En México existen cientos de comunidades campesinas e indígenas, pueblos y barrios que desde la ciudad, la selva, el desierto o la montaña se organizan para resistir la entrada de proyectos de minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoductos, autopistas, aeropuertos, fracking, privatización del agua, deforestación, transgénicos, etc. Exigiendo su derecho a participar para decidir sobre sus proyectos de vida y pensando y proponiendo otro desarrollo que no abone más a la crisis ambiental que vivimos.
Los megaproyectos generan despojo y son impulsados por el Estado en sus diferentes niveles y por empresas privadas nacionales y transnacionales, que muchas veces usan la violencia para imponerse. La violencia de actores estatales y privados no solo se ejerce a través de represión y de ataques directos hacia los movimientos sociales; dichos actores son respaldados, además, por campañas de desprestigio, difamación y criminalización concebidas para crear miedo y desinformación en la opinión pública.
