No. 28 La cumbre del fin del mundo

16 de enero de 2010 • Número 28 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

e r b m u c La l fin del mundo

Suplemento informativo de La Jornada

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L MES TEMA DE

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16 de enero de 2010

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EL NEGOCIO DEL FIN DEL MUNDO

de minas igualmente fértiles de las que cualquiera pudiera apropiarse, no producirían renta”.

Deslumbrados por los logros de la industria, los primeros estudiosos del capital pensaron que la potencia productiva de los ingenios humanos sustituiría paulatinamente a las potencias naturales, provocando el declive de las rentas. No fue así. La simbiosis entre la producción social y los ecosistemas es condición permanente de la vida humana. Y contra lo que esperaban, el industrialismo y la urbanización consumieron recursos que parecían inagotables y hoy son escasos.

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COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.

Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

No es el desorden comercial, no es la crisis financiera, no es una emergencia bélica o sanitaria; lo que está a debate es cómo prevenir el fin del mundo, de nuestro mundo. Y no es posible llegar a acuerdos gubernamentales porque, en el fondo, no hay disposición para lograrlos.

Durante el pasado siglo el holocausto, el Gulag y las guerras mundiales nos enfrentaron al vértigo del mal; en el tercer milenio la pasividad ante el Apocalipsis nos enfrenta a los abismos del desafane. ¿Por qué, si todos están de acuerdo en el diagnóstico y en el pronóstico, no se ataca la enfermedad?

En los de a pie es quizá el pasmo ante la enormidad del desafío: ¿qué puedo hacer yo que no sea pedir mi pan en bolsa de papel en vez de plástico? Y sin embargo se han hecho revoluciones por libertad, justicia, pan, paz, tierra, dignidad... cuantimás por la sobrevivencia del género humano. No son suficientes, pero con todo es alentador que en el Klimaforum, la cumbre alternativa de Copenhague, decenas de miles se hayan congregado para reclamar y proponer.

PORTADA: Edgardo Mendoza Romero / ANEC

Pero, y los que tienen el poder político y económico, ¿por qué esa pasividad culpable? A mi ver hay muchos factores que, sin justificarlo, explican la displicencia, el criminal desafane. Uno de ellos es que el fin del mundo es un buen negocio.

Me explico. Lo primero es entender que los que gobiernan en verdad no mandan, mandan los poderes fácticos y ante todo manda el gran dinero.

Y el capital, al que quiéranlo o no representan los gobiernos de las potencias, es incapaz de asimilar que su modelo de producción y consumo es insostenible y nos lleva al despeñadero. Ciego a todo lo que no sea negocio –ceguera que los fans de la libre concurrencia consideran virtud–, al capital lo mueve el lucro y lo guían las señales del mercado. Pero resulta que el tal mercado no registra los costos ambientales, sobre todo los acumulativos que se manifiestan en el mediano o largo plazos.

Lo que significa que por su propia naturaleza el capital tiende a destruir las condiciones de su reproducción. Adicto a la plusvalía, el gran dinero, como otros adictos, es suicida.

Cierto, los gobiernos nacionales y multinacionales pueden tomar medidas para identificar y ver que se sufraguen las “externalidades” am-

FOTO: Oli Olivier Tétardd FOTO i Tét

n diciembre del año pasado, los representantes de 193 países, entre ellos los poderosos personeros de las potencias, se arracimaron en Copenhague durante una cumbre de la ONU cuyo propósito era acordar las medidas necesarias para atenuar los efectos catastróficos del cambio climático provocado por el hombre. Durante 11 días debatieron temas que ya habían sido previamente abordados en exhaustivas negociaciones bilaterales. Y no pudieron llegar a ningún acuerdo... salvo el de seguir buscando un acuerdo. Las metas del Protocolo de Kioto, vigente desde 2005, vencen dentro de dos años y no hay nuevos compromisos con montos y plazos definidos. Largamente preparada, la Cumbre de Copenhague resultó un fiasco que se llevó al mundo entre las patas.

Suplemento informativo de La Jornada 16 de enero de 2010 • Número 28 • Año III

bientales, pero aunque sea por su propio bien, los capitales le sacan la vuelta a pagar esos costos.

Con esto bastaría para que estuviéramos en un atolladero. Pero el problema es aún mayor.

Porque resulta que al gran dinero no lo mueven tanto las más o menos riesgosas ganancias provenientes de la inversión, como las siempre seguras rentas originadas en la propiedad. Rentas que son más elevadas cuanto más escaso es el bien que se posee de manera excluyente.

Renta es la forma que adquiere en el mercado el beneficio económico generado por el empleo productivo de un bien natural escaso y diferenciado, cualquiera que éste sea. Lo valorizado puede ser tierra, agua, aire, paisaje, biodiversidad, recursos del subsuelo, franjas del espectro electromagnético o ubicaciones geográficas privilegiadas.

Aprovechar estos recursos supone inversiones que se deben recuperar con ganancias. Pero por tratarse de bienes limitados, su aprovechamiento deviene monopolio, lo que a su vez genera un sobrelucro, una renta que es mayor cuanto más escaso es aquello que se posee en exclusividad.

La clave de agriculturas extractivas o “mineras”, como la de los soyeros, no son sus inversiones sino la disposición de vertiginosos latifundios; los ingresos de Pemex, que en las décadas pasadas financiaron el gasto público y con él la acumulación privada, provienen del hecho de tener petróleo y no de lo que se gasta en sacarlo; las utilidades del duopolio televisivo no resultan de lo que invierten en su programación sino de que usufructúan de manera excluyente el espectro electromagnético...

Al capital le place decir que la ganancia es la recompensa que merece por la inversión, cuando en muchas ocasiones el lucro proviene de la privatización de un bien escaso, de modo que el gasto productivo es sólo un medio para obtener la renta.

Siempre fue así. Ya David Ricardo en sus Principios de economía política, de 1817, había establecido que la ley de los precios funciona para las mercancías “cuya cantidad puede ser aumentada por el esfuerzo de la industria humana y en cuya producción la competencia actúa sin restricciones”, no así en aquellas “que no pueden ser aumentadas por la industria humana”, cuyos precios incluyen una renta. Sobrelucro que proviene de su escasez: “cuando la tierra es muy abundante, productiva y fértil no produce renta” y “si hubiera abundancia

“Si el aire (y) el agua (...) fueran de diferentes calidades, si pudieran ser apropiados, y cada calidad existiese solamente en cantidad moderada, estos agentes, lo mismo que la tierra, producirían renta”, señalaba Ricardo.

Pues bien, ya sucedió. Si añadimos a los factores naturales que señala el economista inglés otros que dos siglos de expansión productiva han vuelto limitados y privatizables, tendremos una imagen de la colosal dimensión de las rentas de nuestros días.

“El trabajo de la naturaleza se paga no porque rinde mucho sino porque rinde poco. En la medida en que se vuelve mezquina en sus dones, exige un precio mayor por su trabajo”, escribe Ricado.

Es decir, que las rentas son directamente proporcionales a la escasez. Y es precisamente la escasez de los recursos naturales que hemos agotado lo que define los actuales descalabros ecológicos.

El capitalismo del cambio climático y de la crisis ambiental es un sistema económico cada vez más rentista, un capitalismo gandalla donde la riqueza creada por el trabajo se desvía a la valorización de la propiedad excluyente de los recursos naturales. Especulación que se añade a las ganancias de la rapiña financiera, para configurar un orden muy distinto del que se auguraba hace 200 años. ¿Por qué los gobiernos de las grandes potencias, que gastan 8.4 trillones de dólares en salvar a los bancos, no son capaces de destinar siquiera 200 mil millones a combatir el cambio climático? ¿Por qué no tratar de contener un desorden ambiental que ya como va es dañino y de rebasar los dos grados centígrados provocará hambrunas, pandemias, migraciones, guerras y desaparición de naciones enteras?

Porque cuanto peor, mejor. Porque la escasez paga rentas. Porque el cambio climático, el descalabro ecológico, el estrangulamiento energético, el agotamiento del agua potable, la crisis alimentaria... son un gran negocio para quienes acaparan millones de hectáreas de tierras fértiles, controlan las cosechas mundiales, poseen los grandes reservorios de agua dulce, especulan con el precio de los combustibles fósiles...

El fin del mundo es un gran negocio. Y mientras los negocios sean más importantes que la vida, las reuniones cumbre de las Naciones Unidas terminarán sin acuerdos, como la de Copenhague, o con acuerdos placebo que no atacan a la enfermedad.

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nosotros, los de a pie. Los gobiernos no sirven para eso. A la hora de la verdad, cuando hay que agarrar el toro por los cuernos, lo que cuenta es la gente.

Para facilitarnos la tarea de salvar al mundo vale recordar otros temores y otras catástrofes. San Juan nos da su visión del Apocalipsis. La descripción de la gran inundación de 1729 viene en un viejo diccionario. Juan N. Adorno anuncia devastadores

terremotos y nos recuerda que en vez de echarle la culpa a la naturaleza hay que conocer sus leyes y adaptarse a ellas. Pero es la crónica de Carlos Monsiváis sobre el sacudimiento de 1985 la que nos señala el camino: las sociedades se crecen al castigo y si hace 25 años los chilangos transformamos la tragedia en vislumbre de la utopía solidaria, ahora le toca a la humanidad ponerse guapa.

ILUSTRACIONES: José Guadalupe Posada

El anuncio de la catástrofe que vendrá si no frenamos el cambio climático paraliza quizá porque es la primera vez que nos enfrentamos al fin el mundo.

Lo han anunciado antes pero ahora va en serio. Y como que no nos la acabamos de creer, como que no nos cae el veinte. Pero más vale que nos apliquemos cuando aún estamos a tiempo de ponerle remedio. Porque nadie lo va a hacer si no lo hacemos

Cuando observo la configuración y estructura del hermoso valle en que posa esta importante ciudad no puedo menos que sentirme afectado por su suerte futura (...)

Los volcanes del Anahuac (...) se levantan como los principales gigantes de esta zona plutónica. Estas colosales moles se comunican todas por medio de una prolongada y angosta caverna que une sus plantas entre ambos océanos como una galería líquida, y que pronta siempre a ponerse en actividad puede convertirse en horno de fuego y vomitar llamas y lava y agua hirviente por las bocas actualmente tranquilas y sembrar la devastación y las cenizas donde ahora existen las ciudades más opulentas de este suelo.

Todo en este valle (...) indica una agitación subterránea, y el mismo Popocatepetl, con su emisión perpetua de humo, de azufre y de piedrezuelas, indica constantemente que existe dentro de él un fuego, que lejos de ser extinto, se halla pronto a convertir en conflagración y en llamas.

No puedo dejar de llamar la atención acerca de los repetidos temblores que sufrió México el 28 de marzo de 1787, coincidiendo éstos con el raro fenómeno de haberse

Selección y notas de A. B.

retirado el mar violentamente en las costas de Acapulco, y después por una rápida reacción invadió las mismas costas muchas varas dentro de tierra y permaneciendo en una terrible agitación, en cuyo tiempo se conmovió el suelo con violentas sacudidas, hasta que el mar volvió a su caja normal (...) ¿Sucumbirá (la ciudad de México) un día bajo las fuerzas colosales de la naturaleza, y no quedará de sus suntuosos templos, de sus magníficos palacios y de sus grandes mansiones ni piedra sobre piedra? Estas rientes campiñas, estas nobles montañas, estos espesos bosques ¿se verán sacudidos por subterráneas convulsiones que harán mortífera la habitación del hombre y que reducirán a escombros acaso en minutos, los edificios por siglos levantados? ¿Este mal intermitente es irremediable acaso, o acaso la ciencia tiene recursos suficientes para prevenirlo?

Hoy lamentamos los terremotos que de cuando en cuando arruinan nuestras casas y suelen destruir ciudades y provincias enteras, sin advertir que no es la naturaleza la que ha de trastornar sus leyes para respetar nuestras mansiones deleznables, sino el hombre el que ha de construir sus casas, sus palacios y sus ciudades en concordia con las leyes de la naturaleza.

FOTO: Archivo La Jornada

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a la sombra de Copenhague y más allá de Cantarell ILUSTRACIONES: José Guadalupe Posada

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MÉXICO

Domingo López Díaz Odón de Buen Rodríguez Santo Domingo Las Palmas, municipio Maravilla Tenejapa, Chiapas El cambio climático causó inundación e incendios. Vivimos la contaminación del medio ambiente y enfermedades de vías respiratorias. El fuego pasó por las comunidades, quemó cafetales, potreros. Los pueblos se organizaron para apagar el incendio, pero las tierras quedaron infértiles y ya no se puede producir. Este año ya no hay la misma producción de antes. Se produce el café, maíz, frijol, plátano, pero ahora la situación está muy dura después de los incendios.

Cuando llueve mucho, nuestra fruta del café no queda igual porque se caen las hojas. Ahora hay muchas plagas y enfermedades, entonces ya no se da tanto como antes. Antes no había tanta enfermedad en el plátano, café, maíz. Ahora cayó mucha gusanada.

Merly Santiz Maldonado Libertad del Pajal, municipio Ángel Albino Corzo, Chiapas En la zona Frailesca lo que perjudica es el calor, porque se está quemando y nos hace mucha falta el agua. La producción de maíz y frijol está muy baja. A veces empieza a llover cuando no es tiempo. Ya no podemos producir el café porque al lavarlo no fermenta bien. Nuestro producto ya no tiene la misma calidad. Ya no entendemos el tiempo y no sabemos cómo hacerle con nuestros productos.

Alfonso López Díaz Berlín, Simojovel de Allende, Chiapas La lluvia se llevó las casas. Las familias perdieron sus animales, sus casas, sus pertenencias. Partes de los terrenos se perdieron por los deslaves. Varias comunidades quedaron incomunicadas, se cayeron los puentes. Varias hectáreas de terreno entre potreros, cafetales y milpas se perdieron en ese momento. Afectó mucho la cosecha, en octubre el café se cayó por el frente frío. En febrero y marzo, que se tiene que madurar, no se maduró el grano y se cayó.

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os resultados de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de bi Cli á i (COP) realizada hace Cambio Climático unas semanas en Copenhague resultaron, para muchos, magros y preocupantes.

El que sólo se haya logrado un compromiso sobre el límite del incremento de la temperatura de la atmósfera a dos grados sin una definición, con carácter vinculante, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es un resultado por debajo de las expectativas en este paso dentro de un complejo y largo proceso de negociación.

lo que el país extrae del subsuelo en forma de hidrocarburos líquidos.

tasas bajas o nulas para el cambio de equipos que usan energía en el hogar.

Esta situación, inminente e inevitable, únicamente podrá resolverse de dos maneras: importando esa energía primaria (y a crecientes precios internacionales) o mediante una producción sustituta de origen local, que nunca será más barata que la actual, por lo que dentro de muy poco vamos a tener que pagar más por la energía (ya sea directamente en la factura o por meido de los impuestos que se cobran a algunos para que se cubran

Con esto, la rentabilidad de las alternativas al petróleo –como son los equipos y sistemas que utilizan energía renovable y el ahorro y uso eficiente de la energía– va a ser significativamente mayor. Y sus costos medidos en unidades energéticas serán menores; en el suministro, menores a los que se obtienen por combustibles fósiles o, en el caso del ahorro y uso eficiente de la energía, sus costos de amortización por unidades energéticas ahorradas, menores a las de las unidades energéticas compradas.

Energías alternativas. Así y como ejemplos de una gran variedad de alternativas, el calentar el agua con energía solar –que ya es rentable en las condiciones actuales– será aún más atractivo; el generar electricidad con viento resultará más barato que con plantas de ciclo combinado a gas natural, y aislar térmicamente las casas en regiones de clima cálido se pagará con los ahorros en menos de dos años.

En esa perspectiva, la propuesta que puso México sobre la mesa en esas negociaciones de comprometer una reducción de 30 por ciento de sus emisiones para el 2020, condicionada a disponer de apoyo económico para llevarla a cabo, fue importante pero no sirvió para mover a otros actores con mayor peso a comprometerse con el mismo nivel y bajo las mismas condiciones de reducciones medibles y verificables.

Acciones urgentes. No obstante del resultado final sin compromisos de reducciones y sin el apoyo internacional que los apoyen, México se va a ver obligado a la acción relativamente inmediata no sólo porque la siguiente COP se desarrollará en la Ciudad de México, sino porque su condición de país petrolero exportador, con alta dependencia en los combustibles fósiles en su economía, se deteriora rápidamente: en muy pocos años, quizá al final del actual sexenio y debido a la acelerada caída de la producción en el campo de Cantarell, México va a ser deficitario en energía primaria.

El resultado de Copenhague no es el que determinará el futuro energético de México, sino el hecho de que estamos ya demasiado cerca del momento en que dejaremos de tener petróleo para exportar y no vamos a poder satisfacer plenamente las necesidades internas En otras palabras, el resultado de Copenhague no es el que determinará el futuro energético de México, sino el hecho de que estamos ya demasiado cerca del momento en que dejaremos de tener petróleo para exportar (y cubrir los déficit presupuestarios) y no vamos a poder satisfacer plenamente las necesidades internas que hoy se cubren con

ILUSTRACIÓN: Cintia Bolio / purasevas.blogspot.com

T E S T I M O N I O S

los subsidios de otros). Esto se va a reflejar, principalmente, en los costos de los energéticos para transporte, la generación de electricidad y el calentamiento de agua.

En este sentido, un posible escenario es que el gobierno, a un costo cada vez más oneroso para toda la economía, siga subsidiando los energéticos como lo ha hecho por décadas y, en la última década, con los dineros obtenidos de la exportación de petróleo. Además de ser sumamente improbable, este escenario sería una solución suicida para una economía y un sistema fiscal que ya no pueden sostener una carga de este tipo, que puede llegar a ser de varios cientos de miles de millones de pesos.

Modificación de los subsidios. Más bien, lo que se perfila (y se requiere) es que estos subsidios desaparezcan en la forma actual. En su caso, los apoyos que el Estado mexicano debe dar a las familias más necesitadas tendrán que ser manejados de manera más focalizada y fuera de los mecanismos de la facturación energética.

Así, por ejemplo, además de los apoyos económicos directos a las familias, los subsidios podrían canalizarse vía sistemas de transporte público y/o en financiamiento a

Por supuesto, todas estas alternativas serán más atractivas por estar basadas en tecnologías maduras y ya probadas exitosamente durante muchos años, inclusive en nuestro propio país.

En otras palabras, no solamente por nuestro compromiso como país para combatir el cambio climático, sino también para poder responder a los retos que nos significa la caída de la producción petrolera, México debe aceptar que su modelo energético tiene que cambiar mucho y muy pronto; que tenemos que dejar de pensar que todas las soluciones tienen que pasar por el gobierno; o que las necesidades energéticas se tienen que resolver con derivados del petróleo; que las soluciones sólo son posibles con esquemas centralizados de grandes plantas de generación, o que podemos seguir resolviendo el problema de la movilidad invirtiendo en segundos pisos para autos.

La transformación que se necesita traerá consigo inversiones y actividad económica: lo que ahora extraemos del suelo lo sustituiremos (ya sea evitando su uso o aprovechando otras fuentes de energía) con materiales que habrá que producir, transformar y transportar; equipos que se tendrán que ensamblar e integrar, y sistemas que habrá que diseñar, construir y operar.

En síntesis, además de quitarnos la dependencia del petróleo y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, la transformación del actual modelo energético traerá consigo nuevos empleos, tan necesarios en nuestro país.

Energía, Tecnología y Educación, SC (Ente) demofilo@prodigy.net.mx

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POSICIÓN DE MÉXICO, CLAVE PARA NEGOCIACIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO: ALEJANDRO NADAL • Mercados de carbono, instrumento perverso que impulsan poderosos Lourdes Edith Rudiño

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as próximas negociaciones internacionales sobre cambio climático fil con dos d opciones totalmente conse perfilan trapuestas, y México, al ser anfitrión de la Conferencia de las Partes 16 (COP 16), habrá de jugar un papel crítico. Así lo vislumbra Alejandro Nadal, investigador de El Colegio de México, quien escribió en las semanas recientes un conjunto de artículos profundos en La Jornada alrededor de la Cumbre de Copenhague, lugar donde, dice, un puñado de países poderosos secuestraron este importantísimo debate global.

Los escenarios que prevé Nadal son: uno, el más viable y pesimista, que en los próximos meses o años –no se sabe pues después del acuerdo anodino de Copenhague quedó una gran incertidumbre– se establezca el mercado de bonos de carbono como mecanismo central para la solución al problema del cambio climático, y ello resulta perverso pues “premia a los que contaminan”, desestimula en las industrias contaminantes la inversión en tecnologías limpias, provoca especulación y, según la experiencia de la Unión Europea, no propicia en lo absoluto una reducción en los gases de efecto invernadero (GEI).

Y el escenario alternativo, el ideal, sería que México ejerciera una diplomacia eficiente y asumiera una posición de liderazgo previo y durante la COP 16, estableciendo una visión independiente del interés petrolero y energético de Estados Unidos –que pretende el uso de combustibles fósiles eternamente– y generando una alianza política de primer nivel con los países (incluido el Grupo de los 77, que sería fuerte respaldo) y las organizaciones civiles de todo el mundo “que están reclamando a gritos una posición real frente al problema del cambio climático”.

México tendría así que generar un documento de negociación alternativo a las propuestas de los países ricos, con la participación de científicos, técnicos y sociedad civil internacional, donde se sustente la necesidad de que el mundo baje del actual nivel de 390 partes por millón de CO2 a 350 partes en el año 2050, en el cual se estabilizaría el aumento de la temperatura a uno o 1.5 grados centígrados.

Ello, no obstante que el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) ha definido la meta de 450 partes por millón de bióxido de carbono, la cual está ligada a un aumento de temperatura de dos o 2.5 grados centígrados.

La razón es que ya con dos o 2.5 grados centígrados son previsibles las catástrofes para África y Oceanía (sequías, huracanes, muertes humanas) y para países como Bolivia, donde se esperaría el derretimiento de glaciares y por tanto la pérdida de fuentes de agua para muchas comunidades, y también son previsibles el descongelamiento de capas de subsuelo en Alaska y en Siberia (lo cual liberaría gran cantidad de carbono y propiciaría mayores incrementos de temperatura

global), más sequías en el Amazonas e incendios que arrasarían bosques.

De acuerdo con Nadal, las posibilidades de que los países poderosos consoliden el mercado de bonos de carbono como elemento central contra el cambio climático son muchas y si eso ocurre, “ya nos amolamos”.

Recordó que este mercado surgió en el Protocolo de Kioto (PK), pero como algo subsidiario. En el Anexo 1 del PK hay una serie de países desarrollados que adquirieron la obligación de reducir sus emisiones de GEI en un promedio de cinco por ciento entre 1990 y 2012, “lo cual resulta positivo” y para cumplir esa meta tales países pactaron recurrir a mecanismos flexibles, como los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y los mercados de carbono.

Estos mercados de carbono funcionan estableciendo un límite de emisiones permitidas para diversas unidades (industrias, ramas, instalaciones en una región) y a cada una se le asigna una cuota de emisiones; aquella parte de la cuota que no agote la unidad, puede ser vendida a otra unidad o empresa que exceda su cuota permitida. Aparentemente el interés de estos mercados es crear incentivos para quienes tengan tecnologías más limpias y castigos para los de tecnologías menos limpias.

“El asunto (del mercado de bonos de carbón) desemboca en especulación pura.

Se tenía un problema de calentamiento global y ahora se convierte en un negocio de rentabilidad y privatización” Pero la realidad es otra, dice el entrevistado. Hay muchas imperfecciones y perversiones. Las mencionadas unidades son agentes contaminantes de muy diferente naturaleza (industrias muy intensivas en uso de combustibles fósiles, como la eléctrica; o muy cercanas a la base de recursos naturales, como las de aluminio, pulpa y papel y siderúrgica; o de bienes de capital, o automotriz, todas ellas con horizontes muy diversos para la amortización de inversiones y con interdependencias industriales muy distintas) y por tanto no es lo mismo una reducción de GEI en una industria que de rutina tenía que hacer inversiones en mantenimiento a otra donde una inversión en tecnología tiene repercusión interindustrial y permite pensar en reducciones de GEI mucho más pronunciadas en los años posteriores por los efectos multiplicadores sobre otras industrias.

La principal experiencia de mercado de carbono está en la Unión Europea (UE), aunque también la hay en Chicago y Nueva York, “y se está buscando afianzar, ramificar estos mercados”. El de la UE concluyó su primera fase con resultados negativos. Se dieron cuotas permitidas a muchas industrias y en niveles tan elevados que los sobrantes fueron muy grandes y se desplomaron estrepitosamente los precios de la tonelada de

bióxido de carbono. Hay una corrección en la segunda etapa pero las industrias ponen mucha resistencia y presión política para evitar que les reduzcan sus cuotas permitidas, y entonces esto pospone el funcionamiento del mecanismo.

Y “un grandísimo problema” es que las cuotas iniciales fueron regaladas, en lugar de haberse subastado. “Se debió haber dicho: ‘usted tiene una empresa de química pesada y genera tantas toneladas de bióxido de carbono, pues ahora va a tener que pagar el derecho a seguir contaminando’.

Lo que se hizo fue decir ‘tú emites cien toneladas de CO2, te voy a dar una cuota de 120 para que puedas seguir contaminando y además vender 20 toneladas’. Se ha generado así incentivos de especulación y que permiten a las industrias quedarse estancados en su tecnología.

Gerónimo Bartolón Ortiz Motozintla, Chiapas Nos pegan mucho los huracanes. Sentimos el miedo cuando los arroyos estaban grandes, las casas y los postes de luz se derrumbaron. Las oficinas se inundaron.

El temor de las personas. Cuando vino la calma empezamos a ver los destrozos que dejó el huracán. Los cauces de los ríos tiraron muchas casas. Las grandes familias se ubicaron en los albergues. Iglesias, escuelas, auditorio fueron utilizados como albergues. Las casas que no las tiraron de agua se llenaron de arena, de tierra, de palos. Las cosas que tenía la gente se perdieron. Las cosas eléctricas se echaron a perder. A las familias que no les pasó nada se solidarizaron con nosotros, los que fuimos afectados.

”La prueba de que este mercado no es adecuado es que no ha bajaron las emisiones de carbono durante la primera etapa del esquema de la UE”.

El mercado de carbono se distorsionó. Originalmente era un mecanismo flexible del PK y ahora se le plantea como el corazón en la estrategia frente al cambio climático. “Me temo que cualquier tratado nuevo lo va a tener como punto central”. Y hemos llegado a este punto porque están cristalizando los mecanismos financieros que funcionan alrededor del mercado europeo, con cantidades de dinero muy fuertes y muchos intereses. Los bonos de carbono se convierten en títulos financieros y empiezan a tener vida propia con derivados y otros instrumentos que entran a la especulación. “El asunto desemboca en especulación pura. Se tenía un problema de calentamiento global y ahora se convierte en un negocio de rentabilidad y privatización”.

Respecto de la posibilidad ideal de que México asuma el interés de los pueblos excluidos del debate sobre el cambio climático, Alejandro Nadal considera que nuestro país debe olvidarse de la posición que ha asumido de que “vamos a reducir nuestras emisiones GEI pero lo condicionamos a recibir financiamiento multilateral”. Ésa, señala el académico, “es una posición equivocada –y demuestra nulo liderazgo y actitud de país débil, secundón– porque la población de México está expuesta a una gran vulnerabilidad por el cambio climático, sobre todo quienes viven en las costas y quienes viven de la agricultura. Lo que debemos hacer es reorganizar nuestra economía nacional para generar recursos y enfrentar el problema. El costo de la adaptación lo tenemos que enfrentar nosotros (...) y adoptar una política agrícola, donde trabajemos muy bien con los pequeños productores, a los que hay que fortalecer y apoyar porque allí va a estar la clave de la adaptación del país al cambio climático”.

Con esta posición, México tendría la autoridad moral para demandar a la comunidad internacional que asuma responsabilidades y no simples acuerdos vacuos como el de Copenhague.

Abraham López Ramírez Coquijá, municipio de Tila, Chiapas Las grandes lluvias que pasaron provocaron muchos derrumbes. Se cayeron puentes, casas, carreteras. En la tarde se dieron cuenta que no había forma de salir. En el mes de mayo, cuando empiezan los primeros aguaceros y los vientos, comienza a haber fiebre, diarrea. Cada año, desde hace diez años pasa eso. La gente dice que hay que guardarse en los primeros aguaceros.

De repente hay mucho viento y la floración de café ya no pega, hay poca cosecha. Lo mismo pasa con la milpa, el maíz no está creciendo, se queda en puro xilotillo. Los problemas sociales son cada vez más graves porque hay que comprar más alimento para las familias. Los jóvenes han comenzado a emigrar, es muy grave.

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Alejandro Aguilar Reyna Motozintla, Chiapas El impacto del cambio climático lo vivo con miedo. Estudio el clima diario, intentando adquirir destrezas para sobrevivir. Trato de ser más eficiente en la adquisición de insumos y alimentos. Cuando es tiempo de lluvia, procuro observar un punto estratégico alto. En tiempo de calor trato de no exponerme, ni a mi familia, al sol.

Sobre todo cuando vienen las enfermedades que están siendo pandemias, procuro aprender los conocimientos que nos permiten mantenernos sanos. El cambio climático afecta también mi economía porque al venir los temporales, las sequías, las lluvias, los alimentos se ponen más caros.

Estamos siempre pendientes del clima.

Eso también se está viviendo. Las enfermedades están apareciendo y tenemos que estar atentos a lo que se nos dice. Yo pienso que también algunas enfermedades como la influenza, son producto del cambio climático. Pero no es la única, también ha incrementado la diarrea, el agua es insalubre. Vivimos aterrorizados. Los bebés, los niños, los ancianos son los más afectados por las enfermedades. Los precios de los productos básicos han subido.

Se derrumba la carretera, se cae el puente y ya no pueden llegar los productos básicos, y cuando llegan, los precios están muy altos. Eso nos afecta directamente en los tiempos críticos. En las comunidades donde estamos se va mucho la luz, ya casi no hay luz en la temporada de lluvia.

EL PAPEL DE LOS BOSQUES EN AMORTIGUAR EL EXCESO DE GEI Juan Manuel Torres Rojo

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l cambio climático es una afectación atribuida directa o indirectamente ti id d h a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante largos períodos de tiempo. Esta afectación se atribuye en mayor medida a la creciente emisión de gases de efecto invernadero (GEI), que aumentan la capacidad de retención de radiación solar de la atmósfera. Sin ellos, el mundo sería un lugar frío con condiciones poco favorables para la vida. Sin embargo, cuando el volumen de estos gases es considerablemente más alto que el nivel natural y crece de manera continua, provocan un efecto de invernadero que origina una elevación artificial de las temperaturas acompañada de un cambio en el régimen de precipitación pluvial.

En este contexto, los bosques juegan un papel primordial en la mitigación del cambio climático, pero a su vez son ecosistemas muy vulnerables al fenómeno. Algunos de ellos presentan un alto riesgo de extinción. La acción de mitigación de estos ecosistemas sigue dos vías: la conservación de inventarios de carbono y la captura del mismo. La primera vía considera que los bosques (templados, tropicales y de regiones áridas y semiáridas) contribuyen positivamente, en mayor o menor medida, a lograr un balance global de carbono, dado que mantienen altas reservas de este elemento tanto en su biomasa como en el suelo donde se sustentan; de aquí que el mantener estas reservas con actividades que reduzcan la deforestación y la degradación de bosques, mediante la protección, restauración o la conservación de su salud y biodiversidad, debe ser una alta prioridad en la estrategia en contra del cambio climático.

La segunda vía considera que estos ecosistemas, sobre todos aquellos en edad o estadios inmaduros, capturan grandes volúmenes de carbono de la atmósfera por medio del proceso fotosintético. Esto implica que el fomento de actividades que amplíen la cobertura forestal o incrementen el inventario de arbolado existente en las zonas forestales contribuirá a capturar más carbono de la atmósfera. Así, las actividades de reforestación, de establecimiento de plantaciones forestales comerciales y de manejo forestal sustentable en bosques naturales son estrategias basadas en la actividad forestal que contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio climático.

reducir la deforestación y la degradación de bosques, mediante la protección, restauración o la conservación de su salud y biodiversidad, debe ser una alta prioridad en la estrategia en contra del cambio climático Tales estrategias de mitigación y adaptación por ambas vías requieren que la estructura de gobierno de los bosques y el diseño institucional permitan la aplicación de los diferentes instrumentos de política pública, con incentivos, financiamiento, construcción de capacidades y reducción de riesgos de inversión, con la participación de todos los agentes involucrados en el manejo forestal.

ProArbol. A partir de la presente administración, el gobierno federal ha aumentado notablemente el presupuesto para fortalecer cada uno de los elementos que permitan desarrollar una estrategia forestal para enfrentar el cambio climático. Una de ellas, quizá la más

importante, es el programa ProArbol. Este programa cumple con un objetivo dual, ya que por un lado pretende mejorar el bienestar de los pobladores de las áreas forestales, usualmente los de mayor nivel de marginación en el país, y por otro, fomenta la calidad y cantidad de los bosques del país. Bajo esta óptica, el programa destina recursos a estrategias de conservación novedosas como el Pago por Servicios Ambientales, mecanismo mediante el cual se retribuye económicamente a los dueños y poseedores de áreas forestales con alto riesgo de cambio de uso del suelo, el costo de obligarse a conservar tales áreas. México es líder en este tipo de estrategias de conservación, que intentan desarrollar un mercado de servicios ambientales de cara a las acciones propuestas a escala internacional para mitigar el cambio climático. De igual forma, ProArbol impulsa otras estrategias de conservación no tradicionales, como la certificación forestal, el fomento del manejo forestal sustentable, la construcción de capacidades en los dueños y poseedores de los bosques, la integración de cadenas productivas, el fomento de la competitividad de los productos maderables y no maderables, así como otras estrategias para abatir degradación y cambio de uso del suelo. Como estrategias de restauración y promoción de actividades productivas en torno al cambio climático, ProArbol tiene un componente de reforestación y otro de establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Todos estos componentes del ProArbol han contribuido a que el país sea reconocido como líder en la aplicación de diferentes estrategias forestales contra el cambio climático, no sólo por la diversidad de instrumentos de política pública, sino por la diversidad de condiciones ambientales y socioeconómicas donde se han aplicado dichos instrumentos.

Director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)

SILVICULTURA COMUNITARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Ruli de Jesús Coello Gómez Francisco Chapela Municipio Venustiano Carranza, Chiapas No nos pegó el Stan. Lo que nos está pegando es la producción, que en este año, tronamos. Tuvimos una cosecha de maíz exitosa el año pasado, pero este año no vamos a cosechar nada. Tronamos definitivamente. En los manantiales ha venido una decadencia y han quedando desérticos los mantos freáticos. En los meses que debe haber calor, ahorita hay frío.

Nos ha afectado en que ya nos desubicó.

Teníamos una temporada de siembra, la del mes de julio. En este año, ninguna siembra funciona. Anteriormente teníamos producción de maíz y frijol con la que podíamos sobrevivir; ahora tenemos que comprar granos y más caro. En la afectación del cambio climático, entró una plaga que se llama mal amarillo y se acabó la cosecha. Tenemos que buscar una alternativa para garantizar la alimentación de la familia y de los compañeros de la organización. El que no esté organizado se va a morir de hambre con esta desubicación de la naturaleza.

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os bosques de México están en el centro de los dilemas de diseño institucional que debe enfrentar el país para encarar sus compromisos frente al cambio climático. Para reducir en 30 por ciento las emisiones netas en los próximos diez años, deberá detenerse la deforestación y la degradación forestal y deberán fortalecerse las economías regionales. Con esto, se reducirán las emisiones por la eliminación de árboles, se capturará carbono atmosférico al aumentar la biomasa forestal y se reducirán las emisiones por transporte de personas y mercancías.

Incentivos para la industrialización. México empleó durante buena parte del siglo XX un enfoque industrial para el aprovechamiento forestal. Mediante esquemas de inversión privada o público-privada, se desarrollaron grandes proyectos de aprovechamiento forestal en bosques concesionados por el gobierno a empresas con capital suficiente para esa escala de operaciones. El incentivo principal era el poder hacer un negocio más o menos redituable. El horizonte de tiempo lo establecía el gobierno al fijar el período de la concesión, es decir, 20 a 30 años. En este esquema no cabe el promover que los bosques perduren, pues no es éste un objetivo de la empresa ni es algo compatible con los plazos de las concesiones.

El Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 (PECC) estima que 30 por ciento de las reducciones de emisiones de México pueden provenir de reducir la deforestación y la degradación de los bosques, y de recuperar áreas forestales.

Como resultado, se estima que entre 1955 y 1985 la superficie de bosques templados en el país pasó de 49 a 38.5 millones de hectáreas y la de selvas de 41 a 37.5 millones. El entramado institucional de la época hizo perder al país cada año un promedio de 350 mil hectáreas de bosques templados y 117 mil hectáreas de selvas.

¿Cuáles deben ser los incentivos y entramados institucionales que se requerirán para lograr los objetivos de México en este desafío?

Esta política también degradó los bosques.

Una evaluación económica de los bosques de las comunidades oaxaqueñas de La Tri-

nidad, Xiacuí, Capulalpam y Comaltepec mostró que al inicio de la concesión industrial valían 172.6 millones de pesos de 1975.

En 1975, al terminar el período de concesión, esos mismos bosques sólo valían 149.3 millones de pesos de 1975. Las comunidades sufrieron una pérdida de más de 1.2 millones de pesos anuales durante la concesión.

Incentivos para la perduración. En los 80s, en México se dio una innovación importante. Se constituyeron unidades de manejo forestal cuyo interés primario no era la generación de ganancias, sino desarrollo y bienestar social. Estas unidades de manejo, que eran propiedad de grupos rurales, iniciaron la “silvicultura comunitaria”. A semejanza de otras empresas, deberían competir en los mercados para lograr los ingresos necesarios a fin de tener viabilidad económica. Pero el carácter “comunitario” de estas empresas las hace tener dos diferencias fundamentales: (1) deben orientar sus ganancias no a la mera acumulación, sino a la generación de bienestar y desarrollo social, pues para eso se constituyen, y (2) al estar formadas por miembros de la comunidad local y ser parte de ella, las empresas de silvicultura comunitaria están

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REDUCIR EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN Iván Zúñiga

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pesar del gran fracaso de la Cumbre de Copenhague para detener el int dde llas emisiones de gases de efecto cremento invernadero (GEI) a la atmósfera, en las negociaciones destacó el acuerdo unánime para iniciar cuanto antes esfuerzos para Reducir las Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques del planeta (REDD), ya que este fenómeno es responsable de 20 por ciento de las emisiones globales anuales y el mecanismo REDD es la opción más barata de mitigación con grandes beneficios adicionales hacia la biodiversidad y la sustentabilidad de los ecosistemas terrestres.

Dado que la mayor parte de la deforestación y degradación de los bosques sucede en los países en desarrollo, la creación de un esquema REDD como un sistema internacional de compensación dirigido a los dueños de las áreas forestales en esos países constituye una importante iniciativa para promover un manejo forestal sustentable a escala global que podría financiarse con montos de entre 12 mil y 30 mil millones de dólares al año. Tan sólo para México, la inversión incremental requerida para REDD durante las siguientes décadas podría acercarse a los mil cuatro millones de dólares. ¿Qué pasa en los bosques mexicanos? Más allá del estado de las negociaciones para el establecimiento de un mecanismo REDD internacional, para México es fundamental la generación de un esquema que revierta las causas de la deforestación y la degradación de los bosques.

Investigaciones nacionales e internacionales han demostrado que en México la defo-

restación y degradación de los bosques son resultado de un proceso multifactorial influido fuertemente por la política económica gubernamental hacia el desarrollo rural, en combinación con la falta de apoyos para el fortalecimiento del manejo forestal sustentable para que las personas puedan vivir de sus bosques sin comprometer la estabilidad de los ecosistemas. Esto desmiente los señalamientos comunes de que la tala ilegal y la pobreza son las principales causas del daño.

Por ello, un programa REDD para México basado en el manejo forestal sustentable por parte de los ejidos y las comunidades indígenas abre la oportunidad de dar un giro a la estrategia de combate a la deforestación y la degradación, toda vez que esta actividad tiene el mayor potencial para la reducción de emisiones a costos negativos o relativamente bajos al lograr la valorización económica del bosque, y por lo tanto, su conservación.

REDD Plus para México. Para lograr un esquema REDD en México es necesario ir más allá de los esquemas simplistas que acostumbran adoptar los programas gubernamentales y considerar los enfoques llamados REDD Plus que promueven un manejo integral del territorio incluyendo la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo.

Necesitamos un REDD Plus que considere la disminución de emisiones, la conservación de los inventarios forestales, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento del capital social por medio de una serie de acciones dirigidas al manejo sustentable de los bosques.

En estos momentos la discusión sobre las condiciones para implementar un REDD Plus es fundamental para el futuro de los bosques y las emisiones, pero sobre todo

bosques y selvas con programa de manejo forestal y cerca de un millón de hectáreas con buen manejo certificado.

Para reducir en 30 por ciento las emisiones netas en los próximos diez años, deberá detenerse la deforestación y la degradación forestal y deberán fortalecerse las economías regionales obligadas a promover la permanencia de las empresas mismas y de su base de recursos: los bosques naturales, con su diversidad biológica y de recursos asociados.

Esto crea un esquema de incentivos, en el que la permanencia de la empresa forestal y de su base de recursos son elementos centrales. En la actualidad existen cerca de 500 comunidades en todo el país que manejan alrededor de tres millones de hectáreas de

La silvicultura comunitaria hace que México tenga una posición muy importante, tanto por la extensión del esquema, que puede abarcar más de 60 por ciento de los bosques y las selvas del país, como por la particularidad de que aquí se reconoce por ley el derecho de las comunidades locales a manejar y cosechar los productos forestales. Estas características convierten a nuestro país en líder mundial en innovación en el manejo forestal, únicamente comparable con muy pocas naciones, como son Papúa Nueva Guinea o Bolivia.

De acuerdo con nuestros análisis preliminares de la información sobre cubierta vegetal publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la expansión de la silvicultura comunitaria y su esquema de incentivos a zonas amplias del país está contribuyendo a reducir sustancialmente la tasa de deforestación en las zonas en donde se ha puesto en práctica este enfoque. Así como el esquema industrial generó incentivos para la deforestación y la degradación forestal, la silvicultura comunitaria está generando un esquema de incentivos que está deteniendo

para los 13 millones de personas que habitan y dependen directamente de los bosques, ya que existe un serio riesgo de incurrir en un esquema enfocado sólo a la mitigación de emisiones por la vía de limitar el manejo del bosque. Un esquema que no permita los aprovechamientos puede actuar en detrimento de los servicios y productos forestales que requiere la sociedad y que sustentan la conservación en el largo plazo. También hay el riesgo de que se generen programas asistencialistas que produzcan retrocesos en el desarrollo del manejo sustentable.

El esquema REDD Plus mexicano debe considerar al manejo sustentable de los bosques naturales como el mecanismo básico para detener la deforestación y conseguir mejores tasas de captura neta de carbono, pero también como mecanismo para generar beneficios adicionales en términos sociales y económicos para amplias regiones rurales del país que logren el reforzamiento de los derechos de propiedad sobre los territorios y recursos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y debe incluir instrumentos transparentes para la definición, gestión y evaluación del programa.

Es por esto que la implementación de un REDD Plus representa una gran oportunidad para apuntalar otros aspectos de la agenda del sector forestal nacional, como el fortalecimiento del marco institucional a nivel regional y la incorporación de una visión económica y social en la lucha contra la deforestación, mejorando las capacidades de la política forestal para lograr la conservación de los bosques sin eliminar la provisión de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del país.

Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible (CCMSS) izuniga@prodigy.net.mx

la deforestación y puede revertir la degradación y la pérdida de competitividad del sector forestal, poniendo bajo resguardo efectivo la mayor parte de los ecosistemas forestales de México, ricos en diversidad biológica.

Ante los retos y compromisos que plantea el cambio climático, México debe resolver un dilema de diseño institucional. Por un lado, puede optar por fortalecer los sistemas de silvicultura comunitaria, generando el esquema de incentivos que ya está deteniendo la deforestación y la degradación y es capaz de contribuir a fortalecer las economías regionales. Por el otro, podría optar por una política coercitiva que lanzara a la ilegalidad a las actividades comunitarias de aprovechamiento forestal y privilegiara al mismo tiempo la participación de los grandes capitales.

La experiencia de mediados del siglo XX fue que la apuesta por atraer de manera privilegiada grandes capitales produjo deforestación y degradación. La experiencia de fines del siglo XX y principios del XXI sugiere que la silvicultura comunitaria es capaz de detener la deforestación y la degradación forestal.

Esperamos que la elección que hagamos como país sea esta vez sensata.

Director ejecutivo de Estudios Rurales y Asesoría, AC fchapela@era-mx.org

Baudencio Pérez Frontera Comalapa, Chiapas El cambio climático ha provocado enfermedades que han afectado la producción del campo, de la milpa. Por eso en mi comunidad, con 25 familias, toda la juventud se ha ido a trabajar fuera del estado y del país. Aquí no encontraron forma de emplearse. La producción ha mermado en el frijol, maíz y cacahuate; la sequía vivida en julio, agosto y septiembre impidió que los cultivos alcanzaran su madurez y la producción por hectárea bajó de tres toneladas a 500 kilos. Hay mucha pobreza y la gente se está yendo a otros estados.

Edelmiro López López Rincón del Bosque, municipio de Motozintla, Chiapas El huracán Stan tuvo un impacto de terror y miedo. La gente se tuvo que salir a los lugares más altos para la protección de sus familias y hubo familias que fueron sepultados por los deslaves. La gente se lamentaba porque no sabía dónde refugiarse.

Mis papás dicen que no habían vivido una catástrofe como ésta de 2005. Por los cambios climáticos, la producción ha mermado 80 por ciento en el cultivo del café; antes se producían 25 quintales por hectárea y ha bajado hasta dos quintales por hectárea. La gente ha emigrado y eso ha venido a dividir las familias. Antes el café era el sustento y fuente principal de ingresos de la comunidad. Actualmente hay fuertes vientos, sequías y frentes fríos. La flor y el grano de café no llegan a la madurez total y por las lluvias el fruto del café se esta cayendo. En la sierra se ha disminuido la producción a comparación de la selva y de la Frailesca, donde la producción se mantiene. Además el número de hectáreas de producción de café se redujo por los deslaves provocados por el Stan, De diez hectáreas que yo producía ahora sólo trabajo dos.

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DEBERÁ REORIENTARSE 50% DE LA SUPERFICIE DE GRANOS: VILLALOBOS

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onsiderando que México será uno de los diez países donde el calentamiento global afectará más gravemente en disponibilidad de agua y agricultura, debemos comenzar ya, de inmediato y en forma drástica, a modificar las prácticas productivas, pues “estamos hablando de que un 50 por ciento de los 20 millones de hectáreas dedicados hoy a granos tendrán que reorientarse hacia cultivos que requieran menos agua”.

Víctor Manuel Villalobos, quien fungió hasta el 31 de diciembre como coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y el uno de enero asumió la dirección general del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA, con sede en San José, Costa Rica), hizo esta advertencia y afirmó: “tendremos que dejar de sembrar maíces donde hay menos posibilidades de éxito, donde cada vez será más difícil predecir los periodos de lluvias, pues dado que las precipitaciones pluviales se concentrarán en menos tiempo, no habrá garantía de cosecha”. El Bajío y los valles altos de México serán los más afectados.

“Posiblemente tendremos que movernos hacia donde tengamos más seguridad del agua, como el sur del país, aunque allí vamos a enfrentarnos a otros problemas, enfermedades y toxicidad de aluminio y acidez en los suelos y no tenemos muchas variedades de maíz para esas condiciones”.

ANTE LA AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA DEMANDAMOS LA REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA HACIA EL CAMPO  

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Señaló que los ajustes deben hacerse lo más pronto posible, pues en 15 años las condiciones de producción del país serán totalmente diferentes. “Ya sabemos lo que puede pasar, cuáles son las expectativas; entonces hay que actuar ahora; no ser reactivos como nos ha pasado en otras ocasiones. Debemos alentar la investigación; generar una capacidad nacional fuerte para hacer mejoras genéticas de nuestros materiales; culturizar hacia nuevas formas de manejo de suelos y riego, e implementar nuevas prácticas agrícolas más sustentables, como la incorporación de materia orgánica para retener humedad en los suelos. Debemos revisar nuestros cuadros técnicos y programas científicos y fortalecerlos, y para ello se requieren decisiones políticas importantes y un aporte de recursos que no sea limitado”.

En este marco, dijo, los recursos naturales genéticos cobran gran importancia –y así lo están viendo países como Turquía, que están en la misma franja que México y enfrentarán problemas agrícolas similares–, pues hay especies y genes en los bancos de germoplasma del mundo que confieren habilidades a las plantas para tolerar el estrés hídrico.

“Existen estudios en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) para un transgénico tolerante a estrés hídrico en el caso del trigo y en Centro de Investigaciones Avanzadas (Cinvestav) del Politécnico se ha venido trabajando durante algunos años en tolerancia a estrés hídrico en maíz. Estas investigaciones van a dar resultados en tres o cuatro años, de tal forma

Toda esta ofensiva a la economía del pueblo es fruto de una política económica concertada por el gobierno federal, el PAN y el PRI. Prueba de ello es que el Paquete Económico 2010 -que por el lado de los Ingresos contempla la elevación de los impuestos y por el lado de los egresos privilegia el gasto asistencial sobre el productivo y los indultos para las grandes empresas- fue aprobado en la Cámara de Diputados propuesto por el gobierno y apoyado por las fracciones del PRI y PAN, aunque ahora el PRI pretenda evadir el costo político y endosarle la factura sólo al gobierno y al PAN. En este sentido resultan hipócritas las acusaciones del tricolor al gobierno panista, pues en el Congreso de la Unión ambos partidos se coludieron para imponer un paquete económico que ahora padecemos.

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Soberanía Alimentaria, revalorización de la producción campesina y producción sustentable entre los principales ejes de la Política Rural que proponemos Alertamos sobre el riesgo de utilización del presupuesto rural para fines electorales durante 2010. El aniversario de la movilización campesina de 2003 que dio lugar a la firma del ANC no debe ser pretexto para fortalecer políticas clientelares con fines electorales y sin transparencia PAN y PRI corresponsables en el alza de impuestos, de la escalada de precios y de un presupuesto rural orientado hacia el gasto asistencial Inseguridad alimentaria, pobreza, degradación y agotamiento de los recursos naturales es el resultado de la actual política económica y rural Demandamos al gobierno tener una política congruente en términos de sustentabilidad como sede de la Conferencia sobre Cambio Climático

Como si la ofensiva desatada contra la economía popular e intensificada en 2009 con el pretexto de la crisis económica no fuera suficiente, el gobierno federal la agudiza con los incrementos a los impuestos y a los energéticos en este inicio de 2010, alentando más la recesión y no la reactivación de la economía, agravando la pobreza y marginación en el campo y las ciudades.

Apenas han transcurrido 10 días del presente año y con los aumentos a la gasolina, al diesel, al gas doméstico, al IVA y al ISR, el costo de 45 productos básicos se ha disparado entre un 10 y un 15%. Esto, luego que durante el año pasado el salario mínimo perdió un 9% de su poder adquisitivo para acumular un deterioro superior al 50% desde 1982.

El modelo económico y la política hacia el campo que contempla han generado solo mayor pobreza en el país, mayor desigualdad así como el agotamiento y degradación de los recursos naturales por mucho que el gobierno pretenda presentar a México como un modelo de sustentabilidad. En tan solo un año se elevó primero de 13.8 a 19.5 millones el número de personas en inseguridad alimentaria severa y luego hasta 23 millones, todo este crecimiento de pobreza en el mismo periódo que aumentaron los presupuestos asistenciales. Con la actual carestía el número de mexicanos que no pueden realizar el mínimo de comidas necesarias va a seguir aumentando.

Las organizaciones que formamos el CONOC reiteramos nuestro rechazo al modelo económico que sigue sosteniendo a toda costa el gobierno panista; rechazamos también la política agroalimentaria de Estado que desprecia a los productores campesinos de alimentos básicos y privilegia a los productores de exportación y a las grandes compañías trasnacionales del agronegocio; que privilegia el gasto asistencial para el campo y reduce el productivo por serle más útil para fines electorales y que agota y degrada nuestros recursos naturales.

En la víspera del aniversario de las movilizaciones campesinas del año 2003 manifestamos que nos mantendremos unidos para seguir denunciando estas maniobras y develando esta alianza vergonzante de los partidos de la oligarquía. Al mismo tiempo declaramos que nos movilizaremos durante el año para exigir la puesta en marcha de un modelo agroalimentario y de desarrollo rural sustentable basado en la soberanía alimentaria con campesinos.

POR LO ANTERIOR PROPONEMOS Y EXIGIMOS LO SIGUIENTE: 1.

Reversión inmediata de los incrementos al IVA, ISR, IDE y precios de los combustibles aprobados

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FOTO: Sagarpa

Con el apoyo de Oxfam MéxicoRostros y Voces, las organizaciones campesinas FIECH, OREPPA y COOPCAFÉ realizaron un foro de “audiencias climáticas” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los anteriores son algunos de los testimonios de los campesinos participantes. Oxfam destaca que desde la década pasada Chiapas ha sentido fuertes impactos del cambio climático, desde las tormentas tropicales y huracanes de 1997 y 1998, el huracán Stan en 2005, los frentes fríos que con más frecuencia azotan al estado, o la sequía del 2009, que provocó daños en 80 por ciento del territorio agrícola del estado, además de que se prevé que 2010 será aún más seco.

Urgen cambios en la agricultura: Víctor M. Villalobos

que son compatibles con las expectativas. Si bien no serán la única solución, tendremos una oferta de nuevas variedades acorde con los tiempos que enfrentaremos en 15 años”.

De acuerdo con el funcionario –quien ha sido caracterizado por organizaciones ambientalistas como promotor de los transgénicos– es evidente que las grandes corporaciones desarrolladoras de transgénicos van mucho más rápido que las instituciones científicas internacionales o nacionales. Por eso debe fortalecerse la capacidad nacional para las mejoras genéticas. “Tendríamos que anteponer nuestras necesidades, nuestros maíces y no permitir que nos traigan híbridos de la franja maicera de Estados Unidos a tratar de adaptarlos acá (...)

Además, qué pasa con el frijol, los chiles y otras especies que no resultan de interés económico para las grandes empresas. Tenemos que hacerlo nosotros (la investigación) y si al final nosotros vamos a querer reemplazar por ejemplo las áreas destinadas al maíz donde ya no va a haber tanta agua, saber cuáles son los materiales que vamos a poner y dónde están y cuándo se van a preparar. Y creo que ya estamos tarde en ese proceso”. (Lourdes E. Rudiño)

por el Congreso de la Unión en un periodo extraordinario de sesiones. Al mismo tiempo aprobar un plan radical de austeridad del gasto corriente gubernamental y eliminar los sistemas de privilegios para obligar a las grandes corporaciones a tributar.

Reorientación radical de las políticas agroalimentarias impuestas desde 1982 hasta la fecha, con base en la soberanía alimentaria, la producción campesina de alimentos y la agricultura sustentable. Un presupuesto con enfoque productivo.

Aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta de reforma constitucional el Derecho a la Alimentación, a la cual se ha opuesto sistemáticamente el gobierno de Felipe Calderón.

Aprobación por la Cámara de Senadores la minuta de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentarias y Nutricional.

Aprobación por el Congreso de la Unión de un Decreto por el cual ordene al Ejecutivo Federal a establecer una Reserva Estratégica de alimentos y la aprobación de una ley para establecer un mecanismo permanente de administración del comercio exterior de los alimentos estratégicos para la Soberanía y Seguridad alimentaria del país.

Establecimiento de acciones contra los monopolios agroalimentarios, por la Comisión Federal de Competencia y la PGR.

¡MÉXICO Y EL CAMPO NO AGUANTAN MAS! ¡POR NUEVAS POLÍTICAS PARA EL CAMPO A FAVOR DE LOS CAMPESINOS Y DEL DESARROLLO SUSTENTABLE! Atentamente, Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) Coordinadora Estatal de los Productores de Café de Oaxaca (CEPCO) Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC) Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) www.conoc.org.mx

contacto@conoc.org.mx

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ILUSTRACIÓN: Cintia Bolio / purasevas.blogspot.com

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MÉXICO EN EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL Cecilia Conde Álvarez

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a composición atmosférica de nuestro planeta es tal que permite que gases con concentraciones mínimas como el vapor de agua, el bióxido de carbono, el metano y algunos otros produzcan el llamado efecto invernadero. Gracias a él, la Tierra tiene en promedio una temperatura en superficie de 15 grados centígrados. Sin ese efecto invernadero, esa temperatura estaría cercana a 30 grados menos.

Es claro que si se cambia la composición atmosférica, aumentando algunos de esos gases, el planeta se calentará. Las acciones humanas están modificando esa composición atmosférica, emitiendo a la atmósfera por quema de combustibles fósiles toneladas de gases de efecto invernadero (GEI). También los procesos de cambio de uso de suelo, especialmente la deforestación, provocan emisiones de estos gases y además disminuyen la cubierta vegetal que captura el bióxido de carbono atmosférico.

En su último Reporte de Evaluación, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) establece que de manera inequívoca se pueda afirmar que esas emisiones antropogénicas ya han cambiado la concentración de los GEI y, por tanto, el calentamiento observado durante el siglo XX puede atribuirse a la acción humana. La temperatura global ha aumentado en 0.74 grados centígrados, que es el mayor incremento en mil 300 años. También el nivel

del mar ha aumentado entre seis y diez centímetros, y los cuerpos de hielo y nieve se han reducido de manera significativa. Por ejemplo, para 2007 en el Ártico se habían perdido cerca de 4.3 millones de kilómetros cuadrados.

Asociados a los cambios climáticos descritos, se han detectado cambios generalizados en las cantidades de precipitación, además de cambios en los eventos extremos, como sequías, lluvias torrenciales, ondas de calor e intensidad de los ciclones tropicales.

Los cambios físicos observados han provocado que ya se presenten impactos en los sistemas biológicos e hídricos en el planeta. Por ejemplo, el IPCC ha documentado que entre 1970 y 2004 se observaron más de 30 mil evidencias de cambios en los patrones de migración de las aves, en la floración de las plantas y en el deshielo y la recarga de ríos y acuíferos, que están asociados al calentamiento del planeta.

Así pues, las observaciones indican claramente que el proceso de cambio climático ya está en marcha, y que sus impactos ya se están dando.

Proyecciones del clima futuro. El clima para los próximos cien años no se puede pronosticar. En primer lugar, tendríamos que poder pronosticar las emisiones futuras, asociadas a la economía, al crecimiento poblacional, al cambio de uso de suelo, a los avances tecnológicos y a las fuentes de energía que se emplearían. Para incluir ese conjunto de factores en las proyecciones del clima futuro, el

IPCC ha establecido, en lugar de pronósticos, escenarios de emisiones. Éstos proyectan los cambios en las emisiones antropogénicas en función de las posibles trayectorias socioeconómicas futuras. En cualquier caso, siguiendo cualquiera de esas trayectorias, se prevé que el planeta se seguirá calentando.

Para el año 2100 la temperatura puede incrementarse entre 1.8 y cuatro grados y el nivel del mar elevarse entre 18 y 59 centímetros, y es muy probable que los extremos de calor y las precipitaciones torrenciales sean más frecuentes. Los cambios observados en los sistemas biofísicos descritos anteriormente se acentuarían, poniendo en riesgo de extinción entre 20 y 30 por ciento de las especies vegetales y animales si la temperatura global promedio excede entre 1.5 y 2.5 grados centígrados. En cuanto a los sistemas humanos, es probable que aumentará el número de personas expuestas a la falta de disponibilidad de agua, a inundaciones y al aumento del nivel del mar. Para la producción agrícola, en los países de latitudes bajas se proyecta que la productividad de granos básicos disminuirá aun con aumentos de temperatura menores, de entre uno y dos grados centígrados.

Hay que señalar que los anteriores se denominan “impactos potenciales” pues no consideran las medidas o estrategias de adaptación que pueden aplicar los posibles afectados. Poco se ha documentado con respecto a estas medidas (espontáneas o planeadas) ante el cambio climático observado, pero es

claro que urge diseñar estrategias que permitan anticipar y planear las posibles acciones ante el cambio climático actual y futuro.

Cambio climático y sus impactos en México. Los escenarios de cambio climático proyectan en general aumentos de temperatura para todo el país, particularmente en la región norte. Algunos escenarios también indican que la precipitación puede disminuir en regiones áridas y semiáridas, ya de por sí sensibles a la sequía. Sin embargo, también hay escenarios de cambio climático que indican aumentos en la precipitación, aun para esas regiones.

En el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM (CCA-UNAM; http://atmosfera.unam.mx/) se han desarrollado para el país escenarios de cambio climático mensuales y para diferentes regiones de México.

Todas las bases de datos están disponibles, así como una guía para que los usuarios generen sus propios escenarios de cambio climático.

Las consecuencias en sectores prioritarios para México también han sido analizadas en diversos estudios. Los métodos empleados y los resultados obtenidos por expertos en sectores prioritarios están en la misma página del CCA-UNAM y en la del Instituto Nacional de Ecología (INE; http://www.ine.gob.mx/).

En general, se ha evaluado que en condiciones de cambio climático la cobertura vegetal del país se vería afectada hasta en 50 por ciento en condiciones de cambio climático.

Integrante del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del CCA- UNAM y miembro IPCC conde@servidor.unam.mx

16 de enero de 2010

El veredicto de Oxfam

MOMENTO HISTÓRICO, REUNIÓN HISTÓRICA, EVASIVA HISTÓRICA “El acuerdo es un triunfo de la propaganda por encima de la sustancia” Jeremy Hobbs, director ejecutivo de Oxfam Internacional

El acuerdo climático anunciado en Copenhague es un triunfo de la propaganda sobre la sustancia. El acuerdo –que ha sido anunciado por Estados Unidos, India, China y Sudáfrica– no fue respaldado por otros muchos países.

El acuerdo no ofrece confianza de que será evitado el cambio climático catastrófico o que los países pobres recibirán el dinero que necesitan para adaptarse al calentamiento global. Los líderes también han pospuesto un acuerdo legalmente vinculante hasta finales de 2010. “Éste no es un pacto cerrado, ya que un acuerdo debe ser aprobado por todos los países. Este acuerdo apenas logra ocultar las enormes diferencias entre los países que han plagado las nego-

ciaciones durante dos años”, declaró en Copenhague Jeremy Hobbs, director ejecutivo de Oxfam Internacional.

“El acuerdo es un triunfo de la propaganda por encima de la sustancia. Reconoce la necesidad de mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados, pero no compromete la manera de hacerlo. Deja atrás las decisiones importantes sobre reducción de emisiones y elude temas de financiación.

“Millones de personas en todo el mundo no quieren ver morir en Copenhague sus esperanzas de un acuerdo ambicioso, justo y vinculante. Los líderes tienen que volver a la mesa negociadora a principios de 2010 y tomar las decisiones políticas que se necesitan urgentemente para que se consiga un acuerdo tal.”

Propaganda vs realidad en el acuerdo Propaganda: cien mil millones de dólares al año para ayudar a los países pobres.

Realidad: Está formulado como un objetivo, no como un compromiso. En consecuencia, los países pobres no tendrán ninguna seguridad de que recibirán el dinero que necesitan para adaptarse al cambio climático y reducir sus propias emisiones.

Cien mil millones de dólares es sólo la mitad del dinero que se necesita.

El déficit en los fondos podría signifi car que los trabajadores del sistema de salud en el sur de Asia y en África subsahariana no conseguirán los mil 500 millones de dólares al año que necesitan para evitar las muertes provocadas por la malaria y la diarrea, que se expanden por culpa del calentamiento global.

No hay garantía de que los cien mil millones de dólares vayan a ser adicionales a los compromisos de ayuda oficial ya existentes. Esto significa que

FOTO: Polska Zielona Siec

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el dinero podría ser desviado de los presupuestos de educación y salud para pagar protecciones contra las inundaciones.

Los cien mil millones de dólares pueden no ser dinero público. A no ser que el financiamiento para el cambio climático provenga de fuentes públicas, no hay garantías de que llegará a la gente que más lo necesita, en el lugar adecuado y en el momento preciso.

Propaganda: Mantener el incremento de la temperatura global por debajo de dos grados centrígados Realidad: El acuerdo no incluye metas que garanticen que el calentamiento del planeta se mantendrá por debajo de los dos grados centí grados. La ciencia es clara en que se necesita una reducción de emisiones de al menos 40 por ciento en 2020.

Metas específicas son esenciales.

RECLAMANDO PODER EN COPENHAGUE Simone Lovera

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esde muchas perspectivas, la 15 Conferencia de las Partes en ió sobre b Cambio Climático (COP la Convención 15) celebrada en Copenhague se vislumbraba como una “crónica de una muerte anunciada”.

Hace más de seis meses quedó claro que el contaminador más grande del mundo, Estados Unidos (EU), no iba a comprometerse a un acuerdo vinculante para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con el 49 por ciento requerido por la ciencia para evitar la marcha del clima planetario hacia un destino catastrófico. Este compromiso requiere una legislación nueva y revolucionaria, y los borradores de la legislación que están sobre la mesa en Washington hasta ahora no logran comprometer al país a una reducción de más de cuatro

por ciento en comparación con los niveles de 1990. He ahí la gran responsabilidad de los ciudadanos estadounidenses. ¿Serán lo suficientemente conscientes de su papel histórico o permanecerán en su burbuja carbónica protegidos por el poderío militar de sus ejércitos?

Entonces, la pregunta principal antes de Copenhague no era si habría un fracaso en la COP 15, sino quién asumiría la responsabilidad del fracaso. La estrategia de prensa de Estados Unidos estuvo muy bien desarrollada: asegurar que todo el mundo piense que China era la oveja negra de la conferencia de Copenhague y que Barack Obama era el gran salvador. En verdad, China es el contaminador más grande del mundo desde hace dos años, cuando arrebató la delantera a EU, aunque esto se debe a que uno de cada seis seres humanos del planeta vive en ese país. Esto es alarmante, pero lo es más que las emisiones de cada estadounidense son cinco veces más elevadas que las de cada chino.

Estados Unidos casi logra imponer su estrategia: la prensa apuntó a China como gran contaminador y, aunque no venía a ofrecer nada, Barack Obama aparecería el último día de la conferencia como el presunto gran salvador. Hasta ese momento la conferencia había sido una pesadilla, más que nada por la actitud negativa de la delegación de EU que trataba, entre otras cosas, de aniquilar el Protocolo de Kioto, el único acuerdo que compromete de manera vinculante a los países económicamente desarrollados, en conjunto los principales emisores de GEI, a reducir sus emisiones. Durante un día caótico, Obama se reunió con un pequeño grupo de países en un estilo copiado a las negociaciones sobre el comercio global en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las naciones con reivindicaciones legítimas, tales como la demanda del reconocimiento de la deuda ecológica causada por el cambio climático, no fueron invitadas a participar en

la sesión paralela para países “selectos”. Al final del día, un triunfante Obama anunciaba a la prensa mundial que había logrado un acuerdo, e inmediatamente salió para casa, dejando al presidente de la conferencia la quimérica tarea de asegurar el apoyo de toda la conferencia para este acuerdo –irregular a ojos de muchos–, incluyendo la nimiedad de lograr el respaldo de los más de cien países, Partes en la Convención, que fueron ignorados en las reuniones de selectos.

El mentado acuerdo entre Obama y sus selectos amigos no incluyó ningún compromiso vinculante de reducción de emisiones de GEI. Incluyó apoyo financiero, de 30 mil millones de dólares, pero 25 mil millones van a venir de “recursos existentes”, o sea, básicamente los países en desarrollo van a pagar sus propias cuentas. El apoyo incluye un monto de diez mil millones para el sector forestal. Pero la misma delegación de EU trabajó activamente durante dos semanas para asegurarse de que no se contemplara en las decisiones de la

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Y EL 2010 EN MÉXICO

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ocos esperaban que la Cumbre de Copenhague rindiera resultados significativos. No obstante, más de 40 mil personas acudieron a las negociaciones. Los líderes mundiales hablaron allí de compromisos ambiciosos, pero su comportamiento mostró una enorme brecha entre las palabras y las acciones.

FOTO: Kris Krüg

La reunión fue arrastrada a una conclusión con un discordante “acuerdo” vacío de compromisos serios que pudieran indicar un entendimiento de la urgencia de la crisis climática.

Las voces de la gente fueron ignoradas y las protestas, completamente pacíficas, fueron brutalmente reprimidas. La conferencia fue un fracaso para los pobres y para los más afectados por el cambio climático.

Lo que resultó preponderante en Copenhague fue el visible surgimiento del movimiento Justicia Climática. Las demandas de las personas se escucharon más fuertes que nunca en el “foro climático” alternativo, en las calles, pero también en los pasillos de la conferencia oficial.

FOTO: Polska Zielona Siec

Nadie logró silenciar las exigencias de justicia climática, incluida la del pago de la deuda climática. Delegaciones de varios países, como Bolivia por ejemplo, fueron muy claras al establecer que el punto de partida del debate debía ser dar atención a tales exigencias.

COP ninguna condición ambiental o social para invertir esos fondos.

Entonces, en vez de detener la deforestación o restaurar bosques por medio de iniciativas comunitarias, de pueblos indígenas, de mujeres y campesinos, el sector forestal puede usar este dinero para el establecimiento de plantaciones de monocultivos de árboles de gran escala, que comprobadamente tienen un impacto ambiental muy negativo. Así, los fondos comprometidos al combate del cambio climático, pueden volverse en un arma de doble filo, que inflija aún más daño al sistema climático global, al mismo tiempo que proporcione un caldo de cultivo apto para la proliferación de serios problemas socio ambientales.

Pero como en una mala película, la última noche de la COP 15 en Copenhague tuvo un final feliz: el acuerdo de Obama fue rechazado por una coalición diversa de pequeños países con un gran interés en un resultado de las negociaciones justo y realista. Así, la democracia internacional le ganó la partida a la arrogancia de los países ricos, que pensaban que se podía comprar el apoyo de otras naciones para firmar cualquier acuerdo débil e injusto.

Como resultado, las negociaciones continuarán en 2010. Con base en el reclamo de poder de los países pobres, tales como Bolivia y los Pequeños Estados Insulares, basados en la defensa de la dignidad de sus pueblos, y de los grandes movimientos sociales –los cuales pelearon por la llamada “justicia climática” en las calles de Copenhague– existe hoy, más que nunca, la posibilidad de que la próxima Conferencia de las Partes, a celebrarse en la Cuidad de México, vaya a dar su nombre a un acuerdo más justo, socialmenCoalición Mundial de Bosques te equitativo y ambientalmente responsable.

¿Quién es responsable por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que han propiciado el calentamiento global? Los países ricos, los desarrollados (los cuales están legalmente obligados a reducir sus emisiones de GEI, de acuerdo con el Protocolo de Kioto de las Naciones Unidas) son históricamente la fuente de la gran mayoría de emisiones de carbono, y por tanto son las más responsables de este fenómeno.

Consideremos por ejemplo que más de la mitad de las emisiones de carbono en la atmósfera de la Tierra han provenido de la Unión Europea y de Estados Unidos, los cuales juntos representan sólo diez por ciento de la población global. En contraste, el diez por ciento más pobre de la población del mundo ha contribuido con menos de uno por ciento de tales emisiones.

Las emisiones de carbono per cápita de Estados Unidos en 2005 fueron de 19.6 toneladas, mientras que las de China sumaron 3.9 y las de la India 1.1 toneladas. ¿Cuál es el reto de México en 2010? El desafío crítico para México como huésped del debate climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010 es permitir que las voces de las víctimas sean escuchadas, y hacer que la justicia climática asuma el protagonismo en las discusiones.

El gran obstáculo que México tendrá que enfrentar es el mismo que ha estado presente en las negociaciones de las Naciones Unidas desde el principio: la tendencia a tomar en cuenta y satis-

facer los caprichos de los países históricamente responsables del cambio climático.

Otro gran obstáculo que se prevé es la propensión en las negociaciones de la ONU a aceptar falsas soluciones para el cambio climático, tales como los mercados de bonos de carbono y otros mecanismos basados en el mercado. Si los acuerdos de la ONU dan cabida a los intereses de los grandes contaminadores tales como Estados Unidos y permiten soluciones falsas como el mercado de carbono, esos acuerdos resultarán completamente ineficientes en la batalla contra el cambio climático.

Arrojarles algunas monedas a los países en desarrollo para mitigar el cambio climático y para su adaptación no ayuda si las raíces, las fuentes del problema, permanecen intocadas. ¿Cuál es la solución a la crisis climática? Necesitamos urgentemente reducir el uso de energías no renovables, como los combustibles fósiles y pagar la extensa deuda climática. ¿Tiene sentido que el mundo sepa que las imprudentes emisiones de carbono nos han conducido a este punto de la crisis y aun así continuemos perforando para extraer más petróleo crudo, excavando minas para obtener más carbón y rasgando la tierra para sacar arenas asfálticas y otras energías fósiles sucias?

FOTO: Jake Simkin / Oxfam México

Nnimmo Bassey

En última instancia, los impactos de la crisis climática recaen en la gente y la gente debe organizarse para confrontar la crisis. En México y en todo el mundo las fuerzas sociales progresistas deben unir sus manos, sumarse al movimiento de Justicia Climática y forzar a los líderes a actuar en consecuencia con las demandas.

Necesitamos resolver la crisis climática con justicia, lo cual significa que debemos asegurar la soberanía de la gente del mundo y organizarnos y actuar en nuestras comunidades y a escala nacional. Las negociaciones de las Naciones Unidos en México serán una oportunidad si el movimiento de Justicia Climática es reconocido por lo que es: una voz legítima de la gente que se alza para expresar problemas reales y que ofrece soluciones reales.

Es muy largo y empinado el camino desde Copenhague a México, pero es un camino que afortunadamente se desvía a Cochabamba, Bolivia, donde se realizará la Cumbre Mundial por el Cambio Climático del 19 al 22 de abril de 2010.

Esta cumbre es organizada como una conferencia mundial de movimientos sociales y fue anunciada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, como una respuesta al fracaso de la reunión de Copenhague.

Presidente de Friends of the Earth International

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Los asistentes coincidieron en que la agricultura sostenible y diversificada es parte de la solución, y “puede capotear adversidades climáticas y mitigar la emisión de gases de invernadero, pero urgen políticas públicas favorables”. Y a decir de Juan Arguedas, de Costa Rica, “debemos influir con estos enfoques en otros actores de la agricultura alternativa y articular propuestas ante los Estados y los organismos internacionales (multilaterales y de cooperación)”. Y es que mediante prácticas de agricultura sostenible, las familias campesinas conservan, mejoran y recuperan suelos; protegen fuentes de agua; cuidan la montaña y la fauna y flora nativas; intercambian semillas; experimentan tecnologías ecológicas; usan recursos locales, y están mejor preparadas para resistir desastres ambientales.

Lorena Paz Paredes

“

Esta conclusión fue integrada en la declaración final del Tercer Encuentro Regional del PIDAASA Mesoamérica-Caribe y su taller sobre cambio climático, realizados en la ciudad de Panamá en octubre pasado con la participación de 44 representantes campesinos e indígenas de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba y Panamá.

Thomas Hirsch, asesor de Pan Para el Mundo, explicó allí que la acumulación de gases de efecto invernadero, el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar están sucediendo tres veces más rápido respecto de lo previsto en octubre de 2008, en el peor escenario, por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático.

Recordó que el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas declaró que para 2100 la temperatura habrá aumentado 4.3 grados centígrados, lo que conducirá a la pérdida de casi todos los ecosistemas del planeta. Evitar el colapso “requiere mantener el calentamiento debajo de los dos grados centígrados”, lo que exige que “los países industrializados reduzcan sus emisiones en 40 por ciento hasta 2020 y en 80 y 95 por ciento hasta el año 2050”. Un modelo justo, según Hirsch, “sería uno que regulara las emisiones per cápita y no por país”.

El cambio climático tendrá efectos desastrosos en los sistemas alimentarios y en más hambrunas, afirmó. Si la temperatura aumenta más de tres grados centígrados, entre tres mil 300 millones y cinco mil 500 millones de personas padecerán dramáticas pérdidas agrícolas, y regiones enteras, como Australia, quedaran fuera de la producción.

En la región occidental de Mesoamérica y el Caribe se prevé una disminución de las precipitaciones hasta de 40 por ciento para el 2100; sequías prolongadas en Cuba, México, el norte de Nicaragua y el sur de Honduras; inundaciones y huracanes, sobre todo en el Caribe, y aumento de la temperatura de dos grados a cuatro grados centígrados en 2050, particularmente en México, donde se afectarán 370 mil kilómetros cuadrados. Un estudio reciente del Banco Mundial anticipa que en el 2100 México perderá hasta 85 por ciento de sus explotaciones agrícolas y por ese concepto América Latina tendrá pérdidas de 35 mil millones de dólares a 120 miles de millones de dólares por año. El desafío “es lograr una adaptación basada en derechos

FOTO: Lorena Paz Paredes

Las acciones de más de 40 mil familias indígenas y campesinas latinoamericanas y caribeñas” con quienes trabaja el Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria (PIDAASSA) “mitigan de manera relevante las consecuencias del cambio climático, y tienen efectos en la detención de la hambruna, en la preservación y conservación de los recursos naturales y en la articulación de las comunidades a una forma de vida acorde con la cosmovisión de los pueblos”.

humanos, con la participación de las personas y dando prioridad a los más vulnerables”, concluyó Hirsch. ¿Cómo perciben el cambio climático los campesinos de la región? Los y las participantes en el taller dijeron que en los años recientes en Cuba han aumentado los ciclones; en México hay más sequías y los temporales se han tornado irregulares y erráticos; en Nicaragua y Honduras más de 14 mil personas perdieron cosechas e infraestructura por los huracanes Mitch y Félix, y lo mismo provocó el Stan en Guatemala; en El Salvador las pérdidas se elevaron a ocho millones de toneladas de maíz por la sequía de 2009; en la década pasada Panamá sufrió dos tornados, desliza-

mientos de suelo, sequías y vendavales; Costa Rica enfrentó dos huracanes, dos inundaciones por año, sequía y deslizamientos de suelos, lo que ha significado pérdida de cosechas, de vidas humanas, de animales y viviendas, escasez y contaminación de agua, hambre, migración, enfermedades y aumento de la pobreza.

“Los impactos de cambio climático en Centroamérica serán muy graves” –dijo Rodrigo Noriega, doctor panameño en derecho ambiental–. Se predice la disminución de lluvias hasta en 20 por ciento en los próximos años, “con lo cual ya en 2011 el norte de Nicaragua y el sur de Honduras entrarían en la etapa de sequía permanente. Además se perderán 30 por ciento de las playas caribeñas”.

En la “Declaración por la vida y la agricultura sostenible” formulada en el taller y presentada después en Copenhague, las organizaciones coincidieron en que “la forma de vida sustentada en la dependencia de la industria y en el petróleo para la producción de alimentos ha provocando efectos irreversibles en los ecosistemas, comprometiendo la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras”. Por ello exigen “cambiar a un paradigma sustentado en prácticas productivas sostenibles que fomenten la soberanía alimentaría y el buen vivir”. Demandan también “políticas y leyes que mitiguen y detengan los efectos del cambio climático; que los países industrializados se responsabilicen del impacto negativo del calentamiento global, reduciendo en no menos de 40 por ciento las actuales emisiones hasta el año 2020, y en un período máximo de 50 años en no menos de 90 por ciento; que compensen los daños que están causando, disponiendo anualmente de al menos uno por ciento de su producto interno bruto, iniciando con 160 miles de millones de dólares de forma inmediata”.

Investigadora del Instituto Maya A.C. y parte del Comité Coordinador del PIDAASSA- México

ILUSTRACIÓN: Cintia Bolio / purasevas.blogspot.com

CAMPESINOS DE MESOAMÉRICA Y EL CARIBE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

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¿Qué ha cambiado con los gobiernos del cambio?

GOBIERNOS PROGRESISITAS Y MOVIMIENTOS AMBIENTALISTAS

Eduardo Tamayo G.

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os variopintos gobiernos progresistas que se han instalado en América Latina, pese a que su mayor mérito es haber dado prioridad a la inversión social --tan venida a menos en el largo período neoliberal--, no parecen estar sintonizando con las cuestiones ambientales tan indispensables para salvar la vida en el planeta. Tal parece ser la conclusión a la que llegan algunos ecologistas del cono sur.

“Un rápido repaso muestra que tenemos avances en aspectos normativos como en la Constitución ecuatoriana sobre los derechos de la naturaleza, la creación del Ministerio del Ambiente en Perú y el nuevo marco ambiental que se discute en Chile, pero más allá de estos pequeños casos referidos a la normativa y el marco legal, en la gestión y elaboración de políticas hay un estancamiento e incluso un retroceso en algunos países, en los que se ve sobre todo la insistencia de flexibilizar las medidas ambientales para permitir la llegada de inversiones y mantener las exportaciones”, manifiesta el uruguayo Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

Gudynas asevera que los gobiernos progresistas han tenido enormes dificultades en entender la cuestión ambiental y aún más dificultades para plantearse nuevos estilos de desarrollo que no impacten de manera negativa sobre la naturaleza. En el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales, el 22 de abril de 2009 propuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas la necesidad de adoptar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra que contiene cuatro puntos básicos: el derecho a la vida, el derecho a la regeneración de su biocapacidad, el derecho a una vida limpia y el derecho a la armonía y al equilibrio con todos y entre todos y todo. Sin embargo, casa adentro, “la política doméstica persiste en su desarrollo extractivo (…); el presidente más de una vez ha reivindicado la necesidad de explotar los recursos naturales diciendo ‘¿de qué otra forma vamos a vivir?’”, señala Gudynas.

“La Constitución boliviana, en el área ambiental, tiene algunos artículos que implican un retroceso en tanto establecen como mandato del Estado la industrialización de la naturaleza, por lo tanto, allí se crea una paradoja: mientras la nueva Constitución ecuatoriana es un paso de vanguardia en el tema ambiental, la Constitución boliviana en algunos artículos mantiene el orden convencional y en otros artículos es un paso hacia atrás”.

En Argentina la situación no es mejor. El argentino Carlos A. Vicente, integrante de GRAIN y Acción por la Biodiversidad, señala que “El gobierno sigue apostando al modelo de saqueo y contaminación que está emblemáticamente representado por los 20 millones de hectáreas de soya transgénica que se sembrará este año y por los cientos de proyectos mineros que se están intentando imponer a los pueblos a lo largo de toda la cordillera de los Andes”. A lo largo y ancho de Argentina –-agrega Vicente-- surgen resistencias y denuncias de movimientos sociales y comunidades locales. “Pero lamentablemente el gobierno no supo ver que era en esta alianza con sectores urbanos y campesinos donde podía encontrar un punto de apoyo para contrarrestar la potente embestida de la derecha que sufrió el último año, a partir del conflicto con los grandes y medianos terratenientes rurales”.

En Ecuador, el gobierno presidido por Rafael Correa puso a consideración de la comunidad internacional la iniciativa Ishpingo - Tambocha Tiputini (ITT), consistente en dejar en tierra el petróleo de la reserva del Parque Yasuní (una de las áreas de mayor diversidad del planeta y donde habitan pueblos libres en aislamiento voluntario) a cambio de una compensación internacional estimada en 350 millones de dólares. Esta propuesta constituye una iniciativa emblemática para enfrentar el calentamiento global, un paso adelante para salir de la lógica extractivista y una opción para construir el buen vivir, entendido como la vida en armonía de los seres humanos consigo mismos y con la naturaleza. Sin embargo, la decisión del gobierno de impulsar la actividad minera lo ha distanciado de los movimientos sociales y grupos ecologistas que han organizado varias movilizaciones para oponerse a dichos proyectos considerando que se afectarán las fuentes de agua y se ocasionará daños medioambientales irreparables.

-Gobiernos como el del Ecuador –-preguntamos a Eduardo Gudynas-– dicen que se necesitan recursos para la inversión social y entonces se necesita extraer, porque no hay otra forma de obtener dinero…

-Los gobiernos progresistas sí cuentan con recursos; el problema es cómo los utilizan. Por ejemplo, en la propuesta de Rafael Correa para atender la urgencia agroalimentaria destinó un paquete de más de 400 millones de dólares, del cual más de la mitad estaba dirigido a subvencionar los agroquímicos. El gobierno en vez de utilizar ese dinero en la reconversión del sector agropecuario hacia una producción de menor impacto y más directamente ligada a la alimen-

tación local, lo utiliza para comprar productos cuyo beneficio y cuya renta van a terminar en un conjunto de empresas que hacen agroquímicos, muchas de ellas trasnacionales.

-Otro argumento gubernamental es que los recursos que se obtengan de la actividad minera van a servir para preparar el terreno para abandonar el extractivismo y se llegue a una sociedad de servicios y del conocimiento.

-Eso puede ser; el movimiento ambientalista no postula suspender de la noche a la mañana todas las acciones extractivas; lo que postula es cómo vamos a balancear, cuáles de ellas van a permanecer y qué modelo de transición va a haber a otro estilo de desarrollo. Por otro lado tenemos que tomar el ejemplo de otros países que no tienen sector minero desarrollado, no tienen sector petrolero desarrollado y tienen niveles de calidad de vida y de equidad mejores que los de Ecuador, por ejemplo Uruguay.

-¿En donde está la clave para desarrollar un nuevo modelo que supere el extractivismo?

-La clave está en cómo ir rediseñando la estrategia de desarrollo; una estrategia de desarrollo pos-material va a implicar un plan de transición para ver cuál de esos sectores extractivistas tiene que ser reducido y cómo se va a compensar ese desbalance económico con otro tipo de producción que no tenga ese daño ambiental, genere mayor valor agregado o mayores beneficios económicos y tenga una mayor demanda de empleo. El problema con el extractivismo, bajo los gobiernos progresistas, es que siempre se termina en un discurso del chantaje en que no tengo otra opción más que hacer extractivismo hoy porque si no el país no tiene dinero, y no existe evidencia empírica de que esto suceda porque no todos los países son extractivistas. Además, eso es aceptable sólo en algunos casos y redobla la responsabilidad de los gobiernos de turno de tener esquemas de transición hacia otro desarrollo. Esto, además, requiere repensar la integración regional, porque un país aislado no puede abandonar la estrategia extractivista; debe ser el conjunto de países, y por lo tanto eso hay que comenzarlo a discutir en los bloques regionales; sea en la Comunidad Andina, sea en el Mercosur o sea en la Unasur, no está en la agenda coordinar políticas mineras, de hidrocarburos o agropecuaria. Y tampoco está en la agenda, bajo los actuales gobiernos progresistas, coordinar la producción para poder salir de la dependencia global de exportar minerales o hidrocarburos. O sea, la tarea de la integración es generar una integración autónoma que permita otro estilo de desarrollo.

Coincidencias y diferencias. Preguntamos a Carlos Vicente: ¿Cuáles son las diferencias y discrepancias entre los movimientos sociales y los gobiernos de izquierda?

globales que invaden nuestro continente con distintos rostros pero con los mismos objetivos de alimentar al Norte opulento y a quienes viven de manera opulenta en nuestro cada vez más empobrecido Sur. Entonces, ya se trate de soya, caña de azúcar, palma aceitera, piña, eucaliptus o pinos estamos viviendo una invasión territorial que desplaza comunidades y destruye la naturaleza sin que los gobiernos de izquierda (con todas las diferencias y matices que hay entre ellos) se animen a enfrentar.

“En el mismo sentido, la declarada búsqueda de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos no se encara promoviendo una agricultura local en manos de campesinos e indígenas, sino que sigue apelando a modelos de agricultura industrial que alimentan fundamentalmente a grandes corporaciones”.

Confluencia social–ecologista. Los movimientos ecologistas de América Latina que actúan en el escenario descrito son muy heterogéneos y muy diversos. Allí encontramos organizaciones urbanas y rurales, grupos de académicos, líderes sociales, redes nacionales y coordinaciones internacionales en torno a los temas de la minería, la conservación de áreas naturales, la protección de los bosques, la defensa de las semillas criollas y contra la penetración de los transgénicos y la lucha contra el ruido y la contaminación en las ciudades. Una tendencia que se ha venido gestando y reforzando en los años recientes ha sido la confluencia entre los movimientos ecologistas y los sociales para avanzar en propuestas transformadoras.

“Por supuesto, señala Carlos Vicente, existe un ámbito del espacio ambientalista que persiste en propuestas tecnocráticas y que se ha aliado a los grandes capitales para avanzar en procesos de privatización y de ataque a comunidades locales, con lo que nosotros no sólo no coincidimos sino que permanentemente denunciamos como uno más de los caminos de agresión a los pueblos.

“Pero dentro del espectro de organizaciones que trabajamos en el marco de la ecología social y la ecología política, no hay duda que el encuentro con movimientos campesinos, con pueblos indígenas y con movimientos urbanos de base ha sido uno de los hechos más importantes en la construcción social transformadora en América Latina en la década reciente”.

-Usted ha planteado una alianza estratégica de los movimientos sociales y ambientalistas. ¿Cuáles deberían ser los ejes de esa estrategia?

-La lucha por la soberanía alimentaria, por el control por los pueblos de las semillas y la biodiversidad y contra la apropiación de la vida por medio de la patentes han sido ejes de una convergencia que aún tiene mucho camino por recorrer.

-Creo que la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa y el cuestionamiento al modelo neoliberal son importantes puntos de coincidencia que han permitido valiosos procesos de cooperación. El principal punto de conflicto con los gobiernos de izquierda justamente es que los fundamentos económicos de los mismos siguen siendo la explotación de los recursos naturales de nuestro continente.

En ese sentido es claro que las “venas abiertas de América Latina” siguen sangrando.

“Estoy convencido que la lucha contra la explotación de las personas por las personas tiene todo en común con la lucha contra la explotación de la naturaleza por los hombres. Y en ese sentido los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y campesinos convergen también con las búsquedas de modelos de sociedad que permitan la convivencia armónica que los movimientos ecologistas vienen planteando en las décadas recientes. Creo que las propuestas del buen vivir de los pueblos andinos son un ejemplo concreto de cómo se está avanzando en un camino común”.

“En la actualidad se suman a los viejos mecanismos de extracción de recursos energéticos y minerales las nuevas mercancías

* Texto publicado en el número 450-451, de diciembre de 2008, de América Latina en Movimiento, revista de la Agencia Latinoamericana de Información (Alai)

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CUMBRE DE COPENHAGUE: EL SISTEMA JURÍDICO INTERNACIONAL Y EL FUTURO DE LA HUMANIDAD Susana Cruickshank

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espués del establecimiento de la Convención Marco de Nad para el Cambio Climático ciones Unidas (CMNUCC) en 1992, el Protocolo de Kioto fue el marco jurídico en el que los compromisos internacionales con respecto a reducción de emisiones frente al cambio climático se hicieron obligatorios y vinculantes.

A pesar de que se firmó en 1997, el Protocolo entró en vigor en 2005 y la vigencia de dichos acuerdos finaliza en el 2012; por eso la urgente necesidad de establecer compromisos en un marco vinculante a partir de 2012 y hasta 2017. Lamentablemente, es sabido por la comunidad internacional que Estados Unidos, el mayor emisor histórico (de emisiones acumuladas, el 24 por ciento del total mundial) no ratificó dicho Protocolo y en Copenhague ha desconocido el único marco jurídico internacional que puede hacer frente de forma global a un problema que atañe a la vida en el planeta.

El hecho de que el presidente Obama y otros líderes mundiales no hicieran mención a este Protocolo y desconocieran los avances hechos a partir de su establecimiento (así como los acuerdos de los cuatro grupos de trabajo parte de este proceso, a saber: mitigación, adaptación, financiamiento y transferencia de tecnología, así como a partir del Plan de Bali) en un documento consensuado por unos cuantos países, y que dejó a varios

países considerados entre los más vulnerables fuera del consenso, es un hecho ya muy grave de por sí. Japón y los países de la Unión Europea también fueron partícipes del fracaso de Copenhague; sin embargo, el mundo esperaba un fuerte liderazgo de Estados Unidos. No es que fracasara Copenhague, es que fracasó el sistema de las Naciones Unidas.

los más responsables que tal vez estén muy lejos regionalmente, pero sus emisiones les afectan al grado de estar en riesgo su supervivencia.

La pregunta es entonces ¿cómo se recuperarán las Naciones Unidas de este duro golpe a su legitimidad cuando por un lado la nación más poderosa la desconoce y por otro aún hay líderes de otros países generando procesos alternativos? ¿Cómo se vinculará este documento final, consensuado por tan sólo 25 de los 190 países presentes en Copenhague, al marco jurídico internacional?

Antes de que Naciones Unidas cumpliera 50 años, ya se cuestionaba su existencia. La guerra que Estados Unidos declaró a Irak puso aún más en duda su legitimidad. Diferentes grupos de trabajo han hecho propuestas de reestructuración, pero su máximo órgano, el Consejo de Seguridad, aún es altamente cuestionado en su composición, obsoleta ya, pero también en su toma de decisiones. El cambio climático es un tema de emergencia internacional, y el Consejo de Seguridad podría o debería tomar en sus manos el tema, pero ¿cómo, si es el país que tiene derecho de veto es el mismo que ha negado la existencia de las Naciones Unidas en el tema?

Hay comunidades científicas en Estados Unidos que hablan de una “subgobernabilidad” del cambio climático a partir de acuerdos regionales de reducción de emisiones, y de financiamiento. El gran peligro es que el problema es un problema global. Los países más pobres frente a países con una gran responsabilidad histórica no deben asumir los costos de

Mucho hay aún que definir hacia la concreción del Plan de Bali, la continuidad del Protocolo de Kioto y el reconocimiento de las naciones más poderosas de un marco jurídico internacional que ponga límites a las grandes corporaciones de la energía. Cualquier mecanismo de gobernabilidad regional deberá sujetarse a los acuerdos internacionales y respetarlos.

COP 15: MUCHO RUIDO, POCAS NUECES Ingrid Spiller y Jorge Villarreal

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Mucho ruido, pocas nueces” puede describir los resultados de la Cumbre de Copenhague. Ni la participación de más de 130 presidentes y jefes de Estado pudo evitar que la cumbre fuera el chasco más grande de estos tiempos. Uno detrás de otro expusieron que ahora, después de hablar, había llegado el momento de actuar. Sin embargo, al fin salieron con un documento sin compromisos: el Acuerdo de Copenhague, mismo que la asamblea no aprobó; solamente “tomó nota”. Este Acuerdo incumple con los tres criterios esenciales que se predefinían como decisivos para el fracaso o el éxito de la conferencia. Primero: la determinación de metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) que limiten el calentamiento global a dos grados centígrados (o mejor a 1.5).

Segundo: promesas concretas de financiamiento para la protección del clima, prevención del cambio climático y adaptación.

Y tercero: un acuerdo de derecho internacional vinculante.

Aunque con este Acuerdo por primera vez se reconoce en la meta común de dos grados centígrados, la falta de la determinación de metas de reducción de emisiones de GEI hace que este objetivo se quede en el aire. Al final de la Conferencia Marco, China e India se negaron a firmar compromisos concretos de mitigación para el 2015 y 2050, como consecuencia de los débiles compromisos de países desarrollados como Estados Unidos (EU) y los de la Unión Europea (UE), entre otros.Respecto del financiamiento, los países ricos perdieron la oportunidad de dinamizar las negociaciones. Particularmente la UE jugó sus cartas con mucho riesgo y tardó demasiado en presentar una oferta atractiva para el financiamiento a largo plazo, enfadando así a los países pobres y obstaculizando los consensos.

Finalmente, no hubo avance frente a la gran pregunta de si se tendrá un nuevo acuerdo de derecho internacional vinculante después del 2012 (cuando vence el primer periodo de compromisos del Protocolo de Kioto). Las negociaciones mostraron una vez más la diversidad de los intereses involucrados: derechos a contaminar la atmósfera contra la pérdida de recursos naturales (o en algunos casos hasta del territorio mismo), limites al desarrollo en el actual modelo de consumo energético frente a la lucha contra la pobreza.

En la COP 15 los países tiraron de la misma cuerda, pero lamentablemente en direcciones diferentes.

En este complejo escenario y frente a estos retos, México jugó un rol muy particular que lo diferencia del resto de los países: buscó ser un país “cuña” que genere consensos.

No lo logró, pero tuvo avances diferenciados. Por ejemplo, su Fondo Verde logró colocarse –gracias a un intenso cabildeo– como la propuesta principal de mecanismo de financiación para el cambio climático en la COP 15, empatándose así con otras iniciativas para la obtención de fondos, y generando con ello un amplio apoyo de parte del resto de los países. En esta misma lógica de buscar protagonismo y liderazgo, Felipe Calderón anunció el compromiso mexicano de reducción de 30 por ciento de GEI para el 2020; sin embargo, lo que pareciera un anuncio muy importante, se desluce cuando el gobierno federal no da detalle de cómo se hará esta reducción, cuánto de este porcentaje será con esfuerzo propio o cuánto con ayuda internacional. Además, este compromiso de mitigación no está respaldado por una política nacional de cambio climático que soporte este ambicioso anuncio. Lejos de buscar que México se retracte, organizaciones de la sociedad civil exigen que este anuncio se amarre con decisiones guber-

México, en donde se realizará la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes (COP 16) en noviembre o diciembre de 2010, tiene grandes retos por delante: a) ser parte de las reuniones bilaterales y de grupos específicos como el Grupo de los Ocho; el grupo de las economías más grandes (MEF por sus siglas en inglés), y la pre-COP, prevista para junio del 2010, con propuestas que realmente se hagan cargo del tamaño del problema en cuanto a reducción y a formas de financiamiento. b) Ser anfitriones que enarbolen la tradición diplomática que nuestro país tuvo por mucho tiempo y ha perdido hace unos sexenios, y ofrecer buenos oficios no para alcanzar acuerdos mediocres, sino acuerdos atrevidos, pertinentes, certeros, congruentes. Y c) ser anfitriones no sólo de los gobiernos, sino de los Estados nación, incluida la sociedad civil que busca espacios, que busca ser incluida en sus propuestas, que busca ser escuchada, pues está en riesgo la vida del planeta.

El gran reto es generar el compromiso de la economía más grande en materia de reducción de emisiones: 40 por ciento al 2020 para los países más desarrollados y 30 por ciento para las naciones en desarrollo con respecto a los niveles de 1990 (nada más y nada menos que lo considerado necesario por el Panel Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas para el Cambio Climático). Y en materia de financiamiento, un mecanismo que sea capaz de tener lo requerido según el mismo panel: 140 mil millones de dólares anuales para mitigación, adaptación, vulnerabilidad y transferencia de tecnología, con claras formas de gobernabilidad y acceso a éste. Muchos son los retos, pero se trata nada más y nada menos que de la vida de millones de seres humanos, de seres vivos, del planeta entero.

Directora de Campañas de Greenpeace México

namentales contundentes que fortalezcan la débil política pública climática en el país.

El éxito de México en materia de financiación y la buena voluntad en la reducción se ven demeritados frente a la indefinición pública en la arquitectura del mecanismo global de reducción de emisiones. Esta postura coloca al país en una posición más cercana a EU y la UE, que buscan no tener un acuerdo global jurídicamente vinculante, lo que no es bien visto por el resto de los países en desarrollo y que no provee de las mejores condiciones para facilitar un consenso al respecto.

En el discurso, México busca abarcar mucho, generar consensos, ser progresista, protagonista, ser “puente” entre desarrollados y en desarrollo, entre ricos y pobres. Así lo deja entrever Calderón y así lo han manifestado algunos funcionarios que forman parte de la delegación nacional que participa en estas negociaciones. Pero no hay hechos concretos que sustenten esta postura. En México la cultura popular expresa muy bien este nivel de improvisación de la política climática: mucho ruido y pocas nueces. Y México, de cara a presidir y alojar la COP 16, no puede darse el lujo de hacer ruido sin resultados tangibles. México no sólo debe definir su posición frente a los temas centrales en la negociación, además requiere desarrollar una gran capacidad diplomática para generar consensos con prácticas democráticas, inclusivas, transparentes y participativas. La responsabilidad de presidir la COP 16 es una oportunidad histórica: puede ir más allá de la buena voluntad y la improvisación. Para ello deberá trabajar desde ahora con liderazgo para alcanzar un consenso internacional, empezando con sustentar sus compromisos fortaleciendo una débil política nacional que haga frente al cambio climático.

Debe demostrar que atrás del ruido, tiene mucha nuez.

Heinrich Böll Stiftung. Oficina Regional México, Centroamérica y el Caribe.

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RESULTADOS DE COPENHAGUE: FRACASO PARA EL MUNDO PERO RETOS PARA MÉXICO

CONCIENCIA, CUESTIÓN DE SOBREVIVENCIA

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FOTO: Jake Simkin / Oxfam México

n la reunión de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), realizada en Bali en 2007, se evidenció la primera movilización mundial que marcaba el ingreso del movimiento de Justicia Climática dentro de estas negociaciones.

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a 15 Conferencia de las Partes (COP 15), o Cumbre del Clima, celebrada h h en Copenhague había sido esperada y considerada un hito en el combate al cambio climático, pues allí, se pensaba, se establecerían los compromisos futuros para lograr la estabilización de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del calentamiento global, y evitar con ello que la temperatura planetaria aumente más de dos grados centígrados –pues una subida así comprometería la existencia de la humanidad, según advertencias del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

A pesar de ello y de las constantes amenazas, impactos y evidencias del cambio climático, los países del mundo se sumergieron en un proceso de negociación que lejos de resolver el problema, lo profundizó; llevaron la discusión a niveles políticos y económicos, dejando de lado lo ambiental y social.

La Cumbre de Copenhague no logró lo que la sociedad esperaba, un acuerdo equitativo, ambicioso y jurídicamente vinculante; concluyó con un acuerdo excluyente, pues sólo cinco países (Estados Unidos, China, Brasil, India y Sudáfrica) decidieron los puntos finales y el resto de 192 naciones participantes en las negociaciones quedó al margen. Ello restó credibilidad al proceso “democrático” que se pretendía y dio la espalda a 20 años de discusiones globales: al Protocolo de Kioto –el único pacto vinculante que hoy se tiene en la materia– y al trabajo desarrollado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Si bien el acuerdo firmado en Copenhague señala las contribuciones monetarias que podrían ayudar a enfrentar de manera inicial el problema (30 mil millones entre 2010 y 2012 y cien mil millones anuales del 2012 al 2020), se trata de un acuerdo condicionado y no jurídicamente vinculante, lo que significa que las partes no están obligadas a cumplirlo.

Así culminó la COP 15, con la inconformidad de los más de 15 mil observadores (organizaciones no gubernamentales, grupos indígenas y demás miembros de la sociedad civil) que fueron excluidos del proceso, y de muchos países como los africanos y Tuvalu y el grupo de países isleños, todos los cuales reclaman y lamentan que el mundo se maneje con dinero y poder.

Porque mientras Estados Unidos y China discuten los mecanismos de mercado que habrán de regir al mundo, aquellas naciones en desarrollo se preocupan por su seguridad alimentaria y por la supervivencia de sus territorios y poblaciones.

Este escenario pone a México ante grandes retos. Al ser sede de la siguiente COP en 2010, deberá mostrar un liderazgo en la lucha contra el cambio climático, no sólo en la reducción de emisiones, sino también en la reducción de la vulnerabilidad a la que su población está expuesta. Deberá mostrar congruencia entre sus actos y sus discursos, de lo cual actualmente carece. Además deberá velar porque el proceso de negociación y el acuerdo que se persiga sea incluyente, equitativo, justo, ambicioso y jurídicamente vinculante, manteniendo la transparencia y el respeto a los canales de negociación existentes.

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)

Ricardo "El ronco" Robles

FOTO: Enrique Carrasco

Sandra Guzmán

1937-2010 "Llegó por él el Dios de los rarámuri a la una y media de la tarde y sin avisar" Alfredo Zepeda

Los cambios en el clima son procesos normales y periódicos de la Tierra, pero desde el inicio de la era industrial se han acelerado de manera incontrolable debido a un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

Cuanto más industrializado es un país, mayores son sus emisiones GEI. Considerando que los países desarrollados son los más consumistas, es posible afirmar como patrón general que son los que más contaminan. El 20 por ciento de personas del mundo son responsables del 80 por ciento del total de emisiones, entre los que están indudablemente incluidos los miembros del Grupo de los Ocho.

La humanidad ha superado en 30 por ciento la capacidad biológica de la Tierra; los índices de Huella Ecológica y Huella Hídrica nos alertan sobre el consumo desmedido de algunos países en relación con otros, y principalmente nos dan una idea clara de que el espacio atmosférico, los recursos naturales y la Madre Tierra son limitados.

Todos los países tienen derecho al desarrollo, pero no todos pueden conseguirlo.

Los más pobres y en vías de desarrollo deberán depredar sus espacios para alcanzar niveles de desarrollo aceptables, pero en la actual crisis climática estos espacios ya no pueden considerarse propiedad de un país u otro, sino espacios de la humanidad.

Paradójicamente, los menos responsables de esta crisis climática son los más vulnerables a sufrir sus efectos; los países pobres no tienen las capacidades de mitigación y adaptación de los ricos, ni la tecnología ni los recursos económicos para hacer frente a los desastres climatológicos actuales, Los gastos ocasionados por estos desastres pueden ser iguales en cada país, pero no representan lo mismo para un país rico que para uno pobre.

Lo observado en el proceso de negociación sobre el clima a lo largo de 2009 nos hace pensar que estas negociaciones ya no tienen nada qué ver con el clima o con la humanidad, sino más bien con los intereses económicos de los países desarrollados. Las metas de reducción de emisiones propuestas por los integrantes del Anexo I (países desarrollados) son

minúsculas, obviamente porque la reducción en sus emisiones significa un estancamiento en su economía.

La injusticia climática que se observa en las negociaciones internacionales ha tenido un fuerte rechazo de la sociedad civil que vislumbra con horror el futuro.

En enero de 2009, durante el Foro Social de Belem, Brasil, nació la propuesta de la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, que fue desarrollado e impulsado por diferentes movimientos sociales, pueblos indígenas y campesinos y redes de activistas, que celebraron la primera audiencia de este tribunal en octubre de 2009 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. A pesar de no tener carácter de Estado ni vinculante, pues su constitución y funcionamiento no se origina en el Poder Judicial sino en la sociedad civil organizada, sus resoluciones buscan implicaciones morales, éticas y políticas y se proyectan a construir un sistema ético que interpele a los gobiernos y las entidades multilaterales a asumir sus responsabilidades en el marco de la equidad y la justicia climática.

FOTO: Raúl Benet / Oxfam México

Gisela Villamil

A nivel gubernamental, algunos países del Grupo de los 77 (G77) han asumido una posición de respaldo a nuevas propuestas del gobierno boliviano, que sostiene que los países desarrollados deben reconocer y asumir la deuda climática que tienen con los países que no lo son y con la Madre Tierra.

El gobierno boliviano ha tenido un papel muy importante en este contexto, con propuestas que incluyen la carta “Salvemos al planeta del capitalismo” dirigida a la CMNUCC en Poznan, Polonia, en 2008; la promoción ante las Naciones Unidas de que se instituya el día internacional de la Madre Tierra (22 de abril); la petición formal de la creación de un tribunal de justicia climática en el CMNUCC, que juzgue los crímenes que vulneren los derechos de la Madre Tierra, y la Cumbre Social Alternativa con carácter vinculante a realizarse en abril del 2010, para que los pueblos sean escuchados y decidan su destino armónico.

Rumbo a este encuentro y el futuro, la responsabilidad de cada individuo es cuestionar nuestros modos de vida y nuestra participación en este sistema depredador y consumista, y asumir nuestra responsabilidad de construir un sistema integral con un nuevo modelo de desarrollo que permita no solamente vivir bien y en paz y armonía con la Pacha Mama (Madre Naturaleza), sino además construir un cimiento de respeto del ser humano hacia ella.

Investigadora y colaboradora de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático Skype: gsvillamil

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AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA: LOS OTROS EXCLUIDOS DEL BELLA CENTRE Raúl Benet

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1. Mitigación. Más carbono retenido y menores cantidades de gases de efecto de invernadero emitidas mediante prácticas agrícolas sustentables.

2. Adaptación (resilencia): Mejor capacidad de enfrentar el cambio climático vía una mejora en los medios de vida y mediante ecosistemas más robustos.

3. Seguridad alimentaria: Vinculada a un incremento en la productividad basado en prácticas agrícolas apropiadas.

4. Medios de vida. Mejores ingresos por medio de mayor productividad y el pago por captura de carbono y por servicios ambientales.

Esta visión es defendida en las negociaciones climáticas por organismos internacionales encabezadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y por instancias de la sociedad civil, pero éstas últimas señalan el grave riesgo de que los resultados sean adversos en cada uno de los objetivos propuestos, si no se toman en cuenta algunos principios básicos como los siguientes: a) El papel de los mecanismos de mercado y los bonos de carbono. En un lado del debate se ubican quienes esperan recibir

FOTO: Raúl Benet / Oxfam México

a agricultura es un ámbito donde la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y el cambio climático se reúnen y deben ser atendidos integralmente. Hay cuatro grandes objetivos que pueden ser alcanzados mediante cambios en las prácticas agrícolas:

inmensas sumas de dinero proveniente de mecanismos de mercado. Es el caso del gobierno mexicano, que pretende ser el gran beneficiario de las operaciones de compraventa de derechos a contaminar.

Sin embargo, muchas organizaciones no gubernamentales, académicos e incluso gobiernos del sur, dudan que tales mecanismos de mercado puedan reducir la pobreza o mejorar el medio ambiente. b) Financiamiento. ¿Cómo debe recaudarse el dinero, a quién debe distribuírsele y con base en qué criterios?; ¿quién debe tomar las decisiones?, y ¿qué es lo apropiado para monitorear, reportar y verificar (MRV) la instrumentación de las acciones? ¿El financiamiento debe enfocarse a maximizar la reducción de las emisiones, o también debe considerar la capacidad de adaptación de las comunidades, la seguridad alimentaria y el bienestar?, y ¿qué papel jugará el gobierno en el financiamiento para la mitigación, la adaptación y la promoción de una agricultura ambientalmente favorable?

c) Productividad vs uso de suelo en relación con la seguridad alimentaria. Se prevé que la demanda por alimentos se duplique en las próximas décadas. ¿Cómo hacer frente a este incremento? Generalmente los intereses corporativos y la agroindustria promueven un sistema agrícola de altos insumos, basado en fertilizantes, pesticidas, tecnología transgénica, etcétera, mientras que las comunidades campesinas tradicionales, organizaciones no gubernamentales, académicos y grupos de producción orgánica argumentan que es posible elevar la producción mediante prácticas agrícolas de bajos insumos, recuperación de semillas, prácticas de conservación de suelos y buen manejo del agua y la energía, y que esto además contribuye a la resilencia ante el cambio climático. d) Control sobre los recursos naturales, incluyendo agua y tierra. El cambio climático está incrementando la presión sobre los recursos naturales en la medida que los impactos físicos, el flujo de recursos financieros y las decisiones políticas promueven mayor demanda por las tierras, y por el

EL DESASTRE DE COPENHAGUE Thomas Hirsh

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a Cumbre de Copenhague concluyó con un desastre absoluto. En vez de un tratado ambicioso, justo y vinculante jurídicamente que condujera a medidas de corto, mediano y largo plazos para mitigar el peligroso cambio climático (manteniendo el incremento de temperatura debajo de dos grados centígrados) y prepararse para el inevitable impacto adverso del calentamiento, la conferencia sólo “tomó nota” de una débil declaración política negociada entre Estados Unidos, otros países industrializados, las economías emergentes y algunos países en vías de desarrollo como Bangladesh y Etiopía.

Esta declaración política, denominada Acuerdo de Copenhague, menciona el objetivo de los dos grados centígrados e insta a los Estados a actuar a la brevedad. También remite a un registro de objetivos de reducción de las emisiones de bióxido de carbono (CO2) ofrecidos voluntariamente por las diferentes naciones, pero no obliga a cumplir estas reducciones ni especifica cómo medir, verificar e informar sobre las acciones de reducción. Asimismo se queda corto ante posibles vacíos legales en aspectos tales como los sumideros de CO2 y la deforestación.

En términos de financiación climática, el acuerdo incluye el compromiso de Europa, Japón y Estados Unidos de financiar las medidas de adaptación y mitigación en los países más vulnerables y pobres, incluyendo Filipinas. Las promesas de corto plazo, para 2010-2012, ascienden a unos 30 mil millones

de dólares y las de largo plazo a unos cien mil millones de dólares en 2020. Pero es una incógnita cuánto de estos montos realmente se sumará a la ayuda oficial al desarrollo (AOD).

En vez de esa débil declaración política, lo que se requiere urgentemente es un tratado vinculante con objetivos claros de reducción de las emisiones de CO2 para los países industrializados en un rango de 25 a 40 por ciento hacia el 2020 en comparación con 1990, y reducción a largo plazo de 85 por ciento para el 2050. Asimismo, las economías emergentes deberían comprometerse con una reducción de las emisiones de entre 15 y 30 por ciento hacia el 2020 y, en la medida de lo posible, recortes absolutos en las emisiones de países como China e India. En tercer lugar, la deforestación debe reducirse y frenarse absolutamente hacia el año 2025. Todo esto con base en estándares y criterios de medición, verificación e información aprobados por acuerdo común. Sólo así se eliminarían los vacíos legales. ¿Por qué el fracaso? Es evidente que hubo una clara falta de voluntad política de la mayoría de los líderes mundiales para afrontar el cambio climático de la forma requerida. La mayoría de los países industrializados, sobre todo Estados Unidos y Canadá, carecieron de la ambición necesaria para asumir objetivos de reducción vinculantes en un nuevo periodo de compromiso (posterior a 2012) bajo el Protocolo de Kioto. Y no mostraron disposición para incrementar la financiación a medio plazo hasta el 2020, de modo que ésta hubiese sido adecuada, fiable y adicional a otros compromisos para con los países en vías de desarrollo.

agua y el carbono que contienen. ¿Cómo salvaguardar la tierra, el agua y los derechos de las comunidades rurales, amenazados por la voracidad de las compañías, los gobiernos y los inversionistas? e) Instituciones, gobernanza. En general se acepta la necesidad de involucrar a las comunidades afectadas, a los pequeños productores campesinos, a las mujeres y a las comunidades indígenas. Sin embargo, no es claro cómo llevar a cabo estas intenciones. ¿Es suficiente contar con consultas, con un consentimiento previo? Las comunidades demandan más bien participar de manera muy significativa en la toma de decisiones, en el monitoreo, en la acción, en el financiamiento. La transparencia es crucial.

“Sin agricultura no hay trato”, fue el lema adoptado por la comunidad agrícola en Copenhague. Y no hubo trato. La referencia crucial a la agricultura, que promovía el financiamiento, la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica para la agricultura, quedó “entre paréntesis” (en brackets, es decir, sin acuerdo), en el texto final impuesto por Estados Unidos. El vago acuerdo sobre REDD (reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques) tampoco incluyó el tema de agricultura, aunque ésta era una demanda de muchos países pobres. ¿Qué expectativas tiene la agricultura para la COP 16 en México? No obstante todo lo anterior, hay una clara tendencia a la vinculación entre los temas de agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático. Muchos países seguirán insistiendo durante las negociaciones climáticas del 2010 para asegurarse de que en la atención al cambio climático se integre plenamente los temas de agricultura y seguridad alimentaria. Oxfam México seguirá respaldando a las organizaciones campesinas y sociales para evitar que el cambio climático se convierta en una causa más de pobreza, migración y pérdida de derechos de las comunidades campesinas mexicanas.

Oxfam México

Por otro lado, China e India eludieron que sus objetivos de reducción fueran internacionalmente vinculantes y sujetos a una medición y verificación acordada en común.

Los países exportadores de petróleo como Arabia Saudita también jugaron un papel destructivo; frenaron una y otra vez el proceso de negociación. Asimismo, el papel que jugó el representante del G77 + China, el sudanés Lumumba Di-Aping, debe analizarse de forma crítica: fue acusado por muchos de los países en vías de desarrollo más vulnerables –como los de la Asociación de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), algunos africanos y otros– de no haber negociado en interés de estos Estados en la vanguardia del cambio climático.

La Unión Europea, Sudáfrica, Brasil y otros posibles tendedores de puentes y negociadores mostraron demasiado tarde su interés de darle una dirección más positiva al debate, mientras que la AOSIS casi se quedó sola con sus reivindicaciones. La gestión de la conferencia por parte del país anfitrión, Dinamarca, así como del secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue muy deficiente, lo que socavó todavía más las negociaciones.

Copenhague concluyó con un desastre. Será necesario realizar un nuevo intento y un análisis profundo de la conferencia para poder enfrentar el cambio climático de la única manera posible: de forma ambiciosa y justa y dentro del sistema de las Naciones Unidas, con obligaciones comunes vinculantes jurídicamente pero diferenciadas para todos los países.

Asesor de Pan para el Mundo

16 de enero de 2010

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Brasil

ANTE CRISIS ALIMENTARIA,

APOYAR AGRICULTURA FAMILIAR Lourdes Edith Rudiño

Renato Maluf, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (Consea) de la Presidencia de la República de Brasil, explica que la agricultura familiar fue prácticamente ignorada en este país hasta mediados de los 90s pero, por presión de las agrupaciones de productores, ha sido dotada desde entonces de una serie de políticas públicas e incluso de un ministerio especial --el de Desarrollo Agrario nacido en 1998, y paralelo al de Agricultura enfocado al agrobusiness--, de tal forma que hoy esta agricultura se ha convertido en “garantía sociopolítica, que hace la diferenciación frente a la agricultura de gran escala, descarnizada y de grandes extensiones”.

En entrevista, comenta que fortalecer la agricultura familiar con el otorgamiento de créditos a tasas bajas por diez millones de reales anuales (siete mil millones de dólares) en un programa llamado Más Alimentos, junto con la política de “recuperación del valor del sueldo mínimo oficial en términos reales” para la población pobre objetivo de programas sociales, son los dos instrumentos que han permitido a Brasil atenuar los efectos de la crisis alimentaria.

FOTO: LLourdes FOTO d E E. R Rudiño d

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e la misma forma que Brasil expresa su liderazgo latinoamericano en indicadores económicos y estrategias frente a la conflictiva financiera mundial, sus políticas a favor de la agricultura familiar marcan pauta para confrontar la crisis alimentaria, mejorar el nivel de vida de los productores de pequeña y mediana escala e incluso para empezar a transformar el modelo de mercados libres trasnacionalizados.

Pero hay mecanismos adicionales que están apuntalando la agricultura familiar, como el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), que inició en 2003 y que implica que el aparato público establezca contacto entre organizaciones agrícolas y los gestores locales que necesitan comprar alimentos para sus programas de escuelas, hospitales, guarderías, etcétera. Este programa, que reorientó las compras, pues antes se hacían con la industria o grandes agricultores, ha permitido revalorar regionalmente los productos agrícolas, y además fue inspiración para la Ley de Alimentación Escolar de 2009, la cual, a iniciativa del Consea, ajustó las características de un programa de alimentos para escuelas que existe desde los 50s, al establecer que “por lo menos 30 por ciento de las compras de alimentos se hagan directamente de la agricultura familiar local o de la región”, lo cual ocurrirá a partir de 2010.

Al respecto Maluf señala que este programa, que es enorme, pues sirve 35 millones de comidas diarias gratuitas -–y que se refuerza con la nueva ley porque determina que “la alimentación escolar es un derecho, no un regalo o una concesión a los niños pobres”—, tendrá impactos tremendos de reactivación e impulso de la agricultura familiar, pues el gasto público es de unos 300 millones de dólares al año tan sólo

Guatemala

LA LUCHA INDÍGENA Y CAMPESINA EN EL SIGLO XXI Pablo Sigüenza Ramírez

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as organizaciones campesinas de Guatemala son herederas históricas de la lucha indígena en la Colonia expresada en el conjunto de motines de indios que, según el historiador Severo Martínez Peláez, se contabilizaron en al menos uno por semana durante los casi 300 años de cordón umbilical extractivo desde la corona española.

Encontramos así un fuerte movimiento agrarista que durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán construyó el proceso de reforma agraria de 1952 a 1954. La aplicación de la Ley de Reforma Agraria, Decreto 900, conformó en todas las regiones del país comités agrarios locales que fueron la semilla que perduró y resistió la represión estatal contrarrevolucionaria. Fue en los años 70s cuando resurgieron los movimientos agrarios, bajo la bandera de lucha campesina.

El 15 de abril de 1978 nació el Comité de Unidad Campesina (CUC) y marcó el inicio

de la lucha campesina contemporánea en el país. Entre algunos hechos relevantes de su trayectoria, la historia y la memoria popular seguramente recuerdan la participación de miembros del CUC en la ocupación de la embajada de España, en enero de 1980, en protesta por la represión que cientos de comunidades sufrían a manos de la política contrainsurgente del Estado; la gran Huelga de la Zafra en 1980, en la que más de 80 mil campesinos paralizaron la industria del azúcar por alrededor de 20 días; la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena, negra y popular americana, en la que el Comité impulsó el debate a nivel nacional, y la participación del CUC en la conformación de otras entidades como CONAVIGUA, CONDEG y la Defensoría Maya.

La movilización continental de 500 años de lucha popular, negra, indígena y campesina en 1992 consolidó en Guatemala una identidad indígena en el seno de las organizaciones campesinas. Hoy existen al menos cinco centrales campesinas, tres de ellas ligadas a La Vía Campesina Internacional: la Coor-

de recursos federales, más montos también significativos que provendrán de los municipios.

Maluf señala que, según el censo agrícola de 2006, hay casi cinco millones de unidades agrícolas en Brasil, y de ellas cuatro millones 300 mil son clasificadas en agricultura familiar; aunque éstas representan 70 por ciento de las unidades, emplean a siete de cada diez trabajadores del campo y participan con 70 por ciento del alimento que se consume internamente en Brasil, no cubren más que 30 por ciento del área agrícola total. “Esto demuestra el elevado grado de concentración de la tierra en el país”.

Disputas con el agronegocio. Aclara que el impulso a la agricultura familiar ocurre como parte de “dinámicas contra-hegemónicas”, pues en Brasil, “hay una disputa fuerte de tierra, de biodiversidad; estamos bajo una ofensiva del agronegocio (el cual es poderoso: genera 60 por ciento del valor de la producción agrícola total y está centrado en productos exportables como la soya, el ganado vacuno, el alcohol de caña de azúcar, buena parte del café, jugo de naranja, etcétera); (...) nuestras políticas son defensivas. Tengo conciencia de los límites, de hasta dónde hemos logrado llegar”.

La agricultura familiar es muy heterogénea en Brasil. Por ley, se declara que implica propiedades de hasta cuatro módulos fiscales, pero la extensión de cada módulo varía según la región: en la Amazonía (donde la gente vive de cosechar productos de la selva, y con escaso ingreso) puede ser de cien hectáreas, mientras que en el sureste de dos a tres. Con excepción de la Amazonía, la agricultura familiar está en un rango de áreas muy pequeñas y de hasta 20 o 30 hectáreas o la más capitalizada que puede llegar a cien.

El entrevistado afirma que la crisis alimentaria global es sistémica, no coyuntural.

“Revela aspectos del modelo agroalimentario mundial que deben ser cuestionados: el vínculo entre alimentos y especulación financiera; la integración de cadenas bajo el control de cuatro o cinco corporaciones; la dirección que ha tomado el consumo alimentario, dando como resultado la obesidad, etcétera”.

Y hay nexos entre la agricultura familiar y el agronegocio. El 70 por ciento de la producción de carne porcina y de pollo proviene de pequeños productores integrados a la agroindustria bajo contrato. En el caso de los granos básicos y otros fundamentales de la dieta carioca, el asunto es más complejo. El frijol y la yuca están en manos de la agricultura familiar y el maíz lo está en un 60 por ciento; aunque el 40 por ciento del maíz restante es producido en grandes predios y lo mismo pasa casi con todo el arroz, pues “Brasil pasó por un proceso fuerte de modernización de su agricultura; una modernización conservadora, como decimos, que conserva la propiedad y expulsa a la gente”.

Según Maluf, lo que busca el Consea es promover instrumentos “que fortalezcan la producción, el abasto, el empleo y el ingreso de la agricultura familiar --que se supone es más sustentable y más equitativa-- y que mantenga a la gente en condiciones dignas”. dinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) y el CUC. La demanda principal de las organizaciones campesinas ha sido por el acceso, el uso y la propiedad de la tierra. En un país con el segundo grado más alto de concentración del suelo cultivable en pocas manos de América Latina, es lógico que la lucha por una reforma agraria esté en el centro de la estrategia indígena y campesina. En el lustro reciente se ha evidenciado una mayor presión del capital nacional y trasnacional sobre los territorios indígenas que son reservorio de agua, bosque y minerales, por lo cual las organizaciones del campo, por demanda de las comunidades, han incorporado la lucha por la defensa de los recursos naturales y la Madre Tierra dentro de sus acciones. El Tercer Congreso Nacional Campesino mandató a las organizaciones nacionales volver la vista y la cabeza a las comunidades, regresar al territorio local, fundamento de la organización.

El movimiento campesino guatemalteco enfrenta retos monumentales en lo interno.

La existencia de cinco centrales campesinas evidencia fracturas, estrategias disímiles y contradicciones. La unidad granítica es imposible, pero el reciente proceso de Diálogo Nacional por el Desarrollo Rural entre gobierno y organizaciones demostró que hay

Por ello, “es momento de impulsar dinámicas que van contra corriente de este modelo integral: circuitos regionales; producción agroecológica; aproximar la producción al consumo (...) recuperar la regulación del Estado; tener políticas soberanas de suministro. En el Consea la sociedad defiende que las repercusiones de la crisis se enfrenten con iniciativas que modifiquen hasta donde sea posible al sistema alimentario mundial con una perspectiva de soberanía y derecho.

“Todos los países abandonaron las políticas de abastecimiento alimentario. Dijeron ‘no hay que regular’, pero siempre hay regulación. Lo que pasa es que el abastecimiento está ahora bajo regulación privada; son los supermercados, las corporaciones los que dicen qué comemos, cuánto comemos, cómo comemos, cuánto pagamos.

Lo que estamos defendiendo en Brasil es que el gobierno retome una política de abastecimiento soberana, con acciones descentralizadas, alimentación adecuada y diversificada, con circuitos regionales; e incluso lo estamos proponiendo como forma de integración en Sudamérica“. puntos de encuentro. A este diálogo llegaron las organizaciones nacionales por rutas distintas, pero los contenidos propuestos giraron en la misma sintonía y como fruto de estas acciones hoy se tiene una Política Nacional de Desarrollo Rural Integral.

Otro debate campesino actual es cómo no abandonar las luchas estratégicas al momento de acceder a programas gubernamentales de apoyo para la población campesina agremiada. El reto está en no convertirse en prolongación de la asistencia social del gobierno, pero sí proveer de recursos productivos que permitan a la población campesina organizarse con el respaldo de una base económica mínima.

Las grandes corporaciones y la clase terrateniente sostienen un discurso y una estrategia política de criminalización de las luchas campesinas. Aunado a esto existe un constante hostigamiento a la organización del campo. Sólo en 2009 ocurrieron nueve asesinatos a dirigentes de la CNOC y se ejecutaron más de 60desalojos a comunidades que ocuparon fincas en reclamo por el derecho a producir alimentos. Los retos son grandes pero a inicios del siglo XXI la organización campesina e indígena es las más fortalecida dentro de la organización social del país.

Investigador del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (Idear), de Guatemala

16 de enero de 2010

18 Venezuela Profunda

CONTRADICCIONES DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

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a elección de Hugo Chávez Frías como presidente de Venezuela en 1998 sorprendió a todos, inclusive a los que lanzaron su candidatura. De cierta forma, sucedió algo parecido a lo ocurrido en Brasil con la elección de Fernando Collor de Mello en 1989. No es que Collor y Chávez sean iguales. Al contrario, están en campos opuestos, sobre todo en cuanto a sus posiciones frente al imperialismo. Realmente los bloques de poder tradicionales en Latinoamérica, al adherirse al Consenso de Washington y todo el conjunto de políticas de Estado mínimo para el pueblo (y máximo para el capital), acabaron dando un tiro en sus propios pies al desmontar los mecanismos tradicionales de dominación. Siendo así, muchos gobiernos no consiguieron presentarse como alternativa a las intensas luchas sociales que se desencadenaron en la región contra las políticas neoliberales que, incluso, tuvieron su inicio en la misma Venezuela, con el dramático 27 de febrero de 1989, cuando miles de venezolanos fueran masacrados en las calles de Caracas al protestar contra las medidas an-

Evento: Bioferia Vegetariana 2010. Organiza: Bioferia Vegetariana. Lugar: Parque España o México. Col. Condesa. Fecha: 30 de enero de 2010. Informes: Dayan Ruiz Córdova (coordinadora) 55 29 53 75 / bioferiavegetariana@gmail.com Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Organiza: El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

Lugar: Cochabamba, Bolivia. Fecha: 20 al 22 de abril del 2010.

Libro: Los movimientos sociales de lo local a lo global. Coordinadores: Francis Mestries (UAM-Azcapotzalco), Geoffrey Pleyers (Universidad Católica de Lovaina) y Sergio Zermeño ( Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM). Autores: Varios.

Editores: Anthropos /Coedición con UAMAzcapotzalco (México). Informes: UAM (Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Cuajimalpa) así como en la librería de la Casa del Tiempo, Pedro Antonio de los Santos # 84, Col. San Miguel Chapultepec.

La globalización ha producido en países periféricos como México, en el ojo del huracán del globalismo neo-liberal, efectos devastadores en la estabilidad económicofinanciera, la agricultura, la industria tradicional y los medios masivos, si bien propició también la democratización del sistema político. Los movimientos sociales, aunque favorecidos por el entorno más democrático, han sido afectados por la erosión de los actores sociales clasistas, el cierre del espacio político por los partidos, la agudización de la lucha por la supervivencia y los cambios culturales individualizantes. Entonces las luchas populares se centran en la defensa de un territorio y una identidad contra proyectos desarrollistas del Estado y las trasnacionales, buscando construir relaciones sociales alternativas para densificar lo social, defender férreamente su autonomía política y tejer redes de apoyo mutuo y coordinación con organizaciones y ONG a nivel nacional e internacional, tendiendo puentes de lo local a lo global.

tipopulares del gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez. El episodio sería conocido como “Caracazo”.

Desde esa época más de una docena de gobiernos electos democráticamente cayeron en Latinoamérica, ya no por golpes de Estado, sino por movilizaciones de calle contra las políticas neoliberales antipopulares.

Es de destacar que dos grandes marchas dividieron a Bolivia y Ecuador en 1990, trayendo a la escena política el protagonismo de los pueblos indígenas que pasarían a tener un papel destacado en la nueva etapa que desde entonces se inauguró en Latinoamérica.

Siendo así, si para muchos 1989 posee la marca de la caída del muro y aparece como una victoria, aunque parcial, del neoliberalismo, en Latinoamérica el año de 1989/1990 marca el inicio de un nuevo patrón de conflictos donde esas políticas neoliberales comienzan a perder legitimidad, como lo demuestran los innumerables gobiernos derrumbados a partir de movilizaciones callejeras.

Fue así que un dislocamiento político con implicaciones continentales ocurriría con la elección de Hugo Chávez Frías en 1998. Desde entonces, otros gobiernos de izquierda se eligieron beneficiándose de esas amplias movilizaciones populares que fueron, poco a poco, minando el consenso neoliberal.

La elección de Hugo Chávez acabó propiciando que una Venezuela profunda ganara la escena política colocando una serie de demandas sociales, económicas y políticas.

Hoy 46 por ciento del presupuesto del gobierno venezolano se destina a fines sociales vía programas de salud y educación, así como al área de la producción. Ningún país de Latinoamérica tiene un presupuesto con ese perfil. Incluso una reforma agraria, aunque tímida frente a las necesidades, está siendo implementada.

Hoy 46 por ciento del presupuesto del gobierno venezolano se destina a fines sociales vía programas de salud y educación, así como al área de la producción Pero hay un núcleo de poder en Venezuela que, todo indica, se mantiene incólume e impide que el socialismo del siglo XXI se libere de los fantasmas del socialismo del siglo XX, como propugna con cierta razón el presidente Hugo Chávez. Se trata de los sectores minero y energético, en particular del petróleo, que da lugar a gestores estatales que manipulan con cierta maestría el discurso nacionalista. Según datos de 2008, aproximadamente 92 por ciento de las divisas del país provienen del petróleo, y han financiando el proyecto desarrollista de apertura de carreteras, puertos y plantas energéticas, incluso hidroeléctricas. Para eso, el gobierno de Chávez viene abriendo espacio a inversiones de empresas trasnacionales como Vale do Rio Doce, la Norberto Oderbrecht y una serie de otras empresas con capitales de origen ruso, francés, chino y hasta estado-

FOTO: IES MUNGIA BHI FOTO

Carlos Walter Porto-Gonçalves

unidense. Tal como el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) de Lula da Silva, en Venezuela se pone en práctica toda una logística de apoyo a la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (Iirsa). Como es sabido, esta Iniciativa fue propuesta en 2000 por Fernando Hernique Cardoso como la base material necesaria para implementar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Lo que merece atención es que gobiernos que por un lado se muestran críticos del ALCA, por el otro crean su base material con pesadas inversiones con miras hacia una integración continental que en la práctica ha causado enormes conflictos sociales.

La revolución bolivariana corre el riesgo de perder su legitimidad por no comprender la legitimidad histórica de la lucha de los pueblos originarios El significado político y social de este hecho es mucho más importante que su significado económico, aunque los dos estén asociados. Es que hay un núcleo de poder, que se estructura a partir del Estado venezolano, que detenta el monopolio de la extracción minera y que a partir de ahí se enarbola como guardián de los intereses nacionales ignorando la complejidad de la nación, que emana de la propia revolución bolivariana. Ésta es una de las mejores expresiones de lo que denominamos Venezuela profunda, misma que surgió de esa verdadera revolución democrática, porque pasa por Venezuela y por el reconocimiento en la Constitución de 1999 de los derechos indígenas, derechos hasta entonces ignorados en el país. Incluso fue promulgada una Ley Orgánica de los Derechos de los Pueblos Originarios, en donde se especifican los derechos de esos pueblos a sus territorios, además de que se instituyó un Ministerio para los Pueblos Indígenas y el gobierno firmó el importante Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el apoyo del Congreso. Sin embargo, todo ese proceso no ha sido capaz de impedir los conflictos con las poblaciones indígenas, particularmente con las que tradicionalmente habitan la región del Lago de Maracaibo, en el estado de Zulia, involucrando diferentes pueblos como los yukpas, los bari y los wayuu. Ahí, el gobierno de Hugo Chávez ha venido encontrando dificultades en posicionarse frente al núcleo duro del Estado venezolano, o sea el sector minero, que involucra a los militares. Es que aquellos pueblos indígenas habitan la Sierra de Perijá,

donde son grandes los intereses y las concesiones históricas del Estado venezolano con las empresas trasnacionales de explotación minera (de carbón y uranio). Dichas concesiones no fueron anuladas por el gobierno actual.

Ahí una política equivocada de demarcación de tierras en islas de inspiración americana –semejante a lo que la derecha y los militares brasileños defendían en Raposa Serra do Sol– impide que la lucha de aquellos pueblos por sus territorios ancestrales sea, por fin, reconocida. Hacendados ocupan tierras indígenas a pesar de que el presidente Chávez haya declarado explícitamente que “entre hacendados e indígenas, ese gobierno está con los indígenas”, posición que nos parece correcta, sin embargo, se muestra insuficiente. Esto porque el verdadero examen revolucionario de un socialismo para el siglo XXI exigiría que, además, el gobierno pudiera decir que “entre las empresas mineras y los indígenas, ese gobierno está con los indígenas”. Ahí sí, estaríamos delante de una verdadera revolución que sabe respetar la quincentenaria resistencia de los pueblos originarios e incorporar la diversidad de colores que reconozca que el socialismo del siglo XXI tendrá los colores de la Wyphala, o sea, el complejo de colores del arcoíris de la bandera de los pueblos originarios de Bolivia. La revolución bolivariana corre el riesgo de perder su legitimidad por no comprender la legitimidad histórica de la lucha de esos pueblos, tal como los sandinistas se fragilizaron por su incomprensión con relación a los indígenas miskitos.

Lo que sorprende en el caso de la lucha de los pueblos yukpas, bari y wayuu en el Lago de Maracaibo es el silencio de la derecha, que podría tomar ese caso para blandir su anti-chavismo inconsistente, ya que es golpista y mediático. Sin embargo, la derecha también es racista, latifundista y posee intereses en la explotación minera de la Sierra de Perijá; por tanto, su silencio es cómplice, lo que nos muestra que en Venezuela hay algo mucho más profundo que la polarización entre la derecha y el chavismo, como los medios por aquí tanto alardean. ¡Todo apoyo a la lucha de los pueblos yukpas, bari y wyuu en la Sierra del Perijá! ¡Por la libertad del Cacique Sabino de la comunidad de Chaktapa, revolucionario que se reivindica chavista, y que está preso injustamente por defender la demarcación de los territorios ancestrales! ¡Por un socialismo con los colores de Wyphala! ¡Por un socialismo con los colores de Wyphala!

Profesor del Programa de Postgrado en Geografía de la Universidad Federal Fulminense de Río de Janeiro y ganador del Premio Chico Mendes en Ciencia y Tecnología en 2004.

16 de enero de 2010

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Bolivia: la Pacha Mama está de plácemes

Armando Bartra “Somos anticapitalistas, pero no tenemos prisas doctrinales” Alejandro Almaraz, viceministro de Tierras.

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on 63 por ciento del electorado, el pasado 6 de diciembre el presidente Evo Morales y el vicepresidente García Linera ganaron las elecciones para esos mismos cargos, mientras que los candidatos de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), consiguieron la mayoría parlamentaria con 25 de las 36 curules del senado y 82 de las 130 diputaciones.

Una de las palancas del triunfo es la Revolución Agraria que impulsa el gobierno desde el 8 de noviembre de 2006, en que expidió la Ley 3545.

Con sus pututus y mausers viejos traídos de El Chaco, a mediados del pasado siglo, los quechuas y aymaras hicieron una revolución para que la tierra fuera de quien la trabaja y de paso desmantelaron el sistema servil terrateniente del altiplano boliviano. Cincuenta años después los guaraníes y otros grupos de las tierras bajas han emprendido una nueva revolución agraria, ahora contra el neolatinfundismo amazónico conformado en el pasado medio siglo por la perversión de la reforma agraria de 1953.

Y es que de los 57 millones de hectáreas que se distribuyeron de 1953 a 1992, el 68 por ciento quedó en manos del 18 por ciento de los beneficiarios, medianos y grandes propietarios, algunos extranjeros, que a título gratuito se embolsaron casi 40 millones de hectáreas en latifundios que a veces rebasan las cien mil, mientras que los indígenas de la Amazonía eran tratados como nómadas selváticos, mano de obra servil para los empresarios soyeros, madereros y castañeros del oriente. Paralelamente, la política inicial de fomento para la autosuficiencia alimentaria se pervirtió en fomento al agronegocio exportador, conformándose un modelo dual: minifundismo improductivo en las tierras pobres y gastadas del altiplano, donde la reforma del 53 fue redistributiva, y en las bajas, donde fue reconcentradora, latifundio predador de tierras y hombres, orientado al mercado externo. Se edificó así, en El Chaco y Los Llanos, el imperio de los Barones de Oriente, que políticamente son el núcleo de la derecha oligárquica atrincherada en los relativamente poco poblados departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, que sin embargo abarcan la mitad del territorio nacional.

Nuevos alzamientos rurales impusieron la aprobación en 1996 de un Ley de Reforma Agraria, que si bien reconoció el derecho sobre sus tierras de las comunidades originarias, sobre todo de las andinas, facilitó la legalización de los enormes latifundios amazónicos. Fue necesario que un aymara llegara al poder, para que en respuesta a la gran marcha indígena de noviembre de 2006, Evo Morales promulgara una Revolución Agraria cuyo objetivo es “transformar las estructuras de tenencia y acceso a la tierra, desmontando la herencia colonial aún presente en El estado”, y cuyo principal instrumento es la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que en tres años ha operado una profunda mudanza tanto material como espiritual en el agro boliviano.

“En esta segunda etapa de la reforma agraria –dice Miguel Urioste, de la Fundación Tierra– el protagonismo es de los pueblos indígenas de la Amazonía, mientras que los nietos de la reforma agraria de 1953, los quechuas y aymaras de los altos, son en esto marginales. Y está siendo resistida por los Barones de Oriente, no sólo en términos jurídicos, sino a sangre y fuego. Y es posible que se resistan aún más, cuando se aplique en regiones particularmente sensibles de la Media Luna una ley que, por cierto, legaliza al latifundio, aunque lo reduce notablemente” En el momento de la negociación del marco jurídico, el peso de la derecha en la correlación de fuerzas obligó a reconocer la legalidad de propiedades de cinco y hasta diez mil hectáreas en una norma que además no es retroactiva de modo que latifundios aun mayores deberán ser respetados. Pero esto no ató las manos del gobierno encabezado por Evo Morales, pues al aplicar con firmeza y celeridad la Ley 3545, que es básicamente de saneamiento de la propiedad, pudo afectar millones de hectáreas en manos de la oligarquía; tierras que fueron apropiadas mediante procedimientos irregulares o fraudulentos o que no cumplen la “función económica social” establecida por la Ley, es decir que no tienen un uso productivo o mantienen sistemas de trabajo serviles.

Así, sin necesidad de expropiaciones, en tres años el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) saneó y tituló casi 40 millones, de los cien millones de hectáreas

JULIA RAMOS SÁNCHEZ, MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

El 27 de noviembre , en la celebración del tercer aniversario del inicio de la Revolución Agraria, que se desarrollaba en el salón central del edificio que ocupa el gobierno, Julia Ramos Sánchez, hasta hace poco luchadora agraria en organizaciones de mujeres y ahora ministra de Desarrollo Rural y Tierras, lo planteó así: “Hoy no sólo es el aniversario de la Revolución Agraria, también lo es de la Madre Tierra, de la Pacha Mama. Que nunca más nadie puede traficar con la Madre Tierra. Porque no podemos hablar de seguridad y soberanía alimentaria sin la Pacha Mama”.

Y luego narró una experiencia propia que retrata la profundidad de la revolución boliviana: “En 1996 –dijo– si yo caminaba frente a la puerta del palacio de gobierno, los policías me apuraban con sus armas: ‘¡Pase! ¡Pase señora! No puede pararse ahí’. En cambio hoy estamos en palacio y nadie nos saca”.

FOTO: Ol FOTO Olmo C Calvo l R Rodríguez dí

TERCER ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN AGRARIA

existentes, interviniendo casi 11 millones con irregularidades, que se redistribuyeron a favor de unas 57 mil familias. También se identificaron casi 14 millones de hectáreas de tierras fiscales indocumentadas o indebidamente apropiadas, algunas de las cuales son de conservación, mientras que 3.6 millones son susceptibles de dotación, habiéndose entregado, hasta ahora, algo más de un millón en beneficio de unas seis mil familias.

“Este gobierno viene de la demanda de redistribución de la tierra –dice Alejandro Almaraz, viceministro de Tierras del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras–, entonces la importancia económico-social de la Revolución Agraria es enorme, pero también su importancia simbólica. Ésa era la primera demanda de quienes derrumbaron el poder neoliberal: territorio a los pueblos originarios y tierra a los campesinos, y de ahí se pasó a otros recursos estratégicos: bosques, hidrocarburos…

“Las tierras disponibles se entregan necesariamente de manera comunitaria. Porque la propiedad comunitaria es poder político que da seguridad, no sólo material sino espiritual, lo que es aún más profundo en los pueblos indígenas. La decisión de titular las tierras de forma comunitaria no nace de este gobierno sino de la sabiduría de quienes han luchado por ella durante muchos años. En cierto modo es al revés: el gobierno de Evo es resultado de esa decisión. Hay que reconocer al sujeto del proceso agrario, que son las organizaciones indias y campesinas, campesindias, pues.

“Pero no basta con que las tierras de los pueblos originarios se titulen de manera comunal. Esta fórmula fue resultado de una correlación de fuerzas, de una negociación.

Lo que se busca es que las tierras comunitarias de origen sean reconocidas como territorio indígena. Pero esto será tarea del nuevo Legislativo pluriétnico.

“La oligarquía se resiste y el Tribunal Agrario obstruye la reforma. Pero a pesar de todo hemos avanzado. Pienso que estamos a la mitad del camino y lo bueno es que ya no hay regreso.”

Lo primero es redistribuir la tierra, dice el funcionario, pero paralelamente hay que impulsar la producción, lo que en la Amazonía obedece a un modelo agroforestal comunitario con cadenas de valor, como aserraderos y carpinterías.

Sin embargo, la mitad faltante del camino incluye también encontrarle una salida al problema económico-social del altiplano, donde predomina el minifundio sobre tierras estragadas. Hay una marcha de los altos a las

tierras bajas, pero ésta no es la solución de fondo: “En el oriente hay tierra para todos –afirma Juan Carlos Rojas, responsable del INRA–. Pero no puede llevarse a la gente del altiplano a la amazonía como si fueran animales”.

La solución al problema de los altos está mayormente en los altos, donde se ubican 150 de los 200 territorios de comunidades originarias, pero donde la tierra colectiva se entrevera con la pequeña propiedad campesina, lo que demanda regularizar la tenencia. El altiplano necesita también reforestación para recuperar los suelos. Y sobre todo requiere proyectos de desarrollo que, dadas las condiciones de la región, no podrán ser únicamente agropecuarios. Lo que plantea dificultades, pues las leyes agrarias regulan el aprovechamiento agropecuario y silvícola de los recursos renovables, sobre los que las comunidades indígenas tienen plenos derechos, pero no el de los no renovables, como los mineros, importantes en los altos, sobre los que los originarios sólo tienen preferencia y que están sujetos a otras leyes.

Bolivia necesita empleos dignos y alimentos sanos y a precio justo, lo que sólo se logrará recuperando la soberanía laboral y la soberanía alimentaria extraviadas por gobiernos neoliberales que prefirieron exportar bolivianos e importar alimentos. Y en esto la industrialización puede ser una palanca, pero la clave está en el campo donde la Revolución Agraria tendrá que pasar de la redistribución y regularización al fomento agropecuario.

Dice Lidio Julián, del Movimiento Sin Tierra, del Gran Chaco: “Debiera haber un ministerio de producción y tierras. La reforma agraria no sólo es repartir, también se necesita acompañamiento productivo basado en procedimientos agroecológicos”.

La reforma agraria boliviana forma parte de una mudanza mayor, la Revolución Agraria, que ha su vez es parte de una revolución mayor, la de los campesinos e indígenas que luchan por sus derechos históricos, pero también por los derechos de la humanidad toda.

“Somos anticapitalistas, pero no tenemos prisas doctrinales –dice el viceministro de Tierras–. Nuestra alternativa estratégica es el fortalecimiento de las comunidades, su empoderamiento. Sí, queremos postcapitalismo, pero no socialismo real de partido único y pensamiento único, donde el Estado se apropia de todo. Las decisiones deben venir de las comunidades, no de una estructura centralizada”.

ILUSTRACIĂ“N: Cintia Bolio / purasevas.blogspot.com

20 16 de enero de 2010