NO. 112 América campesina

21 de enero de 2017 • Número 112 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

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GALÁPAGOS ¿Cuánto tarda en formarse un ecosistema? ¿Cuánto tarda en formarse una sociedad?

Suplemento informativo de La Jornada 21 enero de 2017 • Número 112 • Año X

COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador Lourdes E. Rudiño Subcoordinadora Enrique Pérez S. Hernán García Crespo

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

Publicidad lajornadadelcampo@gmail.com Diseño Hernán García Crespo

PORTADA: Fragmento Peoples of the Pacific / Miguel Covarrubias

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.

Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 53556702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Este número de La Jornada del Campo contiene artículos relativos al campo del continente Americano; los autores son expertos de los diversos países.

FOTOS: Nohora Guzmán

CONSEJO EDITORIAL

E

n el océano Pacífico y a mil kilómetros de la costa ecuatoriana se encuentran las islas Galápagos, siete de las cuales son mayores y el resto islotes o escollos, lo que en conjunto representan unos ocho mil kilómetros cuadrados. Un puntito en la inmensidad azul.

Las Galápagos son geológica y biológicamente debutantes: hace poco que las islas salieron del mar, sus volcanes siguen echando lava cada dos o tres años y debido al aislamiento su biota –que proviene de distintas regiones– ha evolucionado a su aire y por su propio pie.

Los galapagueños también llegaron de allende el mar y son aún más recientes. Su esfuerzo por salir avante ha enriquecido la biodiversidad en las islas, aunque a veces ha alterando los delicados equilibrios ecológicos que existían previamente. Para algunos el poblamiento de este reservorio de vida natural es una maldición. Para mí, que pude conocer a algunos isleños, es una fortuna.

Al milagro de un ecosistema único hoy se suma el milagro de una nueva identidad colectiva.

Puerto Ayora está en Santa Cruz, una de las islas extensas, y con sus 12 mil habitantes censados (aunque en realidad son más pues por haberse fijado un tope demográfico muchos están ahí indocumentados), es la mayor población del archipiélago. Los porteños llegaron en los 60 años recientes y la mayoría en las últimas dos décadas. Hoy viven sobre todo del turismo, pero la pesca artesanal y la agricultura son importantes pues se complementan con la atención al visitante cuyos alimentos son, en parte, producidos ahí. Así muchas familias combinan las dos ocupaciones: unos pescan o cultivan la tierra y otros se emplean en hoteles, restaurantes, visitas guiadas y otros servicios.

Doña Ceida llegó del continente hace 27 años a cuidar a los hijos pequeños de un matrimonio que tenía un hotel. Hecha a vivir en Guayaquil, al principio en Puerto Ayora no se hallaba. Se sentía sola y atrapada en un lugar barrido regularmente por tsunamis que revuelcan todo y arrastran a quienes sorprenden cerca de la costa. Presa en un pueblo rabón donde ninguna calle estaba pavimentada y donde a las ocho de la noche se cortaba el suministro eléctrico de modo que fuera de las casas la gente se alumbraba con linternas de mano y dentro con velas.

Un lugar inhóspito donde no había nada de lo que abunda en Guayaquil. Y entre Ayora y Guayaquil hay más de mil kilómetros de agua salada.

Ceida era entonces muy joven y lloraba todos los días. Tardó dos años en acostumbrarse. Ahí se casó y ahora tiene dos hijos galapagueños que estudian y a quienes sostiene haciendo el desayuno y el aseo en un pequeño hotel. Para no pagar renta se acaba de construir una casita –en la parte alta para que no le llegue el agua en los maremotos– y compró un terreno donde quiere sembrar pues tiene buena mano para las plantas.

Con esto y un negocio –quizá de comida pues también es buena para cocinar– dejaría de trabajar para otros.

Doña Ceida reconoce que aún le asustan los tsunamis y que le horrorizan las serpientes que salen en temporada de calor. Pero, dice convencida: “Esta negra no se va de su isla por nada del mundo.”

Y así, con tesón y buen talante, se va formado la correosa y salobre identidad galapagueña.

En 1959 el archipiélago fue declarado Parque Nacional por el gobierno de Ecuador y 20 años después la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo reco-

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noció como Patrimonio de la Humanidad.

Esto significa que se maneja con normas y controles especiales para preservar su riqueza biológica.

Lo que sin duda es plausible, pero en ocasiones genera conflictos pues no todos entienden lo mismo por buen manejo. Así, la pesca –que es artesanal– tiene una estricta zonificación. Distribución de espacios que no siempre es adecuada para el tipo de aprovechamiento que hacen los pescadores. Y es que siendo ellos los que desde hace mucho protegen y preservan la vida marina, hoy se les restringe y reubica. Esto, mientras que otras extensas áreas se reservan para las poderosas empresas internacionales que hacen turismo de lujo en grandes yates cuyos pasajeros ni siquiera desembarcan, de modo que no le dejan nada a la población local…

Se calcula que de cada dólar gastado por el turismo en Galápagos, sólo 20 centavos se quedan ahí. Como se ve, tampoco las islas del mar océano escapan del despojo corporativo que asuela al planeta.

Y en Galápagos, como en todas partes, la gente resiste. Recientemente los pescadores se movilizaron en defensa de su medio de vida. Además de que, para no caer en manos de intermediarios y de grandes exportados, se han agrupado en cuatro cooperativas. En una de las islas, San Cristóbal, el gobierno cantonal apoyó la lucha contra la rezonificación. El problema es que el archipiélago es gobernado por un Consejo integrado por un representante de cada gobierno cantonal y otro por todas las parroquias –que son las circunscripciones locales–, además de representantes de los ministerios del Estado ecuatoriano. El presidente del Consejo es nombrado por el gobierno central. Como se ve, los miembros designados son más que los electos y, por si fuera poco, el presidente tiene voto de calidad. El sistema es sin duda muy poco democrático, aunque algu-

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3 perros que diezman las iguanas en las islas Isabela y Santa Cruz. O como los bovinos, puercos y cabras cimarrones que algunos cazan y carnean clandestinamente. Lo curioso es que los tienen que abatir a pedradas y machetazos pues en el archipiélago están prohibidas las armas de fuego.

Pese a que las islas son pequeñas y las distancias cortas, tanto los pescadores como los agricultores enfrentan la maldición de los intermediarios que se interponen entre ellos y los consumidores. Para

nos piensan que eso ha servido para evitar conflictos. A saber.

La agricultura galapagueña no es muy extensa pero sí muy variada. Diversidad que se explica por su ubicación equinoccial, lo que hace que en las islas se pase de un nicho ecológico a otro con sólo ascender o descender un poco. Esto, la topografía y el clima permiten varios cultivos en espacios pequeños y con cosechas casi continuas, en un modelo que semeja al de nuestra conocida la milpa mesoamericana. La mayor limitante es el agua, pues en el archipiélago las lluvias son escasas y no en todas las islas hay ríos y manantiales. Aun así, mediante aljibes, membranas condensadoras de humedad y plantas desalinizadoras, además de riego por goteo, los ingeniosos campesinos galapagueños han logrado tener una buena producción. Sin embargo, y por el alto consumo del turismo, las islas no son autosuficientes en alimentos.

En Santa Cruz se siembran granos como el maíz y el frijol, tubérculos como la papa, raíces como la yuca, hortalizas diversas como cebolla, tomate, melón, sandía… y diferentes árboles frutales: plátano, mango, mamey, aguacate… Pero sobre todo hay huertas de café de variedades arábigas como catimor, caturra y otras, en plantaciones que por la ubicación de las islas, a 200 metros sobre el nivel del mar ya son adecuadas para ese cultivo.

Hay también ganado vacuno manejado en doble propósito: tanto para carne como de ordeña. De la leche se hacen quesos, los que ahora enfrentan restricciones sanitarias que exigen un manejo pensado para empresas grandes, que los pequeños productores artesanales no pueden cumplir. Único, frágil y por si fuera poco darwiniano, el ecosistema de Galápagos, desarrollado por selección natural de ancestros continentales, debe ser protegido de

acciones irresponsables. La iguana de Baltra, por ejemplo, fue exterminada en los años 40’s del siglo pasado por perros, gatos y humanos a raíz de que durante la Segunda Guerra Mundial en esa pequeñísima isla se estableció una base aérea estadounidense. En otros casos, el hombre llevó al archipiélago especies del continente que se volvieron plaga, como las ratas y las hormigas, y recientemente llegaron dentro de unos tubos tres serpientes coralillo (de esas que horrorizan a doña Ceida).

Particularmente grave fue la plaga del pulgón, que por fortuna pudo ser controlada llevando también catarinas que son su predador. En otros casos los animales domésticos se hicieron salvajes, como los

Respecto del número 111 del suplemento, publicado el 17 de diciembre de 2016, hacemos la siguiente aclaración: En el artículo “Programa Educativo de Ingeniería en Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo” aparece una foto que no corresponde a esa carrera. Esa foto agrupa a profesores asistentes al Cuarto Congreso Resolutivo de los Centros Regionales Universitarios de Chapingo, del 11 al 13 de febrero de 2010 en Oaxtepec, Morelos. Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores.

superar el problema, un grupo de productores estableció hace poco en Puerto Ayora un mercado propio en el que venden una vez a la semana y que ha sido muy exitoso.

Aunque a algunos investigadores del Instituto Darwin –que por lo demás desarrolla valiosa investigación en el archipiélago– quisieran a unas Galápagos con hartas iguanas y tortugas pero sin galapagueños, el hecho es que las comunidades isleñas están ahí y la preservación de la vida es también su responsabilidad. Así las cosas, en temas como la pesca o la quesería habrá que tratar de armonizar la conservación y el control sanitario con los sistemas de trabajo de la gente. Otro problema complica-

do es que en ocasiones se pierden sobrantes de frutas y hortalizas, pues por razones entendibles no pueden hacerse intercambios de productos agrícolas entre las islas.

trabajador. Me dice que su gran problema es la mano de obra. Y se lo creo. Pero pienso que lo que en verdad le duele es que tres de sus hijos ya no están ahí para ayudarla.

Además de la pesca, otra actividad isleña exportadora fue el café, cultivo que años atrás fomentó una empresa que trabajaba por contrato con los pequeños productores y enviaba su grano aromático al continente. Esto hizo que se extendieran mucho las huertas, hasta que la compañía dejó de acopiar y se quedaron sin comprador. Recientemente se formó una cooperativa de caficultores que logró registrar una denominación de origen que les permitiría posicionarse mejor en el mercado. Sin embargo, algunos particulares la cuestionaron y cuando yo los visité estaba detenida.

Ya en la casa confiesa su desazón:

Doña Marina vive en Bellavista, muy cerca de Puerto Ayora, y es dueña de la finca “La Fortuna”. Al atardecer, mientras recorremos su cafetal y hablamos de la roya, que por fortuna aún no ha entrado en la isla, me platica que estableció la huerta hace 25 años, cuando llegó del continente y el grano aún tenía comprador seguro. Pero lo que en verdad quiere enseñarme es una ceiba, un enorme árbol que es su orgullo, pues de esos no hay en las islas. El coloso ya estaba ahí cuando le compró la tierra a un francés y sepa Dios como llegó a Santa Cruz.

Y, de algún modo, esa es la esperanza de todo el archipiélago.

La huerta de doña Marina es de sombra y está extremadamente diversificada con múltiples frutales y árboles maderables como caobas.

Por un tiempo la abandonó, a raíz de que se fue la compañía que acopiaba, pero ahora esta recepando y renovando la plantación, para lo que estableció un vivero que también surte de planta a otros caficultores. El grano aromático se lava y pila ahí mismo. Y ahí mismo se tuesta y muele, con el fin de venderlo empaquetado.

Pero la cosecha de café sólo se tiene una vez al año y hay que comer todos los días. Así, el ingreso cotidiano sale de la venta por temporadas de papayas, aguacates y naranjas que cosecha en la huerta, así como sandías y melones de su traspatio. También vende parte de los huevos que ponen sus gallinas. Ah, y cuando le queda un rato libre, hace carbón…

Doña Marina tiene cuatro hijos.

Los tres varones están casados y trabajan en el turismo, mientras que la hija y sus cuatro nietos viven con ella. Por temporadas, cuando se carga la labor, contrata a un

“Mis hijos tienen que ocuparse de sus familias. Por eso trabajan en el turismo, pues no pueden estar atenidos a los ingresos irregulares de la agricultura, que sólo llegan cuando sale la cosecha. Eso si no es que se pierde, como ahora que no llovió. Pero yo estoy renovando mi huerta de café y mejorando mi finca con la esperanza de que algún día podamos traer turistas aquí… Y que entonces mis hijos que le saben a eso regresen. Todo consiste en combinar la agricultura y el turismo. Esa es mi esperanza. Sí, esa es mi esperanza”.

Otra posibilidad es que las dificultades económicas de Ecuador lleven al gobierno a tratar de valorizar las Galápagos con una modalidad distinta y más agresiva que la del turismo actual. Ya se habla de que los chinos están interesados en comprar una de las islas…

Aunque yo calculo que los isleños no se van a dejar. Es verdad que tienen poco de vivir ahí, pero en su corta existencia ya han asimilado algunas experiencias históricas.

Por ejemplo, Estados Unidos, que durante la segunda guerra mundial tuvo en Baltra un aeropuerto y una base militar, le tenía echado el ojo a las islas, de modo en los cincuenta del pasado siglo fue necesario poblarlas para que no se volvieran un territorio más de la Unión.

Después hubo ahí experiencias socialmente siniestras: una de las islas fue un penal y en otra se estableció una enorme plantación de caña de azúcar atendida por trabajadores semiesclavos. Así pues, los retos geopolíticos y la necesidad de rebelarse contra la opresión forma parte de la idiosincrasia isleña. Y por eso estoy seguro de que los galapagueños no se van a dejar.

P. D. Y sí, en las islas también hay lo que de seguro les han dicho que hay: se murió el solitario Georges pero a cambio encontrarán playas chidas, paisajes digitalizables, tortugas chonchas y longevas, pasmadas iguanas negras, focas desfajadas, acalorados pingüinos ecuatoriales, lobos marinos, tiburones, cormoranes, albatros y chingos de pinzones…

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MÁS AGRONEGOCIOS (Y MÁS LUCHAS) Darío Aranda Periodista darioaranda@yahoo.com.ar dificación de la ley vigente”, señala el documento emitido el 18 de octubre.

Para quienes creen que sólo se trata de un debate entre empresas y sectores del agro, la Multisectorial recordó un hecho básico: “Quien controla la semillas, controla la alimentación”.

FOTO: Universidades Nacionales de Jujuy

Finalmente, el proyecto de ley no fue tratado en el Congreso Nacional, pero el gobierno anunció que en 2017 intentará aprobarlo.

Exención de impuestos a sectores del agronegocio. Desintegración del área de agricultura familiar y falta de presupuesto para campesinos. Aprobación de nuevos transgénicos, impulso de una nueva ley de semillas (en línea con el agronegocio) y represión. El gobierno de Mauricio Macri marcó continuidades y profundizaciones respecto al kirchnerismo y al modelo agropecuario.

Pero campesinos, indígenas y asambleas resisten.

A cinco días de asumir la Presidencia, Mauricio Macri viajó a Pergamino (Pampa Húmeda, la tierra más cotizada del país) y anunció la eliminación de retenciones (impuesto a la exportación) para los productos agropecuarios y la reducción de cinco puntos a la soja (pasó del 35 por ciento al 30). Un beneficio millonario para el agronegocio.

Al frente de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) fue nombrado Oscar Alloatti. De inmediato comenzó un proceso de ajuste y despidos. El sindicato (Asociación de Trabajadores del Estado, ATE) denunció que echaron a más de 250 técnicos que trabajaban en agricultura familiar. “El gobierno viene atacando las políticas y los derechos de la agricultura familiar mediante el cierre de programas y reparticiones, recorte presupuestario, despido de trabajadores y judicialización”, denunció el sindicato (ATE-SAF) a fines de 2016.

“El glifosato es como agua con sal”, afirmó el ministro de Ciencia, Lino Barañao, en 2009, en pleno kirchnerismo.

Férreo defensor de los transgénicos, fue confirmado en su puesto por el presidente Macri. También confirmaron a Martín Lema, director de Biotecnología en el Ministerio de Agroindustria, área clave en la aprobación de transgénicos.

En 2016, el gobierno aprobó seis nuevos transgénicos de soja y maíz. Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.

Los transgénicos en Argentina se aprueban con base en estudios de las propias empresas, que son confidenciales.

Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas”.

No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni de consumidores. Medio centenar de organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas, y sectores académicos conforman la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. “Expresamos nuevamente nuestro rechazo contundente a cualquier mo-

“El sector está siendo seriamente perjudicado por las decisiones políticas del gobierno”, afirmó el documento firmado por ACINA, MNCI, el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), la Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) y Maela, entre otros, en septiembre pasado.

Cuestionaron la reducción en las retenciones a productos del agronegocio (como soja y maíz) y denunciaron el vaciamiento de políticas para el sector campesino. Las organizaciones exigieron la urgente reglamentación de la Ley 27.118 (de agricultura familiar). “Es de suma urgencia que se tomen medidas con fondos específicos para atender las

El gobierno nacional, de similar manera que el kirchenrismo, impulsa el avance del agronegocio sobre nuevos territorios (hoy en manos de campesinos e indígenas). Los intentos de desalojos y la violencia se repiten en todas las latitudes del país. Provincias como Misiones, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, entre otras, son escenario de continuas situaciones violentas de la mano de los empresarios de transgénicos.

Las resistencias ante el avance extractivo (agronegocio, minero, petrolero, forestal) es de agenda diaria en Argentina. Dos logros fundamentales: en la provincia de Córdoba (centro del país), luego de cuatro años de luchas, se expulsó a Monsanto, que intentaba construir su mayor planta de maíz transgénico del continente. Con un bloqueo comunitario de más de dos años (que cerró el paso a los vehículos de la empresa), media docena de represiones y judicialización, finalmente la multinacional vendió el predio y sufrió su mayor derrota en el país.

El otro logro: en mayo de 2016 se conformó la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología (Renama), un espacio que reúne experiencias agroecológicas (desde pequeñas hasta de gran escala), productores, organizaciones sociales y académicos.

Eduardo Cerdá, uno de los impulsores, celebró el paso adelante: “Los productores son conscientes de los límites del agronegocio, de los altos costos, los problemas que genera, tanto en salud como en el ambiente. La agroecología es un modelo superador que ha dado sobradas pruebas de que produce más y mejores alimentos, y a un costo menor”.

También hubo novedades respecto a semillas. Las empresas del agro exigen desde hace años una nueva ley de semillas, que contemple “regalías extendidas” (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Esto implica limitar el “uso propio” (práctica milenaria que implica sembrar, cosechar y con esas semillas obtenidas volver a sembrar).

En abril de 2016, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. Reclamó el cobro de regalías. La agencia oficial Telam señaló que los ejes de la reunión fueron “que se transparente el mercado de semillas y se pague por la tecnología lo que se tiene que pagar”.

En octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció: “El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso Nacional”.

Afirmó que se busca “garantizar la investigación, tecnología y productividad”. El Ministerio remarcó que “desde el Estado

FOTO: Meine Landwirtschaft

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l primer año de Mauricio Macri como presidente confirmó la profundización del agronegocio. Más transgénicos, beneficios a empresarios y ahogo para campesinos e indígenas. Se multiplican las luchas.

Desde el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Macri, cambió el contexto para algunas organizaciones campesinas. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA) formaron parte de la gestión de la Secretaría de Agricultura Familiar del kirchnerismo. También había buen diálogo y articulación con el Frente Nacional Campesino (FNC) y con sectores del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (Maela).

necesidades de nuestros productores”, solicitaron los campesinos.

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Bolivia

EL ARRAIGO DE LA COMUNIDAD DEL SIGLO XXI

No hay mayor bien que la tierra y el territorio, ni mayor reto que la autogestión, en un mundo de negocios y Estados que niegan la comunidad Oscar Bazoberry Chali Docente de Ciencias del Desarrollo (Cides) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y Coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) oscarbazoberry@cides.edu.bo

Entre los puntos sobresalientes para el movimiento indígena originario campesino, se encuentra la inclusión constitucional del Territorio Indígena Originario Campesino, que avanza sobre la antigua noción de Tierra Comunitaria de Origen; se mantiene la propiedad comunitaria y se establece que los sujetos colectivos son los únicos elegibles para la distribución de tierras del Estado, si es que existieren o fueran revertidas las privadas a su dominio, y se establecen límites al tamaño de la propiedad privada empresarial.

Para los pueblos indígenas se incluye el derecho a conformar sus gobiernos autónomos territoriales.

Hay un capítulo especial sobre el desarrollo rural, el reconocimiento a la necesidad de fortalecer la economía familiar y comunitaria y un explícito reconocimiento a las relaciones desiguales entre regiones y entre los espacios urbanizados y los rurales.

de campesinos e indígenas, menos aún gozaron del grado de reconocimiento constitucional y de competencias de gobierno.

Según información disponible y reciente, salvando las diferencias entre tipos de propiedad (pequeña, comunitaria, territorio), así como la dimensión étnica y económico-productiva, los campesinos indígenas originarios disponen en propiedad titulada 48 por ciento de las tierras que son objeto de derecho propietario (51 millones de hectáreas), lo cual incluye nuevas comunidades surgidas por movilidad territorial en los 60 años recientes, proceso que aún se encuentra en curso; ocho por ciento de las tierras se encuentra en manos de empresarios y medianos propietarios; 17 por ciento son parques, áreas protegidas y otras tierras no disponibles o para proyectos administrados o concesionados por el Estado. Y 28 por ciento de las tierras aún están en proceso administrativo de verificación o se encuentran en conflicto (Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, 2015).

No es posible comprender la Bolivia actual sin mirar con detenimiento la fuerza de las propias comunidades, para muchos gobernantes, académicos y población en general, una fantasía que ha llegado al exceso constitucional, y por tanto a la sobrevaluación de los derechos del indígena que se mantiene en el campo, o aquel que retorna, y de muchos otros que se reconocen campesinos más allá de su adscripción indígena.

El censo agropecuario del año 2013 (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, INE, 2015) da cuenta que en Bolivia existen 18 mil 589 comunidades, una cifra mayor que la registrada en los años 80’s, dada la conformación de nuevas organizaciones y comunidades. Pero el dato más interesante, tomando en cuenta que una comunidad no solamente es un sistema de autoridades o una forma de administración de la tierra y el territorio, es que de las 871 mil 927 Unidades de Producción Agropecuaria del país, 502 mil 281 informaron que practican habitualmente sistemas de trabajo comunitario, colectivo y familiar; de ellas, 294 mil 831 mantienen formas de reciprocidad en trabajo.

Hoy la información disponible, a pesar del debate sobre si las categorías utilizadas expresan la realidad actual, da cuenta que existe una dimensión comunitaria dinámica. Nunca antes en la historia de este suelo y su gente, en los contextos institucionales del Estado moderno, existió tan amplia propiedad de territorios en manos

Dada la brevedad de la reflexión, voy a abrir el debate con la pregunta que nos hacemos muchos de los que trabajamos desde la academia y el activismo: con todo este contexto a favor –eso sí, que ocurrió repetidas veces en el pasado, en distintos contextos y características–, ¿por qué los campesinos indígenas no despliegan todo su potencial eco-

FOTOS: CIPCA y Oscar Bazoberry

L

a acumulación social, económica y política del movimiento campesino e indígena de Bolivia, desde la irrupción de la democracia universal en 1952 y la posterior reforma agraria de 1953, ha llegado a su punto más alto con la movilización y construcción del texto constitucional elaborado entre 2006 y 2008 y aprobado en referéndum nacional el 2009.

Distintas etapas de la construcción de la primera autonomía indígena en Bolivia, Charagua Iyambae, Pueblo Guaraní. El 8 de enero del 2017 dan posesión a las primeras autoridades elegidas bajo sus propias normas, en sustitución del alcalde y Consejo Municipal que cesan en sus funciones desde ese momento.

nómico, ecológico y cultural? ¿Qué es lo que falta para coronar este camino recorrido en 70 años con un nuevo aporte sustancial a Bolivia y Latinoamérica? ¿Cómo, aun con la situación actual, existen oídos en el gobierno para la autorización de nuevos cultivos con semillas transgénicas? ¿Y el gobierno se concede, otorga al Estado, tareas de producción agropecuaria agroindustrial como en la época de las dictaduras?

Dejo de lado la ceñuda convicción de que solamente los intereses individuales mueven al mundo, y por tanto la comunidad es un factor de retraso, ya que no es sujeto de capital, tecnología y mercado; o que la configuración capitalista mundial, o que los procesos de acumulación de capital, vía Estado, requieren de un momento de despliegue tecnológico y financiero convencional.

Y afirmo: el arraigo de la comunidad en el siglo XXI y el despliegue de todo su potencial y acumulación histórica requieren de un nuevo momento creativo, en que los propios actores del campo, hombres y mujeres, en su condición étnica, en su condición cultural, desplieguen su fuerza económica con cualidad ecológica.

Existen condiciones materiales, es necesario crear las condiciones institucionales y sociales.

Usé varias veces la expresión reinventar la comunidad no porque sea producto de la imaginación, sino más bien de la creatividad. Tal vez no es el término más afortunado, pero por el momento no encuentro otro para expresar una fuerza que viene del pasado pero que para subsistir en su nueva condición de posibili-

dad requiere más que el antecedente y lo que más necesita es el horizonte.

El despliegue de la comunidad es tarea de las propias comunidades, con un diálogo interno, plural, sin autoritarismos étnicos, menos económico, menos aún partidario, lejos de algunos profetismos de dirigentes y académicos. No alcanza la creatividad, no se agotan los sentidos sin construir autonomías no estatales.

En mi criterio, el tránsito desde la noción de socialismo comunitario, que hoy hilvana la relación de las dirigencias sociales con el Estado, hacia comunidad plurinacional, o hacia un Estado plurinacional de base comunitaria, es indispensable para propagar el ejercicio y los aprendizajes críticos de las autonomías territoriales, que dan sentido a los logros y las expectativas del campo.

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AVANCES EN LA POLÍTICA DESCOLONIZADORA Carlos Vacaflores y Pilar Lizárraga Investigadores de la Comunidad de Estudios Jaina y doctorantes del programa de Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco vacaflores.carlos67@gmail.com

A

inicios del 2016 se produjo, en Bolivia, la derrota de la opción por el sí en el referéndum nacional para modificar la Constitución Política del Estado (CPE) que permitiría al presidente Evo Morales postularse nuevamente en las elecciones nacionales para presidente, y con esta derrota, la oposición política exalta y magnifica una interpretación triunfalista que le atribuye no sólo una victoria premonitoria, sino que esta derrota estaría marcando el fin del ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder.

Desde su ascenso al poder en 2006, impulsado por la potencia de los pueblos y las naciones indígenas sublevadas, el discurso del MAS describía un escenario político de irreversibilidad en el cambio político que había experimentado Bolivia. “Bolivia nunca más será la misma”, se solía decir con una convicción irrefutable; sin embargo, la derrota en el referéndum hizo tambalear esta convicción, y tuvo el efecto adicional de potenciar el discurso de la oposición conservadora que siempre mantuvo la posición de que el Estado plurinacional es un error y una falacia histórica.

Concluyendo el 2016, las fuerzas políticas aglutinadas en torno al MAS llegaron a la conclusión de que es su decisión volver a intentar la repostulación democrática de Evo Morales, lo cual generó una reacción rabiosa de la derecha boliviana, que ya tenía descontado su retorno al poder con un Evo Morales fuera de carrera, y exigió el cumplimiento de los resultados del referéndum como cosa juzgada e irreversible. Acusó al MAS de antidemocrático por intentar esta jugada, en una conveniente interpretación de democracia como alternancia de fuerzas políticas en el poder, bajo amenaza de reactivar la convulsión social en el país si esto no se hace como exigen.

Sin embargo, las organizaciones sociales que sustentan el poder político del MAS, reunidas en congreso nacional en diciembre, manifestaron que los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos llegaron para quedarse y que, de ahora en adelante, ya no serán más inquilinos en su propia tierra.

La lectura de los movimientos indígenas es que el referéndum estuvo deslealmente bombardeado con información falsa, algo no aceptable en un contexto democrático, por tanto legítimamente revisable, y por otro lado, que los ciclos que han logrado imponer el sistema de despojo, destruc-

ción y explotación de los pueblos indígenas se estructuran más allá de las alternancias temporales de la democracia electoral instaurada por el pacto social entre elites coloniales, y que 500 años de despojo no se revierten en diez años de gobierno, por lo que aún falta mucho para construir el Estado plurinacional comunitario, y esta es una tarea política que requiere más tiempo del que están dispuestas a transar las elites coloniales conservadoras y reaccionarias.

La oposición política sustenta su demanda en la “constatación” de los hechos de corrupción que supuestamente abundan en el gobierno del MAS –lo cual es objeto de otro análisis–, arrastrando el discurso al campo de la valoración de eficiencia administrativa del gobierno del Estado republicano heredado por el MAS, con tanta eficacia que los propios movimientos sociales fueron absorbidos por esta forma de entender su paso por el gobierno, y ya antes de llevar a cabo el referéndum había una cierta sensación de concesión resignada hacia una forma de administración corrupta del Estado como una vía inevitable de ejercicio del poder, tanto así que el discurso de la derecha sobre el proyecto fallido del Estado plurinacional comenzó a ser considerado como evidencia de vigencia implícita con efecto práctico en el diseño de política pública.

Los resultados del referéndum, si bien fueron una derrota formal en urnas, se cuestionan en su legitimidad por el uso de estrategias desleales y mentirosas, y sirvieron para reflexionar sobre el sentido el poder y su ejercicio gubernamental, de manera que en el imaginario de los pueblos se re-elabora el sentido histórico de su lucha: la descolonización y no sólo la administración eficiente del Estado republicano, un Estado de paso construido para consolidar y perpetuar el despojo, la marginación y explotación del indígena colonizado.

En este sentido, la alternancia política empieza nuevamente a ser entendida, desde los ciclos extensos del proceso de construcción colonial, en el sentido de tomar el control del territorio para construir otra forma estatal, con otro contenido de sujeto histórico, y encarar un proceso de construcción de otro tipo de sociedad, economía y Estado.

Es un proyecto político que desplaza de la centralidad colonial a las clases dominantes mestizocriollas, que no las excluye pero las ubica en otros roles no domi-

nantes, y construye una nueva centralidad política en el sujeto descolonizador articulado en la identidad india en explosión reconstituyente, constitucionalmente definido como indígena originario campesino. De ahí que la clase dominante criollo-mestiza que entiende perfectamente la peligrosidad de este proyecto político, reacciona y trata de llevar el debate al campo discursivo de la modernidad colonial de la alternancia de partidos políticos, fuera del ámbito de la reconstitución de los pueblos indios.

Hay que acotar que en esta disputa la oposición política fue muy efectiva, y desde el inicio mismo del proceso de cambio tuvo la capacidad de sembrar la duda sobre el proyecto estatal plurinacional, aportante de abundantes y permanentes “evidencias” de su fracaso, con la ayuda estratégica de los medios de comunicación de su propiedad y sistemáticas campañas internacionales muy bien articuladas desde el imperio, que centraron su estrategia en la idea de la corrupción, una debilidad evidente y muy destructiva dentro del proyecto descolonizador.

Por esa razón la decisión política de ratificar la repostulación de Evo Morales puede ser considerada como un retorno a la perspectiva descolonizadora, porque obliga al sujeto histórico a verse en su verdadera condición colonial, y construir los argumentos políticos desde esa condición, desde su propia construcción histórica para disputar su proyecto político descolonizador. Demás está decir que esta decisión enardece a la clase colonial dominante, incapaz de tolerar a la indiada sublevada e insolente que le quiere enseñar democracia.

Esta naturaleza de la disputa política estuvo presente de forma permanente en la configuración de la política pública, de manera que los esfuerzos para construir e implementar instrumentos de política pública orientados a potenciar al sujeto histórico de este proyecto político, los indígenas, originarios y cam-

pesinos, fueron sistemáticamente minados y boicoteados por la visión conservadora, incrustada también dentro del propio gobierno del MAS, de manera que los avances en este sentido son verdaderos logros que son necesarios de visualizar.

En la Bolivia Plurinacional hay avances concretos fundamentales para la reconstitución del sujeto histórico indígena originario campesino (IOC): inicialmente, la reconducción comunitaria de la ley de tierras, que permitió titular una gran cantidad de tierra a favor de pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, base crucial para la reconstitución espacial del sujeto comunitario. Luego, la pluralidad y el pluralismo insertos en la nueva Constitución Política del Estado, que visibiliza explícitamente a los pueblos y naciones IOC en su dimensión societal y que es la base fundamental para abrir otros horizontes de la lucha social, fuera de los marcos de la modernidad occidental.

El pluralismo aplicado al ámbito de la economía permitió implementar en primera instancia un mecanismo financiero a escala nacional destinado específicamente a potenciar al sujeto IOC, conocido como Fondo Indígena, cuya aplicación atraviesa dificultades sumamente críticas dados los resultados modestos y problemas de corrupción que llevaron a varios líderes indígenas y campesinos a la cárcel. El futuro de este fondo por el momento es incierto, ya que su administración pasó a manos de una instancia del Estado republicano moderno, el municipio, con lo cual su naturaleza comunitaria queda coartada. Sin embargo, el horizonte descolonial inscrito en la CPE deja, a diferencia del pasado, un espacio para la disputa social y la construcción del sentido comunitario de la economía en su aplicación directa al sujeto indígena originario campesino.

Por suerte se tiene un ejemplo exitoso de aplicación de una política financiera para el potenciamiento económico del sujeto comunitario, y ese es el programa de transferencias directas a las

comunidades campesinas e indígenas del departamento de Tarija, conocido como Prosol, cuya aplicación logró visualizar al sujeto comunitario, aglutinarlo en torno a un proyecto político de redistribución del poder sobre bases descoloniales. Por supuesto, este programa fue atacado con todo por la oligarquía regional, logrando frenar su funcionamiento después de ocho años de aplicación, y su continuidad está en duda, aunque la organización campesina tarijeña está movilizada en su defensa.

Otro logro importante es la objetivización jurídica del sujeto IOC en un cuerpo de leyes vinculadas a las políticas de desarrollo económico, como es la Ley de Revolución Productiva Comunitaria, que reconoce al sujeto económico comunitario, en la figura de la Organización Económica Comunitaria (Oecom), con base en la cual los pueblos y naciones IOC disputan la asignación de presupuesto e institucionalidad pública, con resultados insuficientes, pero justamente esa condición ha llevado a debatir el sentido de lo comunitario, por ahora secuestrado por la burocracia republicana que controla la aplicación de la política pública desde esa concepción estatal.

Finalmente, la pluralidad nacional se expresa en la posibilidad de reconstruir territorios autónomos donde se pueden reconstituir los pueblos y naciones, bajo la figura constitucional de la Autonomía Indígena Originaria Campesina, cuya implementación ya se ha echado a rodar con la aprobación de las Autonomías IOC de Raqaypampa, en tierras altas, y de Charagua en tierras bajas, y muchas más en proceso de construcción desde la disputa del sujeto IOC para hacer valer ese derecho constitucional, como el caso de los campesinos de Tarija, que han definido crear el municipio campesino de Cercado sobre la jurisdicción territorial de las comunidades campesinas del actual municipio de Tarija.

Todo esto nos lleva a la conclusión que el debate sobre la política pública y el desarrollo campesino es, en el contexto de formación colonial de nuestros países, un debate por las vías de reconstitución de los pueblos y naciones IOC, y como reconstitución implica reposición de lo usurpado. La política pública se ha visibilizado como el espacio de aplicación de estrategias de reconstitución del sujeto comunitario, o bien como la aplicación de estrategias para evitar esta rearticulación societal del sujeto comunitario, es decir, una administración de la institucionalidad colonial trasmutada en institución moderno-republicana.

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Brasil

CRISIS POLÍTICA Y PAQUETE DE AUSTERIDAD CONTRA LOS PUEBLOS TRADICIONALES Luciane Cristina Costa Soares* y Hélio de Souza Morais Junior** *Doctora en Desarrollo Rural y maestra de la Universidad Federal Rural de la Amazonía **Geógrafo crisluani@gmail.com

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l contexto poco transparente en que se realizó en Brasil el impeachment de la ex presidenta Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT) sigue teniendo sus consecuencias. El país tiene hoy uno de sus gobiernos más conservadores desde el golpe militar de 1964. La primera decisión tomada por el presidente ilegítimo de la República, Michel Temer (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB), en su primer día en el gobierno fue reducir el número de ministerios de 32 a 23: la Medida Provisoria MP 726/16 extinguió los ministerios de Cultura, Comunicación, Desarrollo Agrario y de Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos, entre otros.

El proceso histórico de lucha de los campesinos y las comunidades tradicionales por una real reforma agraria y por tener un ministerio diferenciado del de Agronegocios terminó. Debieron transcurrir 18 años, desde 1982, cuando se creó el Ministerio Extraordinario para los Asuntos de Tenencia de la Tierra, para que en 2000, con la creación del Ministerio del Desarrollo Agrario con el decreto 3.338/2000, pudiera comenzar a abordarse de forma específica los problemas de la concentración de tierras y las especificidades de la producción campesina. La extinción de este ministerio por el actual gobierno, que transfirió sus competencias a la Casa Civil de la Presidencia de la República, muestra un retroceso sin precedentes en la lucha por el derecho a la tierra en el país.

El escenario político del país es motivo de mucha preocupación por parte de las comunidades indígenas y campesinas, pues vemos cómo se estrechan las relaciones internacionales del agronegocio y, por otro lado, se desmantelan derechos adquiridos por los campesinos, como es el caso de la extinción de la Oidoría Agraria Nacional, la cual había organizado una estructura de atención en los estados donde se facilitaba la denuncia de los casos de conflictos; también, la reforma de la Previdencia Social (Bienestar Social), que prácticamente impide la jubilación de las y los campesinos: el campesino pasa de ser un asegurado especial (con la jubilación dada por comprobación de tiempo de trabajo en la agricultura) a un esquema de contribución monetaria mensual con un lapso de aportaciones que cambia de 15 a 25 años, y con otros beneficios,

como el permiso de maternidad y auxilio a la salud, vinculados al pago de las cuotas.

Ironías de la historia. El 13 de diciembre de 1968 fue la fecha en que se aprobó el Acto Institucional número 5 (AI 5), el cual suspendía los derechos constitucionales y cerraba el Congreso Nacional. El 13 de diciembre de 2016 fue aprobado, con amplia mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado Federal del país, el proyecto de ley número 55 (PEC 55), por medio del cual el actual gobierno cambia el proceso de transferencias gubernamentales en tres puntos estratégicos: salud, educación y seguridad social, y se “congelan” por 20 años los presupuestos. Lo que vemos es un cambio en la lógica de organización presupuestaria del Estado, que con estas medidas convierte a la demanda social apenas en un asunto accesorio de las actividades del Estado, cuando antes era el corazón de su quehacer.

De acuerdo con la Medida Provisoria MP 746/16, que altera la Ley de Directrices de la Educación, LBD 9.394/96, la enseñanza primaria y secundaria deja de tener como obligatorias las materias de sociología, filosofía, artes, educación física, música e historia de la cultura afrobrasileña; asimismo, aumenta el tiempo escolar y elimina la obligación del Estado de dar gratuidad a la enseñanza

primaria y secundaria, entre otros cambios.

Como respuesta a eso, las universidades, institutos técnicos y escuelas públicas de todo el país estallaron en huelga de estudiantes y maestros. Según informaciones del Sindicato Nacional de los Maestros de Educación Superior (ANDES), el movimiento involucró a más de 71 instituciones de enseñanza en todo Brasil, pero no se pudieron frenar los cambios en la Constitución. Hubo muchos registros de abuso de fuerza por parte de la policía en el proceso de retirada de los estudiantes de las escuelas, mismos que en su mayoría eran menores de edad.

Pero lo más nefasto de todo este escenario no es expuesto por los grandes medios de comunicación. Es el caso del pronunciamiento del actual ministro de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), Blairo Maggi, uno de los mayores productores de soya del país; él habló durante la Conferencia Mundial del Clima, la COP 22, en Marrakesh, el pasado mes de noviembre, y mostró lo que piensa el actual gobierno sobre los asesinatos y conflictos en el campo brasileño. Dijo: “Los asesinatos continuos en la región amazónica asociados a la posesión de tierras son resultado de diferencias personales y/o casos aislados”. Esta declaración generó reacciones y movilizacio-

nes de las instancias que trabajan con estos conflictos, como es el caso de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organización que realiza amplia investigación sobre los conflictos agrarios en el país, y que realiza un registro de ellos desde 1985; los ha publicado en su libro Conflitos no Campo Brasil.

La CPT publicó un manifiesto de repudio al pronunciamiento del ministro, y recordó que los datos de Centro de Documentación “Don Tomás Balduino” muestran más bien un crecimiento de la inseguridad y de los conflictos en todo el país. La región amazónica, en el norte, sigue siendo la principal área de conflicto, con casi 75 por ciento del total nacional. El desplazamiento creció cerca de 110 por ciento en 2016, con 920 familias desplazadas y criminalizadas. Hasta finales de octubre hubo 39 asesinatos y 109 personas en situación de amenaza. Desde finales de 2015, la CPT viene observando el crecimiento de los conflictos y asesinatos en el campo, pero lo más grave es la falta de informaciones precisas y concretas sobre estos conflictos y muertes en tierras indígenas.

El proyecto energético basado en el monocultivo de la caña y la palma de aceite, junto con la construcción de hidroeléctricas y los grandes proyectos mineros en la región amazónica, han afecta-

Tierras indígenas Tembé, de la etnia Ture-Mariquita, localizada en el município de Tomé-Açu, estado de Pará, en la Amazonía brasileña, donde se puede ver la expansión del monocultivo de la palma de aceite alrededor de las tierras de los Tembé

do fundamentalmente tierras indígenas. En Brasil, la legislación que reglamenta tierras indígenas es muy peculiar en comparación con los demás países de Latinoamérica. La extensión territorial del país propició una separación histórica entre indígenas y la población de los centros urbanos, y como consecuencia la gran mayoría los brasileños urbanos tiene casi nada de identificación con sus raíces indígenas; por otro lado, las comunidades indígenas permanecieron aisladas del proceso urbano. Este hueco en las relaciones sociales produjo muchos falsos discursos sobre la lógica indígena de reproducción y sobre nuestro origen.

La prueba cabal del proceso es el Proyecto de Ley PEC 215 defendido por los ruralistas en el Senado Federal. Dicho proyecto puede paralizar el proceso de demarcación de tierras indígenas y autorizar la construcción de emprendimientos con gran impacto dentro de los territorios. Este proceso fue denunciado por los propios líderes indígenas en la COP 21, en París, en diciembre de 2015.

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) ha denunciado sistemáticamente los cambios que el gobierno de Temer pretende realizar en el proceso de demarcación de las tierras indígenas, y que contradicen acuerdos que Brasil ha firmado, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Estos procesos tienen estrecha relación con el crecimiento, en los meses recientes, de conflictos y asesinatos en las comunidades indígenas. Nara Baré, de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), y Patxon Kauapó, nieto del líder Raoni Matuktire, hablaron en la COP 21 de los conflictos en el país. Como ejemplo están los que ocurren con los indígenas Pataxó de Cumuruxatiba, en el estado de Bahía; en tierras de los Guaraní y Kaiowá, en el municipio de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul; el de los Xavante, en el estado de Mato Grosso; el de la comunidad Ka´apor de AltoTuriaçu, en el estado de Maranhao, y el de las tierras de los Mundurukus, en el estado de Pará.

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UNA HISTORIA DE VIOLENCIA*

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ranguil (también llamado Tranquil), en las cercanías de Liquiñe, en la comuna de Panguipulli, en el otrora lluvioso sur chileno, es uno de esos sitios que no aparece en los mapas pero que, al conocerlo, impresiona por su naturaleza.

Bosques encaramados a los cerros, desde donde bajan ríos y esteros rumbo a lagos como el Pellaifa y el Panguipulli.

En amargo contraste, aquí se compagina un nuevo capítulo de la contradicción entre formas productivas locales, cuando no los derechos territoriales de una comunidad mapuche, y la construcción de una central hidroeléctrica de pasada, que generaría 2.9 megavatios. El emprendimiento es propiedad de RP Global, de capitales austriacos, y se emplaza sobre el río que le da nombre al sector. La empresa también estuvo detrás de la edificación de Hidropanqui, en Curarrehue, localidad de fuerte presencia mapuche, ubicada algunos kilómetros al norte.

El libreto es conocido: Derechos de agua en manos de particulares, beneficios ofertados por la empresa y la consecuente división de los lugareños. En el caso de Tranguil, es alarmante la vulneración a los derechos humanos desde el momento en que la hidroeléctrica llegó a una comunidad más bien pacífica. La muerte de Macarena Valdés Muñoz, pareja de Rubén Collío, werken (vocero) de la Coordinación Newen Tranguil, en circunstancias aún no aclaradas, ha marcado de otro modo la historia de un proyecto que ofrecía progreso y electricidad más barata.

Sin Estado de derecho. La gente le llama “Crucero Tranguil” al punto donde se debe descender del bus, desde la ruta CH 201, que conecta Panguipulli con la frontera con Argentina. En el puente sobre el estero El Mañío se aprecia el cableado de alta tensión que, en octubre pasado, trabajadores de la empresa eléctrica regional, terminaron de instalar a escasos metros del predio donde vive Rubén Collío y su familia. Esa jornada, la faena estuvo resguardada por un contingente policial digno de un enfrentamiento en gran escala.

Carabineros armados, en actitud de combate, apoyados por vehículos blindados y furgones. Todo contra un hombre, sus hijos, y algunos cercanos. Desarmados.

Cuando Collío intentó resistir la labor, forcejeó con los uniformados quedando contuso en la rodilla derecha. Es paradójico que él y su familia hayan estado bajo una cautelar dictada por el tribunal, que impedía trabajos en su terreno

por 60 días, tras la muerte de Macarena Valdés.

tatal Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Los Ríos en 2012.

“No hay Estado de derecho en Tranguil ni en Panguipulli”, enjuicia el werken, y muestra la orden con que la empresa, que llegó a realizar la instalación de cables, pretendió autorizar su trabajo. El documento tiene fecha de 2015 y caducaba 60 días después.

Los derechos de agua sobre el río Tranguil habían sido solicitados en 2008 por Pedro Ermer Jaque Araneda. Hoy existen tres concesiones bajo denominaciones vinculadas a RP Global: RPI Chile, Energías Renovables, SA y RP Global Energías Renovables, SA. “Finalmente son gestiones para despistar”, señala Collío. “Estas empresas son especialistas para trabajar al filo de la ley”. Tras su casa corre el estero El Mañío. Cuenta que también éste tiene pedidos derechos. Es la lógica. En el caso de Panguipulli, son cerca de 135 los concedidos para fines hidroeléctricos por la Dirección General de Aguas (DGA), el ente estatal chileno encargado de la administración acuícola. La institución ha reconocido el acaparamiento que los particulares han hecho del vital elemento en desmedro de las comunidades.

No ha sido lo único. Esta es una historia llena de actos irregulares, sospechosos y contaminados de violencia. Cuando Collío se entrevistó con Patricia Morano, gobernadora provincial de Valdivia, para denunciar la brutalidad de Carabineros, ésta le planteó que el accionar policial no había sido ordenado por ella, y que les solicitaría un informe. A meses de ocurridos los hechos, tal documento aún brilla por su ausencia.

Lamentablemente, son comunes los excesos policiales frente a población mapuche. A mediados de diciembre, causó impacto el caso de Brandon Hernández Huentecol, un adolescente de 17 años, de la zona rural de Collipulli, en la vecina región de la Araucanía, tiroteado por la espalda, por agentes de las Fuerzas Especiales de Carabineros. El muchacho sobrevivió pese a recibir cerca de cien balines. Apenas una semana después, dos comuneros mapuche del sector Tranapuente, en Tirúa (región del Bío Bío) fueron baleados por la policía. Un par de uniformados han quedado detenidos y están sometidos a investigación por el hecho.

Acciones y lenguaje. Rubén Collío, Macarena Valdés y tres de sus cuatro hijos habían llegado a Tranguil, hace dos años, desde Santiago, la capital chilena. Venían con un anhelo: vivir como mapuche.

Pese a que sus ancestros provienen de Boroa, en la región de La Araucanía, Collío nació y creció en la warria, la ciudad, como dicen los mapuche en su lengua. Vivir rodeado de selvas verticales y ríos dispersos en la tierra oscura era lo que habían bosquejado juntos muchas veces. De profesión ingeniero ambiental, también participaba en redes de apoyo a las luchas mapuche. Además, trabajaba como orfebre. El menor de la familia, cuenta Collío, fue concebido allí, en Tranguil. El terreno les fue facilitado por Mónica Paillamilla, oriunda del lugar. Con un compromiso: que lo cuidara. Comenzaron a impartir clases gratuitas de mapudungun, la lengua mapuche, para los vecinos. Fue en esa época donde supieron de la oposición, de algunas personas de la comunidad mapuche Quillempan al proyecto de RP Global, aprobado por el es-

RP Global llegó a Tranguil prometiendo lo que el Estado no concreta, en un lugar donde la vida es muy dura en invierno.

“Muchos acá viven con cien mil pesos [chilenos] al mes [unos 149 dólares]”, cuenta el werken. Añade que muchas personas trabajan en el “madereo”, es decir la corta de árboles nativos para estructuras de las empresas mineras.

Collío recuerda que la empresa prometió contratar a personas del sector. A su lado, Julia Quillempan narra el caso de su hermano menor, quien comenzó a trabajar como cuidador. Ella decidió oponerse cuando conoció la resistencia a la hidroeléctrica que pretendía construir la italiana Endesa-Enel en el cercano lago Neltume. Ahí constató que “el lenguaje, las acciones [de la empresa] eran las mismas que acá”. No fue la posición de todos los comuneros. A mediados de ese año, RP Global ya tenía un acuerdo con algunas organizaciones locales.

Repartieron dinero, mercadería y alimento para animales, cuenta la mujer. Como en otros puntos del territorio mapuche, los habitantes quedaron divididos en dos bandos: A favor unos y otros en contra de la hidroeléctrica.

“Existe una propuesta económica desde las comunidades, y tiene que ver con aprovechar el turismo.

Atraer visitantes que quieran conocer estos bosques y ríos. Pero eso no puede combinarse con extractivismo, ni siquiera con centrales de paso. ¿Quién va a querer ver un río entubado, o un galpón gigante, pintado de rojo?”, dice el dirigente mapuche. A pocos kilómetros de Tranguil están las célebres termas

FOTO: Felipe Montalva

Felipe Montalva Periodista matildegrafika@gmail.com

Julia Quillempan y Rubén Collío, dirigentes mapuches opuestos a la hidroeléctrica en la zona de Tranguil, Panguipulli, sur de Chile.

de Coñaripe. “Por mi trabajo, la ingeniería ambiental te hace ver el territorio de manera holística”.

Existía nexo con Trekantun, guías turísticos de Liquiñe, que van contando las historias y los elementos presentes en el territorio.

También se vulneró el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que Chile suscribió en 2008. La sala de máquinas de la hidroeléctrica se emplaza en un terreno perteneciente a la comunidad Quillempan, que posee títulos de dominio desde 1919. Además, durante su construcción se destruyó, por lo menos, un eltun, un cementerio mapuche. Lo anterior fue denunciado ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre pasado.

Los ríos privados. Tras el retiro de los grandes proyectos hidroeléctricos, en el sur chileno, y en particular en la cordillera de las regiones de La Araucanía y Los Ríos, hace algunos años hicieron su aparición las “minicentrales”, aquellas que para la legislación ambiental nacional generan menos de tres megavatios. Por ende, no ingresan a la calificación del Sistema de Evaluación Ambiental, instrumento a cargo del estatal Servicio de Evaluación Ambiental, que examina los posibles efectos de los proyectos industriales sobre la naturaleza y las personas. Hoy se cuentan, a lo menos, ocho proyectos de este tipo sólo en la comuna de Panguipulli: Desagüe Riñihue, Liquiñe, Pellaifa, Piutel, Río Hueico, Raguinlelfu, Trafun y Truful, esta última en terrenos de la reserva biológica Huilo-Huilo, propiedad del empresario Víctor Petermann.

Las minicentrales han proliferado gracias al dadivoso Código de Aguas chileno, gestado en dictadura, y modificado conceptualmente de manera muy tibia en 2016. Esta legislación, paradigmática en su sello neoliberal, permite a una persona particular obtener derechos

de uso sobre las aguas superficiales. Tal utilización es con fines “no consumptivos”, es decir, donde el vital elemento no se consume. El proceso es sencillo: Se debe detectar el riachuelo, notificarlo a la Dirección General de Aguas, que si no está pedido previamente, le entrega dichas atribuciones al privado. Éste luego puede vender los derechos a una empresa, o asociarse con ella para fines hidroeléctricos o de piscicultura, por ejemplo. De esta manera, son centenares los esteros y pequeños ríos que resultan, en la práctica, separados de su entorno y de sus comunidades. “Panguipulli posee una gran cantidad de cuencas, por eso son muchos los proyectos hidroeléctricos que se quieren instalar. Seguramente luego vendrán las carreteras, las pisciculturas y las mineras”, ha señalado Jorge Weke, dirigente del Koyagtug (Parlamento) Koz Koz, una de las organizaciones mapuche del territorio. “Quieren saquear bienes que pertenecen a todos”, remata.

La muerte de Macarena Valdés. El uno de agosto pasado, miembros de la comunidad Quillempan, Coordinación Newen y otras organizaciones cortaron la ruta CH 201. Se acordó con las autoridades provinciales iniciar un proceso de diálogo. La estatal Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizaría las obras de RP Global. El viernes 19 se realizó una nueva reunión. Sin embargo, habían comenzado las amenazas contra el werken. Ha sido difundido que, durante ese fin de semana, dos personas identificadas como Juan Luengo y Osvaldo Jaramillo, lugareños que trabajan para la empresa, llegaron hasta la casa de Mónica Paillamilla para plantearle que echara a Collío del predio que ocupaba por “estar revolucionando a la gente”. Al responderles la mujer que el werken contaba con su beneplácito, los hombres le dijeron que “había gente que le quería pegar”(las frases entre comillas corresponden al testimonio de Mónica Paillamilla al periodista Mauricio

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El lunes 22 de agosto, Macarena Valdés apareció muerta en su casa, colgada desde una viga. El hallazgo fue hecho por un hijo cuando regresaba de la escuela. Collío se encontraba fuera del predio y fue alertado por vecinos de la situación.

“Ella tenía hora en el consultorio de Liquiñe (donde llevaría a su hijo de un año y ocho meses a control). Tenía las cosas listas para salir. Pañales, leche, una muda de ropa; dejó almuerzo preparado. Se estaba preparando para salir, no para quitarse la vida. Había negociado un chancho para festejar su cumpleaños. ¿Qué persona que se va a suicidar hace eso?” pregunta, con voz enronquecida, el werken.

Sobrecoge pensar que el hijo menor de la pareja vio todo lo que pasó.

Sobrecoge apreciar hoy que el corral, un baño y otras dependencias de la casa fueron construidas por la mujer. Visitar el huerto que cultivaba, ahora abandonado.

“La negra era una weichafe (guerrera). Tuvo un gran rol cuando fue el corte de ruta”, dice Collío, inundado por la emoción. “A ella la mataron, de eso no me cabe duda. Buscaban debilitarnos, desorganizarnos”.

Genera interrogantes el comportamiento de la policía en tal jornada.

El procedimiento estuvo a cargo de Francisco Sánchez, teniente del retén de Liquiñe. “Insistió en que yo saliera de la casa. Luego andaba paséandose con la cuerda en la mano.

Mucha gente lo vio”, señala el vocero mapuche. Agrega que Sánchez reaparecería al día siguiente, para la puesta del cableado, en un rol que para el werken, parecía más bien de coordinación de la faena.

“Yo tengo mucha pena y rabia personal. Pero esto es una situación como pueblo; lo mío no es un caso puntual. A la gente mapuche, a la gente de este territorio, los están matando quienes tienen dinero”, dice Collío, y poniéndolo en una perspectiva histórica, añade: “Aquí han existido prácticas de amedrentamiento. La experiencia del Complejo Maderero, si lo piensas... Los trabajadores hicieron valer sus derechos, se dignificaron.

Hoy pasa lo mismo, uno reclama sus derechos pero hay vulneración y muerte”.

El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (Cofomap) fue una experiencia de administración estatal de la empresa forestal más grande de Sudamérica, durante el gobierno del socialista Salvador Allende, en 1971. Los trabajadores, que tradicionalmente vivían en condiciones rigurosísimas, explotados por diversos latifundistas, fueron los propulsores del cambio, realizando ocupaciones de predios

madereros desde fines de los años 60’s. En Cofomap, por primera vez, tuvieron representantes en el directorio. Tras el golpe militar, decenas de sindicalistas y obreros fueron asesinados por el Ejército en sitios como Chihuío, Neltume, Futrono, Villarrica y en la cercana Liquiñe. Otros centenares fueron detenidos y torturados. El Complejo fue desmembrado durante la dictadura militar. Los terrenos que lo conformaban hoy permanecen en manos privadas.

Suicidio dudoso. A fines de agosto, tras la autopsia, el Servicio Médico Legal de Valdivia, la capital regional, certificaba que la muerte de Macarena Valdés se trataba de un suicidio. Caratuló la causal como “asfixia por ahorcamiento” y que su cuerpo no presentaba lesiones atribuibles a terceros.

Recientemente, tal examen tanatológico fue cuestionada por Luis Ravanal, médico chileno, master en medicina forense, debido a lo escueto del análisis. “La autopsia es incompleta, con numerosas omisiones descriptivas e insuficiente recolección de muestras, lo que impide actualmente determinar con certeza si se trata de una acción de tipo suicida u homicida”, señala.

En noviembre pasado, fue finalmente acogida por un tribunal en Panguipulli la querella criminal que Collío presentó contra quienes resulten responsables de la muerte de su mujer.

No son pocos los que califican la muerte de Macarena Valdés como un feminicidio ejecutado por sicarios. Es importante señalar que los asesinatos de mujeres y la violencia contra niños y jóvenes han sido temas de alta repercusión en la sociedad chilena, durante 2016.

Pedro Cardyn, de la Red de Organizaciones Socioambientales de Panguipulli, dice que, frente a lo que llama el “delirio energético” chileno existe un territorio que desea el diálogo “pero el Estado tiene que guardar las armas”, asevera.

A su juicio, este es un lugar donde se construye otro tipo de economía: “Queremos trabajar con el agua, con los glaciares, con los últimos bosques milenarios. Hay experiencias de senderismo con conciencia; está la reconstrucción de la memoria del Centro Cultural de Neltume; el fortalecimiento de la huerta mapuche, por parte del Koyagtug Koz Koz; la construcción de una economía de bajo impacto, sustentable, basada en la reciprocidad, que quizás nos permita salir del cataclismo en que está el planeta”. *Publicado originalmente en la revista Punto Final, número 864 (11 al 24 de noviembre de 2016), http://redpanguipulli.cl/index.php/2016/12/22/ reportaje-tranguil-una-historia-de-violencia/

Chile

AGROECOLOGÍA LOCAL CAMPESINA, UNA ALTERNATIVA AL MODELO AGROEXPORTADOR Raúl Quinteros Opazo Agrónomo, miembro de Slow Food raul.quinteros@gmail.com

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l desarrollo de la agricultura nacional en Chile desde los albores de la “revolución verde” ha sido acompañado por impulsos modernizadores e industrializadores desde el Estado. En la década de los 40’s la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) permitió desarrollar la minería, la electricidad, la industria, el comercio, el transporte y la agricultura.

Más tarde, en el periodo de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, en 1962, el gobierno de Chile creó el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), que se encarga desde entonces del fomento de la agricultura familiar campesina. En 1964 nació el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), que tiene a su cargo desde entonces la investigación para la modernización del agro nacional y que junto al Indap y nueve instituciones más configuran hoy el Ministerio de Agricultura de Chile.

Los enfoques modernizadores se profundizaron con la implementación del modelo neoliberal impuesto por la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte (1973-1989) que impulsó una fuerte apertura comercial al mundo, con un agro nacional orientado a la agroexportación, con paquetes tecnológicos de la revolución verde. Luego los gobiernos democráticos desde 1990 han administrado el modelo neoliberal, aplicando políticas de ajustes y reingeniería institucional, sin cuestionar el enfoque de la revolución verde. Desde mediados del 2000, se aplican políticas para convertir a Chile en una potencia agroalimentaria y forestal. El modelo ha sido exitoso y ha favorecido a los empresarios agrícolas de la zona centro del país, y más de 140 mil explotaciones campesinas atendidas por Indap han quedado al margen de ese proceso.

En los años 80’s en el mundo se configuró el enfoque de los sistemas de producción agroecológicos que reconoce a la agricultura milenaria, campesina e indígena, como el saber primogénito de la agricultura natural, y que hoy alcanza el reconocimiento de ciencia por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que genera un portal

FOTO: Cecila Guineo

Durán, de www.elpuelche. cl. Disponibles en la web).

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abierto de intercambio de experiencias para divulgar, validar y compartir este saber sistémico y milenario (http://www.fao.org/ agroecology/overview/es/).

En Chile el Centro de Educación y Tecnología (CET) fue pionero en impulsar desde 1981 el enfoque agroecológico. Generó una propuesta metodológica, tecnológica y pedagógica para el cambio, que apuntó en un primer momento a la seguridad alimentaria y el desarrollo de capacidades técnicas y sociales en las comunidades campesinas; haciendo uso de prácticas de agricultura orgánica, y que más tarde desarrolló profundamente el enfoque agroecológico. Desde entonces se han derivado diversas experiencias de personas e instituciones que han desarrollado agroecología por más de 30 años, fuera del modelo globalizante y agroexportador en diversas del zonas del país.

En la Región de Los Lagos, el CET de Chiloé (1985) es un ejemplo institucional, y la señora Cecilia Guineo, un ejemplo de experiencia individual. Se trata de una productora campesina mapuche huilliche, curadora de semilla, productora de papas y ajo chilote; que por más de 30 años ha desarrollado su parcela de 60 hectáreas con un enfoque agroecológico; produce leche de vacas y horticultura, muy vinculada a la industria láctea local y al mercado local de hortalizas. Esta agricultora es referente nacional en materia de producción agroecológica, líder natural y formal en distintas organizaciones y referente del sitio Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola MundialFAO (SIPAM-FAO) en Chiloé.

En la Región de Los Ríos surgió en 2013 una experiencia municipal, la Escuela Agroecológica de Lumaco en la Comu-

na de Paillaco, que contribuye al enfoque agroecológico, al conformar una comunidad de aprendizaje abierto, entre agricultores mapuche y no mapuche, técnicos y profesionales del agro y otras disciplinas, a partir de un predio de ocho hectáreas de la Ex Escuela Rural de Lumaco. Aquí acontece un fenómeno de construcción de nuevo conocimiento a partir de los saberes locales, puestos en movimiento por un municipio rural sensible a las temáticas ambientales y de producción limpia y que ha fomentado los circuitos cortos de comercialización. En esta comuna se ha instaurado el Cuarto Mercado de la Tierra de Slow Food en Chile, el primero de la Región de Los Ríos.

En la Región del Maule se creó el Centro Agroecológico de Longavi (Ceal) en 2013, a partir de profesionales, técnicos y campesinos, que, apabullados por el modelo de producción basado en la revolución verde, se lanzaron al rescate de un modelo campesino de orientación agroecológica, en una zona que es eminentemente convencional, frutícola, vitivinícola y hortícola de exportación, e intentan demostrar que es posible realizar una horticultura y fruticultura, agroecológica, económicamente rentable, socialmente viable y ambientalmente sustentable. Su estrategia base es la fabricación de bioinsumos y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. Además de lo anterior, el Cael aportará un nuevo estudio de caso que se sumará a los existentes y publicados por la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (Socla) en torno a la capacidad de resiliencia que poseen estos sistemas agroecológicos; ante los efectos del cambio climático.

Estos casos y otros muchos a lo largo del país pueden ser apoyados por Indap, INIA y otras instituciones públicas del Ministerio de Agricultura, formando profesionales y técnicos y desarrollando núcleos de producción agroecológica, con articulación a circuitos cortos de comercialización diferenciados, en los cuales se ponga en valor el producto local, por sus atributos de ser alimentos buenos, sanos, limpios y provenientes de procesos productivos amigables con el medio ambiente y de territorios con identidad y activos bioculturales.

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EL ACUERDO DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC-EP Y SUS IMPLICACIONES EN EL CAMPO Luz Angélica Dueñas Checa Socióloga. Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco angelica.du@hotmail.com Lo que una sociedad gasta en la guerra lo está perdiendo en oportunidades para una mejor vida. Suena dramáticamente parecido a decir que lo que cuesta una guerra son vidas perdidas y días perdidos de vida de millones de personas. Una y otra cuenta puede referirse a medidas distintas y los contadores dirán que no se suman ni se restan, pero al final significan lo mismo: lo que se dedica a destruir y lo que se destruye.

Camilo Gonzáles Pozo (agosto, 2016)

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uando empecé a pensar sobre el tema que escribiría para este número de La Jornada del Campo, volvió a mi memoria el duro momento vivido el 2 de octubre de 2016 después de las votaciones para refrendar el Acuerdo de Paz firmado en La Habana y la postura de todos aquellos que promovieron el No en Colombia. Volvió a mí la indignación y el dolor de patria, pero también en ese momento renació la esperanza y la necesidad de ofrecer argumentos para aquellos que piensan que es mejor continuar en guerra. Mi apuesta seguirá siendo por una paz imperfecta en contra de una perfecta guerra.

Muchos personajes importantes, académicos, intelectuales, líderes de izquierda, se atreven a cuestionar el proceso de negociación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revo-

lucionarias de Colombia (FARC) desde la comodidad de los escritorios o, tal vez, desde la lucha política de otros escenarios en los que no les ha tocado enfrentar directamente la crueldad de la guerra.

Es muy fácil llamar a mantenerse en las armas cuando no es uno el que está combatiendo. Este llamado es muy parecido al de los políticos liderados por Uribe, de extrema derecha, quienes insisten en preservar la guerra porque es un negocio con el que lucran utilizando la vida de los hijos de campesinas y campesinos, afrodescendientes o gente humilde de las ciudades que se han visto obligados a enfilar los ejércitos regulares o irregulares de Colombia.

Y es que la guerra en Colombia no es un juego y las armas no son de madera o de juguete. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto armado entre 1958 y 2012 causó la muerte de 218 mil 94 personas; de ellas, 19 por ciento (40 mil 787) fueron combatientes y 81 por ciento (177 mil 307) fueron civiles. Y 27 mil 73 personas fueron víctimas de secuestro durante 1970-2012.

Entre 1981 y 2012 se registraron 23 mil 161 víctimas de asesinato selectivo. Entre 1985 y 2012 hubo mil 982 casos

La guerra en Colombia ha sido siempre fundamentalmente la guerra por la posesión de la tierra. Así fue en la larga y lenta etapa de la conquista y la Colonia, en la agitada etapa de la Independencia, en las reiterativas guerras civiles del siglo XIX, en la llamada “violencia” de los años 50´s de este siglo [XX], con los pájaros y los chulavitas, en la guerra “revolucionaria” o “antisubversiva” de las guerrillas y las contraguerrillas, y, últimamente, en la de los narcos, los paramilitares y las Convivir.

Antonio Caballero (1997), La tierra y la guerra

masacres con 11 mil 751 víctimas, 27 mil siete víctimas de desaparición forzada y mil 754 víctimas de violencia sexual; también, diez mil 189 víctimas de minas, de las cuales dos mil 119 murieron y ocho mil 70 resultaron lesionadas. Finalmente, la cifra más aterradora de todo este proceso de violencia: 6.8 millones de víctimas de desplazamiento forzado.

Estos datos demuestran la crueldad de una guerra prolongada por más de un siglo y recrudecida durante los 60 años recientes, especialmente en el campo. Por eso, reafirmo mi apoyo total al Acuerdo de Paz convencida de que es la mejor alternativa para la defensa de la vida y la lucha contra el sistema capitalista, y también con la claridad política de que las FARC no negociaron el fin del capitalismo en Colombia, la toma del poder para la construcción del socialismo y mucho menos negociaron sus principios.

Al contrario, considero que este Acuerdo, firmado en La Habana el 24 de agosto de 2016, abren un abanico de posibilidades para fortalecer la organización del movimiento social, campesino, indígena, afrodescendiente, popular y estudiantil que continúa en la lucha por otros mundos posibles.

REFORMA RURAL INTEGRAL: PRIMER PUNTO DEL ACUERDO DE PAZ Luz Angélica Dueñas Socióloga. Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco angelica.du@hotmail.com

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l Acuerdo de Paz en sí mismo genera un alto impacto positivo en el sector rural. Esto ya es evidente desde el momento en que se declaró el cese unilateral

al fuego y las cifras de algunos indicadores de la violencia empezaron a disminuir notablemente.

Sin embargo, el punto que se espera influya directamente en el mejoramiento de las condiciones

de vida de los habitantes del sector rural es el primero: Reforma Rural Integral, que pretende disminuir la brecha de desigualdad que existe entre el campo y la ciudad y resolver algunos problemas que han sido considerados las principales causas del origen del conflicto armado en Colombia y que están ligados al tema de la tierra.

Según el Informe 2011 de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia tiene un coeficiente Gini de tierras de 0.86, que lo ubica como uno de los países de América Latina con mayor concentración de tierra y mayor desigualdad en la propiedad rural. A esto se suma el inapropiado uso del suelo rural, pues aunque existen 23 millones de hectáreas propias para la vocación agrícola, sólo se dedican a esta actividad siete millones hectáreas, y por otra parte, se dedican 34 millones de hectáreas a la ganadería, cuando sólo diez millones tienen vocación para ello.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, con el presidente de Cuba, Raúl Castro, en el centro, en La Habana, en la firma del Acuerdo de Paz de Colombia.

Otro grave problema ligado a la tierra es la informalidad y desactualización de los catastros en el área rural. Según los datos proporcionados por el Acuerdo de Paz (2016), 59 por ciento de los propietarios no han actualizado el catastro, 26 por ciento

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se encuentran sin registro y sólo 15 por ciento tiene algún registro. La actualización y formalización de los predios rurales se constituyó en una de las puntas del iceberg en la refrendación del Acuerdo, pues los terratenientes y usurpadores no quieren registrar sus tierras, ya que ello los obligaría a declarar impuestos y en algunos casos a devolver tierras que no han sido legalmente adquiridas.

La Reforma Rural Integral busca resolver estos problemas por medio de tres pilares fundamentales: 1. Tierra: La construcción de paz pasa por resolver el tema de la tierra: para ello el Acuerdo divide el problema en dos escenarios: a. Acceso integral a la tierra: Consiste en dotar de tie-

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rras a las familias campesinas que no tienen o que tienen de forma insuficiente, con la claridad de que no basta con entregar la tierra, sino se cuenta con un plan de creación de bienes públicos adicionales como vías terciarias, asistencia técnica, salud y educación. El acuerdo establece tres mecanismos para lograr el acceso integral a la tierra: 1) Fondo de tierras para la distribución, que implica tierras que han sido adquiridas por narcotraficantes o testaferros de ellos y que el Estado debe recuperar, y baldíos ilegalmente adquiridos o indebidamente ocupados. 2) Subsidio especial para apoyar a los campesinos en la adquisición de nuevas tierras.

3) Línea especial de crédito en términos de cantidad, plazos

e intereses. A esto se agrega el plan de formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural ya que el 60 por ciento de los pequeños propietarios no cuentan con la formalización necesaria de la tierra. Los beneficiarios de esta medida en general serán los trabajadores rurales que tengan vocación para la producción agrícola, con prioridad dada a las mujeres y a las asociaciones campesinas. b. Uso del suelo: Busca armonizar la vocación que tienen los suelos en Colombia con el uso real que se les está dando, cerrar la frontera agrícola para la sostenibilidad ambiental, llevar la justicia al campo y mejorar la planeación y participación ciudadana. Las medidas son: 1)

Creación de un catastro multipropósito para la formalización y actualización de los catastros en el área rural. 2) Mejorar el recaudo del impuesto del predio rural, para mejorar e incentivar el uso productivo del suelo y desincentivar la concentración improductiva de la tierra.

3) Creación de la jurisdicción agraria con capacidad en el territorio para resolver conflictos de tenencia y uso de la tierra; con esto se busca garantizar el acceso a la justicia. 4) Plan de Zonificación Ambiental para cerrar la frontera agrícola y proteger los recursos naturales del país. 5) Reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina como figura para apoyar a ciertas comunidades campesinas en el desarrollo de su proyecto de vida y planes para la generación de ingresos con mayor presencia del Estado.

2. Planes Nacionales que complementan los compromisos adquiridos en términos de tierras; buscan la reducción de la pobreza en un 50 por ciento.

Se acordó realizar planes nacionales en temas de: a. Infraestructura: 1) Las vías terciarias están totalmente abandonadas por el Estado; mejorarlas generará un alto impacto en las condiciones de vida de los habitantes de los sectores rurales. 2) Plan Nacional de riego y drenaje para recuperar y construir nuevos distritos de riego para apoyar proyectos de economía campesina. 3) Plan de electrificación y conectividad rural. b. Desarrollo Social: planes nacionales en materia de salud, educación, vivienda, agua potable y saneamiento básico para las comunidades

rurales con un enfoque territorial y de acuerdo con sus necesidades y particularidades, por medio de la creación de modelos flexibles. c. Estímulo a la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria; para ello se establece la creación de: 1) Plan Nacional de Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica. 2) Plan Nacional de Crédito. 3) Fondos rotatorios para las finanzas rurales. 4). Fomento a la economía solidaria. 5) Plan Nacional para la Comercialización Agropecuaria. 6) Plan Nacional para la formalización del trabajo rural y acceso a mecanismo de protección social (salud, pensión y riesgos profesionales). 7. Sistema de Seguridad Alimentaria.

3. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial: Buscan sincronizar las acciones del Estado en las zonas que fueron identificadas como prioritarias en la mesa de diálogo en La Habana, según el nivel de afectación por el conflicto armado, mayor pobreza, mayor abandono estatal y mayor presencia de cultivos ilegales.

Se busca construir desde las regiones el Estado por medio de los diferentes mecanismos de participación ciudadana.

Esta no es la reforma rural más deseada, pero es la que permitió negociar en este momento la correlación de fuerzas y la que generará las condiciones para que los campesinos, indígenas y afrodescendientes tengan todas las posibilidades de seguir luchando, en condiciones de vida digna, contra el sistema capitalista y por otros mundos posibles, más justos, humanos, solidarios y en paz.

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LA HISTORIA AGRARIA DE COLOMBIA: ENTRE EL DOLOR, EL ASOMBRO Y LA ESPERANZA Tomás León Sicard Agrólogo, Dr. Profesor titular Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) teleons@unal.edu.co

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olombia, al igual que muchos países de América Latina, ocupa un privilegiado territorio que asombra a primera vista por su exuberancia y riqueza. Con una extensión de 114 millones de hectáreas, incrustada en el norte de Suramérica y bañada por dos océanos de distintas naturalezas, presenta todos los climas: desde las nieves perpetuas vinculadas a las altas cimas de la cordillera de los Andes, hasta los desiertos de la península de la Guajira, territorio de la etnia wayu –que hoy ve morir a sus niños de hambre– pasando por las regiones más lluviosas del mundo en la costa occidental del denominado Andén Chocoano, en donde existen lugares donde pueden caer al año 14 mil milímetros de precipitación pluvial, algo así como ver llover todos los días al estilo de las figuras macondianas de Gabriel García Márquez.

Este es además un país con todos los tipos de suelos reconocidos hoy por las distintas taxonomías científicas: desde aquellos extremadamente fértiles de la sabana de Bogotá, reconocida por sus extensas zonas cubiertas de invernaderos de plástico para el cultivo de flores de exportación, pasando por los negros suelos del Valle del río Cauca, que alberga una de las más tecnificadas áreas del mundo en la producción de caña de azúcar, hasta los prodigiosos suelos de cenizas volcánicas que constituyen la base fértil del paisaje cultural cafetero (más de un millón de hectáreas suavemente colinadas en donde se produce el aroma del mejor café del mundo).

Al oriente de la cordillera andina, Colombia también posee casi 25 millones de hectáreas planas, en una extensa llanura semejante al cerrado brasilero, con tierras de suelos rojos y ácidos que antaño fueron usadas en inmensas ganaderías extensivas y que hoy son objeto de disputa por distintos tipos de intereses, que intentan acapararlas.

Ahí mismo, en el sur, el inmenso tapete verde de las tierras amazónicas, cubiertas por una espesa selva húmeda tropical y que abarca buena parte de la nación (unas 38 millones de hectáreas), espera en silencio las distintas arremetidas de la civilización occidental que en distintas oleadas de violencia le han arrancado el caucho, la quina, las maderas preciosas, las pieles de

animales y las plantas de coca, y que hoy le arrancan el oro, matando en silencio, en plazos desconocidos y por fuera de las estadísticas oficiales, a sus habitantes originales.

ñores rey é reyna de Castilla, é de Aragón é por sus navios desde la dicha raya…pertenezca á los dichos señores rey é reyna de Castilla, de León, etc., é á sus subcesores para siempre jamas...”.

Pero Colombia también es uno de los países de la llamada mega biodiversidad y ocupa uno de los más altos puestos en especies de aves, peces, mamíferos y reptiles del mundo, a la vez que posee una extraordinaria riqueza hídrica que la hizo merecedora de estar, al finalizar el siglo, entre los cuatro países de mayores caudales de agua del planeta. Los Andes colombianos, esa extensa trama de montañas altas que cruza el país de sur a norte cabalgando en tres imponentes sistemas cordilleranos, recoge toda esa biodiversidad y esos potenciales hídricos y origina una extensa red de fincas campesinas, trepadas en pendientes abruptas, insertas en valles brumosos o bordeando páramos fríos, inmensamente ricos en cripto-vegetaciones, que producen cerca de 64 por ciento de los alimentos consumidos por los colombianos.

Para siempre jamás. Así termina este texto que está en la base de todos los males de América y de Colombia y que debiera ser una referencia obligatoria en todas las escuelas y universidades del país.

Pero que casi nadie conoce. Se expropia la tierra de la gente americana y se le entrega a extranjeros, para siempre jamás, en virtud solamente de la fuerza y de la violencia, amparados por una norma simbólica y ajena, herencia de sangre que recibimos los nacidos en esta parte del mundo y que hasta ahora nos persigue.

Y este trasfondo de riquezas naturales, que asombran al visitante por su belleza y diversidad, es el que sirvió y aún sirve de escenario para una desgarradora y tremenda guerra, que ha llevado a los habitantes de esta privilegiada región del mundo a matarse en aras de dudosas recompensas, en un proceso iniciado, quién lo creyera, en un acuerdo de voluntades de personas que jamás pisaron suelo americano y que sólo tenían noticias vagas de un mundo exótico, lejano, ubicado quizás en las Indias occidentales.

Remontémonos pues un poco al pasado. Mayo de 1493. Los forcejeos de españoles y portugueses por apropiarse del recién descubierto mundo occidental prontamente se resuelven en el Tratado de Tordesillas, ratificado por el papa Alejandro VI en su bula inter caetera (entre nosotros), que le concedió el dominio eminente de tierras, bosques, aguas y “…de todo lo que se descobriere o ha de é que todo lo que hasta aquí se ha fallado é descobierto, é de aquí adelante se hallare, é descobriere…al dicho señor rey de Portugal é á sus subcesores, para siempre jamas, é que todo lo otro, asy islas, como tierra firme, halladas y por hallar, descubiertas y por descobrir, que son ó fueren halladas por los dichos se-

Porque el conflicto colombiano que hoy está en la puerta de ser mitigado, tiene raíces agrarias, raíces en la tierra, raíces en el Tratado de Tordesillas. El genocidio español y la apropiación violenta de tierras por encomiendas, mercedes reales y donaciones directas de la corona española, nunca sanaron, nunca se enmendaron, nunca se perdonaron. Ni siquiera con la etapa de la independencia que, a decir de los estudiosos del tema, fue solamente un cambio de dueño. La reforma agraria, tan esperada desde el siglo XX, nunca se realizó.

Colombia pudo, tal vez como lo hizo México, distribuir la tierra de manera equitativa, restituyéndola a los herederos de los habitantes originales, hoy campesinos de ruana y machete. Pero la élite terrateniente lo impidió muchas veces. El Pacto de Chicoral, documento firmado el 9 de enero de 1972 por políticos y terratenientes, otro proceso simbólico finalizado en leyes de la nación, echó por la borda los esfuerzos de quienes veían en ese entonces la posibilidad de modernizar el campo y realizar una reforma agraria para construir una patria en paz en la que cupiésemos todos.

No se pudo antes y no se pudo tampoco ahora. A pesar de la reciente firma de los nuevos Acuer-

dos de Paz de La Habana, el acceso democrático a la tierra y a los recursos que posibilitan su uso adecuado (educación, salud, tecnologías apropiadas, infraestructura de servicios, honestidad del comercio, participación política) todavía queda como una esperanza aplazada para el pueblo campesino colombiano, como un anhelo y un suspiro, como un saber que sí se puede, que no es difícil…que al final, nadie puede poseer nada para siempre y que la máxima cantidad de tierra que requiere un ser humano para su bienestar es, a lo sumo, dos metros cuadrados o un metro cúbico.

Todo lo demás a la vez es ganancia y vanidad.

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Cuba

LA REFORMA AGRARIA EN LA REVOLUCIÓN: JUSTICIA PARA LOS CAMPESINOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO Milton Gabriel Hernández García Investigador titular del INAH kuxikan@yahoo.com.mx

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Con agradecimiento, a Fidel Castro Ruz, in memoriam

a Revolución cubana encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz tiene un significado profundo en la historia latinoamericana de las luchas del campesinado. Una vez que hubo triunfado el movimiento revolucionario en 1959, cuatro meses después fue proclamada la Reforma Agraria, que empezó por disolver el latifundio y toda forma de propiedad capitalista de las tierras. La expropiación inició con las empresas estadounidenses que controlaban más de 700 mil hectáreas en la isla: Atlántica del Golfo, Grupo Rionda, Cuban American Sugar y la United Fruit Sugar Company. Éstas intentaron impedir a toda costa la recuperación revolucionaria de la superficie que controlaban. El 11 de junio de 1959, el Departamento de Estado de los Estados Unidos envió una Nota Diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, mediante su sede en La Habana, exigiendo el pago “rápido, adecuado y en efectivo” por los bienes expropiados a las empresas de la Unión Americana.

Con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959, se produjeron en el campo cubano una serie de cambios estructurales que favorecieron a los productores que eran sometidos a crueles condiciones de explotación y que vivían en situaciones de desnutrición, analfabetismo y acoso permanente por las trasnacionales latifundistas estadounidenses. El 75 por ciento de las tierras se encontraba en manos de una minoría, principalmente extranjera y la economía nacional giraba en torno a las condiciones neocoloniales y de dependencia propias de las “repúblicas bananeras”. Al referirse al inicio de la Reforma Agraria, Fidel señaló que esa era una “Revolución verdadera de los humildes para los humildes”.

Mediante esta ley se erradicó el latifundio y la propiedad foránea sobre los bienes rústicos y se entregó la propiedad de la tierra al que la trabajaba, con lo cual se benefició a más de cien mil campesinos. La segunda Ley de Reforma Agraria fue promulgada en octubre de 1963, una vez que se había ya definido el carácter socialista de la Revolución y se había enmarcado en la lucha de clases de ese momento. Median-

La Revolución ha contribuido también a nivelar las relaciones entre campo y ciudad, que antes de la Revolución eran absolutamente asimétricas. En 57 años de proceso revolucionario, se ha sustituido el desempleo permanente y estacional con el empleo permanente de los trabajadores rurales. Se ha extendido a todas las áreas rurales del país la política social de la Revolución, por medio del disfrute universal y gratuito de servicios públicos como la salud, la educación, el deporte, el acceso a la cultura, la seguridad y la asistencia social, con reconocimiento de órganos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Se creó una extensa infraestructura conformada por sistemas viales, electrificación, sistemas hidráulicos, viviendas, instalaciones de servicios sociales y de comunicación que abarca hoy casi la totalidad del territorio rural.

A pesar de su profundo contenido agrario, en las primeras décadas de la Revolución, los campesinos cubanos ocuparon un papel subalterno. La producción agrícola alentada por el Estado socialista estuvo orientada a la especialización del monocultivo de la caña de azúcar, por lo que la producción campesina, diversificada, a escala familiar, necesaria para romper la dependencia alimentaria, se desdibujó de las políticas oficialistas. La tendencia descampesinista caracterizó a las primeras cuatro décadas del proceso revolucionario. Sin embargo, la desaparición de la Unión Soviética y la crisis alimentaria del “periodo especial” generaron las condiciones para la emergencia de actores que apostaron por una vía campesina al socialismo. El viraje en curso ha posibilitado la diversificación de la producción agropecuaria, avanzando a la construcción de la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) es uno de los actores que contribuido a la reorientación campesina de la Revolución, fortaleciendo la producción agroecológica, orgánica y sostenible.

te el segundo ordenamiento jurídico, quedaban automáticamente nacionalizados todos los predios o fincas con más de 67 hectáreas, el sector estatal de la agricultura detentaba 66 por ciento de las tierras y se convertía en base del desarrollo socialista de la agricultura cubana (Valdés, 2011).

Uno de los periodos de mayor intensidad revolucionaria y contrarevolucionaria en el proceso de Reforma Agraria fue sin duda el de 1959-63, cuando se expidieron las dos leyes agrarias, se constituyó un sector estatal de la agricultura y

se recuperó y se devolvió la tierra a los campesinos, con las reacciones imperialistas que esto llegó a generar. Lo que se conoce como el Periodo Especial, a consecuencia de la combinación entre el derrumbe de la Unión Soviética y el bloqueo del imperialismo estadounidense, creó las condiciones para una nueva etapa en la Reforma Agraria, a partir de 1993. La crisis agraria desatada en la década de 1990, a causa del desaprovisionamiento, la descapitalización, el derrumbe del modelo tecnológico, la falta de fuerza de trabajo agrícola, entre otros factores, dio lugar a la

necesidad emergente de redistribuir las tierras nacionalizadas a favor de cooperativas y del sector campesino, lo cual provocó la desestatización de la estructura de la tenencia, de 80 a 40 por ciento de las tierras (Valdés, 2011).

Aun cuando una parte importante de las tierras es de propiedad estatal, éstas se gestionan por medio de formas no estatales, como las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC) y las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).

El proceso agrario cubano ha sido parte sustancial de la Revolución y al mismo tiempo, uno de sus ejes fundamentales en el horizonte de la construcción del socialismo. Este proceso, por supuesto, no ha estado exento de contradicciones y desafíos. Sin embargo, en el actual momento de la violenta expansión global del capital por la vía del despojo de tierras y territorios, del cual podemos ser testigos a lo largo y ancho de nuestra América, el proceso agrario de la Revolución cubana adquiere una renovada vigencia en la lucha de los pueblos por su dignidad y emancipación.

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DE LA INDUSTRIA A LA TIERRA, UNA ESTRATEGIA DE VIDA COMPARTIDA Ayme Plasencia Pons Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa Comunitaria (CIERIC), Cuba ayme@cieric.co.cu

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l sur de la provincia de Las Tunas, en la región oriental de la isla de Cuba, se ubica un municipio que se llama Jobabo y surgió en el año 1912 a partir de la construcción de su central azucarero. Este Central se erigió como un símbolo del modelo agroindustrial y como generador de una diversidad de servicios comunitarios importantes, que garantizaron otras actividades económicas y sociales de la población.

Con el triunfo de la Revolución cubana, el uno de enero de 1959, la industria azucarera se convirtió en el principal renglón económico y las poblaciones cercanas a los centrales participaron, al igual que todo el país, en construir los beneficios sociales que trajo consigo el proyecto revolucionario.

Con el cambio del modo de producción, el Central de Jobabo se mostró como una industria con disponibilidad de fuentes de empleo y posibilidades de superación profesional. Las modernizaciones tecnológicas realizadas en la industria y la mecanización de la caña contribuyeron a que todos los hermanos de Rosalía y de Alberto estuvieran vinculados al Central de una u otra forma. Pasaron de ser campesinos a obreros industriales, incluso algunos transitaron por varios empleos a lo largo de su vida laboral, mientras que otros se especializaron en oficios determinados.

En el caso de Rosalía, comenzó a trabajar en el Central en el año 1978, primero en la pesa de azúcar y luego como operadora de centrífuga. Mientras que Alberto a finales de los años 60’s comenzó a trabajar como operador de carga de azúcar, luego como director de almacén y terminó siendo el responsable de las producciones derivadas de la caña del azúcar, tales como miel, cachaza y bagazos.

Los hijos de ambos no trabajaron

FOTO: Ayme Plasencia Pons

Por varias generaciones las familias de Jobabo encontraron en la actividad agroindustrial del azúcar una fuente de empleo. Ha llegado a ser una actividad productiva tan importante y de tanto arraigo, que hoy en día lo jobabenses se identifican como un pueblo azucarero, aunque ya no producen azúcar.

Una de las familias que se identifica con el trabajo del Central son los Ávila Remón, formada por el matrimonio de Rosalía Remón y Alberto Ávila. Ambos de origen campesino, vinculados a la agricultura cañera y a los trabajos de mantenimiento de vías ferroviarias del Central. Les tocó vivir el periodo pre-revolucionario, donde estos trabajos eran muy mal pagados, sin acceso a la educación y a la salud.

y guanajos. La preparación de la tierra la realizan con una yunta de bueyes y la siembra es manual.

La estancia de Rosalía y Alberto es el punto de confluencia familiar. Casi todos los días son visitados por alguno de sus parientes (hermanos, hermanas y sobrinos) y sus hijos. Ellos también contribuyen con el trabajo del campo, que no es nada fácil, sobre todo cuando hay que sembrar y cosechar. En este sentido la opción los Ávila Remón de volver al campo es una estrategia de vida compartida con la familia. Sin su ayuda hubiera más difícil lograr los resultados que tienen hoy.

Alberto Ávila y su hijo preparando la tierra

en el Central, pero dominaban con exactitud los detalles del proceso de producción del azúcar, pues era tema de conversación cotidiano entre la familia.

A partir de la década de los 90’s, tras el derrumbe del campo socialista de Europa, Cuba vivió una etapa conocida como Periodo Especial, que trajo profundos cambios en la economía y en la vida social. Como parte de estos cambios, en 2002, el Estado implementó la mayor transformación que ha existido en el sector azucarero, desactivando alrededor de 70 centrales en su mayoría construidos antes del triunfo de la Revolución. Uno de los Centrales desmantelados fue el de Jobabo, lo que generó la pérdida de la mayor fuente de empleo, la desarticulación de la vida cotidiana de sus pobladores y fuertes cambios en su identidad social.

La transformación implementada en la agroindustria del azúcar fue un complejo proceso que se llamó “reconversión azucarera”. Al mismo tiempo que se cerraron los centrales, se aplicaron varios programas orientados a compensar las desventajas sociales que este proceso podría ocasionar. Sobre todo porque, siendo consecuentes con los principios humanistas del socialismo cubano, se aseguraba que los azucareros, tanto obreros como cañeros, no quedarían desamparados y tendrían ciertas garantías durante un periodo hasta que se reubicaran en otros puestos de trabajo.

En el caso de la familia Ávila Remón, al cesar el Central y obtener una jubilación anticipada, optaron por irse a vivir y trabajar en el campo. Se trata de una pequeña porción de tierra, propiedad de Alberto, en la que pudieron sembrar y criar animales. Trabajar la tierra está en los orígenes de esta familia, por tanto no les resulta ajena la ac-

tividad y todo lo que conlleva en términos de preparación de condiciones, esfuerzo y sistematicidad en las jornadas de labor. En su vida cotidiana mientras fueron obreros del Central siempre tuvieron animales de traspatio y cuando fueron niños tuvieron que ayudar a sus padres en las labores del campo.

Esta decisión familiar de reinventarse su vida como campesinos tuvo lugar en un contexto nacional bastante favorable. Durante ese periodo el Estado impulsó transformaciones en la agricultura, estimuló la entrega de tierras en usufructos con el propósito de ponerlas a producir y aumentar la disponibilidad de alimentos. Fue por ello que en 2008 se implementó el Decreto Ley 259 que facilitó la entrega de tierras y permitió que miles de personas de todo el país hicieran una contribución a la producción de alimentos de sus territorios y mejoraran su economía familiar. Luego, en el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011, quedaron aprobados los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, donde quedó explicitada la Política Agroindustrial del país.

En los Lineamientos quedó expresada la voluntad política de continuar con la entrega de tierras con uso productivo para aumentar los rendimientos y asegurar la sostenibilidad, así como adoptar un nuevo modelo de gestión con el fin de promover una mayor autonomía a los productores y ganar en eficiencia. Hay una intención de la repoblación gradual del campo con la adopción de medidas que estimulen la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral del sector, y que ésta contemple el asentamiento familiar definitivo.

Además que incentiven la incorporación y permanencia de jóvenes al sector agropecuario; en particular propiciar la entrega de tierras en usufructo como vía de empleo.

Algunas de estas medidas están recogidas en el Decreto Ley 300 que entró en vigor en 2012, y que junto a sus posteriores modificaciones, ofrece mayores facilidades a los usufructuarios. Las nuevas modificaciones a este Decreto posibilitan ampliar la cantidad máxima de tierras a entregar, manteniendo la solicitud inicial en un área de 13.42 hectáreas, pero con posibilidades de extenderse hasta 67.10 hectáreas (cinco caballerías). Anteriormente se aprobaban hasta 40.26 hectáreas. La vinculación del usufructuario podrá ser de cualquier forma productiva, siempre y cuando sea por medio de un contrato con una Granja Estatal, una Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) o una Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA), ubicada en una proximidad de hasta cinco kilómetros.

Otro elemento novedoso que incorpora este Decreto es que la tierra en usufructo se otorga a las personas naturales por un término de hasta diez años, prorrogables sucesivamente por igual término, y para las personas jurídicas hasta 25 años, prorrogables por 25 más. Además en la misma área productiva el usufructuario puede construir una vivienda. Eso ha sido un reclamo que por muchos años han hecho los campesinos para garantizar la vigilancia y atención de los cultivos.

Todo esto le permitió a Alberto solicitar crédito al banco, construir una pequeña vivienda en su tierra y crear las condiciones necesarias para criar animales, sobre todo ganado menor y mayor. A este espacio donde actualmente viven y que cultivan lo llaman la estancia, es el modo en que los jobabense nombran la tierra que pueden trabajar. En la estancia de Rosalía y Alberto en este momento hay sembrado yuca, frijoles, caña para el consumo animal, maíz y tomate, entre otros cultivos. Y crían cerdos, carneros, chivos, gallinas

Si bien tiene un “saber hacer” de las actividades agrícolas, esta familia tuvo que modificar sus prácticas habituales de trabajo.

Cuando laboraban en el Central sus prácticas y tiempo estaban regidos y organizados por un Plan de Producción diseñado desde el nivel nacional por el Ministerio del Azúcar. Además estaba sujeto al manejo y dominio de una tecnología industrial para poder obtener un resultado de su trabajo; hoy en día esta familia trabaja la tierra con sus manos, su experiencia y conocimientos, y casi todo el resultado de esta labor depende de su propio esfuerzo, de la aplicación de su saber, del apoyo de los parientes, de los recursos materiales de que disponga, de su nivel de gestión y de su motivación personal.

Tanto el trabajo que realiza Alberto en el campo, como el que desempeña Rosalía en la casa, son un trabajo duro y por momentos agotador, sobre todo porque no cuentan con todas las condiciones necesarias. Sin embargo disfrutan de los resultados y de la tranquilidad que ofrece la vida en el campo. Ha habido un significativo cambio en su vida cotidiana, ya no están atados al ciclo productivo del azúcar que requería una práctica diferente, ahora viven en el mismo espacio en que trabajan y reajustan su dinámica en función del ciclo de la siembra y la crianza de la animales.

La estrategia de vida de la familia Ávila Remón ha estado motivada por el sentido del trabajo, la tierra y el resultado que obtienen. Esta es la misma estrategia de muchas familias campesinas que hoy en Cuba viven y trabajan en las tierras donde producen. Poco a poco la implementación de la política está permitiendo que la opción de sustento de trabajar la tierra se convierta en estrategia de vida para las familias, donde se comparte el trabajo y se resignifican sentidos entre varias generaciones.

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Ecuador

DESARROLLISMO Y EXTRACTIVISMO Francisco Hidalgo Flor Sociólogo. Investigador del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador (SIPAE) y profesor de sociología agraria en la Universidad Central del Ecuador francisco.hidalgo.flor@gmail.com

E

l despliegue del campo en el Ecuador en los años recientes atraviesa fuertemente por dos coordenadas que antes asomaban como opuestas pero que en la realidad se han conjugado: desarrollismo y extractivismo.

La fase más intensa de desarrollismo en la historia del Ecuador, a diferencia de la mayor parte de Latinoamérica, que lo vivió en el siglo anterior, se ha desplegado ahora entre 2007 y 2017 de la mano del régimen denominado progresista presidido por Rafael Correa.

La más intensa por varias razones: el proyecto político que adopta como eje el retorno del Estado logra una estabilidad y un consenso, poco frecuente en el Ecuador.

Un solo mandatario que perdura una década y en los recientes seis años con una mayoría de dos tercios controlando la función parlamentaria.

A su vez ese Estado en expansión gozó de los recursos financieros más importantes en la evolución económica del país, fruto del incremento del precio de las materias primas, en especial el petróleo que aporta aproximadamente un tercio del Producto Interno Bruto del país, a lo que habrá que añadir el cambio en el porcentaje de recepción para las arcas estatales de las regalías del hidrocarburo.

Al mismo tiempo un Estado que incrementó notablemente la recaudación y la gama de tributos en el país, convirtiendo a la captación tributaria en la segunda fuente de ingresos estatales sólo superada por el ingreso petrolero, aunque cuando el precio del crudo se reduce debajo de los 35 dólares, pasa a ser el primer rubro.

Pero a la par, la más intensa ofensiva minera de la historia del Ecuador, que antes de esta década se había constreñido a tres o cuatro zonas en la región litoral y amazónica, pero que ahora abarca concesiones mineras a lo largo y ancho del país, en buena medida de la mano de empresas estatales y privadas chinas.

Como evidencia traer una declaración que dice mucho; en el mes de noviembre de 2016, en la primera visita de un presidente de la República Popular de China, Xi Jimping, al país, su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, expresó: “El financiamiento chino nos ha permitido ser el país de América Latina con mayor inversión pública”.

Destacan dos detalles: en la década reciente el principal proveedor

de inversión extranjera directa y de crédito externo para el Ecuador ha sido China, y eso ha consolidado una estrategia de inversión que tiene al Estado como su principal ejecutor. ¿Qué ha pasado en el campo en esta década? El retorno del Estado en el campo entre 2007 y 2017 se expresó en el incremento de la infraestructura rural que conecta con lo urbano y los principales puertos y aeropuertos; la red de carreteras es el mejor ejemplo, también la expansión de la obra pública para el incremento de la productividad: represas hídricas y energía eléctrica. También una serie de subsidios al ingreso de las poblaciones consideradas en los márgenes de pobreza.

La principal estrategia gubernamental, denominada Cambio de la Matriz Productiva –expresada en dos cuerpos jurídicos: el Código de la Producción expedido en 2010 y la Ley de la Alianza Público-Privada expedida en 2015– significa que la columna vertebral de la acción de gobierno es la alianza entre el Estado y el agronegocio, para el impulso de la readecuación productiva alrededor de la exportación: banano, flores y camarón, y la expansión de los cultivos flexibles: caña de azúcar, palma aceitera y maíz duro.

En esta década el agronegocio en el Ecuador se expandió alrededor de los denominados “promisorios”, así los registros ecuatorianos indican que la producción en palma aceitera se ubicaba en 2007 en 1.8 millones de toneladas y para 2015 registró 4.1 millones; la caña de azúcar pasó de 6.5 millones a 10.1 millones de toneladas en el mismo periodo y el maíz duro de 900 toneladas a 1.8 millones de toneladas.

Algo que evidencia las tendencias generales en el campo es la evolución de superficie cultivada: en 2002 en cultivos permanentes se registraban 1.25 millones de hectáreas y en cultivos transitorios 1.15 millones de hectáreas, para 2015 los cultivos primeros ascendieron a 1.45 millones de hectáreas y los cultivos segundos descendieron a 970 mil hectáreas.

Digamos a favor del desarrollismo que en la década se mantuvo la tendencia de un 70 por ciento de la provisión alimentaria que viene del propio país y un 30 por ciento de importaciones, pero se expanden los cultivos ligados al agronegocio, ejemplo caña de azúcar y palma aceitera. ¿Qué pasó con la agricultura familiar y campesina? El complejo

y abigarrado tejido social de la ruralidad ecuatoriana, que según el censo 2010 representa al 30 por ciento de la población total, que ha sido protagonista de primera línea en las movilizaciones sociales de los 90’s e inicios de la década del 2000 que dieron al traste con los regímenes neoliberales, ha debido afrontar ahora la ofensiva desarrollista, con consecuencias negativas en especial para los pueblos y las nacionalidades indígenas afectados por el agudo ángulo extractivista, pues buena parte de las regiones de la expansión minera se encuentra en territorios y zonas de población conformada por comunidades y aglomeraciones ancestrales y originarios.

En la agricultura campesina se han consolidado los cultivos ligados a la exportación, el ejemplo son el cacao y el café. Presentemos el cacao, que pasó a convertirse en el cultivo con mayor superficie, mientras en 2007 la superficie correspondiente a cacao solo (monocultivo) era 314 mil hectáreas y producía 73 mil toneladas, para

el 2015 alcanzó las 448 mil hectáreas y una producción de 162 mil toneladas; en lo correspondiente a cacao asociado (diversificado), en 2007 era 108 mil hectáreas y producía 12 mil toneladas y para el 2015 se redujo a 88 mil hectáreas y 17 mil toneladas.

expandido de la mano de la ampliación de la estructura estatal y el mejor ejemplo son los denominados “centros educativos del milenio”: la eliminación de escuelas rurales bilingües a favor de centros estatales con control directo estatal.

Es decir que dentro del cacao se afirman las líneas de monocultivo y especies modificadas y se debilitan las líneas de cultivos diversificados y especie nacional.

Diciembre contradictorio. Un buen ejemplo de todo lo indicado son los acontecimientos registrados en diciembre del 2016 y la afectación a pueblos indígenas en nombre del extractivismo.

Pero el conflicto mayor no es la evolución en productividad, sino los problemas alrededor del tejido organizativo.

La principal organización indígena: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha sido constantemente acosada por sectores gubernamentales, con casos de acción divisoria y en otros de franca persecución.

La amazonia ecuatoriana ha sido profundamente transformada en esta década, la modernidad se ha

Por un lado el gobierno de Correa impulsó y aprobó una nueva ley de impuestos que determina un impuesto sobre la ganancia extraordinaria generada alrededor de la especulación de suelo en tierra, en especial en las zonas urbanas, además expidió otro decreto que obliga a la banca privada al retorno de fondos financieros ubicados en el exterior, y finalmente impulsa una consulta popular que generaría la penalización y castigo para funcionarios y políticos con fondos en paraísos fiscales.

Pero por otro lado, al mismo tiempo, al cerrar el año, militariza una región de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Morona, y persigue a las comunidades en la zona de Panantza, en un conflicto que involucra a la minera Explocobres que representa a capitales chinos. Asimismo, en consonancia con la ofensiva extractivista, ordena la clausura de una de entidades de sociedad civil con mayor prestigio y difusión como es Acción Ecológica.

Y para completar el cuadro expide, el 16 de diciembre, el reglamento a la Ley de Tierras que refuerza la normatividad que castiga la invasión o toma de tierras y reafirma el articulado a favor de empresas extranjeras públicas o privadas para compra o arrendamiento de tierras.

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AGRICULTURA EN LAS ISLAS GALÁPAGOS, CONTRADICCIONES Y RETOS Elsa Guzmán Gómez, Nohora Beatriz Guzmán Ramírez Universidad Autónoma del Estado de Morelos

D

e las 233 islas, islotes y rocas volcánicas que forman el archipiélago de los Galápagos, 13 sobresalen por su tamaño, y de éstas, cuatro están pobladas y se mantiene la producción agrícola: Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana. De las 799.771 hectáreas de extensión total de Galápagos, 19.010 conforman 755 unidades de producción agropecuaria.

La economía de las islas está marcada por los procesos de colonización que se han dado a lo largo de la historia; inició en el siglo XIX con el cultivo de caña de azúcar y café y la extracción de materias primas para la industria europea en desarrollo, respondiendo a las tendencias extractivitas del mercado imperante en aquel momento. Sin embargo, las islas no eran zonas prioritarias de producción y compartían su uso con prisiones, bases militares y otras, lo cual propició deterioro. La introducción accidental o deliberada de animales y plantas (cerdos, perros, vacas, cabras, ratas, guayabo, pomarrosa y mora) desde el continente, el mal manejo de éstos y el posterior abandono, se convirtieron en plagas que actualmente atentan contra la agricultura y la conservación de las especies endémicas del archipiélago. Por ejemplo, las cabras fueron introducidas por primera vez en las islas entre 1885 y 1895 y durante mucho tiempo sirvieron de control para el crecimiento de las moras y otras plantas invasivas; sin embargo, en la década de los 70’s el gobierno ecuatoriano implementó cacerías masivas, motivadas por la depredación que estos animales causaban, y se propició así la reproducción incontrolada de las moras, que luego invadirían áreas de cultivo.

La limitación natural de los recursos de las islas es otro factor que caracteriza a la agricultura de Galápagos; hay un acceso limitado al agua dulce para el riego, y para los procesos poscosecha, como el beneficio del café y la limpieza de tubérculos como la yuca. Por ejemplo, hay productores que no cultivan o propagan más plantas por falta del agua, aunque en algunas fincas se han desarrollado sistemas rudimentarios o artesanales de captación de agua de lluvia o de riego por goteo con tambos y mangueras, impulsados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

(MAGAP). Las pérdidas de cosechas por sequía representan 5.3 por ciento del total, contrastando con 14 por ciento de pérdidas por inundación producto de fenómenos naturales extremos. Aunado a lo anterior encontramos la creciente demanda del agua para los servicios turísticos, los cuales tienden a ser privilegiados. Además, se tiene una presión sobre la tierra de cultivo para cambiar a uso urbano e infraestructura turística, sin que haya lugar para replegarse a otras áreas dada la prioridad que tienen las áreas de conservación.

Del suelo apto para la agricultura, 59 por ciento está cubierto con pasto, ocho por ciento se dedica a cultivos permanentes (plantaciones de café, plátano, caña, piña y naranja), y uno por ciento a cultivos de ciclo corto, entre los que se encuentran maíz, yuca, jitomate y sandia. Cabe resaltar que una gran parte de los cultivos se queda sin cosechar (25 por ciento de los perennes y 44 por ciento de los cíclicos), lo cual muestra que hay un gran énfasis en la producción, pero falta desarrollar la comercialización.

En algunas de las fincas se realizan cultivos de productos exóticos, como es el caso del plátano, en la variedad que denominan co-

lombiano, al que el productor esperaba encontrarle algún uso. Lo anterior permite observar que hay una clara desvinculación entre la producción, la comercialización y el mercado. Muchos de los productos que se consumen en algunas de las islas, como Santa Cruz, son traídos del continente, y debido a las restricciones del manejo de la biodiversidad, no se les permite la comercialización fuera de la isla de origen, lo cual hace que el mercado se limite a la escala local. La comercialización puede realizarse con alimentos procesados, pero las limitaciones de agua y energía para procesar dificultan este renglón. El gobierno, por medio del Ministerio de Agricultura ha tratado de desarrollar mercados locales para el intercambio de productos.

Desde la década de los años 70’s, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a Galápagos Patrimonio Natural de la Humanidad, y especialmente a partir de la declaratoria hecha por este mismo organismo como Reserva de la Biósfera en 1985, las condiciones de uso de los recursos naturales se han vuelto más estrictas, afectando directamente a los productores agrícolas. Por ejemplo, se restringe

FOTOS: Nohora Beatriz Guzmán

elsaguzmang@yahoo.com.mx; nobegura@yahoo.com.mx

el uso de químicos, que no han podido ser sustituidos por alternativas de control de plagas en varios cultivos, como café.

Otro ejemplo es el de especies protegidas como los pinzones, que afectan severamente los cultivos porque consumen los frutos y semilla, al igual que las tortugas terrestres que a su paso destruyen cultivos y cercas, aunque se respeten las rutas de movilidad de éstas. La presencia de estas especies ha sido reconocida, por los productores, como parte de la convivencia de la actividad agrícola sin ejercer medidas de control, no sólo por la prohibición de ley sino porque ellos consideran que pinzones y tortugas son emblemáticos de las islas.

Un elemento más que ha impactado en las unidades de producción agrícola es el turismo, de manera especial en la organización familiar para el trabajo, ya que se observa una brecha generacional entre los jóvenes, que prefieren integrarse a los servicios de turismo, y sus padres, que se dedican al cultivo de las fincas. Y hay una generación intermedia, que combina el trabajo agrícola y los servicios turísticos por temporadas. Esto repercute en la disponibilidad de la mano de obra para el trabajo en el campo, principalmente para la cosecha, y para la implementación de alternativas de uso más intensivo de los recursos para fincas sustentables con producción diversificada, orgánica y con opciones de comercialización.

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El Salvador

AGRICULTURA: PEQUEÑOS AVANCES, MUCHAS PROPUESTAS Y POLARIZACIÓN POLÍTICA Carlos Cotto Director ejecutivo de la Fundación REDES de El Salvador y miembro de la Mesa por la Soberanía Alimentaria ccotto@redes.org.sv

Por supuesto, las beneficiarias de estas “nuevas” políticas públicas, que consistieron en la reducción presupuestaria para el ramo de agricultura, eliminación y reducción de instituciones importantes y flexibilización del marco jurídico, entre otras, fueron las grandes empresas importadoras de insumos agropecuarios y de alimentos básicos, y se convirtió a grandes segmentos de la población de productores a clientes consumidores.

A pesar de que estas decisiones permitieron al empresariado nacional vinculado al agronegocio fortalecerse y expandir sus mercados en detrimento de la pequeña agricultura campesina, a partir de 2009 el gobierno salvadoreño comenzó a impulsar nuevas políticas públicas agrícolas que trataron de recuperar parte de lo perdido en los años previos y provocar un giro en el impulso de la agricultura desde un enfoque de agricultura familiar.

En esa lógica, el presupuesto agrícola se incrementó a de 57.3 millones de dólares en 2009 a 110.8 millones en 2015, casi duplicando la cifra. Más de la mitad del presupuesto se ha destinado al impulso del Plan de Agricultura Familiar (PAF) y un tercio al subsidio denominado “paquete agrícola”, recursos dirigidos a atender a las y los productores de la agricultura familiar campesina. Del total de la población campesina rural atendida con este programa, una de cada cuatro personas beneficiadas son mujeres, cantidad que no se había alcanzado nunca antes en los programas de fomento agrícola.

En los años recientes, el ciento por ciento de las semillas de maíz y frijol que el gobierno compra para integrar el paquete agrícola que se entrega como subsidio a pequeños productores/as familiares proviene de la producción nacional. Más o menos la mitad de ellas son producidas por cooperativas, no sólo por empresas, y ninguna semilla que el gobierno entrega es importada ni genéticamente modificada.

Sin embargo, en contraste con estos logros, el paquete agrícola en el que se invierte cada año más de 35 millones de dólares enfrenta la crítica de diversas organizaciones proclives a la lucha por la soberanía alimentaria, que señalan que el subsidio agrícola es asistencialista, promueve la agricultura convencional basada en agroquímicos y no incorpora tecnologías vinculadas a la agroecología. También se critica que el paquete fue concebido en su inicio (2004) como una política clientelista con fines político-electorales.

Se han presentado propuestas de políticas públicas para el fomento de la agroecología a funcionarios del Ministerio de Agricultura y se espera de ellos una clara voluntad política y recursos presupuestarios para hacerlas realidad. Medidas como la participación de organizaciones en la definición de las políticas, estrategias de capacitación e intercambio de campesino a campesino, apoyo a la producción y comercialización de insumos agroecológicos, difusión de buenas prácticas de manejo de suelo y agua, inventarios de germoplasma de especies criollas y nativas y su intercambio y resguardo en santuarios, acciones de investigación campesina participativa, manejo post-cosecha, incentivos a la producción agroecológica mediante bajas tasas de interés en los créditos y seguros agroecológicos, ampliación de las compras gubernamen-

FOTO: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova

E

l Salvador fue por muchos años un país con autosuficiencia alimentaria en los principales productos de la dieta alimenticia nacional. Fue a partir de la etapa neoliberal, a finales de los años 80’s, que la agricultura se dejó en el mayor abandono, condenando a las familias agrícolas y campesinas a la pobreza, marginación y la migración hacia la ciudad y hacia Estados Unidos principalmente.

tales, la realización de campañas, ferias y tianguis, educación nutricional, desarrollo de mercados alternativos, y muchas otras medidas más, componen el conjunto de propuestas entregadas, que apenas han logrado una tímida respuesta por parte del gobierno.

Aunque existen muchas deficiencias y fallas, los logros del gobierno en materia agrícola son objeto de ataque político por parte

de las fuerzas conservadoras que tienen afincados sus negocios en la caña de azúcar, la importación de insumos agroquímicos y de alimentos, y otros relacionados con el monocultivo.

La aproximación a una nueva coyuntura electoral ha convertido nuevamente a la agricultura en un factor de tensión política en un país polarizado. Pese a las pérdidas que la agricultura nacional sufrió

en los años 2013-2015 a causa de la sequía provocada por el fenómeno de El Niño agravado por los efectos del cambio climático, el 2016 ha sido un año positivo en cuanto a cosecha nacional de granos básicos. Según el Ministerio de Agricultura, en 2016 ésta sumó 26.7 millones de quintales (1.2 millones de toneladas).

Los medios de comunicación hegemónicos usan titulares sobre millonarias pérdidas en las cosechas, mientras que campesinos organizados desmienten y afirman que la cosecha del 2016 ha sido suficiente para abastecer el mercado nacional en los principales granos básicos, al tiempo que denuncian a empresarios que pretenden usar la desinformación para especular con los precios de los granos, incrementar sus ganancias y afectar políticamente al gobierno y a sus políticas a favor de la agricultura familiar.

La producción y distribución de alimentos básicos también será usada como campo de confrontación en el marco de la estrategia política de boicoteo que la derecha internacional impulsa en la región. En consecuencia, el gobierno salvadoreño debe apostar por construir y consolidar una alianza estratégica con los sectores populares organizados vinculados a la pequeña producción campesina y al cooperativismo real, mediante el impulso de nuevas políticas públicas que refuercen la apuesta al fortalecimiento de la agricultura nacional y la soberanía alimentaria.

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¿QUÉ SIGUE EN EL TLCAN, ALIMENTOS Y GRANJAS? Karen Hansen-Kuhn Institute for Agriculture an Trade Policy (IATP) khansenkuhn@iatp.org

Muchos de los mismos movimientos sociales en México, Canadá y Estados Unidos que trabajaron en contra del TPP han estado pidiendo durante décadas la derogación y renegociación del TLCAN. Por supuesto, existe un peligro real de que tal renegociación pueda empeorar aún más el Tratado. Podría añadir algunas de las peligrosas innovaciones en materia de derechos de propiedad intelectual y de inversión, así como otras cuestiones que surgieron en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), el TPP y otros Acuerdos.

Podría borrar las escasas protecciones de los derechos laborales y del medio ambiente. No es difícil imaginar muchas maneras en que el TLCAN pudiera ser peor, incluso para las comunidades rurales. Los nombramientos de la administración Trump no son alentadores; incluyen a muchos multimillonarios y creyentes en las políticas de America First. No estarán abogando por los derechos para los trabajadores o los agricultores, sino más bien para fortalecer los negocios de Estados Unidos.

Sin embargo, también sería un error ignorar esta oportunidad, ya que la atención pública se concentra en los impactos reales del TLCAN, para explicar exactamente lo que está mal con el enfoque actual y para exigir opciones. La actual política comercial de Estados Uni-

FOTO: National Young Farmers Coalition

U

no de los pocos puntos de acuerdo en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos fue el rechazo generalizado al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y a otros acuerdos de libre comercio similares. No se equivoquen; ese rechazo no fue conducido por los candidatos. Fue resultado de años de movilización y análisis por parte de grupos de la sociedad civil en los 12 países negociadores del TPP, así como de la creciente desconfianza hacia los mecanismos flagrantes de control corporativo, como el Sistema de Solución de Controversias Inversores-Estado (ISDS, sus siglas en inglés), que otorga a los inversionistas extranjeros el derecho de demandar a los gobiernos por las leyes de interés público. Los políticos, incluido Donald Trump, se sintieron envalentonados por esa oleada de oposición para insistir en una política comercial diferente, comenzando con el rechazo al PPT y el planteamiento de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

dos está diseñada para promover los intereses de los agronegocios y otras corporaciones multinacionales sobre los de los agricultores y trabajadores familiares. Los acuerdos de libre comercio resultantes han devastado a las comunidades rurales y no han abordado problemas muy reales de volatilidad de precios y sostenibilidad ambiental.

Estos problemas sólo se han agravado por un único enfoque centrado en el aumento de las exportaciones.

En Estados Unidos, grupos como la National Family Farm Coalition, Rural Coalition, National Farmers Union, Western Organization of Resource Councils, Food & Water Watch y el Institute for Agriculture and Trade Policy se han reunido para discutir lo que realmente debería estar en la agenda si el TLCAN fuera reemplazado con el objetivo de aumentar el nivel de vida en los tres países.

Esas discusiones están en curso, pero hay un sólido consenso de que se necesita un proceso y un contenido muy diferentes. Ese proceso debe partir de una evaluación profunda, abierta y democrática del TLCAN que involucre tanto a las comunidades rurales como a las urbanas. El propio proceso de negociación comercial debe hacerse más transparente para incluir la participación de todos los sectores afectados, incluidos los agricultores. Si el acuerdo incluye disposiciones relacionadas con la agricultura, el objetivo general debería ser lograr un comercio equilibrado

que apoye las economías rurales y el suministro equitativo y sostenible de alimentos en los tres países.

Podría comenzar con tres prioridades para el comercio y los sistemas alimentarios y agrícolas: 1. Reestablecer la soberanía local y nacional sobre la política agrícola y alimentaria.

Todas las naciones deben tener el derecho de aplicar democráticamente políticas internas apoyadas por sus ciudadanos.

Esto incluye políticas agrícolas que aseguen que los agricultores reciban un pago justo por sus cultivos y ganado y otras políticas agrícolas y alimentarias que protejan a los agricultores y los consumidores. Además, cada país debe tener el derecho de establecer reservas estratégicas de alimentos y otros mecanismos para evitar el dumping de productos agrícolas (con precios por debajo de los costos de producción). En el caso del TLCAN, se deben restaurar las etiquetas de País de Origen para la carne, así como otros programas que apoyen el derecho de los consumidores a saber qué contiene su alimento. Cualquier nuevo acuerdo comercial debería rechazar las propuestas surgidas en el TTP y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) sobre Cooperación Regulatoria –que apuntan a crear nuevas burocracias internacionales para juzgar las normas

locales y federales sobre plaguicidas, etiquetas de alimentos– y otras medidas diseñadas para mejorar los sistemas alimentarios locales.

2. Frenar las concesiones a las corporaciones en los acuerdos comerciales. El TLCAN ha consolidado el control corporativo sobre muchos aspectos de la agricultura en formas que son injustas para los productores, los trabajadores del campo y los consumidores. Este fue el primer acuerdo comercial firmado por Estados Unidos que incluyó el polémico mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y gobiernos (el ISDS), el cual permite a las compañías extranjeras demandar por daños y perjuicios sobre leyes, reglas o acciones que supuestamente socavan sus ganancias. Las disputas por medio del ISDS en el TLCAN ya han sido usadas para desafiar las reglas en los casos de jarabe de maíz de alta fructosa y pesticidas.

El ISDS debe ser eliminado del TLCAN. Los acuerdos comerciales deben respetar y proteger las regulaciones o políticas destinadas a reducir las prácticas antimonopolio y anticompetitivas en la agricultura, incluidas las relativas a la manipulación de los precios y los límites a las fusiones de empresas agroindustriales.

3. Garantizar la viabilidad económica y la resiliencia en las comunidades rurales. Los países deben tener la capacidad de proteger a sus agricultores de las importaciones injustas que distorsionan el mercado interno, socavan los precios y, en última instancia, comprometen la viabilidad económica de los agricultores independientes. Cualquier nuevo acuerdo sobre el TLCAN debería proteger también los derechos de los trabajadores agrícolas a salarios y condiciones de trabajo decentes. Una de las consecuencias de la devastación de las comunidades agrícolas mexicanas en el marco del TLCAN ha sido un aumento de la migración a Estados Unidos, donde los jornaleros agrícolas trabajan a menudo en condiciones precarias. Deben establecerse nuevas reglas que generen empleos rurales en los tres países y que protejan el trabajo y otros derechos humanos de los jornaleros.

Es imposible saber ahora si la promesa de la campaña de renegociar el TLCAN resultará en algo sustancial. Las acciones concertadas entre los grupos de la sociedad civil en los tres países deberían mantener la atención pública centrada en una visión común para un comercio justo y sostenible. No hay razón para que los movimientos de la sociedad civil que han enfrentado al TPP permitieran que otros intereses establecieran la agenda del TLCAN.

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Estados Unidos

EL LEGADO DE LA CREDIBILIDAD PERDIDA: LOS FLY OVER STATES Ben Lilliston Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) BLilliston@iatp.org

En Estados Unidos hay una retórica del Partido Demócrata en apoyo de los trabajadores, pero en realidad el partido ha desdeñado a las zonas rurales del país, y en algunos casos ha trabajado en contra de sus intereses. Peor aún, la candidata demócrata Hillary Clinton deliberadamente optó por no hacer campaña en muchos estados, rurales fundamentalmente, en la parte centro del país. La incapacidad de los demócratas para abordar y reconocer las preocupaciones rurales, abrió la puerta a Trump para jugar con el miedo de los pueblos, usando su verdaderamente deplorable retórica antiinmigrante y ofreciendo audaces promesas para resolver todos los problemas.

La canción country de Jason Aldean Fly over States, habla de dos pasajeros de primera clase en un vuelo desde Nueva York a Los Ángeles, que miran hacia el campo y se preguntan “¿quién querría vivir allí abajo, en medio de la nada?”

Aldean da luego un giro a la línea de desprecio y convierte la canción en un himno orgulloso sobre el centro del país. Al igual que la canción, Donald Trump volteó las predicciones de la clase política profesional y creó una ola de apoyo con muchas personas que se sintieron miradas por quien vuela sobre los estados en su camino para lograr la Presidencia.

El poder de Fly over States en la elección es imposible de ignorar.

Los mapas electorales cuentan la historia. Una franja de estados en color rojo, principalmente ru-

rales, en el centro y sur del país, enmarcados por estados en color azul en las costas. Incluso dentro de los pocos estados del oeste de Estados Unidos coloreados en azul, como Minnesota e Illinois, se puede ver la precisa división entre los condados urbanos y los rurales, con formas muy diferentes de ver a los candidatos. Una mirada al mapa electoral de 2012 nos dice que esta brecha no es nueva, pero tal vez no fue tomada en serio por muchos demócratas porque el presidente Obama ganó entonces.

Como dice el periódico Daily Yonder, la ya existente brecha del voto entre lo rural y lo urbano se está ampliando. Al menos parte de esta brecha electoral puede ser atribuida a la pérdida de credibilidad del Partido Demócrata en una serie de asuntos críticos que afectan la vida de las comunidades rurales en los llamados estados “sobrevolados”.

En comparación con las comunidades urbanas, las rurales tienen tasas de pobreza más altas, tasas de pobreza de largo plazo más persistentes y mayor pobreza infantil.

Ha habido un declive constante en los negocios en el medio rural y en las ciudades pequeñas, además de una disminución en los préstamos comerciales rurales. Casi dos de cada tres condados rurales perdieron negocios entre 2010 y 2014, aun cuando el resto del país se recuperaba de la recesión.

Estos desafíos económicos, en particular la pérdida de la producción manufacturera en áreas rurales, proporcionaron el telón de fondo para los efectivos ataques de Trump contra los acuerdos de libre comercio. En las ciudades pequeñas, la pérdida de una fábrica o de un negocio ancla golpea más duramente que en los centros urbanos, lo cuales tienen más oportunidades de trabajo. Aunque ambos partidos, Demócrata y Republicano, han apoyado durante mucho tiempo los acuerdos de libre comercio que llevaron los empleos estadounidenses allende fronteras y mantuvieron los salarios estancados, fue Bill Clinton quien firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y fue Barack Obama quien, después de no haber abordado los problemas derivados del TLCAN (como había prometido), amplió el modelo del TLCAN para crear la propuesta de la integración de 12 naciones a la Asociación Transpacífico (TTP).

Y hay otra tormenta que llega al horizonte rural: una crisis agrícola emergente. Los precios de muchas

materias primas agrícolas están por debajo del costo de producción, la deuda agrícola es la más alta en tres décadas, el valor de las tierra agrícola está disminuyendo y cientos de productores de leche están quebrando. Estas señales de advertencia de problemas en la economía de los rancheros estuvieron prácticamente ausentes en la campaña presidencial. La plataforma del Partido Demócrata brindó apenas 80 palabras al tema agrícola, lo cual, como dice el periodista John Nichols, de The Nation, quedó muy por abajo de la atención dada por las plataformas demócratas anteriores.

FOTO: Midwest Association

L

as elecciones presidenciales de Estados Unidos resultaron algo que nunca antes había visto el país. Estuvieron llenas de bombardeos y afirmaciones escandalosas, y a menudo racismo descarado y noticias falsas, así como el probable esfuerzo de un gobierno extranjero para influir en el resultado. Pero las elecciones también evidenciaron cuántos en Estados Unidos se sienten abandonados por una economía al servicio de la globalización, dirigida por las corporaciones y por una elite política que a menudo ignora las preocupaciones de los estados rurales, ubicados en la parte media del país. El sorprendente resultado hizo eco de las recientes elecciones en algunas partes de Europa y del voto Brexit en el Reino Unido, donde los expertos políticos subestimaron la oposición de los votantes a un status quo que consideran que no está trabajando para ellos.

En 2008, para el candidato presidencial Obama fue una prioridad el abordar el tema del mercado anticompetitivo para los agricultores y ganaderos, situación impulsada por el aumento de la concentración empresarial en el agro. En su primer año en la Presidencia, los Departamentos de Justicia y de Agricultura celebraron una serie de audiencias de campo en todo el país y se centraron en los elementos anticompetitivos de los mercados de carnes, aves y semillas. Pero la cuestión se desvaneció rápidamente y no se tomaron medidas.

La retórica de Trump sobre la agricultura reflejó la franqueza de su discurso sobre el comercio.

Dijo que hay una “guerra contra los agricultores” que les impide tener ganancias, y culpó de esa guerra a las regulaciones exclusivamente, y no a una mezcla de factores, incluidos la volatilidad y los mercados anticompetitivos.

Independientemente de lo cuestionable de estas consideraciones, las palabras fuertes de Trump llenaron el vacío, en gran medida de silencio, de Clinton y de muchos demócratas en el tema agrícola.

La atención de la salud es otro tema importante para muchas familias campesinas y ciudadanos rurales que trabajan a tiempo parcial, sin posibilidad de contar con el seguro de salud que ofrecen los empleadores más grandes. Las comunidades rurales tienen menos recursos públicos para los servicios médicos de emergencia, menos cuidado de los ancianos y menos cuidado infantil que las comunidades urbanas. Más de 60 hospitales rurales han cerrado desde 2010 y más de 650 están en riesgo de cerrar.

Cuando las tasas premium de los llamados Obamacare se elevaron recientemente, el efecto se observó en particular en las comunidades

rurales. Una vez más, el mensaje del candidato Trump, aunque simplista, resonó: usted puede culpar al desastroso Obamacare por todos sus problemas de salud.

Gran parte del análisis post-electoral ha enfatizado la incapacidad de Clinton para galvanizar la llamada coalición con Obama, como si sólo la movilización de los votantes no rurales pudiera resolver todos los problemas futuros. De acuerdo con Helena Bottemiller Evich, de Politico, la campaña de Clinton intencionalmente decidió no gastar recursos en votantes rurales; al parecer sólo asignó una persona a la extensión rural en su oficina de Brooklyn a finales de la campaña.

Una desinversión similar en la política rural y en su alcance ocurrió en el Comité Nacional Demócrata y en los comités de extensión de política rural de la Cámara de Representantes y del Senado, escribe el estratega rural Matt Barron.

Muchas de las cuestiones centrales que enfrentan las zonas

rurales de Estados Unidos son compartidas por la gente de todo el país –la incertidumbre económica, el estancamiento de los salarios, la abrumadora deuda personal y la mala atención médica–. Ambos partidos políticos han hecho un buen trabajo dividiendo el país, o peor, difundiendo una ola de apatía, sin abordar efectivamente estas cuestiones. Se necesitará mucho trabajo por parte de las personas, las organizaciones y las instituciones para enfrentar esto.

En su canción de 2015 Something More Than Free, la cantante de country Jason Isbell habla de otro valor profundamente arraigado en los llamados Fly over States: el honor, la dignidad y el dolor del trabajo duro. Isbell canta: “Domingo por la mañana estoy demasiado cansado para ir a la iglesia. Pero doy gracias a Dios por el trabajo”.

Encontrar un camino más justo, pacífico e inclusivo, junto con aquellos que se sienten ignorados y que el sistema está manipulado, es el trabajo de todos nosotros

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20 Guatemala

EL MOVIMIENTO CAMPESINO GUATEMALTECO, PEQUEÑO RECUENTO DE ESPERANZA Pablo Sigüenza Ramírez relatosverdes@gmail.com

L

a historia de Guatemala está signada por la resistencia, por la persistencia, por la necedad de vivir en libertad. Somos inevitablemente una Guatemala que se mueve y lucha desde los cuatro puntos cardinales, desde las altas montañas en donde se juntan la niebla y el bosque, desde las planicies y laderas, hasta el lugar en donde la arena del mar acaricia pies de pescadores. La población se moviliza por indignación, por rabia, pero también por amor y defensa de la vida. El movimiento indígena y campesino es hoy un actor fundamental en la vida política del país; así quedó demostrado con su participación en las movilizaciones anticorrupción de 2015 y en la marcha nacional por el agua de abril de 2016.

En los años recientes, la dinámica del movimiento campesino en Guatemala ha sido diversa, en consonancia con la multiplicidad de problemas que la población del campo presenta. Reclamos históricos por el acceso a la tierra y por salarios dignos se unen a las voces que denuncian la contaminación y el desvío de los ríos, la contaminación de suelos, aire y paisaje causados por las empresas cañeras, de palma africana y las bananeras.

Las demandas se dirigen al Estado en función de que se detenga la

expansión de monocultivo, se reparen los daños a la salud y al ambiente y, en el caso de las comunidades del norte, la recuperación de tierras despojadas a pueblos y comunidades indígenas en distintas épocas.

Los desalojos violentos a comunidades aparecen denunciados por distintas organizaciones, principalmente en las regiones de Alta Verapaz y la Costa Sur, en zonas de expansión de monocultivos; son el resultado directo de la reconcentración de tierra en manos de terratenientes y la falta de una efectiva política de acceso a la tierra. En el Valle del Polochic se generó una dinámica de desalojos extrajudiciales por parte de seguridad privada y trabajadores del ingenio Chabil Utzaj con el saldo de zozobra espiritual y material de las comunidades afectadas.

En años recientes se ha hecho evidente el ciclo: imposición de proyectos de inversión capitalista en los territorios rurales-resistencia campesina e indígena comunitaria-represión estatal en apoyo al capital. Así, la lucha por la vida fue adquiriendo nombres concretos: La resistencia pacífica en La Puya contra una minera generó mucha solidaridad y simpatía entre diversos sectores del área urbana. Monte Olivo, comunidad atacada por las fuerzas del Estado, fue la indignación total. El pueblo de Barillas, en Huehutenango, es heroico en su resistencia contra la construcción

FOTO: Mocase Via Campesina

Si caminara sólo hacia adelante te podría contar cómo es el olvido Humberto Ak’abal

de hidroeléctricas pues la represión que sufren es enorme y pese a ello siguen organizándose para defender su entorno y su cotidianidad.

Las familias del Valle del Polochic se han ganado a pulso el reconocimiento nacional e internacional pues la lucha frente al gobierno por la restitución de tierras es cansada y agotadora pero necesaria. Las comunidades que conformaron la red de afectados por la palma africana tienen un monstruo financiero y

político enfrente pero siguen de pie en la lucha.

En la estrategia indígena y campesina hay un esfuerzo fructífero por abrir espacios para la negociación con el Estado. La Marcha Campesina que en 2012 convocó a campesinos y campesinas para recorrer 200 kilómetros por asfalto desde Cobán hasta la Ciudad Capital forzó al gobierno a abrir un espacio de diálogo de alto nivel antes de la llegada de la movilización a la Ciudad de Guatemala.

Se posicionó en la agenda pública el tema agrario. Las evaluaciones que hacen las organizaciones participantes sobre los resultados de esta movilización son positivos en algunos tópicos. Los temas estructurales por supuesto siguen pendientes, pero, por ejemplo, para las comunidades que lograron reestructurar la deuda agraria de sus tierras hubo avances importantes para su vida cotidiana y la construcción de un presente y un futuro diferentes.

Las organizaciones de mujeres rurales: Alianza de Mujeres Rurales y Articulación de Mujeres por el Bien Vivir buscaron espacios de interlocución con el gobierno para proponer una política específica de acceso a tierra para las mujeres.

Las mujeres rurales también fueron actoras centrales en coordinaciones como la Marcha Campesina y la Asamblea Social y Popular.

Este periodo fue para las mujeres rurales organizadas un tiempo de discusiones profundas sobre el carácter de su lucha y de sus deman-

das, así como de fortalecimiento interno, formación política y promoción de la participación de las mujeres en espacios organizativos comunitarios. El regreso a la comunidad ha marcado la ruta para muchas organizaciones campesinas en los años recientes.

En 25 años se han realizado cuatro congresos nacionales campesinos con carácter de discusión y deliberación de estrategias generales de lucha. El más reciente, celebrado en 2014, dejó de llamarse Congreso Campesino y tomó el nombre de Congreso de Comunidades, Pueblos y Organizaciones, evidenciando el viraje en la composición de los sujetos políticos del campo guatemalteco y el fortalecimiento de identidades múltiples de estos sujetos. Composición que refleja la diversidad de perspectivas, posiciones políticas y acciones políticas. Hay debates internos de las organizaciones referidos a la pérdida o fortalecimiento de la perspectiva de clase, la incorporación necesaria de elementos políticos de género, la relación con el Estado y la construcción de autonomías territoriales y de pueblos mayas.

El Estado Plurinacional aparece como propuesta de diversas voces campesinas e indígenas. Este planteamiento requiere construir esfuerzos políticos con ese fin, es decir soñar, imaginar, organizar, resistir, construir, ganar la plaza y la montaña, las aulas, las milpas y los parques. En ese afán está hoy buena parte del movimiento indígena y campesino en IximUlew.

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Guatemala

LAS REVUELTAS POR EL DERECHO AL AGUA Vanessa Sosa Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural en la UAM Xochimilco vanesosa21@gmail.com

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l 22 de abril de 2016 arribó a la Ciudad de Guatemala la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, en la que participaron alrededor de 15 mil personas. Esta movilización inició 11 días antes, organizada en tres vertientes que salieron de Tecún Umán, departamento de San Marcos; Purulhá, departamento de Baja Verapaz, y La Mesilla, departamento de Huehuetenango.

cer rentable la inversión, utilizan agroquímicos cada vez más potentes, presionan para obtener más tierra y desvían y secuestran ríos.

Como no nació en el centro de la ciudad, como no fue organizada por “los que saben”, no era una manifestación ciudadana sino cosa de revoltosos, cosa de gente que se deja acarrear sin saber por qué o para qué. Sí, la intención es peyorativa, pero el calificativo se refiere también al que alborota, al que es rebelde, así que eso de revoltosos viene bien cuando queda en evidencia que el tema del agua nos alborota, y cuando además vemos en cada paso dado en esta marcha la convicción de una lucha rebelde, abarcadora y consciente, porque el agua es en sentido profundo razón de nuestra sobrevivencia.

La marcha fue de “revoltosas y revoltosos” porque en ella participaron ancianas, ancianos, hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños que caminaron sin descanso para poner en el centro del debate nacional un tema que nos concierne a todas y todos. Las demandas planteadas en la marcha estaban relacionadas principalmente al agua, pero en sentido extenso se puso sobre la mesa la contaminación y desviación de los ríos, los monocultivos, mineras e hidroeléctricas; la aspersión de químicos utilizados para la siembra de productos agroindustriales, la destrucción y el saqueo del territorio, la importancia de las radios comunitarias y el servicio de electricidad, entre otras cosas.

Según la Asamblea Social y Popular en Guatemala una quinta parte del territorio se está desertificando y cerca del 97 por ciento del agua dulce está contaminada, mientras que estadísticas del Instituto Nacional de Bosques, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y del Instituto de Ambiente y Recursos Naturales nos dicen que anualmente se pierden 73 mil hectáreas de bosque y sólo se recuperan 15 mil con los programas de

FOTO: Vanessa Sosa

La marcha recorrió al menos 260 kilómetros, duró casi dos semanas y aunque en su recorrido en tiempo y espacio no se registró ningún disturbio, fue catalogada de forma peyorativa por algunos sectores como “una marcha de revoltosos”. reforestación y conservación, que cada hora se pierde en bosques el equivalente a 19 campos de futbol y que tan sólo en el periodo 20062010 más de 30 por ciento de la deforestación ocurrió dentro de las áreas protegidas.

Por otra parte, el pasado 27 de diciembre de 2016 el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Samuels, declaró que en el 2016 el Ministerio recibió mil 237 denuncias de interesados y particulares contra diferentes empresas por faltas en el mantenimiento de los recursos naturales y que de éstas se interpusieron tan sólo 41 denuncias ante el Ministerio Público, 33 de ellas por desvío y contaminación de ríos.

Ante este escenario devastador, ¿qué nos queda, más que ponernos revoltosos? La revuelta es vital en estos tiempos y hay esperanza porque ha sido y es extensa a lo largo y ancho del país. Las comunidades diariamente resisten defendiendo con su vida el agua y el territorio, asediados por las empresas que se dedican al monocultivo de caña de azúcar, de palma africana, de banano y de café. También se lucha y se resiste contra las hidroeléctricas y contra las mineras. Lo del 22 de abril fue una muestra de esa otra Marcha Permanente por el Agua, por la Madre Tierra, por el Territorio y por la Vida, una constante, del día a día, en la cual se defiende en la periferia, en la ruralidad, el agua y la vida de la gente de ciudad.

En Guatemala el monocultivo de caña de azúcar pasó de ocupar una extensión de cien mil 875 hectáreas en 1979 a unas 500 mil por lo menos en 2010 (IDEAR, 2011) y sigue en expansión. Para mantener ese ritmo de crecimiento, los dueños de la industria azucarera no han escatimado recursos para ha-

Así las cosas, en la Costa Sur guatemalteca se pusieron revoltosos en 2014 los representantes de 14 comunidades del municipio de San Andrés Villa Seca, cinco comunidades del municipio de Santa Cruz Muluá y 49 del municipio de Champerico del departamento de Retalhuleu, que conformaron un bloque de 68 comunidades en contra de la contaminación que producen los ingenios Tululá, El Pilar y Magdalena, en el departamento de Retalhuleu, por el cultivo, procesamiento y manejo de los desechos derivados de la producción de azúcar, etanol y gas metano. En una de sus muchas exigencias pidieron que: “se le ponga un alto definitivo a la contaminación indiscriminada de nuestro medio ambiente y al secuestro de los ríos” (el pronunciamiento completo está en: https://www.plazapublica. com.gt/sites/default/files/pronuncimaminto_de_68_comunidades._1.pdf).

Así también de revoltosas se pusieron el 19 de noviembre de 2016, 18 comunidades de Champerico que viven de la pesca y que ante los abusos que han cometido los ingenios Magdalena, Pantaleón y Palo Gordo. han dejado claro lo que piden y lo que quieren. Ya no exigen sólo la reparación de los daños ambientales y personales o la liberación de los ríos, no, dicen alto y claro: “¡Qué se vaya la caña de nuestro territorio! Ya son años de abusos, daños ambientales, acaparamiento del agua e impunidad. ¡El pueblo está harto!” Estas comunidades saben que los ingenios azucareros están vulnerando su derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo, a un ambiente sano, y su derecho al agua, por eso exigen que se vayan fuera de sus territorios.

Mientras históricamente en las comunidades se resiste día a día y se lucha por el derecho al agua y por el territorio, en el Congreso de la República hay al menos 11 iniciativas de Ley de aguas, entre ellas la Iniciativa 5070 Ley Marco del Agua, construida y consensuada entre comunidades, autoridades ancestrales, pueblos y organizaciones sociales, de mujeres, campesinas y populares. Esta iniciativa tiene una diferencia radical respecto a las otras y es que postula el agua como un derecho humano y no como una mercancía. Esperamos que el pleno conozca la iniciativa y le dé lectura para que sea aprobada. Mientras eso sucede #SeguimosEnMarcha.

Guatemala

CONTRASTES, RIQUEZA QUE PRODUCE POBREZA Roberto J. Bonilla E. Coordinador nacional de Plataforma de Economía Solidaria Guatemala (Pecosol) ww.pecosol.org; roberto.bonilla@pecosol.org

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etén es un departamento de Guatemala ubicado al norte del país y comparte frontera con tres estados de México y con Belice.

Es una región rica y exuberante: conserva casi la mitad de la cobertura forestal, con una impresionante flora maderable y no maderable; su biodiversidad silvestre y su paisaje natural – asociado a más de 500 sitios arqueológicos, incluidos Tikal y el Mirador, con lagunas y playas lacustres propias del Caribe, es decir playas blancas y aguas color turquesa– han sido objeto de documentales en los principales canales de televisión y revistas internacionales. ¡Y el petróleo! Se suma a la gran riqueza de este territorio, que en tamaño es más grande que la hermana República de El Salvador.

Más de medio millón de personas viven aquí, en Petén, la mayoría en pobreza y pobreza extrema. Para muestra un botón: el municipio de San Andrés, con 40 mil habitantes, es el más extenso en territorio del departamento. No obstante toda la riqueza natural, sólo es capaz de dar trabajo a 14 por ciento de sus habitantes, la desnutrición crónica y aguda afectan a 36 por ciento de las personas y los servicios de salud, educación son muy básicos. Más de la mitad de la población son jóvenes, en su mayoría menores de 19 años y 36 por ciento de ellos está desnutrido.

San Andrés, Petén, es un municipio rural que en los principios de su historia basaba su cultura económica en la re-

colección. Pero la “revolución verde” trajo aquí el paradigma de la extracción, explotación y exportación, para hacer dinero y comprar comida.

Los efectos ya se empiezan a ver: Productores que se convirtieron en obreros del campo, tierras que se reconcentraron en pocas manos, ríos contaminados, paisajes naturales transformados en desiertos, pobreza, desesperanza, hambre, drogas, violencia, migración y muerte. ¿Qué lógica es esta? ¿De qué desarrollo rural estamos impulsando? ¿Qué clase de propuesta de “desarrollo” es aquella que esclaviza al campesino y destruye la madre naturaleza? ¿Por qué no promovemos la agricultura familiar? Que cada familia produzca sus propios alimentos. ¿Por qué no planificamos la producción y el consumo comunitarios?, para crear cadenas de valor internas y dinamizar el intercambio productivo interno a escala comunitaria. ¿Por qué no creamos alianza de producción y consumo con otros territorios?, lo que generaría empleo e inyectaría valor a al circuito económico interno local. ¿Por qué no desarrollamos una producción que sea independiente del petróleo y además sea amigable con los ecosistemas naturales?

Porque todas estas ideas hacen que el campesino sea rico, sea independiente, sea libre, desarrolle su pensamiento, sea crítico, esté bien alimentado y entonces tendrá fuerza y valor para reclamar sus derechos humanos…

21 de enero de 2017

22 Uruguay

EL CAMPO EN LA DISPUTA DE SU PROYECTO Matías Carámbula Profesor agregado en Sociología Rural, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay mcarambula@fagro.edu.uy

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l campo uruguayo ha sido definido desde la formación escolar como levemente ondulado, con clima templado y régimen de lluvias de aproximadamente mil 200 milímetros anuales con grandes variaciones interanuales; de verdes y extensas praderas asociadas al bioma pampa, y con la figura del gaucho, el ganado y el caballo como elementos identitarios de la historia poscolonial y no tanto de nuestro país.

Durante la etapa denominada de modernización, que abarcó temporalmente el final del siglo XIX y principios del XX, se consolidaron identidades que han recorrido nuestra historia y que nos diferencian de gran parte de Latinoamérica. Por un lado, a mediados del siglo XIX se promovió desde el gobierno el exterminio de

los pueblos originarios (charrúas, entre otros), generando las bases para un proceso de apropiación del territorio por parte de criollos y migrantes europeos. Por otro lado y de manera posterior, con el alambramiento de los campos se consolidaron dos procesos centrales en la historia agraria uruguaya.

El primero, la delimitación de la propiedad privada (se estima en más de 90 por ciento de la superficie), que agotó tempranamente la frontera agrícola y estableció la estancia ganadera como unidad económica y social. El segundo, el temprano establecimiento de relaciones salariales en el medio rural, que tuvo como consecuencia la expulsión de población excedente y los consecuentes procesos de migración hacia los centros urbanos.

El marco actual en el cual se analiza el campo uruguayo es produc-

to de un ciclo de políticas de 11 años de gobierno de la coalición de izquierdas (Frente Amplio) que conduce el país luego de una crisis social y económica sin antecedentes en el país. Crisis producto del fracaso pronosticado de políticas neoliberales aplicada en la región y en nuestro país que cerraron su ciclo en 2004. A partir de este momento, la recuperación económica se funda desde la base agropecuaria, con la exportación de commodities, la carne, la celulosa, el arroz, los lácteos y la soja. Este último es el cultivo simbólico e identitario del modelo del agronegocio contemporáneo. Para graficar el mismo, en 2000 se sembraba menos de 20 mil hectáreas de soja, mientras que en la más reciente zafra agrícola se sembraron cerca de un millón 500 mil hectáreas, casi diez por ciento de la superficie agropecuaria del país.

El gobierno del Frente Amplio ha sostenido un modelo de crecimiento y desarrollo basado en una política de distribución de la renta sectorial, que por medio del salario o de las cargas tributarias e impositivas, promueve un modelo de mayor justicia social. Como resultado se ha registrado una disminución significativa de la pobreza rural (del 35 al 11 por ciento, aproximadamente), se ha incrementado el volumen y el ingreso de divisas por las exportaciones del sector agropecuario/agroindustrial, se ha generado una diversificación de mercados y se han incrementado la tasas de inversión extranjera, redundando todo ello en el incremento del producto interno bruto nacional y sectorial (seis por ciento anual en el periodo 2004-2011).

Según el Censo Agropecuario (2011) la producción de alimentos, fibras y granos, se desarrolla con 44 mil 890 explotaciones agropecuarias, las cuales ocupan 16 millones 200 mil hectáreas, con una superficie promedio por explotación de 361 hectáreas. La ganadería vacuna genera el principal ingreso a 49 por ciento de las explotaciones agropecuarias y ocupa 65 por ciento de la superficie agropecuaria del país. La misma imagen del año 2000 mostraba que la explotaciones agropecuarias sumaban 57 mil 131, la superficie promedio era de 287 hectáreas y la misma imagen para el año 1956 mostraba que la explotaciones eran 89 mil 130 y la superficie promedio era de 188 hectáreas.

Es decir los relatos contemporáneos deben enmarcarse en un proceso de apertura comercial y políticas de corte liberal que fue iniciado en la mitad el siglo XX, generando una disminución en el número de productores (familiares) y una aguda concentración en el uso y acceso a la tierra. Según el más reciente Censo de Población y Vivienda (2011) solamente cinco por ciento de la población de Uruguay vive en el medio rural, así

pues la imagen de la concentración y exclusión también se refiere a los habitantes.

A esta imagen, de un modelo concentrador y excluyente, se le agrega una segunda imagen, que es la de un modelo de desarrollo trasnacional y anónimo. Con información que brinda la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA, 2014), es posible mostrar que uno de los cambios estructurales más importantes durante el periodo intercensal 2000-2011 es el cambio en propiedad de la tierra. Allí se devela que cerca de siete millones de hectáreas (43 por ciento de la superficie agrícola del país) fue comprada por Sociedades Anónimas (seis mil 495 empresas), quedando la nacionalidad de sus accionistas mayoritarios protegida por el anonimato de las acciones.

Como se decía anteriormente, la soja y la forestación han sido los dos rubros con mayor crecimiento y protagonismo, generando no sólo cambios en la composición de la producción, sino que sobre todo han modificado la estructura agraria, el paisaje, el ambiente y las relaciones de trabajo del sector.

En esa tensión y escenario, sostenido en un modelo de fragilidad por su dependencia del mercado (chino) y del precio, la reestructuración que generan las nuevas formas del capital agrario han promovido diferentes procesos y formas de resistencia. La soberanía se posiciona como un concepto cuestionador del modelo predominante, caracterizado por la concentración, la homogeneidad, la afectación a los ecosistemas, el anonimato y la exclusión de modos de producción y habitantes.

En el plano de la soberanía, el lugar de la producción familiar se ubica en la identidad y el proyecto de un modelo de desarrollo que reconozca y resignifique la especificidad de los habitantes, su modo de producción y su cultura.

21 de enero de 2017

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Venezuela

¿CÓMO LLEGAMOS HASTA AQUÍ?

Diego Griffon Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Universidad Central de Venezuela griffondiego@gmail.com “Más allá de las burlas brutales de las ilusiones y los espejismos de los desengaños…”

Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera

L

a gigantesca fila para entrar al mercado se extiende hostil siguiendo cansadamente el perfil de las aceras. Desconcertados –también con resignación y enojo–, nos preparamos para una espera que puede durar demasiado. Algo… una pregunta, flota pesadamente en la atmósfera: ¿Cómo es esto posible?

La respuesta: un ejercicio urgente y necesario para la izquierda latinoamericana.

La explicación es históricamente larga, demasiado, aquí sólo visitaremos las dos décadas pasadas, aquellas coincidentes con la irrupción y el despliegue del proceso sociopolítico llamado chavismo.

Como sabemos, olvidadas esperanzas enraizaron en un discurso que rescataba lo autóctono y lo prometía todo. Comenzó –era justo– por el rescate de las tierras secuestradas, visibilizando a la vez el ser campesino. Para lo primero, una Ley, la de Tierras y Desarrollo Agrario, de 2001; lo segundo: un discurso de tonos épicos.

Las velocidades desiguales dejaron rezagados a los apenas incipientes movimientos campesinos, la iniciativa se asentó en el gobierno. Así, sin querer, cuajó una relación clientelar que dejó por fuera –en lo fundamental– a quien estaba llamado a ser protagonista. Dos estrategias y una concepción ensombrecieron aún más el horizonte: Las decisiones, tomadas en una aislada y demasiado sorda oficina en la capital.

La ejecución, responsabilidad exclusiva de un ministerio del campo anacrónico, burocrático y delirantemente olvidado. La concepción, la siempre hambreadora planificación centralizada de la agricultura.

FOTO: Diego Griffon

Se instauró una nueva y nunca confesada política alimentaria, anclada en un andamiaje cambiario explícitamente diseñado para favorecer lo de afuera. Con este insólito y cortoplacista dumping a la producción interna, se sacrificó –en una alharaca populista– gran parte de lo que quedaba del sector

De la noche a la mañana, un conjunto de asustados oficinistas pasaron a ser responsables del cultivo de la tierra, en un intento apurado por ocupar la totalidad del sector.

De esta manera, en un circense escenario de conflictividad, comenzó lo que luego se llamó Revolución Agraria. En ese lecho se gestó el golpe de Estado.

Cuando las esperanzas se ahogaban, la subida de ola de los precios de los commodities le compró tiempo al sueño. Pero, el maremoto también despertó un hambre insaciable por el gasto, que si bien se repartió con más justicia, nunca tuvo un rumbo claro. Jamás se planteó con seriedad darle un sustento propio a las nuevas formas, todo era impúdicamente dependiente del chorro de billetes que brotaba de forma descontrolada de los pozos de petróleo. En el campo

germinaron un sinfín de programas, todos descoordinados, improvisados y mal administrados… y, para no ocultar, carcomidos de corrupción.

Los asustados funcionarios apostaron por lo fácil. Sin el respaldo de una convicción, ofrecieron como nuevo, lo viejo: el patrón tecnológico dominante y dominador. Así, en una sorprendente disociación entre palabra y acción, se cautivó a multitudes con un discurso emancipador, que a su vez dibujaba cómplices sonrisas (y manos frotadas) en los representantes locales de los dueños de las semillas y tecnología.

Lo que tenía que pasar, pasó: el dinero cayó en saco roto. Por su parte, los privados –la gran escala industrializada–, derrotados por el despecho de un triunfo y una ven-

ganza que nunca llegaron, poco a poco se fueron desvaneciendo… y con ellos su aporte a las mesas del país. La ensordecedora algarabía de los multitudinarios discursos ocultó lo que se cocinaba a fuego lento. Si en alguna noche de desvelo los fantasmas asomaron sus rostros, la certeza del dinero que no faltaba, los exorcizaba.

Se instauró una nueva y nunca confesada política alimentaria, anclada en un andamiaje cambiario explícitamente diseñado para favorecer lo de afuera. Con este insólito y cortoplacista dumping a la producción interna, se sacrificó –en una alharaca populista– gran parte de lo que quedaba del sector.

Así, cuando la ola de los grades precios se disipó en la orilla de la realidad, desaparecieron los productos básicos, se dispararon los precios de los alimentos, se cubrió el país de desesperantes y desesperadas filas y se adelgazó de hambre e impotencia. Muchos –desgarradoramente– se vieron obligados a recurrir al contenido de los basure-

ros. Todo tan real como que el día sigue a la noche. Tal real, igualmente, como que muchos otros, en inconfesables cálculos políticos, han auspiciado y potenciado la debacle que aquí se ha bosquejado.

Así, también se pulverizó una popularidad que parecía infinita.

Para el final, lo que creo más importante: en medio de esta infernal situación, donde gobierno y oposición aprietan con egoísmo el cuello de una exhausta sociedad, hay algo que nunca ha faltado en los anaqueles, algo que si bien ha sufrido aumentos de precio, éstos han sido menores en comparación.

Me refiero a la producción de base campesina: las hortalizas, las raíces y los tubérculos –todos, en el país, fruto de este tipo de agricultura–.

Alimentos que literalmente le han salvado la vida a miles de personas, regalo de una agricultura cuya importancia aún hoy es subestimada.

Evidentemente no se supo valorar (y apostar con sinceridad) a lo realmente importante.