EL PATRIMONIO CULTURAL DE LUZ y FUERZA DEL CENTRO, EJEMPLO DE LO INEVITABLE. Por: José Francisco Coello Ugalde Maestro en Historia.
La extinción de Luz y Fuerza del Centro (en adelante, LyFC) en octubre de 2009, dejó en evidencia varias anomalías como las que referiré en seguida: 1.-La medida irracional del decreto mismo que puso en el desempleo a 44514 trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza. De igual forma, la inestabilidad de poco más de 20 mil jubilados, cuyos pagos quedan en la inercia de futuros ajustes. 2.-El exceso de canonjías preexistentes en la convivencia entre LyFC -empresa fuertemente endeudada-, y el Sindicato Mexicano de Electricistas (en adelante, SME), sindicato en el cual se encuentra una enorme carga de caudillismo, 1 entreverado
con
fuertes
síntomas
de
paternalismo,
2
clientelismo
3
y
corporativismo.4 No siendo el único con estas características, era sí, uno de los más cohesionados, sobre todo en las luchas y conquistas a que tiene derecho todo trabajador. 3.-Que desde el momento en que se aplica la medida liquidadora y hasta nuestros días, la normalización de servicios, la estabilidad en el sistema y la reintegración 1
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE, por sus siglas): Hombre que, como cabeza, guía y manda la gente de guerra. Además: Hombre que dirige algún gremio, comunidad o cuerpo. 2 DRAE: Tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección propias en la familia tradicional a relaciones sociales de otro tipo; políticas, laborales, etc. 3 DRAE: Sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios. 4 DRAE: Doctrina política y social que propugna la intervención del Estado en la solución de los conflictos de orden laboral, mediante la creación de corporaciones profesionales que agrupen a trabajadores y empresarios. Además: En un grupo o sector profesional, tendencia abusiva a la solidaridad interna y a la defensa de los intereses del cuerpo.
de fuentes de trabajo (misma que no puede surtir efecto con la figura del “patrón sustituto” si Comisión Federal de Electricidad (en adelante, CFE) no ocupa todas las instalaciones de la extinta LyFC) no se han recuperado sino en un mínimo porcentaje, lo que deja ver la necesidad de eliminar, a como diera lugar a un “estorbo” llamado trabajadores (y para eso no hubo mejor “verdugo” que Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (en adelante, STPS). 4.-Pero en lo fundamental, motivo de esta exposición, es el asunto de los patrimonios, tanto documental como estructural. La empresa contaba con casi 500 centros de trabajo repartidos entre el Distrito Federal, estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo. Cada uno de esos espacios disponía de la condición administrativa, pero también la relacionada con infraestructura o bienes muebles e inmuebles. El Servicio de Administración de enajenación de bienes (en adelante, SAEB) desde un principio intervino en tanto liquidador para realizar, entre otras actividades, el proceso de “entrega-recepción” entre el SAEB mismo y la CFE, cosa que ha ocurrido de manera muy lenta, sobre todo con instalaciones estratégicas. Pero a lo que voy es al punto de qué va a pasar con todos esos patrimonios. Por cuanto se sabe, se ha tratado de un lento proceso de extinción como si lo que se manejaran fueran “cosas” sin más. Me duele enterarme por ejemplo, de los manejos indebidos en las pertenencias de cada uno de los trabajadores, pues aunque pudieran tratarse de objetos o artículos de escritorio, o de lockers no sabemos bien a bien si los recuperaremos. Pero lo otro es sumamente grave. Y es en dos aspectos de los que me ocuparé, a continuación en detalle. EL PATRIMONIO DOCUMENTAL
Afortunadamente he encontrado en este foro, la oportunidad de dar a conocer la situación actual relacionada con los documentos que, habiendo pertenecido a la parte administrativa de LyFC, hoy son motivo de esta penosa circunstancia. En archivonomía, el documento activo, semiactivo e histórico guardan un equilibrio perfecto, que se cumple como en cualquier administración, de manera estricta y formal. Sin embargo, con la extinción, el único apartado que ha sido motivo de atención es el de rango histórico, en apenas una mínima parte, y que por fortuna, ya se encuentra físicamente en el Archivo General de la Nación (en adelante, AGN). Pero el resto de todo ese universo, me temo que será sujeto, entre otras circunstancias, de la aplicación irrestricta de la Ley General de Sociedades Mercantiles (2 de junio de 2009), cuyo artículo 245 está relacionado con la liquidación de las sociedades, por lo que se espera una guarda documental de diez años, tal y como ha ocurrido con otras instituciones (CONASUPO o BANRURAL, por ejemplo). La mejor lectura de este asunto, puede verse en la siguiente noticia:
La Jornada, D.F., del 16 de octubre de 2010, p. 27.
También es importante aprovechar este foro para advertir a otros archivos y otras instituciones, así como a su personal, del riesgo que podrían enfrentar en caso de presentarse una situación similar, a sabiendas de que un asunto como el ya referido quedó sujeto a diversos criterios de legislación, con la ausencia notoria de aquellos que tienen que ver directamente con los patrimonios culturales, en cualquiera de sus expresiones, ya que incluso pueden presentarse condiciones como la enfrentada en el momento en que habiendo sido interpuesta la correspondiente demanda para que con esta se apelara la extinción, el gobierno mismo ha negado la presencia de dos documentos fundamentales: Diagnóstico de Luz y Fuerza del Centro, agosto de 2009 y el Informe de desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado LFC, que el Instituto Federal de Acceso a la Información (en adelante, IFAI) en el recurso 2095/10 ordenó a la Secretaría de Energía (en adelante, Sener) hacer pública tal información. Sin embargo la Sener planteó desde un principio que ambos documentos tienen condición de “reservados”, por lo que hacer público su contenido “pone en riesgo la seguridad nacional”. Por lo tanto, en una situación tan peculiar, es preciso, entre otras condiciones, la aprobación de la Ley Federal de Archivos, ya que luego del foro “Los retos del Archivo General de la Nación ante la consolidación democrática” que ocurrió el 22 de junio pasado, una de las principales preocupaciones fue, precisamente la de impulsar dicha ley, para lo cual, las declaraciones de Jacqueline Peschard,
Comisionada presidenta del IFAI fueron el más claro ejemplo de tal situación.5 Como podrá entenderse hasta el momento, la preocupación por el salvamento primero. Y sus respectivos aspectos de control, después, permitan por consecuencia una rendición de cuentas sustentada en la clara administración que cada archivo, sea de trámite, de concentración o histórico tengan que ofrecer a los diversos usuarios como solicitantes de la información requerida. Al proyecto del Archivo Histórico en el cual me desempeñé como su responsable, sumamos también los compromisos de Biblioteca y Museo del organismo. Lamento que dichas colecciones también se encuentren en las mismas condiciones de inestabilidad que tienen los acervos con vistas a integrar y enriquecer el criterio de Histórico. Desde un principio, me di cuenta de las irregularidades a que quedaron sujetos todos los documentos de esta empresa que hasta el día de su extinción había alcanzado 106 años y varios meses más de vida. La intervención de la Policía Federal ha provocado que, desde un principio y debido a las instrucciones recibidas, se impida la entrada o salida a las instalaciones, por lo que, entre otros aspectos, el patrimonio documental ha quedado desde el 10 de octubre de 2009 en condiciones irregulares, pues a ello debe agregarse que dicho personal ha sido rotado permanentemente, cometiendo, según lo que funcionarios del propio SAEB me comentaron, verdaderos escenarios de “orgía y chiquero”, donde lo que menos interesa para dicha agrupación es eso, precisamente los documentos. Por otro 5
La Jornada, México, Distrito Federal, Nº 9293, del lunes 28 de junio de 2010, p. 12. La funcionaria demandó la autonomía del Archivo General de la Nación (AGN), para lograr una mejor conservación y administración de los documentos del gobierno federal, evitando así la destrucción, ocultamiento y uso de la información gubernamental por falta de controles. Por lo tanto se requiere reformar una minuta de Ley de Archivos que está en el Senado, por ser una propuesta “ineficiente”.
lado, la propia Ley Federal para la Administración y enajenación de bienes del sector público, cuya última reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2005, en sus artículos 5º y 6º indica que “los bienes con valor artístico o histórico” deberán ser administrados por el SAEB, salvo que las autoridades competentes determinen lo contrario. Por lo anterior, debo mencionar que los mismos funcionarios del SAEB –como liquidador- han tenido verdaderas dificultades para realizar su trabajo, teniendo que cumplir con tal propósito incluso en horas de madrugada. En esas condiciones, habiendo pasado poco más de un año, se han presentado graves anomalías, como es la del fondo del “Departamento Jurídico”, donde fueron retiradas 600 cajas por órdenes de la CFE, considerando que dicha documentación era de su propiedad, lo cual tuvo que obligar a las partes a intervenir de inmediato, puesto que quien tiene atribuciones para definir tal situación es el AGN y no otra instancia. Pero todo lo anterior es resultado de una situación inédita, debido a la dimensión de la empresa liquidada, lo cual ha traído por consecuencia que los tiempos de respuesta se extiendan considerablemente. Como integrante del proyecto del Archivo Histórico, Museo y Biblioteca, me preocupa la no existencia de condiciones de estabilidad habidas antes y después de este proceso de extinción, lo cual me lleva a pensar que diversos soportes sufrirán algún tipo de daño. Pero también con el resto de otros fondos mismos que, bajo el “resguardo” de la Policía Federal es inevitable no dejar de pensar sobre el estado actual de muchas oficinas a donde también ha entrado un personal totalmente ajeno a la dinámica de la empresa y que por alguna razón, deben estar causando diversos tipos de
intervención en la mayoría de los documentos. He aquí otra muestra sobre la ausencia de leyes idóneas para evitar escenarios como los aquí descritos. EL PATRIMONIO ESTRUCTURAL Sabiendo que nos pueden ser útiles algunas leyes6, y que de ellas emane el espíritu más equilibrado para conseguir el propósito fundamental del salvamento, estimo conveniente exhortar desde esta tribuna a las autoridades locales, pero también a las federales a que realicen su mejor esfuerzo en aras de recuperar
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Decreto de Avalúo de bienes nacionales (2 de septiembre de 2004, y en particular sus artículos. 8 fr. XXXVII y art. 9, fr. XXXIII); Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, del 13 de enero de 1986, así como el Reglamento de la Ley Federal, sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, del 5 de enero de 1993; Ley general de Bienes Nacionales (31 de agosto de 2007, artículo 6); Ley orgánica de la administración pública federal, (17 de junio de 2009, artículos 20 y 37); Código de ética dado a conocer por el AGN, y propuesto por los profesionales de la archivística, en el XIII Congreso Internacional de Archivos, celebrado en Pekín, China, en 1996; Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, del 20 de febrero de 2004; Reglamento de la Ley Federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, (11 de junio de 2003; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental, (6 de junio de 2006); Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (DOF 13/03/2002), donde destaca su artículo 8; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (DOF 11/06/2002), artículos 3 y 4; Ley de Fiscalización Superior de la Federación (DOF 29/12/2000), artículos 12 y 74; Código Penal para el D.F. en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero Federal, artículo 214; Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en el que llama la atención su artículo 4; Reglamento Interior del Archivo General de la Nación, artículo 3. Los documentos a que se refiere la fracción I del art. 1°, tienen carácter de bienes de dominio público, pertenecientes al patrimonio nacional, de acuerdo con lo que dispone la Ley general de Bienes Nacionales; Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y servidores públicos hasta el nivel de director general en el sector centralizado o su equivalente en el sector paraestatal, deberán rendir al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, a quienes los sustituyan en sus funciones. (DOF 02/09/1988), artículo 1º y 6º. Finalmente, los Lineamientos Generales para la organización, descripción y conservación de archivos de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (DOF 02/02/2004).
indicios perfectos que podrán darnos idea a nosotros, y a las generaciones emergentes, para conocer con claridad cuál ha sido el legado histórico, en lo particular de la industria eléctrica en México, partiendo de la idea de que con todos los elementos estructurales que pertenecieron a LyFC, hoy día se tiene una muy clara idea que la afirma además, la arqueología industrial,7 ese concepto que contempla, entre otros el paisaje industrial. Si no ocurre en la forma solicitada, estaremos presenciando un auténtico atentado a la historia misma de nuestro país que este año, se vio colmado de celebraciones, donde las más de ellas dieron forma a esa parafernalia festivalera y rocambolesca, llena de dispendio, que al menos, en mi caso muy particular, me llevó a sentir coraje y hasta pena ajena. Y para muestra basta un botón. Mientras la república de Chile celebraba las fiestas del “Bicentenario de su Independencia”, destinando para ello un gasto de 3 millones de dólares, en México, fueron 200 millones de dólares. Cómo habrían servido buena parte de esos dineros para verlos materializarse en proyectos de cultura como archivos históricos, bibliotecas o museos, por ejemplo y no hacer de la historia un teatro de vanidades. Pues bien, junto a esa legislación ya mencionada, y al propio conocimiento que se pueda adquirir y aplicar como fruto de la experiencia de los aquí presentes o futuros lectores de la memoria de este encuentro, y la aportación de sus trayectorias laborales, todo eso, en su conjunto va a ser la mejor aportación para
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http://www.biblioarqueología.com/aytor.php?id=63 “Perspectivas en Arqueología Industrial” En palabras de Ana Vicenti Partearroyo la arqueología industrial, que en muchos casos se entremezcla con la arqueología histórica, es una poderosa herramienta para un conocimiento crítico de nuestro pasado más cercano, que revela realidades desconocidas hasta ahora por los medios tradicionales de conocimiento del pasado (todo tipo de documentos escritos e imágenes) y permite reformular esta historia, poniendo en juego nuevos debates y visiones e incluyendo a las diferentes capas de la sociedad en la creación y en los planteamientos del estudio del proceso que ha llevado a la sociedad occidental a ser lo que es hoy: la Industrialización.
hacer válido el principio de un proyecto de vida… laboral, que es otro componente necesario para materializar un propósito de las dimensiones aquí referidas. Palabras urgentes… patrimonios en riesgo supone un esfuerzo, un intento por recuperar lo que actualmente se encuentra en riesgo latente de perderse, y todo, por razones de un absurdo tratamiento entre lo legal y la insensibilidad que el estado tiene frente a la cultura en su conjunto. Si CFE, el AGN o cualquier otra institución no se encargan de recuperar estos patrimonios, me temo que estaremos frente a un atentado de lesa culturalidad. AGN ya está haciendo su trabajo y lo celebro, pero CFE tiene que ser la empresa directamente responsable en hacer suyo este compromiso. Si dejara a un lado de ampararse en el slogan de “Empresa de clase mundial” y atendiera también los urgentes propósitos de impulsar la cultura no como un aspecto estorboso, sino evidentemente como de primer orden. Y si además, el estado se ocupara en atender estas premisas con la responsabilidad que requiere el caso, la cultura de un país como el nuestro estaría en otro nivel. No entiendo cómo es que la cultura pasa a ser una parte incómoda y no tenga, ni con mucho, el tipo de apoyos presupuestales que se conviertan además, en un compromiso moral, en un compromiso de estado y no marginar como se tiene marginada hasta hoy a una de esas franjas del conocimiento que tanto necesita un pueblo, una nación para alcanzar su plena democracia (claro, con destinar el 0.7 del Producto Interno Bruto a la educación, está dicho todo). Si en Colombia, la tercera profesión mejor pagada es la Archivonomía, cómo es posible que en nuestro país sea una de las más marginadas. Del mismo modo, la Bibliotecología y la Museología se convierten en razones para ser ostentadas por un pequeño sector de profesionales que, o predican en el desierto o terminan
en el más absoluto de los desalientos, y eso, compañeros, no se vale. En la empresa para la que trabajé el síntoma fue el mismo: nulo apoyo a la cultura, pero ese es el espejo del que no fue culpable la propia LyFC, sino que proviene de un enorme conflicto que el estado no ha sabido resolver con verdadera eficacia. Sin embargo, me parece oportuno puntualizar que 106 años de historia de LyFC no pueden quedar en el más perverso de los ostracismos. Allí está reunida una serie de capítulos importantísimos en el desarrollo de este país, de antes y después de la Revolución mexicana misma. De todos los soportes que estaban considerados para integrar ese compendio de información, salvo la pequeña parte del Archivo Histórico hoy día en el AGN, de lo demás no tengo idea cual es su condición actual. Se está generando el proceso de extinción por parte del SAEB, un proceso muy lento, que tiene la interferencia de la Policía Federal como custodia de las instalaciones a donde ni la propia CFE ni el SAEB han podido intervenir en condiciones normales. Nada más ocupar, por parte de la CFE un edificio que haya pertenecido a LyFC, crearía de inmediato las condiciones para que se ponga en marcha el patrón sustituto, así que tanto la presencia de la Policía Federal como esta condición que acabo de mencionar, son dos razones del conflicto que impide salvar los patrimonios culturales de LyFC, así como proporcionar las condiciones de recuperación laboral a un buen número de trabajadores y especialistas de ese sector que quedamos en el desempleo desde la fatídica “noche triste” del 10 de octubre de 2009. Por todo lo anterior parece necesario que experiencias como la de Luz y Fuerza del Centro sirvan como referente para evitar el conflicto que aún no está resuelto del todo. Una Ley de salvamento patrimonial en sus diversas expresiones debe
ser el siguiente paso y por eso, actividades como la presente son una buena oportunidad para convocar a los expertos, a las autoridades, a las cámaras y en este caso a los directamente afectados, para establecer los criterios pertinentes para elaborarla. Por fortuna también existe una gama legislativa que va a servir para apuntalar a otras que se encuentran en proceso de elaboración, con vistas a impedir situaciones como la expuesta aquí, reflejo de una amarga experiencia que me obliga a pronunciar la ya conocida demanda, la ya conocida consigna de ¡¡¡NUNCA MÁS!!! Muchas gracias. Ciudad de México, octubre de 2010.