Lerin&torres historia política de la dictadura uruguaya (1973 1980)

HISTORIA POLÍTICA DE LA DICTADURA URUGUAYA

(1973- 1980)

FRANCOIS LERIN - CRISTINA TORRES LAS TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES DEL URUGUAY (1973-1977)

CAPÍTULO I

EL GOLPE DE ESTADO CONTRA EL LEGISLATIVO Y SUS ANTECEDENTES En 1968, al comienzo de la presidencia de Jorge Pacheco Areco, se inició la etapa de agudización de ¡a multiforme crisis que afectaba a la sociedad uruguaya. Aunque manteniéndose dentro de los límites de la Constitución, el presidente colorado (1), al recurrir permanentemente al mecanismo de las medidas prontas de seguridad, reforzó el predominio del poder Ejecutivo, previsto por la Carta de 1967 (2). Sin afectar fundamentalmente la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, la presidencia de Pacheco fue el anuncio de las transformaciones radicales que ocurrirían en el período siguiente.

La crisis entró en una "nueva lógica" a partir de setiembre de 1971, cuando las Fuerzas Armadas asumieron la conducción de la lucha antisubversiva, motivando la creciente intervención de los militares en los asuntos públicos, que culminó en la formalización de un inestable equilibrio cívico-militar, con predominio castrense.

Esta evolución, en el curso de 1973, conoció tres fases: - La "pulseada" entre José María Bordaberry -sucesor de Pachecoy el Ejército, que desembocó en la creación de un organismo militar con amplias competencias, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), el cual, aunque formalmente consultivo, se convirtió en los hechos en el instrumento de presión de las Fuerzas Armadas sobre el Ejecutivo.

- El enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo -por una parte-, con Poder Legislativo -por la otra-, que concluyó con la disolución de las cámaras y la suspensión de las actividades políticas.

- La huelga general de quince días, cuyo fracaso por carencia de

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4Y7 Perspe ctivas políticas, clausuró definitiva mente el antiguo sistema institucion al y la larga tradición democráti corepresentat iva del país.

I .A CR ISI S DE FE BR ER O DE 19 72 Y LO S C O M U NI C A D OS

A mediados de 1972, dos declaraciones públicas emanadas de sendas asambleas de oficiales, realizadas en el Centro Naval (4 de agosto) y el Centro Militar (4 de julio), rompieron con la tradicional no intervención de las fuerzas castrenses en cuestiones políticas. AI mismo tiempo la opinión pública conoció un documento atribuido al Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), que constituía una verdadera exposición táctica y estratégica de lo que debía ser la actitud del poder militar frente al político y, aún, frente al país mismo.

La ofensiva militar y la reacción del Ejecutivo El 19 de octubre, en su primera intervención directa, las Fuerzas Armadas declararon que no se someterían más al gobierno. En un documento de ocho puntos, los comandantes en Jefe de las tres armas afirmaron su total independencia en la investigación y represión de los delitos económicos, la inamovilidad de los más altos jerarcas militares y su voluntad de participar en la administración de los servicios descentralizados del Estado (entes autónomos).

El Senado denunció esta conducta y su carácter inconstitucional.

Pero era evidente que el Parlamento carecía de la cohesión y la determinación necesarias, y de suficiente fuerza para impedirla. Sus acusaciones no condujeron a la destitución de los jefes militares "en infracción", ni a la interpelación en cámaras del Ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, segunda autoridad después del Presidente de la República, mando superior de todas las Fuerzas Armadas.

La impotencia del Legislativo dejó en manos del gobierno la responsabilidad de la evolución de esa situación. En febrero de.

1973,

por primera vez, el Ejecutivo manifestó su intención de "hacer volver al ejército a sus cuarteles" (3). El Ministro de Defensa, Malet, renuncia para posibilitar al Presidente designar en su lugar al general Antonio Francese, cuyo "perfil político" (4) le permitía un mejor resguardo del poder civil del gobierno ante las pretensiones militares.

Pero esta decisión provocó la rebelión de los oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea. El 8 de febrero las tropas ocuparon los estudios de la radio-televisión oficial y anunciaron en un comunicado que rehusarían obedecer las órdenes del nuevo ministro que "ha reconocido [...] no estar informado de la situación actual de las Fuerzas Armadas, al tiempo que manifestó no compartir y estar dispuesto a cambiar los lineamientos de actuación, objetivos y conductas que rigen actualmente a estas". Los militares rebeldes agregaron que, de aceptar esta situación, "las retrotraería a la superada época de ser el brazo armado de los intereses económicos y políticos, de espaldas al cumplimiento de sus misiones específicas de seguridad nacional y los intereses de la nación".

El acuerdo de Bolso Lanza El Presidente Bordaberry lanzó entonces un llamado a las fuerzas políticas y a la población, para que respaldaran su decisión. Frustrado el intento, emprendió negociaciones con las "fuerzas rebeldes", sellándose su derrota con el acuerdo definitivo celebrado el 12 de febrero en la base de Boiso Lanza.'

Una serie de reordenamientos tuvo lugar, tanto en el seno del gobierno como de las Fuerzas Armadas, todas favorables a los militares: En las Fuerzas Armadas, el Comandante en Jefe de la Armada, Contraalmirante Juan José Zorrilla, cuyas tropas se mantuvieron fieles a las instituciones y tomaron posición en torno a la Casa de Gobierno y en la Ciudad Vieja, en defensa del Ejecutivo, fue destituido de sus funciones, sucediéndole el Capitán de Navio Conrado Olazábal. El general Hugo Chiappe Posse asumió el Comando del Ejército en lugar del general Martínez. El general César Martínez

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y el brigadier J. Pérez Caldas, dimitieron.el 8 de febrero de sus puestos de Comandantes en Jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea, respectivamente.

En el Gobierno, Walter Ravenna y el coronel Néstor Bolentini asumieron los ministerios de Defensa Nacional e Interior. La composición del nuevo gobierno se elaboró conjuntamente por los militares y el Presidente, previéndose la reestructura de los servicios diplomáticos.

Los militares afirmaron "haber llegado a un "acuerdo total" con el Jefe de Estado, quien por su parte declaró: "La Patria ha triunfado en otra dura prueba [...] Las Fuerzas Armadas, que han dado prueba reiterada de un gran espíritu, de una gran capacidad, no podían quedar al margen de la vida nacional, de sus afanes y de sus dolores, de sus esperanzas y de sus sacrificios".

La creación del COSEN A En el plano institucional, la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) el 23 de febrero, pautó de modo definitivo la incorporación de los militares al gobierno. La declaración de J.M. Bordaberry fue, al respecto, inequívoca: "Ahora, a través de estos medios, las Fuerzas Armadas tendrán el camino jurídico abierto para abordar la nueva misión que el Poder Ejecutivo les encomienda. En setiembre de 1971 recibieron el encargo de asumir la conducción de la lucha antisuversiva; ahora reciben la misión de dar seguridad al desarrollo nacional".

Las líneas generales del proyecto ("esta misión confiada por el Ejecutivo"), en realidad habían sido trazadas por los propios militares en los comunicados 4 y 7, difundidos los días 9 y 10 de febrero.

La ambigüedad, de gran habilidad táctica, de estos comunicados, destinados sin duda tanto a las fuerzas castrenses como a ios movimientos políticos y a la opinión pública, se revelaría de primordial importancia en la neutralización relativa de las oposiciones políticas en esta fase del golpe militar.

Los objetivos morales y la voluntad de racionalización, se en cuentran mezclados con afirmaciones de principios nacionalistas y

populistas, preconizando grandes reformas económicas y sociales (5). Algunas interpretaciones de estos proyectos, incidieron en el desarrollo ulterior de la situación.

El COSENA -decía el decreto de creación-, "asistirá al Presidente en la realización de los objetivos nacionales" (es decir, en el programa militar). Colocado bajo la presidencia del Jefe de Estado, este "supergobierno" (6), quedó integrado por los Comandantes en Jefe de las tres armas, los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas y el director de la Oficina de Presu puesto y Planeamiento. La secretaría correspondió al Jefe de Estado Mayor Conjunto (ESMACO), cargo que desempeñaba el general Gregorio Alvarez, uno de los líderes de la revuelta militar.

LA REACCIÓN DE LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN La oposición, compuesta por la fracción mayoritaria del Partido Nacional y la izquierda parlamentaria del Frente Amplio, convergen en reclamar la dimisión de J. M. Bordaberry. Coincidencia táctica, ya que ambas fuerzas tenían interpretaciones divergentes de la crisis y actitudes distintas ante las Fuerzas Armadas.

Wilson Ferreira Aldunate, el candidato presidencial que individualmente había recogido más sufragios en las elecciones de 1971, juzgó que Bordaberry, al aceptar las condiciones del Ejército, "las mismas que anteriormente había rehusado considerar [...] ha faltado a sus deberes de Presidente de la República". Aunque sin dejar de responsabilizar al Ejército, la persona del Presidente fue la principal acusada y juzgada como cómplice del golpe de fuerza, "porque él es, constitucionalmente, el garante de las instituciones" (7). Ferreira Aldunate reconoció más tarde que esta declaración concedía demasiada importancia a las jerarquías formales y subestimaba la autonomía de la escalada militar y el papel que jugaron los parlamentarios -incluidos los de su propia fracción-, al conceder poderes especiales a las fuerzas anti-subversivas.

Por su parte, el Frente Amplio insistió el 27 de febrero, a través del general Líber Seregni, en la dimisión del Presidente, subrayando que había incumplido su misión, faltándole todo apoyo popular (8).

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Agregó que "el poder político pachequista-pactista tiene la confianza de amainar pronto los aires de fronda que soplan en las Fuerzas Armadas. Quiere domesticarlas con suavidad para volverlas a convertir en su instrumento"(9).

Efectivamente, a instancias del Partido Comunista, el Frente Amplio centró su análisis de los acontecimientos en el programa político de los comunicados 4 y 7. Haciendo de ellos una "interpretación progresista", estas tendencias políticas (10) estimaron que la tendencia peruanisía, "antioligárquica", era importante en el seno del Ejército. El propio Partido Comunista no cuestionó en su momento la expresión pública de las Fuerzas Armadas, procurando sustituir la oposición "poder militar - poder civil" por la contradicción "oligarquía - pueblo", considerada la única real (11).

El Frente Amplio y, en especial, el Partido Comunista, suponían que la "contradicción de clases" que atraviesa la sociedad uruguaya, separaba igualmente a la tropa de la oficialidad. Poco inclinados a defender a un gobierno acusado de estar al servicio de la burguesía oligárquica fueron conducidos -al identificar el gobierno con las instituciones-, a desdeñar el funcionamiento del sistema político que expresaba, a pesar de su deterioro, las contradicciones de la sociedad uruguaya. ,

LA OFENSIVA CONTRA EL PARLAMENTO La crisis de febrero y las amenazas de subordinación del poder civil al poder militar, no fueron objeto de un verdadero debate parlamentario. El Poder Legislativo demostró así la fragilidad y gravedad de sus indecisiones y las divisiones que lo fragmentaban.

Los parlamentarios, testigos de diversos abusos cometidos por los militares (ultrajes a las autoridades legales, exceso de poder, amotinamiento, rebelión, etc.), no pudieron o no quisieron encauzar el proceso. Consentimiento de unos, impotencia de otros, el impasse institucional del Parlamento, reflejo de la crisis general del sistema político, lo dejó indefenso ante la estocada que le lanzaría el gobierno y las Fuerzas Armadas.

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Extensión al Poder Legislativo de la intervención militar

Aprovechando la ventaja que le confería su victoria política, el Ejército extendió el campo de su intervención. El comunicado de 23 de marzo atacó violentamente a los parlamentarios en su conjunto, haciendo globalmente responsables de la crisis a la clase política y a los legisladores; y afirmó que si éstos se mantuvieron ausentes y silenciosos durante los sucesos de febrero y no participaron en una solución positiva, se debió a los "privilegios económicos" de que gozaban (12).

Refiriéndose a un documento atribuido a la Lista 15 (Jorge Batlle), que denunciaba la escalada militar, las Fuerzas Armadas reivindicaron la "legitimidad" de sus acciones y declararon que no renunciarían jamás al "compromiso contraído y no vacilarán en llegar hasta las últimas consecuencias en la eliminación de los obstáculos que se interpongan en el camino de la felicidad pública.

Cualquiera sea la situación a la cual los intereses subalternos pretenden llevarlas, disponen, con la ayuda del pueblo, de la salida adecuada para el cumplimiento del sagrado compromiso".

Procurando dar la imagen -complementaria de la misión antisubversiva-, de constituir un cuerpo independiente de los intereses de la clase dominante, los militares acentuaron de marzo a junio la presión sobre el Legislativo.

El 25 de abril esa presión llegó al punto sin retorno, cuando el Presidente requirió del Parlamento "en base a un expediente instruido por la Justicia Militar, que se fundaba en las declaraciones de un detenido", que desenvistiera de sus inmunidades al senador frenteamplista Enrique Erro, acusado a tener contactos con la subversión (13). La comisión parlamentaria ad hoc se pronunció favorablemente, aunque el desafuero quedaba condicionado a la mayoría calificada de los dos tercios de votos del Senado (14). Pero la cuestión no era solamente el simple levantamiento de la inmunidad parlamentaria de un legislador sino, más bien, en caso de concederse, del "principio del fin" del Parlamento mismo. Efectivamente, el origen de la imputación y el tipo de procedimiento empleado, posibilitarían otras acusaciones de representantes del Frente Amplio

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o de los Partidos Tradicionales, indistintamente, llegando a la parálisis completa de las cámaras y a un verdadero "cambio en la naturaleza" del poder Legislativo, que perdería así toda su independencia.

A pesar de una sucesión de incidentes e irregularidades de procedimiento, resultó claro que la mayoría requerida no iba a ser alcanzada, a causa de la oposición del Frente Amplio y de la fracción mayoritaria del Partido Nacional (15). Algunos diputados oficialistas propusieron entonces un "juicio político" que limitaba la votación a la Cámara de Diputados. Pero luego de extensas deliberaciones, la cámara declaró, el 21 de junio, que las acusaciones formuladas contra el senador "son débiles y antijurídicas".

El desmoronamiento de la mayoría parlamentaría y la actitud de los partidos políticos

Paralelamente a estos acontecimientos -y en parte a causa de ellos-, la mayoría parlamentaria se debilitó en sucesivas votaciones.

El 20 de marzo de 1973, por séptima vez en un año, el Parlamento acordó la suspensión de las garantías individuales por una escasa mayoría de 65 votos contra 63. A la oposición ya constituida (Frente Amplio, sector Por la Patria y Lista 315 del senador Amílcar Vasconcellos), se agregaron algunos senadores disidentes del Pacto Chico (el grupo de la UBD: Unión Blanca Democrática de Washington Beltrán, De la Sierra, Requiterena y Luis Alberto Lacalle). La octava votación acentuó esta: tendencia y la Asamblea rehusó conceder a las Fuerzas Conjuntas (16) uno de los principales instrumentos para su acción represiva. El gobierno quedó obligado a instaurar por decreto el estado de excepción. Al mismo tiempo, las fracciones políticas que sostenían al gobierno comprendieron que tampoco ellas estaban a cubierto de la embestida del Ejército y que éste no estaba dispuesto a sellar una alianza segura con ellos. En el curso de su campaña de "represión de los delitos económicos", el Ejército detuvo por una cuestión de manejo de fondos, a ocho miembros de la Junta Departamental de Montevideo -donde eran mayoría los "pachequistas"- encarcelándolos durante 99 días para

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liberarlos el 30 de mayo y detenerlos nuevamente al d/a siguiente.

Poco después, un funcionario municipal de Paysandú perteneciente a la Lista 15 de Jorge Batlle, fue acusado de malversación y torturado en un cuartel. En signo de protesta, el lo. de junio, los batllistas se retiraron del Pacto Chico y el ministro Balparda Belgio renunció a su cargo. El 26 de junio, víspera del golpe de estado, se formó una comisión ampliada que no tuvo tiempo de definir una posición unitaria contra el gobierno y la amenaza militar.

Los análisis de la situación fueron divergentes. Una personalidad tan relevante como Ferreira Aldunate seguía pensando que la solución política consistía en la dimisión del Presidente Bordaberry y la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Por su parte, las posiciones en el interior del Frente Amplio se polarizaron en torno al papel de las Fuerzas Armadas y sus relaciones con el movimiento popular. "La vida ha hecho salir a los militares de los cuarteles y hoy, en la calle, sus sectores patrióticos encuentran los caminos de la unidad con el pueblo", declaraba José Díaz, dirigente del Partido Socialista (17). El Secretario General del Partido Comunista, Rodney Arismendi, sostuvo que el verdadero clivaje no pasaba entre civiles y militares y que si las líneas generales del programa de febrero no habían sido aplicadas, obedecía a que el Ejército era manipulado por parte de Bordaberry y la oligarquía Sostuvo que el llamado del Presidente en el curso de la crisis anterior habría podido conducir a la guerra civil y que el ataque dirigido contra los políticos era una maniobra calculada para provocar la separación del pueblo de las Fuerzas Armadas (18).

Otras corrientes de la izquierda, por el contrario, tomaron distancia de modo más nítido. Afirmaron, como el senador Erro: "nosotros no creemos en estas soluciones [las postuladas en los comunicados 4 y 7], porque nos interesan los hechos. Y mientras se torture, se cercenen las libertades, se desconozcan los derechos y las libertades individuales, es evidente que no se está en el buen camino".

Unos y otros parecen haber subestimado las transformaciones operadas en la estructura del Poder Ejecutivo en febrero y las

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consecuencias que entrañaba la intervención de un nuevo tipo de poder, el militar, en In escena política. El Parlamento vivió ese período como si el golpe de estado debiera detenerse necesariamente ante sus puertas. Rehusando ejecutar la voluntad del gobierno y de convertirse en una simple caja de resonancia, se transformó en un peligro para el Ejecutivo. Arriesgando frenar la aplicación del acuerdo secreto de Boiso Lanza y teniendo la posibilidad de multiplicar los cuestionamientos y permitir el juego de las fracciones y los partidos, la Asamblea habría podido convertirse, efectivamente, en el instrumento de una posible reversión del proceso desatado.

De hecho, era extremadamente difícil -si no imposible, a pesar de la existencia de un sector que apoyaba incondicionalmente al gobierno de Bordaberry-, llegar a un acuerdo que abarcara al Parlamento, al poder Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas, como el que había concluido el Presidente al término de la crisis de febrero. Este "hombre sin partido" sólo contaba con el apoyo del "reeleccionismo", una fuerza de reciente creación (19), al margen de los partidos tradicionales. Un Ejecutivo centralizado, autoritario, aconstitucional, no podía en definitiva acompasarse a una institución legislativa cuyo tipo de funcionamiento, prerrogativas y cuerpo político, participaban de una real tradición democrática (20).

La disolución de la Asamblea y la suspensión de las actividades políticas I

Al anochecer del 26 de junio, cuando la noticia del golpe se había desparramado en los medios próximos al gobierno, los senadores se reunieron por última vez en reducido número. Dieciséis en total, representantes del Frente Amplio, la fracción mayoritaria del Partido Nacional, la Lista 15 y Amílcar Vasconcellos. 1 De la versión taquigráfica de la sesión, surge su tono enfático; todas las intervenciones referían a una libertad abstracta, sin concretarse propuesta alguna. Los representantes de los partidos tradicionales evocaron las figuras de sus dirigentes más célebres: Batlle, Herrera, . Dos características sobresalen en estas

intervenciones: por una parte Bordaberry, el pachequismo y el reeleccionismo fueron inculpados como responsables de la disolución del Parlamento; por otra, el hecho era aceptado como irremediable e inevitable. "La historia juzgará a los culpables", parecía ser el espíritu general de la sesión.

Horas más tarde, a las 7 de la mañana del 27 de junio, las radioemisoras difundieron el decreto de disolución suscrito por el Presidente de la República y los ministros de Defensa y del Interior.

"La República asiste [...] a un acentuado proceso de desconstitucionalización, de falseamiento constitucional [...] apoyado en interpretaciones deformadoras". El decreto subrayó que la sedición se había infiltrado en los sindicatos, la enseñanza y hasta en los servicios del Estado. La negativa del poder Legislativo a levantar la inmunidad parlamentaria de E. Erro, constituía "una demostración del ejercicio de facultades constitucionales con fines diferentes a los que corresponde al instituto, movido por razones políticas sectoriales, sin consideración alguna por el interés general [...] Ante la referida situación, el Poder Ejecutivo custodio en definitiva de la unidad y continuidad del Estado, se halla en un estado de necesidad que le impone adoptar medidas extraordinarias conducentes a procurar la vigencia plena de los grandes fines de la Constitución, para revitalizar la Nación y sus instituciones democrático-republicanas, en defensa de la soberanía nacional y de los más altos intereses colectivos".

Luego de estas consideraciones generales, el decreto dispuso diversas medidas: - La disolución de las dos cámaras del Parlamento - La creación de un Consejo de Estado, con atribuciones específicas en materia legislativa, que debería encargarse, además, de la redacción de un anteproyecto de reforma constitucional.

- La prohibición de difundir noticias atribuyendo al gobierno intenciones dictatoriales o que pudieran perturbar el orden público.

- La autorización para que las Fuerzas Conjuntas prestaran su concurso para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

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Por un decreto complementario, fueron disueltas las Juntas Departamentales, creándose en cada municipalidad una "Junta de Vecinos" que tendría, en la jurisdicción departamental, las mismas funciones que el Consejo de Estado (21).

Desde el amanecer, Montevideo había sido ocupado por numerosos contingentes militares, emplazados en puntos estratégicos de la ciudad, y los blindados bloquearon el Parlamento. Este último fue cerrado por tropas dependientes de los generales Cristi y Alvarez. Los medios de comunicación quedaron bajo control del Ejército y las emisoras retrasmitieron un programa compuesto por marchas militares, música folklórica y comunicados oficiales.

Por la noche, en una alocución radio-televisada, J. M. Bordaberry se declaró responsable del golpe de estado, sin referirse en ningún momento a las Fuerzas Armadas. Ni siquiera para expresarles su reconocimiento como era habitual en sus intervenciones desde 1972.

Justificó el decreto en nombre de la "institucionalidad" y declaró que "el pueblo será el supremo Juez". La clase política, en su conjunto, fue duramente atacada, acusándola de no haberlo apoyado desde el comienzo de su gobierno, pero silenció el enfrentamiento que lo opuso a los militares el pasado febrero.

Criticando el comportamiento del Parlamento como un obstáculo a la acción del Ejecutivo -particularmente por rehusar su voto a los proyectos de ley que le habían sido remitidos-, creía ver en el affai-re Erro "el descaecimiento del espíritu de lucha contra la sedición" (22).

Por primera vez expresó: "Es hacia nuestra organización institucional donde debemos dirigir nuestro esfuerzo [...] Creo que debe modificarse el régimen parlamentario para hacerlo, sí, tenaz custodio del superior interés general, pero para impedir que él frene la acción legítima del Poder Ejecutivo". Y aseguró que entregaría el poder "a mi sucesor libremente elegido por el pueblo" en el plazo "fijado por la Constitución" (22).

LA HUELGA GENERAL Una polémica centrada en el análisis de la coyuntura políticoinstitucional se planteó desde febrero de 1973 en el seno de las

organizaciones sindicales, aunque durante este período no estuvieran en el primer plano del escenario político.

La respuesta de los sindicatos al golpe de Estado

El 7 de febrero el secretariado ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) emitió una declaración en la que reiterando las posiciones del Partido Comunista, señaladas antes, rechazó "el dilema entre el poder civil y el poder militar". Algunos días más tarde, el 15 de febrero, refiriéndose a la decisión de la central que preveía una "huelga general ilimitada con ocupación delocales" en caso de golpe de estado, la mesa directiva de la CNT precisó que esa huelga no tendría lugar más que en el caso en que contribuyera a hacer avanzar los intereses del pueblo y al cumplimiento del programa de "no poner la clase trabajadora al servicio de los intereses de la oligarquía en el poder" (23).

El 28 de mar/o, en el marco de la preparación de la gran jornada de movilización sindical, representantes de la CNT se entrevistaron con jerarcas militares -los Comandantes en Jefe de las tres armas y el general Alvarez, jefe del ESMACO-, por primera vez desde la crisis de febrero. El 29 fue una jornada que culminó en una concentración en la que los dirigentes cenetistas rindieron cuenta de los contactos, subrayando las perspectivas de acuerdo que creían entrever con los oficiales superiores. La Junta de Comandantes en Jefe (JCJ), sin embargo, desmintió tal interpretación en un comunicado del 9 de abril: "Si la CNT reconoce la identidad de sus objetivos con los expresados por las Fuerzas Armadas en sus comunicados No. 4 y 7/73, estas entienden que los caminos, preconizados por ambas instituciones son irreconciliables."

Al igual que el Frente Amplio, la CNT reclamó la dimisión di Bordaherry, sobrevaluando el peso de la "tendencia progresista'' dentro del Ejército. El mismo debate que polarizó a las organizaciones de la izquierda se reiteró en el seno de la central obrera y, de lebrero a mayo, las divergencias entre mayoría y minoría se hicieron más explícitas (24) sobre el tema del papel que podrían jugar las Fuerzas Armadas en relación al movimiento popular, la interpre-

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tación de la crisis de febrero y el alcance real de los comunicados de ese mes.

La tendencia mayoritaria apreciaba positivamente los comunicados militares y, extensivamente, la actitud del Ejército; pero otras corrientes fueron más críticas. La ROE (Resistencia Obrero Estudiantil) en el periódico "Compañero" de 20 de febrero de 1973, hizo pública su posición, puntualizando que todos los programas eran buenos en el papel, pero lo decisivo era considerar las fuerzas sociales que los respaldaban, no contando para la clase obrera las palabras ni los discursos, sino los hechos. En el mismo sentido A. Montaflez, dirigente sindical de los GAU (Grupos de Acción Unificadora), declaró el 15 de febrero, en una reunión plenaria de la CNT que no debían alimentarse ilusiones sobre las Fuerzas Armadas, resultando claro -conforme a lo expuesto en los comunicados 4 y 7-, que intervendrían en los problemas sindicales y de la enseñanza cuando lo juzgaran necesario.

Evolución de la Huelga

Estas circunstancias para nada favorecían la preparación de la huelga que se desencadenó espontáneamente en los lugares de trabajo, aun antes de que se difundiera la resolución de la CNT hacia las 11 de la mañana del día 27 de junio. Debe verse en ello, sin duda, el efecto de la "conciencia cívica democrática" de los trabajadores. La consigna de huelga general contra el golpe de estado debe considerarse como uno de los más significativos aspectos de la movilización política y sindical de los últimos años (25).

El movimiento se mantuvo durante quince días, hecho inédito en la historia del país, y constituyó una respuesta popular sin antecedentes en América Latina en casos similares. Se extendió a casi la totalidad de las actividades y categorías profesionales: en un principio, obreros de la industria, pero también funcionarios públicos, empleados privados, estudiantes universitarios y liceales. El comercio -hecho inusual-, participó en la huelga al igual que los docentes, el personal universitario, los profesionales liberales -particularmente los médicos- y aún ciertos empresarios próximos al Frente Amplio va la fracción de Ferreira Aldunate.

Desde el principio, el paro de los trabajadores estuvo acompañado de la ocupación de empresas y servicios. Los trabajadores y empleados de las diferentes ramas, buscaron los tipos susceptibles de desarrollar favorablemente el conflicto (26).

Así, en el curso de la primera fase de la huelga, numerosos sabotajes intentaron paralizar las actividades económicas, en forma más o menos permanente, e impedir que la posible ocupación militar de las empresas pudiera permitir la reiniciación del trabajo (27). En fin, debe subrayarse que la huelga alcanzó a la totalidad del país, especialmente a las ciudades más importantes del interior, entre otras Paysandú y Salto.

Llevada con determinación, constituyó la expresión inmediata de protesta popular generalizada, cuya envergadura, combatividad y significación política, tomaron posiblemente desprevenido al gobierno cívico-militar (28).

En una primera fase, este buscó una solución negociada con las fuerzas políticas de la izquierda y los sindicatos. El día 27, el ministro del Interior, coronel Bolentini, convocó a la CNT, a represéntales del Frente Amplio (Rodney Arismendi y Enrique Rodríguez) y al rector de la Universidad (Samuel Lichtensztejn). Al día siguiente la CNT presentó una plataforma de reivindicaciones de cinco puntos: - Pleno ejercicio de las actividades sindicales y de la libertad de expresión.

- Restablecimiento de las garantías y los derechos constitucionales.

- Medidas de saneamiento económico (y en particular la nacionalización de la banca, el comercio exterior y los frigoríficos).

- Recuperación del poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, y la congelación de precios.

- Eliminación de las "bandas fascistas" de la Universidad.

La disolución de la CNT

En la tarde del día 29, el coronel Bolentini rompió las negociaciones y se dirigió al país exigiendo la reiniciación del trabajo.

Al día siguiente comenzó a ejecutarse la primera etapa de la repre-

sión de la huelga. El gobierno suscribió el decreto de disolución de la CNT y dictó órdenes de prisión contra los 52 más importantes dirigentes sindicales. Las Fuerzas Armadas ocuparon los locales de la central y procedieron a efectuar los primeros arrestos. Sin embargo, a pesar de los ultimátums de desalojo y de las operaciones militares contra las fábricas ocupadas, la huelga prosiguió en la mayoría de los sectores. El 4 de julio el gobierno autorizó por decreto a las administraciones departamentales y a los organismos públicos a despedir sin indemnización a los empleados en huelga y a quienes desarrollaran "otras formas de trabajo irregular", disposición que se hizo extensiva a la industria privada.

Luego de haber roto las negociaciones con la CNT como órgano representativo de todos los sectores obreros, el gobierno se encontró nuevamente enfrentado con el movimiento popular. Buscó entonces debilitarlo y quebrar la unidad sindical, empleando sucesivamente diversos procedimientos: - Aumentos de salarios; - Tentativa de hacer jugar a las minorías ("de izquierda, pero nacionales") contra la dirección mayoritaria (considerada marxista y de "ideología foránea"); y - Negociar, rama por rama de actividad, con lo cual el gobierno buscaba sortear paulatinamente el conflicto político-sindical (CNT/Fuerzas Armadas) (29).

La huelga comenzó a declinar entre el 7 y el 9 de julio, produ ciéndose la reiniciación del trabajo, sin negociaciones, en los transportes, servicios públicos y administración central, correo, puerto, etc. Pero se mantuvo viva, particularmente en el sector bancario y en las empresas industriales. Paralelamente, una segunda fase de la represión se inició, agregándose a las detenciones selectivas, arrestos en masa cuyas víctimas eran internadas en el "Cilindro" de Montevideo.

El día 9, una manifestación organizada por la CNT congregó en circunstancias difíciles, entre 5.000 y 10.000 personas en el centro de Montevideo. Las cargas de la policía dejaron una treintena de heridos. Algunas horas más tarde varios miembros de la dirección del Frente Amplio, entre ellos su principal dirigente, el general

Líber Seregni, fueron detenidos, debilitándose seriamente las fuer/as políticas que sostenían al movimiento.

Mientras, la huelga continuó en numerosos sitios, estimulada por la jornada del 9, hasta que la mesa representativa de la CNT decidió por mayoría simple, suspender la movilización, sin negociaciones. En un mensaje dirigido por la central al pueblo uruguayo el 11 de julio, expresó como fundamentos de esta decisión, que el principio táctico fundamental en una lucha prolongada era provocar el debilitamiento de las fuerzas del enemigo, reforzando las propias. En circunstancias como las presentes, la prolongación indefinida de la huelga hubiera conducido a debilitar los sectores sindicales y consolidar las fuerzas del enemigo (30).

Balance de la Huelga

En el otro extremo del tablero político, sólo Pacheco Areco y la fracción reeleccionista habían dado su apoyo al Presidente Bordaberry (31), como sostenedores incondicionales de una solución "radical", quebrantando los principios fundamentales del bipartidismo tradicional. Este camino no fue el tomado por la fracción mayoritaria del Partido Colorado, como lo testimonió la posición "legalista" del Vicepresidente Jorge Sapelli, quien declaró, rehusando la Presidencia del Consejo de Estado, que le había sido propuesta, que su deber y su responsabilidad era afirmar que el único compromiso asumido como gobernante y como ciudadano, había sido con la Nación y con la Constitución entera, a las que se había comprometido a respetar y defender, por su honor, como vicepresidente de la República electo por el pueblo.

Aunque Bordaberry asumió la responsabilidad pública por el golpe de estado y los militares prefirieron mantenerse en un discreto segundo plano de los acontecimientos, el Ejército jugó el pape! fundamental en esta nueva etapa de la crisis. En el plan de las operaciones de "mantenimiento del orden" intervino en numerosas empresas para desalojar a los huelguistas y, con frecuencia, mantuvo buen número de conversaciones con representantes de los partidos y los sindicatos para reiniciar la producción, además de .ser

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el instrumento represivo. Por otra parte, es significativo que el coronel Bolentini, nombrado ministro del Interior en la crisis de febrero, se convirtiera en el "hombre clave" de la huelga, en tanto representante a la vez del gobierno "civil" y de las Fuerzas Armadas.

El Ejército fue, así, la única fuerza verdadera de oposición a la huelga y aseguró, gracias al dispositivo de la ocupación militar de Montevideo, la permanencia del gobierno de Bordaberry. Este no se reunía más que con los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Arma das, al margen de una reunión imprevista con el general Alvarez y el coronel Trabal, supuestos representantes de la "tendencia peruanista" del Ejército. La existencia de esta corriente y la evaluación de sus fuerzas, hicieron nacer el rumor sobre la suene de 107 oficiales que habrían sido arrestados por haberse opuesto al golpe de estado, rumor desmentido por el Alto Comando uruguayo.

Así, la unidad del Ejército, no parece haber sido seriamente comprometida en el curso de la crisis; es decir, en el momento de la disolución del Parlamento y de la represión de la huelga general, lo que testimonia cierta homogeneidad o, al menos, el acuerdo en el seno del comando y el buen dominio sobre la tropa.

El gobierno cívico-militar demostró una cohesión en el gobierno suficientemente sólida para afrontar, sin disensiones manifiestas, apenas cuatro meses después de su instauración, una oposición generalizada y activa. En efecto, el régimen se expuso en el curso de la huelga general a una hostilidad casi unánime.

Por otra parte, la Lista 15 de Jorge Batlle, que como se viera, había abandonado tardíamente la alianza oficialista, formuló el 30 de junio una declaración carente de consecuencias, en la que sostuvo que el Batllismo estaba contra el golpe de estado y la dictadura y se organizaba "para hacerla caer".

El hecho más significativo fue el acuerdo entre el Frente Amplio y la fracción mayoritaria del Partido Nacional que difundieron numerosos comunicados conjuntos, así como una plataforma para la solución de la crisis, requiriendo la dimisión de Bordaberry y la formación de un gobierno provisional "representativo de los sectores que promueven esta plataforma" y un llamado a elecciones generales para una Asamblea Nacional legislativa y constituyente. Este

27 acercamiento temporario en torno a objetivos nacionales, y contra el gobierno cívico-militar, de las dos principales comentes opositoras, no habría podido concretarse de no mediar la huelga general, en razón de las divergencias ideológicas y programáticas que separaban a ambos sectores.

Asimismo, la huelga general invirtió la relación entre el Frente Amplio y los sindicatos. Las agremiaciones obreras constituían, junto con la CNT, el eje de la resistencia, en tanto el Frente Am plio, con sus estructuras organizativas, cumplió la función de base de apoyo, coordinación e información del movimiento huelguista.

Sin embargo, buscó trascender esa función para ejercer la dirección política del movimiento y, en esta perspectiva, el general Seregni adquirió, al asumir directamente la responsabilidad de algunas iniciativas (32), una importancia personal que sobrepasaba la simple jefatura de una coalición de partidos.

Ni la huelga general, ni el golpe de estado, con el fracaso de una y el éxito de otro, pueden ser cabalmente comprendidos, si no se los analiza como momentos de cristalización de un largo y complejo proceso. En particular, pueden subrayarse dos hechos notorios: - Por una parte, el movimiento sindical y los partidos opositores apreciaron erróneamente el fenómeno de la escalada militar, de modo que la orden de "huelga general con ocupación de locales", se ejecutó en circunstancias muy diferentes a aquellas para las cuales había sido planificada, en el curso de los años sesenta.

- Por otra parte, el objetivo de la huelga, el retorno a la situación política anterior al golpe de estado era, a esa altura de los acontecimientos, probablemente imposible, al encontrarse el Ejército en una relación de fuerzas que pesaba decididamente en su favor.

Sin embargo, la victoria del gobierno sobre el movimiento huelguístico, no implicó ni el apoyo popular ni la constitución de una base política institucional real. El poder se encontraba en una situación de "bloqueo", tanto en lo concerniente a las instituciones, como al consenso general, lo que explica con exactitud las características del período posterior.

29 NOTAS AL CAPITULO 1

(9) El Pacto Chico era la denominación corriente del acuerdo político concluido entre algunas fracciones de los dos partidos tradicionales.

(1) Ver Alain ROUQU1E: "LVruguay de Pacheco Areco a Bordaberry", PAL XXYIi, Notes et eludes documentales 3973-3974. París, 23 de marzo de 1973.

(10) Así como numerosos observadores extranjeros que no habían tomado en cuenta algunas de la "fórmulas brasileñas*, como por ejemplo el "desarrollo en seguridad".

(2) Cfr. "Le n'íour au r¿'¿ime ¡irc.-iidfr.iiel". PAL V, Notes et eludes documentaires No. 3533. Paris, 19 de abril de 1967.

(11) En la revista Estudios (Montevideo, junio de 1973) se sostuvo que las Fuerzas Armadas podían razonablemente concebirse como algo más que una simple fuerza represiva y de vigilancia. Si pretendían manifestar su opinión sobre los problemas del país, si no querían seguir siendo el brazo armado de determinados intereses y se existía una realidad que debía ser transformada, era necesario conocer su pensamiento.

(3) La "crisis de febrero" y los "comunicados 4 y 7" no han sido según nuestro conocimiento (a la fecha de redacción de estos estu dios), analizados más que por Gerónimo DE SIERRA: "Nouve.lle conjoncíurc impérialiste el ¿.TÍ'.V¿ ¡xAilique. Jans ¡'Uruguay contemporain". Centre d'Etudes des Mouvemenls Sociaux. Paris, 1973 (mimeo). Los lectores interesados pueden consultarlo provechosa mente. La cronología de esta crisis ir. PAL. xxvü. op. cit. y los textos fundamentales -de los que se extraen las citas transcriptas- en Cuadernos de Marcha No. 68, Montevideo 1973.

(4) El general Antonio Frúncese había sido ministro del Interior en • •1 gobierno de Pacheco Areco y dirigido una importante represión, pero apoyándose principalmente en las fuerzas policiales y cuerpos especiales, dejando al Ejército en segundo piano.

(5) G. DE SIERRA, op. cit.

(6) Según el "Bulletin d'Etranger" de Le Mande (París, 15 de febre'o de 1973), el COSENA, órgano consultivo creado por decreto del Poder Ejecutivo, recién fue "institucionalizado" por el Decreto Constitucional No. 3, en setiembre de 1976.

(7) En su primera intervención pública, el ¡3 de lebrero, luego que las Fuerzas Armadas suspendieran !a audición radial que dirigía, •Y'ilson Fcrreira Aldüijaie rlecí.ito: "Lus Fuer/as Armadas, que hoy imponen condiciones programáticas al Presidente de la República, y en los hechos, a través suyo, a iodo el sistema político nacional, infieren un grave daño al puís [...] No están habilitadas constitucionalmente para gobernar la República, pero tampoco están capa citadas para hacerlo".

(8) "Su convocatoria al pueblo, mostró la absoluta ausencia del pueblo, ni siquiera sectorial. No puede gobernar a los uruguayos quien es ignorado por los uruguayos.'

(12) Préstamos a los candidatos presidenciales que aún ho habían sido reembolsados; préstamos para la construcción de viviendas; sis tema especial de jubilaciones. Estos "privilegios" no eran, en lot hechos, más que ventajas legales del mismo tipo de las que gozaban desde hacían tiempo los propios oficiales. Estas acusaciones parecen escasamente significativas frente a negocios decididamente delictuo sos (la célebre "indifencia" y el escándalo de la Financiera Monty), denunciados por la oposición en el curso de los años precedentes y que implicaban a numerosas personalidades políticas.

(13) Se trataba de Amodio Pérez, ex-dirigente del MLN-Tupamaros que desde su arresto (mantenido en secreto), en los primeros meses de 1972, había colabrado con los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. En el curso de esta detención, había escrito un libro en que relataba detalladamente las vinculaciones del movimiento con las organizaciones sociales y los partidos políticos.

(14) Comisión de Constitución y Legislación, presidida por Héctor Grauert (Unidad y Reforma, Lista 15) e integrada por Eduardo Paz Aguirre (Lista 15), Adolfo Singer (reelecionista), Martín Etchegoyen (Alianza), Dardo Ortiz (Por la Patria) y Zelmar Michelini (Frente Amplio). Los dos últimos votaron contra el levantamiento de la inmunidad.

(15) El más significativo fue el diferendo entre el senador Ortiz con el coronel Trabal en el curso de los trabajos de la comisión investigadora, en que este último replicó al legislador: "...soy cons-

la constitución y atacando sus fueros de senador, pero lo hago obedeciendo órdenes superiores". (Cuadernos de Marcha. No, 73).

(16) Las Fuerzas Conjuntas —fuerzas militares y policiales—, ha-bían¡ sido encargadas de la lucha antisubversiva desde fines de 1971 (Cfr. A. ROUQUIER, art. cit.)

(17) "Política y Militares en el Uruguay". Estrategia. No.22. Bue nos Aires, 16 de abril de 1973.

(18) Discurso del 13 de marzo: "La rosca tras el fascismo y la guerra civil", en Estudios No.67. Montevideo, junio de 1973. n ; (19) Ver A. ROUQUIE: art. cit.

(20) La disolución de la Asamblea que ocurriera casi de inmediato, demostró que se trataba de la supresión lisa y llana del poder Legislativo, en la definición doctrinal y no de una disolución de las Cámaras.

Según el art. 148 de la Constitución, cuando el Presidente de la República disuelve el Parlamento —conforme a la normativa prevista por la Carta—, debe convocar a elecciones las que se realizarán el octavo domingo siguiente a la referida decisión.

(21) Las Juntas Departamentales estaban compuestas por 31 miembros elegidos proporcionalmente por sufragio universal y tenían funciones legislativas y de control en el territorio de su jurisdicción, como asimismo una amplia autonomía financiera.

(22).Los signatarios del decreto de disolución difundieron sípuitáneamente un "Mensaje a la Asamblea General" (el poder Legislativo en pleno, en reunión de ambas cámaras) en el cual justificaban su , acción con argumentos más "jurídicos". El caso Erro ocupó un lugar importante, y el texto precisaba: "No acceder a la solicitud [de desafuero] formulada, implica por tanto, sostener que la justicia militar y el propio Poder Ejecutivo han actuado, en el caso, con desviación de poder. Es decir, que han utilizado sus poderes jurídicos con una finalidad distinta a aquella para la cual les fueron conferidos". cíente de que estoy

violando las leyes; violando

(23) La huelga mereció, en su momento, el estudio de Hugo LUS-TfEMBERG: "Uruguay, imperialismo y estrategia de liberación: las enseñanzas de la huelga general". Buenos Aires, 1974, 221pp. Una documentación importante se encuentra en "La Era Militar" {Cuadernos de Marcha No. 39). La cronología comentada en "Uruguay 1968-1973. "Algunos elementos para el análisis de ¡a situación social '

31 .„

y política", en CICSO, Buenos Aires, noviembre de 1975, 97pp. así como otros documentos en Aportes No. 4, Lund (Suecia), diciembre : ; de 1977, 70pp. , ;!

(24) Llamamos "tendencia minoritaria" al conjunto que comprendía . fundamentalmente a las siguientes tres corrientes:. Grupo ,de .Acción , Unificadora (GAU), Movimiento 26 de Marzo (M26M) y Resitencia ; Obrero Estudiantil (ROE), así como a diversas tendencias políticas del Frente Amplio que no adherían a la línea mayoritaria (próxima a ¡os partidos Comunsita y Socialista), innegablemente representados en' los medios sindicales: Listas 9988 (Michelini), 4190 (Erro) y l a ; Agrupación Batllista "Pregón". ¡ (25) Para mayores detalles nos remitimos a los textos citados.

(26) El personal médico y hospitalario aseguraba el servicio mínimo de urgencia. Otros sindicatos, como el de la industria farma céutica, suministraba los medicamentos indispensables y los bancarios retomaron provisoriamente el trabajo para permitir el pago de los empleados de la industria y le comercio.

(27) Los empleados bancaxios entreveraron las fichas de las opera ciones mecanizadas y los de los servicios municipales quitaron de las máquinas piezas indispensables. Entre los sabotajes, el de ¡a refinería de la ANCAP tuvo un valor esencialmente simbólico: la extinción de la llama de la chimenea de la usina fue visible en numerosos puntos de Montevideo. La producción no pudo ser reiniciada hasta c¡ 7 á:-. julio por los efectivos militares.

(28) H. LUSTENBERG: op. cit. p. 107.

(29) El coronel Bolentini declaró el 5 de julio que la situación estaba calma y el diálogo se reiniciaría no con la CNT sino con "los auténticos representantes de los trabajadores".

(30) La tendencia minoritaria se opuso a esta decisión (Federación de empleados obreros y bancarios [FOEB] y de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A. [F.U.N.S.A.], o se abstuvo (Federación Uruguaya de la Salud, [FUS]) y declaró en un documento en que hizo el balance de la movilización: "Ningún gremio fue derrotado; fue derrotado un estilo, un método, una concepción del trabajo sindical". ("Posición de la FUS, FOEB y FUNSA como conclusión de -la Huelga", en Aportes, cit. pp. 29-34).

32 (31) En el telegrama que el ex-Presidente Pacheco Areco dirigiera a Juan M. Bordaberry el 2 de julio, le expresaba sus votos de éxito y sus deseos de que lo acompañara la compresión y la cooperación de todos k» uruguayos al haber asumido la responsbilidad histórica de preservar los valores fundamentales de la democracia uruguaya. Su texto en H. LUSTENBEERG: op.cit. p. 105).

(32) Por esta razón, la represión le reservó un trato especialmente severo. Detenido luego de la manifestación del 9 de julio de 1973 y juzgado meses más tarde por un tribunal militar, fue degradado, Liberado, luego de haber purgado la pena, fue nuevamente inculpado y detenido, pasando varios años en prisión.

CAPITULO II

EL RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR BAJO LA PRESIDENCIA DE J.M. BORDABERRY Con la clausura del Parlamento y el fracaso de la huelga general, se inició la segunda fase del régimen cívico-militar. Este período se caracterizó por la alianza entre Bordaberry y los militares, quienes desde un ejecutivo centralizado, emprenden la tarea de remodelar el Estado (militarización, depuraciones) y desmantelan a veces violentamente, las instituciones representativas que había conocido la sociedad uruguaya.

El régimen reivindicó una doble "legitimidad": -La de Juan María Bordaberry, que a la cabeza del Estado y el gobierno, se prorroga en la tarea que le fue conferida por elección, aunque hubiera rolo el lazo que lo unía al "sistema de partidos", por el hecho mismo de su alianza con los militares.

-La de las Fuerzas Armadas, a las que el país debía el éxito de la lucha antisubversiva luego que el poder público les confiara la misión (en setiembre de 1971) y los medios de acción (hasta la víspera del golpe de estado). Deducían en consecuencia, que su intervención en defensa de las instituciones nacionales era ineluctable.

El equilibrio entre el sector civil y el militar en el seno del poder Ejecutivo, evolucionó en el curso del período, acentuándose la preeminencia del Ejército, cuyos oficiales terminaron por controlar la mayor parte de las instituciones, disponiendo el Alto Mando de un amplio poder en las decisiones oficiales.

El Ejército sin embargo, debía negociar con los grupos de presión económicos y políticos que apoyaron más o menos directa mente al régimen. Existía, por lo demás, en el seno de los militares, una oposición entre las diferentes concepciones del poder y del futuro del país.

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Las dos políticas, de remodelación y de desmantelamiento, se desarrollaron paralelamente en el curso de este período.

DESMANTELAMIENTO DE LOS APARATOS IDEOLÓGICOS Y DE LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS Desde principios del siglo, Uruguay conocía un régimen de democracia clásica, teñida del populismo de José Batlle y Ordóñez, que había formado el crisol de una sociedad civil densa. Las Características atípicas del país, respecto del continente, son suficientemente conocidas: democracia política estable, tradición civilista del Ejército, gran concentración urbana de la población, alfabetización generalizada, importante sector terciario, leyes sociales avanzadas, etc. (33). El sistema en su conjunto, entró en crisis de larga duración, viéndose afectado tanto el régimen político como la economía del país, acentuándose los conflictos sociales y ocurriendo una progresiva radicalización en las luchas obreras y sindicales que alcanzó a los sectores de empleados públicos y privados, y a la Universidad. Paralelamente, se transformaron las relaciones de importantes sectores políticos, con el "radicalismo" batllista y el liberalismo. Estos fenómenos, conjugados, condujeron a una profunda crisis de dirección en el bipartidismo tradicional que administraba el sistema de acuerdo con los intereses económicos dominantes, pero manteniendo también, en la mayoría de los sectores políticos, una ideología que reconocía en el Estado un instrumento de "redistribución" de la riqueza. Esta crisis debía manifestarse en el surgimiento de una poderosa guerrilla urbana y de una tercera fuerza política (la izquierda), así como por el desplazamiento de fracciones y personalidades de los partidos tradicionales hacia este nuevo agrupamiento.

Así, cuando el poder cívico-militar decidió desmantelar los "aparatos ideológicos de la sedición", luego de la desarticulación de la guerrilla y de haber asumido el control de los poderes del Estado, debió enfrentarse, con algunas de las-instituciones mayores de la so-

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ciedad uruguaya: los partidos políticos, los sindicatos, la universidad y la prensa.

A) Los partidos políticos Los partidos políticos constituyeron uno de los elementos claves del sistema político anterior al golpe de Estado, que la alianza civico-militar quiso explícitamente transformar, como lo demuestran las argumentaciones utilizadas al disolver las cámaras.

Juan M. Bordaberry anunció de inmediato, que se abría un proceso de renovación de los partidos tradicionales, precisando no obstante, que "constituyen la esencia de la democracia y de la formación de nuestra nacionalidad" (34). Agregó, refiriéndose siempre a las formaciones tradicionales, exclusivamente, que "la decisión del 27 de junio, lejos de hacer desaparecer a los partidos políticos, abre un camino de su participación en la vida nacional y en el gobierno de la República". La tercera fuerza del país (y segunda en Montevideo), el Frente Amplio, se encontraba evidentemente excluida de estos proyectos.

Un año más tarde, una carta suscrita por un centenar de personalidades (ex-parlamentarios de los partidos tradicionales), publicada en los tres grandes matutinos nacionales (35), reclamó el retorno de sus partidos a la escena política, prohibidos el 27 de junio de 1973, en la esperanza de retomar rápidamente su función dirigente en el seno del Estado (36). El diario colorado "El Día" apoyó indirectamente la carta en su editorial "La situación actual es diferente a la de 1973 y es hora de restablecer la Democracia". El Presidente, en una alocución difundida por la cadena de radio y televisión, advirtió a los políticos que debían perder toda esperanza de "utilizar sus aparatos políticos pervertidos" y precisó, a propósito de las elecciones que nadie sabía si ellas constituían en definitiva el canal de expresión de la voluntad popular. "El proceso es irreversible y constituye una verdadera revolución [...] no permitiremos que este proceso se someta en un contexto que falsifique la voluntad popular y que tendrá por jueces a nuestros enemigos [...] Estamos en los tiempos de la Nación, no en los tiempos de los partidos políticos".

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Los proyectos gubernamentales se clarificaron aún más a fines de 1973, cuando el general Julio C. Vadora, Comandante en Jefe del Ejército, declaró que la actividad de los partidos quedaría interdicta mientras no se restablecieran las condiciones políticas y sociales adecuadas. "Los aparatos militares de la subversión han sido destruidos, pero sus aparatos ideológicos se mantienen, animados desde el exterior" (37).

Bordaberry le hizo eco: las elecciones generales no podrán organizarse "mientras el marxismo y los políticos profesionales", se encuentran activos (38). Al extender el concepto de "subversión" a los "aparatos ideológicos", las Fuerzas Armadas justificaban anticipadamente la escalada represiva que desarrollarían contra las organizaciones políticas, como así también la amplitud de su intervención política.

Los partidos tradicionales. Luego del cierre del Parlamento, el problema de lograr mayorías que lo sostuviesen y formalizar " alianzas electorales, dejó de ser una cuestión crucial para el gobierno. La existencia de los partidos políticos tradicionales se organizó entonces en torno a formas de apoyo o desaprobación, de colaboración o rechazo a la participación (lo que no siempre es claramente discernible).

El Partido Colorado. Su fracción mayoritaria en aquellos años, "pachequista-reeleccionista", sostuvo al gobierno y constituyó la principal base de reclutamiento del personal político del gobierno.

La fracción de Jorge Batlle, luego de haberse auto-organizado "para hacer caer a la dictadura" pasó en los hechos a una actitud más conciliadora, pero sin ostentación, a fin de conservar un margen de independencia respecto del régimen.

El Partido Nacional. La fracción mayoritaria debía pasar, en un primer tiempo, de una oposición radical con llamamientos a la "resistencia civil", a una posición más expectante, resumida en la fórmula "desensillar hasta que aclare".

Esta nueva actitud se debió, aparentemente, al hecho de que Ferreira Aldunate, candidato que reuniera en forma personal la mayoría de los sufragios en las elecciones de 1971, podría esperar,

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de realizarse nuevos comicios nacionales, ser elegido Presidente y jugar un papel importante en el retorno a la situación "consti tucional". Por otra parte, las condiciones impuestas internamente a las formas de expresión política —que alcanzaban también a los políticos tradicionales—, no estimularon posiciones más ofensivas.

Esta actitud de espera condujo a una ruptura irreversible "con la dictadura"(39) y fue suficiente para que las Fuerzas Conjuntas dictaran una orden de arresto contra él, por "actividades antinacionales".

Eliminación sistemática de los partidos de izquierda. En un comienzo, el tratamiento reservado a !os partidos que se habían opuesto al golpe de Estado fue casi constante: supresión de las actividades políticas y arrestos de corta duración de los dirigentes quienes, aprendidos, eran puestos en libertad en plazos breves, aunque el hecho pudiera repetirse varias veces por mes (40). Así, el diario "Acción", de la Lista 15, fue cerrado por haber publicado un editorial contra el golpe de Estado y varios dirigentes del Partido Nacional, conjuntamente con el presidente de su Directorio, fueron detenidos durante la huelga. La medida más importante fue la orden de detención de Héctor Gutiérrez Ruiz, ex-presidente de la Asamblea y representante del Partido Nacional.

Pero el 28 de noviembre la oposición se encontró en una encrucijada, cuando el gobierno manifestó claramente su intención de eliminar en forma permanente a las corrientes de izquierda, cuyas organizaciones fueron declaradas "asociaciones ilícitas de ideología marxista internacional" y disueltas, sus locales cerrados y sus bienes confiscados.

Los periódicos "El Popular" y "Crónica", del Partido Comunista, fueron clausurados, prohibiéndose "todo otro tipo de publicaciones que significara su continuación".

El decreto alcanzó a numerosas organizaciones (41) de diversas tendencias ideológicas de izquierda, muchas de las cuales no se autodefinían marxistas (Unión Popular, M26M, ROE, MRO —Movimiento Revolucionario Oriental—) y disuelta la activa Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). La proscripción comprendió la casi totalidad de los partidos adheridos al Frente

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Amplio, con excepción de la Democracia Cristiana (PDC) y el Frente del Pueblo (agrupación creada por Zelmar Michelini y Alba Roballo, disidentes del sector progresista del Partido Colorado).

La medida conocía un solo precedente que se remontaba a 1967, bajo la presidencia de Pacheco Areco, pero en aquel caso la prohibición había sido menos sistemática y, sobre todo, estaba dirigida a impedir la expresión pública de los partidos más que a eliminarlos (42), mientras que el decreto del 28 de noviembre puso a disposición de las Fuerzas Conjuntas un instrumento sumamente eficaz de represión, permitiendo inculpar a los militantes de esas organizaciones de "asociación para delinquir" y de someterlos a la justicia militar, gracias a la Ley de Seguridad del Estado.

A partir de entonces, las Fuerzas Armadas comenzaron a desmantelar uno a uno los partidos y grupos alcanzados por el decreto.

Arrestos masivos o selectivos de sus esferas dirigentes, torturas, procesos ante cortes militares, detenciones prolongadas sin juicio, severidad de las penas, fueron los métodos empleados para desorganizar a los partidos de izquierda e intentar disuadir a sus militantes de proseguir las actividades. Los riesgos inherentes al mantenimiento de organizaciones clandestinas, no impidieron su resurgimiento, periódicamente anunciados por las propias autoridades.

El M26M (Movimiento 26 de Marzo) fue el primero en ser reprimido y muchos de sus militantes apresados a partir de 1972, en el marco de la lucha antisubversiva, en razón de supuestos lazos con el MLN-Tupamaros.

El GAU —grupo marxista de origen cristiano que tenía fuerte implantación sindical—, fue seguidamente alcanzado por la represión, que lo vinculó a la explosión de una bomba en el interior de la Facultad de Ingeniería, a fines de 1973. Numerosos militantes y cuadros intermedios fueron arrestados y sus más importantes dirigentes encausados por la justicia militar en abril de 1974. Un panorama similar podría describirse respecto de los restantes grupos de menor importancia de la extrema izquierda. En lo que concierne al Partido Comunista, principal fuerza de la izquierda uruguaya, aunque un cierto número de sus militantes y dirigentes habían sido apresados en el curso de los dos primeros años, tardíamente fue objeto de

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persecución sistemática, en el curso de 1975. Al finalizar el año, las Fuerzas Conjuntas declararon "haber aniquilado el aparato armado del Partido Comunista" y admitieron haber efectuado varias centenas de detenciones que las agencias noticiosas internacionales evaluaron en más de un millar.

El Partido Comunista del Uruguay, que se había mantenido a la expectativa ante las Fuerzas Armadas (Jaime Pérez, su entonces Secretario General, preconizó en una conferencia de prensa secreta algunos días antes de su arresto, un gobierno "antidictatorial", asociando a civiles y militares), cambió de posición a comienzos de 1976 y calificó al régimen de "dictadura fascista", manteniendo la hipótesis de que existían contradicciones en el seno del ejército, pero que no tenían la posibilidad de modificar la naturaleza del régimen.

Finalmente, en octubre de 1976, dos comunicados de las Fuerzas Armadas dieron cuentas de la detención de un número importante de militantes del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo, antigua ROE), y del descubrimiento de un "vasto plan subversivo". Ese mismo año desapareció un importante número de dirigentes sindicales pertenecientes a este grupo (Gerardo Gatti, L. Duarte, etc.), en Buenos Aires.

La emigración a la Argentina. El constreñimiento de las posibilidades de acción política, al cabo de los meses desplazó a buena parte de los activistas de la oposición a la Argentina, donde el régimen peronistas ofrecía entonces ciertas seguridades para los elementos políticos y sindicales exiliados. La proximidad de la capital argentina la convertía en "base próxima", y a la populosa comunidad uruguaya residente, se agregaron numerosos dirigentes de oposición, como asimismo cuadros y militantes de izquierda, sin que esto facilitara la unificación de los sectores contrarios al régimen.

El golpe de estado militar argentino, el 24 de marzo de 1976, transformó bruscamente la situación. Al asesinato de personalidades políticas —las más significativas, Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini—, la multiplicación de las desapariciones y los apre samientos en Argentina, obligaron entonces a la oposición urugua-

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ya a un nuevo exilio en Europa y otros países americanos, reduciendo así-su influencia en el interior del Uruguay.

B) Los sindicatos y la CNT. El sindicalismo uruguayo representaba antes del golpe de estado, un poder que se extendía a todas las ramas de la actividad profesional del país (43). En 1964, luego de numerosas tentativas, estos sindicatos se federaron en una central única (CNT), de dirección colegiada, con representación de las minorías en el Secretariado General y sus niveles intermedios. Si bien el Partido Comunista gozaba de una influencia mayoritaria, ramas enteras de actividad estaban controladas por otras tendencias ideológicas (44), que habían logrado mantener y desarrollar su influencia en la central.

La actividad de la CNT había sido precisamente de orden reivindicativo, aunque en el curso de los últimos años se había visto obligada a exigir medidas estrictamente políticas, que estimaba necesarias para su funcionamiento como central sindical, levantamiento de las medidas prontas de seguridad y del estado de guerra interno; restablecimiento de las libertades y dimisión del Presidente Bordaberry, etc. Trazaba así un "programa de soluciones para la crisis" que comprendía la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior, de la banca y la industria frigorífica, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y la moratoria de la deuda externa, la elevación de los niveles de consumo, etc. Pero, más allá de su importancia como organización, la CNT había jugado un rol preponderante en la huelga general que la sindicaba como hostil al régimen cívico-militar. Este procuró entonces suprimirla, tanto como fuerza representativa de los intereses económicos de los asalariados, como estructura de organización "clasista", insería en la coyuntura política y ligada por múltiples vínculos con las fuerzas opositoras de la izquierda y la extrema izquierda. Con ese objeto fueron dictados los decretos de 30 de junio de 1973 y el de "regla mentación sindical".

La nueva reglamentación sindical. Partiendo del principio de que “los diferentes alineados en el marxismo internacional, ejercían una

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"verdadera dictadura sobre los trabajadores", el poder Ejecutivo desde comienzos de 1973 había previsto la aplicación de una nueva ley de organización sindical, reglamentando las actividades de la CNT En abril de 1973 el tema ya había dado lugar a una declaración de las Fuerzas Armadas, en que estas afirmaban: "si el poder político entendiera conveniente promulgar una ley de organización sindical, no haría otra cosa que cumplir con los mandatos establecidos en los artículos 53 y 57 de la Constitución de la República" (Comunicado No. 790 de la Junta de Comandantes en Jefe).

Sin embargo, hasta el golpe de estado, esa unanimidad cívico militar no fue suficiente para transformar profundamente la estructura sindical, demasiado poderosa. Por consiguiente, la ley que constitucionalmente debía haber sido aprobada por el Parlamento, luego del golpe fue promulgada por el Poder Ejecutivo, aun antes de que entrase en actividad el Consejo de Estado. Esta precipitación fue, sin duda, uno de los hechos que permitió a la CNT proseguir sus acciones en la clandestinidad.

La reglamentación fijó los detalles de funcionamiento de la actividad sindical legal, regulando los siguientes aspectos: -Organización interna; modalidades de creación de los sindicatos, de elecciones, de derechos y deberes de los afiliados, duración de la.s asambleas, etc.

-Campo de acción: el art. 17 precisó que los sindicatos no podrían intervenir en cuestiones políticas o religiosas.

-Relaciones con el Estado: todos los sindicatos se colocaban bajo la autoridad del ministro de trabajo y debían registrarse, al igual que sus dirigentes, y presentar una lista completa de sus afiliados, debiendo comunicar, asimismo todos los documentos de sus actividades e informar de las modificaciones que las afectaran. En caso de infracción, se preveían multas, penas de prisión para los responsables y la disolución del sindicato.

-Medios de acción: el derecho a la huelga, reconocido por el art.

57 de la Constitución de 1967, fue considerablemente limitado en el plano normativo y completamente suprimido en los hechos (y aún de derecho para el sector público). Una instancia previa, de "con-

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ciliación y arbitraje", se creó obligatoriamente. Toda huelga declarada ilícita, permitía el despido colectivo de sus participantes (45).

La respuesta sindical y la represión. El tema de la reglamentación sindical había sido objeto de discusión en el seno de la CNT en el curso de los meses que precedieron a su disolución. Si bien la central, en su conjunto, se oponía por principio, mayoría y minoría se dividieron respecto al grado ofensivo de la respuesta a dar. La tendencia mayoritaria propuso, como medida eventual, una huelga de 24 horas, mientras que la minoría asimilaba la promulgación de la reglamentación a un golpe de estado y apoyaba la huelga general con ocupación de locales.

En el momento de su promulgación, el golpe de estado era un hecho consumado y la capacidad de respuesta del movimiento sindical había sido profundamente afectada por el fracaso de la huelga general, la posterior disolución de la CNT y el apresamiento de numerosos militantes y cuadros sindicales. Con todo, aún disponía de una estructura clandestina casi intacta, manteniendo cierta capacidad de movilización como lo testimonió la consigna de huelga prevista para el 2 de agosto, aunque suspendida en la víspera por razones puramente circunstanciales. La línea mayoritaria buscó, en efecto, evitar los enfrentamientos directos con el gobierno cívicomilitar y prefirió jugar dentro de los reducidos márgenes de maniobra que le había dejado la reglamentación, para reiniciar un proceso de reconstrucción del movimiento.

Pero esta estrategia se reveló imposible, a la luz de la presión que de las Fuerzas Armadas que les permitió progresivamente y por medios diversos, desmantelar las antiguas estructuras de los organismos sindicales. Uno tras otro, los sindicatos que habían sido for malmente prohibidos, fueron intervenidos al menor signo de protesta o reactivación, sus locales cerrados y, a veces, confiscados sus bienes e incautados sus fondos. Las órdenes de detención dictadas contra los dirigentes y los militantes activos, pasibles de ser enjuiciados por los tribunales militares en razón del estado de guerra, los obligaron a volver a la clandestinidad.

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La censura de la prensa, el sometimiento de la Universidad a la tutela militar, la militarización de las empresas y la proscripción de los partidos políticos, forman parte del proceso que, en su conjunto, contribuyó en los hechos al debilitamiento de las fuerzas sindicales, a la retracción de sus bases activas y a su desarticulación progresiva.

En general, los sindicalistas fueron condenados por su pertenencia a partidos disueltos o por delitos de "asistencia" o "participación en la subversión", aunque el verdadero motivo de inculpación fuera su vinculación con la actividad sindical. En 1975, nuevas sanciones disciplinarias se agregaron a las ya impuestas por la "reglamentación", respecto del sector público: suspensión por 90 días, pérdida del derecho al ascenso y desconocimiento de la antigüedad. Disposiciones similares fueron aplicadas respecto del sector privado, con el fin de eliminar a los dirigentes sindicales conocidos y realizar las reducciones de personal requeridas por la recesión económica en que se encontraba el país desde hacía muchos años.

Los diversos métodos ensayados a partir de 1972 en la lucha contra la guerrilla, se aplicaron en el ámbito sindical de manera sistemática, luego de los arrestos de los dirigentes del GAU en los primeros meses de 1974. Hasta entonces los numerosos arrestos de dirigentes sindicales se habían ejecutado conforme al régimen de las medidas prontas de seguridad y los detenidos puestos a disposición del poder Ejecutivo, sin que se hubiera articulado contra ellos verdaderos procesos. Siguiendo el mismo procedimiento que para los partidos políticos las organizaciones sindicales fueron desmanteladas por etapas, por tendencias ideológicas y por empresas.

A pesar de estas difíciles circunstancias y de las divergencias estratégicas perceptibles en el seno del sindicalismo uruguayo, se mantuvieron los acuerdos tácticos para apoyar las reivindicaciones particulares o para conmemorar fechas simbólicas del movimiento obrero. En el curso de los primeros años (1974 y 1975), se efec tuaron paros parciales y manifestaciones de descontento. Aunque se mantenían medidas de seguridad draconianas para impedir cualquier manifestación, cada lo. de mayo daba lugar a diversas acciones —manifestaciones relámpago, distribución de panfletos, corte simultáneo de las luces ("apagones"). Tanto en la enseñanza como en

obtener una mejora creciente de la producción y el trabajo, reconocimiento más efectivo del estatuto de los trabajadores.

Estas comisiones no conocieron aplicación práctica, porque persiguiendo en el fondo la política de proscripción de la CNT, la reglamentación debió prohibir la postulación de los exdelegados de esa central, como representantes ante las comisiones.

El gobierno cívico-militar se encontró, consecuentemente, aprisionado entre dos exigencias contradictorias. Por una parte, no pudo ignorar la necesidad de cierto margen de negociación entre los interlocutores sociales, mucho más necesario cuando los salarios habían visto disminuido brutalmente su poder adquisitivo y constituían por lo tanto una amenaza potencial pero permanente para el régimen. Algunos sectores patronales, por su parte, inquietos por el éxodo de trabajadores calificados, deseaban disponer de ese margen de maniobra que suavizara la política económica modificando las relaciones producción—mercado interno, y por lo tanto el volumen de la masa asalariada.

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los servicios públicos, la "declaración de fe democrática", encontró una oposición generadora de crisis en el seno del propio personal civil del régimen. Huelgas importantes, reprimidas por la Armada, ocurrieron en el puerto de Montevideo, así como paros laborales en el sector bancarios y en algunas ramas industriales.

Continuidad de la resistencia sindical. Si bien el régimen cívicomilitar procuró limitar al máximo las actividades sindicales clandestinas, no pudo sin embargo concretar su proyecto de establecer una nueva estructura de representación de los trabajadores. Las elecciones de representantes, según la nueva reglamentación, a fines de 1973, no alcanzó los resultados esperados. Los delegados elegidos según las modalidades prescriptas por el decreto, representaban las mismas tendencias político-ideológicas que caracterizaron tradicionalmente a las direcciones sindicales.

La tentativa de crear una central "democrática y apolítica", bajo control del poder Ejecutivo, el 27 de noviembre de 1976, luego que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresara en diversas oportunidades al gobierno "su inquietud ante la situación sindical", tampoco tuvo éxito. Esta central no prosperó, en ausencia de participación de las diversas tendencias de la CNT en reclamo de su representación, y su existencia se mantuvo en estado larvario.

La prosecución de la política de fijación de salarios mediante tratativas entre obreros y empleadores, implantada hacía muchos años, no fue posible en esas circunstancias. En 1974 el poder Ejecutivo suprimió las representaciones obreras y patronales en el seno de la COPRIN —organismo tripartito encargado de fijar los niveles de precios—, y las reivindicaciones debieron canalizarse a través de la Comisión de Asuntos Laborales de las Fuerzas Armadas.

Esta orientación que tendía a la gestión autoritaria del Estado de las relaciones entre empleadores y asalariados, no habría de ser alterada hasta febrero de 1977, en que comenzaron a actuar las "comisiones paritarias".

El decreto de creación justificó "la política particular de pacificación de las relaciones obrero-patronales existentes, tendente a

No obstante, el gobierno cívico-militar no podía abrir estas negociaciones sin permitir a la CNT —directa o indirectamente- . cierto margen de reorganización. Dada la larga tradición de las corrientes del sindicalismo uruguayo (recompuesto en la cladesti-nidad, a pesar de las condiciones de la represión), al poder militar le era más difícil borrar la influencia de la CNT de lo que lo había supuesto su teoría maniquea de que los trabajadores eran manipulados por los partidos subversivos.

Por lo tanto, la solución "dura" continuó prevaleciendo en relación al sindicalismo obrero, pero también —aunque en menor medida—, respecto de las relaciones con ciertos sectores patronales. :

C) La enseñanza y la Universidad.

Al término de una larga evolución (46), buena parte de los medios intelectuales, de la enseñanza y de la Universidad, habían cambiado de actitud hacia la ideología liberal (o "radical") que prevaleciera en el Uruguay durante muchos años. El crecimiento de

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las tensiones políticas, y el endurecimiento de la política del Estado, habían llevado a la politización gradual de esos medios, desarrollándose una importante corriente humanista y socialista. Paralelamente, las dificultades económicas habían favorecido la unificación sindical: en 1970, por ejemplo, los sindicatos de la enseñanza secundaria adhirieron a la CNT. En el curso de estos mismos años (1970-1971), luego de la intervención gubernamental en la enseñanza secundaria, aparecieron nuevas formas de acción (coordinadoras de padres-profesores-alumnos, "liceos populares", etc.), que obligaron al gobierno a dar marcha atrás.

La Universidad, creada en 1894, habían adquirido plena autonomía en 1958. Todas sus autoridades eran elegidas por organismos colegiados donde estaban representados los tres órdenes —profesores, estudiantes y profesionales—, sin ninguna injerencia del Estado. En el curso de los años precedentes al golpe de Estado los centros de investigación y experimentación adscriptos a la Universidad, emprendieron una vasta tarea de reflexión sobre las causas de la crisis del país y sus soluciones contribuyendo fecundamente a la definición del "Plan Nacional de Desarrollo" elaborado bajo la dirección de la CIDE (47).

Aprovechando esta autonomía y su prestigio, la Universidad denunciaba desde hacía tiempo las violaciones de los derechos humanos y las medidas inconstitucionales tomadas en el correr del último período, convirtiéndose en la "caja de resonancia" de las luchas sociales. Los estudiantes universitarios (alrededor de 20.000) participantes de un importante movimiento de revuelta en los años 1968-1969, procedían de un espectro social muy amplio y estaban nucleados en una gremial única y poderosa, la FEUU (48).

Oposición de la Universidad al golpe de estado. La Universidad constituía por lo tanto un poder nada despreciable, y un interlocutor de peso para el gobierno. En el curso de la huelga general su Rector se entrevistó con el gobierno y la Universidad —el 3 de julio— tomó posición contra la disolución de la CNT. El día 6, la sesión pública del Consejo Central Universitario, en la que el rector Samuel Lichstensztejn criticó en duros términos la conducción

política, culminó en una manifestación encabezada por las autoridades docentes. En agosto de 1973 una delegación universitaria reafirmó "la necesidad de respetar la Constitución", en una entrevista celebrada con el Presidente de la República. Esta última íntervención definió la voluntad de la Universidad de no permitir que se neutralizara su función crítica, convirtiéndose por lo tanto en un nuevo peligro para el poder cívico-militar.

En un primer momento el gobierno decidió realizar nuevas elecciones internas en la Universidad, conforme a un procedimiento que "garantizase la libertad del voto". Pero contra todas sus esperanzas, la elecciones confirmaron las tendencias preexistentes: la izquierda y la oposición liberal reafirmada por el 89% de los sufragios estudiantiles, el 76.3% de los docentes y el 56% de los egresados.

Con el fin de impedir el mantenimiento de un sólido poder autónomo, acusado desde hacía tiempo de ser el "refugio de la subversión", en el seno de una sociedad que el Estado quería controlar, el gobierno se vio obligado a adoptar medidas más radicales.

En el mes de octubre, tres días después de la realización de las elecciones, la explosión de una bomba en la Facultad de Ingeniería, dio al gobierno su casus belli. Por decreto, las Facultades fueron puestas bajo la tutela del poder Ejecutivo y detenidos el Rector, la totalidad de los decanos y 150 estudiantes (49). Poco después fueron clausurados los institutos de investigación (50). Las declaraciones del "decano Interventor" de la Facultad de Agronomía fueron elocuentes: "Debe suprimirse la investigación, pues ella es un obstáculo para la enseñanza".

El control de la Universidad por el gobierno. Comenzó entonces un largo proceso de depuración de profesores y estudiantes, apelándose a diversos métodos que incluían las restricciones presupuéstales y el control ideológico.

En el ámbito de la enseñanza se exigió la "declaración de fe democrática", por la cual todo funcionario público debía manifestar su no pertenencia (ni haber pertenecido) a alguna de las organizaciones disueltas en noviembre de 1973. Quienes rehusaron suscri-

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birla, fueron declarados cesantes en sus cargos y quienes hicieron una falsa declaración fueron enjuiciados ante la justicia (51). A pesar de las numerosas protestas y de la crisis ministerial que le siguió, y sin perjuicio de alguna modificación que restingió la declaración a la pertenencia actual a las mencionadas organizaciones, las dimisiones y cesantías se multiplicaron (52), provocando incluso la supresión de algunas disciplinas y un descenso general del nivel docente. Este procedimiento se extendió a todas las ramas de la enseñanza.

También el sector de la enseñanza privada resultó considerablemente restringido en su margen de autonomía, en enero de 1975, al dictar el CONAE (Consejo Nacional de Educación), la Ordenanza No. 14, que provocó una crisis que se mantuvo por más de dos meses con las autoridades religiosas (53).

Posteriormente, el 9 de diciembre de 1976, la Ordenanza No. 26, reglamentó el "Estatuto del Profesor", con el objeto da lograr, según expresiones del coronel Soto, vice-Rector del CONAE, "la coherencia y la unificación de la enseñanza". Aunque de naturaleza estrictamente administrativa, puso de manifiesto dos aspectos importantes de la política del gobierno cívico-militar en el campo de la educación: en primer término, a más de tres años del golpe de estado, se reafirmó el espíritu de la "profesión de fe democrática", encontrándose una base legal permanente en la prohibición a toda persona que hubiere sido arrestada o procesada por la justicia en cualquier oportunidad (en relación o no con la seguridad del Estado), de ejercer cargos en la enseñanza, lo que en el contexto uruguayo equivalió a una amplia proscripción. Por otra parte los militares quedaron facultados a desempeñar cargos en la enseñanza, "si eran aptos siguiendo rápidos cursos de formación o si se sometían a determinados tipos de pruebas que serían programadas". La enseñanza fue, en efecto, una de las instituciones en las que el proceso de militarización se hizo más notorio. ü) La prensa Este proceso de "desestructuración" debía también alcanzar a la prensa nacional y, con carácter general, a la circulación de todo tipo

49 de informaciones. La prensa de los partidos de izquierda fue pura y simplemente prohibida. Luego, progresivamente, en función de la multiplicación de las interdicciones parciales, como sanción por haber quebrantado las disposiciones del comunicado de 27 de junio de 1973, los órganos de la prensa-se vieron constreñidos a autocensurarse o a verse amenazados constantemente con la suspensión o la requisa. Al cabo de sucesivas prohibiciones, numerosos diarios de Montevideo o el interior del país, pertenecientes a organizaciones profesionales, religiosas, políticas o estrictamente independientes, fueron clausuradas por decreto, destacándose el caso de "Marcha" semanario de la izquierda de prestigio continental.

Rápidamente se impuso un control sumamente estricto de la información, de modo que los comunicados oficiales constituyeron la única versión publicable sobre determinados acontecimientos.

Aun las agencias internacionales de prensa quedaron sometidas, a partir de marzo de 1974, a suministrar a las autoridades copia de los despachos cursados desde el Uruguay (54).

LA ALIANZA CÍVICO-MILITAR Y LA MILITARIZACIÓN DEL ESTADO "Las Fuerzas Armadas cumplen actualmente una doble función: ante la carencia de todos los elementos que tradicionalmente sostienen el Estado [ellas] aparecen como su último soporte y esta tarea no les ha sido confiada por el presidente sino por la Historia; en sus filas aparecen numerosos oficiales cuyas capacidades son muy útiles en algunos organismos del Estado" (55).

La "ocupación" del Estado por las Fuerzas Armadas, ¿correspondía a un proyecto preestablecido o fue el resultado de la multiplicación de las intervenciones en la mayor parte de las actividades públicas? Los elementos de juicio de que se dispone para responder con precisión a esta pregunta son escasos. El documento del IMES precedentemente citado (56), permite inducir que desde 1972 las Fuerzas Armadas habían formulado oficiosamente un plan de inter-

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vención en la vida pública que hacía necesaria la supresión de la normativa constitucional y el acallamiento de los partidos políticos.

El documento precisaba que el ritmo de estas intervenciones debía ser paulatino y que la elección de los puntos de inmixtión en la vida política juiciosamente sopesados "a fin de obtener un sostén siempre creciente en la población". Si esta "regla" no era respetada, "las Fuerzas Armadas se verían en la obligación de tomar decisiones drásticas ante estos problemas, que no lo merecían" (57). La crisis de febrero y luego el golpe de estado de junio de 1973, pueden ser comprendidos en este marco como una "aceleración" involuntaria del proceso por la creciente resistencia de las fuerzas políticas y el sistema institucional, que adquirió de improviso el carácter de una operación que gozaba de cierto apoyo y legitimada por los propios acontecimientos. Las Fuerzas Armadas pasaron así, indudablemente con más rapidez de lo que habían sospechado, al primer plano de la vida nacional.

De 1973 a 1976, los oficiales superiores procuraron hacer el aprendizaje del poder del Estado, de la administración pública y de las relaciones con los grupos de presión económica. Puede afirmarse que durante este periodo el ejército uruguayo sufrió la más importante transformación en su historia moderna y recorrió —con las necesarias diferencias de proporción y de grado—, el mismo camino que los ejércitos argentino y brasileño hacia la-constitución de un verdadero "partido militar de la Nación".

El rol de las Fuerzas Armadas

El ingreso de los militares uruguayos en la escena política, encontró su legitimación en la lucha antisubversiva y el apoyo que le prestaron en esta tarea todas las fracciones de los partidos tradicionales. De esta función nació una ideología, al principio superficial, de "la seguridad ante la subversión", y luego ampliada, como en numerosos países latinoamericanos, hasta asociar seguridad con desarrollo (58).

"No hay desarrollo sin seguridad", afirmó el Presidente Bordaberry a principios de julio de 1973. Este punto doctrinal abrió, virtualmente, un campo irrestricto a la intervención del Ejército. A

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la división de funciones entre civiles (el desarrollo) y militares (la seguridad), le sucedió una confusión de cometidos en el seno del Estado, a medida que los diversos sectores de la actividad pública eran declarados de interés estratégico. > La primera etapa de esta extensión de la intervención militar, se fundamentó en los años 1972 y 1973, en la corrupción y deficiente gestión de las empresas del estado (servicios descentralizados). Este argumento fue retomado luego del golpe de estado, y las Fuerzas Armadas rechazaron la lista de personalidades civiles suministradas por el poder Ejecutivo para proveer los cargos de las principales empresas públicas.

A partir de setiembre de 1973, los militares participaron en reuniones de gobierno en que fueron analizadas cuestiones económicas y sociales. Estos "cónclaves cívico-militares" se convocaron periódicamente con el objeto de fijar las orientaciones fundamentales de la acción del Estado (59) y a partir de mayo de 1974, la Junta de Comandantes en Jefe participó en el Consejo Económico y Social (CES), encargado de asistir en forma permanente al gobierno en materia de política económica y controlar la aplicación de las decisiones tomadas en dichos cónclaves.

A fin de asegurar el poder de tutela y hacer más efectivo su control sobre las principales instituciones del país, los militares integraron masivamente la administración estatal de dos modos: por una parte, sustituyeron al personal político que, en los organismos ya existentes, ejercía la dirección; y por otra, creando instancias cívicomilitares y nuevos organismos que disponían de amplísimas atribuciones.

Los oficiales superiores ocuparon paulatinamente las Intendencias Municipales, la dirección de los servicios ministeriales, los entes autónomos y descentralizados, se incorporaron a la dirección de la enseñanza (CONAE) y a la representación del Uruguay en los organismos regionales, y a los servicios diplomáticos, etc. La sustitución del personal tuvo lugar toda vez que un civil muriera o renunciara a sus funciones —por límite de edad o fin del mandato pues eran numerosos los cargos electivos en el aparato estatal—, o aún por motivos vinculados a los "delitos de subversión" o "nego-

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ciados", quedando los respectivos organismos bajo la tutela del poder Ejecutivo.

Cuando esta situación provocaba conflictos, se resolvían en general en beneficio del Ejército. Aunque los oficiales incorporados al aparato del Estado estuvieran sometidos a la autoridad administrativa, en razón de su cargo y función, y actuaran jerárquicamente en el marco de las relaciones internas de los organismos civiles, no dejaban de ser militares en actividad, bajo la jerarquía de sus superiores. La intervención masivas de los cuadros militares en el Estado, representó algo más que una simple red de influencias. Se trataba, más bien, de la "militarización" que, a pesar de los riesgos de las divisiones internas y de las tensiones con el poder civil, testimoniaba más bien la escalada global del ejército en el Estado.

La alianza cívico-militar y sus crisis En el decurso de esta etapa, el equilibrio entre los grupos civiles provenientes del "Pacto Chico" y las Fuerzas Armadas, se estableció sobre las bases del mutuo apoyo.

La necesidad de la alianza cívico-militar: Los primeros ya habían comprobado la dificultad de hacer aplicar su política económica y social dada la oposición del Frente Amplio y la fracción mayoritaria del Partido Nacional. Esta situación sin salida los había llevado a intentar neutralizar las oposiciones política y sindical.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, emergían por vez primera a la escena política, lo que suponía una gran inexperiencia (60) en la conducción de los asuntos públicos y hacía absolutamente necesaria su alianza con los civiles. Podían escoger entre aparecer públicamente al lado del gobierno o bien, colocados bajo su autoridad (esto último más esporádicamente), y aún de dominarlo, según la imagen que procuraran dar a la opinión pública o el modo en que querían aparecer asociados en determinadas medidas. Por otra parte, los comunicados 4 y 7 habían demostrado que carecían de un proyecto económico coherente. (61).

En el correr de este período ocurrieron diversas crisis entre el Presidente y las Fuerzas Armadas. Raramente tuvieron carácter

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público, y las esferas dirigentes casi nunca dejaron filtrar algo más que alguna versión (las "tres dimisiones" de Vegh Villegas) o informaciones indirectas (los "memorándum" de Bordaberry). Una especie de consigna del silencio fue observada, no siendo posible recurrir a la opinión pública sobre todo en razón de la muy estricta censura de prensa. Los rumores sobre los diversos acontecimientos, aun los que se confirmaran posteriormente, daban lugar a des mentidos terminantes (62), de modo que se carece de informaciones algo más que fragmentarias sobre el desarrollo de estas crisis, sus contradicciones y las negociaciones a que dieron lugar.

Desacuerdo sobre la política económica: Si se exceptúan las numerosas tensiones provocadas por la incorporación de los militares en las administraciones civiles, la primera gran crisis del período ocurrió en mayo de 1974. El país vivía entonces una situación económica difícil, agravada por el alza de los precios del petrolero y la caída de los productos de exportación en los mercados interna cionales.

Las Fuerzas Armadas presionaron entonces al gobierno, para introducir un cambio en la dirección económica y obtener una mayor participación en las decisiones sobre la materia. Esta crisis alteró el equilibrio de tendencias en el interior del Ejército, sin que sea posible determinar con precisión las diversas fracciones enfrentadas, ni los puntos exactos de fricción (63). Cualquiera haya sido su alcance, la primera medida que se exteriorizó para resolver esta crisis, fue la destitución del general Chiappe Posse por el presidente Bordaberry (64), en el Comando en Jefe del Ejército. Un mes después el Presidente anunció la creación del Consejo Económico y Social (CES), del que formaban parte los militares, y la modificación del gabinete ministerial. Finalmente, en el mes de julio, Alejandro Vegh Villegas (65) fue nombrado ministro de Economía y Finanzas, y conduciría la política económica en forma sensiblemente diferente a la de su predecesor (Moisés Cofien). Benito Mederos, hombre de confianza del Presidente, estrechamente ligado a los grandes propietarios rurales, dimitió de sus funciones de ministro de Agricultura.

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NOTAS DEL CAPITULO n

La crisis de mayo de 1975, a pesar de su gravedad, no reveló aparentemente ninguna fisura en el seno de las Fuerzas Armadas. En su estallido, se encontraba una medida tomada por el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Peile estrechamente ligado a cienos sectores militares, medida que favorecía la colocación en frigorífico de las carnes de pequeños productores (menores de 300 hectáreas), a la que se oponían el ministro de Agricultura de la época y el propio Presidente como limitantes a la libertad empresarial.

Peile fue reemplazado en la dirección del organismo por MRoca Sienra, aunque continuó integrando el consejo directivo del INAC. Las modalidades del desarrollo de estas crisis requieren algunas precisiones. La intervención de las Fuerzas Armadas las transformó siempre en un conflicto de poderes con el Ejecutivo, en cuyo proceso transgredieron los límites fijados por las reglas "normales" de funcionamiento de los organismos públicos. La negociación perdía el carácter "civil", teniendo lugar las reuniones con el Presidente en la base de Boiso Lanza, en terreno militar, poniéndose en marcha un dispositivo que incluía el acantonamiento de las fuerzas del ejército y las policiales, con prohibición a la prensa de difundir noticias que no hubieran tenido la aprobación de la Junta de Comandantes en Jefe.

Se asistió así a una creciente politización de las relaciones en el interior del Ejército: los principales jefes militares —es decir, los comandantes de las tres armas y los de las cuatro regiones militares del país—, se reunían; los oficiales superiores, a cargo de los servicios más importante, hacían llegar al Ejecutivo antes de la discusión y por vía de memorándum, la posición del ejército. Por el contrario, el Presidente aparecía en posición debilitada, cualquiera fuera el resultado de la crisis: sin acceso a los medios de comu nicación, no se entrevistaba más que con algunos ministros para elaborar su respuesta a los memorándum, sin siquiera poder reunir a las fracciones de los partidos tradicionales que supuestamente lo apoyaban.

(33) Cfr. María A. PETIT DE PREGO: "Etapes d'un processus économique. De i expansión a la crlse".

(34) Respuesta de Juan M. Bordabcrry a Jorge Sapelli, en Cuadernos de Marcha No. 73.

(35) El Día, La Mañana y El País.

(36) Entre los firmantes se encontraban Jorge Batlle, A. Abdala, E.J.Corso, W. Bcltrán, D.Ortiz, A. Vasconcellos, etc.

(37) Entrevista de J.C.Vadora. La Mañana, lo. de diciembre de 1974.

(38) Entrevista de J.M.Bordabcrry en Veja (Brasil) 30 de diciembre de 1974.

(39) Algunos meses después del golpe. W.Fcrreira Aldunate decla ró, analizando la escalada militar, que se habían equivocado grave mente al aprobar las modificaciones de la Ley de Seguridad del Estado, pensando que con ello se dotaba al sistema de garantías suficientes.

(40) No nos referimos a los centenares y a veces millares de manifestantes o huelguistas que fueron detenidos durante la huelga general e internados en cuarteles militares o en el Cilindro de Montevideo.

(41) El Partido Comunista Uruguayo (PCU), el Partido Socialista (PS), la Union Popular (UP), el Movimiento 26 de Marzo (M26M), el Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), el Partido Comunista Revolucionario (PCR), las Agrupaciones Rojas, la Unión de la Juventud Comunista (UJC), el Partido Obrero Revolucionario (POR), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE), los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y los Grupos de Acción Directa (GAD).

(42) La medida' alcanzó al PS, el MRO, la FAU (Federación Anarquista Uruguaya), el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unificada), el MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria) y a los periódicos El Sol y Época.

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(43) Con excepción del sector primario donde, salvo escasísimas excepciones, no se había logrado el mismo nivel de organización.

(44) Ver nota 30. Las ramas controladas por la minoría eran principalmente la Banca (FOEB), la salud (FUS), la industria del caucho (FUNSA) y los textiles.

(45) Se asimilaban a la huelga todas las modalidades de interrup ción del trabajo, los paros de brazos caídos, las perturbaciones al servicio, e] trabajo a reglamento, la reducción de la productividad, y cualquier otra manifestación "que de una manera u otra entorpeciera el cumplimiento normal de las actividades".

(46) Ver Uruguay hoy: "La Generación crítica" por C. MARTÍNEZ MORENO, Buenos Aires 1964.

(47) CIDE: Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. Este plan el primero en su género en el país, abarcaba el período 19651974.

(48) En el seno de la FEUU los comunistas tenían una escasa mayoría y la tendencia minoritaria, más importante que en los sindicatos obreros, estaba fuertemente influida por el Movimiento 26 de Marzo.

(49) El decano de Bellas Artes estaría detenido 21 meses sin que se formulara cargo alguno contra él.

(50) Ciencias sociales, historia, filosofía, letras, historia de las ideas, pero también economía, climatología y todos los centros dependientes de la Facultad de Medicina.

(51) A fines de 1974 más de 200 profesores y funcionarios administrativos se negaron a suscribir la declaración. El prestigio de muchos de ellos debilitó la posición del gobierno y el Ministro de Educación, algunos miembros del Consejo Nacional de Enseñanza (CONAE) —entre otros su Vicerrector— y los decanos interventores de las Facultades de Derecho y Bellas Artes prefirieron dimitir.

(52) En Medicina, 210 funcionarios renunciaron; en agronomía 130 personas sobre un total de 150 fueros cesados en sus funciones y el equipo de Geología de Paysandú debió disolverse; en Arquitectura 114 cargos sobre 210, y en Bellas Artes, 259 puestos de 389 quedaron vacantes. Los institutos de Matemáticas y Electrónica fueron

57 (53) La Ordenanza No. 14 modificó las condiciones de habilitación de los colegios privados. Entre las nuevas disposiciones se contaban la fundamentación de las razones de creación del colegio, la presentación de un fichero con los antecedentes de los profesores, etc. La CONAE se reservó asimismo el derecho de rechazar las propuestas que se le formularan para la designación de directores o profesores.

(54) La Asociación de la Prensa Extranjera en Montevideo, manifestaría en vano "su viva inquietud" ante la medida que en su opinión comportaría el ejercicio de un control previo contrario a la libertad de información.

(53) Entrevista a J.M. Bordaberry, en Veja, op.cit.

(54) Cfr. capítulo I. (55) IMES: op cit.

(58) Cf. Catherine DURANDIN: "L'ideologie de la securité nationale au Brésil", PAL xliv.Nolc.s et eludes documeníaires. No. 4391-4393. La Documentarían Francaise, París 1977.

(59) Los "cónclaves", presididos por el Jefe de Estado, reunían al Consejo de Ministros y numerosos representantes militares (a diverso título, ya fuere por su función castrense como por el ejercicio de la dirección de los servicios públicos).

(60) Su reputación por la incompetencia económica y la incom prensión de los asuntos públicos era proverbial. Se subrayaba como explicación natural que las Fuerzas Armadas nunca habían gozado de prestigio, y que su reclutamiento, formación y contactos, con la sociedad eran muy mediocres. H. Gutiérrez Ruiz, ex-presidente de la Cámara de Diputados, declaró al diario Le Monde, el lo de enero de 1965: "Este pretendido poder fuerte no es más que una anarquía militar".

(59) Ver G. DE SIERRA: op.cit.

(62) "El marxismo internacional busca dar la imagen de un Presidente sitiado por el Ejército" (Bordaberry, 7 de junio de 1974).

(63) La crisis estaba aparentemente dirigida por los generales

Cristi, E. Zubia, R. Zubia, mientras que el general Alvarez (Coman dante de la División de Ejército No.4) se opondría.

A pesar del envío a París de uno de sus más cercanos colabora dores, el coronel Trabal, habría logrado consolida r una posición mayoritar ia

(64) > i! I

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(64) El general Chiappe Posse fue designado Comandante en Jefe del Ejército durante la crisis de febrero.

Fue reemplazado por el general Vadora, exagregado militar de la embajada uruguaya en los Estados Unidos.

(65) Vegh Villegas no era, aparentemente, "el candidato de las Fuerzas Armadas".

CAPITULO III

LA CRISIS CONSTITU CIONAL Y EL ESTABLECI MIENTO DEL RÉGIMEN CÍVICOMILITAR

de los grande institucio-nal Pero más a por las Fuerz el intento de búsqueda d representación "nueva institu Armadas, la calendario d desarrollo, fu discurso polít proyectos alte La diversid de apoyo o condujeron n distintas para problemas pl claro que lo ponderación los puntos d modalidades d

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rización" creciente, más o menos controlada. Las mismas instituciones sobre las que se había centrado el conflicto "abierto" en el período precedente al golpe de estado, progresivamente atacadas por las Fuerzas Armadas, se convirtieron entonces en los puntos conflictivos de los diferentes proyectos.

LA DESTITUCIÓN DE BORDABERRY A principios de junio de 1976, los órganos de prensa de los países limítrofes y las agencias internacionales, comenzaron a dar cuenta que una profunda crisis afectaba ¡as relaciones entre el Presidente y las Fuerzas Armadas. En su esencia, las disensiones se centraban en la concepción del futuro institucional del país. A los pocos días, las "fuentes bien informadas" anunciaron la caída del Presidente: el 12 de junio los uruguayos se enteraron que las Fuerzas Armadas habían retirado su apoyo a Juan María Bordaberry.

El texto del comunicado emitido por la junta de Comandantes en Jefe, reveló los puntos de desacuerdo: 1. El presidente no acepta el funcionamiento en el futuro de los partidos tradicionales, mientras las FFAA no querían participar de la responsabilidad histórica de suprimirlos.

2. El presidente rehusaba afirmar la voluntad popular a través del voto, mientras las FFAA consideraban que la soberanía reside en la Nación y que una de las formas, entre otras, de expresar esa soberanía es el voto popular.

3. El presidente intentaba responsabilizar a los partidos políticos de la degradación moral y material de la Nación y de los hombres, mientras las FFAA consideraban que no debía atribuirse al sistema los errores y desviaciones personales.

4. Finalmente, el presidente quería imponer la promulgación in mediata de una Constitución que resumiera sus conceptos fundamen-

tales, en oposición a las más caras tradiciones democráticas del país, mientras las FFAA preconizaban un período de transición de leyes constitucionales que asegurasen más flexibilidad.

Numerosos observadores, en razón de la ambigüedad de ese comunicado, fueron inducidas a pensar que la caída de Bordaberry y

61 el nuevo pronunciamiento militar, eran índices de una "liberalización". Pero, en los hechos, el secreto que envolvió las negociaciones, fue síntoma definitivo de que las Fuerzas Armadas ejercían un poder casi discrecional sobre el poder Ejecutivo. Los comentarios aparecidos en los días siguientes en la prensa uruguaya, fueron asimismo prudentes, y subrayaban tanto el rol positivo del exPresidente, como la inaceptabilidad de su proposiciones, aunque sin pronunciarse sobre el procedimiento empleado.

Las Fuerzas Armadas habían demostrado que se consideraban capaces de juzgar, por sí solas, la oportunidad de decidir esa destitución, evitando todo debate público.

Horas después de publicado el comunicado, en la Casa de Gobierno, Alberto Demichelli (68), vicepresidente de la república y Presidente del Consejo de Estado, accedió al cargo vacante. Al día siguiente, en una reunión informal con representantes de la prensa, precisó que "no soy el nuevo presidente del Uruguay, sino el vicepresidente en ejercicio de la Presidencia [...] de modo que mi mandato no excederá de los setenta días."

Pero en su breve interinato —que duró hasta setiembre de 1976—, permitió instrumentar algunos mecanismos a fin de superar el obstáculo de la convocatoria electoral que la Constitución preveía para ese año (comicios quinquenales que ese realizaban el último domingo de noviembre). En agosto de 1976 el 59% de las personas encuestadas por la agencia Gallup se manifestaron partidarias de elecciones inmediatas y tan sólo un 14% por su prórroga. Las intenciones de voto recogidas, reiteraron aproximadamente los resultados de las elecciones de 1971: 30% para el Partido Colorado, 26% para el Partido Nacional y 14% para el Frente Amplio, con un alto porcentaje de indecisos (30%).

Algunos observadores sospecharon, incluso, que la preparación de esta salida —que había dado lugar a intensos contactos políticos en Buenos Aires entre los viejos líderes de los partidos tradicionales con ciertas personalidades militares, según comentarios públicos— fue la causa de los asesinatos de los ex-legisladores Z. Michelini y H. Gutiérrez Ruiz, ocurridos en el mes de mayo (69). Es cierto que ante la parálisis del sistema político, en un país de larga tradición

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democrática y parlamentaria, la clase política esperaba el término del mandato presidencial para una redefinición del panorama futuro, a pesar de los propósitos sin ambigüedades de Bordaberry y la jerarquía militar. La naturaleza del "debate constitucional" estuvo muy lejos de responder a esas espectativas.

LOS PROYECTOS CONSTITUCIONALES En su momento, se manejaron tres proyectos constitucionales, aunque no todos revistieron la misma importancia: los "memorándums" de J. M. Bordaberry, el ensayo de A. Demichelli sobre "democracia participativa" y el "memorándum" de A. Vegh Villegas.

1. Los "memorándums" de J. M. Bordaberry A fin de justificar la destitución del Presidente de la República, las Fuerzas Armadas hicieron publicar en la prensa, tan sólo cuatro días después de la crisis, dos importantes memorándums redactados por Bordaberry, que hasta entonces eran confidenciales (70).

El 9 de diciembre de 1975, el Presidente comunicaba a la Junta de Oficiales Generales, a su pedido, un extenso texto en el que definió su posición ante una eventual prórroga de sus responsabilidades a la cabeza del Estado, más allá del 1° de marzo de 1977. Se pronunció en favor de una reforma completa de las instituciones que homologaba, en parte, el estado de hecho. La realización de un plebiscito podría ratificar la Constitución y confirmar la nueva legalidad. En caso que las Fuerzas Armadas se opusieran a la consulta, deberían como órgano supremo de la Nación, hacer una declaración de principios en favor del nuevo orden institucional. Un período transitorio de tres años sería seguido, regularmente, por mandatos presidenciales quinquenales, eligiéndose el Presidente por el Consejo de la Nación. El nuevo sistema reconocería jurídicamente a las Fuerzas Armadas como depositarías del poder y la soberanía nacionales, pero el Ejecutivo gozaría de mayor autonomía respecto del poder militar. El Presidente sería inamovible, salvo en caso de

utilizar el procedimiento del "juicio político". Conciente del hecho de que el Ejército no podría ser juzgado por ser el garante de la seguridad, que no se encontraba en condiciones de administrar el aparato estatal, y de que el poder desgasta y divide, Bordaberry preconizó el retiro progresivo de los militares de su ejercicio.

Paralelamente, el memorándum insistió en la responsabilidad del "sistema de partidos" en la crisis uruguaya, y proponía su supresión definitiva, quedando asegurada la alternancia necesaria en la jefatura del Estado, por las corrientes de opinión, semejantes al Opus Dei español y a "la actual corriente del ministro de Economía". El ejecutivo, el legislativo y el judicial, no serían considerados poderes separados, sino funciones de un poder ejecutivo único. Un órgano legislativo técnico, aseguraría el respeto de los textos promulgados o votados por una cámara integrada por ciudadanos "más allá de toda sospecha". La administración de la justicia quedaría sometida al ejecutivo, en tanto organización administrativa, pero conservaría la "autonomía de la función judicial". Respecto de las políticas sectoriales, debería acelerarse la liberalización de la economía.

El "estado orientador" sustituiría la "estado protagonista" actual y, en este aspecto, el texto no escatimó sus críticas al tipo intervención realizada por los militares.

En cuanto al sindicalismo, desaparecería como estructura centralizada autónoma; los nuevos dirigentes de estos organismos estrictamente profesionales, estarían formados en el espíritu de una armonización entre el capital y el trabajo. Conciliados por un Estado justo, los conflictos se resolverían en orden al interés general, y la huelga dejaría de ser, consecuentemente, un derecho constitucional.

En fin, en lo concerniente a la educación1 y la promoción social, el nuevo orden debería respetar la libertad de docentes y educandos, promoviendo los valores de la familia y encuadrando bajo una dirección "unitaria" el tiempo ocioso de la juventud (educación física, participación gratuita en actividades sociales, etc.)

El segundo memorándum, fechado el 1° de junio de 1976, fue redactada después de que el presidente hubiera tomada conocimiento de las contrapropuestas militares. Mantuvo en lo esencial las exi-

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gencias formuladas, llegando a expresar su temor de que el sistema preconizado por los militares, frustrado en la realización de una profunda transformación institucional, se viera obligado a establecer un control excesivamente rígido de la vida nacional, y llevara insensiblemente al país "hacia un régimen totalitario". Constata claramente las divergencias: "El proyecto o programa político que me someten las Fuerzas Armadas es radicalmente opuesto al mío.

Existen diferencias esenciales de fondo. Constituye una concepción distinta del Estado y de la sociedad! Por estas razones no puedo aceptar la posibilidad de permanecer [...] estas diferencias no pueden dar lugar a negociaciones o transacciones pues afectan los principios, más que los métodos o las formas". Para el responsable del gobierno, "la indefinición actual del poder" no podía mantenerse, fuera que las Fuerzas Armadas aceptaran la transición a una nueva legitimidad, fuera que el país retornara al sistema de partidos de modo definitivo, con plazos y fechas precisas (71).

Estos memorándums que constituyen documentos auténticos —sólo una "maniobra política" los habría hecho públicos—, testimonian las oscilaciones del régimen. Se inscribían extensamente en el debate sobre la "doctrina de la seguridad nacional", de la que tomaban algunos conceptos fundamentales. A partir del reconocimiento del marxismo como "agresión política fundada en una filosofía", de la teoría de la subversión permanente a escala mundial y de la necesidad del mantenimiento del orden y del "estilo de vida" occidental, debería elaborarse un pensamiento político que rompiera con la doctrina de la democracia representativa "clásica". Esta reconocida ruptura se concretó en la supresión del propio sistema representativo y en la distinción entre derechos individuales "primarios" (libertad, vida, honor, propiedad, etc.) y derechos "secundarios" (asociación, reunión, prensa, etc.). Por otra parte, el cometido de la defensa nacional, hasta entonces limitado a la agresión exterior y ahora referido a lo interno, desplazaría el poder de las fuerzas políticas —representantes de la voluntad popular—, hacia el ejército, garante de la seguridad nacional. Se trataba así de asegurar la irreversibilidad del proceso y de evitar la "ley pendular" de la intervención de las Fuerzas Aladar, en los asuntas del Estado. La

concepción de un Estado no intervencionista —estructurado sobre una rigurosa centralización y sometimiento al gobierno—, era el único vestigio del liberalismo que, por otros medios, pretendían asegurar los memorándums. Este conflicto en torno a la "salud institucional" se vinculaba estrechamente a la situación continental (72), reiterándose en los regímenes que, una vez lograda la eliminación de la "amenaza manifiesta", se encontraban obligados a decidir sobre los mecanismos de perpetuación.

2. La "Democracia Participativa" de Demichelíi.

Menos resonante que los memorándums de J.M. Bordaberry, el breve ensayo de Alberto Demichelíi, "Democracia Participativa" (73), puede considerarse uno de los elementos del debate constitucional. Si bien es cierto que el ex-presidente interino fuera políticamente poco representativo —a lo sumo podría reconocerse en él a una fracción conservadora y muy minoritaria del Partido Colorado—, el papel que le tocó desempeñar en el Consejo de Estado y luego en la Presidencia de la República, aclara las aspiraciones y orientaciones ideológicas de una parte del sector civil que colaborara activamente con el régimen cívico-militar.

El autor, que estuviera en los prolegómenos del compromiso entre "uni" y "pluripersonalismo" de la Constitución de 1934 (74), presentó públicamente algunos días antes de su nominación a la vicc-presidencia, su proyecto de reforma que recién fue hecho público en agosto de 1976, luego de su retiro político. Este proyecto de "democracia funcional participaliva" se estructuraba principalmente en la creación de una representación de tres sectores u "órdenes": el capital, el trabajo y la cultura. Considerando históricamente demostrada "la gestión negativa de los partidos" (clientelismo, corrupción, ineficacia, inestabilidad, burocracia, etc.), proponía la ampliación de la base actual de representación, acordando una participación a otros sectores que se encontraban injustamente excluidos. Se establecerían tres registros electorales correspondientes a los tres órdenes. Advertía que "si el personal de tropa de las Fuerzas Armadas y Policiales"

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no podían inscribirse mas que en el "Registro Sindicales de Trabajo", sus jefes y oficiales, por el contrario, y los funcionarios, serían admitidos en el Registro Cultural. Los 99 representantes elegidos sobre estas bases, sesionarían en una cámara apolítica, sustitutiva de la cámara baja, porque en ella es donde se manifiestan los principales errores. Asimismo, los municipios deberían quedar bajo el control de nueve representantes de estos registros (tres por cada orden), que tendrían a su cargo la designación y supervisión de cada intendente municipal, quedando así separadas las funciones de deliberación representativa y las de ejecución. Con todo, se mantendría el bicameralismo (y aún, según su autor, restaurado en su sentido original, desigualitario), pues el Senado continuaría fun cionando sin modificaciones constitucionales, como órgano de la representación partidaria, electo por sufragio universal. El mismo procedimiento se aplicaría en la elección de Presidente de la República. Cámara Alta y Presidente serían electos por períodos de seis años y la división entre los tres poderes se mantendría a pesar del derecho de veto absoluto del presidente respecto de las decisiones de las Cámaras.

Esta "reforma limitada a la Constitución" se instrumentaría con la promulgación de seis Leyes Constitucionales (75) y toda modificación o "marcha atrás" posterior, debería hacerse conforme a las reglas de la nueva democracia. El objetivo principal del proyecto, era "una organización más técnica", conservando el sufragio universal y el voto popular como canales clásicos de legitimación democrática, aunque compensados con una suerte de "voto cultural calificado" (los Registros). El ideal expresado sería el de una sociedad compuesta a la manera de la Corte Electoral (tres representantes apolíticos y dos políticos), por el conjunto: capital, trabajo, cultura, blancos y colorados. De inspiración notoriamente corporativista (76), ese esquema no tenía en cuenta —como se ha visto en la única referencia a los militares—, la nueva posición de las Fuerzas Armadas en el seno del Estado.

La publicación del proyecto y el corto debate que originó, no le dieron posibilidades de afectar la evolución político institucional del país.

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Inversamente, esa resurgencia de una "utopía corporativista" de los años veinte, ilustra sobre el estado de espíritu de un anacrónico sector conservador, incapaz de constituirse en polo de negociación.

3, El memorándum de Vegh Villegas La posición de A. Vegh Villegas fue más decisiva. Nombrando ministro de Economía por Bordaberry en julio de 1974, fue una de las principales personalidades civiles del régimen y sus ambiciones presidenciales eran unánimamente reconocidas. Se le atribuían importantes vinculaciones en el gobierno norteamericano y el apoyo de los medios financieros nacionales e internacionales (77).

Su posición no fue dada a conocer en el Uruguay, siendo una publicación argentina "Carta Política" , que publicó (78) un memorándum que respondía al primero de los documentos redactados por Bordaberry. Expuso sus puntos de acuerdo con el presidente: los aspectos doctrinales fundamentales, el rol de las Fuerzas Armadas en la conducción de los asuntos públicos (79), la prórroga eventual del mandato presidencial (con o sin aprobación formal mediante el plebiscito), y la prórroga de elecciones (que consideraba innecesario discutir por tratarse de una "afirmación evidente"): el mantenimiento de los Partidos políticos.

No obstante, anota un punto de desacuerdo capital respecto del rol de los partidos políticos. Pese a su "recesión obligada", sus diri gentes no dejaban de acariciar la idea de un retorno —aunque no integral— a la situación anterior: su esperanza —que el ministro compartía enteramente— era la instauración de una "fase de transición" que condujera a un nuevo esquema institucional en el cual los partidos políticos jugaran un rol sustancial, pero con garantías que impidieran un "proceso de degradación" como el que condujo al 27 de junio.

La solución propuesta por el presidente corría el riesgo de provocar, según Vegh Villegas, un "vacío político", dejando el campo libre a "la acción clandestina de los grupos marxistas" y particu larmente del Partido Comunista. Suponer que esa tendencia podría contrarrestarse con la acción represiva, "es un error como nos indica la experiencia histórica". ,

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Contra la representación tecnocrática. La implantación de un "sistema permanente técnico-militar", querido por Bordaberry, sería inestable y rígidas, cuya única salida conduciría a la ruptura del sistema y la constitución de un "frente popular". Vegh Villegas proponía, por el contrario, la búsqueda, por el sistema institucional, del consenso. La consolidación de un régimen duradero —estimaba—, necesitaba de un consenso civil mucho más amplio que el que podía provocar un grupo de tecnócratas. Por otra parte, aquella solución no aportaría ninguna garantía contra el peligro de la ruptura en el seno de las Fuerzas Armadas, en razón de su pleno dominio del poder y de su proximidad a los lugares de su ejercicio.

La restauración republicana. Para alcanzar un mejor grado de legitimidad y de consenso, el ministro de Economía propuso un calendario (80) para "la plena restauración republicana". Se trataba de un proceso que no sería ni corto ni simple, y que culminaría en 1985 con un presidente electo conforme a las nuevas reglas de juego.

Entre tanto, Vegh Villegas proponía la prolongación del mandato del entonces jefe de Estado, y una elección restringida, sin participación política, en 1980.

La Constitución debía ser "corta y flexible", semejante a la de 1830 (81) con elección indirecta del presidente —como en el sistema brasileño después de 1967—. Su texto podría promulgarse en noviembre de 1976 y debería acompañarse de una reforma del estatuto de los partidos políticos, así como del de los gobiernos departamentales.

La modernización de la división administrativa del país —entre 4 a 6 departamentos en lugar de los 19 existentes— permitiría redefinir en el curso de una segunda fase que cubriría el período 19801985, la composición de las dos cámaras legislativas (82) y la elección de los miembros de las juntas municipales.

Un sostén político del nuevo régimen. El memorándum no proponía la ruptura doctrinal con la democracia al procurar asegurar la continuidad del proceso iniciado en 1973, sino que intentaba procurarle un aporte que le faltaba: un cierto sostén político, aunque no popular (83).

Se trataba de restablecer una esfera política que ,dispusiera de un margen mas o menos amplio según las circunstancias, pero relativamente independiente del poder real, "a la manera brasileña" Este tipo de funcionamiento sería reforzado por la acentuación de la autonomía de los organismos encargados de la gestión monetaria y financiera del país, en particular del Banco Central, que según el ministro de Economía, situarse fuera de las fluctuaciones de las alianzas políticas y de los equipos de gobierno.

LA SOLUCIÓN MILITAR: LOS ACTOS INSTITUCIONALES La solución por los militares coincidió, aparentemente, con numerosos puntos del proyecto del ministro de Economía, especialmente en lo referente al calendario y a los plazos políticos de la "tercera fase del proceso revolucionario".

El calendario no fue presentado bajo formas escritas. Fue develado paulatinamente en el curso de diversas conferencias de prensa de las jerarquías militares primero y de los civiles después, con comentarios a veces divergentes. El principio del plan en tres fases parece ser: la presidencia de Aparicio Méndez (24) llegará a su término en 1981; un candidato a la presidencia nombrado por los dos partidos tradicionales con el aval de los militares sería plebiscitado para el período 1981-1986; por fin en 1986, debería tener lugar el retorno al "libre juego democrático” con una elección en que compitieran diversos candidatos, con exclusión de los partidos de izquierda.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas juzgaron necesario, en el curso del período de transición de diez años, operar cierto número de transformaciones fundamentales del sistema institucional, pasando por una reforma de la constitución.

Las Actas Institucionales (85) fueron la expresión jurídica de esa transformación. Las Fuerzas Armadas las definieron explícitamente como los instrumentos de modificación progresiva de la Constitución (86), y los textos así rectificados podían ser objeto de plebiscito, sin que se precisaran las modalidades a la fecha de tal consulta. En algo más de un año, del 12 de junio de 1976 al 1° de

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julio de 1977, ocho Actos Institucionales suscritos por el Presidente de la República y los ministros del Interior y Defensa Nacional, fueron promulgadas por el poder Ejecutivo "en virtud de la facultades conferidas por la institucionalización del proceso revolucionario."

Ante la "etapa constructiva" del período transitorio del proceso institucional, las Actas subrayan que el poder cívico-militar cierta un período de estado de excepción más o menos definido, para atribuirse el rol de Asamblea Constituyente (87) lo que se justificó en los preámbulos de las Actas con consideraciones doctrinales próximas a las examinadas en los memorándums de Bordaberry sobre la seguridad, el "ritmo de trabajo de la nación", el fracaso e inadecuación del sistema anterior frente a la subversión marxista y la agitación social (introducción de "factores sociales y económicos anormales de perturbación"), la necesidad de nuevas concepciones y prácticas de gobierno en el mundo moderno, etc.

Las Actas enuncian los principios fundamentales de funcionamiento del poder del Estado, es decir, de su legitimidad, de su organización interna y de sus relaciones que unen sus "diversas funciones": seguridad militar, ejecutivo (gobierno y órganos del Estado), legislativo, judicial, etc., realizando así la "reestructura de poderes" que los jefes militares y civiles estimaban necesaria para la estabilización del Estado y la sociedad.

LAS FUERZAS ARMADAS Y EL PODER DEL ESTADO Las Fuerzas Armadas, verdadero poder tutelar de la Nación, autónomo y soberano: el art. 7 del Acto No. 2 precisa: "La preservación de la Seguridad Nacional es de competencia y responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, mediante los órganos que establezca la ley". Este principio abre en los hechos un espacio de intervención indefinida.

El pluralismo del Ejecutivo: "El Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, con el Consejo de Seguridad Nacional o con el Consejo de Ministros..." (Acto No. 3 , art. 1).

El Cosena se convierte por el art. 8 del Acto No. 3 en un órgano de derecho del ejecutivo (y no simplemente un simple órgano "consultivo"). Tiene, con el Presidente y el Consejo de Ministros, competencia privativa en la definición de los "objetivos nacionales" y la formulación de las medidas que permitan su evaluación y realización.

Se creó además la Secretaría de Planificación, Coordinación y Difusión (Scplacodi) por los arts. 3 y 4 del Acto No.3 (88), cuya dirección fue confiada, en razón de su importancia estratégica a un grado de jerarquía y responsabilidad equivalente a los ministerios, bajo control directo del Presidente de la República. Tenía por cometido asistir al Ejecutivo en la definción de los planes y programas de desarrollo de carácter nacional y participar con el Consejo de Ministros en la definición de las políticas sectoriales, vinculándose directamente con los ministerios y demás órganos del Estado.

El Poder Legislativo fue sometido a la tutela de las Fuerzas Armadas, por el Acto No. 12 que estableció el Consejo de la Nación. Integrado por el Consejo de Estado (25 miembros) que había sido creado en sustitución de la Asamblea General disuelta, y por !a Junta de Oficiales Generales (21 miembros), este nuevo Consejo tenía por funciones la de nombrar al presidente de la República, los miembros del Consejo de Estado, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Electoral. Estatuía además, sobre los delitos graves y las acciones u omisiones del Poder Ejecutivo, que pudieran perturbar seriamente la vida nacional (89). Una mayoría de dos tercios era necesaria para aprobar las decisiones del Consejo de la Nación donde la Junta de Oficiales Generales tenía consecuentemente, un verdadero derecho de veto. Aseguraba también el dominio de la composición de este nuevo cuerpo legislativo que resultaba de un doble meca nismo de cooptación, (para el Consejo de Estado) y de designación(para la Junta de Oficiales Generales).

El Sistema Electoral. Los Actos No. 1 y 2, promulgados el 12 de junio de 1976, el mismo día del ascenso de A. Demichelli a la presidencia, respondían, por una parte, a preocupaciones coyun-

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turales —4a necesidad de suspender las normas constitucionales referentes a la renovación de los mandatos electivos y poner en marcha un mecanismo de elección del o de los presidentes de transición—, y por otra a una preocupación a más largo tiempo: la transformación del sistema electoral (cuyo proyecto aún no estaba completamente elaborado).

Los Cargos Electivos. El Acto N°l, considerando la incompatibilidad de la paz social con el libre juego de los partidos políticos en las "circunstancias actuales", suspendió sine dle las elecciones de noviembre de-1976, previstas constitucionalmente "para una situación... diferente" de la que se vivía, de hecho y de derecho. En efecto, la Constitución de 1967 (art. 77), preveía la elección por sufragio universal del presidente de la República, diputados y senadores, intendentes municipales y ediles departamentales. Precedentemente se ha visto el mecanismo provisorio adoptado para la elección del presidente de transición y el principio de composición de una Cámara Alta, nombrada por el Poder Ejecutivo. En lo concerniente a los municipios —cuyas Juntas departamentales fueron disueltas en 1973—, sus autoridades permanecerían en sus puestos, bajo tutela del poder Ejecutivo, a la espera de la promulgación de una "Ley Fundamental" al respecto <Acto No 3 . art. 5).

El nuevo cuadro: la pérdida de los derechos políticos. El Acto No 4 estableció para las futuras elecciones, la proscripción del personal político uruguayo. Toda actividad política —incluyendo el ejercicio del derecho del voto para la primera categoría—, quedó prohibida por quince años a las siguientes personas: todos los candidatos a las elecciones de 1966 y 1971, de las listas de organizaciones disueltas en 1973 y 1967, así como toda persona acusada de delitos de "lesa-nación". todos los candidatos cuyos nombres aparecieron ligados de algún modo a las listas de los partidos proscriptos en 1967 y 1973, así como todas las personas que hubieran sido acusadas de delitos contra la administración pública.

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- todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República en 1966 y 1971, así como los titulares y suplentes de cargos legislativos en las Asambleas correspondientes, con excepción de quienes ocuparan actualmente puestos públicos.

- todos los miembros de los consejos directivos de los partidos políticos (90).

El Poder Judicial. El Poder Judicial vio profundamente transformada su doctrina y su funcionamiento por dos actos institucionales. El Acto No.3 creó un ministerio de Justicia encargado de regular las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El Acto No.8 suprimió el poder Judicial como poder autónomo del Estado.

Una larga argumentación se desarrolló para justificar esta supresión: "Hubo, pues, una sobrestimación del concepto de Poder referido a la Justicia y una subestimación del mismo referido ai Poder Ejecutivo.

Esto explica o en esto está, si se quiere, la raíz de los presentes desajustes, al más breve avance de la normalidad, entre la voluntad juridiscente y la voluntad ejecutiva [...] Por el presente Acto Institucional se ha tratado de resolver, en primer término, ese problema científico, tomando la posición que la moderna doctrina de Derecho Público tiende a adoptar, en el sentido de abandonar la tesis equivocadamente atribuía a Montesquiu en cuanto a la existencia de una triple separación de Poderes proyectada al aspecto orgánico" (Considerandos II y II).

Los juzgados, tribunales y la Suprema Corte quedaron sometidos a la "jerarquía funcional" del poder Ejecutivo. El Acto No.8 introdujo cambios en ¡a naturaleza, estructura, competencia y funcionamiento de la justicia. El calificativo de "Suprema" fue quitado a la Corte de Justicia, porque tal denominación "no le corresponde más en el orden institucional", y porque ella "no representa la suma de un poder del Estado". El conjunto de la magistratura fue puesto en "estado de disponibilidad" y declarada interina por cuatro años en el curso de los cuales "el poder Ejecutivo se reserva el derecho de confirmar a los magistrados en cualquier momento por su propia iniciativa". Luego de ese período, serían confirmados en sus cargos y declarados inamovibles (art. 48). Esta intervención equivalía, co-

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mo puede advertirse, a una designación pura y simple de la magistratura por el poder Ejecutivo, a lo cual se agrega el nombramiento de los miembros de la Corte de Justicia por el Consejo de la Nación (91).

El Acto No.8 despertó en el Uruguay numerosas desaprobaciones y algunos órganos de prensa arriesgaron la censura para tomar violentas posiciones contra sus disposiciones. Tal el caso de "El Día", el diario colorado que en su editorial del 3 de julio, titulaba "El Poder Judicial ha muerto" y manifestaba su esperanza de que las soluciones del Acto No.8 fueran rectificadas. "La imagen de la República [...] se beneficiaría".

La revista "Búsqueda" —vinculada a Vegh Villegas—, declaró con mayor contundencia en su número de julio de 1977 que a penas le fue posible leer el documento hasta el final, resultándole algunos pasajes indescifrables. De un modo general, concluía, le resultaba un texto decididamente decadente: "Diremos que se trata más del fin que del principio de algo".

La Función Pública. El Acto No.7 dio al poder Ejecutivo el derecho de cesar a sus funcionarios por razones "simples o comunes" —supresión o reorganización de servicios—, o por razones excepcionales, vinculadas a intereses públicos superiores. La inamovilidad y la estabilidad de que gozaban los funcionarios desde hacía mucho tiempo fueron suprimidas (92).

Para justificar esta transformación, el Acto precisaba que el estatuto del funcionario fue consagrado luego de una lucha que comenzó a principios del siglo, que había creado una situación irritante de privilegios respecto de los empleados y obreros del sector privado (Considerando VIII). "Por otra parte hay exigencias preceptivas constitucionalmente, como la de adhesión a los regímenes democráticos, afirmada legalmente, que en los hechos no se cumple, creando una situación de irregularidad sistemática y nociva por sí misma y porque permite mantener dentro de los cuadros administrativos a personas que están violando una norma prohibitiva y actuando a desgano, en el mejor de los casos, o contra el servicio" (Considerando VI)

El Acto No.7 extendió pues a la función pública en su conjunto, los procedimientos de la "profesión de fe democrática" aplicada en principio a la enseñanza.

NOTAS AL CAPITULO HI (66) Salvo, quizás, en lo concerniente al campo económico, donde los tecnócratas "liberales" del ministerio Vegh Villegas y la importancia de los grupos de presión podían contrapesar la implantación creciente de los militares y su capacidad coercitiva.

(67) Entre los recientes trabajos en lengua francesa, sobre estos temas (Doctrina de la Seguridad Nacional, fascismo y neofascismo, democracia limitada, controlada, autoritaria, totalitaria, etc.) v. J. COMBLIN: "Le pouvoir militaire en Amérique Latine"; París, Delarge, 1977; "Critique", agosto-setiembrc de 1977 y C. Durandin: PAL, artículo cit.

(68) A. Demichelli nació en 1895. Formado en el Ejército, donde actuó desde 1925 como juez militar, se retiró en 1939 con el grado de Capitán, luego de haber sido ministro del Interior de la dictadura de Terra (1931-1938). Miembro del Partido Colorado, autor de obras jurídicas y director de periódicos, su carrera política se interrumpió totalmente en 1942, hasta el momento en que fue llamado por el presidente Bordaberry para integrar el Consejo de Estado, cuya presidencia asumió luego de la muerte de Martín R. Etchegoyen.

(69) Cfr. "La crisis abiertamente desencadenada". "Comercio Exterior", México, junio de 1978, p. 25.

(70) Ver El País, Montevideo, 16 de junio de 1976.

(71) Bordaberry en su 2° Memorándum precisó que en junio de 1973 había afirmado que no permanecería en la presidencia ni un minuto más del tiempo previsto constitucionalmente, de mantenerse la legalidad anterior. Este no sería el caso de consagrarse nuevas formas constitucionales, en función de la cuales se crearan nuevos mecanismos de sostén —que no fuera el asentimiento expreso de los ciudadanos—, a los mandatos de quienes ejercen la función pública.

(72) También en el 2° Memorándum Bordaberry concluye que en toda América se crean espontáneamente situaciones políticas simi-

76 lares a la uruguaya, surgidas del mismo modo y que consagran idén ticos principios de derecho público, sin que existiera entre sus protagonistas concierto previo. Anota que todos los conductores de esta evolución enfrentan la misma alternativa, y se escuchan ¡as voces de quienes quieren retomar a la situación anterior aunque, tarde o tem prano, se comprenderá que la verdadera alternativa es la que plantean las Fuerzas Armadas. Por estas razones, sugería la conveniencia en ser los primeros en dar una fórmula jurídica a la situación actual, para mantener el tradicional rol del Uruguay como democracia avanzada en América y escapar a la acusación de seguir la solución de otros países.

(73) Alberto DEMICHELL.I: "Reforma Constitucional: democracia participaliva, representación del trabajo, del capital y la cultura".

Montevideo, Barreiro y Ramos, 1976, 83pp.

(74) H.GROS ESPIEL: "Esquema de la evolución constitucional del Uruguay" Montevideo, FCU, 1973, p.114.

(75) Las leyes referían a los Registros Especiales, la Cámara Baja, el Senado, la Presidencia, los Municipios y la Corte Electoral. El texto es impreciso respecto de los "pequeños partidos ideológicos" que estarían excluidos de las consultas electorales.

(76) Aunque el autor, sin convicción, procuró defenderse alegando que no podía hablarse de crisis del corporativismo, por cuanto el sistema nunca se aplicó históricamente en una sociedad libre (op.cit.pp. 29-31).

(77) V. "La política económica del Uruguay".

(78) "Carta Política" Buenos Aires, No. 34, agosto de 1976.

(79) El memorándum contiene un análisis inobjetable respecto de los riesgos que implica para las instituciones el ejercicio activo e inmediato del poder por las Fuerzas Armadas. El ejército, según Vegh Villegas, reasume su condición de "último recurso de la República" y "arbitro supremo de la Nación".

(80) Recurriendo a un símil histórico —aunque confesando que en forma simplista— Vcgh concibe un período "terrista", al que seguiría hasta 1980 un "Daldomir" que cubriría el lapso 1980-1985 y un "Amézaga" con el pleno funcionamiento de los partidos tradicionales y la instauración de un nuevo régimen, a partir de 1985. Luego de la

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dictadura de Gabriel Terra, que adoptó una Constitución con un Poder Ejecutivo dominante, le sucedió un presidente de transición, el ge neral Alfredo Baldomir (1938-1943) y de 1943 a 1947 el presidente Juan José de Amézaga con el que se restableció en su integridad el sistema democrático-representativo uruguayo.

(81) "Habría mucho que decir sobre un retorno caso integral a la Constitución de 1830".

(82) Preveía una Cámara Alta que actuaría como mecanismo moderador en el juego de las instituciones ya que su composición sería distinta a la de la Cámara "joven", pues no se ajustaría al principio de la proporcionalidad. Esta distorsión del principio de la representación clásica se lograría ya fuera por vía de la represen tación igualitaria de los diversos departamentos —lo que favorecería al Uruguay rural a expensas de Montevideo—, o por vía de la designación vitalicia de un Senado integrado por los ex-presidentes de la República y altas personalidades.

(83) Vegh Villegas había escrito dos años antes, sobre el modelo brasileño, en la naciente revista "Búsqueda" (febrero de 1974) que para algunos la preocupación por las formas (mantenimiento de los órganos parlamentarios y los partidos políticos), era un objeto sin importancia, cuando no hipócrita o despreciable. Se confundía así la ética con la ciencia política, ignorándose la utilidad en mantener un mecanismo formal que la realidad desmentía. Aunque la legitimidad así obtenida fuera más aparente que real, tendría su valor, pues excusa la ineficacia. El gobierno ilegítimo está obligado a ser eficaz porque esa es su única razón de ser, y de lo contrario cae.

(84) Infra, cap. IV. (85) Actos 1 y 2, de 12 de junio de 1976; actos 3 y 4 de 1". de setiembre de 1976; acto 5 de 29 de octubre de 1976; acto 6, de 19 de enero de 1957; acto 7, de 17 de junio de 1977, acto 8, de 1° de julio de 1977.

(86) Cf. las declaraciones del general G. Alvarcz ("El País" de 15 de noviembre de 1976), según las cuales la reforma constitucional estaba a punto de cristalizar a través de los actos institucionales, que se dictarían conforme a las exigencias de las circunstancias.

(87) El Acto 2, art.ll, disponía: "El proyecto de constitución (...) será aprobado (a los efectos de ser sometido a ratificación popular).

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por el Consejo de la Nación y el Poder Ejecutivo en pleno, corporizados en Asamblea Constituyente". El art 8, lit. b, atribuye al Poder Ejecutivo, actuando con el Cosena, la competencia privativa en "la formulación de los Principios", bases fundamentales del nuevo texto constitucional, cuyo anteproyecto debía ser redactado por el Consejo de Estado. Los actos edictados por el Cosena —cuyos miembros adquirieron el rango y el trato de los Ministros, serían —subraya el Acto No.3— "legalizados" por el Poder Ejecutivo.

(88) La antigua Dinarp, cuyos poderes fueron ampliados.

(89) En la Constitución de 1967 (arts. 102 y 103) esta atribución está reservada al Senado que actúa en función de la acusación de la Cámara de Diputados o las Juntas Departamentales. El conjunto de atribuciones asignadas al Consejo de la Nación estaban determinadas en la misma.

(90) Se estima que la proscripción afectó a unas quince mil personas.

(91) Además, la magistratura se vio impedida de todo tipo de asociación profesional (art.39), bajo pena de "destitución inmediata".

La Asociación de Magistrados del Uruguay, entonces existentes, fue disuelta.

(92) El art. 168 de la Constitución prevé como únicas causas de destitución "la ineptitud, la omisión y el delito" y puede ser resuelta luego de un complejo procedimiento en el que participa el poder Ejecutivo con el acuerdo de la Cámara de Diputados.

CAPITULO IV

LA PRESIDENCIA DE APARICIO MÉNDEZ En setiembre de 1976 el nuevo Consejo de la Nación designó a Aparicio Méndez, abogado de 72 años, como presidente, por un período de cinco años. Simultáneamente las Fuerzas Conjuntas requirieron por radio y televisión "la colaboración de la población" para detener a Wilson Ferreira Aldunate, culpable, según el arL 60-VI del Código Penal Militar, de "ayuda a la subversión". El ejército puso así, fuera de la ley, al candidato a la presidencia que más votos había obtenido en 1971.

Aparicio Méndez fue el primer presidente salido del "proceso de institucionalización": el presidente de los militares. Sus primeras declaraciones fueron sorprendentes en cuanto sostuvo que su designación no era un acto popular ni podía serlo en las circunstancias actuales, y era poco probable que el pueblo lo eligiera de tener esa posibilidad por carecer de las condiciones necesarias para ser un candidato presidencial. Había sido designado como presidente porque estaba dispuesto a firmar los Actos Institucionales Nos. 3 y 4, los mismos que eran objeto de conflicto en el seno del equilibrio cívicomilitar (93).

Los primeros meses de la presidencia de Méndez estuvieron signados por torpezas políticas que acentuaron aun más el descrédito del régimen, tanto en el interior como en el exterior.

Así fue que una primera crisis se desencadenó en octubre de 1976 por una declaración del presidente Méndez al diario "La Mañana": "El partido demócrata de los Estados Unidos, con Kennedy a la cabeza, es el mejor aliado de la sedición". El Cosena debió presentar excusas a la embajada norteamericana y prohibió la edición, fundamentando que las palabras de Méndez fueron deformadas. Una semana más tarde el presidente de la República declaró a los periodistas que había decidido no hacer en adelante declaraciones públicas, a menos que la importancia del problema lo justificara (94).

80 UN INTENTO DE DEFINICIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN. Una conferencia de prensa presidencial, anunciada pomposamente por un comunicado gubernamental ampliamente difundido, tuvo lugar el 21 de mayo de 1977. Aparicio Méndez expondría sobre los problemas de los partidos políticos, del sufragio universal y de la reforma constitucional, en el marco de la "nueva institucionalidad".

Sus declaraciones fueron calificadas como "la reedición de conceptos utilizados en una u oirá forma por el régimen cívico-militar luego de la clausura del parlamento" (95).

La formulación de estos conceptos fue, en rigor, más clara que de costumbre. Por ejemplo, Méndez declaró que las democracias habían demostrado en la crisis latinoamericana y asimismo en Europa, que eran incapaces de resolver los problemas fundamentales que se les plantean y de asegurar la supervivencia de los estados. También fue muy explícito con respecto a la voluntad de crear un nuevo orden institucional que sería "la tercera etapa" luego de la crisis de 1976, que se establecería mediante actos institucionales, dejando de lado la reforma constitucional anteriormente anunciada.

El presidente de la República reconoció el aislamiento del régimen, aludiendo a las encuestas de opinión: "el 63% de la población se mantiene indiferente respecto de la política... y todos sabemos que el 37% restante son los comunistas, los agitadores y los políticos que han perdido sus puestos" (96).

La repercusión de la conferencia en la prensa, fue inhabitual. Las tensiones fueron tales en el seno de las fuerzas armadas, que los comentarios lamentaron que la conferencia defraudara "las esperanzas populares relativas al reintegro de la República a su plenitud democrática" (97), sin adoptar "medidas de mantenimiento del orden".

LA SITUACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS. La disensión en el seno de las Fuerzas Armadas se manifestó en las últimas semanas de abril: de 20 a 40 oficiales de marina que habrían manifestado su "desacuerdo con el proceso en curso", fueron Arrestados luego de una reunión en el Club Naval y pasados a retiro

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gracias a una reciente modificación de la Ley Orgánica Militar (98).

Como el presidente del Club Naval y su suplente se encontraban personalmente en el grupo sancionado, el poder Ejecutivo explicó que el objeto de la condena era "alejar de los cuadros activos de las Fuerzas Armadas a los oficiales generales y superiores que no se identificaran plenamente con los elevados objetivos de las instituciones militares, comprometiendo asi la necesaria unidad doctrinal para su cumplimiento."

El 28 de abril llegó a su término el mandato de cuatro años del comandante de la armada, el Vicealmirante Hugo Márquez. Fue el primer relevo de los "hombres de febrero", seguido en enero de 1978 por el retiro del Brig. Gral. Paladini, de la Fuerza Aérea, la designación del general Alvarez en el Comando en jefe del ejército en lugar del Tte.Gral. Vadera, así como el pase a retiro de los generales Cristi y Eduardo Zubia, comandantes de las regiones militares 1 y 2, respectivamente.

Estos diversos cambios rompieron el equilibrio en el interior de la Fuerzas Armadas. Por una parte, el alejamiento de los generales Cristi y Vadora debilitó a los "ortodoxos", mientras que la designación de Alvarez marcó el comienzo de una nueva línea política, en vista a dar una base política al régimen y responder a las presiones internacionales cada vez más fuertes. Pero el grupo dirigido por el general Alvarez, cuya carrera había sido fulgurante, no era mayoritario en el seno de las Fuerzas Armadas. A pesar de la capacidad de maniobra que le ofrecía el comando general, especialmente la posibilidad de colocar a sus hombres en los mandos intermedios del ejército, se encontró con una oposición mayoritaria en el seno de la Junta de Oficiales Generales. Se esforzó en superar este obstáculo, rehusando simplemente a convocarla con la regularidad habitual. El centro de gravedad del poder, pasó de la Junta de Oficiales Generales a la Junta de Comandantes en Jefe y al Cosena. Ante el profundo malestar de los círculos militares, la Junta de Comandantes en Jefe respondió por boca del Vicealmirante Márquez, el 10 de febrero, que se encontraban en la fase de retorno a la institucionalidad y que los cambios de personas que se habían producido, no alteraban en nada esta progresión. Como lo único importante eran las ideas

- concluía el comandante de la Armada —, los hombres que teniendo puestos de responsabilidad, estuvieran en contradicción con ellas, debían renunciar a su función.

Seguidamente, un grupo de oficiales hizo circular clandestinamente una publicación en el ejército, "El Talero" (99). Sus autores se definían como "anticomunistas y defensores del modo de occidental", reclamaban el cumplimiento de los comunicados 4 y 7, y exponían en el primer número, su voluntad de denunciar "la traición de un minúsculo grupo de militares" que temían el y se atemorizaban por sus responsabilidades, siendo capaces ' cualquier infamia para alcanzar sus objetivos personales, aliándose de modo desleal con los mismos políticos a los que las Fuerzas Armadas arrojaron del poder en 1973. Agregaban que "los responsables principales de esta gran traición, son los generales de la Nación, Alvarez, Teniente General, y Raimundez, General".

“El Talero" calificó de traición las intenciones aperturistas del comandante en jefe del ejército y sus vinculaciones con ciertas fracciones de los partidos tradicionales y con la embajada de los Estados Unidos. ¿En qué consistían, pues, los planes de "retorno a la institucionalidad"? En respuesta en buena medida a la presión de la administración Carter y luego de la visita de M. Toddman a Montevideo, el gobierno uruguayo anunció su calendario electoral.

En agosto de 1977, en razón de la divergencia de opiniones de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas sobre el punto, informó al Consejo de Estado que el Cosena había fijado elecciones para Diciembre de 1981.

El general Alvarez definió un "proceso de institucionalización gradual”, pautado por tres etapas: - una nueva constitución debía ser sometida a plebiscito.

- elecciones con candidato único en 1981.

- elecciones con dos candidatos en 1986.

La elección de un candidato único no podía concretarse sin la solución de algunos problemas previos. Según un primer proyecto, debía ser elegido con el acuerdo de los partidos tradicionales, pero el fracaso de. esta solución desencadenó la lucha entre los dos generales

83 que tenían mayores ambiciones políticas. Vadora, aunque retirado de la escena pública, declaró a la prensa que estaba dispuesto a presentar su candidatura "si [sus] servicios podían ser útiles". Por su parte, el general Alvarez optó por una campaña indirecta, asistiendo a múltiples ceremonias y conmemoraciones, y practicando un sutil juego de discursos y agradecimientos en los que se le invitaba a no abandonar la vida política cuando se produjera su retiro como Comandante en Jefe del Ejército. Su proyecto político no es aún muy claro. Sin grandes resultados, continuó buscando un acuerdo con las fuerzas civiles e intentó mantener buenas relaciones con la embajada norteamericana, lo que despertó vivas resistencias en un importante sector del ejército (Cristi, Vadora, Ballesüno, Prantl).

PANORAMA DE LAS FUERZAS POLÍTICAS. La búsqueda de un acuerdo con los partidos tradicionales, resultó infructuosa. Luego de intentarlo, a comienzos de 1978, la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas, nombró oficiosamente dos mediadores para restablecer el diálogo. Estas conversaciones no lograron el consenso en cuanto a la elección de candidatos, ni la obtención de un margen más amplio para la actividad pública de los partidos tradicionales, ni la declaración de apoyo a ninguno de los dos grupos militares.

A principios de 1978, los partidos tradicionales eligieron sus dirigentes sin requerir autorización oficial. Este hecho, considerado positivo por Ferreira Aldunate, cohesionaba según él, internamente a los partidos. El ex-senador fue, al respecto, categórico: "En nombre del Partido Nacional puedo decir, terminantemente, que con nosotros no se ha contado, ni se cuenta, ni se contará jamás para ninguna solución que repose sobre la exclusión de ningún partido político de la vida nacional, ya sea que esté ideológicamente cerca nuestro o en las antípodas" (100).

Para la izquierda, el año 1977 estuvo pautado por la reunión de los representantes de sus principales fuerzas (101), finalizada la cual se emitió una declaración llamando a la unidad de todos los sectores que concurrieran a la derrota de la dictadura, exigiendo comprometer

84 todos los esfuerzos "en la creación y fortalecimiento de un frente antidictatorial".

El acuerdo de México no se concretó, como se esperaba, a partir del mes de julio —a pesar de algunas reuniones parciales—, a causa de la situación de debilidad de la izquierda en su conjunto y en particular de la crisis del Frente Amplio. Pero el diálogo se reinició, como primer paso para superar la indecisión y el aislamiento en que la situación la había sumido.

DETERIORO DE LA IMAGEN INTERNACIONAL Con los años, el régimen cívico-militar perdió ante los ojos de la opinión internacional, su imagen de "restaurador" del orden amenazado por la subversión. En 1975 Amnesty International lanzó una campaña para denunciar los métodos empleados en el marco de la represión (102).

En agosto de 1976 el senador norteamericano Edward Koch propuso una enmienda a la ley de ayuda exterior, que suprimía la ayuda militar al gobierno uruguayo, considerado como responsable de múltiples "violaciones a los derechos humanos". La reducción fue aprobada y E. Koch declaró que "el monto de la asistencia, tres millones de dólares es modesto, pero la prohibición es un importante precedente".

Esta medida fue la primera que adoptara el gobierno de los Estados Unidos para manifestar su desacuerdo con la forma en que se encaraba el futuro institucional del país, con las violaciones de derechos humanos y la ausencia total de las libertades esenciales. El ascenso al poder de la Administración Cárter acentuó el proceso, tomándose importantes decisiones. El embajador Ernest Siracusa, que ejercía funciones desde 1974, considerando uno de los más fieles defensores del régimen, fue trasladado (103). Toddman, secretario adjunto para los asuntos latinoamericanos, en el curso de su visita a Montevideo en agosto de 1977, declaró: "Creo primordial que cada gobierno tome medidas para combatir el terrorismo. Pero no creemos que con ese fin, el gobierno deba utilizar métodos ilegales o métodos que violen los derechos del hombre". Es de hacer notar que

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Toddman se reunió durante su visita, con dirigentes de la oposición tradicional que se habían visto privados de sus derechos civiles v y políticos" (104).

Por último, el propio presidente Cárter expresó, en oportunidad de suscribir los nuevos Tratados sobre el Canal de Panamá, a la que fueron invitados todos los presidentes latinoamericanos, su preocupación por el tema de los derechos humanos y de la restricción <| c los derechos individuales, y exhortó al presidente Méndez al cumplimiento del calendario de democratización.

El ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, declaró ante la Comisión de Derechos Humanos de la O.E.A. —que había encargado al abogado norteamericano Goldman un informe sobre la situación en el país—, que se estaba ante una campaña internacional ()e difamación dirigida contra el régimen.

Los diversos aspectos de la cuestión —situación de los presos muerte y desaparición de opositores tanto en el interior del j)j,r x' como fuera de fronteras, restricciones a las libertades y privación de derechos políticos, habían sensibilizado la opinión pública internacional. En las investigaciones de la O.E.A. y de la Comisión d e Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se agregaron \-M declaraciones de condena de diversos parlamentarios latinoamericanos —México, Venezuela— y del Parlamento Europeo. La Comunidad Económica Europea envió al gobierno uruguayo una nota firmada por sus nueve miembros, reclamando "la amnistía ¡ufa generosa posible para las personas detenidas en su lucha por i^ libertades o por sus convicciones políticas".

CONCLUSIÓN La designación de Aparicio Méndez en la jefatura del Estado, abrió una nueva etapa del régimen. La alianza cívico-militar quedo' claramente dominada por el polo castrense. El desplazamiento de tres personalidades civiles del primer plano del gobierno precedente —Bordaberry, Juan Carlos BLinco y Vegh Villegas—, y la designación del propio Méndez en ausencia de un líder, testimonian la

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legalización y el refuerzo de la presencia de los militares en el aparato del estado.

La politización de las Fuerzas Armadas se acrecentó, en la medida en que la conducción del estado reposó cada vez más sobre ellas o en que la falta de voceros civiles de envergadura, abría un amplio campo de intervención a un número cada vez mayor de oficiales en actividad. La falta de reglas fijas se hizo sentir en las relaciones entre las diversas administraciones públicas que recurrían al arbitraje de los militares para resolver sus conflictos.

Una posibilidad relativa de crítica en el interior de la sociedad, constituyó un nuevo elemento. Ella estaba ligada a las dificultades y a los clivajes que padecían las Fuerzas Armadas y a la presión internacional. Se advirtió la reaparición de algunas personalidades de los partidos tradicionales y, aunque en forma muy lenta, de las fuerzas de la izquierda.

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(99) El Talero No.l (reproducido en Informes y Documentos No. 17, de la Oficina de Prensa del "Partido por la Victoria del Pueblo").

La publicación del periódico contribuyó a agravar el conflicto entre los militares, como lo demostró el arresto del general Amaury Prantl, Jefe del Servicio de Inteligencia del ejército —ligado al grupo de El Talero—, el 26 de junio de 1978.

(100) Entrevista de I.P.S. londres, 9 de febrero de 1978.

(101) En ocasión del encuentro de parlamentarios europeos y latinoamericanos en Máxico (julio de 1977), una reunión convocada por un grupo de personalidades independientes uruguayas, participa ron Enrique Rodríguez, el ex-senador Enrique Erro, Hugo Cores.

(102) Según el informe de Amnesty International, desde 1972, más de 40.000 personas fueron detenidas en prisiones, cuarteles y otros lugares de reclusión. Un habitante cada 100 fue torturado y 1 cada 500 procesado por la justicia militar.

(103) Fue reemplazado en julio de 1977 por el embajador Pezzulo.

NOTAS AL CAPITULO IV (93) Según La Opinión (Buenos Aires, 22 de setiembre de 1976), Demichclli se habría rehusado a suscribir el acta de proscripciones políticas.

(94) La Opinión, Buenos Aires, 23 de octubre de 1976.

(95) El País, Montevideo, 22 de mayo de 1977.

(96) El Día de 22 de mayo de 1977 corrigió la apreciación y sostuvo que el 35% de los uruguayos —estimados en unas 800.000 personas—, no eran comunistas ni agitadores, ni políticos que hubieran perdido sus cargos, sino simplemente "buenos orientales" que causan el "mal" en el Uruguay, como hacía "mal" Miguel de Unamuno a la vieja España de Primo de Rivera.

(97) El País, Montevideo, 22 de mayo de 1977.

(98) Esta modificación fue aprobada el 20 de abril por el Consejo de Estado, agregando a las causas del retiro militar, la decisión de la Junta de Oficiales Generales respecto de los oficiales superiores.

(104) Todman se entrevistó en la sede de la embajada con los cxscnadores del Partido Nacional, Carlos J. Percyra y Dardo Ortiz (de los sectores mayoritarios) y con el senador Heber y el diputado Beltran de los sectores minoritarios del partido, y con los cxdiputados Caputti y Singcr del Partido Colorado y el cx-presidente d¿!

Partido Nacional, Capilán de Navio (retirado) H.Murdoch.