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CASO nº 3
LOS CASOS DEL CREDOLAB.-
BÚSQUEDA DE JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA: CÓMO RESOLVER SUPUESTOS PRÁCTICOS USANDO GESTIÓN DOCUMENTAL CON SUFICIENCIA JURÍDICA CASO DE ESTUDIO Nº 3.- Documentalista jurídico. Uno de los resortes del procedimiento administrativo común y sus especialidades en España es la publicidad de la notificación para producir efectos jurídicos. La Administración se sitúa como juez y parte ante el administrado en la jurisdicción administrativa. El deudor tributario, el infractor de seguridad vial y el defraudador de plaza escolar guardan una estrecha relación entre el domicilio habitual a efectos de empadronamiento y sus derechos de sufragio universal activo y pasivo (Estadística municipal y colegio electoral). En este ejemplo con datos reales, se han disociado convenientemente los datos de carácter personal sujetos a protección por la CE. En su artículo 18.4 la Constitución Española previene el control sobre el uso de nuestros datos identificativos o identificables para el tratamiento de la información automatizada. Su desarrollo reglamentario bajo la LOPD 15/1999 y RD 1720/2007 obliga a disociar la información obtenida de las fuentes de acceso al público para su publicación. El presente ejemplo sirve para identificar aspectos por los cuales profesionales como un investigador privado, graduados sociales, abogados, procuradores y resto de colegiados con atribuciones por Ley para poder ejercer una defensa legal, puedan redactar denuncias o reclamaciones administrativas que permitan a la Administración tutelar derechos constitucionales Uno de los casos más frecuentes es proveer a esas unidades familiares con dificultades para concretar la plaza escolar de sus hijos. Podemos concretar documentación jurídica que sirva para forzar la escolarización de un alumno que se encuentra desatendido por el sistema público educativo (tutela para asignar la plaza escolar). Podemos forzar que un inquilino en una vivienda tenga que poner al día sus datos de empadronamiento. Podemos hacer valer la legislación vigente cuando estemos sufriendo un agravio comparativo. Normalmente este tipo de actuaciones, singulares y discretas por huir de la publicidad de los medios de comunicación, producen el efecto deseado para los denunciantes. La delegación provincial de la consejería competente introduce en el sistema informático (Séneca en nuestra CCAA) el esperado aumento de una plaza en la línea educativa del centro denunciado. Luego una escueta nota del Director del centro, expondrá al público que se han añadido nuevas plazas por orden de sus superiores. Cuando no quedan plazas y hay serias dudas de que todos los alumnos matriculados no gozan de los mismos derechos legales, los progenitores pueden solicitar información (vista de expediente del procedimiento administrativo común Si bien la actual disponibilidad para el Consejo Escolar y su miembro colegiado con más atribuciones que es el Director del centro de primaria permite baremar puntos consultando el portal que ha dispuesto en Excmo. Ayuntamiento de Córdoba mediante el uso de claves de identificación, no es menos cierto que se puede triangulizar mediante la fórmula colegio electoral-domicilio del censo electoral-colegio electoral. Igualmente, una sentencia reciente del TSJA les permite a las delegaciones provinciales de la
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Consejería de Educación en la demarcación de Andalucía, dar por válida la información del empadronamiento municipal salvo prueba en contra. Ello incluye que se puede denunciar cada cuatro años a la Junta Electoral Provincial o ante el Ayuntamiento, en virtud de acuerdo, la información del padrón que ha pasado a formar el padrón electoral.
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Figura nº 1.- Extracto real del padrón de habitantes de un ciudadano con sus derechos de sufragio en vigor. Se ha omitido el DNI/NIF, dejando tan sólo su colegio electoral adscrito. Para determinar si se está cometiendo fraude en plaza escolar, tan solo necesitamos relacionar su empadronamiento con la vivienda habitual donde podemos contratar el servicio de vigilancia de un investigador privado. Este tipo de situaciones no produce espectaculares exhibiciones de fuerza pública… la mayoría de las veces se abre espacio en la línea educativa del centro donde se ha cometido supuesto fraude. Una nueva plaza para acoger al alumno.
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Figura nº 2.- Extracto real de un boletín de la provincia, que por competencias del Estado, ejercen su publicación las Diputaciones. Es de obligada publicación el intento de notificación para que bajo la Ley General Tributaria se produzcan los efectos jurídicos para el Estado y sus delegaciones. Es suficiente prueba el demostrar que el infractor está cometiendo faltas leves tributarias, de cara a indicar que puede tener un domicilio afectos fiscales (posiblemente el domicilio fiscal y empadronamiento coincidan en favorecer un fraude en plaza escolar).
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Figura nº 3.- Extracto real de un boletín de la provincia, que por competencias del Estado, ejercen su publicación las Diputaciones. En este caso, comprobamos que es reincidente el objeto del estudio. Además, se está iniciando el tránsito a lo que se denomina Tristísima Trinidad Tributaria. Se recoge bajo el eufemismo 3T a la conjunción del embargo a través de uno cualquiera de los organismos que tienen potestades: Agencia Estatal Tributaria, Tesorería general de la Seguridad Social y entidades locales (municipios y supramunicipales).
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CREDOLAB utiliza modernas técnicas de tratamiento de la información. Se denomina Documática al conjunto de técnicas basadas en el uso de tecnologías de la información el procesamiento automatizado de datos con el objeto de ser incorporados a una base de datos documental. Nuestromodelo de negocio es la búsqueda de información en fuentes expuestas al público, sujetas a procedimiento administrativo y especialidades donde se produce la publicidad de un acto de la Administración, respecto de sus administrados. Podemos documentar con suficiencia jurídica aspectos legales para productoras de televisión, equipos de redacción de prensa y radio, asesores legales colegiados, organismos públicos etc. Delitos relacionados con rebeldía civil, fraude en el empadronamiento/domicilio habitual, fraude en el domicilio del documento de circulación seguridad vial, fraude al seguro obligatorio del tomador del vehículo, jurisdicción civil (derecho de familia, obligaciones económicas respecto de la prole y expareja). Cualquier necesidad documental para relacionar personas físicas/jurídicas respecto de obligaciones con carácter económico así como fraudes relacionados con derechos fundamentales, constitucionales. Contratos del sector público y buenas prácticas de publicidad mercantil respecto de los administradores y sus apoderados. DOCUMÁTICA S.E.M. (Scraping y Minería de Datos) Consultoría iMacros
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