago de dos créditos hipotecarios otorgados el mismo día (6 de junio de ese año) para adquirir una “casa habitación” y un “terreno con construcciones”.

Engañosa austeridad

mer mes en el cargo público y 550 pesos por actividad financiera– , pero sus cinco cuentas bancarias sumaban ya 674 mil pesos, además de los 15 mil 66 dólares en Estados Unidos.

Es decir, de enero a diciembre de 2006, los fondos en las cuentas bancarias de Calderón pasaron de 288 mil 495 pesos, que declaró ante notario público al inicio de la campaña, a casi 700 mil pesos, cuando él mismo aseguró haber tenido ingresos sólo por su salario de diciembre de 2006, porque públicamente renunció a los 150 mil pesos mensuales que estaban presupuestados para él en los gastos de transición.

Cinco meses después, la modificación patrimonial del 30 de mayo de 2007, con seis meses en el cargo, sufrió pocos cambios: las cuentas bancarias subieron casi 100 mil pesos, al sumar 760 mil 436, y la cuenta en dólares siguió en 15 mil 74. Un detalle: a diferencia de su primera declaración, en la segunda sí estableció los gastos de manutención: 479 mil pesos.

Llama la atención también que en esa segunda declaración, además de sus ingresos mensuales por el cargo –139 mil 850 pesos– y por actividad financiera –7 mil 107–, aparezca una suma por concepto de “servicios profesionales” por un total de 193 mil 478.

Al año siguiente, en la declaración patrimonial que presentó en mayo de 2008,

Calderón informa que ganó en su primer año de gestión 2 millones 486 mil 48 pesos: 2 millones 471 mil 508 pesos por el cargo público y 14 mil 540 pesos por actividad financiera.

De esta forma, sus cuentas bancarias sumaron 701 mil 528 pesos –60 mil pesos menos que el año previo–, pero acumuló casi 1 millón y medio de pesos más por dos conceptos nuevos: un total de 614 mil 772 pesos de “seguro de separación individualizada” y 812 mil 77 pesos por lo que denominó simplemente “otros”.

Si a sus ingresos de 2 millones 486 mil 48 pesos se le restan sus gastos de manutención, que tasó en un millón 68 mil, le quedaron un millón 418 mil pesos.

En la declaración 2009, con datos al 31 de diciembre de 2008, Calderón declaró ingresos anuales por 3 millones 75 mil 182 pesos, correspondientes a 3 millones 45 mil por el cargo público y 29 mil 355 por actividad financiera.

Aunque sus cuentas bancarias sufrieron una disminución de aproximadamente 200 mil pesos respecto del año anterior –al sumar un total de 490 mil 800 pesos–, mantuvo el millón y medio de 2008 por el “seguro de separación individualizada”, que subió a 1 millón 131 mil 993 pesos, y “otros” por 374 mil 89 pesos, lo cual dio un total de 1 millón 506 mil 82 pesos.

Sus gastos durante 2008 ascendieron a

En las dos más recientes declaraciones patrimoniales de Calderón, que ya no incluyen los bienes de su cónyuge, Margarita Zavala –que no percibe ingresos desde 2006–, se consigna también que no cumplió su promesa de no incrementarse su sueldo desde que asumió el cargo.

En la declaración correspondiente a 2008, Calderón asegura que sus ingresos durante todo 2007 ascendieron a 2 millones 471 mil pesos netos sólo por concepto del cargo público, pero en la correspondiente a 2009 asentó que percibió durante todo 2008, también sólo por su cargo, un total de 3 millones 45 mil 827 pesos libres de impuestos.

Es decir, el sueldo de Calderón como titular del Ejecutivo, que prometió que se mantendría igual desde 2006, en un año se incrementó en 574 mil 319 pesos, equivalentes a casi 25% más, según las cifras que él mismo consignó.

Y es que Calderón siempre ha mostrado resistencias a la transparencia: jamás honró su palabra de informar sobre los gastos de su campaña, el costo de la renta de tres inmuebles usados por su equipo ni el de su casa de transición. Tampoco dio cuenta sobre sus medios de sustento durante dos años y medio de desempleo.

Calderón había dado muestras de actuar con opacidad cuando se concedió un autopréstamo por 4 millones de pesos como director general del Banco Nacional de Obras (Banobras) en 2003, al que renunció por el escándalo que generó su revelación.

De hecho, tal como lo acreditó el reportero Daniel Lizárraga en su libro La corrupción azul, trató de ocultar el despilfarro de 150 millones de pesos de los gastos de transición, que por mandato de ley y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) debe informar a detalle.

Al iniciar la gestión de Calderón, la Presidencia de la República negó a Proceso una solicitud, formulada el 4 de diciembre de 2006, para tener acceso a su declaración patrimonial, con el argumento de que no es de su competencia.

Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el reportero solicitó la “relación de bienes del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y de su esposa Margarita Zavala, que incluya propiedades muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias y adeudos, que por ley debe rendir en su declaración patrimonial”.

Sin embargo, el 15 de diciembre, la Unidad de Enlace de la Presidencia de la Repú1742 / 21 de marzo de 2010

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Amenaza penal Daniel LizĂĄrraga

A

l asumir la responsabilidad de haber eliminado de las declaraciones patrimoniales del presidente Felipe CalderĂłn los bienes comprados a nombre de su esposa, Margarita Zavala, el secretario de la FunciĂłn PĂşblica, Salvador Vega Casillas, podrĂ­a resultar sancionado penal o administrativamente, advierte el especialista en transparencia Ernesto Villanueva. “Si el presidente en verdad registrĂł las propiedades de su esposa y luego aceptĂł dar a conocer todos sus bienes, esa informaciĂłn era pĂşblica de oficioâ€?, sentencia Villanueva, uno de los impulsores de la Ley Federal de Transparencia, autor de mĂĄs de 20 libros sobre acceso a la informaciĂłn y asesor de gobiernos extranjeros en el diseĂąo de sistemas de rendiciĂłn de cuentas en AmĂŠrica Latina.

AĂşn mĂĄs: si CalderĂłn aceptĂł que sus declaraciones patrimoniales fueran pĂşblicas, el titular de la SFP estĂĄ obligado a respetar esa decisiĂłn y, en consecuencia, debiĂł colocarla en forma Ă­ntegra en Declaranet, el sistema pĂşblico de rendiciĂłn de cuentas, puntualiza Villanueva.

En su ediciĂłn pasada, Proceso publicĂł un reportaje en el que se refiere cĂłmo Felipe CalderĂłn y su esposa Margarita Zavala incrementaron 11 veces el tamaĂąo de su casa familiar al comprar una nueva vivienda y un terreno contiguo, sin que esas transacciones quedaran consignadas en la declaraciĂłn patrimonial de 2008 firmada por el mandatario.

Eduardo Miranda

blica notificĂł al solicitante la negativa, con el argumento de que no es de su competencia, sino de la SecretarĂ­a de la FunciĂłn PĂşblica, segĂşn el artĂ­culo 37 fracciĂłn XV, donde se establece que a ĂŠsta le corresponde “recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores pĂşblicos de la AdministraciĂłn PĂşblica Federal y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicablesâ€?.

Sin embargo, al margen de esa disposiciĂłn legal, el CĂłdigo de Ética del PAN que CalderĂłn se comprometiĂł a respetar dispone, en el apartado “InformaciĂłn, comunicaciĂłn y transparenciaâ€?, la obligaciĂłn de los servidores pĂşblicos de ese partido a abrirse al escrutinio pĂşblico.

En el punto 23 establece: “Me asegurarĂŠ (de) que la informaciĂłn que llegue a la sociedad sea veraz, oportuna, adecuada, transparente y suficiente para cumplir con la exigencia del derecho a la informaciĂłnâ€?.

En el punto 24 aĂąade: “FacilitarĂŠ a los medios de comunicaciĂłn el cumplimiento de su misiĂłn de informar. Me abstendrĂŠ de ofrecer u otorgar favores o dĂĄdivas con cualquier propĂłsito que busque cambiar el sentido de tal informaciĂłnâ€?.

Y en el 27 anota: “EjercerĂŠ la autoridad con responsabilidad y aplicarĂŠ en ello todo mi tiempo y esfuerzo, resguardando la dignidad, la honra y el nombre del servidor pĂşblico y del partido. EstarĂŠ dispuesto al escrutinio de la gestiĂłn pĂşblica. HarĂŠ transparente y limpio el ĂĄmbito pĂşblicoâ€?.

El mismo CalderĂłn, al iniciar su campaĂąa y hacer pĂşblico su patrimonio, el 19 de enero de 2006, rechazĂł la corrupciĂłn â€“â€œÂĄNo es vĂĄlido amasar fortunas al amparo del poder!â€?– y se ufanĂł: â€œÂĄTengo las manos limpias, no tengo cola que me pisen ni dinero mal habido ni sangre en las manos!â€?. â—?

CĂłndor 231. De casa a bĂşnker

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Disponible en internet, en la declaración de Calderón no apareció la casa marcada con el número 9 de la privada de Cóndor 231 en la colonia Las à guilas –con una extensión 234 metros cuadrados–, registrada a nombre de Margarita Zavala.

En esa misma declaraciĂłn patrimonial, asĂ­ como en las dos anteriores presentadas por CalderĂłn como presidente de la RepĂşblica, no existe forma de enterarse de que, junto con su consorte y su compadre Ă“scar FernĂĄndez, adquirieron un terreno de 2 mil 300 metros cuadrados.

A la familia CalderĂłn-Zavala le corresponden mil 552 metros cuadrados (776 metros cuadrados de CalderĂłn y 776 metros cuadrados de Zavala), segĂşn consta en los archivos del Registro PĂşblico de la Propiedad ubicados por este semanario.

Durante los dos Ăşltimos aĂąos, sobre ese predio se han construido una edificaciĂłn de tres pisos, un jardĂ­n, un estacionamiento para al menos tres vehĂ­culos, media cancha de basquetbol y una bodega.

Entrevistado telefĂłnicamente en cuanto a las razones por las que esas propiedades no aparecieron en las declaraciones patrimoniales de CalderĂłn, aun cuando el propio mandatario aceptĂł transparentar sus bienes, Salvador Vega Casillas, explicĂł a Proceso que el sistema Declaranet eliminĂł en automĂĄtico las propiedades a nombre de Margarita Zavala.

El funcionario afirmĂł que eso mismo se hace con todas las esposas, parejas sentimentales e hijos de los servidores pĂşblicos, a fin de proteger sus datos personales.

Consultado al respecto, Ernesto Villanueva destaca que, si se atiende al contenido de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Vega Casillas no tiene atribuciones como para haber omitido las propiedades a nombre de Margarita Zavala. –El secretario dijo que se trata de una interpretación del marco legal. ¿Estå en lo cierto? –Por supuesto que no. Al contrario, Êl no tiene atribuciones para interpretar en ese sentido la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y menos aún para aplicar la escasa normatividad sobre datos personales. Cierto es que existen especificaciones claras sobre el manejo de datos personales en un apartado de la Ley Federal de Transparencia, pero la autoridad encargada de aplicarla es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, no Êl. –¿A quÊ debió ceùirse entonces en las

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declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y qué espacio de maniobra tiene para interpretar que dentro de sus atribuciones está el eliminar las propiedades de la esposa del presidente?

–No hay espacio para las interpretaciones. En la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos quedó claro que basta con la autorización por escrito del funcionario para transparentar sus bienes. De tal suerte que, en el caso del presidente Calderón, la Función Pública debió liberar toda la información. Lo lamentable aquí es que esa dependencia, que es la responsable de auditar al gobierno federal, no predique con el ejemplo e incurra en anomalías.

–Si el secretario Vega Casillas asumió la responsabilidad de que el sistema Declaranet elimine automáticamente los bienes de las esposas, ¿puede resultar sancionado por ello?

–Por su puesto.

–¿Quién podría hacerlo?

–Puede intervenir la Cámara de Diputados. Desde dentro del gobierno es imposible. El secretario de la Función Pública es designado por el presidente en turno, es parte de su gabinete, y en esta lógica sería absurdo pensar que pueden sancionarse entre ellos.

–¿Cómo se castiga esa irregularidad?

–Mediante la Auditoría Superior de la Federación, practicando una auditoría de desempeño. Por ahí se puede hacer algo.

Estamos ante una clara violación legal en la que hay un acto de autoridad que modifica datos de la declaración patrimonial sin fundar ni motivar su decisión.

–¿Es factible que prospere?

–Si dejamos pasar esto, mañana va a ser lo mismo con el resto del gabinete. Esto no debe entenderse como un acto de buena voluntad o de nobleza del secretario. En todo caso, el interesado, que es el presidente, debió decir que no quería transparentar su declaración patrimonial.

–Como especialista, ¿sabía usted que la Función Pública eliminó de las declaraciones patrimoniales los bienes a nombre de Margarita Zavala, así como de cualquier otra esposa e hijos?

–No, nunca. No había sido tema. Hasta ahora que se publicó el reportaje de Proceso me enteré de ello. Este tema, por lo que dijo el secretario, estaba ahí dentro como una fa-

cultad discrecional. Esto es una violación sistemática de la ley a manos de la propia autoridad e encargada de vigilar el patrimonio n de los servidores públicos e informar i de ello a los ciudadanos. n Estamos en el mundo al revvés.

En su libro Transparencia y de declaración patrimonial de los servidores vid públicos: Alcances y límites del de derecho a saber, Ernesto Villanueva nu expone que la importancia de las declaraciones patrimoniales radica en brindar a la gente confianza respecto de la actuación de los funcionarios.

México pertenece a un bloque de países –entre los que están Colombia, Ecuador y Panamá– en el que los servidores públicos son los que autorizan la difusión de sus declaraciones patrimoniales. En otros países, como Estados Unidos o Chile, la relación de bienes se transparenta de oficio, sin tomar en cuenta la opinión de los gobernantes.

–¿Afecta a la rendición de cuentas en México la eliminación de la lista de propiedades de las esposas, en este caso de Margarita Zavala?

–La rendición de cuentas es de adentro hacia fuera. Es decir, del gobierno hacia la gente y no a la inversa. Por eso la gravedad de esto. El problema es de fondo. El titular de la Función Pública es designado por el presidente para vigilar a su propio gobierno. Esto no sucede en toda América Latina.

–¿Hay otros casos como México, con un sistema intermedio de rendición de cuentas en el cual los servidores públicos deben autorizar la difusión de sus declaraciones patrimoniales, pero a final del camino el gobierno rasura esa información?

–No, en lo que averigüé no. Generalmente se había mantenido en México el cumplimiento formal de la ley. En esta administración aparentemente tenemos un margen mayor de transparencia, pero en realidad es un gran cinismo.

–¿Cuáles son los criterios del IFAI respecto de la declaración patrimonial?

–Si el servidor público aceptó transparentar su declaración de bienes, la información es pública. Por eso digo que el haber conocido las propiedades de la esposa del presidente era un asunto de oficio. Pero con el candado puesto por la Función Pública, ahora la única alternativa es hacer solicitudes de acceso a la información, lo que llevaría algunos meses de trámite.

–¿Le sorprendió enterarse de esta presunta mutilación de las declaraciones patrimoniales del presidente Calderón?

–Sí, porque la idea que teníamos era otra: que bastaba con que el funcionario aceptara hacerla transparente. Sin embargo, también hay que destacar que el presidente Felipe Calderón ha sido consistente en su rechazo a la transparencia. Cuando fue coor-

dinador del PAN en la Cámara de Diputados puso resistencia a que se aprobara a Ley de Transparencia y estaba en contra de que naciera el IFAI. –¿Hay alguna manera de que la Secretaría de la Función Pública pueda sostener esa interpretación legal que dicen ostentar para eliminar información de las declaraciones patrimoniales?

–El secretario Vega Casillas no puede decidir por sí y ante sí, al margen del régimen legal establecido .Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La eliminación de los bienes a nombre de las esposas no está fundada ni motivada. La declaración patrimonial es un todo, no se puede desgajar. Cuando tomamos una naranja en el supermercado, no podemos decidir qué parte tomamos y cuál no. Lo mismo pasa con las declaraciones patrimoniales. En todo caso, se requeriría de una reforma legal que faculte a la autoridad a sólo tomar una parte de esa declaración para hacerla pública.

De acuerdo con el referido libro de Ernesto Villanueva, las declaraciones patrimoniales representan una ventana a través de la cual los ciudadanos vigilan la evolución patrimonial de quienes manejan los recursos públicos. El transparentar los bienes del funcionario y su familia, indica el texto, da confianza a la gente.

Pero si cualquier persona pasa por la calle de Cóndor, en la colonia Las Águilas, en la Ciudad de México, no podría saber que la casa de la familia Calderón Zavala ha cambiado durante los últimos tres años. Desde la acera no pueden detectarse las modificaciones, pues las nuevas propiedades se conectan por la parte de atrás.

La casa 9, a nombre de Margarita Zavala, que cuenta con jardín, alberca y cabaña, es rentada al actual secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, como lo informó este semanario en su edición 1741.

En respuesta, la Sedesol envió una carta a este semanario en la cual asegura que el contrato de arrendamiento se firmó con “una empresa inmobiliaria” y el precio que se paga es el que corresponde al mercado de esa zona.

Mientras circulaba ya la edición de Proceso con la investigación sobre las propiedades de Felipe Calderón, la SFP suspendió, con el argumento de que se daría “mantenimiento tecnológico”, el sistema de rendición de cuentas por internet utilizado por los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación para conocer el patrimonio de los funcionarios federales, así como para enterarse de las compras y adquisiciones del gobierno.

La suspensión duró cuatro días, del viernes 12 al lunes 15 de marzo. Al reiniciarse el sistema, las declaraciones patrimoniales de Felipe Calderón siguieron sin mostrar las propiedades a nombre de Margarita Zavala Gómez del Campo. ● 1742 / 21 de marzo de 2010

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Fotos: Benjamín Flores

En

manos de Televisa

Según nuevos datos sobre el acuerdo clandestino que firmaron los dirigentes del PRI y del PAN en octubre de 2009, las verdaderas monedas de cambio fueron: 50 mil millones de pesos para los gobernadores priistas y mayor gasto corriente para el gobierno federal.

Pero el escándalo detonó cuando Televisa, que tiene en sus manos las riendas publicitarias del líder de esos gobernadores, Enrique Peña Nieto, y del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, decidió demostrarles a ambos quién es el verdadero “administrador” de la sucesión para 2012.

Jenaro Villamil

L

a firma del “convenio de colaboración” entre los dirigentes del PAN y del PRI no fue para garantizar la aprobación del incremento de 15% a 16% del IVA y otros aumentos fiscales contenidos en la Ley de Ingresos de 2010, como afirmó el presidente panista César Nava, sino para acordar el reparto de casi 50 mil millones de pesos en recursos extraordinarios

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a los estados gobernados por mandatarios priistas a cambio de que no se redujeran los 107 mil millones de pesos en gasto corriente del gobierno federal durante la discusión de la Ley de Egresos, aprobada la madrugada del 17 de noviembre de 2009.

Nuevos datos sobre el documento firmado en las oficinas de la Secretaría de Gobernación el pasado 30 de octubre indican que el convenio no tuvo como propó-

sito garantizar el voto de la mayoría priista en la Cámara de Diputados durante la discusión de la Ley de Ingresos, aprobada cinco días antes de que Beatriz Paredes y Nava estamparan sus firmas, sino pactar un reparto multimillonario de recursos extraordinarios, sin obligaciones de fiscalización ni de rendición de cuentas, según revelaron a Proceso testigos clave de esta negociación.

“En este escándalo, tanto Nava como Beatriz Paredes, Fernando Gómez Mont y el gobernador Enrique Peña Nieto han mentido”, confía esta fuente, según la cual hubo, además, otros convenios entre la Secretaría de Hacienda y gobernadores priistas –los mismos ocho mandatarios del tricolor que asistieron al quinto informe de gobierno de Ulises Ruiz el 16 de noviembre, en Oaxaca, donde Peña Nieto les garantizó el reparto de recursos extraordinarios por 49 mil 402 millones de pesos.

La revelación del documento, forzada por el propio Peña Nieto, no solamente fue el resultado del rompimiento entre el gobierno del Estado de México y el de Felipe Calderón. Televisa jugó un papel fundamental en la gestión del revuelo mediático, tal como ocurrió en 2004 con los videoescándalos y un año después fue clave para cortar las ambiciones del gobernador mexiquense Arturo Montiel.

Entre Televisa y el gobernador Enrique Peña Nieto surgió un desencuentro, derivado de la disminución de 80 a 60 millones de dólares en el convenio anual de publicidad que el mandatario mexiquense negoció con los altos ejecutivos del consorcio. A pesar de ser el convenio más elevado y sin posibilidad de fiscalización pública, Televisa presionó a Peña Nieto y obtuvo más recursos también del gobierno de Calderón para

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POLÍTICA

“Reality” legislativo

garantizarle una cobertura favorable en sus espacios informativos.

“Televisa quiso hacerle sentir a Peña Nieto que aunque es ‘su candidato preferente’, ellos son los que tienen el control político de la carrera sucesoria en 2012”, admitió otra fuente cercana al entorno del gobernador mexiquense.

De hecho, el primero en revelar algunos detalles del convenio fue el periodista Carlos Loret de Mola, conductor de la emisión matutina de noticias de Televisa.

El 25 de febrero, en su columna Historias de reportero, publicada en El Universal, expuso: “No es un compromiso de palabra, una carta ni un documento cualquiera. Es un contrato. Un contrato notariado. Tiene dos hojas y está redactado con el lenguaje legal que caracteriza a estos convenios: los abajo firmantes, representantes de los partidos políticos constituidos por tal y cual ley, en esta fecha, con domicilio en cierta dirección, etcétera.

“La cláusula clave: quienes rubrican se comprometen a no establecer alianzas electorales en el Estado de México con partidos políticos cuyas ideologías les sean adversas.”

Loret de Mola citó a “fuentes de alto nivel” que confirmaron que frente al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, “los priistas ofrecieron apoyar el paquete de impuestos 2010 planteado por el gobierno federal a cambio de que el PAN no se coaligara con el PRD para disputarle la gubernatura al PRI”.

El periodista de Televisa advirtió que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, participó directamente en el detalle del cabildeo del paquete fiscal.

Según esa versión, “Peña Nieto exigió un documento firmado que se tradujo en un 1742 / 21 de marzo de 2010

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POLÍTICA contrato donde Nava, con el aval de Gómez Mont, firma que no hará alianzas en la sucesión mexiquense, programada para 2011. Ulises Ruiz no pidió nada por escrito: ‘me basta con tu palabra, secretario’, le dijo al de Gobernación”.

Una semana después de publicada esa versión, el martes 2 de marzo, Enrique Peña Nieto apareció en el noticiario conducido por Adela Micha para asumir que sí existió un compromiso entre el PRI y el PAN para que no se hicieran alianzas electorales con el PRD. Dos días después, el 4 de marzo, el dirigente panista César Nava distribuyó la copia del convenio y admitió que el pacto se hizo a cambio de que el PRI apoyara la Ley de Ingresos del gobierno federal, versión que han negado tanto Peña Nieto como Beatriz Paredes.

El elemento discordante en la historia ofrecida hasta ahora por los protagonistas es que el “convenio de colaboración” fue firmado el 30 de octubre, días después de que ya se había votado en la Cámara de Diputados el incremento al IVA y en la misma fecha que, en la madrugada, fue votado en el Senado, donde algunos senadores del PRI votaron a favor para que “transitara” la ley, a pesar de la oposición expresada por el coordinador de la bancada, Manlio Fabio Beltrones, y por el senador Francisco Labastida, entre otros interlocutores de la negociación.

El pacto de Oaxaca El documento fue una exigencia del gobernador Peña Nieto para que el grupo mexiquense en la Cámara de Diputados, el más numeroso de la bancada de su partido, acompañado por priistas de otras entidades, aprobaran la propuesta del gobierno de Felipe Calderón de que no se le redujeran más de 107 mil millones de pesos del presupuesto para 2010, incluyendo el presupuesto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras dependencias en las cuales se ha incrementado 12% el gasto corriente, a pesar del subejercicio y de la crisis económica.

El 5 de noviembre, Peña Nieto protagonizó uno de los desplantes más comentados durante la discusión del presupuesto. Llegó en su helicóptero a la explanada del Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, para demandar una partida presupuestal de 23 mil millones de pesos extras, más de las dos terceras partes de los 30 mil millones de pesos que se pensaba recaudar por el incremento al IVA. La gestión de Peña Nieto, quien así se convirtió en virtual secretario de Hacienda y en vicepresidente en funciones, se concretó el 16 de noviembre en la capital de Oaxaca.

Peña Nieto llegó junto con otros siete mandatarios del PRI a apoyar al gobernador Ulises Ruiz, que rendía su quinto in32

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forme. Los ocho gobernadores priistas, acompañados por la dirigente nacional del partido, Beatriz Paredes, se encerraron en el Museo del Palacio para aplaudir a Ruiz, mientras en las afueras del recinto se protagonizaba una sonora protesta de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En el marco de la Feria del Libro de Oaxaca, el caricaturista Eduardo del Río, Rius, criticaba la corrupción y los acuerdos de la clase política mexicana, mientras que a unos 100 metros de distancia, en el Museo del Palacio, los gobernadores priistas se repartían 49 mil 402 millones de pesos de recursos extraordinarios ofrecidos por el gobierno de Felipe Calderón para que se aprobara la madrugada siguiente el presupuesto de 2010.

Estos recursos extraordinarios fueron aprobados sin candados de fiscalización ni de rendición de cuentas. El Estado de México obtuvo 2 mil 665.3 millones de pesos, 142% más que el monto inicial ofrecido por la Secretaría de Hacienda. El gobierno de Oaxaca fue el segundo más beneficiado, con 2 mil 302 millones de pesos extras, mientras que el de Veracruz recibió 2 mil 17 millones de pesos, 87% más que lo ofrecido, y Durango pasó de mil 237 a mil 923 millones de pesos.

En el quinto informe de gobierno de Ulises Ruiz coincidieron los mandatarios de esas cuatro entidades. Peña Nieto declaró al noticiario de la televisión pública local que los diputados priistas “tienen que alinear” la asignación de recursos presupuestales.

De este modo, a pesar de la crisis económica, el gobierno federal también salió beneficiado con más dinero para el gasto corriente, que de 667 mil millones de pesos en 2000 se incrementó a 1 billón 583 mil millones de pesos en 2010: 37% más que en cualquiera de los 10 años de administraciones panistas.

Candidatos por contrato Televisa jugó un papel fundamental en la trama del escándalo. Agudizadas las diferencias entre el presidente Felipe Calderón, cuyas encuestas reflejaron la más pronunciada caída de popularidad en sus cuatro años de gobierno, y el gobernador Peña Nieto, el consorcio televisivo decidió demostrarle a ambos quién tiene el poder para “administrar” la sucesión en 2010.

Peña Nieto tuvo diferencias con los ejecutivos de Televisa por la reducción de 80 a 60 millones de dólares en el convenio de publicidad anual para 2010. En un estudio publicado en su blog por investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), se calculó que entre Peña Nieto y Televisa “existe un programa mediático con un

costo de mil millones de pesos que incluye la compra de espacios en los principales noticiarios de Televisa”.

La cifra es superior al primer convenio de publicidad firmado en 2005 entre Televisa y Peña Nieto, que reveló Proceso. De acuerdo con el plan de comunicación política que el gobernador firmó en ese año con Televisa a través de la empresa TV Promo, el primer año destinó 742 millones, de los cuales 691 millones se destinaron a publicidad televisiva.

Tanto Peña Nieto como Televisa han negado insistentemente el oneroso gasto en publicidad. “Son leyendas, mitos”, ha dicho el mandatario mexiquense sobre las constantes denuncias por su dispendio en la pantalla chica. Sus cifras oficiales indicaron que en 2008 le destinó “sólo” 60 millones de pesos a Televisa y 27 millones de pesos a TV Azteca.

En un desplegado publicado en todos los periódicos el 24 de junio de 2009, Televisa calificó como “absurda” la cuenta de los gastos publicitarios de Peña Nieto.

“El cálculo es mentiroso, un engaño, ya que sería tanto como suponer que el gobernador Enrique Peña Nieto se ha venido promocionando en televisión, año con año, más que todos los candidatos de todos los partidos políticos a todos los puestos de elección popular que se renovaron” en los comicios de 2006.

Sin embargo, Televisa nunca ha aclarado a cuánto asciende el monto real de los gastos de Peña Nieto por la campaña de infomerciales, de publicidad integrada y hasta de promoción de su romance con la actriz Angélica Rivera en los espacios televisivos y editoriales del consorcio.

El modelo Peña Nieto le ha servido a Televisa para obtener otros jugosos contratos millonarios de publicidad a cambio de cobertura informativa favorable a otros gobernadores priistas, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y, sobre todo, al gobierno federal de Calderón.

Por lo pronto, el escándalo iniciado con la entrevista a Peña Nieto en el noticiario de Adela Micha, el 2 de marzo en Televisa, se pretende arreglar con nuevos convenios de publicidad. El 10 de marzo, en el programa Tercer grado, los comentaristas realizaron una evidente “cargada” a favor del gobernador mexiquense, con comentarios favorables a su gestión y a sus altos índices de popularidad. Citaron una y otra vez la encuesta reciente de Mitofsky que le otorga 53% de aprobación a Peña Nieto, frente a 14% de Santiago Creel y 14% de Andrés Manuel López Obrador.

En la columna editorial del diario Alfa, uno de los pocos medios críticos a Peña Nieto en el Estado de México, el director Mario García Huicochea deslizó el 19 de marzo: “Televisa destruyó de un solo golpe a Montiel. ¿Hará lo mismo con Peña?”.

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José Manuel Jiménez

El expediente

negro de Yunes

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n Veracruz le dicen “el tiburón” porque aseguran que no tiene miedo de enfrentar al gobernador Fidel Herrera para arrebatarle el gobierno del estado al PRI, claro está que con el apoyo de Felipe Calderón y la dirigencia nacional del PAN. Sin embargo, los adversarios del expriista Miguel Ángel Yunes Linares señalan que ha dejado una estela de agravios en el estado, se han denunciado sus supuestos vínculos con el empresario pederasta Jean Succar Kuri e incluso con narcotraficantes, y deja una deuda de 20 mil millones de pesos como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que según ellos le impedirá gobernar su entidad.

Amigo de Elba Esther Gordillo, en los últimos meses Yunes Linares puso todo su empeño en promoverse como aspirante a la candidatura para gobernador de Veracruz, invocando el apoyo de Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

En vísperas de la elección del candidato del PAN para gobernador de Veracruz, Yunes no reparó en el uso de recursos propios e institucionales para vencer a Gerardo Buganza y Juan Bueno Torio. Desde la dirección del ISSSTE utilizó la infraestructura de salud para promoverse en todo el estado una imagen de funcionario eficaz.

No dudó en echarle a cuestas al ISSSTE una deuda por 20 mil millones de pesos en unidades de inversión (udis) pagaderos hasta 2039, como publicó en enero pasado la calificadora Fitch Ratings. Además, manipuló el instituto para difundir su imagen en Veracruz: tan sólo el año pasado, Yunes realizó 11 giras en la entidad, y en los últimos tres ha utilizado aviones privados y comerciales, vehículos y publicidad, lo que generó gastos extraoficiales estimados en 21 millones 750 mil pesos.

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E S T A D O S / VE RA C R U Z El PAN tratarĂĄ de arrebatarle la gubernatura al PRI de Fidel Herrera con un candidato acusado de aprovecharse de su puesto como director del ISSSTE y de los recursos pĂşblicos para promoverse, sospechoso de torcer licitaciones por interĂŠs econĂłmico, e incluso designado mediante un dedazo mal disimulado. ÂżQuĂŠ cambiarĂĄ en Veracruz si gana el panista Miguel Ă ngel Yunes?

JosĂŠ Gil Olmos

derecho. AgregĂł que los priistas sĂłlo querĂ­an generar escĂĄndalos.

Licitaciones, el negocio El candidato panista no sólo ha sido cuestionado por priistas y perredistas por el uso político de los recursos del ISSSTE. TambiÊn empresarios farmacÊuticos lo acusan de manejar licitaciones millonarias para favorecer a determinadas compaùías y obtener recursos para su campaùa en Veracruz.

El instituto lanzĂł una de esas licitaciones para contratar el suministro de medicamentos por 5 mil millones de pesos, y la otra para la adquisiciĂłn de precursores para la detecciĂłn de enfermedades en laboratorios clĂ­nicos y bancos de sangre, por mĂĄs de 3 mil millones.

La convocatoria para la primera licita-

Demian ChĂĄvez

De acuerdo con un seguimiento periodĂ­stico, en 2009 Yunes, como director del ISSSTE, realizĂł en Veracruz 48 actos, a los que asistieron 20 mil personas que recibieron desayunos y comidas gratis. Fue tan evidente el carĂĄcter de campaĂąa polĂ­tica de esas actividades, que la diputada local Elvia Ruiz presentĂł en octubre de ese aĂąo una denuncia ante la fiscalĂ­a de servidores pĂşblicos de la ProcuradurĂ­a General de la RepĂşblica (PGR/UEIDCSPCAJ/SP/ M-XVI/113/2009) por presunto desvĂ­o de recursos pĂşblicos.

La denuncia se basa en las inserciones publicitarias pagadas por la DirecciĂłn de ComunicaciĂłn Social del ISSSTE a periĂłdicos de Veracruz e incluso en un espacio pagado en la ediciĂłn de octubre de 2007 de la revista LĂ­deres Mexicanos, con 35 fotografĂ­as de Yunes en sus giras por la entidad.

Esta denuncia tuvo repercusiones en la CĂĄmara de Diputados, donde el 4 de noviembre se aprobĂł un punto de acuerdo para solicitar a la PGR que agilice la investigaciĂłn en contra de Yunes. En la sesiĂłn de ese dĂ­a en el Palacio de San LĂĄzaro, el diputado priista Antonio BenĂ­tez Lucho, exsecretario particular del gobernador Fidel Herrera, seĂąalĂł que Yunes estĂĄ mĂĄs ocupado en visitar Veracruz “realizando una campaĂąa mediĂĄtica de promociĂłn personal y en contra del gobierno, que en cumplir su tarea de manera eficienteâ€?.

El punto de acuerdo fue apoyado por el diputado del PRD AgustĂ­n Guerrero Castillo con el argumento de que Yunes violĂł el artĂ­culo 134 constitucional, que prohĂ­be el uso de recursos pĂşblicos para la promociĂłn de la imagen de los funcionarios. Al siguiente dĂ­a, el director del ISSSTE, que renunciĂł al PRI en julio de 2004, cuando era diputado federal y aspiraba a ser candidato a gobernador de Veracruz, respondiĂł que regresarĂ­a a su entidad “cuantas veces fuera necesarioâ€? porque nadie le podĂ­a negar ese

ción fue emitida a principios de 2009. Empresas como Nadro y Casa Saba acusaron a Yunes de favorecer a su competidora Fårmacos Especializados, pues únicamente esta compaùía cumplía requisitos como el de haber conseguido contratos por 600 millones de pesos con entidades públicas.

JosĂŠ Antonio PĂŠrez Fayad y su hijo Francisco PĂŠrez, dueĂąos de esta Ăşltima empresa, tambiĂŠn se beneficiaron con tres contratos del IMSS en 2008.

El pasado 3 de febrero se convocĂł a la segunda licitaciĂłn, a fin de contratar el Servicio Integral de Laboratorio de AnĂĄlisis ClĂ­nicos y Banco de Sangre en Unidades MĂŠdicas Hospitalarias del ISSSTE. Este procedimiento ha sido igualmente cuestionado por pequeĂąos y medianos proveedores. TambiĂŠn seĂąalan que estĂĄ amaĂąado para favorecer a una sola empresa y por ello pone en riesgo el trabajo de 500 familias que desde hace aĂąos han suministrado estos quĂ­micos al instituto.

Otra licitaciĂłn impugnada es la de equipos de cĂłmputo, digitalizaciĂłn de documentos y soluciones tecnolĂłgicas que el instituto le otorgĂł a la pequeĂąa empresa Ofistore, que encabeza Marco Cardona y se ubica en un local de la Plaza de la ComputaciĂłn, del Centro HistĂłrico de la Ciudad de MĂŠxico. La pequeĂąa empresa, fundada en 1990, entregarĂĄ y administrarĂĄ 13 mil 600 computadoras, 9 mil 500 impresoras, 772 escĂĄneres, 612 proyectores de video y 627 cĂĄmaras digitales, incluidos en un contrato por 706 millones de pesos.

A los seĂąalamientos de favoritismo hacia esas empresas se suman las denuncias de que, en el fondo, el polĂ­tico veracruzano trata de conseguir fondos para su campaĂąa por la gubernatura. Yunes ha contestado que se trata de una operaciĂłn de “un

Yunes. PromociĂłn personal 1742 / 21 de marzo de 2010

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Miguel Ă ngel Carmona

Fama pĂşblica

grupo de calumniadores profesionales que tiene a su servicio el gobernador del estado de Veracruz�, quien ha promovido documentos que contienen “afirmaciones insostenibles que faltan a la verdad�.

TambiĂŠn arroja sospechas la entrega del hospital de altas especialidades de Morelos, Centenario de la RevoluciĂłn Mexicana, que Yunes inaugurĂł el pasado 4 de febrero y que, pese a la inversiĂłn de mil millones de pesos, no estĂĄ terminado. SegĂşn trabajadores del instituto, cuando el hospital fue inaugurado por Felipe CalderĂłn y el gobernador Marco Antonio Adame aĂşn estaba inconcluso, pero Yunes informĂł que estaba terminado y lo calificĂł como la obra mĂĄs grande del ISSSTE en los Ăşltimos 30 aĂąos.

En plena campaĂąa para conseguir la candidatura, Yunes abriĂł el 16 de febrero, en TultitlĂĄn, otro hospital de especialidades que costĂł 600 millones de pesos, el cual fue acondicionando a marchas forzadas, como si ya estuviera listo, con camas y monitores aparentemente en pleno funcionamiento, pero faltaban incluso las conexiones de oxĂ­geno.

La idea era promoverse antes de que cerrara el periodo de las precampaĂąas y aprovechar lo que ĂŠl mismo se ha encargado de difundir como la “seĂąal del elegidoâ€?, es decir, el famoso pastelazo que le propinĂł Felipe CalderĂłn el 19 de enero pasado, en la celebraciĂłn del 50 aniversario del ISSSTE en Los Pinos.

Historias que pesan Sustituto del dedazo que el PRI utilizĂł para designar a los candidatos desde Los Pi36

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nos, Yunes asegurĂł que el “pastelazoâ€? era la seĂąal mĂĄs clara de CalderĂłn para elegirlo como el aspirante del PAN al gobierno de Veracruz. Lo cual se confirmĂł el pasado viernes 19 en una reuniĂłn secreta de cinco horas, en la que 25 consejeros del ComitĂŠ Ejecutivo Nacional de ese partido votaron por el expriista, mientras que el exdiputado federal Gerardo Buganza logrĂł 10 sufragios y el senador Juan Bueno Torio se quedĂł con cinco.

La designaciĂłn de Yunes fue sorpresiva. En el orden del dĂ­a estaba planeado que la dirigencia nacional panista decidirĂ­a Ăşnicamente el mĂŠtodo de selecciĂłn del candidato. Sin embargo, inmediatamente Yunes pidiĂł licencia para retirarse temporalmente de la direcciĂłn del ISSSTE. En protesta, Gerardo Buganza expresĂł su inconformidad con los mĂŠtodos para elegir al candidato. En una carta dirigida al presidente del PAN, CĂŠsar Nava, seĂąalĂł que “serĂ­a indigno pretender fingir que nada ocurriĂł en ese proceso de selecciĂłnâ€?, por lo que el 3 de marzo renunciĂł a su militancia de 16 aĂąos.

Y en pleno escĂĄndalo por la revelaciĂłn del convenio polĂ­tico firmado por el PAN y el PRI para reventar las alianzas electorales, en una carta Buganza le reclamĂł a Nava que el 29 de enero, en Boca del RĂ­o, el dirigente panista se comprometiĂł a realizar un proceso equitativo en la selecciĂłn del candidato, pero que al final se desatĂł la “cargadaâ€? desde el ComitĂŠ Ejecutivo Nacional y Los Pinos en favor de Yunes.

Casi a la par de la designaciĂłn directa del candidato del PAN, comenzĂł a circular un expediente con datos de su carrera po-

lĂ­tica y de indagaciones que se han iniciado por su presunta relaciĂłn con el caso del narcotraficante Albino Quintero Meraz, el principal operador del cĂĄrtel de JuĂĄrez en Veracruz y ligado a Amado Carrillo Fuentes, El SeĂąor de los Cielos.

En dicho expediente se incluyen los desmentidos que hizo Yunes en junio de 2004, cuando se publicaron documentos apĂłcrifos sobre este caso para acusarlo, junto con el exgobernador veracruzano Patricio Chirinos, de haber recibido 15 millones de dĂłlares por brindarle protecciĂłn al narcotraficante conocido como El Beto.

Sin embargo, esos documentos, a los que tuvo acceso este semanario, contienen datos adicionales. Se afirma, por ejemplo, que Yunes adquiriĂł dos yates (BabalĂş y El FedayĂ­n) con dinero de Albino Quintero y que a bordo del segundo ĂŠl visitaba a Jean Succar Kuri en CancĂşn.

El tema de la pederastia tambiĂŠn es ampliamente abordado en el expediente, donde se cita la averiguaciĂłn previa 7431/2003 de la ProcuradurĂ­a de Justicia de Quintana Roo, asĂ­ como documentos de la Agencia Federal de InvestigaciĂłn (AFIJ4426/2003 y AFI43091/2003) en los que el procurador general de la RepĂşblica, Rafael Macedo, daba cuenta de los supuestos vĂ­nculos de Yunes con la red de pederastas.

Si bien se consignan las declaraciones de Yunes ante la PGR en las que asegurĂł que no conocĂ­a a Succar Kuri y que no estaba relacionado con la red de pederastas, se precisa que el polĂ­tico veracruzano y el empresario se conocĂ­an desde 20 aĂąos antes, “cuando Yunes fungĂ­a como subdirector de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Jean Succar Kuri pretendĂ­a adquirir varios locales comerciales en el Aeropuerto Internacional de CancĂşnâ€?, lo que al final logrĂł.

El expediente destaca que el director del ISSSTE nunca presentĂł una denuncia en contra de la periodista y activista Lydia Cacho, que en su libro Los demonios del EdĂŠn lo ubica como asistente asiduo a las fiestas de Succar Kuri en su casa de Villas Solymar, CancĂşn.

Yunes, seĂąala el documento, vendiĂł sus dos yates para comprarse uno nuevo, el UlĂşa, una embarcaciĂłn fabricada en 2005 que aparece en su declaraciĂłn patrimonial con un valor de 2 millones de pesos, aunque en realidad su precio aproximado es de 1 millĂłn 700 mil dĂłlares, pues se trata de un navĂ­o de lujo.

Aunque en su Ăşltima declaraciĂłn patrimonial Miguel Ă ngel Yunes enlista su casa

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E S T A D O S / VE RA C R U Z de Alvarado, Veracruz, el mencionado yate UlĂşa, cuentas bancarias por medio millĂłn de pesos, asĂ­ como obras de arte y joyas por un monto similar, segĂşn el expediente mencionado el candidato panista posee casas y departamentos en varios municipios de su estado, en la Ciudad de MĂŠxico, en San Pedro Garza GarcĂ­a, Nuevo LeĂłn, y un condominio en el edificio Las Olas de CancĂşn, ademĂĄs de departamentos en Brooklyn, Nueva York, y en Miami, Florida.

A travĂŠs de su familia tiene negocios en la Compaùía Veracruzana de Casas y Departamentos, en el corporativo Yunes MĂĄrquez, que opera una gasolinera en el puerto de Veracruz, y una consultorĂ­a registrada a nombre de su hijo Miguel Ă ngel, que tiene como clientes a dependencias del gobierno estatal y federal. “Irascible y represorâ€?

En otro apartado del expediente se ofrecen elementos de su perfil personal y se resumen algunos agravios que ha cometido desde que fue secretario general de gobierno de Veracruz con Patricio Chirinos (1992-1997), como diputado federal en (2004), subsecretario de PrevenciĂłn y ReadaptaciĂłn de la SecretarĂ­a de Seguri-

dad PĂşblica (2004-2006) y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad PĂşblica. “Hombre inteligente, buen orador, disciplinado, conoce el valor de la informaciĂłn y a travĂŠs del tiempo ha consolidado una red de inteligencia para su uso personal, teniendo infiltrados a la mayorĂ­a de sus adversarios.â€?

AdemĂĄs, Yunes es “irascibleâ€?, “egocĂŠntricoâ€? y tiene fama de represor, especialmente entre los grupos sociales de izquierda, por lo que “proyecta imagen de policĂ­a y no de estadistaâ€?.

Como ejemplos, se cita la persecuciĂłn legal y polĂ­tica en contra del exgobernador Dante Delgado Rannauro, a quien metiĂł a la cĂĄrcel del 17 de diciembre 1996 al 4 de abril de 1998, acusĂĄndolo de malversaciĂłn de recursos estatales; la manipulaciĂłn de una marcha de gays en un acto de campaĂąa de CuauhtĂŠmoc CĂĄrdenas en Xalapa en 2004; sus enfrentamientos con Fidel Herrera desde que llegĂł a la gubernatura; y los ataques a Vicente Fox cuando Yunes era coordinador jurĂ­dico del PRI en el Instituto Federal Electoral (2000-2003).

Destaca que, durante su carrera polĂ­tica en los niveles estatal y federal, Yunes ha acumulado 17 recomendaciones de la Co-

misiĂłn Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre ellas las correspondientes a la represiĂłn contra indĂ­genas nahuas de la comunidad de Cantollano, el 18 de agosto de 1995, por elementos de la policĂ­a enviados por ĂŠl, con saldo de un muerto.

TambiĂŠn resalta la represiĂłn, en mayo de ese mismo aĂąo, en contra de campesinos de las comunidades Ricardo Flores MagĂłn, La Lima, Doroteo Arango, OtlamalĂĄctl y Cecepa, que dejĂł decenas de heridos y 34 detenidos.

En 1997, en un acto en Xalapa, Porfirio MuĂąoz Ledo se refiriĂł a Yunes como “un hombre que siempre ha practicado las artes mĂĄs sucias de la polĂ­ticaâ€?.

En ese sentido, el expediente del ahora candidato panista seĂąala que en sus 30 aĂąos dentro del PRI defendiĂł a sus compaĂąeros envueltos en escĂĄndalos, como Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana en el caso del Pemexgate. TambiĂŠn se reseĂąa que como representante del PRI en el Instituto Federal Electoral encabezĂł los ataques al PAN por el caso de Amigos de Fox. Como si quisiera dejar atrĂĄs todo esto, la campaĂąa de Yunes arrancarĂĄ precisamente a los pies de la estatua de Vicente Fox en Boca del RĂ­o, con la promesa de arrancarle al PRI la hegemonĂ­a en Veracruz.

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AP photo / Luis RamĂ­rez

ADRID.- En agosto de 2007, dos miembros de la organizaciĂłn separatista vasca ETA, MartĂ­n Capa e Ignacio DomĂ­nguez Achalandabaso, alias Txomin, fueron conducidos por un chofer de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta una finca cercana a Guadalito, en el estado de Apure, en Venezuela. AhĂ­ los esperaba el comandante guerrillero NicolĂĄs Pizarro.

Durante 20 dĂ­as, los etarras impartieron un “curso teĂłrico-prĂĄcticoâ€? sobre tĂŠcnicas avanzadas en el manejo del explosivo C-4 (“de una mayor capacidad destructiva que la dinamita, fĂĄcil de manipular y transportarâ€?) a 13 miembros de la guerrilla colombiana y a siete integrantes del Frente de LiberaciĂłn Bolivariana (FLB), una organizaciĂłn afĂ­n de Venezuela.

Uno de los guerrilleros colombianos capacitados por ETA, ahora desmovilizado y cuyo testimonio judicial fue recogido bajo el seudónimo de Camilo, así como el chofer, identificado como Patxo, confirman la organización de esos cursos de armas y explosivos, en los que Ignacio Domínguez les enseùó a utilizar telÊfonos celulares como detonadores de las cargas explosivas.

Para repetir el mismo curso en el Bloque Caribe de las FARC, viajaron por Maracaibo “con el conocimiento y la compaùía de una persona que vestĂ­a chaleco con escudo de la DIM (DirecciĂłn de Inteligencia Militar de Venezuela) y de un vehĂ­culo escoltado por militares venezolanosâ€?.

Esta es una de las pruebas que incluye el auto de procesamiento emitido el 24 de febrero pasado por el juez sexto de la Audiencia Nacional espaĂąola, Eloy Velasco Núùez, que provocĂł una nueva confrontaciĂłn diplomĂĄtica entre Venezuela y EspaĂąa, porque sostiene que “obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperaciĂłn gubernamental vene-

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VĂ­nculo comprometedor Alejandro GutiĂŠrrez FARC. Contactos

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zolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA�.

Los cursos fueron acordados por Arturo Cubillas FontĂĄn, como representante de ETA en AmĂŠrica, y por su contraparte Remedios GarcĂ­a Albert, Remedios o La MĂŠdica, y Omar Arturo Zabala Padilla, Lucas GualdrĂłn, responsable de la comisiĂłn internacional de las FARC en Europa; Remedios, “miembro de la comisiĂłn internacional de las FARC, que despachaba asuntos con el comandante Luciano MartĂ­n Arango, IvĂĄn MĂĄrquez, actualmente estĂĄ libre bajo fianza en EspaĂąa, donde fue detenida en julio de 2008 por Ăłrdenes del magistrado Baltasar GarzĂłn, imputada en otro juicio.

El juez Velasco Núùez identifica a Arturo Cubillas Fontån como uno de los etarras detenido en Francia y deportado a Argelia en noviembre de 1987; el 28 de mayo de 1989 viajó a Venezuela, donde se casó en 1990 con la venezolana de padres vascos Goizeder Odriozola Lataillade. Su pareja es la directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte del gobierno de Hugo Chåvez, desde enero de 2007.

Cubillas fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de AdministraciĂłn y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, “siendo responsable del colectivo de ETA en esa zona de AmĂŠrica desde el aĂąo 1999, encargĂĄndose de coordinar las relaciones con las FARCâ€?, dice el auto procesal.

Las pruebas forman parte de informes y actuaciones policiales en poder de la Unidad Central Especial NĂşmero 1 de la Jefatura de InformaciĂłn de la Guardia Civil y de la ComisarĂ­a General de InformaciĂłn del Cuerpo Nacional de PolicĂ­a, asĂ­ como de la “copiaâ€? de los 25 correos electrĂłnicos encontrados en la computadora de quien fue el segundo hombre en importancia de las FARC, Luis Édgar Devia Sil-

AP

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ETA. Adiestramiento

va, RaĂşl Reyes, muerto el 1 de marzo en un ataque del ejĂŠrcito colombiano contra su campamento, en suelo ecuatoriano.

Los cursos de ETA a los guerrilleros colombianos incluyeron “las tĂŠcnicas mĂĄs modernas de guerrilla urbanaâ€?, en los que participaron los etarras llamados Schumacher y Carlos o Aitona, al que identifican como JosĂŠ MarĂ­a ZaldĂşa Corta, con un largo historial judicial en EspaĂąa por terrorismo y homicidio.

Ambos son asiduos instructores de las FARC: Schumacher les dio cursos en 2003, 2006 y 2008, y Carlos o Aitana en 2006 y 2008, segĂşn el documento.

Bronca diplomĂĄtica La actuaciĂłn judicial, conocida el 24 de febrero, provocĂł reacciones inmediatas.

El ministro de Asuntos Exteriores espaĂąol, Miguel Ă ngel Moratinos, se enterĂł llegando a Hannover, Alemania, donde se

encontraba tambiĂŠn el presidente del gobierno, JosĂŠ Luis RodrĂ­guez Zapatero. El mandatario le pidiĂł a su canciller comunicarse de inmediato con el gobierno de Hugo ChĂĄvez.

Moratinos logrĂł hablar con su homĂłlogo venezolano NicolĂĄs Maduro, a quien le “previnoâ€? de la actuaciĂłn judicial de la Audiencia Nacional. Maduro intercediĂł para que el canciller espaĂąol hablara con el presidente Hugo ChĂĄvez. En la conversaciĂłn telefĂłnica no hubo choques ni desplantes, explicĂł una fuente de La Moncloa.

Moratinos comentĂł a reporteros que ChĂĄvez “me pidiĂł que le recordara al presidente Zapatero que lo Ăşnico que han hecho ellos desde el pasado ha sido colaborar con nosotros en todo lo que les hemos pedido en este temaâ€?, por ejemplo, con el acuerdo entre Felipe GonzĂĄlez y Carlos AndrĂŠs PĂŠrez, para que el gobierno de ĂŠste recibiera en Venezuela a vascos vinculados a ETA.

Con la supuesta colaboraciĂłn de las autoridades venezolanas, la organizaciĂłn separatista vasca ETA impartiĂł adiestramiento militar a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta es una de las conclusiones que aparecen en el auto de procesamiento emitido por el juez de la Audiencia Nacional de EspaĂąa, Eloy Velasco, y que provocĂł un conflicto diplomĂĄtico entre Madrid y Caracas. Aun cuando el presidente Hugo ChĂĄvez negĂł las acusaciones, el juez espaĂąol girĂł Ăłrdenes de detenciĂłn contra una docena de miembros de ambas organizaciones, entre ellos un funcionario del gobierno venezolano.

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Bancada paramilitar Édgar TÊllez

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mo “parapolĂ­ticos en cuerpo ajenoâ€?. Se trata de dirigentes que se encuentran en la cĂĄrcel o son procesados por la justicia debido a sus nexos con paramilitares, y a pesar de ello consiguieron mantener su poder regional al lograr que en las elecciones del domingo 14 sus parientes y allegados resultaran electos.

Desde mediados de 2009, cuando los partidos polĂ­ticos preparaban sus listas para las elecciones legislativas de marzo de 2010, diversas ONG, analistas polĂ­ticos y editoriales de los diarios mĂĄs importantes del paĂ­s advirtieron que podrĂ­a darse esta situaciĂłn.

Una de las primeras en prender las alarmas fue la ONG Vote bien, que en febrero pasado publicĂł en su pĂĄgina de internet: “De los casi mĂĄs de 270 congresistas elegidos hace cuatro aĂąos, mĂĄs de 80 fueron destituidos o estĂĄn siendo investigados por la posible comisiĂłn de diversos delitos. Lo triste es que corremos el riesgo de que ese poder tan cuestionado salga reelegido casi intacto en las elecciones de marzo prĂłximoâ€?.

El 20 de enero pasado, la ONG MisiĂłn de ObservaciĂłn Electoral (MOE) enviĂł una carta al jefe del Partido Liberal, y a la vez candidato presidencial de ese instituto polĂ­tico, Rafael Pardo, en la que le pidiĂł “reconsidere el otorgamiento del aval a la seĂąora Casado de LĂłpez, como muestra de su compromiso

Ultraderecha en auge En la jornada electoral del domingo tambiÊn resultó electa –con 48 mil votos– Teresa García Romero, hermana del exsenador à lvaro García Romero. Este poderoso cacique político del departamento de Sucre fue condenado el pasado 24 de febrero a 40 aùos de prisión por su responsabilidad en la matanza de 15 campesinos del caserío de Macayepo, ejecutada por paramilitares en octubre de 2000.

Sin embargo, durante su campaĂąa, Teresa insistiĂł en presentarse como “una candidata con una hoja de vida intachable en el sector pĂşblico y privado que me permite te-

www.arlethsiemprecontodos.com

OGOTĂ .- Arleth Casado nunca habĂ­a participado en una elecciĂłn popular.

Lo hizo por primera vez el domingo 14, cuando fueron elegidos 102 senadores y 166 representantes a la CĂĄmara, en la jornada electoral mĂĄs tranquila de los Ăşltimos 25 aĂąos en Colombia.

Y no le fue nada mal porque obtuvo 111 mil 752 votos que la convirtieron en senadora de la RepĂşblica, asĂ­ como en la candidata con la mayor votaciĂłn del Partido Liberal.

La llegada de Arleth Casado al Congreso de Colombia estĂĄ marcada por un hecho singular: es la esposa del excongresista Juan Manuel LĂłpez Cabrales, un poderoso dirigente polĂ­tico del departamento de CĂłrdoba, al noroccidente del paĂ­s, condenado a siete aĂąos de cĂĄrcel por sus relaciones con el paramilitarismo.

En noviembre de 2008, LĂłpez fue hallado culpable por la Corte Suprema de Justicia, tras comprobar que en 2001 habĂ­a participado con otros 12 polĂ­ticos regionales en una cumbre convocada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal organizaciĂłn paramilitar del paĂ­s. En esa reuniĂłn, los asistentes firmaron el llamado Pacto de Ralito, una especie de alianza polĂ­tico militar contra las guerrillas. TambiĂŠn se demostrĂł que LĂłpez estableciĂł acuerdos con el hoy extraditado Salvatore Mancuso, quien fue jefe de las AUC. El caso de Arleth Casado es ilustrativo de un fenĂłmeno conocido en Colombia co-

ineludible con la celebración de unas elecciones libres, transparentes y sin la intervención de los grupos armados ilegales�.

Sin embargo, Pardo se negĂł a retirarle el apoyo a la candidata al Senado; por el contrario, respondiĂł que en 2006, cuando Juan Manuel LĂłpez fue elegido congresista con 145 mil votos, no recibiĂł apoyo de los paramilitares. Ante esta posiciĂłn, Claudia LĂłpez, influyente analista polĂ­tica e integrante de la ONG La Silla VacĂ­a se preguntĂł: â€œÂżSacrificĂł Pardo sus esfuerzos de renovaciĂłn del partido por 150 mil votos, o tiene razĂłn en defenderla?â€?.

Por aquellos días, la MOE tambiÊn envió mensajes a los candidatos presidenciales Juan Manuel Santos, del partido de la U, y Germån Vargas Lleras, de Cambio Radical, para que no avalaran las candidaturas de Raimundo MÊndez, apoyado por Reginaldo Montes –condenado por parapolítica–, y de Antonio Guerra de la Espriella, investigado preliminarmente en la Corte Suprema por el mismo delito.

Al igual que ocurriĂł con el Partido Liberal y la candidata Casado, los jefes partidistas mantuvieron en sus listas a esos candidatos.

Las advertencias no surtieron efecto y numerosos herederos de parapolĂ­ticos fueron elegidos al parlamento colombiano.

AdemĂĄs de Arleth Casado, tambiĂŠn llegarĂĄn al congreso representantes de casi todos los partidos.

Arleth Casado. “En cuerpo ajeno�

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ner la responsabilidad histórica de llevar la representación de nuestro proyecto�.

En los cĂ­rculos polĂ­ticos se pone especial atenciĂłn a la abultada cantidad de votos que acaparĂł el Partido de IntegraciĂłn Nacional (PIN). Este movimiento surgiĂł en noviembre de 2009 y albergĂł en su seno a numerosos dirigentes polĂ­ticos que sobrevivieron a la purga que puso en la cĂĄrcel a por lo menos ocho congresistas de los movimientos Convergencia Ciudadana y la Alianza DemocrĂĄtica Nacional (ADN).

El PIN fue fundado –desde su celda en la cårcel La Picota de Bogotå– por el excongresista del departamento de Santander, Luis Alberto Gil, condenado por la Corte Suprema debido a sus nexos con grupos de autodefensa. Pese a los cuestionamientos, en diciembre pasado ese partido recibió la autorización del Consejo Nacional Electoral para conformar listas de aspirantes al Senado y la Cåmara.

En los comicios del domingo 14, el PIN obtuvo cerca de 600 mil votos; es decir 6.8% del total de los sufragios, con lo que se constituyĂł en la cuarta fuerza electoral del paĂ­s. Con este caudal el movimiento garantizĂł la llegada al Congreso de, por lo menos, ocho senadores y una veintena de representantes a la CĂĄmara.

Por el PIN llegarĂĄ al Senado HĂŠctor Julio Alfonso, quien acaparĂł 69 mil 734 sufragios. Es hijo de la controvertida empresaria de juegos Enilce LĂłpez, conocida como La Gata, investigada en la Corte Suprema por sus nexos con grupos paramilitares de la zona norte de Colombia.

AsĂ­, mientras la RegistradurĂ­a termina el recuento de los votos en todo el paĂ­s para dar a conocer la conformaciĂłn final de la nĂłmina de senadores y representantes en los prĂłximos cuatro aĂąos, las ONG, los analistas y los medios de comunicaciĂłn siguen en su tarea de seĂąalar que en este proceso electoral al menos 80 aspirantes saldrĂĄn elegidos por los parapolĂ­ticos que ejercieron su poder desde la cĂĄrcel.

En entrevista con Proceso, Jorge Rojas, de la MOE, asegura que los resultados electorales evidencian la continuidad de la parapolĂ­tica en el Congreso colombiano, toda vez que se mantuvieron los porcentajes de los excongresistas hoy investigados o encarcelados. “Por los resultados conocidos hasta ahora creo que al final de este proceso los votos heredados por la parapolĂ­tica ascenderĂĄn a 2 millonesâ€?, sostiene.

Agrega que hace cuatro aĂąos fue evidente la coacciĂłn armada para forzar los comicios, y en esta ocasiĂłn hubo grandes caudales de dinero para comprar los sufragios. “Si el Congreso que estĂĄ por terminar fue incapaz de legislar para sancionar a los congresistas o partidos comprometidos con grupos armados ilegales, es muy probable que los nuevos legisladores procedan igualâ€?, sostiene. â—?

AP photo / Victor R. Caivano

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ChĂĄvez. SeĂąalamientos

Pero en una conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana Ă ngela Merkel, Zapatero dijo que pedirĂ­a “explicacionesâ€? al gobierno venezolano, aunque Moratinos rectificĂł despuĂŠs, aclarando que le pedirĂ­a “informaciĂłnâ€?.

Hugo ChĂĄvez no aguantĂł mĂĄs: “No tengo nada que explicarâ€? a Zapatero, “ni a nadieâ€?, estallĂł, y exigiĂł al presidente espaĂąol que respete “la soberanĂ­aâ€? de Venezuela.

ChĂĄvez estaba en Montevideo, en la toma de posesiĂłn de JosĂŠ MĂşjica. AhĂ­ declarĂł que la acusaciĂłn es “temeraria, sin una sola pruebaâ€?, sostuvo que se trataba de “seĂąalamientos infames e inaceptablesâ€?, y los tildĂł de “tristes restos de la ĂŠpoca colonial espaĂąolaâ€?. A la “Realâ€? Audiencia Nacional la criticĂł porque serĂ­a capaz de considerar “terrorista incluso al libertador SimĂłn BolĂ­varâ€?.

En EspaĂąa, el Partido Popular (PP) la pescĂł al vuelo: el lĂ­der Mariano Rajoy exigiĂł a Zapatero “poner en su lugarâ€? a ChĂĄvez; no faltaron quienes pidieron reconsiderar el mantenimiento de las relaciones diplomĂĄticas o llamar a cuentas al embajador venezolano en EspaĂąa.

El sĂĄbado 6, ambos gobiernos trataron de zanjar el diferendo mediante un comunicado conjunto en el que expresan “su mĂĄs enĂŠrgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestacionesâ€?. En ese texto, Venezuela desmintiĂł las imputaciones del auto judicial.

Sin embargo, poco antes de hacerse pĂşblico el comunicado conjunto, el canciller venezolano acusĂł al juez Velasco de ser parte “de la mafiaâ€? del expresidente JosĂŠ MarĂ­a Aznar. ChĂĄvez lo secundĂł, dĂ­as despuĂŠs: acusĂł a la “prensa de derecha espaĂąolaâ€? de estar estĂĄ empeĂąada en daĂąar las relaciones bilaterales, y reprochĂł a Zapatero que defienda a Aznar, “que es un mafioso, apoyĂł el golpe de Estado aquĂ­â€?, el 11 de abril de 2002.

La Moncloa, el PP y el Consejo General del Poder Judicial defendieron la actuaciĂłn del juez Velasco. En medio de la polĂŠmica, el 7 de marzo, el periodista espaĂąol Pascual Serrano difundiĂł fotografĂ­as del juez Velasco cuando era director general de Justicia de la Generalitat Valenciana, en un acto del 21 de febrero de 2000, cuando ĂŠl y el presidente del gobierno local, Eduardo Zaplana, recibieron a RaĂşl Reyes junto con una delegaciĂłn de alto nivel de las FARC. Zaplana, un hombre cercano a Aznar, designĂł en ese cargo a Velasco, donde permaneciĂł hasta 2003.

El 15 de de marzo, el juez Velasco cursĂł Ăłrdenes internacionales de detenciĂłn contra los seis presuntos etarras y seis supuestos miembros de las FARC, entre ellos Rodrigo Granda Escobar, considerado miembro del Estado Mayor de la guerrilla colombiana, para procesarlos por compartir informaciĂłn sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos en EspaĂąa, entre ellos el del presidente de Colombia, Ă lvaro Uribe, de su antecesor AndrĂŠs Pastrana, y de la exembajadora de ese paĂ­s en Madrid, NoemĂ­ SanĂ­n Posada. El gobierno de EspaĂąa enviĂł el auto a Venezuela y a Cuba, donde se presume viven varios de los implicados.

Asunto gabardina Por instrucciones de Édgar Gustavo Navarro Morales, El Mocho, el miembro de las FARC VĂ­ctor RamĂłn Vargas Salazar, Chato, visitĂł EspaĂąa el 8 de marzo de 2000 y el 30 de septiembre del mismo aĂąo, con la intenciĂłn de “hacer vigilancias sobre la embajada de Colombia y controlar los itinerarios que realizaba el expresidente colombiano AndrĂŠs Pastranaâ€?, e informĂł a sus jefes que “no serĂ­a difĂ­cil atentar contra esos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETAâ€?.

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I N T E R N A C I O N A L /E S P A Ñ A tiles de fabricación propia de ETA del tipo granadas o morteros�, denominadas por la organización terrorista como jotake o jotake-R, que había sido probado en la selva venezolana-colombiana.

Seis aĂąos despuĂŠs, en marzo de 1999, la policĂ­a detuvo en ParĂ­s a los dirigentes de ETA JosĂŠ Javier Arizcuren Ruiz, Ignacio HerrĂĄn Bilbao y Jon Mirena San Pedro Blanco en posesiĂłn de un documento titulado “A./JOSE/BILDUMAâ€?, en el que narra que dos miembros “del colectivo etarra en Cuba habĂ­an construido un explosivo (tipo lanzagranadas) que deseaban probar en Venezuelaâ€?.

En noviembre de ese aĂąo, el comitĂŠ ejecutivo de ETA se interesĂł en ampliar sus relaciones con las FARC, “con el objeto de exportar al extranjero sus tĂĄcticas y tĂŠcnicas en la causaciĂłn de terror y aprender experiencias ajenas igualmente en ese ilĂ­cito campoâ€?, dice el juez.

El interlocutor fue el entonces responsable de ETA en Cuba, JosĂŠ Ă ngel Urtiaga MartĂ­nez, Garrutxu (deportado por Francia a PanamĂĄ en 1984, y despuĂŠs a Cuba), quien propiciĂł los contactos con las FARC para “continuar la experimentaciĂłn con artefactos explosivosâ€?. Estas relaciones las continuĂł su sucesor JosĂŠ Miguel Arrugaeta San Emeterio, Sonri.

En 2003 se reactivĂł el intercambio de adiestramiento entre las FARC y ETA. En

la organizaciĂłn del mismo intervinieron Emiro del Carmen Ropero SuĂĄrez, comandante de las FARC del Departamento Norte Santander, fronterizo con Venezuela, asĂ­ como el “canciller de las FARCâ€?, Rodrigo Granda Escobar, y Arturo Cubillas FontĂĄn, alias Arturo. Entre el 14 de julio y el 12 de agosto de ese aĂąo, cuatro miembros de ETA recibieron adiestramiento militar en los campamentos de Noel Matta Matta, alias NariĂąo, y Luciano MartĂ­n Arango, alias IvĂĄn, en la frontera con el estado venezolano de ZuliĂĄ; a cambio, elementos de las FARC fueron adiestrados en procesos de fabricaciĂłn y utilizaciĂłn de los artefactos explosivos conocidos como jotake-handia.

En diciembre de 2003, los contactos se intensificaron “versando en esa ocasiĂłn ya sobre el uso de misiles tierra-aire que ETA comenzĂł a manejar poco despuĂŠsâ€?. El 5 de octubre de 2004, el Ministerio del Interior confirmĂł que ETA llegĂł a tener en su poder misiles tierra aire SA-18 IGLA, de fabricaciĂłn soviĂŠtica, y Strela SAM-7. La organizaciĂłn terrorista vasca pretendiĂł, sin ĂŠxito, usar los SAM-7 para atentar contra JosĂŠ MarĂ­a Aznar, en abril y mayo de 2001, cuando el expresidente viajĂł a Bilbao y a GuipĂşzcoa para participar en las campaĂąas electorales autonĂłmicas de ese aĂąo, segĂşn confirmĂł Pedro Mario Olano, en enero pasado, al declarar ante la policĂ­a y ante el juez Fernando Grande-Marlaska.

AP photo

Aprovechando sus contactos, FARC pidiĂł a ETA “colaboraciĂłn para localizar en EspaĂąa a la exembajadora colombiana NoemĂ­ SanĂ­n Posada; al excandidato presidencial y dos veces alcalde de BogotĂĄ, Antanas Mockus, y al vicepresidente colombiano Francisco Santosâ€?, entre otros, “con el fin de atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en EspaĂąa u otro paĂ­sâ€? de la UniĂłn Europea. En la lista estaba el ya fallecido Bernardo GutiĂŠrrez Zuloaga, exmiembro del EjĂŠrcito Popular de LiberaciĂłn (ELN).

TambiĂŠn incluyeron despuĂŠs al presidente de Colombia, Ă lvaro Uribe, y a Carlos Ardilla LĂźlle, cuando estuvieran en EspaĂąa.

Los lazos documentados entre ETA y las FARC se remontan a 1993. El 5 de agosto de ese aĂąo fueron arrestados en ParĂ­s Carlos Almorza Arrieta, Pedrito de AndoaĂ­n, y JosĂŠ MarĂ­a Dorronsoro, miembro del aparato polĂ­tico de ETA. Entre la documentaciĂłn confiscada, una carta detalla la reuniĂłn del dirigente etarra residente en Cuba, Jokin Gorostidi Artola, Haritza, ya fallecido, con un comandante de las FARC, al que calificĂł como “contacto muy interesanteâ€?, y refiere la disposiciĂłn a trabajos conjuntos. Otra carta de Haritza revela una segunda reuniĂłn con las FARC. TambiĂŠn habĂ­a manuales que describĂ­an el “asunto gabardinaâ€?, relacionado con “el sistema de lanzamiento de proyec-

Atentado en Burgos. “TĂŠcnicas con explosivosâ€?

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Organizaciones de derechos humanos sostienen que en Cuba existen entre 55 y 200 presos considerados de conciencia. De ellos, 25 padecen problemas de salud debido al hacinamiento y las pÊsimas condiciones higiÊnicas en las cårceles de la isla. El disidente Guillermo Fariùas afirma que su huelga de hambre –que inició el pasado 24 de febrero– busca la liberación de estos prisioneros enfermos.

De hecho, el gobierno de EspaĂąa, que preside la UniĂłn Europea, tambiĂŠn negociaba su excarcelaciĂłn. Pero la muerte del opositor Orlando Zapata y la condena del Parlamento Europeo en contra del gobierno de RaĂşl Castro frustraron esa posibilidad.

AP photo /Javier Galeano

A HABANA.- Existen en Cuba 55 “presos de concienciaâ€?, afirma AmnistĂ­a Internacional.

El mĂĄs reciente de ellos es Darsi Ferrer, director del grupo disidente Centro de Salud y Derechos Humanos “Juan Bruno Zayasâ€?, encarcelado en febrero Ăşltimo.

Pero organizaciones de la isla que se dedican a monitorear las violaciones de derechos humanos elevan la cifra a 200 “prisioneros de conciencia�.

Para el gobierno cubano, sin embargo, no hay un solo prisionero polĂ­tico. Todos lo son por “delitos comunesâ€?. Y sostiene que los grupos disidentes y las agrupaciones de derechos humanos son “instrumentosâ€? que Estados Unidos utiliza para destruir a la RevoluciĂłn.

El informe del gobierno cubano ante el Consejo de Derechos Humanos de la OrganizaciĂłn de Naciones Unidas (ONU) es ilustrativo. Dice: “Los mercenarios de la polĂ­tica imperialista contra el pueblo cubano han mutado sus mĂŠtodos de actividad en funciĂłn de los requerimientos y fases de la estrategia de agresiĂłn. Han transitado de invasores a terroristas y de terroristas a falsos defensores de derechos humanosâ€?.

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presiĂłn JJuan Balboa B lb

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MĂĄs: “La fabricaciĂłn y financiamiento de una supuesta disidencia interna y su tratamiento mediĂĄtico internacional constituyen lucrativos negocios no sĂłlo para los mercenarios reclutados en Cuba para que actĂşen contra su propio pueblo, tambiĂŠn, y principalmente, para la mafia terrorista de origen cubano asentada en Miamiâ€?.

Por motivos de salud De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CNDHRN) –organización disidente que encabeza Elizardo Sånchez Santacruz– de los 200 presos políticos que hay en la isla, 25 padecen problemas de salud.

La lista de estos Ăşltimos la encabeza Pedro ArgĂźelles MorĂĄn, de 62 aĂąos de edad, condenado a 20 aĂąos de prisiĂłn por delitos tipificados en la Ley de ProtecciĂłn de la Independencia Nacional y la EconomĂ­a de Cubaâ€?, tambiĂŠn llamada Ley 88. El Ăşltimo de la lista es Antonio Villarreal Acosta, de 40 aĂąos de edad, quien purga una condena de 15 aĂąos por violar el artĂ­culo 91 del CĂłdigo Penal: “actos contra la independencia y la integridad territorial del Estadoâ€?.

SegĂşn la CNDHRN, ArgĂźelles MorĂĄn sufre artrosis generalizada, catarata total en ojo derecho y casi total en ojo izquierdo, artrosis sacro-lumbar, trastornos circulatorios en ambas piernas, enfisema pulmonar e hiperplasia prostĂĄtica.

Villarreal Acosta padece cefalea, hipertensiĂłn arterial, retenciĂłn de lĂ­quidos en las piernas, graves desequilibrios nerviosos e insomnio.

De acuerdo con la CNDHRN, son mĂşltiples las enfermedades que padecen estos prisioneros. Entre ellas, epatomegalia, trastornos digestivos y respiratorios, parasitosis, hipertensiĂłn arterial, hĂ­gado graso, depresiĂłn, esclerosis mĂşltiple degenerativa, artrosis cervical, asma, alergia, cĂłlico nefrĂ­tico, colitis y trastornos siquiĂĄtricos agudos.

El economista disidente Ă“scar Espinosa Chepe, a quien las autoridades judiciales le otorgaron una “licencia extra penalâ€? por motivos de salud, asegura que en Cuba se ha creado un gigantesco sistema penitenciario donde cientos de miles de personas se encuentran hacinadas al punto de no existir suficientes camas, por lo que muchos presos tienen que dormir en el suelo y vivir en condiciones higiĂŠnicas precarias.

Hortensia Bonachea RodrĂ­guez, directora de Control de la Legalidad en los establecimientos penitenciarios de la FiscalĂ­a General de Cuba, sostiene una versiĂłn diferente respecto de las condiciones carcelarias.

En un informe difundido en enero pasado, apuntĂł: “No podemos desconocer la organizaciĂłn en las prisiones del subsistema de atenciĂłn mĂŠdica y estomatolĂłgica, primaria y especializada, para atender a los reclusos, sustentado en una red que

Los recursos de la oposiciĂłn

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A HABANA.- Las huelgas de hambre y los suicidios justificados por fuertes creencias morales, ideolĂłgicas, patriĂłticas o religiosas suelen impactar la conciencia de la gente. Desde Bobby Sands y los otros 10 jĂłvenes del EjĂŠrcito Republicano IrlandĂŠs fallecidos en cĂĄrceles britĂĄnicas en 1981, hasta los numerosos casos de presos polĂ­ticos vascos y anarquistas, que protestaron en enero pasado debido a los malos tratos carcelarios o manipulaciones polĂ­ticas de autoridades judiciales y aparatos policiales en EspaĂąa y Francia, la cuestiĂłn de la huelga de hambre y su significado no ha dejado de estar presente en la arena pĂşblica de las Ăşltimas dĂŠcadas.

En esta perspectiva, el caso del disidente cubano Orlando Zapata, fallecido el 23 de febrero como consecuencia de una huelga de hambre, o la de su seguidor actual, Guillermo FariĂąas, no son eventos insĂłlitos. La muerte de Zapata constituye una tragedia humana; pero eso no explica que se haya vuelto una cause cĂŠlèbre. Si se trata de entenderla en su contexto –algo difĂ­cil en el aguacero de opiniones que inundan los medios de comunicaciĂłn–, es necesario dar un paso atrĂĄs de las noticias y examinar algunas cuestiones esenciales. ÂżQuĂŠ son los grupos disidentes cubanos? ÂżCuĂĄl es el actual contexto polĂ­tico nacional e internacional de la isla? ÂżQuĂŠ factores inciden en las reacciones particulares de los actores polĂ­ticos en Europa y Estados Unidos ante el evento? ÂżCĂłmo la “prensa internacionalâ€? contribuye a

construir el problema? ÂżQuĂŠ esperar de la polĂ­tica cubana hacia los disidentes? “Micropartidosâ€?

Estos grupos opositores no son esencialmente distintos al exilio cubano en mĂŠtodos y objetivos. Las mĂĄs poderosas organizaciones anticastristas en Miami y New Jersey tampoco preconizan hoy la guerra con bombas y grupos armados.

Disidentes y exilio no coinciden en todo (por ejemplo, apoyo al embargo estadunidense), pero comparten un mismo objetivo (sustituir el sistema por un modelo capitalista), un denominador ideolĂłgico comĂşn (el anticastrismo y el antisocialismo) y los mismos aliados (Estados Unidos, gobiernos y partidos anticomunistas en Europa y otros paĂ­ses).

Su naturaleza polĂ­tica no se resuelve con el adjetivo de “mercenariosâ€?, pues es probable que muchos, aunque reciban dineros de Estados Unidos, tengan autĂŠnticas creencias ideolĂłgicas. Bajo la sombrilla de la “convergencia democrĂĄticaâ€? de los disidentes pululan intereses, personalidades y corrientes, incluso “socialdemĂłcratasâ€?, pero su eje de gravitaciĂłn tiende a ser de centro-derecha.

Aunque esto explica en parte su falta de arraigo en la sociedad cubana, la principal causa de su inviabilidad se deriva de dos vacĂ­os polĂ­ticos esenciales: liderazgo y legitimidad.

A diferencia de las organizaciones anticomunistas de los aĂąos sesenta, con una base social y polĂ­tica, y una ideologĂ­a co-

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herente, los disidentes no tienen un anclaje en la sociedad civil: carecen de influencia en las organizaciones religiosas o la clase obrera, como en Polonia; de intelectuales orgĂĄnicos prestigiosos, como en Checoslovaquia; de un aval de lucha contra regĂ­menes odiosos o corruptos, como en Rumania. Si asĂ­ fuera, encarnarĂ­an movimientos de amplia repercusiĂłn. No son “sociedad civilâ€?, sino micropartidos de oposiciĂłn.

Naturalmente que las minorĂ­as juegan un papel polĂ­tico, y que un grupo pequeĂąo se puede convertir en un gran movimiento social. Entonces, Âżpor quĂŠ los disidentes no convocan a sectores mĂĄs amplios?

ConsiderarĂŠ tres razones principales.

En primer lugar, la mayorĂ­a de sus crĂ­ticas al sistema ya forman parte del debate entre los demĂĄs cubanos, socialistas o no. Suponer que los disidentes son las voces solitarias y heroicas que se atreven a seĂąalar errores y hacerle reclamos al gobierno revela ignorancia sobre la Cuba actual.

El disentimiento se despliega hoy dentro (y fuera) de las instituciones, el movimiento intelectual, los diversos medios de difusiĂłn, las organizaciones sociales, religiosas y culturales, y la propia militancia polĂ­tica.

En segundo, sus propuestas no constituyen un programa econĂłmico y polĂ­tico coherente, sino una ristra de consignas ideolĂłgicas imprecisas (“reconciliaciĂłn nacionalâ€?, “fortalecimiento de la sociedad civilâ€?, “pluralismoâ€?) y de clĂĄsicas medidas de liberalizaciĂłn econĂłmica ya conocidas desde hace 20 aĂąos en AmĂŠrica Latina. Tomar el Proyecto Varela por un plan serio de reforma polĂ­tica basado en la propia ConstituciĂłn de 1992 revela no haberla leĂ­do detenidamente; pero sobre todo, no conocer el alcance de los temas en el debate pĂşblico real: descentralizaciĂłn, participaciĂłn y control polĂ­tico efectivo del Poder Popular sobre la burocracia, reordenamiento y eficiencia del funcionamiento econĂłmico, ampliaciĂłn del sector no estatal, extensiĂłn de la cooperativizaciĂłn, recuperaciĂłn de los niveles de ingreso segĂşn el trabajo y del poder adquisitivo, fin de subsidios generalizados y gratuidades, nuevas polĂ­ticas sociales hacia sectores mĂĄs vulnerables, reflejo de la opiniĂłn pĂşblica en los medios, ampliaciĂłn de los espacios de libertad de expresiĂłn, reforzamiento del orden constitucional y la ley, democratizaciĂłn real de las instituciones (incluidas las polĂ­ticas).

En tercero, es muy difĂ­cil que un cubano (no importa si simpatiza o no con Fidel y RaĂşl Castro, o comparte los ideales socialistas) considere legĂ­timos a grupos apoyados por Estados Unidos, los partidos europeos y las mĂĄs poderosas fuerzas del exilio, cuyas trayectorias como cam-

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peones de la democracia y libertad cubanas no son muy convincentes.

En lugar de las razones anteriores, se atribuye la falta de respaldo de los disidentes a la eficacia de los aparatos de la seguridad cubana (sin duda, efectivos), y muy especialmente a la ignorancia, el aislamiento, la resignación y el miedo de los pobres cubanos. Este razonamiento colonial asume la pasividad y la resignación como rasgos de la cultura política cubana –algo difícil de demostrar a partir de la historia de los últimos dos siglos.

El tablero del poder ÂżEntonces la actual reacciĂłn en Europa y Estados Unidos responde a “falta de informaciĂłnâ€?? Vamos a ver, ÂżquĂŠ dicen sobre los disidentes sus centros de inteligencia en La Habana? ÂżCuĂĄl es la valoraciĂłn de sus diplomĂĄticos sobre el liderazgo, coherencia ideolĂłgica, integridad, viabilidad polĂ­tica de estos grupos? ÂżCĂłmo los juzgan (realmente) los propios corresponsales extranjeros en la isla, que reportan sus peripecias cada semana, obedeciendo a “demandas de la direcciĂłn del periĂłdicoâ€??

Si estos informan lo mismo que me cuentan a mĂ­, me figuro que esas cancillerĂ­as y comisiones de relaciones exteriores estĂŠn al tanto del terreno que pisan.

Si es asĂ­, las resonantes declaraciones de gobiernos y partidos polĂ­ticos no responden a ninguna sociedad civil de HolguĂ­n o Santa Clara, sino a sus propios intereses, pugnas partidistas y estrategias electorales en sus respectivos paĂ­ses. No en balde, para que un funcionario sea autorizado a reunirse con el gobierno cubano, un requisito suele ser que se entreviste con los disidentes. AsĂ­ se garantiza el efecto mediĂĄtico, que la oposiciĂłn exhibe como trofeo y el gobierno como casco protector.

Si Guillermo FariĂąas u otros disidentes han entrado en huelga de hambre muchas otras veces, Âżpor quĂŠ esta resonancia ahora? Eclipsados por la propaganda sobre los blogueros, los disidentes regresan a primera plana por la muerte de Zapata, pero sobre todo en una coyuntura internacional peculiar para la isla. A pesar de sus limitados resultados, el diĂĄlogo entre Washington y La Habana ha avanzado mĂĄs en el Ăşltimo aĂąo que en los 10 anteriores: se han reanudado conversaciones sobre migraciĂłn y correo directo; grupos semioficiales exploran avenidas de cooperaciĂłn en intercepciĂłn de drogas; sin levantar las restricciones impuestas por Bush en 2005, se han vuelto a otorgar visas a acadĂŠmicos y artistas; corrientes en el Congreso intentan restablecer la libertad de los estadunidenses para viajar a la isla.

Por otra parte, a pesar de la “posiciĂłn comĂşnâ€? adoptada a finales de 1996, la polĂ­tica de la UniĂłn Europea, liderada por EspaĂąa, habĂ­a mejorado sustancialmente la relaciĂłn con el gobierno de RaĂşl Castro desde junio de 2008, al levantarse las sanciones impuestas en 2003. Este cambio tambiĂŠn se propiciĂł por los crecientes lazos entre Cuba y el resto de la regiĂłn, no sĂłlo con gobiernos de izquierda y centro-izquierda, sino con otros, como el de MĂŠxico. ÂżQuĂŠ podrĂ­a pasar –se preguntaban en privado algunos expertos hace varias semanas– que interfiriera en este raprochment? La respuesta no se ha hecho esperar.

Igual que en el incidente de las avionetas en 1996, se le achaca de nuevo al gobierno cubano la “responsabilidadâ€? por este acontecimiento “evitable y cruelâ€? (la muerte de un “preso de concienciaâ€?). La conveniencia para los intereses que se oponen al diĂĄlogo es obvia. ÂżAlgo nuevo en este viejo enfrentamiento? La ostensible racializaciĂłn mediĂĄtica del caso Zapata, a lo ancho del espectro ideolĂłgico: era “un albaĂąil afrocubanoâ€?

(El PaĂ­s, EspaĂąa), “un obrero negro de 43 aĂąosâ€? (Cubaencuentro), “no por negro o albaĂąilâ€? (Kaos en la Red), “negro, palestino y opositorâ€? (El Mundo, EspaĂąa), “un albaĂąil de raza negra‌ vĂ­ctima del colectivismo marxistaâ€? (El Heraldo, Ecuador). A este efecto de resonancia se suma la intensidad y saturaciĂłn del tema. SĂłlo El PaĂ­s publicĂł mĂĄs de 20 artĂ­culos y editoriales en los primeros seis dĂ­as posteriores al fallecimiento de Zapata.

Aparte de este inĂŠdito interĂŠs por los “disidentes afrocubanosâ€?, la EurocĂĄmara ha reiterado al gobierno de la isla su pedido de “liberaciĂłn inmediata e incondicional de los presos polĂ­ticos y de concienciaâ€?. ÂżCuĂĄn consistente es este enfoque?

Lo primero es que el puĂąado de presos polĂ­ticos entre los disidentes no lo estĂĄ por motivos “de concienciaâ€? o por “criticar al gobiernoâ€?, sino por oponerse activamente al sistema, en alianza con Estados Unidos, el exilio y el viejo anticomunismo europeo. No disponen de armas, pero sĂ­ de recursos de poder, puestos a su servicio por Estados y organizaciones, con aparatos y medios de largo alcance, que hacen la guerra por otros medios.

Lo segundo, ÂżquĂŠ enseĂąa la experiencia sobre el hecho de poner a este gobierno en la picota? Ni siquiera aquellos cubanos que pudieran considerar ineficiente su polĂ­tica hacia los disidentes estarĂ­an en condiciones de argumentar que deberĂ­an indultarse precisamente ahora, bajo las presiones de ese bloque de intereses creados y de su doble rasero. El gobierno de la isla no ha negocia-

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I N T E R N A C I O N A L /C U B A do nunca bajo presiĂłn, ni siquiera durante la Crisis de los Misiles; serĂ­a improbable que fuera a hacerlo ahora.

Parte de este contexto polĂ­tico es cierta lĂłgica perversa expresada en la pregunta â€œÂży quĂŠ va a hacer Cuba a cambio de‌?â€?: el permiso para viajar a los cubano-estadunidenses, las licencias a las corporaciones para vender alimentos, la firma de un acuerdo sobre narcotrĂĄfico. SegĂşn esta lĂłgica, Cuba deberĂ­a pagar un tributo por cada mĂ­nimo cambio en la polĂ­tica de Estados Unidos.

De ahĂ­ que, si alguna vez ese paĂ­s considerara indultar a los cinco cubanos presos por infiltrar el exilio, la “ficha negociadoraâ€? Ăşnica y obvia serĂ­an los disidentes condenados como “agentes de una potencia extranjeraâ€?. LĂłgica perversa, pero lĂłgica al fin, los disidentes son peones en este tablero de poderes enfrentados. Resulta difĂ­cil imaginar cambios realistas en el trato hacia ellos mientras subsista un cuadro tan cerrado. ÂżPodrĂĄ admitir el socialismo cubano en el futuro, junto con una institucionalidad democrĂĄtica renovada, un sistema descentralizado, un sector no-estatal, tambiĂŠn una oposiciĂłn leal, dentro del propio sistema? Esa no es una pregunta para congresistas y europarlamentarios, sino para los cubanos que vivan su futuro en la isla. â—?

Agenda espaĂąola La eventual liberaciĂłn de varios “prisioneros de concienciaâ€? con problemas de salud formaba parte de la agenda bilateral de los gobiernos de EspaĂąa y Cuba.

Sin embargo, la muerte del disidente Orlando Zapata el pasado 23 de febrero y la resolución del Parlamento Europeo que el jueves 11 criticó en duros tÊrminos al rÊgimen de la isla, dio al traste con esas negociaciones, según comentaron por separado a Proceso dos diplomåticos europeos –uno espaùol y otro italiano– acreditados en La Habana, así como un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con esas versiones, el gobierno de JosĂŠ Luis RodrĂ­guez Zapatero, que preside la UE, y el de RaĂşl Castro, habĂ­an logrado acuerdos “clarosâ€? en este tema: EspaĂąa se habĂ­a comprometido a romper la llamada “posiciĂłn comĂşnâ€? de los paĂ­ses de la UE –la cual condiciona el mejoramiento de las relaciones con Cuba al respeto a los derechos humanos– para sustituirlo por un “instrumento jurĂ­dicoâ€? que permitiera que este tema se tratara de manera bilateral con cada uno de los 27 paĂ­ses del bloque europeo.

SegĂşn estas fuentes, Cuba aceptĂł el acuerdo e incluso no se opuso a revisar la AP photo / Franklin Reyes

* PolitĂłlogo cubano. Profesor visitante de las universidades estadunidenses de Texas, Columbia y Harvard, y de las instituciones mexicanas CIDE e ITAM. Es director de Temas, una de las mĂĄs importantes revistas sobre sociedad y cultura que se editan en Cuba. Texto exclusivo para Proceso.

abarca hospitales, puestos y postas mÊdicas, equipamiento y abastecimiento de medicamentos�.

Incluso, seĂąalĂł: “Con el triunfo revolucionario comenzĂł un proceso de transformaciones encaminado al mejoramiento de las condiciones humanas de los privados de libertad. Estos centros se han convertido en lugares multiplicadores de oportunidades para el desarrollo del recluido, quien conserva todos sus derechos, excepto los perdidos como consecuencia especĂ­fica de su privaciĂłn de libertadâ€?.

lista de los presos que la UniĂłn Europea considerara como “polĂ­ticosâ€?. “Es claro que queremos un diĂĄlogo con Cuba (‌) Pero igual de claro es que los derechos humanos forman parte de ese diĂĄlogo. No se puede decir que vamos a tener un diĂĄlogo y excluir los derechos humanos y los presos que se consideran de conciencia.

Sin el tema de los derechos humanos ningún país europeo aceptaría una nueva relación�, comenta el diplomåtico espaùol.

Recuerda que las conversaciones se iniciaron en 2008, una vez que todos los paĂ­ses de la UE levantaron las sanciones que impusieron a Cuba en marzo de 2003 en reacciĂłn a la detenciĂłn y condena de 75 disidentes. “No fue fĂĄcil, pero a finales del aĂąo pasado nuestra agenda era amplia, y los acuerdos sustancialesâ€?, seĂąala.

Y cuenta que para principios de febrero “EspaĂąa habĂ­a logrado un amplio consenso entre las 27 naciones de la UE para sustituir la llamada ‘posiciĂłn comĂşn’ hacia Cubaâ€? y para que “el tema de los derechos humanos y los presos polĂ­ticos estuviera en todas nuestras negociacionesâ€?. “Todo eso hoy parece haberse derrumbado. SerĂĄ una labor titĂĄnica reconstruirloâ€?, comenta el diplomĂĄtico espaĂąol.

Consultado sobre el avance que tenĂ­an las negociaciones con Madrid, el funcionario de la cancillerĂ­a cubana dijo que la “agenda era ampliaâ€? y confirmĂł que se platicaba sobre “presos comunesâ€? por los cuales los paĂ­ses europeos tenĂ­an un especial interĂŠs. –¿HabĂ­a la posibilidad de liberar algunos presos? –se le pregunta. –HabĂ­a –respondiĂł.

Mientras tanto, el disidente Guillermo Fariùas Hernåndez mantiene la huelga de hambre que inició el pasado 24 de febrero –un día despuÊs de la muerte de Orlando Zapata– con el objetivo de exigir la liberación de 26 presos políticos con problemas de salud.

Postrado en la cama 8 de la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial “Arnaldo MiliĂĄn Castroâ€?, de la provincia de Santa Clara, a unos 270 kilĂłmetros de La Habana, FariĂąas, dirigente de la CoaliciĂłn Agenda para la TransiciĂłn Cubana, mantiene su lucidez y una presencia mediĂĄtica internacional que envidiarĂ­a cualquier polĂ­tico mexicano.

En mĂşltiples entrevistas para medios de Europa y AmĂŠrica Latina agradece al Parlamento Europeo la condena al gobierno de la isla, acusa al presidente JosĂŠ Luis RodrĂ­guez Zapatero de ser cĂłmplice de la muerte de Zapata, expresa su desacuerdo con el comunicado oficial de la SecretarĂ­a de Relaciones Exteriores de MĂŠxico en torno a la muerte de Orlando Zapata y demanda al presidente Felipe CalderĂłn emitir una condena y no sĂłlo lamentarse por la muerte del disidente.

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PARA CANONIZAR NUESTRO OPTIMISMO SECCIĂ“N CASI DEDICADA A LAS TRIBULACIONES DE LOS AMIGOS Y FAVORECEDORES DEL PADRE MARCIAL MACIEL (QUE ALGUNOS TENDRĂ , PORQUE EN VIDA LO TRASLADABAN EN ANDAS) Nota de la RedacciĂłn (como anda de incĂłgnito, pueden decirle la R): SĂ­ que el caso Maciel ha convocado y seguirĂĄ convocando la atenciĂłn.

Al escĂĄndalo causado por las manĂ­as depredadoras del fundador de los Legionarios de Cristo se aĂąaden las demandas internacionales por abusos de clĂŠrigos contra niĂąos y niĂąas, y la aceptaciĂłn resignada de la jerarquĂ­a eclesiĂĄstica que tanto tiempo negĂł y protegiĂł y ahora, compungida, lanza algo parecido a “crĂ­menes son del sexo y no del cleroâ€?. Sin embargo, hay tambiĂŠn tiempo para juzgar ya que estĂĄn siendo juzgados. VĂŠase el artĂ­culo de Semanario, de la ArquidiĂłcesis de Guadalajara, en contra de la “agenda feministaâ€? (nota de Jorge Covarrubias, La Jornada Jalisco, 15 de marzo de 2010): “Ahora resulta que, segĂşn ‘ilustrĂ­simos’ y sabios pensadores, la mujer es libre y sus derechos son plenos, cuando ella se desvincule de todo lo que tenga que ver con la familia y la maternidad‌ Las feministas son sagaces, operan polĂ­ticamente, hacen ruido, escĂĄndalo, gritan, lloran, se visten de negro y van al Congreso del estado a fingir ser golpeadas por policĂ­as; si alguien osa tocarlas, sacan su agenda y su telĂŠfono, hacen llamadas a MĂŠxico, se conectan con radiodifusoras y defensoras de los derechos de la mujer y‌ en fin, hacen de todo para hacerse escuchar; su cabildeo es bueno, sus intenciones no‌ Pero ÂżcuĂĄles son esos grupos que, bajo el disfraz de los derechos de la mujer, operan en contra de ella?... El verdadero problema es la ausencia de catĂłlicos en la vida pĂşblica, la ausencia de catĂłlicos en los espacios de poder en donde se toman las decisiones trascendentes, en los consejos ciudadanos de las dependencias gubernamentales.

El problema real es la apatía de muchos de nosotros, católicos que nos conformamos con la misa dominical y nos olvidamos de la misión que tenemos de transformar las realidades temporales.�

La R: Mira que a estas alturas de la perspectiva de gĂŠnero el clero tapatĂ­o se alarma porque la mujer es libre y sus derechos son plenos, al no estar uncida a la cocina y la cuna (o incluso puede darse el caso del uso de babysitters). TambiĂŠn, en un gesto audaz sin paralelo,

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se descubre la existencia del feminismo y su relaciĂłn diabĂłlica con la tecnologĂ­a, para empezar con el uso del celular para protestar cuando se les reprime, algo parecido a invocar al demonio. Y luego se habla de la ausencia de catĂłlicos en la vida pĂşblica, y esto se hace en Guadalajara donde el gĂłber piadoso le regala el dinero del presupuesto al Santuario de los MĂĄrtires, y la queja se da en un paĂ­s gobernado (digo, es un decir) por un presidente probadamente religioso.

De tanto ir a misa, a los declarantes se les olvidĂł en quĂŠ paĂ­s viven.

ASĂ? QUE LOS PECADOS DE LA CARNE ESCASEAN La R: Juan Sandoval Ă?Ăąiguez, cardenal de Jalisco, minimiza los escĂĄndalos de pederastia de los ministros de la Iglesia catĂłlica (nota de Carolina GĂłmez Mena y Mauricio Ferrer, La Jornada, 17 de marzo de 2010): “De 2001 a la fecha se han suscitado en Guadalajara, cinco o seis casos de pederastia de entre mil 100 sacerdotes diocesanos que hay, de manera que el porcentaje es bajo.â€?

La R: Manuel Corral, secretario de relaciones de la Conferencia Episcopal Mexicana, abunda sobre el mismo punto: “Tal pareciera que todos estamos contaminados de ese virus terrorĂ­fico, cuando la verdad es que hay mĂĄs casos en la sociedad civil, pero claro que esto no se disculpa; no deberĂ­a haber ningĂşn caso en la Iglesia.â€?

La R: Puestos a competir, la sociedad civil le gana a la Iglesia catĂłlica, lo que no tiene chiste porque, ventajosamente, son mucho mĂĄs.

Por otra parte, la pederastia no es un virus, sino un delito, segĂşn el CĂłdigo Penal federal y de varias entidades.

LA EFEBOFILIA VA A LA ALZA PORQUE EL NOMBRE CAUSA ESTUPEFACCIĂ“N La R: Atiendan al informe de Charles Scicluna, encargado de la CongregaciĂłn Vaticana para la Doctrina de la Fe sobre los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes (nota de Agencia EFE, 13 de marzo de 2010): “En los Ăşltimos nueve aĂąos (2001-2010) hemos analizado las acusaciones relativas a unos 3 mil casos de sacerdotes diocesanos y religiosos sobre delitos cometidos en los Ăşltimos 50 aĂąos. MĂĄs de 60% de los casos son actos de efebofilia, es decir, debidos a la atracciĂłn sexual

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por adolescentes del mismo sexo, el otro 30% de relaciones sexuales y 10% a los actos de pederastia verdadera y propia, esto es, determinados por atracción sexual hacia niùos impúberes. Los casos de sacerdotes acusados de pederastia verdadera y propia, entonces, unos 300 en nueve aùos. Son siempre demasiados, es indudable, pero hay que reconocer que el fenómeno no estå tan difundido como se pretende.�

La R: ÂżNos equivocamos o aquĂ­ se desliza una disculpa poderosa de la efebofilia?

Y QUEREMOS QUE TODOS LOS PROFESORES DE EDUCACIĂ“N PRIMARIA Y SECUNDARIA SE CONVIERTAN A LA VERDADERA FE PARA QUE PUEDAN ENSEĂ‘AR RELIGIĂ“N A LOS ALUMNOS. ÂĄAH! Y QUE EL ESTADO PAGUE EL PIZARRĂ“N, LOS GISES Y EL SALARIO Ă?NFIMO DE ESTOS CONVERSOS PARA QUE LA IGLESIA NO TENGA PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS La R: Memoricen ustedes este pĂĄrrafo selecto del DecĂĄlogo a Favor de la Familia, presentado por el cardenal Norberto Rivera (nota de Susana Moraga, Reforma, 15 de marzo de 2010): “La familia encabezada por el padre y la madre, con hijos, ha sido, es y continuarĂĄ por siempre, comunidad de vida y amor insustituible para la vivencia y transmisiĂłn de los valores universalmente aceptados‌ La familia tiene el derecho humano y natural de exigir que todos los agentes educativos: escuela, medios de comunicaciĂłn, ambiente social, contribuyan a la educaciĂłn y formaciĂłn de los hijos y el sano ambiente familiar. La familia tiene el derecho y el deber de exigir a los gobernantes y legisladores que promuevan leyes a favor de la vida, de la familia, que las proteja, las respete y las defienda.â€?

NO PAGO PARA QUE ME OCULTEN La R: Felipe CalderĂłn Hinojosa, el presidente del optimismo a cuestas, interviene en el Centro de Convenciones de MĂŠrida (nota de Jorge Ramos, El Universal, 26 de febrero de 2010): “TambiĂŠn tenemos un problema de percepciĂłn que tambiĂŠn hay que trabajar. Claro que si uno ve la prensa nacional, desde luego, de la manta ademĂĄs que dejan en un pueblo, un recado de fulano para zutano, lo que no tenemos o lo que nos cuesta a cualquiera de ustedes o al gobierno pagar una primera plana de varios millones de pesos, eso sĂ­ aparece en primera plana y a todo color. El mensaje que los criminales quieren dejar a la sociedad para aterrorizarla tambiĂŠn se encargan de expandirlo.â€?

La R: ÂżPor quĂŠ no les lanza una advertencia: o me dan primera plana una vez a la semana o acabo con la delincuencia para que ya no dispongan de material de explotaciĂłn periodĂ­stica?

LA TESIS ES TAN ORIGINAL QUE HACE PENSAR QUE EL DECLARANTE ASISTIĂ“ A LA AGONĂ?A DE MUJERES Y PERSONAS HOMOSEXUALES, QUE AL OĂ?R QUE SE SABĂ?A DE MEMORIA Y CORRIDITO EL NOMBRE DE SU AGENCIA, CONFIARON EN ÉL La R: Estrena puesto Joel Alfredo DĂ­az Escobar, titular de la reciĂŠn creada Agencia Especializada en InvestigaciĂłn del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con OrientaciĂłn o Preferencia Sexual por Identidad o ExpresiĂłn de GĂŠnero de la ProcuradurĂ­a General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). (NotieSe, 17 de marzo de 2010). Lo primero que hace es verter su sabidurĂ­a instantĂĄnea: “No dudo que se puedan dar los crĂ­menes de odio, pero hasta el momento lo que podemos esclarecer en agravio a mujeres y personas no heterosexuales es que han ocurrido por cuestiones pasionales o incluso por deudas, en donde la mujer le robĂł el dinero a la pareja y al

percatarse la privó de la vida, pero ninguno ha sido por la condición de ser mujer‌ Sin embargo, existe una confusión en el manejo de tÊrminos. Hay otro calificativo, que es la saùa; a lo mejor ahí se confunde la calificación del delito donde incluso entra la traición, pero por odio hasta este momento no tenemos conocimiento de algún homicidio‌ Definir que una persona asesinó a otra por el simple hecho de ser mujer o persona no heterosexual es muy difícil. En los asuntos esclarecidos los investigadores encontraron una relación entre el probable responsable y la víctima sustentada en los celos o la pasión de ese momento‌ Por el momento se recaban los casos para analizar la información pues en su mayoría se trata de casos muy difíciles porque los victimarios son personas cercanas a la víctima, lo que hace necesaria la intervención de sicólogos y otros especialistas�.

La R: La ProcuradurĂ­a de Justicia del Distrito Federal estrena oficina y director con un tino digno de alguna causa. Resulta que las reformas al artĂ­culo 138 del CĂłdigo Penal del Distrito Federal para tipificar los crĂ­menes de odio contra mujeres y homosexuales por el simple hecho de serlo, se convierten en un galimatĂ­as esplendoroso. SegĂşn DĂ­az Escobar no hay crĂ­menes de odio, sino crĂ­menes pasionales o por deudas, algo parecido a lo que ha afirmado la policĂ­a sexista desde hace un siglo. Entre los disparates que nos asesta DĂ­az Escobar llaman la atenciĂłn los axiomas siguientes: a) que la saĂąa no es muestra de odio, sino de saĂąa, acciĂłn que se produce cuando el asesino no estĂĄ pensando en nada; b) que es muy difĂ­cil definir que una persona matĂł a otra por ser mujer o ser homosexual. Tan difĂ­cil que son incontables los asesinatos en hoteles donde el criminal pinta con la sangre de la vĂ­ctima: “Lo matĂŠ por maricĂłnâ€?, y que, tambiĂŠn, en la casi totalidad de los casos, los detenidos (cerca de 5%) aseguran que mataron porque el homosexual se les insinuĂł, y c) que los victimarios son personas cercanas a la vĂ­ctima, lo que hace necesaria la intervenciĂłn de sicĂłlogos y otros especialistas. ÂżEstarĂĄ hablando en serio DĂ­az Escobar? Basta recorrer la hemerografĂ­a de los crĂ­menes de odio para saber que en la gran mayorĂ­a de los casos reciĂŠn conocĂ­an a las vĂ­ctimas. AdemĂĄs, ÂżquĂŠ se gana con la intervenciĂłn de sicĂłlogos y otros especialistas?, Âżquitarles el sentimiento de culpa a los asesinos? Una agencia creada para investigar los crĂ­menes de odio se inicia negando su existencia.

Y VEAN AHORA EL EQUIPO QUE INVESTIGARĂ EL MONTO DE LAS DEUDAS O LA CALIDAD DE LAS PASIONES La nueva agencia de la PGJDF estĂĄ conformada por un responsable, cuatro unidades de investigaciĂłn, cada una de ĂŠstas con un Ministerio PĂşblico y dos oficiales secretarios, 12 agentes de la policĂ­a judicial y la unidad de servicios periciales. Ante la falta de cifras de la procuradurĂ­a sobre este tipo de homicidios, la DirecciĂłn General de PolĂ­tica y EstadĂ­stica Criminal llevarĂĄ ese registro. SegĂşn DĂ­az Escobar el domicilio es el lugar donde se comete la mayorĂ­a de estos delitos, lo que dificulta la cuantificaciĂłn (en hoteles, es de suponer, es mĂĄs rĂĄpido el conteo). Por nĂşmero de poblaciĂłn podemos decir que en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y CuauhtĂŠmoc es donde se presenta una mayor incidencia, pero porque en estas delegaciones hay mucha poblaciĂłn. Y lo mejor, lo sorprendente: la agencia tiene como objetivo que la violencia de gĂŠnero y la ejercida contra homosexuales no sea considerada una atenuante al momento de imponer condenas a los victimarios, sino por el contrario, tras investigaciones mĂĄs precisas, se busca que las condenas sean mĂĄs severas... Si ese es el objetivo, ya la hicimos.

Ya era tiempo de no premiar con medallas al mĂŠrito a los asesinos de gays, lo que se lograrĂĄ gracias a la agencia del nombre interminable: CM. y JV.

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ANÁLISIS OLGA PELLICER

La nueva agenda México-Estados Unidos D

esde hace meses existía la convicción de que las relaciones MéxicoEstados Unidos no marchaban por buen camino. Hoy se sabe que han caído en una zona pantanosa donde existen numerosos problemas y en la cual será difícil encontrar una colaboración positiva entre ambos países para resolverlos.

Lo único importante en las relaciones México-Estados Unidos ha sido el tema de la seguridad que, hasta ahora, se centraba principalmente en las idas y venidas de la Iniciativa Mérida, cuyas disposiciones, por lo que toca a la entrega de ayuda, se han cumplido muy lentamente. En todo caso, lo interesante del tema es el nuevo cariz que ha tomado el problema de la seguridad, mismo que permite hablar de una agenda nueva en las relaciones.

Dicha agenda está relacionada con la extrema violencia que campea en las ciudades fronterizas mexicanas. El reciente asesinato de empleados y familiares del consulado estadunidense en Ciudad Juárez fue la gota que derramó el vaso. Nadie puede ahora ignorar que la violencia en ciudades fronterizas es un asunto que concierne a gobiernos y sociedades de ambos países. El problema es que no existe certidumbre sobre cuáles son las instancias que pueden ocuparse de la situación sin levantar una ola de resentimientos, sobre cómo se podría trabajar conjuntamente y, en especial, sobre cuál es el objetivo que se debe perseguir.

Las declaraciones contradictorias so50

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bre la participación del FBI en las averiguaciones de los mencionados asesinatos, afirmando, unas, que esa participación tiene lugar, y otras, que semejante tarea sólo corresponde a las autoridades mexicanas, son un primer botón de muestra de lo delicado del asunto.

La violencia que invade a las ciudades norteñas abre un capítulo nuevo en la agenda de relaciones México-Estados Unidos, cuyas consecuencias son diversas. Algunas tienen que ver con los mecanismos para conducir el diálogo entre los dos países; otras, con lo difícil que es desenredar el nudo del narcotráfico, un asunto en el cual están comprometidos mexicanos y estadunidenses a un nivel tan profundo que es imposible vislumbrar una solución del problema sin tocar simultáneamente intereses de ambos lados de la frontera.

La primera consecuencia es ampliar el número y el papel de los interlocutores que participan en las negociaciones intergubernamentales. Por el lado mexicano, lo más novedoso es el papel del Ejército, dado el alto número de efectivos que el gobierno mantiene en Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas como Tijuana, Reynosa o Nogales. Algo tienen qué decir los generales sobre por qué no se controla la violencia o por qué su presencia no ha sido suficiente para mantener el orden. Asimismo, sobre cómo, desde la perspectiva que les ofrece su experiencia en el terreno, se podría devolver estabilidad a esas zonas que están poniendo a prueba la capacidad del Estado

mexicano para imponer el control sobre el territorio nacional.

Pero los militares mexicanos no están acostumbrados a expresar sus puntos de vista, aún menos ante los estadunidenses.

Es un diálogo que tradicionalmente se ha eludido por razones históricas y por ancestrales sentimientos nacionalistas. ¿Podrá seguirse eludiendo ahora?

Por el lado estadunidense, la consecuencia más evidente es colocar la relación con México bajo la influencia preponderante de la Secretaría de Seguridad Interna. Janet Napolitano, y no Hillary Clinton, se está convirtiendo en la voz dominante en los asuntos con México. El problema es que no existe un interlocutor comparable del otro lado de la frontera.

Aquí, no existe, dentro de la administración pública, la entidad coordinadora de problemas de seguridad; por el contrario, hay una gran dispersión entre los puntos de vista de autoridades locales y federales, es decir, entre lo que propone la Procuraduría General de la República y lo que se les puede ocurrir a los gobernadores. La situación es aún más dispersa cuando se trata del diálogo con Estados Unidos, tomando en cuenta el nacionalismo defensivo que surge de diversas voces, en particular de las filas del Congreso.

Más allá de quién lleva la voz cantante y quiénes deben participar en las pláticas sobre la violencia fronteriza, la gran pregunta es cómo se fijan las responsabilidades y cómo se puede combatir un fenómeno que

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Naranjo

Utopía

procede de muchas partes, en particular de los consumidores de droga estadunidenses.

Las recetas para combatir el crimen organizado, en el caso de un país que hace frontera con Estados Unidos, no pueden ignorar el peso de la demanda y la consiguiente comercialización de drogas que se realiza en aquel país, en circunstancias que no dejen que la violencia salga de control.

Detener la violencia en la frontera supone trazar un mapa de acción conjunta que permita alcanzar en México lo que se ha logrado en Estados Unidos. Es decir, convivir con el narcotráfico, pero sin que esto permita el fortalecimiento de cárteles que llevan la violencia a niveles insospechados de crueldad y descomposición del tejido social.

Para muchos es obvio que el camino no es la “guerra” tal y como la declaró y la ha implementado el presidente Calderón.

Lo que resulta menos obvio es cómo buscar un entendimiento con Estados Unidos para que su cooperación no se dirija a la pura persecución, sino a los acuerdos para hacer el problema manejable, en la forma como ellos lo han logrado. A partir de allí, se debe rediseñar la estrategia de lucha contra el crimen organizado, que hasta ahora no da visos de obtener triunfos.

No es una tarea fácil. Quizá es una labor imposible. Sin embargo, sería el único camino para salir de terrenos pantanosos y lograr algún avance en la entrampada agenda de los problemas entre México y Estados Unidos. ● 1742 / 21 de marzo de 2010

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Interés Público

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Silva Herzog, Reyes Heroles

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ace 25 años, en el mes de marzo de 1985, con apenas una semana de diferencia, murieron dos mexicanos de talla excepcional, don Jesús Silva Herzog, finado el día 13, y don Jesús Reyes Heroles el 19 siguiente. El primero era 30 años mayor que el segundo pero en más de un sentido fueron coetáneos. Los dos dedicaron su vida al servicio público, a la investigación y a la docencia. Exigentes consigo mismos, desempeñaron sus responsabilidades en niveles.

Silva Herzog fundó y dirigió la Escuela Nacional de Economía, fue subsecretario de Educación y de Hacienda, ministro ante la Unión Soviética: gerente de Petróleos Mexicanos, recién establecida la empresa tras la expropiación. Su estudio sobre la situación económica de las empresas petroleras fue base para el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y confirmado por la Suprema Corte de Justicia cuyo desacato dio lugar a la expropiación de sus bienes y la nacionalización de la industria de los hidrocarburos. Miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, fundó en 1941 la revista bimestral Cuadernos Americanos, donde Jesús Reyes Heroles, joven abogado recién vuelto de Argentina, país en el que hizo estudios de posgrado, publicó algunos de sus primeros ensayos.

Con ese motivo se estableció una relación entre ese muchacho de 25 años y el viejo profesor que rebasaba ya el medio siglo. Reyes Heroles sobresaldría en el medio intelectual, entre otras razones por su formidable investigación sobre El liberalismo mexicano y su no menos magnífica edición de las Obras de Mariano Otero. Pero sería mayor su valimiento político, como empresario de Estado, como funcionario de alto nivel, como renovador de las ideas de su

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partido, al que encabezó. Subdirector y director del IMSS, director general de Pemex, director del Complejo Industrial Sahagún, presidente del PRI, secretario de Gobernación y de Educación, donde quiera dejó una huella imborrable.

No hago ahora una mera recordación de los dos Chuchos notables –así los llamaban sus allegados–. Los tengo presentes por la perennidad de su pensamiento y de su acción en los días de hoy, en apariencia tan lejanos del ayer en que ellos enriquecieron a México.

Los veo juntos, por ejemplo, en un gastado ejemplar de Cuadernos Americanos, el número tres de su vigésimo noveno año, correspondiente a mayo-junio de 1970. El director de la revista publica allí un ensayo sobre “Lo positivo y lo negativo en el Porfirismo”. En sus palabras finales enumera la alianza del gobierno del general Díaz con los sectores sociales que le permitieron larga vida, tal como hoy aseguran la de la actual administración, que por fortuna no está llamada a perdurar: “El porfirismo tuvo… apoyo y sustentación en la gran burguesía nacional y extranjera, en los grandes terratenientes, en la mayoría de los profesionistas con éxito y de los intelectuales que de alguna manera vivían del gobierno: novelistas, poetas, historiadores, periodistas, etcétera. Debe mencionarse también al clero, en particular al alto clero, merced a la política de conciliación y al abandono en buena medida de algunas de las leyes de Reforma; y sobre todo a un ejército leal y disciplinado al mando de generales viejos y de jefes y oficiales jóvenes adiestrados en el Colegio Militar y aun en el extranjero.”

Ese número de Cuadernos Americanos se abre con un texto de Reyes Heroles, “México y su petróleo”. Hubiera podido ser un ensayo de ese economista improvisado (sólo en el sentido de que

no hizo estudios formales en ese campo) que fue el abogado tuxpeño. En realidad es un discurso, el último que pronunció Reyes Heroles como director de Pemex.

En la apostilla que explica el carácter de esas palabras, el editor se ufana de que “hoy Petróleos Mexicanos es la mayor empresa editorial de la América Latina y se encuentra en pleno desarrollo”.

El discurso de Reyes Heroles tuvo en esa oportunidad una singular relevancia política porque anunció “la rescisión de todos los contratos-riesgo que se firmaron con compañías extranjeras y que abarcaron una superficie de 3,858 kilómetros cuadrados”.

El historiador que era (durante su estancia en la dirección de Pemex había sido elegido miembro de la Academia Mexicana de la Historia) dio cuenta de los orígenes de tales contratos; y el político que fue expuso los términos del cálculo en que se basó la decisión que, también como político, atribuyó al presidente de la República: “Entre 1949 y 1961, Petróleos Mexicanos suscribió cinco contratos riesgo con empresas petroleras privadas, que establecían un periodo para la exploración y perforación de pozos y señalaban como remuneración, por parte de Petróleos Mexicanos, el reembolso total, sin plazo de vencimiento, de los gastos e inversiones por trabajos ejecutados, con el valor del 50% de los hidrocarburos producidos por los pozos perforados, y una compensación que iba del 15 al 18.25% del valor de la producción, por un periodo de 25 años.

“El presidente Díaz Ordaz ordenó la no renovación o prórroga de estos contratos, y que se acatara la reforma constitucional que prohíbe su celebración y preceptúa su insubsistencia. Tres posibilidades se planteaban para cumplir con esas

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ANÁLISIS JESÚS CANTÚ

instrucciones: 1) Que incurriera Petróleos Mexicanos en incumplimiento para que fueran las empresas extranjeras las que demandaran; 2) Promover judicialmente la nulidad de estos contratos, sosteniendo que la existencia de un interés público, consignado en el artículo 27 constitucional, estaba por encima del principio de no retroactividad establecido en el artículo 14 constitucional; 3) Buscar y negociar la rescisión voluntaria de los contratos. Se escogió este último camino en virtud de que el primero está vedado por la seriedad de México y Petróleos Mexicanos y a la larga en sí, en la cuestión, las posibilidades de una resolución favorable eran sumamente escasas. En cuanto al segundo, ni en casos extremos México se ha negado a reconocer derechos: ha discutido los montos de éstos y los términos para cubrirlos y, concretamente, Petróleos Mexicanos tiene la experiencia de que en situaciones similares o análogas, cuando se ha escogido el camino judicial no sólo se han originado enojosos conflictos, sino que se ha retrasado alcanzar los objetivos que se buscaban y, a la postre, se han pagado cantidades mayores a las adecuadas y razonables. Se optó por negociar la terminación voluntaria de los contratos. Las negociaciones se iniciaron el 12 de diciembre de 1964.”

O sea que apenas llegado a la dirección del organismo petrolero nacional Reyes se planteó esa operación. Entre junio de 1969 y febrero de 1970 los contratos fueron rescindidos: “En todos los casos se cubrieron cantidades menores de lo que a valor actual correspondería a esas empresas, de acuerdo con los porcentajes que deberían entregárseles y el plazo de vencimiento de los contratos que iba de marzo de 1974 a marzo de 1976… Sin necesidad de ofrecer participaciones o derechos sobre el valor de la producción del subsuelo mexicano, con recursos propios y financiamientos normales, proseguirá de hoy en adelante el desarrollo y progreso de la industria petrolera”.

Reyes Heroles se equivocó en su pronóstico. Hoy, a un cuarto de siglo de su muerte, a 40 años de sus palabras, a 72 de la expropiación, se recorre puntualmente el camino inverso. Y, por consecuencia, se llegará a una meta distinta de la establecida entonces. ●

Reforma Política (III)

Rendición de cuentas H

asta hoy los servidores públicos gozan de absoluta impunidad contra todo: mal ejercicio de su función, desvío o manejo irregular de los recursos públicos y, en el caso de los funcionarios protegidos por el fuero constitucional, hasta para la comisión de delitos penales. Las iniciativas de reforma política del PRD y del PRI reconocen la problemática y ofrecen alternativas para superarla.

Las propuestas giran en torno a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como a las figuras del juicio político y la declaración de procedencia.

Pretenden atacar el principal problema del sistema político mexicano: la ausencia de rendición de cuentas. En este caso buscan abrir vías para sancionar a los servidores públicos desde instancias gubernamentales.

En el caso de la ASF, el PRD propone integrar un órgano colegiado con cinco miembros, reconocer en la Constitución la independencia operativa del mismo y “dotarlo de capacidad para perseguir los delitos que se cometan contra la hacienda pública, en lo que toca a la administración de ingresos y egresos”, lo cual implica “establecer una excepción al principio de monopolio de la acción penal en manos del Ministerio Público”.

Aunque esta iniciativa dota a la ASF de independencia operativa, entre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados se establece que en materia

del “cumplimiento de los objetivos de los programas, la cámara emitirá las resoluciones conducentes, las cuales serán vinculantes para las dependencias o entidades sujetas a revisión”. De esta forma, la última palabra en relación con la auditoría programática la tienen los diputados y no el órgano técnico.

También señala explícitamente que la propia cámara, “por medio de la comisión respectiva, podrá requerir a la ASF la revisión específica de determinados conceptos, actos u omisiones en que pudiera observarse alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales”.

La propuesta perredista ataca frontalmente los principales problemas, dado que la ASF turnaba a las autoridades competentes (los órganos internos de control, dependientes de la Secretaría de la Función Pública, y el Ministerio Público) las irregularidades que encontraba, pero normalmente éstas no actuaban en consecuencia y los servidores públicos no recibían ninguna sanción o, si acaso, era mínima. En el caso de la auditoría programática, la ASF emitía recomendaciones que las entidades podían o no atender, sin ninguna consecuencia.

Los priistas, en cambio, proponen eliminar todas las partidas secretas y los principios de posterioridad y anualidad (igual que los perredistas), así como reducir los plazos para la revisión de la

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cuenta pública y aplicar la aprobación ficta cuando la cámara no se pronuncie en el plazo establecido.

Las dos propuestas en materia de desafuero o juicio de procedencia reconocen, con diferentes palabras y matices, que “la acción de protección política que realizan las mayorías parlamentarias” pervirtió su función, pues ambos permiten que el funcionario permanezca en el cargo hasta que se dicte sentencia y, por lo mismo, entre las medidas cautelares que dicte el juez no puede incluirse la privación de la libertad.

La propuesta priista deja en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el inicio del juicio, a través de una sala especial conformada por tres ministros “cuya función exclusiva será valorar los elementos aportados por el Ministerio Público y decidir si ha lugar a la apertura del procedimiento penal”. Y después, “cuando se dicte sentencia condenatoria”, el Pleno de la SCJN debe revisarla y, en caso de confirmarla, “el procesado cesará en el cargo y deberá cumplir la pena”, salvo que se trate de legisladores, en cuyo caso la cámara correspondiente decidirá “si ha lugar a la remoción del cargo y la aplicación de la pena”.

La propuesta perredista permite el inicio del procedimiento penal sin ningún trámite especial y contempla esperar hasta que el juez dicte sentencia condenatoria para hacer la solicitud de procedencia a la Cámara de Diputados, misma que deberá resolver en un plazo improrrogable de 10 días hábiles y eventualmente podrá mantener la inmunidad del servidor público hasta la conclusión de su encargo, “pero ello no será obstáculo para que el proceso penal continúe ni para que, cuando el servidor público haya concluido el ejercicio de su cargo, las autoridades procedan conforme a la ley”.

Los perredistas incluyen en el mismo 54

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procedimiento al presidente de la República, con la excepción de que requeriría de la aprobación de ambas cámaras.

En la redacción de la propuesta priista no es claro que en el caso de los legisladores se pueda aplicar la pena al término de su encargo, como se específica en la perredista. Ésta puede complementarse con la del PRI en lo referente al inicio del procedimiento, que dificultaría iniciar juicios contra enemigos políticos.

En lo referente al juicio político, la propuesta del PRI excluye a todos los funcionarios del gobierno federal cuya designación es ratificada por el Senado, para los que abre la vía de la moción de censura, mientras el PRD deja intacta la lista e incluye a los integrantes de la ASF. El PRD contempla modificaciones al procedimiento para establecer requisitos y plazos, con lo que cualquier solicitud, presentada por al menos una cuarta parte de los integrantes de alguna de las cámaras, tendría que resolverse en 28 días hábiles como máximo.

El PRI no modifica requisitos, procedimientos ni plazos, pero por la vía de la moción de censura permite incluso la remoción de funcionarios con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes en ambas cámaras.

En este ámbito las propuestas también son complementarias: puede tomarse la perredista para el juicio político, eliminando del artículo 110 a los funcionarios propuestos por el tricolor, y para ellos establecer en el artículo 93 la moción de censura, cuyo desahogo es más expedito, aunque para la remoción requiere de mayoría calificada.

La incorporación de estas reformas abre muchas puertas que hoy están cerradas por la protección política que los partidos les brindan a los funcionarios emanados de sus filas. ●

C

on estas palabras, Louis-Ferdinand Céline, el creador de Viaje al final de la noche, no sólo definía su condición de víctima absoluta de la Primera Guerra Mundial, sino la realidad de nuestra época: la irresponsabilidad. Si en el mundo griego un hombre conquistaba la gloria en la ciudad o se condenaba en ella era por sus actos, en el nuestro –como nos lo mostraron el cúmulo de acusaciones que los responsables de firmar acuerdos que dañan la vida de los mexicanos se lanzaron unos a otros en San Lázaro– los seres humanos parecen vivir en una inocencia perpetua. Culpables todos, desde el yo acusador, al final todos terminan por mostrarse como víctimas inocentes que hay que reivindicar.

La disputa de San Lázaro reveló, con un arte del más puro sofisma, toda la corriente del relativismo moderno: si lo único que cuenta es la autenticidad, cada cual, en nombre de sí mismo, se habilita para no someterse a las leyes comunes que lo desposeerían de ese sí mismo individual y distinto, en su incapacidad para el mal, de los demás: “¡No me juzguen –gritaban y continúan gritando cada uno de ellos–, los otros son los responsables y los traidores. Yo obré de buena fe, por el bien del país!”.

Desde hace mucho (el asunto de San Lázaro es sólo su escándalo mediático), el presidente, los gobernadores, los alcaldes, los jefes de partido,

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JAVIER SICILIA

“Todos son culpables menos yo”

los hombres y mujeres de las Cámaras, con un infantilismo atroz, se han convertido en excepciones a las que la ley y la moral tienen que adaptarse. Mirando “la paja en el ojo ajeno”, nuestros “representantes” han hecho que la ley, en vez de servir para contener los apetitos y las desmesuras del ego, se esgrima para beneficiarlos en cualquier circunstancia.

Esta candidez, con la que nuestros políticos se defienden, pretende hacernos creer que en ellos no sólo hay ausencia de mal, sino –como si fueran entes puros, seres ontológicamente inocentes– una absoluta imposibilidad de maldad y de villanía. Ningún acto emanado de ellos –jamás de los otros– puede ser malo, puesto que de ellos, que son esencias cuasi angélicas, procede, y en consecuencia queda santificado.

En este sentido, la victimización –esa calidad de sentirse juzgados por los verdaderos malvados, que a su vez se sienten también víctimas de los verdaderos malvados– es la versión fraudulenta del privilegio. Ella grita, en su defensa, que la ley debe aplicarse a todos salvo a ellos, y al hacerlo, como lo señala Pascal Bruckner, “esboza una sociedad de castas invertida donde el hecho (de ser acusado por algo que se cometió) reemplaza las ventajas de la cuna”: la mala conducta que los demás tienen para con ellos es un crimen; en cambio, los actos criminales que cometieron son pecados veniales, gestos ingenuos, futilezas, que es falta de tacto, arrogancia, señalar.

Con estas actitudes, nuestros políticos parecen decirnos que a final de cuentas la democracia se resume en la autorización para hacer lo que se quiera (siempre y cuando se presente uno como un expoliado) y en el encumbramiento del derecho, ya no como protección de los débiles y de los ciudadanos, sino de los hábiles, es decir, de quienes disponen de las relaciones, del dinero y del poder para esgrimir su inocencia en cualquier circunstancia, aun en la más absurda, evidente y criminal.

En la postura de la víctima que nuestros políticos asumen cuando se les pone en evidencia, en ese arte de la impostura con la que en su rostro colocan la máscara de la dignidad herida, en esa sofisticada forma en la que se vive el estado de derecho, reaparecen como nunca la arbitrariedad y el reforzamiento perverso de los fuertes que gritan a los cuatro vientos su condición de víctimas, de seres traicionados e incomprendidos.

Tomemos –para ejemplificar mejor lo que quiero decir y volver al escándalo mediático de San Lázaro, que en realidad es el pan nuestro de la política– el gesto de protección de Calderón a Gómez Mont cuando se supo de esos acuerdos que el propio secretario de Gobernación negoció con el PRI y que el presidente –otro inocente que se siente víctima de los ataques a sus malas políticas– ignoraba.

El objeto del espaldarazo fue confirmar una práctica común entre los

partidos y los gobiernos que de ellos emanan: que los políticos, en nombre de cualquier tipo de interés, tienen que estar siempre por encima de la ley y de la moral, y que ningún político en ejercicio debe ser molestado, ni siquiera por errores graves o crímenes. Cuando esto sucede o, para decirlo con Bruckner, “cuando las élites se pretenden más allá del bien y del mal y rechazan cualquier tipo de sanción por sus actos, el conjunto del cuerpo social se ve inducido a repudiar la idea misma de responsabilidad (ése es exactamente el peligro de la corrupción: ridiculizar la honradez, convertirla en una excepción tan vana como trasnochada)”, y a generar una actitud de irresponsable victimización.

Así, para nuestra desgracia, hay que entender los patéticos alegatos de nuestros políticos que pretenden liberarse de los rigores de la responsabilidad y de la ley; así, también, por desgracia, se va edificando la infantilización de una época que se hunde lentamente en las nefastas consecuencias de sus irresponsabilidades.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca. ● 1742 / 21 de marzo de 2010

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ANÁLISIS SABINA BERMAN

La pederastia como metáfora L

a Iglesia católica anduvo muy animosa y ocupada los meses anteriores en México.

Negociando con los presidentes y los gobernadores del PRI y del PAN el control de la maternidad de las mujeres autóctonas.

Repartiendo metáforas caninas e infernales para calificar a los homosexuales del país. Y en general gozando el prestigio de ser la última institución nacional con convicciones sobre cómo los mexicanos debemos vivir: paseándose, pues, como un gigante por el Liliput moral que es nuestra clase política. Y entonces le cayó un meteorito encima.

Corrijo: le cayó la segunda familia clandestina de Marcial Maciel. Segunda, puesto que tiene otra en España.

La pareja y los hijos mexicanos del sacerdote asistieron al programa de radio de Carmen Aristegui y ahí contaron larga y penosamente cómo el padre Maciel abusó de dos de ellos, cuando niños.

La reacción de la Iglesia católica mexicana: silencio. La reacción de nuestra clase política: más silencio. La reacción de los Legionarios de Cristo: acusar al hijo primogénito de Maciel de quererles cobrar la herencia que a su decir Maciel había dejado a resguardo con ellos, 6 millones de dólares, más 20 millones de dólares que pidió a cambio de su silencio.

Y la reacción del Vaticano: una petición de paciencia: está por llegar a término la investigación vaticana, no únicamente de la frondosa vida secreta de Maciel, sino de los manejos dudosos del dinero de la orden religiosa, maraña que pone en peligro sus vastas posesiones y esa joya de la corona legionaria que es la Universidad Anáhuac.

Lo que seguirá en cuanto a la pederastia de números asombrosos del padre Maciel es predecible, si es que Benedicto XVI no da un giro a la norma que él mismo estableció cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe: con la evidencia de las fechorías de Maciel en la mano, el Papa pedirá disculpas a las víctimas del depredador, declarará su infinito bochorno y dejará al clero mexicano lidiar con las demandas de dinero de las víctimas, suponiendo que nuestro sistema judicial lo obliga a ello, como en otras latitudes ha ocurrido.

Como en tantos otros casos, la Iglesia 56

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católica considerará la pederastia de Marcial Maciel como un pecado aislado. Un pecado: una desviación del Bien. O en términos psicoterapéuticos, dialecto que la Iglesia también utiliza para estos casos, como el resultado de una patología mental. Otra vez: como una desviación personal del sacerdote del Bien, es decir, de la salud mental.

De estar vivo y de ser menos conspicuo Maciel, la norma incluiría la confesión del sacerdote de sus pecados a un superior. Hay que precisar: la confesión secreta y sellada por la confidencialidad. Su traslado a otra zona geográfica, donde no se le conociese y no tuviera que pagar las consecuencias penales de su hecho. Y su tratamiento psicoterapéutico.

En tanto, la Iglesia tendría que lidiar con las demandas de dinero de las víctimas.

Pero ante la cifra abrumadora de los casos de pederastia detectados en las escuelas y las órdenes católicas, se imponen dos preguntas: ¿Puede seguirse hablando de los actos de pederastia en el seno de la Iglesia como eventos de excepción? ¿O en cambio debemos suponer que hay algo en cómo opera la Iglesia que propicia la pederastia?

Nada escribo acá de la buena fe de los católicos que buscan sabiduría de vida en su religión. Nada, tampoco, de las enseñanzas bíblicas de Jesús. Acá escribo solamente sobre la antiquísma estructura de la institución religiosa.

Una estructura rígidamente autoritaria, donde los feligreses reciben instrucciones para vivir, estrictas e inapelables, de un sacerdote; un sacerdote recibe órdenes del obispo de su zona territorial; el obispo recibe órdenes del arzobispo del país; el arzobispo recibe sus órdenes del Papa; y el Papa, supuestamente, de Dios Padre.

La última monarquía absoluta y por mandato divino del planeta Tierra, donde cada persona está sujeta a su superior inmediato y debe sujetar a su inferior. Una estructura de dominación vertical donde cada persona es como un niño indefenso para con su superior y es como un Dios Padre para su inferior. Y donde la verticalidad depende de la silenciosa obediencia del inferior y su buena fe en que su superior actúa por amor.

Así, exactamente así, dramáticamente así, ocurre en la pederastia.

Un menor deposita su fe en el amor de un mayor del que depende. El mayor acrecienta esta confianza con palabras y tratos cariñosos e incita al menor, en nombre de ese afecto, a conductas que el menor no termina de entender. Caricias, masturbaciones. E instaura la práctica del secreto: Esto queda entre tú y yo. Nadie debe enterarse de ello nunca.

Se conoce qué sucede cuando el secreto se rompe en la relación de pederastia.

En principio, el adulto suele negarlo todo y acusar de fantasía morbosa al niño. Si esto no resuelve el escándalo, el adulto suele escindir su culpa: él no es culpable, los culpables son sus instintos irrefrenables, su enfermedad psicológica y/o Satán el Malo que se le metió al cuerpo. Si esto tampoco lo resuelve, el abusador echa la culpa a su víctima: fue seducido por el niño; ahora el niño es el Satán fatal, el Don Juan enano y corruptor. Y en la última etapa de negación, el agresor minimiza los daños que la víctima padece.

Hasta ahora la Iglesia católica ha reaccionado ante sus sacerdotes pederastas protegiéndolos de la ley e identificándose con ellos, al grado de parecer su cómplice en las etapas de su negación.

Primero ha negado el decir de las víctimas. (En el caso de Maciel fueron dos décadas de negación.) Ante la evidencia flagrante, ha escindido la culpa de los victimarios: están sólo enfermos, o en una vida dedicada al Bien han cometido únicamente ese pecado; ergo, deben ocultarse y protegerse y ser atendidos para curarse. (Reléanse las órdenes del Papa Benedicto XVI del año 2006 para con Maciel.) Y por fin, y sólo cuando el reclamo de las víctimas no cesa y la justicia civil la obliga, lo antes escrito: ha aceptado la responsabilidad, ha pagado las sanciones pecuniarias, al tiempo que ha acusado a las víctimas de anticlericales y de agrandar su pesar para extorsionar a la santa institución.

Ya se verá si Benedicto XVI dicta una conducta más compasiva para con las víctimas y ensancha sus miras para examinar cómo la estructura misma de la Iglesia propicia la pederastia. Una estructura autoritaria y envuelta en el secreto.

Por lo pronto, todo es silencio. ●

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CortesĂ­a de la Universidad de Montpellier, Francia

Jean Franco, Pierre Luc Abramson, Karin Benmiloud, Claude Fell y Evodio Escalante

Centenarios:

Festejar,

para disimular la crisis

RaphaĂŤl MorĂĄn

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ONTPELLIER, FRANCIA.- ¿Cómo entender dos rupturas que marcaron la vida de MÊxico: la Independencia y la Revolución? Ésta es la pregunta que, con motivo de las celebraciones del Bicentenario y del Centenario de estos acontecimientos, trataron de responder 25 investigadores mexicanos y franceses durante un coloquio organizado por la Universidad Paul ValÊry de esta ciudad del sur de Francia.

El encuentro acadĂŠmico titulado ÂżMĂŠxico 1810-1910, de una ruptura a la otra? tuvo lugar los dĂ­as 11 y 12 de marzo y reuniĂł a profesores de literatura, historia y arte dedicados a la historia de MĂŠxico. “Este 2010 es oportuno para enfocarnos sobre aquellos dos acontecimientos mexicanos, la Independencia y la RevoluciĂłn, que significaron una voluntad de romper con el orden (sistema colonial en 1810 y autoritarismo en 1910), haciendo nacer nuevas esperanzas, nuevas utopĂ­as, nuevas visiones del mundoâ€?, explicaron los maestros de la universidad y organizadores del coloquio.

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“A 200 aĂąos y cien aĂąos de distancia, respectivamente, el coloquio permite reflexionar sobre la amplitud de las transformaciones que estos dos trastornos supuestamente iban a aportarâ€?, justificaron.

Y es que ademĂĄs de analizar los procesos polĂ­ticos de 1810 y de 1910 a travĂŠs de los hechos, de la literatura, de la fotografĂ­a y de la pintura, los ponentes del coloquio enfocaron sus trabajos sobre los mitos que nacieron de dichos acontecimientos.

Para los historiadores, “no se trata de celebrar en el sentido de festejar, sino de conmemorar: reflexionar sobre hechos que fundan una memoria comĂşn (‌) y que nutre la construcciĂłn polĂ­ticaâ€?, segĂşn Elisa CĂĄrdenas, directora de la divisiĂłn de estudios de Estado y sociedad en la Universidad de Guadalajara.

Los especialistas consultados por Proceso coincidieron en que 2010 deberĂ­a ser el aĂąo de la conmemoraciĂłn y no del festejo. “Si festejas solamente y no reflexionas, recapitulas, y no eres crĂ­tico de tu momento, te quedas en la pura fiesta, como Porfirio DĂ­az en 1910â€?, dijo Estrella GarcĂ­a FernĂĄndez, arquitecta y miembro de El Colegio de Jalisco, en alusiĂłn a la celebraciĂłn del Centenario de la Independencia.

Para los historiadores, Bicentenario y Centenario son una oportunidad para ver “las cosas que faltan por hacer –aĂąadiĂł GarcĂ­a FernĂĄndez–: En 1921 se creĂł la SecretarĂ­a de EducaciĂłn PĂşblica, pero vemos que hoy no llegamos a los niveles de presupuesto de los paĂ­ses desarrollados. AdemĂĄs, la educaciĂłn pĂşblica ha sido afectada por el recorte presupuestalâ€?.

Inevitablemente se evocaron las controversias sobre la manera como el gobierno de Felipe CalderĂłn marcarĂĄ el recuerdo de la Independencia y de la RevoluciĂłn, mientras se anunciĂł el programa de las celebraciones del “aĂąo de la patriaâ€?.

Marie-JosĂŠ HanaĂŻ, profesora de literatura hispanoamericana contemporĂĄnea en la Universidad de Rouen, analizĂł el discurso oficialista del gobierno actual, “ejemplo de un frenesĂ­ conmemorativoâ€?, dijo, refiriĂŠndose a las celebraciones del bicentenario de la RevoluciĂłn Francesa que dieron lugar a espectĂĄculos con gran pompa en 1989.

Desde 2008, cuando viajĂł a la Ciudad de MĂŠxico, HanaĂŻ notĂł que “en esta megalĂłpolis poblada de tantos mexicanos de orĂ­genes geogrĂĄficos diversos y visitada por tantos turistas extranjeros, la conmemoraciĂłn anunciada tomaba el giro de una

1741 / 14 de marzo de 2010

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CULTURA La Universidad Paul Valéry, de Montpellier, Francia, reunió durante dos días a 25 especialistas franceses y mexicanos para analizar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Intervenciones de gran interés marcaron el encuentro. Por ejemplo, Marie-José Hanaï, de la Universidad de Rouen, analizó el discurso oficialista del gobierno actual, en el que vio “el ejemplo de un frenesí conmemorativo”. gran fiesta para alimentar el orgullo de ser mexicano”.

En el marco de una ponencia titulada “La reescritura de la Revolución en la novela mexicana contemporánea: entre traición y olvido”, la investigadora recordó que para un gobierno, “la conmemoración tiene como objetivo disimular una patología: la de hacer del pasado la única referencia de identidad y de disfrazar el presente marcado por la crisis”.

Otro académico francés especialista en historia de México fue menos diplomático, “¿Por qué celebrar la Independencia y la Revolución?”, se le preguntó.

–La utilidad de las celebraciones para el gobierno de Calderón son múltiples: primero, es dar pan y circo en un contexto de crisis que atraviesa el país. Además, no puede ser rebasado por el PRD en la Ciudad de México. El gobierno no quiere quedar atrás en este asunto popular –dijo y prefirió permanecer en el anonimato, porque lleva actividades académicas en México.

Y es que desde que en febrero pasado Felipe Calderón abrió las celebraciones históricas del año, abundan las voces que se preocupan de la frivolidad del programa (como consignó la agencia Apro el 14 de febrero en la nota Cuestionan Bicentenario).

Por otra parte, los historiadores notaron que el énfasis que el gobierno puso en celebrar el Centenario de la Revolución, es menor que para el Bicentenario de la Independencia: “Es evidente que el PAN está más incómodo con 1910 que con 1810, lo que desemboca en una clara desigualdad de tratamiento entre las dos conmemoraciones”, siguió el historiador.

Por su parte, Sofía Anaya, doctora en humanidades y artes y profesora en la Universidad de Guadalajara, explicó: “Creo que hay un temor de que la gente tome otra vez conciencia de que puede haber un levantamiento y que trate de cambiar las condiciones del país.”

Después de una ponencia titulada “El carnaval de las ideologías”, referida al mural del mismo nombre de José Clemente Orozco (donde se burla de los caciques de la época), Anaya habló de su vigencia: “Si hablamos de los caciques, quizá no son los caciques de hoy porque ahora son los narcotraficantes que controlan y que tiene igualmente sumidos en la miseria a los campesinos, pero vuelve a haber un control de esta gente.

“Con respecto a los políticos, es lo mismo, lo que vemos en El carnaval de las ideologías está totalmente vigente con esas perversas alianzas que se están dando respecto de las fusiones de grupos que parecían totalmente irreconciliables.”

En su ponencia “La clericalización posrevolucionaria de Jalisco”, el historiador Agustín Vaca observó las agitadas relaciones entre el Estado y la Iglesia desde la Revolución y cuyo último episodio fue la polémica en torno a la construcción de un Santuario de los Mártires en Guadalajara, cuando el gobernador de Jalisco quiso regalar 90 millones de pesos para contribuir a la construcción de ese edificio que glorifica a los cristeros.

“La construcción del Santuario de los Mártires muestra la confianza que ha recuperado la Iglesia local”, anotó Vaca. Dijo además que, sobre todo en los últimos 15 años, “se puede observar cómo en Jalisco la Iglesia coloca a ciertos políticos que la favorecen”.

Sin embargo, el profesor recordó que “los clericales han perdido el monopolio que tenían en la vida sexual y se agregó la palabra ‘laica’ para calificar el Estado en la Constitución”.

Otra historiadora, Raphaële Plu-Jenvrin, vio en las conmemoraciones una oportunidad para que los mexicanos se interesen en su propia historia. Esta especialista de la Sorbona en historia del PRI observó que, desde hace varios años, “todos

los discursos se topan con la cuestión del relevo político”: “El problema es el siguiente: ¿Cómo una élite puede operar su propio relevo y cambiar las instituciones para dar más lugar a las organizaciones civiles, las asociaciones y los intelectuales?”

Según ella, 2010 será fructuoso si los debates sobre la sociedad en el marco del Bicentenario se conjugan con una reforma del Estado mexicano.

Con el objetivo de descifrar los mitos vinculados que rodean los cambios radicales de la Independencia y de la Revolución, los ponentes del coloquio de Montpellier estudiaron también aquellos grandes personajes y hechos históricos que “estructuran la identidad de una sociedad”, según las palabras de Marie-José Hanaï.

La construcción del mito revolucionario, así como su deconstrucción y a veces su crítica en la literatura, la pintura y la fotografía mexicanas, fueron objetos de estudios presentados en el coloquio. Así, Laurent Aubague, profesor de la Universidad de Montpellier, analizó una serie de famosas fotos de los archivos de los hermanos Casasola que muestran escenas que van del Porfiriato a la Revolución Mexicana. Por ejemplo, la de Pancho Villa asesinado y ensangrentado, que “permitieron captar el estilo del final del ‘reino’ de Díaz, así como fabricar la leyenda visual de una epopeya revolucionaria”.

Otra fotografía más, la de Pancho Villa en la silla presidencial con Emiliano Zapata a su costado, en el palacio presidencial en 1914, le suscitó: “Esta foto es muy teatral. Nos sorprende la heterogeneidad de las presencias humanas: hombres elegantes (…) se codean con hombres de apariencia mucho más popular, probablemente campesinos. La variedad de las personas presentes en esta foto histórica nos muestra que en su primera fase (1910-1914), el proyecto revolucionario tenía el apoyo de fuerzas sociales diferentes pero que encontraban puntos de convergencia.”

Ampliamente conocido en México, Claude Fell, profesor en la Sorbona y traductor –entre otros– de algunos libros de Carlos Fuentes, estimó en una mesa final que el coloquio fue una prueba del gran interés académico que hay en Francia por la historia mexicana. Compartió la tribuna con varios investigadores, entre ellos el escritor mexicano Evodio Escalante y Karim Benmiloud, uno de los catedráticos que organizó el encuentro, quien señaló: “Queremos crear una red de investigadores mexicanistas, porque somos muchos en Francia.”

El conjunto de las ponencias del coloquio México 1810-1910 se recogerá en un libro cuya publicación está prevista para septiembre de este año. ● 1742 / 21 de marzo de 2010

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La autora de una iniciativa de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la senadora Rosario Green, rebate a los críticos que expresaron su punto de vista la semana pasada en estas páginas, y asegura que su contenido se debatió de manera abierta. Por su parte, en carta enviada a la redacción (veáse recuadro), el diputado Porfirio Muñoz Ledo asegura que “no hay precipitación ni procedimientos cerrados” para la aprobación de esa ley y anuncia un foro de discusión para abril.

Rosario Green entra al

debate

sobre el debate

Judith Amador Tello

V

ía telefónica, Rosario Green, secretaria de Relaciones Exteriores en el periodo de enero de 1998 a diciembre de 2000 (durante el gobierno de Ernesto Zedillo), afirma que el objetivo de su propuesta de ley, presentada al pleno del Senado de la República el 8 de marzo de 2007, es lograr “más orden y transparencia en los temas de la cancillería”, encabezada ahora por Patricia Espinosa Cantellano.

Y responde en entrevista a las críticas que le hicieron en el número anterior de este semanario investigadores del Instituto Mora y las universidades Nacional Au60

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tónoma de México y Metropolitana.

Cuando Proceso (1660) público el reportaje Una agencia de cooperación, a debate, en agosto de 2008, se buscó a la senadora para una entrevista; no hubo respuesta. Ahora, al publicarse esta semana un seguimiento con el título Sin debate, la ley de cooperación internacional (1741), en el que especialistas acusan resistencia a la discusión abierta, la excanciller habló a este semanario para rechazar categórica ese señalamiento que, a su juicio, “no le hace justicia al esfuerzo que duró muchísimos meses y que incluyó un debate muy importante”.

Cita reuniones tanto al interior de la

Comisión de Relaciones Exteriores que preside, como un seminario abierto al público en el cual participaron funcionarios de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y “hasta la Comisión Europea”, además de representantes de agencias de cooperación internacional de Alemania, Chile, España, Japón y Estados Unidos, entre otros países.

El seminario se dio a conocer en la pá-

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CULTURA gina electrónica del Senado y fue grabado y transmitido por el Canal del Congreso “en más de una ocasión”. Toda esta información, agrega, fue valiosa para la formulación del dictamen.

Asimismo, argumenta, desde su presentación en 2007 hasta la discusión del dictamen en el pleno estuvo “en la mesa de discusión en espera de comentarios, recomendaciones”. Se aprobó en sesión “pública” el 13 de diciembre de 2007, cuando legisladoras de distintos grupos parlamentarios introdujeron las últimas reservas, antes de ser enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y análisis.

Una de las primeras versiones de la iniciativa decía en el artículo primero que la ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional para el desarrollo del gobierno federal... y “en general de todas aquellas instituciones, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, con las que se establezcan y realicen actividades de cooperación internacional para la transferencia, recepción e intercambio de conocimientos y experiencias, educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras”.

La crítica expresada por los especialistas es la eliminación de los sectores social y privado, con lo cual, a decir del exdiplomático y escritor Eduardo Cruz, la ley se “reduce al ámbito propio del sector público”.

Green responde que representantes de diversos organismos sociales nacionales y extranjeros expresaron su preocupación por “la posibilidad” de que algunos de los contenidos de la iniciativa tuvieran el propósito de “controlar sus acciones”. Por ello se reunió con esos grupos, junto con el funcionario de la cancillería, responsable del tema de las organizaciones: “Les manifesté que el objetivo central es registrar y transparentar las actividades de cooperación del sector público, así como los costos y resultados. Se trata de reglamentar un principio de política exterior prevista en la fracción X del artículo 89 constitucional, que es el principio de cooperación internacional para el desarrollo, en el entendido de que, de acuerdo con la propia Constitución, implica o compete al Ejecutivo la formulación de la política exterior y al Senado de la República darle seguimiento.”

Orden legal A diferencia de otros principios de la política exterior, como la autodeterminación de los pueblos o la solución pacífica de las controversias internacionales, que –indica– no necesitan de una ley secundaria, pues son principios de la carta de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, el de cooperación internacional para el desarrollo sí, “pues es muy bonito” pero

requiere de saber cómo se otorga, cómo se recibe, quién lo coordina y transparenta, empezando por las propias áreas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al llevar registro, la ley no impedirá que las universidades, que tienen autonomía constitucional, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones sigan “haciendo lo suyo”, pues “están en su derecho de proseguir y de no rendirnos cuenta de nada. Yo no quise meterme con una ley para gobernar a las ONG, de ninguna manera”.

Una de las observaciones de los especialistas respecto de la necesidad de hacer a estas organizaciones y fundaciones sujetos de la ley, es la falta de información sobre los recursos que obtienen mediante convenios internacionales de cooperación.

Por ello se le pregunta a Green: –¿Piensa usted que no hay que fiscalizar los recursos que reciben del exterior?

–Definitivamente hay que fiscalizar, pero no le toca a esta iniciativa mía.

Si yo tuviera otra iniciativa podría ser en ese sentido, porque déjeme decirle que en conversaciones con funcionarios de la cancillería, de Hacienda, que llevan los registros de las ONG, es la mínima parte las que se encuentran registradas y por lo tanto pueden ofrecer deducibilidad, a cambio de donaciones, no de todos los impuestos pero de un porcentaje.

Entonces, agrega, “sería bien bueno” otro proyecto que exigiera a fundaciones nacionales e internacionales y organizaciones civiles su registro y transparencia en la recepción, uso y destino de los recursos, pero no es la intención de su propia iniciativa “ser tan abarcativa”.

Su preocupación, insiste, es que haya más orden y transparencia en los temas de la cancillería. Explica que muchas acciones de cooperación no se contabilizan.

Sin embargo, al ser México miembro de la OCDE se le pedirán eventualmente las estadísticas del DAC (Development Assistance Committee) donde se registran las acciones de los países que contribuyen.

(Cabe recordar que México como país en desarrollo puede ser receptor, y al ser miembro del llamado grupo de los países ricos, es también donante. Proceso 1660.)

–¿Le falta a la cancillería ese control y transparencia?

–Nadie lleva el apunte. Por supuesto que falta, la gente que trabaja en el área de cooperación (Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional) lo sabe. Por supuesto lo saben, por eso han colaborado en el diseño de esta iniciativa.

Y no hay, continúa, un organismo que obligue a las dependencias estatales a informar a la SRE sobre qué aportan o reciben de cooperación. Como aún no existe la ley no se sienten obligados a rendir cuentas.

De Porfirio Muñoz Ledo Señor director:

L

eí con atención el interesante reportaje que esa revista dedica en su último número (Proceso 1741, página 74) al debate sobre la eventual aprobación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Debo aclararle que desde marzo de 2007, fecha en que la senadora Rosario Green presentó la iniciativa, mucho se ha discutido sobre sus alcances y componentes.

El proyecto fue aprobado en diciembre de 2007 por unanimidad en el pleno del Senado. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Relaciones Exteriores en febrero de 2008, la que decidió consultarla con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por las implicaciones financieras que la ley tendría.

Desde octubre de 2008 se cuenta con dicha opinión presupuestal, y a partir de que asumí la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores hemos recogido opiniones de diplomáticos, expertos y organizaciones no gubernamentales, algunos de los cuales cita el reportaje.

Asimismo, la Subcomisión de Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores se ha reunido en dos ocasiones para recibir sugerencias y modificaciones por parte de sus miembros. Finalmente, el 16 de febrero, en reunión plenaria de la comisión, se aprobó la minuta en lo general. Esto quiere decir que está sujeta todavía a discusión, que se mantiene abierta desde el 16 de marzo.

Varios diputados propusieron la organización de un foro en abril para que las posiciones de distintos grupos parlamentarios y legisladores, así como de los expertos, sean ampliamente divulgadas.

Algunas de las opiniones hechas por especialistas han sido ya incluidas dentro del texto y seguramente otras se introducirán como resultado del debate. No hay, pues, precipitación ni procedimientos cerrados.

Debo advertir que el Poder Legislativo es frecuentemente censurado por la práctica de enviar las iniciativas a la congeladora, por lo que parece extraño que cuando intenta cumplir su responsabilidad legislativa con profesionalismo y oportunidad sea también censurado.

Atentamente: Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados

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años de la Escuela Activa de Fotografía

En la década de 1970, la educación de la fotografía era prácticamente inexistente en México. Por tanto, fundar un centro especializado en su enseñanza se convirtió en el anhelo de Ernesto Machado.

Por su iniciativa y empeño, ese anhelo dio paso a la fundación de la Escuela Activa de Fotografía (EAF) en 1975, que en la actualidad está entre las más prestigiadas de México y el mundo. Este centro educativo y cultural ha desempeñado desde entonces un papel determinante en la formación de numerosas generaciones de profesionales que se han destacado en diferentes modalidades creativas, tanto en México como en otros países.

En la actualidad, la EAF continúa creciendo y renovándose, de acuerdo con las cambiantes necesidades de nuestro tiempo, siempre con la finalidad de proporcionar a sus alumnos los elementos teóricos más sólidos, además de poner a su disposición equipos e instalaciones de vanguardia para que se ejerciten hasta dominar con plenitud las diferentes áreas de la disciplina. De esta manera, busca contribuir cada día más al enriquecimiento y a la expansión de la cultura fotográfica mexicana.

En 2010, la EAF cumple más de tres décadas de haber iniciado actividades. Por ello, hace un reconocimiento a todos aquellos que en algún momento han participado en el proyecto y contribuido a apuntalar los cimientos de lo que hoy es la Activa y de su proyección hacia el futuro. Gracias a todos.

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Narra que los europeos suelen catalogarse como los principales colaboracionistas y no se trata de desdecirlos, pero sí de contar con las cifras que demuestren que México también lo es. Además de considerar que serán datos “políticos” importantes que pueden utilizarse en los discursos oficiales, es derecho de los mexicanos saber a qué países se ayuda.

Luego justifica que sus tres años al frente de la cancillería no fueron suficientes para corregir esos problemas, pero “por lo menos puse la semilla” con la creación del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (Imexci), “claro, el canciller que siguió la borró”. Se refiere a Jorge Castañeda Gutman, quien sustituyó al Imexci por el Instituto México, suprimido a su vez por su sucesor Luis Ernesto Derbez.

“Ahora como legisladora tengo la posibilidad de incluir en una legislación –que espero no me vete el presidente cuando salga todo– que le permita a la cancillería ejercer sus funciones de coordinación y el papel que le da la ley de la administración publica.”

Dice no entender por qué tanto “escándalo” si lo único que ha propuesto es informar, “por dios santo”, levantar un censo de lo que México da y recibe, pues es su forma de agradecer por la educación en escuelas privadas y las becas que ha recibido: “Tengo muy clara mi conciencia, jamás he hecho algo que beneficie a Rosario Green, hago mi trabajo buscando cómo beneficiar... El sospechosismo me mata...

No faltó quien me dijera: ‘Quieres crear una agencia para llevarla tú’, ¡Nooo! Yo estoy a punto de ser abuela y quiero terminar mi trabajo en el Senado y después ser viejita, ser abuelita, ya me lo gané.”

–Los investigadores del Instituto Mora, de la UNAM, que se expresan en Proceso, no sienten reflejadas las observaciones que hicieron. ¿Usted de cualquier modo se siente satisfecha con la consulta?

–Sí, porque al mismo tiempo que ellos expresaron esto, que fue después porque nosotros empezamos el proceso primero y cuando ellos supieron comenzaron a trabajar y ¡bienvenidos todos!, pero el tema de exigencia era que participaran fundaciones y ONG, y no tienen nada que hacer en el diseño de la política exterior mexicana. Yo creo en la Constitución, y dice que es el presidente el que diseña la política exterior.

“Y resulta que el principio de cooperación internacional para el desarrollo, registrado en la fracción IX del artículo 89 constitucional, es un principio de la política exterior mexicana. Entonces no hay litis, no me estoy metiendo con nada a lo que no tenga derecho en tanto que como senadora soy parte de quien revisa esa política exterior.”

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CULTURA Derecho ciudadano –¿Entonces se entiende que ya tienen el acuerdo para que la ley sea aprobada?

–Bueno, ha sido explicada a la Cámara de Diputados, no tiene nada que ver ni con el Mora ni con las ONG ni con nada. Usted conoce la Constitución mexicana ¿qué dice el 89? Que estos son los principios. ¿Qué tiene que ver el Mora con los principios o la UNAM o El Colegio de México? La aplicación de estos principios compete al Ejecutivo, y al Senado compete la revisión. Es una ley que regula ese principio, no regula otra cosa, ni ONG ni fundaciones, esa es otra ley y no sé a quién se le va a ocurrir.

–Ellos expresan su opinión como académicos, como investigadores, como ciudadanos.

–¡Claro! Y Eso es apreciable pero es una crítica que se refiere a un campo que la ley no toca. Fija claramente desde el primer momento, desde la exposición de motivos, que se trata de una ley reglamentaria de un principio de política exterior.

Opina que las críticas nunca se refirieron al principio de política exterior ni a la forma de reglamentarlo. Si sus aportes hubieran, por ejemplo, planteado una redacción distinta de los artículos, pues “qué buena onda, a lo mejor me convendría”.

Pero se refieren a cuestiones que no corresponden a la ley.

Se le comenta que las observaciones se hicieron también en el sentido de que la cultura es una vertiente importante del intercambio y la cooperación, (para muchos especialistas debiera incluso ser la base del proyecto de nación) y no está destacado así en la iniciativa.

Su respuesta es que se está apegando a las funciones de la cancillería y ésta no tiene “como función elaborar una política cultural ni mucho menos”.

–Pero la cultura es un instrumento de la política exterior muy importante, ¿no?

–Es un instrumento. Pero no me estoy refiriendo a los instrumentos sino a los principios.

Hace énfasis en que pese a que los acuerdos son entre gobiernos, cuando se establecen las bases “mandan” las instancias vinculadas al tema; por ejemplo, en el caso de becas, lo hacen las universidades.

“Cuando se habla de cultura en la ley, nos referimos a lo que le toca hacer a la cancillería. Básicamente tiene agregados culturales, se debe asegurar que estos agregados culturales cumplan su función apoyando al embajador, promoviendo la imagen de México siempre que sea posible una linda exposición, etcétera.”

Y aunque en entrevistas con este semanario, distintos titulares del área de Asuntos Culturales negaron sistemáticamente que la SRE estuviese declinando su función y propósitos en favor del área de Asuntos In-

ternacionales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que no tiene la personalidad jurídica de una secretaría de Estado, Green revela: “No sé si usted sabe que quien manda en el exterior realmente pues es el Conaculta. En todo caso, la cooperación cultural que exhibimos en el ámbito de la cancillería es muy importante en el sentido de que viste a la embajada y es apoyada por un miembro de la embajada, pero en la negociación de las grandes exposiciones quien lleva mano ha sido siempre el Conaculta.”

Al respecto, indica que el Conaculta tendrá que informar a la cancillería de las exposiciones que entran y salen, y cuánto cuestan para inscribirlas en el renglón de cooperación cultural. E igualmente lo deberá hacer el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en sus rubros. La SRE (que sólo recibe 1% de la cooperación que acepta el Estado mexicano) hará el registro, pero no dictará pautas de política cultural, científica, tecnológica, educativa o económica: “Pues entonces ¡de qué supersecretaría estaríamos hablando!”

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Arte Jorge Yázpik, Obras BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

C Yázpik. Ritualismo virtual

on un emplazamiento escultórico en los espléndidos espacios del Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el escultor Jorge Yázpik (Distrito Federal, 1955) presenta una interesante muestra que

Surcos de adversidad Samuel Máynez Champion

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ivir con el asco y la desesperanza a cuestas es parte de una heredad irrenunciable del mexicano. No habría forma de refutarlo. Fuimos paridos en medio de un dolor ancestral que reverbera en todos los rumbos de la conciencia. Tiempo ha que hambre y hacinamiento dejaron de sorprendernos; al contrario, son aglutinantes de nuestro fatalismo. Y lo mismo podría decirse sobre la fe en el ser humano que entona el Himno Nacional. Damos por hecho que atrás de su patriotismo palpita su proclividad a la mentira y el fraude; intuimos que la confiabilidad de su palabra se esfuma ante una obligación que comprometa su escurridizo presente. Nos asumimos como una raza taimada que se regodea en el fratricidio y que, cual peste bíblica, tiene los gobernantes que merece; sin embargo, sabemos que hay hombres que difieren del molde patrio devolviéndonos algo de la confianza que día con día se evapora de nuestra obcecada mexicanidad. El zacatecano Candelario Huízar (1883-1970) es uno de éstos.

Para hablar de sus méritos como persona y como músico, Proceso entrevistó a la maestra Micaela Huízar (1949-), quien se ha echado sobre los hombros la imprescindible pero extenuante tarea de difundir el legado de su insigne progenitor.

–SM: A juzgar por las fotografías, una mirada llena de determinación caracterizaba el rostro de su padre, de su postura corporal emanaba un aura de reciedumbre. ¿Qué hay de cierto en esta percepción inicial?

–MH: Eso y más. Le bastaba una mi-

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rada para manifestarme sus deseos. Con verlo a los ojos entendía yo el agradecimiento por mis cuidados o sus ganas de mandarme al diablo. Desde muy niño tuvo que enfrentarse a la voluntad de su padre, quien requería de otro herrero en la familia. Mi papá pactó con mi abuelo para que lo dejara tocar en la banda municipal de Jerez al tiempo que aprendía el oficio de orfebre. Fue muy listo pues logró salirse con la suya, a la tierna edad de ocho años.

En un lapso muy breve dominó la técnica para forjar metales nobles, y quizá de ese primer aprendizaje derivó su templanza de carácter. Ni siquiera la hemiplejía que sufrió durante los últimos 26 años de su existencia consiguió abatirlo. La silenciosa imagen que tengo de él es, en gran medida, la que ha impedido que yo claudique ante las asperezas de la vida.

–¿Quiere usted decir que la única forma de diálogo que mantuvo con su padre fue a través de intuiciones?

–Así es, yo conviví con un hombre enmudecido que con esfuerzo lograba articular su hemisferio sano. Las únicas palabras que salían de su boca eran los nombres de mi madre, de mi hermana y el mío, y en momentos verdaderamente críticos maldecía dejando escapar un ríspido “chingada madre”. Derramé muchas lágrimas para aceptar su invalidez y, sobre todo, presintiendo el sufrimiento que le causaba saberse un peso para nosotras. Hubo ocasiones en que lo vi partirse por dentro después de haber querido defendernos topándose con la inmovilidad de sus miembros.

delata evidentes cambios en su propuesta creativa.

Conocido principalmente por sus intervenciones lineales que, a manera de grietas o dibujos laberíntico-tridimensionales, guiaban al espectador hacia el interior de piedras de gran tamaño, Yázpik sorprende con una propuesta delicada, ágil y rítmica, que parece haber transfigurado en delgadas estructuras geométricas los misteriosos vacíos de sus pétreas esculturas.

Concebida a partir de la utilización de la madera co-

Puede entenderse el valor que tiene para mí su música, me aferré a ella como una desposeída a quien le allanaron infancia y juventud. Independientemente de su valía intrínseca, en ella reposa el espíritu de mi padre, único asidero que me hablaba de su amor por mí.

–Después de tocar en la banda de Jerez, el maestro Huízar se enroló como músico en el Batallón de Zacatecas; cabría preguntarle si llegó a empuñar las armas.

–Para un hombre de sus convicciones, no podía haber habido otra alternativa. Era impensable que se escondiera atrás de un atril mientras sus compañeros arriesgaban el pellejo. De hecho, participó como soldado en la cruenta toma de Zacatecas bajo el mando del general Pánfilo Natera. Contaba mi madre que el fragor de los combates seguía atormentándolo en sueños y que dos de sus grandes pesares habían sido los asesinatos de Villa y Zapata. Ignoro hasta qué punto las carnicerías en las que participó dañaron su sensibilidad, pero sí sé que en su música hay un clamor vital por las bellezas de su tierra; basta escucharla para percibir cómo vibra en sus acordes una esperanza que conjura aquellos ecos de muerte.

–Podrá parecer peregrino, pero es difícil abstraerse de la idea de que un artista obligado a matar jamás apacigua los coletazos de la memoria. ¿Pudieron tener incidencia en su derrame cerebral las vivencias teñidas de sangre?

–No podría aseverarlo, aunque creo más bien que fue una combinación de factores. Como buen zacatecano, mi papá trabajó de sol a sol y, una vez en la capital, siguió haciéndolo al mismo ritmo. Además de sus faenas de tiempo completo como copista, fue maestro de análisis y composición en el Conservatorio, y para redondear un salario que nunca alcanzaba debió emplearse como cornista y bibliotecario de

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esculturas de Yázpik se convierten en la metáfora de ritmos que remiten al movimiento continuo, el vacío y el silencio. Un orden que, con alegría y belleza, sigue evocando la metáfora de eternidad que caracterizó las obras en piedra realizadas en años anteriores.

Relacionado en su obra con la dualidad que genera la convergencia entre lo positivo y lo negativo, el artista presenta obras en las que se integran materiales como piedras volcánicas con estuco y maderas. Entre es-

la Sinfónica de México. Antes de las temporadas sinfónicas eran semanas sin dormir para tener listas las partituras. Iniciados los ensayos, tenía que presentarse a las cinco de la mañana en el teatro para supervisar que todo estuviera listo. A eso hay que sumarle que le robaba horas a la noche para componer y que muy a menudo debía cumplir con los encargos de orquestaciones que le solicitaban por doquier. El cansancio fue el desencadenante principal de la tragedia, mas la gota que derramó el vaso se debió a una injusta reprimenda que Carlos Chávez le hizo frente a la orquesta.

Un intento de huelga de los trabajadores del teatro que terminó en borrachera impidió que la orquesta comenzara en horario, y ese contratiempo motivó a Chávez para desquitarse arteramente con mi padre. Poco después, durante una comida, la cuchara cayó de su mano y el cuerpo comenzó a morírsele.

–Cuénteme más de esa extraña relación entre el poderoso y afamado Chávez y el humilde subalterno Huízar que debía componer al filo del alba…

–Ya sabemos cómo se las gastaba el señor director, cuando alguien dejaba de servirle era desechado sin misericordia. Así lo hizo con Revueltas y con tantos otros.

Apenas corrió la noticia sobre la incapacidad de mi papá, su oficina de la orquesta fue confiscada con todo lo que tenía adentro y le fueron arrebatadas sus plazas en el Conservatorio. Fue una casualidad que hayan podido recuperarse sus partituras, pues mis padres acudieron al despacho de Chávez para pedirle ayuda y en uno de los anaqueles mi madre distinguió la obra sinfónica que le habían sustraído. Es fácil comprender cómo después del accidente cerebral nuestra vida se volvió aún más amarga. Casi perdimos la casa pues el sueldo de maestra de mi madre era lo que

tas últimas, el cedro, la teca, el chechén y el tzalam.

Concebidas, como toda la obra del artista, a partir del protagonismo y capricho formal de los materiales, las obras sorprenden por su delicada, delgada y rítmica estructura. Ensambladas entre la piedra o emergentes a través del estuco, las formas en madera corporeizan los misteriosos caminos que, en la creación anterior, llevaba al vacío interior –metáfora del alma– de las esculturas. Una perspectiva que convierte a los elementos

James Fortson

mo material esencial, la muestra integra aproximadamente 40 piezas que en su mayoría se caracterizan por su íntimo y rítmico formato. Realizadas casi todas entre 2009 y 2010, las obras materializan el vacío que en otras épocas fue sólo sugerido por Yázpik.

Construidas a partir de delgadas estructuras geométricas de madera que, como líneas tridimensionales de diferentes alturas, se ensamblan en conjuntos que remiten a los signos de las partituras musicales, las

dibujístico-lineales en los protagonistas escultóricos de cada una de las piezas.

Atractivo por su capacidad de transformar y materializar el espacio y el vacío guardado al interior de las piedras, Yázpik incursiona en una propuesta que, de manera contraria, deja al descubierto, y como protagonista, la estructura de algo que podría denominarse como el espíritu del material.

Evocadoras de las formas lineales que podría tener el vacío de la materia, las nuevas escultu-

era, y mi adorado padre yacía postrado en una mecedora en la que se desplazaba con agotadores bamboleos del torso. La primera silla de ruedas fue producto de una colecta que organizaron sus alumnos del Conservatorio. En cuanto a mí, cual hija criada en la estrechez, no me restó otra cosa que implorar que el infortunio no arrasara con todo.

–Resulta casi inverosímil que usted esté hablando de un héroe de la Revolución y de un músico que fue considerado como uno de los orquestadores y sinfonistas más eminentes que ha producido el país.1 No en balde

escribió Revueltas que Huízar era un auténtico valor de nuestra cultura en cuya música se expresaba un hondo cantar ancestral que conservaba la fuerte contextura de una raza que no había sido conquistada y que no había vuelto hacia Europa los ojos sometih dos. d 2 Dígame por favor si en algún momento lla senda trágica llegó a iluminarse con luz b benévola…

–Como decía yo, ni siquiera la parálisis hizo mella en su voluntad. Tardó siete años h educando su mano izquierda, y cuando al e fin lo logró reinició su labor creativa con fi e el brío de un atleta invicto. En la mesa del ccomedor transcurrió jornadas íntegras de ttrabajo, de lunes a lunes, que dieron como fruto una quinta sinfonía y una enorme m ccantidad de orquestaciones y arreglos corrales. Poco a poco la adversidad mitigó sus ttarascadas y comenzaron a llegar reconoccimientos, aunque nunca se sintió cómodo ccon ellos. Jamás compuso pensando en el rreconocimiento o en la retribución materrial, fue un artífice del sonido que veneró ssu profesión a despecho de la gloria.

–Si está usted de acuerdo, me gustaría que concluyéramos rememorando la ovación que le tributó el incrédulo público de Bellas Artes después de la ejecución de su sinfonía Oxpaniztli a cargo de la Sinfónica de Xalapa, en aquel Festival Huízar organizado por la revista Caballero. Con su sarape adherido al alma, don Candelario recibía las mieses del triunfo como un labriego que reencontraba en un surco de aplausos el herrumbroso arado que labró su soledad. Es prioritario que se sume la aclamación de nuestro tiempo.

Hace falta que la nación exalte al humilde y que al soberbio le agache la cabeza. ●

1 Se recomienda la audición de su poema sinfónico Imágenes y de su Sinfonía Oxpaniztli. Acceda a proceso.com.mx para escuchar ambas obras por la www.

2 Extracto de las notas al programa de mano escritas por Silvestre Revueltas en 1930, con motivo de la ejecución de la Sinfonía No 1 de Huízar que el propio Revueltas dirigió.

Candelario Huízar

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ras de Yázpik, a través del dualismo sensual de su materia y el chispeante ritmo de sus geometrías, se convierten en la metáfora de un ritualismo vital que sólo el arte puede generar. ●

Teatro “Hey Girl!” en el Festival de México

Mundo femenino

ESTELA LEÑERO FRANCO

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a compañía italiana Societas Raffaello Sanzio es el único grupo de teatro extranjero que se presenta en el Festival de México. Su espectáculo Hey Girl!, que dio funciones los pasados 12 y 13 de marzo en el Teatro de la Ciudad, muestra una obra conceptual que trata de la condición de la mujer en el mundo moderno y sus antepasadas, donde la imagen y los efectos sonoros son el sustento de la propuesta.

Romeo Castellucci es el director de la obra; Chiara Guidi, su mujer, se encargó de la dramaturgia, y su hermana Claudia Castellucci, de la música. El que la primera esté especializada en artes plásticas y en escenografía la segunda, ubican a Hey Girl! dentro de la corriente visual del arte conceptual, donde el concepto es generado por el espectador, y el artista sólo muestra de manera fría y sintética símbolos e imágenes a interpretar. Completan la propuesta el diseño sonoro de Scott Gibbons y los efectos de luz de Giacomo Corini, que en esta obra son de gran importancia. Extraña, entonces, la mala sonorización del teatro, con interferencia y volúmenes a veces más que estridentes.

Hey Girl! nos sugiere un presente detenido o realentado, en el que observamos el nacimiento de una mujer y su enfrentamiento con situaciones que la engrandecen o la victimizan.

Se recurre a íconos femeninos, como los de Juana de Arco y la Julieta de Shakespeare, así como de mujeres decapitadas, como Ana Bolena, María Estuardo y Maria Antonieta. Una mujer de

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camiseta y pantalones de mezclilla las rememora, y como en Alicia en el país de las maravillas, a través del espejo se traslada a otras realidades desdoblándose en otra o portando una cabeza más grande que deforma impresionantemente su cuerpo.

Cobran vida los sueños, las fantasías y los pensamientos de la protagonista, interpretada por Silvia Costa.

La palabra sólo existe en susurros y textos plasmados en una pantalla. Sus pesadillas son angustiosas y la mayor parte del tiempo solloza y sufre su existencia. Utilizan máscaras, efectos visuales, pantallas, cámara negra, rayos láser para crear una atmósfera sobria, fría y estática, donde el consciente y el inconsciente se funden.

Hey Girl! tiene mucho de teatro conceptual, pero también tiene algo del teatro del absurdo en esas situaciones beckettianas en las que el ir y venir de un lado a otro muestran la ansiedad existencial en busca de sentidos. Las imágenes son bellas y la sobriedad con que son expuestas invitan al intelecto a descifrarlas. Se estrenó en París en 2006 y ha recorrido el mundo provocando a la crítica y al público. Le anteceden obras como El Génesis, estrenada en 1999; Tragedia Endogondina, en 2001, o Infierno, donde aborda el tema de la pederastia.

En Hey Girl! el espectador se encuentra ante una experiencia llena de metáforas alrededor del mundo femenino. Imágenes sorprendentes que nos remiten a un yo o a un nosotras doloroso y al mismo tiempo de mucha fortaleza. Cada uno recrea en su

imaginario lo que Hey Girl! devela, e inventa su propia historia. ●

Cine Festival de Guadalajara JAVIER BETANCOURT

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UADALAJARA, JAL.- En el reportaje publicado en el número 1741 de Proceso, Columba Vértiz incluye una crónica sobre la evolución del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), que cumple ahora 25 años. Las diferentes etapas, grupos directivos y crisis que ha albergado el certamen, resumen uno de los capítulos más notables de la historia de la cultura del México contemporáneo.

Asomarse al tipo de desarrollo y a la manera en la que ha sobrevivido el FICG, permite comprender cómo funciona el cine en México. Entre oficialismo y propuesta cultural auténtica, el festival ha defendido al cine mexicano como razón de ser y ha ayudado a consolidar la llamada tendencia autoral; con apoyo del Imcine o de forma independiente, los cineastas mexicanos encontraron un escenario seguro, no sólo para mostrar su trabajo, sino para vincularse directamente con el público, la prensa y la crítica.

Desde Doña Herlinda y su hijo (Jaime Humberto Hermosillo) hasta Japón (Carlos Reygadas) y Temporada de patos (Fernando Eimbcke), pasando por La mujer

de Benjamín (Carlos Carrera) o Cabeza de Vaca (Nicolás Echevarría), por mencionar algunos de los largometrajes clave de ficción, además de cortos y documentales (han habido mejores y peores), pero cuesta pensar en algún joven cineasta mexicano, dueño de un lenguaje propio, que no haya pasado por aquí, al menos una vez.

El cine evoluciona más rápido que cualquier otro arte, 25 años dan para muchos temas de tesis doctorales sobre la historia del verbo creativo en este medio, de las políticas y hasta de la grilla cultural del país.

En estos tiempos de recortes presupuestales a la cultura por parte del gobierno federal, de ceguera de empresarios que ni siquiera alcanzan la categoría de déspotas ilustrados, como lo demuestra la desaparición del FICCO (Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México), la política de expansión e inclusión de otras cinematografías (Proceso 1741) en el FIC, iberoamericana o de tendencias marginales de otros pases, sitúa al público, y a los cineastas mismos, de cara a la vanguardia.

El hecho se constata en las diferentes secciones del festival, como Corrientes Alternas, Sin Fronteras, Europa Tendencias.

El interrogante frente a la curación milagrosa, o el silencio de Dios, en Lourdes (Austria-Francia-Alemania); la bravura de un cineasta como el filipino Brillante Mendosa, que se atreve a mostrar el horror y la impunidad que vive su país (Kitanay, premiada en Cannes); o la maestría que ha alcanzado como realizador el ecuatoriano Sebastián Cordero con su estupenda cinta Rabia (España-Colombia-México). ●

Televisión “Discutamos México” FLORENCE TOUSSAINT

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l año 10 se ha quedado en la historia de México como una señal y un em-

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blema de cambio. Ninguna de las insurrecciones que conmemoramos en 2010 se gestó ni vio su culminación el año que se celebra; sin embargo, 1810 y 1910 constituyen hitos en nuestra memoria histórica.

Los dos siglos que han pasado a partir de que se desató la insurrección armada que nos llevó a ser independientes, y el siglo transcurrido desde la revolución social que acabó de consolidar la República, fueron de constantes modificaciones.

En 1910, Porfirio Díaz decidió celebrar el Centenario de la Independencia con obra pública, proyectos educativos, y difundió por medio de los periódicos las conmemoraciones. Para ello se hizo un plan con años de anticipación. Gobiernos extranjeros donaron al país, y en especial a la Ciudad de México, estatuas y kioscos alegóricos, y se llevaron a cabo verbenas populares. También hubo protestas en las calles, que se reprimieron, y aun así algunas publicaciones dejaron testimonio de éstas.

Hoy que se celebran dos aniversarios, el país se encuentra tan maltrecho que las fiestas están resultando deslucidas y sin propósito. En el nivel federal se entiende que los actuales gobernantes, cuya ideología fue derrotada tanto en 1910 como en 1810 y especialmente durante la reforma juarista, no estén interesados en festejar pues no se sienten herederos de los revolucionarios.

El año se inició con la puesta al aire de programas televisivos y radiofónicos elaborados por el gobierno federal para hablar primero de la Independencia y después de la Revolución. Se titula Discutamos México. El título es desafortunado pues, a más de la mala sintaxis, no indica con precisión lo que se quiere tratar. La promoción tampoco refleja la realidad del programa. Señala que están todas las voces, lo cual es inexacto: ni están todos los que saben de historia de México ni podrían estar. Y al final nos endilgan el logo de la Presidencia y el eslogan “para vivir mejor”. Que no se nos olvide quién lleva a cabo los proyectos. Y lo más lamentable es que sólo se transmite por canales públicos, a los privados no se les exige que lo hagan. Si el Estado ocupara la media hora diaria a que tiene derecho haría que los programas y el tema mismo cobraran importancia para la población mayoritaria que no sintoniza ni el Once ni el 22 ni las radios del IMER o Radio Educación.

Con todas estas fallas, la serie se sostiene fundamentalmente por quienes participan en ella. Salvo excepciones, los participantes tienen un profundo conocimiento de la historia y de los personajes, se expresan con claridad y elocuencia.

Es evidente que nuestra historia despierta el entusiasmo de los historiadores y de la gente común, apasiona también porque

se refiere a nuestra identidad.

Son mesas redondas, con un conductor y tres invitados. Se ilustran con grabados, pinturas y fotografías.

Para quienes prefieren pocos cortes comerciales, es mejor ver la serie en Canal 22, pues en Canal Once insertan demasiados promocionales y anuncios entre un segmento y otro. ●

Libros Disgusto juvenil JORGE MUNGUÍA ESPITIA

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a música punk nació como Molestar a la una reacción frente a la moral comercialización del rock, The Ramones… con los que se pues para muchos jóvenes éste identifica; pero en especial cohabía dejado de ser una expreincide con la rola Gimme dansión de protesta frente al orden ger, de Iggy Pop. Así, ante las y la autoridad. El nuevo género inquietudes que le generan la recuperaba el carácter subversociedad y la existencia propia, sivo e incorporaba la libertad decide realizar un acto subversiindividual como eje de toda vo para llamar la atención de los transgresión. adultos sobre algunas necesidaPara el punk la rebeldía des de los adolescentes. parte del sujeto que rechaDeseo de ser punk trata de za la moral, las ideologías, los la rebelión de una adolescendogmas, las instituciones, y lo te de la clase media. La púber hace a través de incomodar, busca su identidad en la músiburlar, escandalizar, inquieca. El rock de los padres no le tar, molestar… Por esta índole dice nada. Las letras han permuchos jóvenes se han idendido su sentido, al igual que tificado con este movimiento quienes las cantan. Es en el y recurrido a quebrantar las género punk donde encuenreglas de la estética, la música tra los ritmos y la poesía que y la política. Bajo este espíritu le permite expresar aquello Belén Gopegui escribe la noveque incomoda e impide ser. La la Deseo de ser punk (Ed. Anahipersensibilidad producida le grama. Col Narrativas hispánilleva a observar las restricciocas. No. 456; Barcelona, 2009. nes que impone la sociedad, 187 pp.). de manera sutil, sobre los jóveLa historia es narrada por nes. Ante las cuales reacciona, Martina, una adolescente de 16 de acuerdo a su edad y conaños, como una carta a su amidición social, con actos ingego Diego. En ella le cuenta lo nuos e inocentes pero que en que ha estado viviendo, desde el fondo revelan lo esencial: un los desastres en la escuela hasta disgusto frente a la cultura. la muerte del padre de su mejor Deseo de ser punk es un liamiga. Martina además está sobro sincero, en el que la autora la y no se identifica con ningún no pretende retratar la rebetipo de música que le dé senlión de los adolescentes raditido. Luego su padre es despecales, como los anarcos o los dido y entra en una depresión. darketos, pero presenta en forEn el transcurso de esos sucesos ma amena e intensa el enojo oye diferentes géneros muside esos muchachos que viven cales, hasta que escucha a los en familia. músicos punk, como The Clash, 1742 / 21 de marzo de 2010

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Rafael del RĂ­o

El hijo de Pablo Escobar

pide perdĂłn G

UADALAJARA, JAL.El hijo del dirigente del mĂĄs famoso cĂĄrtel de drogas de Colombia, que al nacer se llamaba como su padre (Pablo Escobar) pero cambiĂł su identidad como SebastiĂĄn MarroquĂ­n, estĂĄ listo para romper el silencio y pide perdĂłn a las vĂ­ctimas de su progenitor.

TenĂ­a 16 aĂąos de edad cuando ĂŠste, jefe del cĂĄrtel de MedellĂ­n, fue abatido por la policĂ­a 17 meses despuĂŠs de haberse fugado de la cĂĄrcel.

MarroquĂ­n recibiĂł la llamada de una periodista notificĂĄndole la muerte, y con furia respondiĂł: “Yo solo voy a matar a todos esos hijos de‌â€?

Ahora, tranquilo y con un parecido enorme con su padre, aclara a este semanario: “Esa fue una respuesta automĂĄtica, no lo meditĂŠ en el momento, porque cuando recibo el anuncio oficial del fallecimiento de mi padre, habĂ­a yo hablado con ĂŠl por telĂŠfono 10 minutos antes. Era algo que costaba creer. ReaccionĂŠ con violencia como todos los seres humanos frente a un acto como ĂŠse. ExpresĂŠ lo que se me vino a 68

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la cabeza, ya que habĂ­a crecido en un contexto muy violento, en el epicentro de la violencia de Colombia. “Pero una vez que hice la amenaza al paĂ­s, me puse a pensar lo que habĂ­a dicho y lo que eso significaba. En 10 minutos me di cuenta de que iba a repetir la historia de mi padre e iba a terminar muy rĂĄpido como ĂŠl. AllĂ­ decidĂ­ apostarle a la vida y luego otra vez por telĂŠfono me retractĂŠ. “PrevaleciĂł por suerte mi esencia pacĂ­fica y no querĂ­a mĂĄs guerra. EmpecĂŠ contra viento y marea una nueva vida, ese sĂ­ que era un camino mĂĄs difĂ­cil. Hace 16 aĂąos que lo vengo haciendo y estor orgulloso.â€?

CumpliĂł ya los 33 aĂąos. Y a travĂŠs del documental Pecados de mi padre, dirigido por el argentino NicolĂĄs Entel, cuenta la historia de Escobar, tambiĂŠn llamado Zar de la cocaĂ­na. AdemĂĄs, relata la “extraordinariaâ€? niĂąez que viviĂł con su papĂĄ.

TambiĂŠn habla de dos asesinatos cometidos por Pablo Escobar: del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y de un polĂ­tico en vĂ­as de ser electo presidente en Colombia, Luis Carlos GalĂĄn.

En la cinta, que concursĂł en la secciĂłn Documental Inberoamericano de la 25 ediciĂłn del Festival Internacional de Cine en la

SebastiĂĄn MarroquĂ­n, hijo de quien fuera el jefe del cĂĄrtel de MedellĂ­n, dio un giro de 180 grados a su vida para integrarse a la sociedad legalmente. Su historia estĂĄ contada en un documental del realizador argentino NicolĂĄs Entel, Pecados de mi padre, que se presentĂł en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ambos narran en entrevista esta historia sorprendente.

Columba VĂŠrtiz de la Fuente

capital tapatĂ­a, MarroquĂ­n busca la reconciliaciĂłn con los hijos de esas vĂ­ctimas: Rodrigo Lara y Juan Manuel, Carlos y Claudio GalĂĄn.

Para realizar el largometraje, Entel conversĂł con MarroquĂ­n durante cuatro aĂąos, y lo convenciĂł de regresar a Colombia en 2008. Éste “sentĂ­a miedoâ€? por el encuentro con los hijos de GalĂĄn y Lara Bonilla. La reuniĂłn aparece en el filme, y en ella les pide perdĂłn. –¿Fue un perdĂłn sĂłlo a ellos o a la sociedad colombiana? –Pido perdĂłn a la totalidad de las vĂ­ctimas, se deslegitimarĂ­a inmediatamente si es exclusivo para determinadas personas. Para mĂ­ pedir perdĂłn fue muy difĂ­cil, pero fue un acto necesario para abrir un espacio de diĂĄlogo, conversaciĂłn y entendimiento, porque si bien ellos manifiestan en la pelĂ­cula que no tienen nada de quĂŠ perdonarme, el rechazo de la sociedad, las reacciones y la persecuciĂłn me han hecho creer todo lo contrario. Me han hecho creer que sĂ­ soy culpable, que soy cĂłmplice, que el simple acto de haber nacido ya me hace cĂłmplice del cĂĄrtel de MedellĂ­n en su totalidad y que tengo que responder por esas acciones. Agradezco la generosidad de las familias que me dicen: ‘No tenemos nada quĂŠ perdonarte’.â€?

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ESPECTÁCULOS –¿Qué tan difícil fue su regreso a Colombia en 2008?

–Siempre le dije a Entel que jamás iba a volver a Colombia por razones obvias. Creo que el acto de valentía que tuvo Rodrigo Lara como respuesta a la carta de viajar a Buenos Aires, cuando muchos personajes fueron secuestrados bajo esa premisa (los invitaban a un lugar que no era y terminaban secuestrados), me impulsó. Fue una gran apuesta de Rodrigo para la paz y la reconciliación, y no me quedaba opción. Si Rodrigo hizo eso, yo no podía negarme a regresar a mi país en esa misma búsqueda. Fue una cuestión de reciprocidad. Y lo hice con mucho miedo y una gran incertidumbre.

–¿Por qué romper el silencio en un documental?

–Todo tiene su tiempo. Se dieron un montón de factores antes de conocer a Entel, como la detención de mi madre y mía en Argentina, país donde vivimos, por lavado de dinero, asociación ilícita por un contador que nos estafó. Nos robó dinero y fuimos a denunciarlo y a nosotros nos detuvieron. Eso marca un antes y un después.

El anonimato que habíamos logrado con el cambio de identidad se perdió al hacer públicos nuestros nombres y cuál era nuestro lugar de residencia. Entonces, ya no quedaba más por ocultar, ya no íbamos de nuevo a efectuar otro cambio de identidad. Así que estábamos en cierta medida preparados para considerar posible entrar en un proyecto así. Fue el momento.

A Entel, nacido en Buenos Aires en 1975, se le ocurrió contar la historia de Escobar pero desde el punto de vista de su hijo y contactó con él. Marroquín había rechazado filmes de Hollywood, telenovelas, documentales, libros y hasta una línea de juguetes de figuras de acción. Entonces, el realizador tardó seis meses en convencerlo. Dice a Proceso: “Le escribí un ensayo explicándole la película, y aceptó porque era la primera vez que sentía que alguien no deseaba glamorizar o explotar la imagen de su padre, y quizá tuve la suerte de que él también estaba listo a romper su silencio.”

–En el documental, que en breve se presentará en México y en mayo en Discovery Channel, se menciona que Escobar fue un buen padre, que construyó muchas obras benéficas para los pobres. ¿Esta cinta no es para justificar a Pablo Escobar?

Al instante interviene Entel: “De ninguna manera es un documental que justifique a Escobar. César Gaviria presenta claramente lo que hizo Escobar, fue lo peor de la historia de Colombia.

Fue mucho dolor, mucha violencia y mucha muerte.”

Tampoco para Marroquín es un proyecto “en el cual se busque beatificar la imagen de mi padre”. Sino al contrario: “Queda peor parado de lo que ya se le

conoce, pero se le agrega la parte humana, la parte de la familia y se refuerza que era un padre querendón, que te cantaba canciones y cuentos y te enseñaba a montar en bicicleta.”

Libertad Para Marroquín, vivir en el anonimato “era una sensación contrapuesta pero también liberadora”: “El anonimato fue salir a ejercitarse en los caminos de la vida con una total transparencia, porque no estábamos acostumbrados a eso, ya que habíamos vivido en un submundo oculto con mucho poder y mucho dinero, pero no era nada real, era todo muy efímero.”

–¿Fue complicado cambiar de nombre?

–Los gobiernos bajo los cuales habíamos buscado custodia nos la negaron. Colombia se había encargado de cerrarnos las puertas en el exterior definitivamente y para siempre. El cambio de identidad era lo que nos iba a permitir salir del país o refugiarnos en otro lado. Cuando estás en una circunstancia en el que ciento por ciento de los países del planeta Tierra te dicen: no te recibo y no te voy a abrir mis puertas, se siente uno como extraterrestre y más en tu propia tierra, donde no podías vivir.

El cambio de identidad nos permitió una salida digna y no fue duro, porque veníamos tan golpeados por esas otras circunstancias; tuvimos como un alivio realmente.

–¿Los enemigos de su padre no lo han buscado o los que fueron socios no lo invitaron a ocupar el lugar de Escobar?

–No. Creo que en un punto ya no había nadie y también muchos entendieron que yo había sido un niño dentro de toda esa realidad y creyeron, porque si no estaría muerto, en mi palabra, de que quería buscar un futuro diferente para mi familia.

Que toda la historia de violencia que como familia habíamos vivido y sufrido, terminaba con la muerte de mi padre.

–El documental muestra el poder de Pablo Escobar, por ejemplo, que iba a Miami y con toda la libertad en el hotel más famoso alquilaba, bajo una compañía falsa de petróleo, tres pisos, y laboraba allí con facilidad.

–Eso a mi padre le divertía, no lo hacía por una ambición, era como burlarse de los estadunidenses.

–También se expone en la cinta que una vez ante mucho dinero frente a ustedes, se estaban muriendo de hambre, porque no podían salir a comprar comida.

–Es como una nueva definición de pobreza, porque si tienes mucho dinero y no puedes compartir una libra de arroz con él, es lo mismo que no tenerlo. Creo que es mejor no tenerlo al lado, porque te llenas de sentimientos de depresión, pues dices cómo es posible que me esté muriendo de

hambre y tenga dinero para comprarme un súper mercado completo.

“Por casualidad en la casa donde nos escondíamos se puso un retén de la policía. Uno de los uniformados se paró frente a nuestra puerta y se acabaron los víveres y no podíamos salir, porque todos estábamos siendo buscados. Entonces, la comida se acabó y empezamos a morirnos de hambre, y teníamos a la vista unos 2 mil dólares.”

–Cuándo vivía con su padre, ¿que pensabas de su actividad?

–Con mi padre tuve varias experiencias, de pequeño lo veía en un contexto en el que era amigo de políticos, senador de la República y tenía una gran popularidad.

Yo lo acompañaba a las plazas públicas y veía todos los carteles que decían: “Viva Pablo Escobar”, “Gracias Pablo Escobar”.

La comunidad, la Iglesia, todo mundo lo quería. Después con el tiempo voy creciendo y empiezan a aparecer otro tipo de noticias respecto a mi padre y va cambiando la imagen de él. Te empiezas a cuestionar ya lo que él está haciendo.

“Pero trato de preservar lo positivo, porque creo que a lo largo de la historia los medios de comunicación se han encargado muy bien de recordar todos los datos negativos.

Entonces, sólo trato de recordar lo que valió la pena, de sus inicios, de querer ayudar, que era muy sensible frente a las clases sociales más olvidadas por el Estado.”

En el largometraje, Juan Manuel Galán resalta que se debe discutir legalizar la droga, ¿qué opinan?

Entel expresa que Juan Manuel Galán ha visto que la llamada guerra contra el narco no está funcionando, “por lo que cree que debemos debatir y no debe quedar nada afuera de la mesa, incluso discutir la legalización”.

Sebastián arguye que no es la persona indicada para hablar acerca de la legalización, “porque cualquier cosa que diga tengo la certeza que la usarían en mi contra”.

–¿Cuál es su sentir de que se vea este documental? –se inquiere a Marroquín.

–Es compartir la experiencia para que no se repita. Tiene esa intención, abrir de alguna manera la intimidad de esta familia, porque los narcotraficantes por lo general creen que nada les va a pasar.

–En México, Felipe Calderón está combatiendo el narcotráfico con el Ejército, ¿qué opina?

–Eso es muy íntimo y particular de México. Nuestro desconocimiento del contexto local quizá nos impida hacer una reflexión puntual al respecto. Sin embargo, creemos que no es un problema de mexicanos ni de colombianos, no es una cuestión propia de nacionalidades, sino que es una reacción “natural” a esas políticas que están aplicadas generando esa clase de violencia. ● 1742 / 21 de marzo de 2010 174

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Inscrita para la sección de Largometraje mexicano de ficción en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la cinta de Carlos Carrera (Premio Mayahuel por mejor director), revela con crudeza la violencia intrafamiliar en México, y por la cual enfrenta problemas de distribución que el cineasta denuncia. Tuvo como intérpretes a Damián Alcázar (también Mayahuel a mejor actor)y a Giovanna Zacarías.

Carrera sorprende con

“De la infancia” G Columba Vértiz de la Fuente

UADALAJARA, JAL.La comunidad cinematográfica considera a De la infancia, basada en la novela homónima de Mario González Suárez, como la mejor película de Carlos Carrera.

El director Gabriel Retes se refiere a ella como “una obra maestra”. Y la actriz Dolores Heredia comenta: “¡Está, uf, buenísima!”.

Dada su reconocida trayectoria, asombra que el realizador compitiera en la sección de Largometraje mexicano de ficción durante la 25 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) con De la infancia, la cual trabajó durante 10 años. Cuestionado al respecto, Carrera aclara: “No nos invitaron a exhibirla en otro lado, entonces la inscribimos al FICG, y quedó.”

El cineasta revela que la película, protagonizada por Damián Alcázar, Giovanna Zacarías (quien el domingo partía a la filmación de Di di Hollywood, del español Bigas Luna) y el niño Benny Emmanuel, ha enfrentado problemas de distribución, e indica: “Hay declaraciones de los distribuidores de que el largometraje está muy bien, pero ellos subrayan que el público no la quiere ver. La distribución del cine mexicano ha sido secuestrada por una serie de personas que no quieren al cine, que basan sus decisiones en prejuicios personales, algo así de rarísimo, y que no quieren arriesgarse con algo que no sea una apuesta segura en términos de taquilla.

“Ponen de pretexto el tema. Están en 70

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su derecho, pero eso empobrece mucho la oferta cinematográfica. Hemos visto que con la afluencia del público a Guadalajara sí hay interés para otro tipo de cine.”

La cinta refleja de manera tremenda la violencia intrafamiliar, pero el que sea fuerte “no quiere decir que no tenga derecho a ser distribuida”, y se crece: “Ya encontraremos la manera de distribuirla.”

Le llama la atención que, tras proyectarse aquí, “los productores que no le quisieron entrar, me felicitaron, de hecho mis colegas españoles no pueden creer que, después de la respuesta del público, la película no tenga distribuidor en México”.

Pone en la mesa el tópico de la producción, pues considera que los directores mismos deben producir sus proyectos: “En Malayerba Producciones (conformada por Ortiz Cruz, Javier Patrón Fox y el mismo Carrera) nos las arreglamos, aunque no tengamos la vocación de ser productores, porque si no producimos nosotros no nos produce nadie.”

–¿De otra manera no hubiera levantado el proyecto?

–Imposible. Si este largometraje no lo levanto yo, no sale. Hay un desinterés de las compañías ligadas de alguna manera a las majors; pero también tengo que resaltar el hecho de que la película fue financiada por Seguros Bancomer a través del artículo 226 del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Estuvimos tocando muchas puertas para que con el 226 participaran empresas, pero no les latía el proyecto. Eso también está muy raro, que de repente haya como un criterio o un gusto particular para apoyar proyectos para el 226.”

Además, intervienen Argos Cine y el Fidecine.

Herencia violenta

Con La mujer de Benjamín, Carrera ganó el concurso de óperas del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), siendo una de las tres películas mexicanas con mayor números de premios internacionales. Además, en 1994 ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes con El héroe, y en 2001 dirigió El crimen del padre Amaro, la cinta más taquillera en la historia del cine mexicano.

De la infancia narra la historia de un niño de 10 años llamado Francisco, a quien cuida un fantasma porque es víctima de abusos por su padre, Basilio. Desde “hace años”, cuando Carrera leyó por primera vez el libro De la infancia, le atrajo la posibilidad de filmar el asunto: “Allí se funden realidad y fantasía, desde el punto de vista de los niños, y también es contar cómo se hereda la violencia.

Escribimos el guión Fernando León, Silvia Pasternac y yo, se le dio un orden más anecdótico y más progresivo. Tardó un poco, porque hicimos muchas versiones.”

Adaptación libre, aunque bastante apegada al espíritu de la novela.

“Me preocupa el hecho de que la violencia en México está en todos lados, y si a eso sumamos la falta de oportunidades, la falta de futuro, entonces estamos en un problema bastante grave como país. El nivel cultural educativo no es contrapeso a la violencia. Por ello, muchos niños están creciendo con la vio-

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Rafael del Río

ESPECTÁCULOS

Carrera. Mejor director

lencia como algo natural, y eso es preocupante, porque por ahí se perfilan el presente y el futuro de México.”

–¿Cómo trabajó esa violencia-ficción con niños?

–Mostrándoles cómo se hace el cine.

“La violencia familiar es un problema bastante presente en muchos lugares.

También tiene que ver con la frustración, con el estado de presión en el que se encuentra el país.”

Damián Alcázar se inspiró en su papel “haciendo muchos recuerdos de mis hermanos, amigos y lecturas al respecto”, abunda: “Está de moda la violencia intrafamiliar y es verdaderamente una lástima.

Quiero decir con esto que abriendo el periódico se da uno cuenta: las noticias, la hambruna, la miseria, la falta de empleos, todo eso evidentemente incide en la violencia del hogar. No hay un señor que pueda mantener a su familia con 57 pesos, quien lo crea está absolutamente loco o es un pendejo...

“Yo sabía que estaba trabajando con un gran director. Conozco bien su cine y tuve la oportunidad de trabajar con él en El crimen del padre Amaro, y ahora tenía esta historia nada menos que para que yo la protagonizara. Estaba feliz por estar yo muy bien respaldado. Trabajar con Carlos Carrera me resulta muy disfrutable, realmente.”

Urge renovar el 226 El problema de la exhibición surgió en la charla con Proceso al mencionarle a Ca-

rrera que su anterior cinta, Backyard: El traspatio, no permaneció en salas mexicanas mucho tiempo: “Es el problema de todo el cine mexicano. Incluso el cine de Hollywood más complejo e interesante también tiene un mismo destino. Por ejemplo, la película que ganó el Oscar (Zona de miedo, de Kathryn Bigelow) estuvo semana y media en pocas salas y la sacaron.

“O la de los hermanos Cohen, Un tipo serio, duró poco en cines, entonces sí que es alarmante. Eso obedece a una falta total de amor al cine y de respeto al espectador.”

–¿Qué papel juegan aquí las autoridades gubernamentales?

–Las autoridades gubernamentales tienen totalmente abandonado al cine mexicano en la distribución y exhibición, con el pretexto de que no pueden influir en tratos comerciales entre particulares, y no hay ninguna ley que regule eso.

“Hemos tratado de tener encuentros en los distintos sectores, producción, exhibición y distribución, para llegar a acuerdos, pero no hay voluntad de algunos distribuidores; bueno, no son todos, hay distribuidores con ganas de manejar otro tipo de películas, y los exhibidores de pronto sí apoyan a festivales, otros los cancelan totalmente; pero a veces, de plano, no hay ninguna voluntad de nada para el cine mexicano.”

–María Rojo, quien recibió el Mayahuel de Plata, señaló en su discurso que urge regular el artículo 226...

–Sí, pero también desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el cine quedó desprotegido.

Se han hecho alusiones a reformar la Ley del Cine y siempre hay mucha oposición de esos sectores. Como el 226 es nuevo, está lleno de baches, hay problemillas, es como muy frágil, porque de pronto la Secretaria de Hacienda cambia, se inventa el IETU, y entonces así ya es difícil trabajar con el ISR. El pasado 8 de marzo, Felipe Calderón visitó los Estudios Fílmicos en Popotla de 20th Century Fox, ubicados en Rosarito, Baja California, anunciando su impulso al cine con el Programa de Apoyo a la Industria Cinematográfica de Alto Impacto para hacer de México “la capital latinoamericana del cine”.

Dicho programa establece incentivos financieros, que consisten en la devolución de hasta 7.5% de gastos facturados en México a producciones de 70 millones de pesos y postproducciones de 20 millones de pesos. También se prevé la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para producciones realizadas en la nación para exportación.

Sobre este “renovado impulso” a la cinematografía de alto presupuesto, Carrera opina, molesto: “Me parece muy bien que en cuestión laboral se maquilen películas en México, pero también el mismo apoyo se tendría que dar a las cintas mexicanas. Dijo: ‘de alto impacto’, y yo no sé que sea eso, pero me parece muy ridículo, me parece atroz todo eso.”

–¿Qué diría usted a los distribuidores y exhibidores?

–Que ojalá fueran más abiertos, y qué pena que no les guste todo el tipo de cine y quieran que todo el público comparta su visión del mundo.

En la inauguración del FICG, realizado del 12 al 19 de marzo, se proyectaron los primeros tres minutos de la cinta de animación Ana, con la que Carrera calcula dos años más de trabajo.

Y aunque enfrenta problemas para financiarla, “va muy bien”: “Es un largometraje de largo plazo, un proyecto muy costoso para México y regalado por el mundo. Cuesta como tres películas mexicanas. Pero confío en que este proyecto en particular encuentre financiamiento. Allí sí hay mucho interés por la distribución, pues es para niños y ven un mercado más amplio.”

Por su parte, la actriz Giovanna Zacarías se refiere a De la infancia como “una película impactante” y la califica como “una mirada honesta, franca y cruda de la realidad de muchas familias mexicanas”.

Para interpretar su papel, recorrió los barrios duros de Tepito y Santo Domingo, en la capital mexicana. Su conclusión tras aquellas visitas es reveladora: “Me di cuenta de que el filme de Carrera está muy light.”

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MEXSPORT

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a disputa por la marca “Chivas” y los impedimentos legales para abrir el nuevo estadio donde jugará el Guadalajara tienen de cabeza al empresario Jorge Vergara Madrigal.

El 5 de febrero pasado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa lo

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privó de los derechos para el uso de la marca Chivas. Ahora, Francisco Cárdenas, el último presidente del Club Deportivo Guadalajara, A.C. (que se ostenta como absoluto propietario de los derechos de la marca, según la resolución), advierte que Vergara está impedido para nombrar siquiera “Estadio Chivas” a su millonaria obra, todavía en proceso de construcción.

“Por lo pronto (Vergara) ya no tiene derechos de propiedad para entregar licencias a terceros de ninguna marca de las que están registradas en el club”, sostiene Cárdenas.

La inapelable sentencia del tribunal significa que Jorge Vergara Madrigal no podrá hacer uso del nombre “Chivas”, los colores oficiales del uniforme ni el

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]RV escudo del equipo mĂĄs popular del paĂ­s.

Apenas el jueves 11 de marzo, el propio Vergara, en un intento por conciliarse con los seguidores del equipo, dijo ante unos 150 aficionados que, por “respetoâ€? a ellos, regresarĂ­a el escudo tradicional a partir de la prĂłxima temporada, luego de los cuestionamientos por modificar los colores, parte del diseĂąo del uniforme y

hasta el escudo de armas de la ciudad de Guadalajara en el emblema de las Chivas.

Los aficionados recibieron la noticia con algarabĂ­a, pero el propio Vergara reconociĂł –sin revelar cifras– que el cambio de escudo “nos cuesta mucho dinero, porque ya habĂ­a muchos artĂ­culos con el escudo nuevoâ€?.

CĂĄrdenas se mofa. Las exigencias del pĂşblico es lo que menos le importa al tambiĂŠn presidente y propietario del Grupo Omnilife-Chivas, dice, y asegura que el escudo “originalâ€? que anunciĂł el empresario tampoco es el tradicional. La diferencia es el nombre: deberĂ­a incluir la leyenda “Club Deportivo Guadalajara, A.C.â€?, y no “Club Deportivo Guadalajara, S.A. de C.V.â€?.

Los problemas de Vergara no se acaban ahĂ­: el nuevo alcalde se Zapopan, HĂŠctor Vielma, insiste en no autorizar la apertura del inmueble futbolero hasta que Vergara no haya construido el nodo vial que darĂĄ acceso al estadio, todavĂ­a sin fecha de inauguraciĂłn por los retrasos en su edificaciĂłn.

Con apenas dos meses y medio de gestiĂłn, Vielma dice a Proceso que el ayuntamiento ni siquiera ha recibido los trĂĄmites para la construcciĂłn del nodo vial.

Peor aĂşn: el estadio no cuenta con el certificado de habitabilidad. “Y la obra todavĂ­a no estĂĄ lista para que puedan empezar a realizar los trĂĄmites del permiso de operaciĂłnâ€?, confirma.

El alcalde priista seĂąala que Vergara estĂĄ obligado, primero, a terminar la obra. “Y una vez concluida tenemos que recibirla, realizar el estudio de revisiĂłn, de protecciĂłn civil y el anĂĄlisis de construcciĂłn para poder dar el certificado de habitabilidad.

La licencia de operación se darå en el tiempo que tarden en iniciar el nodo vial�.

Vielma recuerda que existe un acuerdo firmado entre Jorge Vergara y la pasada administraciĂłn municipal de Zapopan para la operaciĂłn del estadio, condicionada a la construcciĂłn del nodo vial que abra vĂ­as de comunicaciĂłn al inmueble.

“Para sorpresa nuestra, no existe ningĂşn proyecto ejecutivo del nodo vialâ€?, comenta, y sin ello la obra no puede iniciarse, insiste. –¿Falta mucho tiempo para que el estadio abra sus puertas? –Mucho, dependerĂĄ de cuĂĄndo inicie la construcciĂłn del nodo y cuĂĄndo terminen la obra del estadio. –Por lo pronto, su municipio no autoriza la operaciĂłn del inmueble. –Existe un convenio que firmaron la administraciĂłn anterior en la que (Jorge Vergara) se compromete hacer el nodo para abrir el estadio. No es un asunto de este gobierno, que sĂłlo se ha dedicado a encontrar soluciones a los problemas que heredĂł, y harĂĄ lo necesario para beneficio de la ciudad. “Es importante que se entienda que el lugar donde estĂĄ el estadio, en El BajĂ­o, tiene muchos mĂĄs propietarios que van a verse beneficiados por el nodo vial. Si bien es cierto que la empresa constructora del estadio tiene que contribuir, segĂşn el compromiso que hizo, el actual gobierno municipal estĂĄ haciendo lo necesario para que los otros beneficiarios de la entrada y salida al PerifĂŠrico, tambiĂŠn aporten recursos econĂłmicos.â€?

El nodo podrĂ­a construirse en un lapso de cuatro meses, a un costo de 80 millones de pesos, dice, pero aclara que “el gobierno municipal no asume el compromiso de meter recursos a una obra como ĂŠsta. Quienes tienen que invertir son aquellos que van a beneficiarseâ€?. –¿QuĂŠ otras empresas se verĂĄn beneficiadas con el nodo vial? –La Villa Panamericana, el Poder Judicial del estado, el Poder Judicial de la federaciĂłn, la Universidad del Valle de MĂŠxico, la Universidad CuauhtĂŠmoc‌ Son muchos predios que existen en esa zona de diferentes propietarios y empresas.

El alcalde de Zapopan se rehĂşsa a confirmar si Jorge Vergara estĂĄ dando visos o no de cumplir con aquel convenio. “Lo 1742 / 21 de marzo de 2010

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Inauguración en el aire

importante es que no puede iniciar la operación del estadio si no comienza el nodo vial”, sostiene.

Tampoco hay un plazo fatal: “Depende de ellos: si quieren abrir este año tienen que construir este año, si quieren abrirlo mañana tienen que empezar mañana. Para bien de Zapopan, este tema tiene que solucionarse cuanto antes para poder avanzar”.

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La marca Chivas, objeto del largo litigio que desde 2002 dirimen en los tribunales la Sociedad Anónima de Capital Variable de Jorge Vergara y la Asociación Civil que preside Francisco Cárdenas, cuenta con docenas de productos que se comercializan en el mercado nacional y de Estados Unidos, desde playeras, pines, escudos, banderines, figuras, lapiceros, encendedores y refrescos de cola, hasta ataúdes con diseños del equipo.

El conflicto inició el 30 de octubre de 2002, cuando Jorge Vergara se adueñó de la mayoría de las acciones del club al pagar 6 millones de pesos a cada uno de los socios que le vendieron en una cuestionada asamblea, luego de que 143 de sus integrantes votaron por la transformación de asociación civil a sociedad anónima, 11 se abstuvieron, tres se opusieron al cambio y 41 abandonaron la reunión.

En octubre de 2007, al cumplir cinco años al frente del equipo, Jorge Vergara estimó el valor de la marca y la franquicia del club Guadalajara en más de 500 millones de dólares.

“No sé si hizo ese cálculo con base en algo o fue una especulación, como muchas otras que se ha aventado”, dice Cárdenas, y reafirma que no está dispuesto a negociar nada con Vergara. “¿Cuánto imaginas que vale Chivas con sus marcas y sus propiedades? ¿Cuánto es lo que Vergara podría ofrecernos para negociar? Tendría que ser del mismo tamaño, y no lo va a hacer.

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Si lo hace, de todas maneras no vamos a negociar, no hay negociación posible. Nosotros vamos a recuperar nuestra casa y nuestro patrimonio”.

Irónico, comenta que el estadio que construye el cuestionado dueño del Guadalajara podría servir para una liga amateur sabatina “que tiene unos partidos muy buenos que necesitan un lugar para que la gente pueda verlos. A lo mejor para eso puede servir el ‘Estadio Vergara’, porque por ningún motivo podrá llamarse ‘Estadio Chivas’.

–¿Ni siquiera eso le permitirán a Vergara?

–Pues no.

Francisco Cárdenas se ufana: “En estos momentos, y desde que salió la resolución del Primer Tribunal Colegiado, la asociación civil ya es propietaria de todos los derechos de Chivas”.

Ahora, explica el directivo, el tribunal debe solicitar al juez que ordene al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI, la dependencia oficial encargada de los registros de marcas y patentes en el país) “que transforme y modifique los registros dando de baja todos los que están a nombre del Club Deportivo Guadalajara, S.A. de C.V., y Chivas de Corazón, S.A. de C.V., para pasar a su legítimo propietario, Club Deportivo Guadalajara, A.C. Después, el director del IMPI tendrá que hacer un informe, que regresará al juez por la misma vía.

“El juez tendrá que ponerlo a disposición de las partes para que estemos enterados, y si estamos conformes la sentencia quedará firme. En caso contrario, tendremos que hacer la solicitud de modificaciones. Es decir, hasta que estemos plenamente satisfechos de la resolución, hará efectos reales o administrativos.”

Cerrado ese capítulo, “Vergara ya no podrá dar licencias para comercializar ninguna de las marcas, porque ya no va a ser el propietario”.

Cárdenas relaciona el anunciado cambio de escudo del equipo con la presión de la firma Reebok y los demás patroci-

nadores. “Me queda claro que, al perder la propiedad de los derechos, Vergara está haciendo todo para cubrirse de una eventual responsabilidad, porque al cometer un fraude y entregar derechos de una marca de la que no es propietario estará incurriendo en un fraude y en piratería, que además es un delito federal”.

La empresa de Vergara respondió con tres comunicados de prensa horas después de conocerse la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el pasado 15 de febrero. El primero lo firmó la directora jurídica, Leticia Ruiz; el segundo la esposa del empresario, Angélica Fuentes, y el tercero el propio Vergara.

El grupo propietario del equipo rechazó que haya perdido los derechos por el uso de la marca, los colores y el escudo.

“El juicio sigue adelante en el que se ventilará la legalidad con la que nos conducimos”, afirmó Fuentes, directora de Omnilife-Chivas.

Vergara calificó como “verdaderamente lamentable lo que los llamados disidentes, quienes se dicen amantes del futbol tapatío, han pretendido hacerle al club que estaba en ruinas cuando fue llevado a mejores rumbos por la empresa que represento”, y destacó los logros obtenidos por el club desde que es su propietario, como la consolidación futbolística del equipo, la promoción de jugadores de fuerzas básicas y la construcción de un nuevo estadio.

El área jurídica de la empresa aseguró que la resolución fue dictada “por un tribunal incompetente, ya que se trata de un tribunal administrativo, que no está en posibilidades de determinar respecto de la legalidad de la transformación de Club Deportivo Guadalajara A. C. en una sociedad anónima de capital variable y, por ende, menos atribuir efectos consecuenciales como los derechos marcarios (sic) de una sociedad que a todas luces se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos”.

Fuentes lamentó que “un puñado de disidentes se sientan con el derecho de dañar patrimonialmente al club deportivo, que jamás los ha desconocido y que constituye también parte de su patrimonio, ya que cuentan con derechos como accionistas”.

Según Cárdenas, los comunicados de Omnilife-Chivas y de Vergara “contienen una serie de incongruencias, inexactitudes y manipulaciones tendientes a desvirtuar lo que realmente pasó. Ellos dicen que la A. C. no existe, pero a mí la autoridad me reconoce esta personalidad”.

Sobre lo declarado por Angélica Fuentes, Cárdenas se limita a decir que ella “merece mis respetos, pero en su desplegado dice que somos socios y que no entiende por qué lo queremos golpear. Pues será el diablo, pero no quiero ser socio de ella, ni mucho menos de Vergara”. ●

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l presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), JosĂŠ SulaimĂĄn reconoce que los pugilistas que pelean en MĂŠxico se encuentran en estado de indefensiĂłn debido a la indolencia e irresponsabilidad con que operan muchos promotores, comisionados, mĂŠdicos, entrenadores y rĂŠferis, quienes sĂłlo ven por sus propios intereses.

En entrevista con Proceso, SulaimĂĄn, quien ha estado al frente del CMB durante 34 aĂąos, plantea que debe existir una autoridad nacional que homologue las reglas que deben regir al boxeo profesional.

De esta manera, sostiene, quienes montan las funciones estarĂ­an obligados a garantizar que los peleadores suban al ring con las mejores garantĂ­as para su salud.

“Nuestro problema es que a nadie le importa el vecino, cada quien ve por lo suyo. El promotor que quiere subir a su campeĂłn agarra pichones para que nadie lo pare. Paga una miseria y pone a alguien que se caiga porque su protegido debe ganar.

Desde hace tres aùos reviso quÊ se puede hacer para evitar las malas peleas, los fraudes y tantos abusos. Ante todo debe existir un interÊs sagrado por la salud del peleador. Hay mucha indiferencia debido a que en MÊxico hacía mucho que no ocurrían accidentes. Entonces hay que ver quÊ estå pasando y quÊ hay detrås�, explica.

Entre octubre de 2008 y noviembre de 2009, los boxeadores Daniel AguillĂłn (Proceso 1669, 1671 y 1672) y Marco Antonio Nazareth perdieron la vida, mientras que el costarricense Alejandro MartĂ­nez quedĂł en estado vegetativo (Proceso 1729). Geobani DĂ­az no habla ni camina y es incapaz de valerse por sĂ­ mismo (Proceso 1737 y 1738). Pagaron con sus vidas o con lesiones irreversibles el castigo que recibieron en sus combates.

De acuerdo con SulaimĂĄn, debe crearse un ComitĂŠ Nacional de Boxeo, para lo cual solicitarĂĄ la intervenciĂłn de la Comi-

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sión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). De esta manera corresponderá al gobierno federal regular a los promotores de las peleas, así como vigilar la legalidad de sus contratos y que, sin excepción, todos los boxeadores cuenten con seguro médico y de vida.

“Cada quien –plantea el directivo– hace las peleas a su manera. El promotor está preocupado por su negocio y a los mánagers sólo les interesa que su boxeador baje de peso sin importarles cómo. Lo que debe haber es un compromiso firmado por promotores, mánagers, comisionados, bajo la vigilancia de una autoridad legal que a su vez forme una asociación nacional de medicina especializada en boxeo.”

El jerarca del boxeo explica que el gobierno federal debe otorgar a la Federación de Comisiones de Box Profesional de México (Fecombox) –creada hace 12 años y que hoy día está integrada por 40 comisiones de box–, la autoridad necesaria para que a través de éstas se implementen de forma obligatoria las medidas que garanticen la protección médica al pugilista.

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Después de la muerte de Daniel Aguillón, el doctor Esteban Martos, de la Comisión de Box del Distrito Federal, denunció que había intentado evitar que el boxeador subiera al ring porque consideró que físicamente no estaba en condiciones de hacerlo; sin embargo fue ignorado.

A raíz de los accidentes fatales en el cuadrilátero, salieron a la luz muchas irregularidades que se repiten dentro del 76

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boxeo en México, por ejemplo: exámenes médicos mal practicados, ausencia de controles antidopaje, récords inflados y licencias expedidas a cambio de dinero. También se reveló que los promotores organizan funciones sin contar con ambulancias y equipo médico para la atención de emergencias y que, por necesidad económica, los peleadores se enfrentan con quien sea, aunque sus vidas se encuentren de por medio. (Proceso 1672).

Por todo ello, la entonces titular del Instituto del Deporte del Distrito Federal, Ana Guevara, se comprometió a reestructurar la Comisión de Box. Asimismo, el perredista Cristóbal Ramírez, que presidía la Comisión del Deporte de la Asamblea Legislativa, dijo que luego de una consulta en la que se le tomaría opinión a todos los involucrados, sería creada la Ley de Box del Distrito Federal, la llamada Ley Aguillón, para que la muerte del pugilista “no fuera en vano”. Sólo se trató de buenas intenciones que no se concretaron.

“Nosotros participamos en ese foro.

Hicimos muchas recomendaciones, pero no se ha hecho nada. Un día me dieron una copia de la reglamentación que querían hacer y era terrible, pues faltaba la participación de expertos en boxeo. Mandé una carta y nunca recibí respuesta. No sé a quién recurrir, por eso creo que lo más adecuado es la Conade”, insiste Sulaimán.

El pasado 25 de julio tuvo lugar en Tepic, Nayarit, la función Furia Latina 10, una copromoción de la empresa estadunidense Top Rank, de Bob Arum, Promociones Zanfer, de Fernando Beltrán y el gobierno estatal.

Una de las peleas de respaldo a las dos de campeonato de la Asociación Mun-

dial de Boxeo (AMB) que se disputaron aquella noche fue la de Alberto Topo Rosas, quien expuso su título latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el costarricense Alejandro Timón Martínez, quien durante el combate sufrió un severo daño cerebral que lo dejó en estado vegetativo.

El pugilista fue abandonado a su suerte cuando ya debía cerca de 4 millones de pesos al Centro Médico Puerta de Hierro de Guadalajara. Su familia fue incapaz de pagar esta deuda.

La embajada de Costa Rica en México se hizo cargo del traslado aéreo y el boxeador pudo volver a su país.

En diciembre de 2009, Gilberth Martínez, padre de Timón, comentó a Proceso que Fernando Beltrán, dueño de la promotora Zanfer, hizo mal sus cálculos, pues llevó a su hijo a un hospital muy caro para aparentar que se hacía todo lo posible por el muchacho.

Sin embargo, nunca pensó que su estancia se prolongaría cinco meses y la cuenta del nosocomio se elevó hasta volverse impagable.

Martínez comenta que poco antes, Beltrán había llevado al hospital al boxeador Marco Nazareth, quien sólo duró tres días y el promotor únicamente pagó una cuenta mínima por atención médica y corrió con los gastos del funeral. Le salió barato, y a eso le apuestan: a que los boxeadores lesionados no tarden en morirse.

Añade que se comunicó por teléfono con José Sulaimán para pedirle que intercediera ante Fernando Beltrán para que éste se responsabilizara por lo menos del pago del hospital y de las terapias de rehabilitación para Timón; sin embargo, el presidente del CMB se limitó a decirle que cambiara a su hijo a un nosocomio público.

“No estaba enterado de que eso ocurrió. Nunca lo leí y nadie me lo había reportado (el estado de salud de Timón Martínez). Sé que Fernando les ha pagado algo a todos los muchachos cuando ha habido problemas. Él es un promotor responsable, pero no sé hasta dónde llega (su ayuda).

A Aguillón le prometieron una casa para su esposa y sus dos niñitos y no les han cumplido. No sé quién hizo el ofrecimiento. Me dicen que fue la televisora (que transmitió la pelea, TV Azteca) o el promotor (Ricardo Maldonado), pero cuando eso ocurre uno tiene que hacer algo. No se puede dejar así nada más.” ³0XFKD QHFHVLGDG´

En el caso de Geobani Díaz, este semanario dio a conocer que cuando salió del hospital su familia no tenía dinero para trasladarlo de Tuxtla Gutiérrez al municipio de Villaflores, donde residen. Mien-

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DEPORTES tras sus parientes luchaban por conseguir ayuda, el boxeador yacía en el suelo recostado en un colchón inflable.

Dice Sulaimán que la familia de Geobani no pagó un solo centavo y que todos los gastos corrieron por cuenta del CMB y del promotor Fausto García. “Me quito el sombrero ante él; es uno de los promotores más responsables que he conocido.

Yo estuve en contacto siempre con el hermano (del boxeador) pidiéndole que nos dijeran sus necesidades; no hubo abandono. Yo lo estuve buscando hasta que lo encontré”, apunta el directivo.

–Ricardo Maldonado, promotor de la función en la que perdió la vida Daniel Aguillón, dijo en una entrevista (Proceso 1669) que los seguros médicos y de vida no son necesarios en el boxeo –se le comenta a Sulaimán. –Ricardo es mi ahijado (dice sonriente). Es muy buen muchacho, pero es muy joven todavía (para organizar peleas de box). En el CMB tenemos un seguro médico (200 mil dólares para las peleas de campeonato mundial y 25 mil dólares para las preliminares) y de vida. Por eso el consejo ha entregado dinero a los familiares de los peleadores que han fallecido.

El presidente del CMB comenta que es necesario revisar la forma en que operan las comisiones de box porque hay algunos comisionados que también son promotores (como Neftalí Gordillo de Tuxtla Gutiérrez); pero, sobre todo, porque como los titulares son nombrados por los presidentes municipales –con excepción del Estado de México y el Distrito Federal, donde lo hacen el gobernador y el jefe de Gobierno, respectivamente–, hay muchos comisionados que no saben nada de este deporte.

“Ahí está más grande el problema. En las comisiones de box hay muchas cuestiones políticas, pues el presidente municipal quiere poner ahí a alguien que lo ayudó en la campaña o a un amigo. Algunos buscan que los designados sepan de box, pero a otros no les importa. La posición de comisionado es honorífica y todo mundo quiere estar ahí para obtener publicidad. Por ejemplo, los que tienen lana y nunca han sido nadie, aunque hay algunos que sí están ahí por amor al boxeo.

Los comisionados que son promotores o agentes que ayudan a hacer las clasificaciones y meten a sus amigos deben ser expulsados del boxeo.

“El comisionado debe ser un ciudadano de alta respetabilidad, digno y honesto. El 90% es así, pero he conocido gente que sólo está ahí porque tiene intereses personales. El estado de indefensión de los boxeadores se debe a la falta de comunicación entre las comisiones. Hay algunas de primer nivel como las de Tijuana, Mexica-

li, Monterrey, Distrito Federal y Reynosa, pero cuando se realizan peleas en otras plazas suelen ocurrir los accidentes. Hay muchas cosas que deben cambiarse y por eso debemos contar con ese comité nacional que lo revise todo”.

–Demasiada improvisación en un deporte de alto riesgo –plantea la reportera.

–Sí, y también mucha necesidad. Aunque esté en malas condiciones, un boxeador nunca dirá que no puede seguir.

–Se supone que para eso están los réferis y los médicos.

–Sí, pero cada quien tiene su profesión.

No existe un compromiso por parte de los médicos porque no les pagan y si el día de una función se encuentran ocupados, pues no van. Los doctores son grandes humanistas (sic) e incluso atienden gratis a las familias de los boxeadores. En las peleas grandes sí se les paga, pero en provincia es raro que un médico cobre por sus servicios.

–Por eso mandan dentistas y psicólogos en lugar de neurólogos.

–Es otra de las recomendaciones que haré. Debemos asegurarnos de que todas las comisiones de box tengan un neurólogo, un oftalmólogo, un traumatólogo; es decir, un equipo multidisciplinario formado por especialistas.

–El propio Édgar Sosa fue víctima de un réferi, Roberto Ramírez Jr. y de un doctor, José Luis Ibarra, que lo dejaron seguir a pesar de que tenía el pómulo fracturado.

–Aunque Édgar estaba de espaldas a mí, vi que le temblaban las piernas señal de que no estaba bien. El doctor no se percató de ese detalle y el corte en la cara era muy pequeño; no parecía una herida grave.

El réferi hizo mal porque levantó de la lona a este muchacho cuando estaba noqueado; sin embargo, actuó adecuadamente al descontarle un punto a Rodel Mayol porque fue un foul accidental (el cabezazo que le dio a Sosa).

“Hasta el martes siguiente nos enteramos de que Sosa tenía una triple fractura.

Hay casos tan especiales que son imprevisibles. La herida no lucía aparatosa y, según el médico del ring, Édgar dijo que quería seguir peleando por orgullo. Insisto, no hay peleador que se quiera rajar. Y en su esquina tampoco dijeron nada.”

–Si eso les ocurre a los boxeadores famosos, ¿qué les espera a los poco conocidos como Geobani Díaz que en su segunda pelea profesional enfrentó a Ramón Ayala que ya tenía 17?

–Por eso le digo, esa pelea no debió haberse dado…

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Acerca de En la mira Del senador Manlio Fabio Beltrones Respuesta de la reportera

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SeĂąor director:

or el respeto que le tengo, tanto a la revista como a la periodista, me permito hacer las siguientes precisiones al reportaje que apareciĂł en la revista Proceso, este domingo 14 de marzo de 2010, firmado por Jesusa Cervantes.

1. Con oportunidad, los 33 senadores afirmamos de manera contundente no conocer de pacto, acuerdo o compromiso alguno relacionado con nuestra decisiĂłn ante el paquete econĂłmico votado en octubre del aĂąo pasado. Luego entonces, ÂżcĂłmo faltar a la palabra, si no existiĂł ningĂşn convenio?

2. En lo personal, si no conocĂ­, menos pude tener acceso a una copia del documento de marras, cuyo contenido, al igual que ustedes, hemos visto en los medios de comunicaciĂłn. Creo que la inagotable imaginaciĂłn del diputado Javier Corral, cuyos pueriles argumentos ya los han entretenido en otras ocasiones, no deberĂ­a de corresponderlos la seriedad y el profesionalismo de Jesusa.

Recordemos que si algo hizo daĂąo al dirigente del Partido AcciĂłn Nacional es haber mentido. Espero y lo reflexione el diputado Corral, a menos que su deseo sĂłlo sea intrigar, ante lo que muchos nos declaramos vencidos por su probada capacidad.

3. El resto de la historia cae por su propio peso al diluirse el supuesto argumento principal.

Saludos cordiales.

Atentamente Senador Manlio Fabio Beltrones

A LOS LECTORES 1. Toda carta dirigida al semanario Proceso deberĂĄ contener nombre y firma de su autor, una identificaciĂłn fotocopiada o escaneada (de preferencia credencial de elector, por ambos lados), direcciĂłn y, en su caso, telĂŠfono o correo electrĂłnico. Si el remitente sĂłlo desea publicar su nombre, lo indicarĂĄ; de lo contrario, el resto de sus datos tambiĂŠn podrĂ­an ser difundidos.

2. Ninguna carta tendrĂĄ una extensiĂłn mayor de dos cuartillas, es decir, no mĂĄs de 56 lĂ­neas de 65 caracteres cada una.

3. La correspondencia no incluirĂĄ documentos probatorios de lo denunciado; se publicarĂĄ conforme a su turno de llegada, y podrĂĄ ser enviada por correo, entregada personalmente, transmitida por fax (56-3620-55) o dirigida a sloya@proceso.com.mx 4. La secciĂłn Palabra de Lector cierra los miĂŠrcoles de cada semana.

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A

nte la carta del senador Manlio Fabio Beltrones, quisiera aclarar a nuestros lectores que los seĂąalamientos mencionados por el legislador ffueron vertidos por el d diputado del PAN Javier C Corral los dĂ­as 9 y 10 de m marzo desde la tribuna d de la CĂĄmara de Diputados, y posteriormente corroborados a este semanario (En la mira, Proceso 1741).

TambiĂŠn, es preciso dejar sentado que en ninguna parte del texto se hace referencia a falta de palabra alguna.

Atentamente Jesusa Cervantes

El gobernante del Estado de MĂŠxico quedĂł mal parado, ya que si el pacto era secreto, no debiĂł firmarlo, y menos aĂşn desbozalarse a conveniencia. Traiciona a sus gobernados y traiciona su palabra. Hace pocos dĂ­as le oĂ­ decir que “la palabra es vinculatoria, porque crea compromisosâ€?. MandĂł al ĂŠter el compromiso, como si ofreciera construir una guarderĂ­a o repavimentar una colonia que tenĂ­a tres dĂŠcadas esperĂĄndolo.

QuedĂł mal el SeĂąor Presidente porque, si lo sabĂ­a, despuĂŠs lo ha negado. Y si no lo sabĂ­a, ÂżquĂŠ clase de presidente tenemos? ÂżPodrĂ­amos entrar en guerra (ya no digo en pobreza, porque esto es evidente para todos) sin que ĂŠl se entere?

En cuanto al resto del sainete, la lideresa del PRI sale airosa. No hay datos en el sentido de que, antes de las lamentaciones toluqueĂąas, haya afirmado o negado algo al respecto. Ha sido discreta, como deben serlo los embajadores.

Por lo que toca al lĂ­der del partido en el poder (central), ni mencionarlo. Es un seĂąor, tan pobre seĂąor como el anterior, que hasta Foz, de no felix memoria, pide su cabeza.

Que les aproveche el pozole. ÂżDĂłnde andarĂĄs, Castillo Peraza, que en cada elecciĂłn faltas mĂĄs?

Atentamente Juan Antonio Ascencio Villanueva

De Ernesto De Lucas Hopkins SeĂąor director:

“Que les aproveche el pozole�

SeĂąor director:

N o se conoce un paĂ­s que no haya firmado

pactos polĂ­ticos secretos con otro, ni partido polĂ­tico que no celebre pactorrepartos con sus similares. Es lo propio de la acciĂłn polĂ­tica, interna o internacional.

Los polĂ­ticos interactĂşan con el fin de obtener puestos de elecciĂłn para sĂ­ o para otros, por la buena (elecciones limpias) o por la mala (no tan limpias, con prudente retirada del oponente o tras su muerte definitiva).

Para ello declaman y cantan, invierten en espectaculares y en adminiculares, simulan retirarse y atacan, alaban y vituperan, pactorreparten chambas y escaĂąos, dividen unos grupos y forman otros. En suma, terminan derrotados o empoderados.

Una vez elegidos (a mi entender), y al igual que en una mesa de pĂłquer o en un asalto a bancos (de los prohibidos por la ley, no de los otros), hay un cĂłdigo, una ĂŠtica, un modo correcto de conducirse, y otro inaceptable.

Quien haya sido elegido debe anteponer los intereses del pueblo gobernado a los intereses personales o de su partido, dejar la polĂ­tica y trabajar por el progreso comĂşn. A su vez, los que no han sido elegidos por el voto popular, pueden seguir en su quehacer polĂ­tico. Es lo correcto.

En el sainete no ensayado de los Ăşltimos dĂ­as, los Ăşnicos mal parados fueron quien gobierna el Edomex, del Grupo Atracomulco, y quien gobierna el paĂ­s, sin importar nombres ni colores, pues lo que debemos ver es el desempeĂąo de funciones en bien del pueblo que los ha elegido.

E sperando se encuentre del todo bien, reciba

un cordial saludo.

Aprovecho la ocasiĂłn para a travĂŠs de la presente exponer de manera puntual los infundados seĂąalamientos que de manera incongruente y visceral se mencionan en las pĂĄginas 40, 41, 42 y 43 en la ediciĂłn 1741 del semanario Proceso publicado el pasado 14 de marzo del aĂąo en curso.

En primer tÊrmino, quiero aclarar y hacer de su conocimiento que fue a la edad de 29 aùos cuando previa reforma a varios artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, ocupÊ el cargo de Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública en la entidad, por lo que la información publicada en el semanario carece de toda veracidad, ya que ni fue a la edad de 20 aùos cuando desempeùÊ el cargo público, mucho menos el articulado seùalado en la historieta corresponde a las reformas en cuestión.

Asimismo, me permito informarle que la denominaciĂłn correcta de la FundaciĂłn que a mediados del pasado mes de febrero del aĂąo en curso, un grupo de connotados jĂłvenes sonorenses decidieron instrumentar, responde a FundaciĂłn “Volando Juntosâ€?, situaciĂłn que de nueva cuenta demuestra no solo la falta de informaciĂłn en el pseudo reportaje publicado, sino la ignorancia y falta de oficio periodĂ­stico por corroborar fehacientemente los datos correctos.

De igual manera, resulta un tanto incoherente y a la vez totalmente confuso la parte narrativa referente a los supuestos recursos financieros que la propia FundaciĂłn recibiĂł, ya que en el desvirtuado reportaje primeramente se seĂąala que de un supuesto fondo de 100 millones de pesos destinado para cubrir los gastos del Hospital del Ronquillo en el Municipio de

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Cananea, Sonora; 30 millones se utilizaron para mantener temporalmente dicho nosocomio, agregándose que el resto de los recursos que imaginariamente conformaban los citados 100 millones de pesos, fueron destinados a la campaña del ex candidato Alfonso Elías Serrano, situación que no solo queda en un simple y patético dicho, sino que desenmascara la escasa calidad humana y profesional de quienes a su cargo maquilaron el ocurrente relato, ya que en líneas posteriores el narrador de la fantasía mental en cuestión, olvida lo antes señalado y afirma que los recursos terminaron en la operación de lo que insiste en llamar “la Fundación Volemos Juntos”.

Tristemente una vez más pude constatar cómo un medio que en antaño se caracterizaba por su objetividad, valentía e integridad periodística, hoy se atreve a publicar historietas carentes de todo sustento informativo, falto de pruebas y argumentos sólidos al más puro y típico estilo cobarde, pretendiendo denostar el activismo emprendido por gente de la sociedad civil que solamente desea participar en el día a día del bienestar comunitario.

Así como lo he señalado y desmentido líneas arriba, puede Usted tener la certeza que podría seguir aclarando la total falsedad de todos y cada uno de los infundados hechos narrados por PROCESO, desgraciadamente el tiempo corre y el trabajo que aún tenemos que realizar no puede ni debe esperar, además estoy convencido que los motivos del “reportaje” que dan origen a la presente, obedecen a intereses de otra índole, mismos que resultan totalmente ajenos a la labor informativa.

Por último, los exhorto y públicamente invito a que las fobias y fibias que Semanario Proceso mantiene desde hace tiempo en contra de la imagen del Ing. Eduardo Bours Castelo, no trasciendan al ámbito de las tareas y nobles acciones a cargo de la Fundación Volando Juntos.

Me despido de Usted, no sin antes solicitarle la publicación de la presente misiva en el mismo espacio en el que mi persona fue aludida por el Semanario Proceso.

Atentamente Diputado por Sonora Ernesto De Lucas Hopkins LXI Legislatura Cámara de Diputados (N. de la R.: Esta carta se reprodujo literalmente.)

Respuesta del reportero

Impugna reportajes sobre Marcial Maciel Federico Flores Flores alude a “tres trabajos periodísticos” Señor director:

P

ermítame publicar las siguientes líneas, dirigidas al reportero Rodrigo Vera.

Rodrigo: Has escrito tres trabajos periodísticos acerca del caso del exsacerdote Marcial Maciel. En mi opinión, los textos tienen una tendencia (cosa inevitable en el ser humano), y pareciera que el propósito es atacar, no a un ser humano que tuvo tales o cuales errores, faltas o pecados, sino a la organización a la que pertenece y a sus más altos dirigentes, a quienes relacionas como “encubridores”.

El actual Papa y su antecesor no sabían que Marcial vivía en unión libre con una mujer y que había procreado dos hijos, y tampoco sabían que tuviera esa tendencia sexual de la que se le acusa. O ¿puedes demostrar lo contrario?

Uno de los más graves errores que cometemos los periodistas, la mayoría de las veces por información insuficiente, y en ocasiones con la intención de hacer daño moral, es el de generalizar. Si un barrendero no hace bien su trabajo, decimos que los barrenderos son unos cochinos, mal hechos; si un comerciante te roba en el peso o en el precio, acusamos a los comerciantes de ladrones; si un abogado te transa con algún caso legal, acusamos a los abogados de corruptos e incompetentes.

Lo mismo hemos hecho con las organizaciones religiosas. Si un miembro de cualquier culto religioso tiene una conducta inmoral o incorrecta, calificamos a la religión, a la Iglesia o la organización religiosa de inmoral. ¿Por qué no escribiste que Marcial Maciel fue retirado de su ministerio sacerdotal y que recibió sanción conforme a derecho canónigo? Si las faltas cometidas eran delitos, las autoridades civiles debieron recibir acusaciones y actuar conforme al derecho civil o penal, y no solamente que los acusadores, luego de 30 años, quieran tener la justicia humana y religiosa de su lado. ¡Eso no se vale! ¿Verdad, Rodrigo?

Señor director:

A

unque, en efecto, este reportero cometió el error de denominar “Volemos Juntos” al organismo que en realidad se llama “Fundación Volando Juntos”, y no obstante que, ciertamente, Ernesto De Lucas Hopkins asumió el cargo de secretario de Seguridad Pública de Sonora a los 29 años de edad y no a los 20 –como se publicó–, el ahora diputado federal no puede negar que el entonces gobernador Eduardo Bours propuso al Congreso modificar la Constitución del estado para que él pudiera asumir dicho puesto, pues la ley establecía que la edad mínima requerida era de 35 años. Sin embargo,

Atentamente Federico Flores Flores Privada de David Alvarado 6 La Magdalena Toluca, Estado de México

sólo permaneció en el cargo unos meses por la incompetencia que demostró.

Por lo demás, como pueden confirmar nuestros lectores en el reportaje Larrea-Buours: un engaño más (Proceso 1741), el resto de la información está debidamente acreditada, sobre todo la que se refiere a que el origen y el destino de

Respuesta R t del d l reportero t Señor director:

N o he escrito tres reportajes sobre Marcial

Maciel, sino muchos más. Y en varios de esos trabajos periodísticos los entrevistados coinciden en señalar que la Legión de Cristo y sus actuales dirigentes han sido encubridores de Maciel. Esta es una de las razones por las que actualmente el Vaticano investiga a la congregación religiosa.

Juan Pablo II y Benedicto XVI siempre estuvieron al tanto de las acusaciones de pederastia contra Marcial Maciel, que datan de los años cincuenta, cuando se le abrió el primer proceso por dichos actos. Algunas víctimas de Maciel aseguran que, incluso, ambos Papas también sabían que tenía hijos. Esto solamente podrían responderlo los propios pontífices, pero uno de ellos ya está muerto.

Lo cierto es que la Legión supo, por lo menos, que tenía una hija en España y ahora ya la reconoce públicamente.

Me pregunta el señor Flores Flores por qué no escribí sobre la sanción impuesta a Maciel. Por supuesto que lo hice desde 2006, cuando el actual Papa le impuso llevar una vida de oración y penitencia. Escribí varios textos al respecto, como también lo hice sobre las denuncias ante autoridades civiles, incluso ante la ONU. Tan sólo del sexenio de Vicente Fox a la fecha he escrito 22 textos sobre Marcial Maciel –en los números de Proceso 1302, 1303, 1329, 1343, 1373, 1374, 1474, 1498, 1512, 1517, 1542, 1543, 1544, 1563, 1581, 1599, 1631, 1661, 1684, 1708, 1711 y 1740–.

El señor Flores puede consultarlos.

Atentamente Rodrigo Vera

los recursos destinados a la Fundación Volando Juntos no están claros.

Lo que sí está muy claro es que, como responsable de dicha institución y como representante popular de Sonora, De Lucas Hopkins no cumple con su obligación de dar seguimiento y transparencia al uso de alrededor de 70 millo-

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nes de pesos que debieron ser canalizados al Hospital del Ronquillo para atender a los trabajadores jubilados de la Minera Cananea.

Por Ăşltimo, como tambiĂŠn se indica en el reportaje, fue un excolaborador de Ernesto De Lucas Hopkins quien manifestĂł que se estĂĄ dando un uso polĂ­tico al dinero que debiera emplearse para atender a los enfermos del mencionado nosocomio, pues de acuerdo con otros datos recabados, decenas de mineros jubilados han muerto por falta de atenciĂłn mĂŠdica.

Atentamente JosĂŠ Gil Olmos

Juårez, y que para ellos era pisoteada por Porfirio Díaz�.

Si bien no resulta claro si la aseveración es del entrevistado o del entrevistador, lo cierto es que se plantea equivocadamente que Benito Juårez promulgo dicha Constitución, pues fue Ignacio Comonfort –en ese momento presidente de la República– quien la publicó el 4 de marzo de 1857, despuÊs de haber sido sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero inmediato anterior.

Como anĂŠcdota editorial, cabe destacar que esa ConstituciĂłn la imprimiĂł el mismo aĂąo de 1857 Ignacio Cumplido, cuyo taller de imprenta se ubicaba en la Calle de los Rebeldes nĂşmero 2, en una involuntaria y anticipada alusiĂłn a los hermanos Flores MagĂłn.

Atentamente JesĂşs Zavaleta Castro Ignacio Allende 57 U.H. JosĂŠ MarĂ­a Morelos Jojutla, Morelos 62907 (01 734 343 8139)

De Javier Sicilia SeĂąor director:

M

ucho le agradecerĂŠ incluir esta carta en su secciĂłn Palabra de Lector.

En mi artĂ­culo MartĂ­nez GarrigĂłs: la prepotencia priista (Proceso 1740), cometĂ­ el error de seĂąalar que MartĂ­nez GarrigĂłs no habĂ­a concluido la carrera en derecho.

SegĂşn la informaciĂłn que me llega del Palacio Municipal de Cuernavaca, el alcalde es licenciado en derecho por parte de la UAEM, pasante de la maestrĂ­a en historia del pensamiento por la Universidad Panamericana y candidato a doctor en metodologĂ­a, fuentes e instituciones jurĂ­dicas por la Universidad de Alicante, EspaĂąa.

Debo tambiĂŠn felicitarlo por la clausura que el 15 de marzo hizo del relleno sanitario Loma de MejĂ­a, que ponĂ­a en peligro la ecologĂ­a de la regiĂłn, y que fue una de sus promesas de campaĂąa, y pedirle nuevamente, en nombre de la ciudadanĂ­a y por el bien de la ciudad, que dĂŠ marcha atrĂĄs al proyecto de un segundo piso en la avenida Plan de Ayala, sustituyĂŠndolo, despuĂŠs de una minuciosa consulta ciudadana, por un plan integral y ecolĂłgico de movilidad.

Si no lo hace, las consecuencias catastrĂłficas de su proyecto habrĂĄn empaĂąado la dignidad polĂ­tica con la que, tomando el camino del bien pĂşblico y gestando un precedente de lo que se espera de nuestras autoridades, clausurĂł el relleno sanitario.

Atentamente Paz, Fuerza y Gozo Javier Sicilia

De JesĂşs Zavaleta Castro SeĂąor director:

E

n la secciĂłn de cultura de Proceso 1740, del pasado 7 de marzo, en el reportaje Rescate del archivo de los Flores MagĂłn, firmado por Rosario Manzanos, se hace referencia a “la mĂ­tica fotografĂ­a en la que Ricardo y Enrique colgaron una manta el 5 de febrero de 1903 con la consigna ‘La ConstituciĂłn ha muerto’, en referencia a la ConstituciĂłn de 1857 promulgada por Benito

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Respuesta de la reportera SeĂąor director:

P

ermĂ­tame manifestar al remitente de la carta anterior que el dato al que se refiere fue proporcionado por el entrevistado, y que le agradezco su precisiĂłn.

Atentamente Rosario Manzanos Â

De Alberto Luis Sånchez, sobre la nota Ética en duda Seùor director:

M otivado por la lectura de la nota titulada Ética

en duda, publicada en Proceso 1735 bajo la firma de la reportera RosalĂ­a Vergara, me permito solicitarle publicar esta carta en Palabra de Lector para compartir mi experiencia relacionada con las vĂĄlvulas de derivaciĂłn ventriculoperitoneal.

A mi esposa se le presentĂł un padecimiento por el que acudimos al hospital ABC de Observaatorio el pasado 24 de noviembre. Tras varios es-tudios, el neurocirujano le diagnosticĂł trombosiss cerebral acompaĂąada de encefalitis. A partir dell dĂ­a 25, fue sometida a hospitalizaciĂłn.

A pesar de todos los medicamentos, los mĂşl-tiples estudios y la participaciĂłn de neurĂłlogos, in-fectĂłlogos, hematĂłlogos, etcĂŠtera, hasta el 9 de diciembre su salud no mejoraba, por lo que el mĂŠdico co responsable nos comunicĂł el dĂ­a 10 la urgencia de e operarla para liberar la presiĂłn que ocasionaba en n el cerebro la acumulaciĂłn de lĂ­quido cefalorraquĂ­deo. Se trataba de implantar una vĂĄlvula que harĂ­a a fluir el lĂ­quido del cerebro al peritoneo.

Como a los pocos dĂ­as desaparecieron los dolores de cabeza y la fiebre; el mĂŠdico la dio de e

alta el 21 de diciembre y determinĂł que seguirĂ­a su tratamiento en casa. El 4 de enero, en una cita poshospitalaria, el mĂŠdico tratante asegurĂł que pronto habrĂ­a una plena recuperaciĂłn y por ello redujo los medicamentos de tres a uno.

Sin embargo, al dĂ­a siguiente mi esposa comenzĂł a presentar trastornos que, segĂşn el mĂŠdico, obedecĂ­an Ăşnicamente a la disminuciĂłn del medicamento. El 9 de enero su condiciĂłn fĂ­sicopsĂ­quica empeorĂł, y el lunes 11, al agudizarse, fue necesario trasladarla de urgencia al hospital ABC. Como esa misma noche mi esposa perdiĂł primero la orientaciĂłn y luego la conciencia, despuĂŠs de nuevos anĂĄlisis el mĂŠdico indicĂł que era necesario operar para revisar la vĂĄlvula.

La operación se realizó el 15 de enero y se encontró que la vålvula se había tapado, por lo que Êsta le fue extraída y se le colocó otra. Pero luego de tres días de seguir inconsciente –durante los cuales el mÊdico aseguraba que todo iba muy bien–, se nos informó que era apremiante realizar una segunda intervención quirúrgica (realizada el 19 de enero) porque el tallo cerebral estaba siendo presionado debido a que la nueva vålvula se había tapado tambiÊn y había demasiada presión intracraneal.

Al terminar esta operaciĂłn, los mĂŠdicos nos informaron que habĂ­an decidido introducir dos vĂĄlvulas, para evitar que se taparan de nuevo. Sin embargo, esto no trajo ninguna mejorĂ­a. Al no presentarse ningĂşn cambio, y como medida desesperada, tuvieron que realizar una tercera operaciĂłn que tuvo los mismos resultados: mayor inflamaciĂłn del cerebro y total inconciencia.

Tras hacer infinidad de estudios y todas las operaciones seĂąaladas, mi esposa tuvo muerte cerebral y falleciĂł el 24 de enero de este aĂąo.

(AĂąado que en la madrugada del lunes 25, con un problema semejante, falleciĂł otra paciente, cuya vĂĄlvula para drenar el lĂ­quido cefalorraquĂ­deo tambiĂŠn se tapĂł, segĂşn dijo el mĂŠdico a sus familiares.)

Con este escrito, exhorto a que se realice una minuciosa investigaciĂłn a fin de saber: 1) quĂŠ tipo de vĂĄlvulas para el tratamiento de hidrocefalia se estĂĄn utilizando en MĂŠxico; 2) de quĂŠ manera son colocadas; 3) si los mĂŠdicos se apegan a normas internacionales, y 4) si las mismas normas se cumplen cabalmente en las instituciones de salud pĂşblica y privada de MĂŠxico.

Por Ăşltimo, invito a una reflexiĂłn sobre el tipo de ĂŠtica que tienen y debieran tener los neurocirujanos en su prĂĄctica profesional, tanto en las cirugĂ­as que realizan como en la relaciĂłn que tie-

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nen con sus pacientes y los familiares de ĂŠstos.

(Carta resumida.)

Atentamente Licenciado Alberto Luis SĂĄnchez

Un mĂŠdico que laborĂł en Similares propone que cambie de lema SeĂąor director:

C

omo asiduo lector de Proceso desde su fundaciĂłn, deseo hacer de su conocimiento lo siguiente: Soy mĂŠdico familiar jubilado del IMSS. DespuĂŠs de 29 aĂąos de ejercer la profesiĂłn mĂŠdica, decidĂ­ seguir practicĂĄndola y, para “ayudar a los que menos tienenâ€?, ingresĂŠ a un consultorio aledaĂąo a una farmacia de Similares en calidad de mĂŠdico comodatario.

Inmediatamente establecĂ­ allĂ­ una relaciĂłn mĂŠdico-paciente adecuada, con calidad y calidez, que redundĂł en un incremento de las consultas diarias. Ante ello, personal de la farmacia me pidiĂł recetar suplementos alimenticios, vitaminas y antibiĂłticos caros, asĂ­ como medicamentos herbolarios.

Como eso me pareciĂł indignante porque atentaba contra la ĂŠtica mĂŠdica, no aceptĂŠ, y ello ocasionĂł roces con el personal ayudante del franquiciatario F0466 Las Ă guilas, quien dispone de otras 15 franquicias y es cliente distinguido de Similares.

Total, el pasado 1 de marzo dieron por terminado mi comodato por orden de la doctora MarĂ­a del Carmen VillafaĂąa, y en mi lugar ingresĂł una mĂŠdica contratada directamente por el franquiciatario y, obviamente, incondicional de ellos.

ComuniquĂŠ lo anterior a mi jefa inmediata superior, doctora Lima, con quien dos dĂ­as antes habĂ­a firmado la continuidad del comodato y, por lo visto, ni siquiera estaba enterada de que los planes eran prescindir de los servicios del sucrito.

Si en una fundaciĂłn cuyo lema es “ayudar a los que menos tienenâ€? se quiere sangrar a los pacientes de escasos recursos que acuden a diario a consulta –obreros, taxistas, desempleados, trabajadoras domĂŠsticas, etcĂŠtera–, considero que, por lo menos, deberĂ­an cambiar de lema.

(Carta resumida.)

Atentamente Doctor Gerardo RodrĂ­guez C. 044/55/12207429

Solicita investigar posibles desvĂ­os de Yunes en el ISSSTE SeĂąor director:

R

uego a usted la publicaciĂłn de esta carta, dirigida a los derechohabientes del ISSSTE y al Congreso de la UniĂłn.

El pasado 7 de enero conseguĂ­ en el Hospital DarĂ­o FernĂĄndez, luego de diversas y engorrosas gestiones, un pase para realizarme estudios subrogados, pues “el nuevo ISSSTEâ€? continĂşa sin ampliar su infraestructura para que todos los estudios puedan realizarse ahĂ­.

Hasta el pasado 19 de febrero –fecha en que me decidĂ­ a elaborar esta denuncia pĂşblica–, la suscrita y todos los pacientes que requerimos estudios subrogados seguĂ­amos esperando porque, segĂşn las oficinas de Referencia y Contrarreferencia, Recursos Financieros y la SubdirecciĂłn MĂŠdica, el hospital “no cuenta con presupuestoâ€? para pagar los servicios que contrate a particulares.

Mientras tanto, el 16 de febrero atestigßÊ con indignaciĂłn que en la ClĂ­nica de Medicina FĂ­sica y RehabilitaciĂłn “San Fernandoâ€?, enfermeras y mĂŠdicos laceran con fibra dura para trastes la piel de los pacientes que acuden a estudios neurofisiolĂłgicos, pues “no cuentan con presupuestoâ€? para comprar los electrodos subcutĂĄneos y de aguja que se usan actualmente. Por la misma “falta de presupuestoâ€?, cortan el cabello al derechohabiente en las zonas donde serĂĄn colocados los viejos electrodos, como se hacĂ­a hace 50 aĂąos.

Cuando el personal me dijo que me iban a lacerar la piel como â€œĂşnica molestiaâ€?, pensĂŠ que hablaba en sentido figurado, pero es literal: desde bebĂŠs hasta adultos mayores son tallados con fibra para trastes. La doctora Rita Vergara me confirmĂł que asĂ­ se atiende a toda la poblaciĂłn.

En virtud de que me quejĂŠ del procedimiento y no ha habido una respuesta, he decidido comprar los electrodos para evitar la laceraciĂłn mĂşltiple.

Sin embargo, puesto que en cada situaciĂłn el personal del ISSSTE argumenta “falta de presupuestoâ€?, pese a que los derechohabientes pagamos cada mes mĂĄs por sus “serviciosâ€?, demando al Congreso de la UniĂłn que indague el posible desvĂ­o de recursos de Miguel Ă ngel Yunes –quien acaba de renunciar a la direcciĂłn general del instituto– para su campaĂąa al gobierno de Veracruz. (Carta resumida.)

Atentamente Irisela SĂĄnchez PĂŠrez Profesora universitaria

Escamotea el ISSSTE pensiones a jubilados del IPN SeĂąor director:

U n grupo de profesores jubilados del IPN,

todos ellos de tiempo completo, han tenido que recurrir a demandas judiciales para exigir el cumplimiento del pago de diferencias originadas en el cĂĄlculo de la liquidaciĂłn denominada “concesiĂłn de pensiĂłnâ€?, pues en ella no fueron integrados todos los conceptos previstos por la ley.

Lo mĂĄs destacable es que, no obstante que las distintas salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde originalmente se interpusieron las denuncias, han dictado sentencias favorables para los demandantes desde 2006, los profesores no han recibido los pagos correspondientes.

Estos maestros, que deben recibir del ISSSTE el importe correcto de sus jubilaciones, se han visto obligados a demandar judicialmente a dicha instituciĂłn, en virtud de la negativa de las autoridades a pagar estas diferencias en el tiempo y en la forma que ordenan los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Puesto que para algunos esto ha significado una espera de hasta cinco aĂąos, y todos han visto aĂşn mĂĄs deteriorada su economĂ­a porque han debido hacer un oneroso desembolso para pagar los honorarios de un abogado, se solicita pĂşblicamente a las autoridades correspondientes hacer una elemental y expedita justicia. (Carta resumida.)

Atentamente Roberto Vega Ramos

Exige impedir la construcciĂłn de una gasolinera peligrosa SeĂąor director:

N uestro paĂ­s ha sufrido en fechas recientes

embates de fenómenos naturales y tragedias ocasionadas por el hombre. Los primeros suelen ser relativamente imprevisibles, mientras que las segundas –como las estampidas mortales en discotecas y los incendios de guarderías– a menudo son resultado de imprevisión, codicia y corrupción.

Debido a que, ante estas calamidades, el discurso oficial suele enfatizar la cultura anticipatoria y de prevenciĂłn, menciono que, en congruencia con esas intenciones, las autoridades deben detener el proyecto de construir una gasolinera en la avenida Morelos Sur 91, colonia ChipitlĂĄn de Cuernavaca, Morelos.

El propietario del predio y la empresa Combustibles de ChipitlĂĄn, S.A. de C.V., pretenden realizar esa obra en una calle de doble sentido con intenso trĂĄfico, ubicada en zona urbana de predominio habitacional, con tres escuelas y un centro deportivo frente al predio, ademĂĄs de que colinda con un condominio de 18 viviendas habitadas por personas de la tercera edad.

La directora de Uso del Suelo del Estado, con ejemplar profesionalismo, dictaminĂł improcedente ese proyecto el 17 de diciembre pasado porque, entre otras cosas, la gasolinera y las escuelas estĂĄn separadas sĂłlo por la anchura de la calle.

Ante esto, el apoderado de la empresa ofreciĂł a la AyudantĂ­a Municipal de ChipitlĂĄn elevar la barda del jardĂ­n de niĂąos y colocar techados y bancas de los otros dos planteles educativos si el Ayuntamiento aprueba la licencia de construcciĂłn.

Conociendo los poderosos argumentos ($$$) que suelen utilizar algunos particulares para defender sus intereses econĂłmicos, solicito respetuosamente a las autoridades estatales y municipales impedir la obra en cuestiĂłn con el fin de preservar el interĂŠs pĂşblico y prevenir nuevas desgracias.

Atentamente Doctor Armando Valle GonzĂĄlez 1742 / 21 DE MARZO DE 2010

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