Declaración institucional en apoyo de la M.H. Carme Forcadell i Lluís Madrid, 20 de febrero de 2019
[JOAN RIGOL] El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, y los expresidentes Joan Rigol, Ernest Benach y Núria De Gispert, acompañados de representantes y exrepresentantes electos de la ciudadanía en diferentes cámaras legislativas, comparecemos conjunta y públicamente para expresar nuestra solidaridad y apoyo a Carme Forcadell, quien siempre ha demostrado un compromiso inquebrantable con las libertades democráticas, y quien ejerció con rigor y dignidad institucional la presidencia del Parlament de Catalunya entre los años 2015 y 2018. Al igual que el resto de acusadas y acusados en la causa especial contra representantes políticos y sociales que está teniendo lugar en el Tribunal Supremo, la presidenta Forcadell se enfrenta a cargos penales por delitos que no se han cometido. Pues como indica el artículo 472 del Código Penal Español, el delito de rebelión solo es aplicable en caso de alzamiento público y violento, circunstancia que nunca se ha producido. Esa fue precisamente la conclusión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que rechazó la extradición del president Carles Puigdemont a la justicia española por el delito de rebelión. Ante esa evidencia, el juez retiró las órdenes de detención europea del expresidente de la Generalitat y del resto de procesados que voluntariamente se habían presentado ante los tribunales de Bélgica, Suiza y el Reino Unido. Pero incomprensiblemente, ha mantenido la acusación y la prisión preventiva contra el resto de acusados. 1
No ha existido ningún alzamiento violento, no ha tenido lugar ninguna rebelión ni sedición. De hecho, la acusación se ha construido sobre un relato que pretende criminalizar el ejercicio legítimo de derechos fundamentales como el derecho de manifestación, la libertad de expresión y el derecho a la participación política. [ERNEST BENACH] Un relato acusador, construido contra tres acciones políticas, que son propias del ejercicio de la democracia: la manifestación pacífica de la ciudadanía; la organización de un referéndum; y el debate parlamentario. Como personas que hemos ejercido la representación de la ciudadanía en una cámara legislativa, nos sentimos particularmente interpelados por la acusación que afecta de manera específica la actividad parlamentaria. Aquellos que conocemos y valoramos el funcionamiento y los principios básicos de todo sistema parlamentario, no podemos aceptar que se criminalice penalmente la actuación de la expresidenta Forcadell, quien ha pasado ya 335 noches en prisión, y para quien se piden penas de entre 10 y 57 años de cárcel. No podemos aceptar semejante injusticia cuando ella actuó en todo momento concorde a lo establecido por el reglamento de la cámara. Lo hemos dicho repetidamente, e insistiremos siempre que sea necesario: nosotros, en su lugar, habríamos actuado igual que ella. La entonces presidenta, Carme Forcadell, de forma colegiada con la mayoría de la Mesa del Parlament, se negó a censurar el debate y la 2
iniciativa parlamentaria, y respetó la soberanía del pleno de la cámara durante las sesiones plenarias. Defendió el principio de autonomía parlamentaria. Defendió los derechos de todos los representantes políticos del pueblo de Cataluña. Y precisamente por defender el parlamentarismo frente a intromisiones ilegítimas, hoy está encarcelada, víctima de una acusación injustificable. Así lo han expresado los 612 representantes y exrepresentantes, de 48 cámaras legislativas, de ideologías políticas muy diversas, que han suscrito el manifiesto en apoyo de Carme Forcadell que impulsamos el pasado mes de diciembre. [NÚRIA DE GISPERT] La acusación contra la presidenta Forcadell constituye un precedente muy preocupante en el marco de la Unión Europea. Una democracia no puede permitirse prohibir a los diputados y diputadas el libre ejercicio de sus funciones. No puede censurar la voz y la voluntad de los representantes electos de la ciudadanía. Porque, ¿Cuál es la razón de ser de un Parlamento, sino la de debatir y hablar sobre todo aquello que resulta de interés a la ciudadanía a la que representa? ¿Cuál es la principal herramienta de los parlamentarios, sino la palabra?
¿Acaso no es una obligación ineludible de la presidencia
garantizar la plena libertad de expresión de las diputadas y los diputados? Así lo recordó recientemente, en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, su speaker, John Bercow, al manifestar que él permitiría un debate sobre la independencia de Gales en el Parlamento de Westminster porque constituiría un ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y a la participación política de los diputados y las diputadas. Y remarcó que él gozaría de plena inmunidad y podría presidirlo con total libertad. Incluso 3
sugirió, en una referencia nada velada, que otras democracias deberían seguir el ejemplo británico. El libre debate de ideas y su traslación en iniciativas parlamentarias, constituye la esencia de la política parlamentaria. Y en este sentido, la utilización del derecho penal como instrumento de coacción de la actividad de los representantes políticos, es impropio de un Estado democrático. [ROGER TORRENT] Acusar penalmente la actuación de la Mesa y la presidencia de un Parlamento, cuando han cumplido escrupulosamente con el cometido de sus funciones institucionales, es una irresponsabilidad que lesiona gravemente los principios del parlamentarismo democrático. Los diputados y las diputadas son inviolables por las opiniones y manifestaciones expresadas en el ejercicio de su cargo. Y saltarse este principio vulnera gravemente las garantías más básicas de las democracias parlamentarias. Por todo ello, pedimos que se retiren los cargos contra la presidenta Forcadell y el resto de los acusados. Reiteramos que el derecho penal no es el instrumento idóneo para resolver los desacuerdos políticos o institucionales. E insistimos en que el conflicto entre Catalunya y el Estado requiere una solución democrática que esté refrendada por la ciudadanía. Una amplia mayoría de catalanas y catalanes quiere ejercer el derecho de autodeterminación. Es una pretensión legítima que no puede ser respondida con el rechazo permanente por parte del Estado, y menos aún con represión.
4
La única solución democrática posible, la única solución factible, pasa de forma imprescindible por el diálogo, la política, y la libre expresión de la voluntad de la ciudadanía a través de las urnas. Como ha defendido siempre, de forma incansable y pacífica, la presidenta Carme Forcadell.
5