Punto de acuero DE PUNTO
ACUERDO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE INSTRUYA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA REACTIVAR Y FORTALECER DE INMEDIATO LOS PROGRAMAS DE APOYO AL DIÉSEL AGROPECUARIO Y PESQUERO La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía Proposición con Punto de Acuerdo con el carácter de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para reactivar y fortalecer de inmediato los programas de apoyo al diésel agropecuario y pesquero, flexibilizar el ingreso al Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios y estudie estatuir un fideicomiso de ahorro y financiamiento de combustibles para el sector pesquero y agropecuario. CONSIDERACIONES El aumento en los precios de las gasolinas ha causado uno de los mayores daños en la economía de la sociedad y no habrá una explicación que baste para resarcirlo. Al titular del Gobierno federal parece ignorar que, si bien es cierto que el incremento de los combustibles afectará de manera directa y en lo inmediato a quienes más ingresos perciben por la lógica simplista de que son quienes más consumen gasolina, dicho incremento al precio de los combustibles inevitablemente derivará en un proceso inflacionario general el cual, como todos sabemos, repercutirá en la economía de millones de familias de menores ingresos. Sin importar las razones o las explicaciones de estos incrementos, como nunca en nuestra historia el Gobierno federal hundió a las y los mexicanos en una de las más graves crisis económicas y sociales con el incremento a las gasolinas, a la energía eléctrica y el gas al inicio del año. Crisis que pudo haberse evitado, porque esta situación se sabía desde que se aprobaron las nueve leyes que
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dieron marco a la reforma energética. En tal sentido, el Gobierno federal tuvo el tiempo suficiente para sensibilizar a la sociedad de lo que había de venir y no sólo eso, al monitorear el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, idear las estrategias necesarias para que la liberalización de los precios de los combustibles no afectará de manera tan radical a la sociedad mexicana. Resulta inadmisible la irresponsabilidad de la autoridad al no haber previsto medidas para que el impacto no fuera tan negativo. Ahora, y como ha venido sucediendo a lo largo de este sexenio, ante la inconformidad generalizada de la población se tienen que buscar salidas rápidas que contrarresten el impacto de la escalada inflacionaria en los bolsillos de los mexicanos. Las acciones que tendrá que emprender el gobierno de Peña Nieto tienen que ser inmediatas y contundentes si no queremos que el país se desborde; es decir, antes de que la tensión social escale a mayores niveles de rechazo, es necesario proponer soluciones que abonen en beneficio de las y los mexicanos. Uno de estas propuestas es la que oficialmente se presentó como el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” que el Gobierno federal y diversas organizaciones empresariales, sindicales y productores del campo han signado en el marco de la terrible situación que está viviendo el país; desgraciadamente, las propuestas concretas que propone dicho “Acuerdo” no pasan de ser un cúmulo de buenas intenciones que nada resuelven y que en su mayoría ya son atribuciones y responsabilidades que nuestro marco normativo otorga al Gobierno federal. Así por ejemplo, en lo que se refiere al sector agropecuario, se hace el pronunciamiento de que “el sector del campo se compromete a trabajar en la mejora de la productividad del campo en beneficio de los pequeños y medianos productores y de la oferta nacional agroalimentaria”. Esta buena intención hacia los productoras y productores agropecuarios y pesqueros, la encontramos desde siempre como mandato en las leyes, los programas y las políticas públicas que tienen que ver con el sector, sin que por ello se haga nada efectivo hasta la fecha para remontar el rezago en que se encuentran las y los pequeños productores. Por cierto, dentro de los elementos que menciona el Secretario de Hacienda para explicar el alza de las gasolinas se encuentra la devaluación del peso mexicano frente al dólar; sin embargo, Hacienda pretende ignorar que este mismo factor también le pega a la electricidad y al gas, asi como a los insumos
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estratégicos agropecuarios, sobre todo los de importación como fertilizantes y agroquímicos. Estudios recientes publicados por CONEVAL nos hablan de que si bien la inflación en los precios al consumidor está por abajo del 4%, los precios de los insumos del productor promedian una inflación arriba del 8%, lo cual le resta competitividad al sector y merma sus ingresos. No ignoramos el programa de estímulos fiscales del Gobierno federal al consumo de gasolinas y diésel para el sector agropecuario y pesquero, pero además de selectivo y burocrático, dicho programa es insuficiente para la demanda de miles de productoras y productores del país, muchos de los cuales están fuera del padrón de beneficiarios confeccionado por la SAGARPA y CONAPESCA. Si queremos garantizar realmente la alimentación a las y los mexicanos, impulsar la productividad en el campo, fortalecer la oferta agroalimentaria y proteger a la economía familiar, los apoyos institucionales deben ser suficientes, concretos, inmediatos y urgentes. Por ello estoy proponiendo que se considere por el Gobierno federal agilizar la entrega de los apoyos, flexibilizar los trámites burocráticos y ampliar recursos públicos para abaratar los combustibles que requieren millones de medianos y pequeños productores pesqueros y agropecuarios en todo el territorio nacional. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para reactivar y fortalecer de inmediato los programas de apoyo al diésel agropecuario y pesquero. SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para flexibilizar el ingreso al Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios y pesqueros, incluyendo a todas y todos quienes lo soliciten. TERCERO. La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al
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Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para estudiar la posibilidad de estatuir un fideicomiso para el ahorro en el uso de combustibles en el sector agropecuario y pesquero, financiar proyectos de modernización y fomentar el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2017.
Suscribe, Diputada Natalia Karina Barón Ortiz
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