13 de marzo de 2010 • Número 30 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada
Dueños del balón, de la cancha, de los jugadores, del árbitro, de los derechos de transmisión...
TEMA DEL MES
13 de marzo de 2010
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QUE COMPITAN LOS POBRES La competencia, que fue la forma dominante del siglo XIX, ha cesado de ocupar tal posición. Hoy la unidad económica típica en el mundo capitalista no es la pequeña firma sino la empresa en gran escala. Por tanto, no es permisible ignorar el monopolio en la construcción de nuestro modelo y seguir considerando la competencia como el caso general; no podemos introducirlo como un simple factor modificador, debemos colocarlo en el centro mismo del esfuerzo analítico.
Suplemento informativo de La Jornada 13 de marzo de 2010 • Número 30 • Año III
COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador
Paul A.Baran y Paul M. Sweezy, El capital monopolista
M
onopolio, no competencia, es el verdadero rostro del capital. Los antiguos órdenes sociales se fincaban en la concentración de poder y propiedad; en cambio, el moderno sistema mercantil se ufana de haber traído la democracia y la libre concurrencia. Mentira.
Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.
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Diseño Hernán García Crespo La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.
El mundo de ciudadanos libres y empresarios competitivos siempre fue espejismo; sea porque en el despegue del mercantilismo absoluto los monopolios del viejo régimen se resistían a desaparecer, sea porque la concentración y centralización económicas son consustanciales al capitalismo avanzado. A veces el monopolio priva sobre los capitales productivos, pero en otras las corporaciones reinan sobre ejércitos de modestos productores domésticos. Tal es el caso de la caficultura mexicana, donde corporaciones como Nestlé o Agroindustrias de México SA (AMSA) expolian a poco menos de medio millón de campesinos medianos y pequeños. La modalidad imperialista y financiera que adopta el gran dinero desde fines del siglo XIX fue vista por críticos y apologistas como una forma superior, pero también como un orden abrumadoramente monopólico y desmedidamente especulativo. Uno de sus analistas, Rudolf Hilferding, escribe en El capital financiero, de 1912: “La especulación es la flor más sublime y la raíz más profunda del capitalismo. Todo es especulación: fabricación, comercio, diferentes negocios; todo capitalista es un especulador. La especulación es el mal por excelencia, del que se derivan las crisis, la sobreproducción y todo lo que la sociedad capitalista tiene de nocivo”. Y asocia esta proclividad especulativa con el despliegue del capital financiero: “El capital industrial es el Dios Padre, que ha dejado como Dios Hijo al capital comercial y bancario, y el capital monetario es el Espíritu Santo; son tres, pero uno solo en el capital financiero”.
PORTADA: La Jornada del Campo
Más tarde, la conformación mundial de un centro “desarrollado” y una periferia “subdesarrollada” desata nuevas reflexiones críticas y todas coinciden: la concentración metropolitana del capital provoca que en vez de lucha por las ganancias entre inversiones productivas que compiten entre sí, lo que hay son transferencias de valor sostenidas en la abismal desigualdad de los concurrentes al mercado. Expoliación metropolitana de las modernas colonias que ya en La acumulación de capital, de 1912, Rosa Luxemburgo veía como una condición externa imprescindible en la reproducción del capitalismo; que 60 años después, en La acumulación a escala mundial, Samir Amin identifica con la acumulación originaria dominante en el capitalismo temprano: “Estos mecanismos no
Pero el monopolio más alarmante es la inaudita concentración de nuestras relaciones económicas, sociales y políticas con Estados Unidos.
se ubican sólo en la prehistoria del capitalismo; son también contemporáneos. Son esas formas renovadas pero persistentes de la acumulación primitiva en beneficio del centro, las que constituyen el objeto de la teoría de la acumulación en escala mundial”, y que 30 años más tarde, en un ensayo titulado El “nuevo” imperialismo, David Harvey rebautiza: “Una revisión general del rol permanente y de la persistencia de prácticas depredadoras de ‘acumulación primitiva’ u ‘originaria’ a lo largo de la geografía histórica de la acumulación de capital, resulta muy pertinente Dado que denominar ‘primitivo’ u ‘originario’ a un proceso en curso parece desacertado, en adelante voy a sustituir estos términos por el concepto de acumulación por desposesión”. En años recientes, la apropiación y mercantilización de bienes como el germoplasma y sus códigos –que habían sido de libre disponibilidad hasta que el capital halló la forma de valorizarlos transitando de “la renta de la tierra a la renta de la vida”– develó la creciente importancia como factor de acumulación del monopolio sobre recursos naturales y sociales escasos y las rentas que genera. Y es que se obtienen cuantiosos ingresos gracias a la escasez de tierras fértiles y de agua potable; pero también se lucra con el agotamiento de los combustibles fósiles y se obtienen ganancias privatizando el espectro electromagnético, los códigos genéticos, los saberes comunitarios, la información, las ideas. Pero por sobre todos los negocios perversos reina la especulación financiera cuya desmecatada codicia nos puso al borde de una nueva Gran Depresión. Aquí la vocación rentista del capital coincidió con la fiebre desincorporadora de recursos y actividades públicas. Así, en los últimos 30 años se consumó la reprivatización de un sistema bancario y financiero que hoy además de trasnacional es ineficiente y medra con la deuda pública; se conformó una minería rapaz y contaminante donde privan las inversiones extranjeras; se fortaleció una industria energética paralela a la pública que, violentando la Constitución, privatiza cada vez más la renta petrolera y las que genera el sistema eléctrico nacional; se consolidó un sistema de comunicaciones privado y casi monopólico donde la lucha por restarle espacios a Telmex poco tiene que ver con la competencia y mucho con la rebatinga por las franjas del mercado más rentables; embarneció un duopolio televisivo que tiene copado el espectro electromagnético y el imaginario colectivo lucrando políticamente con su posición dominante; se estableció en el mercadeo un sistema de tiendas de autoservicio que avasallan el pequeño comercio, estrangulan proveedores y tienen en sus manos el abasto familiar. Sin olvidar el vertiginoso negocio del narcotráfico, que es inextirpable pues se entrevera con infinidad de actividades económicas “lícitas”, con el sistema financiero y con el negocio de la política. En suma: un sistema monopolista rapaz y especulativo donde la inversión productiva más que fin en sí misma es medio para realizar la renta.
México se ha vuelto epítome de dependencia. Obvio es que los procesos globales ciñen cada vez más a los nacionales, pero en el caso de nuestro país el condicionamiento universal devino forma particular. Y es que padecemos más de tres mil kilómetros de frontera con la nación que por cerca de 80 años ha sido la mayor potencia mundial y con la que hemos mantenido una intensa y conflictiva interacción que en lo tocante al flujo de mercancías y personas que se acrecentó a raíz de las políticas de apertura y desregulación y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El saldo fue la dependencia integral, estructural, casi ontológica de México respecto de la potencia contigua. Sometimiento extremo que nos hace excepcionales aun en un mundo de intensas interdependencias como el actual. Lo que a su vez explica que en la crisis recesiva de 2008-2009 el país haya tenido el peor desempeño económico de América Latina. Esta sumisión es económica: alrededor de 85 por ciento de nuestros intercambios son con Estados Unidos y vienen de ese país dos tercios de la inversión extranjera directa; demográfica: 30 millones de personas de origen mexicano viven al norte del Río Bravo, de las cuales 12 millones nacieron en México; energética: nuestra producción de petrolíferos lleva diez años estancada y recientemente ha caído, mientras que el creciente consumo local de procesados, sobre todo gasolina, diesel y gas licuado por algo más de 13 mil millones de dólares, se importa de Estados Unidos; alimentaria: traemos de ese gigante agrícola 40 por ciento de lo que comemos, en particular granos, oleaginosas y lácteos; social: los 400 mil mexicanos que migraron anualmente a Estados Unidos durante los tres primeros lustros del TLCAN atenuaron el desempleo y, mediante las “remesas” que para 2008 llegaron a 24 mil millones de dólares, elevaron el ingreso familiar y mantuvieron la actividad económica en muchas zonas depauperadas; política: las sucesivas administraciones locales necesitan, para legitimarse, el aval de su vecino y “socio” mayor; diplomática: México nunca ha figurado en el mundo y se distanció de América Latina, lo que le dificulta sostener la tradicional independencia de nuestra política exterior respecto de los designios imperiales; de seguridad: al ser ámbito de origen y tránsito de enervantes y haber cedido a la política estadounidense de combatir extramuros al narcotráfico, México enfrenta una “guerra” interna con la delincuencia organizada que no puede sostener sin aportes de su vecino como los del Plan Mérida; cultural: con políticas que ven la cultura como negocio, es imposible para México resistir o al menos compensar la invasión de la poderosa industria estadounidense del entretenimiento promotora del proverbial american way of life; científica: el raquítico fomento a la investigación desalienta la producción nacional de conocimiento y nos obliga a importar tecnología que podríamos desarrollar aquí. Paraíso del monopolio y la especulación México devino infierno social.
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Las cifras no mienten. El país enfrentó en 2009 una crisis económica evidente, la mayor en seis décadas, según los economistas. El Producto Interno Bruto (PIB) declinó en 6.5 por ciento; se reportó que la pobreza patrimonial avanzó de 42.6 por ciento a 47.4 entre 2006 y 2008, en buena parte debido al aumento en el precio de los alimentos y, según advierte el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), los datos correspondientes a 2009 serán peores. Y el crecimiento de la economía informal mostró una situación sin precedentes, debido a un desempleo galopante (aunque no bien medido en los datos oficiales). Estos datos, sin embargo, contrastan con la situación boyante de los grandes consorcios alimentarios, los cuales manƟenen avances sin freno en sus ventas. Claro, como se ve en las cifras de recursos otorgados por la Secretaría de Agricultura a Cargill, el gigante alimentario del mundo, un empujoncito con subsidios públicos siempre es bueno.
SUBEN
No obstante la crisis alimentaria iniciada en 2006-2007, con un disparo en el precio de la torƟlla, Maseca, el principal jugador del mercado de la harina de maíz y de la torƟlla en México y en el mundo, manƟene una línea ascendente en sus ventas. Tan sólo entre 2004 y 2009 las elevó en 89 por ciento. La tendencia viene de años atrás; en menos de dos décadas, entre 1991 y 2009, estas ventas se cuadruplicaron. Cabe decir que en 2009 la uƟlidad neta de la empresa fue de dos mil 97 millones de pesos y el precio de su acción pasó de siete pesos a 23.07 pesos, esto es creció en dos mil 300 por ciento, y avanzó del lugar 44 al 28 en el índice de bursaƟlidad de la Bolsa Mexicana de Valores.
VENTAS
NETAS DE TRES GRANDES EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Valor del PIB y Variación Porcentual Anual
(Millones de pesos)
(Millones de pesos a precios de 2003)
Valor
Variación %
2005
8,113,679.0
3.2
2006
8,513.900.0
4.9
2007
8,798,342.3
3.3
2008
8,929,455.5
1.5
2009
8,345,648.5
-6.5
LAS VENTAS
Variación %
Empresa
2005
2008
2009 2009/08
Grupo Bimbo
56,102.2
82,463.0 116,479.0
41.2
Grupo Maseca
26,686.6
44,792.0
50,489.0
12.7
Industrias Bachoco
14,437.4
20,109.6
23,271.8
15.7
Fuente: Reportes de las empresas.
Fuente: SIAP, Sagarpa, con información del Inegi.
VENTAS
DEL
GRUPO MASECA
(Millones de dólares)
*2009
2007
*2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Durante 2009 se perdieron en México 220 mil empleos formales, según datos del InsƟtuto Mexicano del Seguro Social, con base en su registro de afiliados; no obstante, cálculos independientes muestran que la cifra es mucho mayor. El InsƟtuto de InvesƟgaciones Económicas de la UNAM dijo en diciembre que la cifra ascendía a 650 mil. Información del InsƟtuto Nacional de EstadísƟca y Geograİa (Inegi) señala que en 2009, el 5.3 por ciento de la Población Económicamente AcƟva (PEA), esto es 2.5 millones de personas, estuvieron desempleadas. Este indicador revela las cifras de los ciudadanos que no trabajaron ni siquiera una hora durante la semana. El mismo 2009 la población que pasó al sector informal del empleo sumó 12.6 millones de personas, cifra nunca antes vista, según dijo el propio Inegi. La población subocupada sumó 3.9 millones de personas. Las enƟdades con la tasa de desempleo más elevada fueron Chihuahua, Querétaro, Coahuila, Durango, Aguascalientes Estado de México y Nuevo León. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la tasa de desempleo en México fue de 5.5 por ciento al cierre de 2009, lo cual resulta “una de las cinco más bajas” entre los 30 países miembros de esta organización. El promedio de este indicador en el conjunto de miembros de la OCDE fue de 8.3 por ciento, esto es 2.2 puntos porcentuales arriba respecto de 2008. El país miembro con mayor nivel de desempleo fue España, con una tasa de 18.1 por ciento. Estados Unidos registró 9.3 por ciento. Analistas afirman que en México la tasa oficial de desempleo es baja debido a que aquí no existe un seguro de desempleo y por tanto la gente que queda sin trabajo se refugia en la economía informal y no reporta su situación ante ninguna instancia oficial. Asimismo, el indicador para considerar que una persona no Ɵene trabajo es extremo (que no haya trabajado ni una hora en cada semana).
1991
CAE EL EMPLEO
Fuente: De 2001 a 2005, Informe Grupos económicos en la industria de alimentos. Las estrategias de Gruma, de Araceli Rendón Trejo y Andrés Morales Alquicira, Argumentos, México, D.F., 2008. De 2006 a 2009, reportes de la empresa. *Los datos que oficialmente la empresa reportó estos años están en pesos. En 2008 las ventas netas fueron de 44 mil 792 millones de pesos y las de 2009 sumaron 50 mil 489 millones de pesos, un aumento de 13 por ciento. Las cifras del cuadro, en dólares, fueron convertidas con base en el tipo de cambio actual de 12.66 pesos por dólar.
Con una ayudadita de sus amigos de la administración pública
APOYOS
A LA COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ
OTORGADOS POR ASERCA
/
SAGARPA A
CARGILL
PERIODO 2005-2009
CONCEPTO Exportación Coberturas de precios Pignoración Compras anƟcipadas TOTAL
VOLUMEN (Tons.)
MONTO ($)
29,152.48
11,166,868.00
11,873,998.29
273,566,371.07
3,651.30
1,733,861.22
1,317,270.75
308,259,446.20
13,224,072,82
597,726,546.49
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MARGINALES EN EL AGRO, LAS INVESTIGACIONES DE LA COMISIÓN DE COMPETENCIA • Indispensable que los productores denuncien prácticas monopólicas: Pérez Motta
C
on excepción MONOPOLIOS de algunos casos (como uno ante tribunales para combatir la concentración de Maseca, el cual se perdió en la parte legal, o investigaciones de oficio, que están en curso, en prácticas anticompetitivas en pollo y en guayaba), la Comisión Federal de Competencia (CFC) prácticamente se ha mantenido al margen del sector agroalimentario hasta hoy.
Por cada funcionario de la CFC hay 670 mil habitantes en México, contra la proporción de uno por 275 mil en el caso de la comisión antimonopolio de Estados Unidos, y de uno por 114 mil habitantes en el caso de Canadá Su presidente, Eduardo Pérez Motta, afirma que la CFC sí observa que “hay un problema de concentración en algunos subsectores (del agro); si hay situaciones de muy pocas empresas, que podrían tener, por la concentración, cierto poder de mercado en la venta y otras que tienen poder de mercado en la compra, y los dos efectos pueden ser nocivos para los consumidores”. Sin embargo, “este tema de concentración no quiere decir que haya un problema de prácticas anticompetitivas y nosotros lo que sancionamos son esas prácticas”. Además, la CFC no ha recibido de parte de actores del agro una cantidad importante de denuncias contra este tipo de prácticas y ello se debe en parte a que los posibles denunciantes decidan no acudir a la Comisión por temor a que ésta inicie una investigación y sus proveedores o compradores tomen represalias. “En México no hay todavía una cultura generalizada de promover competencia en los mercados”.
En entrevista, el funcionario afirma que la Comisión está actualmente haciendo contactos de manera informal con la Secretaría de Agricultura “para ver qué tipo de acciones podrían ser útiles de parte de la CFC para hacer más eficientes los mercados agrícolas y alimentarios (...) Veo muy buena disposición del secretario Francisco Mayorga (...) Esto es muy importante, se tiene que llevar a cabo, pues sus efectos se verán en productores y consumidores, que somos muchos. “La falta de competencia tiene un efecto negativo sobre la distribución del ingreso. Y muchos son productos que tienen que ver con el sector agropecuario, porque la población más pobre usa una proporción mucho mayor de su ingreso para comprar alimentos (...) Hemos identificado mercados donde se podría tener un impacto de tres o cuatro por ciento en los ingresos de la población más pobre metiendo más competencia. Esto es muy preliminar, estamos en el proceso de análisis, lo estamos haciendo con la Encuesta Ingreso-Gasto y no tengo los datos exactos (de los productos)”. Se le comentó a Pérez Motta la situación que sufren cafetaleros, productores de granos, lecheros y otros al tener compradores muy concentrados, o enfrentar prácticas de mala fe (por ejemplo la importación que hacen Maseca y Cargill de maíz al tiempo que hay cosechas nacionales, con la intención de afectar los esfuerzos de comercialización de las organizaciones de productores). Su respuesta fue que los productores afectados se deben acercar a la CFC “y que nos digan cuál es el problema que están viviendo. Ya nosotros veremos si debe hacerse o una denuncia o podemos iniciar una investigación de oficio. Si no se acercan a la Comisión, no podemos adivinar. La verdad es que hay problemas de competencia en todo el país. Somos un organismo pequeño que estamos identificando problemas y estamos haciendo un trabajo con el mayor esfuerzo, pero no podemos estar en todo”.
EL MONOPOLIO ALIMENTARIO DAÑA MÁS A LOS MÁS POBRES
El trabajo de Carlos Urzúa se enfoca fundamentalmente a industrias alimentarias, aunque también destaca el sector de medicinas.
Los hogares urbanos, y en parƟcular los más pobres, son los más afectados en sus ingresos por la incidencia negaƟva de las empresas con poder de mercado. De acuerdo con un exhausƟvo análisis elaborado por Carlos Urzúa, académico del Tecnológico de Monterrey, que considera la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 2006, se detecta que en casi todos los deciles de la población urbana tal incidencia implica la pérdida de más de un tercio del gasto promedio total. En el ámbito rural, la situación es “un poco más grave”: el decil I sufre una pérdida de 46 por ciento en los ingresos de los hogares, mientras que el decil X pierde 37 por ciento. A medida que se es más pobre tanto en el ámbito urbano, como en el rural, las prácƟcas anƟcompeƟƟvas Ɵenen mayor efecto negaƟvo.
• TorƟlla de maíz: Grupo Maseca (Gruma) produce más de dos terceras partes de la producción de harina de maíz en México, por lo que es, para todos los propósitos, la empresa dominante. No obstante, el mercado de la torƟlla está dividido casi a la mitad entre lo que se produce con harina de maíz y la que se obƟene con nixtamal (producido por un gran número de oferentes). • Carnes procesadas: tres empresas dominan el mercado: Sigma Alimentos, Grupo Bafar y QualƟa Alimentos. • Pollo y huevo: tres empresas concentran alrededor de la mitad de la poroducción nacional, Bachoco, Pilgrim’s Pride y Tyson. • Leche: dos empresas, Lala y Alpura controlan alrededor de 80 por ciento del mercado; el resto está fragmentado.
He aquí el grado de concentración que observa:
FOTO: Comunicación Social, CFC
Lourdes Edith Rudiño
Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia
–¿El hecho de que el sector agroalimentario esté tan concentrado no debería motivar más investigaciones de oficio? –Es que hay concentración en todo el país, en telecomunicaciones, en el sector financiero, en energía, ¿en cuál no? En unos más que otros, pero México no es un país que se caracterice por tener estructuras de mercado muy atomizadas. Hay unos peor que otros, hay unos que son más sensibles que otros, pero se ve en muchos lados. En fechas recientes, el diario Reforma publicó información del Global Competition Review que revelan que México está entre los países con menos recursos económicos, empleados y herramientas legales para enfrentar los monopolios. Por cada funcionario de la CFC hay 670 mil habitantes en México, contra la proporción de uno por 275 mil en el caso de la comisión antimonopolio de Estados Unidos, y de uno por 114 mil habitantes en el caso de Canadá. Además la CFC, señaló el diario, cuenta apenas con cuatro abogados que deben enfrentarse a equipos jurídicos poderosos de las empresas, y éstas llegan a gastar en cada litigio con la CFC un equivalente de diez por ciento del presupuesto de la Comisión. Además las multas que impone la Comisión son muy bajas en
• Refrescos, jugo y agua: las dos grandes empresas en el caso de las bebidas carbonatadas son FEMSA (Coca Cola) y Pepsico (Pepsi). No obstante, la primera detenta un porcentaje lo suficientemente alto del mercado como para haber sido declarada como empresa dominante por parte de la Comisión Federal de Competencia en 2008. • Cerveza: el mercado está controlado en casi un cien por ciento por Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc y Moctezuma. Además, el mercado está geográficamente segmentado y los precios son básicamente idénƟcos entre marcas compeƟdoras. • Medicinas: hay un sinnúmero de empresas productoras, pero sólo dos grandes distribuidoras, Casa Saba y Nadro (Nacional de Drogas), ello aún cuando la competencia vía supermercados, especialmente Wal-Mart, ha ido creciendo. Fuente: Carlos Urzúa, académico del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. Evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las empresas con poder de mercado en México. Agosto de 2008.
comparación con otros países: la máxima es de seis millones de dólares, contra cien millones de dólares en Estados Unidos o el 30 por ciento del valor de las ventas anuales de las empresas en el caso de Brasil (que es el país mejor calificado en la confrontación de prácticas monopólicas). Al comentársele a Pérez Motta la preocupación de que esto limite la actuación contra las prácticas monopólicas en el agro, dijo que la Comisión debe mantenerse como un organismo pequeño, “como la mayoría de las comisiones en el mundo”, y si bien debe elevar el número de abogados y economistas, ello será de forma conservadora, porque no es fácil encontrar profesionales con la excelente calidad que tiene la CFC. Reconoció: “Estamos enfrentándonos a los poderes más fuertes del país y ellos no tienen ningún empacho en contratar a los abogados que sean necesarios”. No obstante, dijo, “estamos ganando muchos casos, estamos ganando más de 80 por ciento de los amparos. Porque tenemos pocos abogados pero buenos”. Los casos en que ha trabajado la CFC o está en proceso de investigación abarcan los temas de tortillas, telecomunicaciones, tiendas de autoservicios, farmacéuticas, agencias mobiliarias, licitaciones del sector público, “en fin, una cantidad enorme de temas”, y “en los 17 años de existencia de la Comisión, al pelear estos asuntos en los tribunales se ha ido ratificando la legalidad de la constitucionalidad de la Ley (Federal de Competencia)”, pues es común que las empresas investigadas por prácticas anticompetitivas ataquen la validez de varios artículos de esta legislación. “Es importante, por tanto, no hacer cambios significativos a la ley para no empezar de nuevo”. Azúcar, tortillas y guayaba. Pérez Motta comentó brevemente –pero sin brindar detalles porque los procesos están en marcha– que la CFC está investigando prácticas anticompetitivas en la rama de producción de pollo y también en el mercado de la guayaba, “y próximamente vamos a publicar una opinión sobre tortilla, que va a ir dirigida a los municipios porque hemos identificado muchos reglamentos municipales que inhiben, evitan, entorpecen la competencia entre tortilleros. Es un trabajo que hace el pleno de la Comisión; la opinión no va a ser vinculante, pero va a hacer recomendaciones”. Dijo que la CFC ha detectado problemas en el mercado del azúcar, pero no enlazadas con prácticas anticompetitivas, sino más bien con problemas de carácter regulatorio (la Ley Cañera, que establece la fórmula de definición de los precios y engancha el precio al consumidor con el pago de la caña). “Los precios nacionales están muy por arriba de los precios internacionales. Allí hay un problema. No ha habido un proceso de acceso al azúcar internacional que permita que se disciplinen los precios internos”. Se le comentó que en azúcar ocurre que el precio internacional es dumping, debido a subsidios y características de producción muy diferentes en otros países (como el latifundio en Guatemala o eso mismo y el esclavismo de los trabajadores cañeros en Brasil). Pérez Motta dijo que entonces hay que acudir a la ley antidumping y subrayó: “cuál es el interés que debes proteger con más fuerza, el de los consumidores, o río abajo, de las cadenas productivas, o el interés de ciertos productores. Yo soy de la idea de que lo que necesitamos es proteger a la sociedad. Ese debe ser el principal objetivo”.
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presupuesto rural BOTÍN DE GRANDES CONSORCIOS
E
n un país como México –con una ruralidad histórica, de carácter popular, de alta importancia social y con una dimensión estratégica en lo económico y en otros rubros como la soberanía alimentaria– no puede ni debe obviarse el debate sobre el modelo de política rural que tenemos y cuáles son las premisas que orientan dicho modelo. Un debate de esta naturaleza es la arena ideal para que se expresen diversos intereses en conflicto, por ello es importante encuadrar la discusión dentro de algunas fronteras.
MONOPOLIOS
La primera de ellas es que el uso de recursos públicos para impulsar al sector rural parece estar fuera de discusión. Llamando a las cosas por su nombre, ningún actor involucrado aceptaría que la política rural fuera sólo un conjunto de reglas y regulaciones que se limitaran a observar la conducta de los competidores sin que mediaran recursos. Además, las condiciones mundiales de competencia hacen obligatoria la intervención del Estado con la asignación de dinero público al campo. La segunda es consecuencia directa de la primera; siendo los recursos públicos un asunto del interés de toda la población y no sólo de los directamente afectados, la discusión sobre el modelo de política rural debe estar abierta a la ciudadanía en general. Por último, es obligado el reconocimiento de que en torno a lo rural hay más fenómenos que lo estricta-
MASECA Y LA CFC El 11 de enero de 2007, en medio del escándalo que generó la escalada de precios de la torƟlla en México –que pasó de alrededor de 6.50 pesos a 10 y hasta 15 pesos por kilo–, la Comisión Federal de Competencia (CFC) anunció que había iniciado una invesƟgación de oficio para detectar posibles prácƟcas monopólicas absolutas de la cadena maíz torƟlla y determinar si en algún eslabón de esta cadena se registraban colusiones para manipular los precios, restringir las canƟdades ofrecidas en el mercado o dividir mercados entre compeƟdores. La CFC dijo que en tres o cuatro meses habría resultados y que se impondrían multas de hasta 70 millones de pesos en caso de confirmar la colusión, pero oficialmente no hubo nada. Resultados que no son públicos. Consultado ahora sobre las invesƟgaciones que, según la prensa, apuntaban al Grupo Maseca (Gruma) parƟcularmente, el presidente de la CFC, Eduardo Pérez MoƩa, señaló que esta invesƟgación no buscaba imponer casƟgos, “sino (se desarrolló) para ver cómo estaban asignándose los subsidios (a las empresas involucradas en la cadena maíz-torƟlla), si se estaban asignando de manera efecƟva a los consumidores”. Los resultados, que sí implican a esa empresa, salieron hace unos dos años, “los vimos con las áreas técnicas del gobierno federal, pero
mente económico. Una visión sesgada que pretenda asegurar que se trata sólo de un asunto de productividad es un argumento falso, no hay asunto público que sólo atienda e impacte en un factor.
Las condiciones mundiales de competencia hacen obligatoria la intervención del Estado con la asignación de dinero público al campo Pongamos ahora las cosas en dimensión. El primer dato son los más de 270 mil millones de pesos que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) recibe en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Negar que estos recursos son un botín sujeto a disputa es tratar de tapar el sol con un dedo. Lo mismo que pretender negar que el diseño actual de los programas de subsidios equivale a un laberinto que excluye a quienes más los necesitan. Flaco favor le hacen las reglas de operación a la participación universal en los programas. Lo que resulta es que la mayor parte del botín presupuestario termina en manos de unos cuantos, pues sólo ciertos competidores están en condiciones de acceder a o de ejecutar ciertos programas de subsidios. Esto no sólo distorsiona el mercado, hace que esquemas, como el de Compras Anticipadas o Agricultura por Contrato, se con-
el documento no lo hemos publicado (..) no sé si valga la pena hacerlo (público hoy) porque las condiciones tal vez ya son diferentes, y al hacerlo sólo confunda”. Lo que sí comentó el funcionario fue el proceso judicial que involucró a la CFC contra Gruma, luego de que la Comisión considerara improcedente la compra que en agosto de 2005 hizo esta empresa del cien por ciento de las acciones de Agroinsa, empresa productora de harina de maíz fundamentalmente y también de harina de trigo. La CFC señaló en aquel entonces que era inaceptable esa adquisición pues colocaba a Maseca en una condición abiertamente monopólica que le permiƟría acaparar una parte sustancial de la demanda de maíz blanco y la colocaría en condición de fijar precios de las cosechas nacionales, además de que le daría poder para poner barreras al ingreso o expansión de compeƟdores. Las delicadezas del emporio. El funcionario comentó que en ese juicio la CFC ganó la consƟtucionalidad de arơculos de la Ley de Competencia que habían sido cuesƟonados por Maseca, pero la empresa ganó
FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC
Miguel Pulido Jiménez
viertan en instrumentos de política pública al servicio de intereses privados y genera una capa de opacidad sobre el dinero público. Con el diseño actual, la política rural transforma a poderosos comercializadores y competidores trasnacionales en agentes financieros que median el pago de los subsidios, lo que, además de suponerles una ventaja que hace imposible la competencia con medianos y pequeños comercializadores y productores, impide tener información individualizada de quiénes reciben por cualquier motivo recursos públicos. Así, empresas como Cargill, Maseca, Bachoco y otros grandes consorcios pueden argüir que ellos pagan al productor el precio que deriva del valor de mercado más el subsidio fijado por el gobierno y con ello pretenden que el subsidio termina beneficiando a los productores. Incluso así lo han hecho públicamente, negando que con estos esquemas ellos también se ven ampliamente beneficiados (El Semanario, nota del 18 de febrero de 2010).
la legalidad de la compra de Agroinsa, con el argumento de que la Comisión hizo una noƟficación tardía a la empresa. “Aquí hubo cosas muy raras. Los abogados (de Gruma) no nos dejaron entrar a Ɵempo a noƟficar, hubo cosas muy desafortunadas. El abogado (de la empresa) sabía que teníamos que noƟficar, cerró la puerta y nos echó a los policías para que no noƟficáramos. Ese Ɵpo de cosas suceden (...) Es un caso juzgado y no se puede hacer nada”. De 2004, cuando Maseca aún no adquiría Agroinsa, al 2009, las ventas de esta empresa se elevaron en 89 por ciento, al pasar de dos mil 103 millones de dólares a tres mil 989 millones. Gruma, presidida por Roberto González Barrera, es líder mundial en la producción de harina de maíz y torƟlla (en harina su producción de 2009 fue de un millón 90 mil toneladas). Tiene 20 mil empleados y presencia en 102 países con 92 plantas localizadas en México, Centro y Sudamérica. Estados Unidos, Holanda, Italia, China, Malasia y Oceanía. Sus ventas en 2009 sumaron 50 mil 489 millones de pesos y en ese año obtuvo una uƟlidad neta de dos mil 97 millones de pesos (LER).
En este escenario surgen múltiples preguntas. ¿Por qué no se dan los apoyos directamente, entonces, a los productores? ¿Quién fiscaliza la entrega de estos subsidios en su tramo final y cómo sabemos de manera individual en dónde están y quiénes son los productores beneficiados? ¿No funcionan estos nuevos esquemas como una suerte de Conasupo privada? En el discurso oficial se sostiene que en los años recientes ha habido un incremento en la asignación presupuestaria al campo. Sin embargo, no ha habido un incremento en el universo de beneficiarios, por el contrario, ha habido una disminución de ellos en los padrones ¿Alguien en su sano juicio podría negar que esto es evidencia contundente de un fenómeno de concentración?
La pregunta obligada es si los recursos públicos deberían ser destinados a subsidiar a los grandes productores, quienes no carecen de medios para competir, o bien, si deberían integrarse en una política de desarrollo rural sustentable que busque impulsar la capacidad y productividad de los pobres En conclusión, al menos para quienes queremos que el desarrollo rural del país sea equilibrado, congruente con la idea de que los recursos públicos son para el bien común y no el de unos cuantos, la política pública para el campo tiene fallas de origen. Mientras los órganos de gobierno justifican el pobre desempeño de los recursos públicos diciendo que están concentrados pues así se “eleva” la productividad en el campo, no se observa este fenómeno, ni se está atendiendo a los pequeños y medianos productores que además se encuentran en pobreza rural. La pregunta obligada es si los recursos públicos deberían ser destinados a subsidiar a los grandes productores, quienes no carecen de medios para competir, o bien, si deberían integrarse en una política de desarrollo rural sustentable que busque impulsar la capacidad y productividad de los pobres. Así como vamos, sólo se anuncia mayor pobreza y mayor concentración. Es, así de simple, el gobierno federal impulsa una productividad a cargo de los más pobres. Coordinador del área de transparencia y rendición de cuentas de FUNDAR miguel@fundar.org.mx
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EL MONOPOLIO DE LA SIMIENTE Las semillas son el lugar en donde se almacena la cultura y la historia. Vandana Shiva
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as semillas que en la actualidad utilizamos son las mismas semillas que durante siglos han reproducido y conservado los agricultores, particularmente las mujeres, quienes observaron la posibilidad de reproducción del grano recolectado y después, mediante la cruza de diversas variedades silvestres, la forma de domesticarlas y adaptarlas a los ecosistemas y a sus necesidades.
MONOPOLIOS
Como insumo básico de la agricultura y principal reservorio de la información genética, la semilla ha sido objeto de múltiples transformaciones tecnológicas, desde su selección y mejoramiento hasta la manipulación genética. Es indudable que los procesos tecnológicos ligados a la semilla han posibilitado grandes transformaciones de la agricultura. Sin embargo, a la par de esta evolución tecnológica, la concepción de la semilla como un recurso de uso común por excelencia se fue convirtiendo en un bien, sumamente codiciado, que en los pasados 50 años entró al mercado de lleno, adquiriendo el carácter de mercancía. El binomio tecnología-legislación dio la oportunidad a las empresas semilleras trasnacionales de fortalecerse y apropiarse de la producción y el mercado de semillas a escala mundial. Después de la industria farmacéutica, la semillera es el sector que se ha
concentrado a mayor velocidad en los años recientes. Este proceso avanza velozmente, en detrimento de la autonomía productiva de los pequeños productores agrícolas. Hace unos meses el relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, recordó que tres compañías multinacionales: Monsanto, DuPont y Syngenta controlan 47 por ciento del mercado de semillas comerciales. Esta historia de apropiación empezó con la Revolución Verde que trasladó la relevancia de la tierra, como medio de producción, hacia las semillas y los agroquímicos. El cambio tecnológico implicó la expansión de las empresas primero, atentas al mercado de los agroquímicos, y paulatinamente, acaparando el mercado de las semillas.
Como insumo básico de la agricultura y principal reservorio de la información genética, la semilla ha sido objeto de múltiples transformaciones tecnológicas, desde su selección y mejoramiento hasta la manipulación genética En México, el gobierno posrevolucionario apostó a la creación de una sólida infraestructura para apoyar al campo; en el caso de la semilla se logró la reproducción en escala comercial, mediante la Productora Nacional de Semillas (Pronase), de las variedades que
EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA AMENAZA GLOBAL Demandamos a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales el impulso de espacios serios para recibir e incorporar las propuestas de la sociedad civil en la posición de México ante la COP16 sobre Cambio Climático. El diálogo con la Sociedad Civil debe ser amplio e incluyente y no sólo con un grupo de OSC´s. La elección unilateral de la Ciudad Sede es una señal preocupante de la disposición real del Gobierno Federal para la participación ciudadana en la preparación y realización de la COP16. El gobierno de México debe impulsar que en la COP 16 se alcance un acuerdo justo, significativo en reducción de emisiones y jurídicamente vinculante para todos los países. México ha sido ratificado por la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP), como país sede de la COP 16 a realizarse a finales del 2010 y aunque puede parecer todavía lejano el fin de año, el tiempo avanza y aun no se conoce una agenda pública de acciones preparatorias de la COP16 en México. El desafío global para la COP16 no es menor, se trata de alcanzar los resultados esperados a nivel global después de la decepción que significó Copenhague, lo cual implica construir propuestas que incluyan las demandas de la sociedad civil a nivel internacional; conciliar los intereses de las naciones menos desarrolladas; de las economías emergentes y de las naciones desarrolladas, en ello jugará un papel muy importante la capacidad del país anfitrión de cabildeo, de diálogo, de persuasión y de construcción de propuestas en un esquema incluyente y no solo preocuparse por garantizar un buen nivel de logística y seguridad, en ese sentido México debe probar, en primer lugar, que puede construir una propuesta como país donde se reflejen todas las voces, de otra manera ¿cómo se puede aspirar a liderear un proceso a nivel global si a nivel doméstico no se puede poner en práctica? Sin embargo, una de las primeras decisiones del gobierno mexicano es la elección unilateral de la ciudad sede, dejando ver que
FOTO: Archivo
Adelita San Vicente Tello* y Areli Carreón García**
salvará a la humanidad de la crisis alimentaria”. Lo cierto es que más que provocar una transformación de la actividad agrícola o duplicar rendimientos como sucedió con la Revolución Verde, esta tecnología lo que ha generado son múltiples críticas y rechazo.
el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) desarrollara, así como la distribución de éstas entre los agricultores. Por su parte, Monsanto se estableció en México desde 1950 comercializando polímeros, pero no entró al mercado agroindustrial sino a partir de 1979 cuando comenzó a producir el herbicida Round Up, que en México lleva el nombre comercial de Faena y en 1996 logró las primeras aprobaciones para la siembra de transgénicos de algodón y soya en nuestro país. En 1997 adquirió las compañías semilleras Asgrow y Dekalb y en 2005 adquirió la compañía Seminis (http://www.monsanto.com.mx/historia.htm). La aplicación de políticas neoliberales que implicaron la desaparición de Pronase y el adelgazamiento del ahora INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), aunada a tratados comerciales benéficos a las empresas, ha permitido la expansión y concentración de la industria semillera desde las últimas décadas del siglo pasado. La tecnología es un instrumento fundamental en esta estrategia que se ha anunciado con un amplio despliegue de publicidad como “la nueva revolución tecnológica que
la decisión estuvo basada más en criterios de logística y seguridad que en los de facilitar la participación de la sociedad civil y ciudadana en un evento cuyos resultados nos habrán de afectar a todos. Consideramos que la Ciudad de México es el espacio lógico donde se aseguraría la mayor participación; con más posibilidades de abrir la discusión sobre Cambio Climático a la sociedad civil, y que la intervención de la ciudadanía con sus propuestas debería de ser uno de los objetivos de la conferencia. Protestamos ante esta decisión unilateral que es un reflejo de la ausencia de la participación de la sociedad civil en el proceso de organización y preparación de la conferencia. Otra de las decisiones del gobierno Mexicano que preocupan es que los preparativos para cumbre sobre Cambio Climático se desarrollan casi exclusivamente en el ámbito gubernamental y sólo se han abierto consultas a unas cuantas organizaciones. Destacamos que uno de los aspectos relacionados con la COP16 es la construcción de la Propuesta de Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación (REDD, por sus siglas en inglés) y que en México debe reconocer y valorar adecuadamente la importancia del manejo forestal comunitario tanto campesino como indígena y no alentar visiones y concepciones malintencionadas que responsabilizan a los campesinos e indígenas de los procesos de deforestación y degradación de los ecosistemas forestales y que proponen esquemas de conservación a ultranza, que en la práctica han demostrado que son la vía más rápida para perder un recurso natural. Por ello, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) de cara a la COP 16 demandamos y proponemos lo siguiente: • El Cambio Climático ha afectado la producción en el campo en sus diferentes ramas agravando la pobreza y el hambre en los países pobres, como México y por lo tanto las voces de los campesinos e indígenas deben de ser escuchadas en las discusiones de la Conferencia. • El compromiso de México debe ser impulsar un acuerdo ambicioso, justo y vinculante, en el que los países desarrollados asuman su responsabilidad de reducir emisiones de manera significativa y se comprometan a apoyar a los países pobres para que puedan enfrentar los efectos del Cambio Climático. • México debe solidarizarse con los países en vías de desarrollo, pues son éstos los que sufren y padecerán en mayor medida los impactos del Cambio Climático. • México debe impulsar compromisos que incluyan estrategias de desarrollo en los países menos desarrollados y en
Los transgénicos han demostrado sus pobres resultados después de 20 años de haber sido liberados a campo abierto, y tenemos datos suficientes para argumentar. En Estados Unidos diversos estudios demuestran que los rendimientos no se incrementan y lo que sí aumenta es el uso de agroquímicos (Charles Benbrook, 2001, 2003). En cuanto a los efectos en salud destaca el estudio del Ministerio de Salud de Austria que demostró daños en ratas alimentadas constantemente con maíz transgénico y en Argentina se han documentado las consecuencias del uso del herbicida que acompaña a la semilla transgénica. También están documentadas en amplia bibliografía (Center for Food Safety, 2004; Schuber 2005; Friends of the Earth 2006) las demandas y pérdidas económicas a las que han sido sometidos por el uso involuntario de semillas transgénicas, agricultores a los que se encontró material genético propiedad de Monsanto en sus cultivos; así como las prácticas corporativas que han ejercido en Argentina al detener embarques en puertos europeos para cobrar regalías por el uso de su tecnología. La experiencia ha desenmascarado el verdadero propósito de estas corporaciones, como ellos mismos lo revelan: “Monsanto esta expandiendo la “huella” de sus semillas de maíz en todo el mundo y “estableciendo el escenario para una acelerada penetración de genes” (Michel Bryner, 2008). *Ingeniera agrónoma, directora de la Fundación Semillas de Vida, AC, México. **Comunicóloga, estudiante del postgrado de Desarrollo Rural, UAM-X
las economías emergentes que no comprometan el futuro de las próximas generaciones, queremos un desarrollo que genere bienestar sin depredar nuestros recursos naturales. • Los temas de Cambio Climático, Biodiversidad y lucha contra la Desertificación no son ajenos entre sí por lo que demandamos la inclusión entre las resoluciones la prohibición del uso de transgénicos y de tecnologías riesgosas. • La postura de México en la COP 16 debe considerar los derechos de las comunidades campesinas e indígenas al manejo y aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales, reconocer su contribución a la reducción de emisiones y su derecho a participar en la construcción de políticas de adaptación al cambio climático. • Demandamos una COP 16 con espacios para la participación ciudadana y social y garantías para que sus propuestas sean tomadas en cuenta e incidan en los resolutivos que se construyan. EL FUTURO DE MÉXICO Y EL MUNDO ESTÁ EN MANOS DE LA AGRICULTURA CAMPESINA EL CAMBIO CLIMÁTICO NOS AFECTA A TODOS Y A LAS GENERACIONES FUTURAS Y TODOS TENEMOS DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTRO FUTURO LA AGRICULTURA CAMPESINA Y EL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO SON LA ALTERNATIVA PARA REVERTIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Atentamente, Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC: Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) Coordinadora Estatal de los Productores de Café de Oaxaca (CEPCO) Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC) Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) www.conoc.org.mx
contacto@conoc.org.mx
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7 que convenía menor competencia. La Pronase sufrió serios problemas estructurales a principios de la década de los 80s y se dieron pasos para limitar la actividad de esa institución. Esto propició una rápida participación del sector privado en la industria de semillas; en 1970 éste contribuía en la venta de semilla de maíz en aproximadamente 13 por ciento y para 1993 alcanzó el 90 por ciento y la proporción ha aumentado aún más en los años posteriores hasta convertirse en un sistema de semillas monopólico donde el dominio del comercio está en manos de Monsanto (Asgrow, Dekalb, Cargill, etcétera) y Pioneer, lo cual implica desventajas para los productores mexicanos.
ILUSTRACIÓN: Ó Moxie
concentración de la oferta de semillas mejoradas de maíz
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ariedades mejoradas públicas. Desde 1942 el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y sus antecesores, han desarrollado variedades mejoradas de diferentes cultivos para los agricultores mexicanos, las cuales han representado opciones de mayores ingresos, menor costo y tolerancia a enfermedades y a factores limitantes de la producción. En 68 años hasta el 2010, se han desarrollado más de 260 variedades e híbridos de maíz, producto de la dedicación de excelentes investigadores mexicanos. El impacto y la repercusión de estas variedades son relevantes y se han mantenido, cubriendo la mayoría de los agrosistemas de México, incluyendo regiones especiales como la Montaña de Guerrero, la Meseta Purépecha, la Meseta Comiteca y la Mixteca Oaxaqueña, en condiciones de humedad residual, riego o temporal.
MONOPOLIOS
Variedades liberadas por otras instituciones públicas. En forma paralela y adicional a las variedades generadas por el INIAINIFAP, con recursos públicos en otras instituciones (Uach, UDG, UANL, UNAM, UAAAN) también se realiza mejoramiento genético y se ofrecen más de 120 variedades mejoradas de maíz, así como variedades mejoradas de otros cultivos, Sin embargo, no ha sido generalizada la inscripción ante el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV), lo que no invalida la importancia de estos materiales, para un esquema de abastecimiento. Distribución de semillas. En 1961 se creó la empresa pública Productora Nacional de Semillas (Pronase) y se expidió la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, lo cual dio origen al Sistema Na-
cional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (Snics). Ahí se establecía que todas las variedades que desarrollaba el INIA-INIFAP pasaban a la Pronase para incremento, comercio y difusión extensiva de la semilla. En julio de 1991 apareció la nueva Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas. En ésta, la Pronase dejó de ser la única receptora de las variedades mejoradas desarrolladas por el INIFAP, y se inició un proceso paulatino de participación de otras empresas en la producción y comercio de materiales del Instituto. Hubo recomendaciones de asesores internacionales para que la Pronase fuese cancelada y se observó la influencia de sectores a los
El monopolio en el comercio de las semillas ha propiciado que los precios de venta de las semillas híbridas sean en México los más altos del mundo. Mil semillas de maíz se cotizan a 2.7 dólares, en comparación con 1.3 dólares en la faja de maíz en Estados Unidos. El precio por saco de semillas en Sinaloa alcanzó niveles de dos mil 500 pesos; dado que se emplean dos sacos por hectárea, tan sólo de semilla se requieren cinco mil pesos, lo cual no ocurre en ningún lugar del mundo. La Pronase fue redimensionada varias veces y en el sexenio de Vicente Fox finalmente fue cancelada en forma virtual; dejó de operar. El impacto por el cierre de la Pronase es grave en regiones apartadas, que no son del interés de las grandes empresas privadas, porque los volúmenes de comercialización de semillas no son atractivos.
COMPRANDO LA TIERRA DEL MUNDO
FOTO: Andrew Crump
Alejandro Espinosa Calderón1, Margarita Tadeo Robledo2, Antonio Turrent Fernández3
El precio por saco de semillas en Sinaloa alcanzó niveles de dos mil 500 pesos; dado que se emplean dos sacos por hectárea, tan sólo de semilla se requieren cinco mil pesos, lo cual no ocurre en ningún lugar del mundo
En los cinco años pasados, gobiernos e inversionistas privados han comprado o arrendado vertiginosas extensiones de tierras cultivables, sobre todo en países en desarrollo como los asiáticos Sudán, Pakistán, Kazajstán, Camboya, Uganda, Birmania, Indonesia, Laos, Turquía; los africanos Camerún, Madagascar, Nigeria, Ruanda, Zambia y Zimbabwe y los latinoamericanos: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Los mayores compradores son Corea, que adquirió 2.3 millones de hectáreas; China, que compró dos millones, y así Arabia Saudita, India, Japón, Egipto, Bahrein, entre otros. Pero también adquieren tierra consorcios privados como Benetton, Mitsui y el holding saudí Bin Laden Group. Al mismo tiempo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha expresado que en los próximos 40 años sería necesario incorporar al cultivo, de preferencia campesino, alrededor de 120 millones de hectáreas, sobre todo en Asia, África y América Latina.
En el programa denominado Kilo por Kilo (1996-2000), dentro del esquema de Alianza para el Campo, se promovió ante agricultores el uso de semilla certificada. Este esquema consideró el intercambio de semilla criolla por certificada. Inicialmente se usaron semillas nacionales del INIFAP, lo que fue cambiando hasta limitar la participación de la Pronase y apoyar la incorporación de las semillas de las empresas privadas, que no representaban la mejor alternativa en potencial de rendimiento, para las condiciones particulares disponibles, para los macroambientes y provincias agronómicas. Con la ausencia de la Pronase, cada vez más las variedades del INIFAP han reducido su presencia en las principales zonas productoras de maíz. Faltan estrategias de difusión y existen dificultades y escaso apoyo para que las variedades de INIFAP sean incrementadas y difundidas. Las variedades que se emplean y que poseen buen nivel de uso, en gran parte se deben a las propias cualidades de estos materiales y a los esfuerzos de investigadores en promoción con empresas que han mostrado interés en materiales específicos. Una alternativa fundamental para revertir el bajo uso de semilla mejorada de instituciones nacionales se verá en los próximos años con el esquema de microempresas, esto es la participación de organizaciones de productores, como ocurre en los Valles Altos donde existen 35 empresas que demandan progenitores a INIFAP para incrementar y comercializar los maíces de esta región.
En 68 años hasta el 2010, se han desarrollado más de 260 variedades e híbridos de maíz, producto de la dedicación de excelentes investigadores mexicanos El elemento que faltaba para la extinción total de la Pronase era su eliminación de la Ley de Semillas, lo que se concretó con la nueva Ley de Semillas promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2007, en la cual se desecharon sugerencias de destacados investigadores del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (CP), de la Universidad Autónoma Chapingo (Uach) y del INIFAP. En esta nueva ley influyó el cabildeo de las corporaciones ante el Senado, así como planteamientos del propio Snics. La ley presenta aspectos graves de indefensión para los agricultores mexicanos y favorece a las grandes semilleras. Variedades mejoradas disponibles. Con las variedades disponibles es posible avanzar hacia el incremento en la producción que necesita México para lograr la suficiencia alimentaria. Deben utilizarse los nuevos y potencialmente mejores híbridos y variedades de maíz, así como todos los elementos de la tecnología que permitan producir el maíz que se requiere en México. 1
Investigador titular “C”, Producción y Tecnología de Semillas, Campo Experimental Valle de México, CIRCE, INIFAP espinoale@yahoo.com.mx 2 Profesora de Carrera T.C., Ingeniería Agrícola, FESC-UNAM, Cuautitlán Izcalli, México. tadeorobledo@yahoo.com 3 Programa Productividad de Agrosistemas, Campo Experimental Valle de México, CIRCE, INIFAP.
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PORCICULTURA EN AGONÍA
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n enero de 1992, a consulta del equipo de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los porcicultores presentaron de manera formal su “Posicionamiento”. Este documento, ahora público, exponía las grandes asimetrías y la desigual situación de México frente a Estados Unidos en infraestructura y políticas públicas dirigidas al campo. Ya entonces era perceptible la ausencia de un sector financiero competitivo y de un régimen de normatividad de procesos y de calidad de producción, denominación, etcétera.
MONOPOLIOS
Ante la instrucción de concretar a toda costa un TLCAN, y en un marco económico de completa apertura unilateral –determinado el 15 de diciembre de 1987 como estrategia consolidada en el Pacto de Solidaridad Económica–, la capacidad de maniobra del sector productivo nacional tanto en la industria como en el campo fue irresponsablemente restringido. Nuestros flamantes funcionarios “secofianos” del gobierno salinista, encabezados por Herminio Blanco Mendoza, renunciaron gratuitamente a los términos de tratamiento especial para el campo, consignados en el artículo cinco del Protocolo de Adhesión de México al llamado GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). Los porcicultores se inconformaron, como lo siguen haciendo hoy, de la falta de acceso a insumos a precios competitivos como son el grano y las pastas oleaginosas, que constituyen 80 por ciento del costo de producción. Y también de la falta de un sistema financiero y de normas de calidad equivalentes a las que Estados Unidos opera como obligatorias (aunque son voluntarias).
Por razones sanitarias se hizo previsible sólo un flujo comercial, de norte a sur. Las autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y los representantes del sector privado de ese país ofrecieron sin embargo el reconocimiento regional de las zonas libres de enfermedades que determinaran las autoridades mexicanas para que desde allí pudiéramos exportar. Desde que entró en vigor el TLCAN, el uno de enero de 1994, México cumplió cabalmente sus compromisos: realizó las adecuaciones legislativas correspondientes para hacer congruente el Tratado con el marco constitucional y con las leyes reglamentarias, como la de Comercio Exterior, la Federal de Metrología y la Aduanera. Por lo contrario, Estados Unidos incumplió el reconocimiento a zonas libres y con ello puso y sigue poniendo en cuestionamiento el Protocolo Sanitario. Su legislación de comercio y de competencia –que se aplica severamente en su territorio– exime las malas prácticas cuando ocurren en el exterior. De esta manera se le inhibe a México una integración real. La situación de desventaja para los porcicultores mexicanos se agravó con las medidas unilaterales de Estados Unidos derivados de los eventos del 11 de septiembre de 2001 y hoy se agudiza con la implementación de la Ley de Certificación de Etiquetado de País de Origen (la Ley COOL, por sus siglas en inglés), de abril de 2009, la cual abiertamente demerita la intención de una integración real. En ese escenario, y con la complacencia de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor (Profeco), desde 1994 la industria de carnes frías y embutidos ha sustituido la carne de cerdo en la elaboración de embutidos por pastas y trozos de ave importados, productos éstos que son desechos y que –de no haberlos comprado México– hubieran sido destinados en su país
LOS CAFETALEROS, EN LAS GARRAS DE NESTLÉ Y AMSA • Sin competencia, las trasnacionales imponen los precios
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os grandes trasnacionales tienen entre sus manos a los cafetaleros de México. Son la suiza Nestlé –la líder global en alimentos, presente con 500 fábricas de ocho mil 500 productos en más de 70 países–, y Agroindustrias Unidas de México (AMSA), que controla alrededor de 50 por ciento de las exportaciones del aromático del país, esto es más de un millón de sacos de 60 kilos, y en muchas regiones es la única y exclusiva compradora, opera sin competencia.
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Nestlé hizo inversiones por 600 millones de dólares en México en los cinco años recientes en sus diversas ramas de producción y en febrero pasado, en Davos, Suiza, el presidente Felipe Calderón anunció junto con el director general de la trasnacional, Paul Bulcker, nuevas inversiones por 400 millones para 2010-13, la mayoría de las cuales servirán para ampliar la planta procesadora
de café que tiene en Toluca, y convertirla en la mayor del mundo. Y AMSA, dicen los cafetaleros, está estrechamente ligada a la Nestlé pues la primera hace la selección de ciertas calidades (por ejemplo la de Ixhuatlán del Café, Veracruz, que requiere Nestlé para su marca Nexpresso). le realiza procesos como el beneficiado, y también es la que obtiene ciertas certificaciones (como la de Rainforest), con las cuales estas compañías además están capitalizando el concepto de “café orgánico” originalmente pensado para premiar a los campesinos que no utilizan agroquímicos. Cafetaleros de diversas regiones que pidieron el anonimato para evitar represalias explicaron que el dominio de estas empresas –que hoy día se afianza más que nunca con la intención de la Nestlé de fortalecer su producción de cafés solubles para exportación (sobre todo a Estados Unidos)– tiene efectos nocivos, entre ellos:
ILUSTRACIÓN: Ó Sheldon
Carlos Ramayo Navarrete
do de manera importante ante la indiferencia e indolencia de las autoridades responsables.
de origen a la elaboración de alimento para mascotas. La autoridad responsable convalida la omisión de informar al consumidor en etiqueta el origen de la proteína y los aglutinantes y colorantes que se incorporan al proceso industrial, so pretexto de ser alimento a precios bajos. De esta manera la industria de cárnicos desplaza el 30 por ciento de la oferta de carne de cerdo nacional al importar anualmente una cantidad superior a 320 mil toneladas de pastas y trozos, según información de Aduanas. La porcicultura sufre otro quebranto, al ser desplazada del mercado nacional por importaciones de cerdo, que antes del TLCAN eran insignificantes y que a finales del año pasado llegaron a 500 mil toneladas, considerando las 42 fracciones arancelarias de cerdo. El 80 por ciento de estas importaciones corresponden a piernas y espaldillas, mismas que se vienen comercializando por debajo de su costo de producción en su país de origen. Al no dar las autoridades de Estados Unidos acceso a su mercado a carne de cerdo mexicana, los industriales de cerdo en ese país se reservan para ellos el lomo y el tocino (panceta) que colocan a precios rentables, y las piernas y espaldillas las exportan a México a valor residual, con la cual los productores mexicanos no podemos competir y hemos sucumbi-
a. Cooptan a funcionarios federales y estatales para impulsar proyectos empresariales y captar recursos económicos procedentes del erario e incluso de los bolsillos de los productores. Aquí mencionan a Rodolfo Trampe, coordinador nacional del Sistema Producto Café (SPC), quien ha pedido a los productores que “negocien más su café con la Nestlé”. En el seno del SPC los industriales están buscando que los productores aporten dos o más pesos por saco exportado y con ese dinero contratar técnicos para proyectos especiales, como el de “cafés naturales” que interesa particularmente a la Nestlé. b. Las empresas además están teniendo injerencia en las representaciones de productores. En fechas recientes Gabriel Barreda, conocido comprador de la Nestlé, fue “elegido” dirigente de la Unión Nacional de Productores de Café de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y Aristeo Ortega, también comprador de la empresa, es representante del Sistema Producto Café de Puebla. Félix Martínez, directivo de la Nestlé, es hoy el presidente de la junta directiva de la AMECAFE, el brazo jurídico del SPC. c. Por medio de cooperativas fantasma o formadas a espaldas de los productores socios, AMSA está “bajando” subsidios del Programa de Trópicos Húmedos de la Secretaría
En 2009 las importaciones de carne de cerdo le costaron al país mil 44 millones de dólares y una pérdida acumulada del 45 por ciento de productores y de empleos directos e indirectos. La organización nacional de porcicultores ha informado las estadísticas de caída en la producción nacional, pero la autoridad minimiza el asunto y dice que ha habido crecimiento en el sector informal ó de “traspatio”. Es evidente que ninguna autoridad federal o gubernamental quiere asumir el costo político de la debacle. Irónicamente, la manipulación y ocultamiento de cifras en el aparato público ha sido una seria limitación para activar alguna medida de salvaguarda o anti-dumping por competencia desleal. Las cifras manipuladas demeritan “prueba de daño o amenaza de daño”, que es la causal sustantiva para que la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (dependiente de la Secretaría de Economía) sancione administrativamente la procedencia o no de imponer un remedio a las prácticas desleales de comercio internacional. Igual que a las diversas ramas del sector agropecuario, a la porcicultura no ha logrado acceder a este mecanismo de defensa, toda vez que sus líneas de acción las determina la Secretaría de Economía, la cual se acoge a los preceptos de la apertura comercial unilateral, los cuales tienen postrada a la planta productiva nacional, impulsando la migración, la economía informal y el desempleo donde ahora se enseñorea la violencia. Debemos de producir empleos en México, no en el extranjero. El fortalecimiento de una nación se da desde el campo. La política de apertura unilateral fue en 1987 incuestionablemente efectiva; atendió la urgencia de la espiral inflacionaria. Mantenerla irremisiblemente pensando que le llevamos un bien al consumidor significa destruir la planta productiva e inhibir el desarrollo. Porcicultor de Mérida
de Agricultura, mientras que campesinos caficultores han buscado durante años apoyos públicos sin tener éxito. “La empresa mete nombres en sus cooperativas sin consultar a la gente y bajan los recursos. Los compañeros no denuncian porque sólo AMSA compra aquí, nadie más. Temen represalias”, señaló un productor de Ixhuatlán del Café, quien comentó que allí el dominio de AMSA es absoluto; hasta hace algunos años había empresas familiares que también compraban, pero quebraron, como quebraron también muchos productores cafetaleros, sobre todo grandes, derivado de la debacle mundial de precios del aromático ocurrida en 1989. Los cuatro mil productores que sobreviven allí tienen predios cada uno de cinco o menos hectáreas, pero su efecto social es muy grande pues 40 mil personas dependen directa o indirectamente de la actividad. d. La promoción –con el apoyo de funcionarios y de subsidios– de Nestlé para que México produzca cafés robusta y naturales (baratos) desestimula el interés de organizaciones cafetaleras de impulsar la calidad del grano mexicano con cafés arábiga y con ello promover que el mercado internacional pague mejor estos granos nacionales. El café mexicano está tradicionalmente muy subvaluado.
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CINCO EMPRESAS DOMINAN LA INDUSTRIA LECHERA • Importaciones y precios castigados a la leche, pesadilla de 250 mil productores
partida para el fortalecimiento del monopolio de la leche. “En privilegio para los industriales y detrimento de los productores, el gobierno mexicano incumplió la aplicación de aranceles a las importaciones de leche en polvo” que sobrepasaran ciertas cuotas libres de impuesto definidas en el Tratado. Ello ocurrió durante todos y cada uno de los 15 años que duró la desgravación. Los rancheros se han visto enfrentados a una franca competencia desleal con las importaciones subsidiadas, y la situación se observa no sólo en la leche, sino también en quesos y demás productos lácteos.
FOTOGRAMA: Food INC.
“En los diez años pasados México ha importado unas 500 mil toneladas anuales de lácteos (leche, yogures, quesos, etcétera) altamente subsidiadas”
Lourdes Edith Rudiño
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a producción lechera y sus derivados tiene como líderes en la industria a sólo cinco empresas: Lala, Alpura, Sigma Alimentos (del Grupo Alfa, y asociada en el área de yogures con la francesa Sodima Internacional), la suiza Nestlé y la francesa Danone.
MONOPOLIOS
Del otro lado de la moneda, hay unos 250 mil rancheros que en 90 por ciento cuentan cada uno con 50 o 60 vacas, esto es, son pequeños productores de leche, y del total tal vez sólo unos cinco mil están integrados como cooperativistas o socios con Al-
“El café cereza (sin beneficiar) nos lo pagan actualmente a seis pesos el kilo y el quintal de pergamino a mil 600, cuando sabemos que deberían pagarse a nueve y a dos mil (respectivamente) considerando que hay inventarios escasos en el mundo, y conociendo los precios que se pagan por el café colombiano (también arábiga)”, dice un productor de Coatepec, quien comenta además que esta región ha logrado resistir a las invitaciones de AMSA para que cambien su paquete tecnológico hacia variedades que son más productivas por hectárea pero que ofrecen menor calidad. “Hace unos cinco años el representante de AMSA aquí, Francisco Faos, nos propuso que compactáramos tierras, incluso que las rentáramos (...) hay compañeros que nos dicen que AMSA les pide que cambien sus variedades, que la empresa les va a dar asistencia técnica, fertilizantes, que en el paquete vienen incluidos subsidios. Aquí hemos resistido, pero en Chiapas se han infiltrado con más profundidad y están teniendo mayor control y no sólo en el café convencional sino en el orgánico”. Un factor fundamental es que AMSA financia a los productores, fenómeno que ocurre sobre todo en Chiapas, y con ello asegura el acopio del café a los precios que impone. La incapacidad de los caficultores a acceder a fuentes de financiamiento formales (por la cerrazón de la banca) los coloca a merced de las empresas.
pura y Lala. El grueso de los lecheros se considera “sobreviviente” y en riesgo constante, pues los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del ingreso de leche en polvo subsidiada y otros productos lácteos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y La Unión Europea han hecho quebrar hasta ahora a 200 mil productores.
La producción lechera nacional supera los 10 mil 800 millones de litros anuales De acuerdo con Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche (FNPCL) de El Barzón, la firma del TLCAN fue punto de
Productores veracruzanos han realizado movilizaciones continuas para manifestar su enojo con las prácticas de AMSA y Nestlé, “por la grave explotación que hacen, castigando los precios por debajo del parámetro por debajo de los precios de bolsa”. Productores de Ixhuatlán del Café reportan que AMSA induce bajas arbitrarias en los precios con el argumento de que su centro de cosecha está saturado; también –como ocurrió hace unas semanas–, cuando hay lluvias constantes nos dicen que el café tiene problemas de calidad y nos bajan el precio; recientemente se formó una comisión de productores y funcionarios de Veracruz para observar la situación de los precios que pagan los compradores (que, dicen, todos son empleados de AMSA, porque aquí el único coyote es esta empresa “y es un coyote grande”) pero no ha funcionado, “porque hay temor a AMSA”. Además de sus operaciones en café, que inició en 1979, AMSA opera en México desde 1948 con compras y despepite de algodón (líder en esta rama). También está asociada con Smithfield en las granjas porcícolas Carroll de Perote, Veracruz, es financiera de agronegocios e incursiona en la compra de cacao y granos (Lourdes Edith Rudiño).
Hoy día la competencia desleal prevalece, pues, en lo que se refiere a las importaciones de leche en polvo procedentes de Estados Unidos, llegan a México a un precio de 3.50 pesos el litro (incluido el costo de la rehidratación), lo cual representa una diferencia de cuatro a cinco pesos respecto de lo que realmente se paga la leche en ese país más los costos de internación a México. “Obviamente esa diferencia se cubre por subsidios”. Así, con la facilidad de importar barato, los industriales pagan barata la leche nacional (a 4.30-4.50 el litro actualmente) y la venden, ya procesada y envasada a casi 13 pesos, dice Antonio Salim, secretario del FNPCL. “Hemos buscado infructuosamente que el gobierno intervenga y establezcamos una mesa donde analicemos los costos de producción y los de la industria –nosotros hemos visto que los primeros son más altos– y establezcamos un esquema de equidad, para que el margen de utilidad sea compartido”. La leche es un producto altamente perecedero. Los rancheros pueden mantenerla con ellos durante dos o tres días máximo si tienen tanque enfriador. Por eso, y por la urgencia constante de liquidez, se ven presionados a entregar a los industriales compradores al precio que sea. “Por lo menos pido un precio que me garantice la subsistencia, pero en los años recientes esto no ha ocurrido; esto ha provocado el desmantelamiento del activo lechero del país”, dice González y precisa que no sólo es el monopolio el que paga bajos precios a los productores. Las 11 mil empresas grandes, medianas y chicas que se dedican a elaborar productos de leche incurren en ello. “Los productores somos sus víctimas”. Reportes de lecheros que abastecen a la planta La Concordia, en Jalisco, de la empresa Sello Rojo, indican que ésta incurre en chantaje, pues les condiciona la compra de la leche a cambio de que adquieran acciones de la empresa, pues ésta requiere capital para refaccionarse. Aquel lechero que rechaza el trato deja de ser proveedor. De acuerdo con Álvaro González, lo que más daña a los productores lecheros es la apertura comercial. “En los diez años pasados México ha importado unas 500 mil toneladas anuales de lácteos (leche, yogures, quesos, etcétera) altamente subsidiadas” y eso impide a los productores buscar salidas de manera organizada a su oferta lechera.
“Por ejemplo, hay un queso llamado gouda. En México muchas empresas lo importan, lo etiquetan con su marca y lo venden como manchego. Cuando mucho lo compran en 30 pesos el kilo, y creo que es de buena calidad. Si yo soy un quesero chico en México, elaborar un kilo de queso me cuesta, tan sólo por la leche, casi 50 pesos el kilo (considerando que se requieren 12 litros de leche y que ésta se pague a 4.16 por litro), y eso sin considerar los costos de proceso, distribución, etcétera. ¿Cómo puedo competir así? Las empresas que importan ese queso gouda pueden venderlo a 50 pesos el kilo y obtienen una utilidad casi de cien por ciento”.
las importaciones de leche en polvo procedentes de Estados Unidos, llegan a México a un precio de 3.50 pesos el litro (incluido el costo de la rehidratación), lo cual representa una diferencia de cuatro a cinco pesos respecto de lo que realmente se paga la leche en ese país Y a esto hay que sumar que los centros comerciales –que, con sus marcas propias, se dedican ya a hacerle la competencia a las empresas lácteas– entran en una dinámica que deteriora la calidad nutricional de los lácteos. “Ocurre que van a una de las industrias y le dicen yo necesito una fórmula láctea que me cueste tres pesos el litro más el envase; la industria le dice pues yo te ofrezco esto, que generalmente son desechos de los países ricos (‘fórmulas alimenticias’, o ‘sucedáneos lácteos’) o incluso la propia cadena comercial importan esos insumos-desechos y piden a las industrias que se los maquilen. Por eso el FNPCL dice que entran a México productos de dudosa calidad”. Y entonces esta situación ha inhibido esfuerzos de los productores por industrializar su propia leche. Ha habido algunos intentos de organizaciones de lecheros de producir quesos o yogures u otros productos para dar salida a sus excedentes de leche, y dada la competencia desleal de los productos que contienen importaciones baratas, terminan también adulterando. La producción lechera nacional supera los 10 mil 800 millones de litros anuales.
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DE CONASUPO A CARGILL O CÓMO TRANSFERIR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA A LOS MONOPOLIOS PRIVADOS Víctor Suárez
E
l mercado agroalimentario mexicano está hoy en día bajo el control de los monopolios privados, tal y como se lo propuso la política neoliberal en nuestro país a partir de 1982 con los llamados programas de ajuste estructural, la adhesión al Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT), la reforma salinista al artículo 27 constitucional, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el desmantelamiento de la intervención gubernamental en la regulación y fomento del sector. Utilizando sucesivas y diversas oleadas de “shock y conmoción”, procedimiento asociado a las políticas neoliberales de acuerdo con Noami Klein en su imprescindible libro El capitalismo del desastre, las corporaciones agroalimentarias estadounidenses y mexicanas impusieron a la sociedad mexicana la transferencia y el control de nuestro mercado agroalimentario valuado en 50 mil millones de dólares a un puñado de monopolios privados. Lo anterior con la complicidad del Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo y las presiones del gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Para propiciar el desmantelamiento de la propiedad social de la tierra y sus recursos patrimoniales, el gobierno de Salinas cooptó a la mayor parte de las organizaciones y movimientos campesinos de la época y emprendió la contrarreforma al artículo 27 constitucional en 1992 Efectivamente, hoy en día nuestro país importa 20 mil millones de dólares de alimentos de Estados Unidos por medio de empresas estadounidenses (40 por ciento de la demanda nacional), y la mayor parte de los 30 mil millones de dólares del valor de la producción agroalimentaria doméstica es controlada por 20 grandes corporaciones trasnacionales – mexicanas y extranjeras.
Entre las oleadas de shock y conmoción utilizadas por las corporaciones para capturar el mercado, debilitar la resistencia de la sociedad y desmantelar el control del Estado sobre su política agrícola, alimentaria y comercial se encuentran las siguientes: a) la crisis de la deuda de 1982, b) el terremoto de la ciudad de México en 1985, c) el fraude en las elecciones presidenciales de 1988, d) los asesinatos políticos de 1994, e) los llamados errores de diciembre de 1994 y f) el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006.
TEMA DEL MES
El ataque de las corporaciones se centró en tres objetivos: a) lograr el desmantelamiento del Sistema Conasupo, b) propiciar la privatización de las tierras ejidales y comunales y de sus recursos territoriales y c) eliminar el control soberano de las fronteras al comercio agroalimentario. En lo que se refiere al Sistema Conasupo (precios de garantía para las cosechas; distribución de alimentos a precios subsidiados; administración de la reserva alimentaria; control de precios de la tortilla; monopolio de las importaciones y exportaciones agrícolas; sistemas de acopio, almacenamiento y distribución; industrialización de maíz, trigo y oleaginosas; terminales graneleras en puertos y fronteras; centros de capacitación campesina; etcétera), se enderezó un agresiva campaña para su privatización y extinción explotando ad nauseam los casos de corrupción y de ineficiencia a todas luces existentes. Para propiciar el desmantelamiento de la propiedad social de la tierra y sus recursos patrimoniales, el gobierno de Salinas de Gortari cooptó a la mayor parte de las organizaciones y movimientos campesinos de la época y emprendió la contrarreforma al artículo 27 constitucional en 1992. Finalmente, con el TLCAN se perdió la soberanía nacional sobre el comercio agroalimentario, así como sobre el control de la inversión extranjera en nuestro país. Una vez logrados los tres objetivos antes anotados, el control del mercado agroalimentario por unas cuantas corporaciones fue creciendo año con año, capturando las decisiones de política pública, las dependencias y los programas gubernamentales. Entre las decisiones tomadas por el gobierno federal para favorecer
la monopolización privada de nuestro sector agroalimentario se encuentran las siguientes: a) venta y/o concesión de industrias e infraestructura estratégica a grandes corporaciones mexicanas y extranjeras; b) otorgamiento de cupos de importación libres de arancel, con exención del pago de impuestos y contraviniendo al propio TLCAN al respecto; c) desmantelamiento de los programas de fomento a la producción nacional de alimentos (infraestructura, crédito, asistencia técnica, investigación, soporte de precios, etcétera); d) captura de la mayoría de los subsidios públicos para los agricultores comerciales del norte y las corporaciones; e) exención del pago de impuestos bajo un régimen especial de tributación; f) nula regulación en materia de calidad e inocuidad alimentaria tanto en la importación como en el procesamiento y distribución; g)
͏QUÉ DICE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA? Arơculo 2: La ley Ɵene como propósito “proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácƟcas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios”. Arơculo 8: “Quedan prohibidos los monopolios y estancos, así como las prácƟcas que, en los términos de esta ley, disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de los bienes y servicios”. Arơculo 9: Las prácƟcas monopólicas absolutas son
favorecer las importaciones agroalimentarias a precios dumping, y h) ineficaz regulación contra prácticas anticompetitivas. Es inaceptable para un país como el nuestro haber permitido la transferencia de nuestra soberanía alimentaria a manos privadas y trasnacionales. Hecho que no hicieron ni harán los países desarrollados y emergentes con proyecto nacional soberano como Brasil, India y China. Recuperar la soberanía alimentaria y lograr nuestra independencia alimentaria constituyen un asunto de seguridad nacional y un requisito para la salvación de nuestro país. Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)
“arreglos, contratos, convenios entre agentes económicos compeƟdores que pretendan: fijar el precio de los bienes y servicios, restringir o acordar la oferta de bienes y servicios y dividirse el mercado”. Arơculo 10: En general, se consideran prácƟcas monopólicas “los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas”. En suma, según la ley de competencia en México, son prácƟcas monopólicas aquellos acuerdos entre agentes económicos que dañen, limiten o impidan la competencia. FUENTE: Extractos de la ley escogidos por Rogelio Huerta Quintanilla, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, en su estudio Monopolio, precio de la tortilla y estancamiento en la economía mexicana.
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GIGANTES GLOBALES DOMINAN DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE GRANOS Cargill cuenta con tarifas preferenciales a las cuales no tienen acceso los competidores, pequeños y medianos comercializadores, y goza de prioridad en la contratación de los trenes
Lourdes Edith Rudiño
A
lrededor de 60 por ciento del mercado de granos en México está en manos de un puñado de grandes empresas –Maseca, Cargill, Archer Danield’s Midland, Bimbo, Minsa, Molinos de México, Gamesa, Altex, Bachoco, Lala y Malta de México fundamentalmente–; dominan tanto la compra de cosechas nacionales como la importación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y los procesos industriales. Son empresas boyantes y se distinguen porque sus ganancias suben como espuma, no obstante la peor crisis económica y financiera del país en más de seis décadas este 2009-10 y no obstante el encarecimiento de los alimentos que entre otros saldos amplía el número de pobres y miserables en México.
A los emporios alimentarios se les ha brindado un sistema de exención de impuestos, un régimen de tributación de privilegio (amparado bajo un régimen especial de tributación para el agro que originalmente tenía el sentido social de impulsar la producción primaria) La fuerza de estos emporios no es una casualidad. Ha crecido y se ha afianzado gracias a decisiones tomadas por el gobierno mexicano desde los años 80s, con el ingreso al GATT (hoy Organización Mundial de Comercio), pero sobre todo a raíz de la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional sobre tenencia de la tierra y la puesta en marcha en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Tales decisiones, que han desmontado el sistema gubernamental de intervención en los mercados agroalimentarios, han entregado en charola de plata el negocio a las corporaciones privadas, y en particular a las trasnacionales, dice Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y explica que la operación de esta estrategia, que implica pérdida de soberanía nacional y alimentaria, ha sido por varias vías: Por un lado están las políticas de libre importación de materias primas con precios debajo de producción –o sea con prácticas dumping e ilegales–; por otro, el traslado a estas grandes compañías de la responsabilidad de la regulación de los mercados –la cual estuvo antes en manos de empresas públicas como Conasupo y el sistema Boruconsa-ANDSA (Bodegas Rurales Conasupo-Almacenes Nacionales de Depósito)– situación que les da completa autonomía en la fijación de precios al productor y precios al consumidor. Un tercer elemento ha sido la captura de subsidios públicos por parte de estas compañías con la justificación de que favorecen la liquidez de los mercados y la adquisición de las cosechas nacionales. Y por último, a los emporios alimentarios se les ha brindado un sistema de exención de impuestos, un régimen de tributación de privilegio (amparado bajo un régimen especial de tributación para el agro que originalmente tenía el sentido social de impulsar la producción primaria). Estas grandes empresas, dice Suárez, son globales; en varios casos están asociadas entre ellas y cuentan con fuertes recursos extrafronteras. Cargill, una de las tres empresas agroalimentarias con mayor poder económico en Estados Unidos, por ejemplo, “tiene a su disposición una masa de financiamiento en dólares y acceso amplio a apoyos públicos
–entre 2005 y 2009 recibió de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria casi 600 millones de pesos para subsidios a la pignoración, movilización y exportación de maíz blanco– que le dan una ventaja competitiva en el mercado mexicano frente a empresas pequeñas y medianas que no tienen si quiera posibilidad de crédito o cuyo acceso al dinero es a costos muy elevados”. Además Cargill, en la medida que es un gran operador de granos y otros productos en Estados Unidos, tiene alianzas estratégicas con las compañías ferroviarias de ese país, que son las mismas que controlan el servicio ferroviario en México. Con esto, Cargill cuenta con tarifas preferenciales a las cuales no tienen acceso los competidores, pequeños y medianos comercializadores, y goza de prioridad en la contratación de los trenes. “Si no hay furgones o no hay góndolas o no hay trenes unitarios disponibles para los pequeños, quedan fuera de la comercialización, de las oportunidades de mercado”. Asimismo, se observa cómo infraestructura estratégica está en manos de los grandes consorcios. Es el caso de la terminal granelera de Veracruz, por donde ingresa 40 por ciento de las importaciones que realiza México. La concesión de esta terminal, que estuvo en manos de ICA y Alsur pasó a Cargill hace unos años sin que el gobierno mexicano pusiera objeción. Y ésta es una herramienta fundamental que tiene la empresa para dominar y manipular el mercado de granos. La situación es excepcional, dice Víctor Suárez. En Estados Unidos, Japón, China, Europa ni los bancos ni la infraestructura estratégica está en manos extranjeras. Y estos grandes consorcios incurren en prácticas anticompetitivas. “Tienen libertad de importar en cualquier momento del año, aunque estemos en época de cosechas nacionales de granos, y tienen la libertad de exportar. Cuando hay cosechas e importan, presionan a la baja los precios que pagan a los productores nacionales de granos, e incurren en la exportación también cuando no hay suficiente disponibilidad de granos para generar escasez artificialmente, elevar los precios, revalorar sus inventarios. Así generan ganancias extraordinarias”. “Hay libertad absoluta, ninguna regulación gubernamental que frene la especulación porque estamos en el paradigma del libre mercado. En este ambiente, los productores de granos pequeños y medianos, los comercializadores pequeños y medianos y los procesadores pequeños y medianos son desplazados del mercado, no pueden competir, y se va concentrando más y más el mercado en pocas empresas”. Es indispensable que la Comisión Federal de Competencia actúe de oficio para enfrentar las prácticas del monopolio. En el ciclo primavera-verano 2008-09 las organizaciones comercializadoras de maíz de ANEC sufrieron la fuerza de este monopolio en carne propia. “Vimos una posición
En poco más de dos décadas, el mercado agroalimentario mexicano pasó de manos de Conasupo a manos de Cargill y un puñado de megacorporaciones que no sólo Ɵenen capturando el sistema alimentario mexicano sino también al propio gobierno federal y al Poder LegislaƟvo. A conƟnuación se enumeran las principales corporaciones que dominan el mercado: • Comercialización de granos y oleaginosas: Cargill. • Semillas y pesƟcidas: Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow Agro y Basf. • Maquinaria y equipo agrícola: John Deere y New Holland. • Industria de harina de maíz: Maseca. • Industria del trigo: Bimbo, ADM y Gamesa-Pepsico. • Industria avícola: Bachoco, Pilgrims Pride y Tysson. • Lácteos: Grupo Lala y Nestlé. • Carne de cerdo y carnes frías: Sygma y Smithfield. • Engorda y procesamiento carne de res: Grupo Viz. • Almidones y alta fructuosa de maíz: Corn Products InternaƟonal y ADM. • Refrescos y bebidas: FEMSA y Pepsico. • Cerveza: Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc. • Transporte ferroviario: KCS. • Distribución minorista: Wal-Mart. de franca coalición de los grandes compradores (Cargill, Maseca y Minsa) que se pusieron de acuerdo para no comprar el maíz de los productores organizados para debilitar su posición y en cierto momento destruirlos y quitarse así un contrapeso. En el caso del trigo de la cosecha otoño-invierno 2008, vimos cómo se coaligaron estos mismos tres grupos para no pagar a los productores a niveles de precios internacionales, que se ubicaban en el equivalente de dos mil 900 pesos la tonelada. Ellos decidieron no pagar más de dos mil 400 y como su poder de compra es muy grande, los campesinos se vieron obligados a vender a este precio bajo; luego las empresas presionaron para que la Secretaría de Agricultura, vía Aserca, pagara subsidios para compensar a los productores y así ellos obtuvieron las cosechas por debajo de los precios del mercado y obtuvieron ganancias extraordinarias, comentó Suárez. Frente a estas prácticas, el gobierno no solamente no tiene disposición ni herramientas para actuar y hacer que los mercados funcionen competitivamente, conforme a las reglas que dicen que son de mercado y de precios internacionales, sino que ceden al chantaje dando subsidios injustificados.
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LA MITAD DE LA PRODUCCIÓN DE POLLO EN MANOS DE TRES EMPRESAS
• La pequeñas quiebran, incluso asociadas, por múltiples factores: Yesaki • La Comisión de Competencia investiga prácticas monopólicas Lourdes Edith Rudiño
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n 1996 dos empresas grandes controlaban en México el 33 por ciento de la producción de pollo; para 2008 ya eran tres las grandes (Bachoco, Pilgrim’s Pride y Tyson) y cubrían 55 por ciento de esta producción. En el camino muchas compañías pequeñas quebraron, vendieron o entraron a esquemas de aparecería (dando servicios a las grandes o medianas) y su participación en la oferta se redujo sustantivamente: en 1996 esas pequeñas sumaban 181 y aportaban 27 por ciento de la producción de pollo y para 2008 eran 150 empresas cubriendo sólo cuatro por ciento.
MONOPOLIOS
Estos son datos de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), que se combinan con comentarios hechos por el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA) en su reporte anual sobre la avicultura mexicana –“En 2009 la avicultura declinó, lo cual no había ocurrido en una década y esto se atribuye principalmente a la crisis económica, a la consolidación de la industria que tiende a crecer, a los precios (altos) de los granos de importación y a la continuada competencia por parte de importaciones avícolas”–, para poder afirmar que la presencia preeminente de grandes empresas en esta rama es un hecho y que, aunado a la apertura comercial, implica una reducción de posibilidades para las pequeñas compañías.
190 mil empleos directos y 950 mil indirectos. Las empresas pequeñas se caracterizan porque brindan menos de cien empleos, las medianas entre cien y 250, y las grandes arriba de 250.
La avicultura nacional –donde el pollo representa 92 por ciento con una producción anual alrededor de 2.7 millones de toneladas, que complementa la oferta nacional con más de 440 mil toneladas importación, sobre todo piernas y muslos—participa con 11.5 por ciento del producto interno bruto agropecuario y genera
En entrevista, Jaime Yesaki, quien fue presidente de la UNA entre 1993 y 1996, explica los motivos de desaparición de las pequeñas empresas avícolas: “en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) –que en avicultura dejó fuera a
MONOPOLIOS Y COMIDA CHATARRA Alejandro Calvillo U.
B
imbo domina totalmente el mercado del pan de caja y, con su empresa Marinela, el de los panes dulces industrializados. Bimbo, junto con Pepsico, dominan el mercado de las frituras con su marca Barcel, además de contar con gran parte del mercado de dulces con Ricolino.
MONOPOLIOS
puntos de venta en pequeños comercios: tiendas de abarrotes que se extienden desde los barrios urbanos hasta las más remotas comunidades rurales. Sin estas empresas, con su invasión publicitaria y la omnipresencia de sus productos, no podríamos entender el deterioro de la dieta de los mexicanos, el mayor problema de salud pública del país.
Y hay que añadir a Maseca dentro de esta lista ya que esta empresa es responsable de que la mayor parte de los mexicanos hayan dejado de comer maíz. Lo que parece una afirmación absurda es una verdad: la harina refinada de maíz que produce y comercializa Maseca ha perdido todas las cualidades nutricionales de la harina integral de maíz que era la que tradicionalmente comíamos. Ahora, para solventar esta situación, se ha establecido que, al igual que a la harina refinada de trigo, se le añada obligatoriamente vitaminas y minerales. Con la mencionada docena de empresas cubrimos la mayor cantidad de los productos que encontramos en la más grande red de distribución del país conformada por las grandes cadenas de supermercados, dominados por Wal Mart, y los más de 700 mil
ILUSTRACIÓN: Cortesía El Poder del Consumidor
Coca Cola y Pepsico controlan el mercado de los refrescos, después de adquirir y acabar con la mayor parte de las empresas refresqueras regionales que existían en el país. Estas dos compañías también acaparan gran parte del agua embotellada. Kellogs y Nestlé dominan el mercado de los cereales de caja, dejando atrás el consumo tradicional de cereales integrales como la avena, el amaranto, la cebada, etcétera. Danone, Lala y Alpura controlan el mercado de las bebidas lácteas. Sigma, Zwan y Kir el de las carnes frías.
El poder de concentración del mercado en estas empresas, como lo señala Carlos Urzúa en un trabajo para la Comisión Federal de Competencia (CFC), puede estar significando un incremento en los precios de hasta 40 por ciento. Pero los monopolios no sólo impactan en precios sino también en la calidad de los productos, así como en la elaboración de la normatividad y las políticas públicas. Por ejemplo, Bimbo determinó y gozó de una normatividad que le permitió elaborar panes con harina refinada y comercializarlos como integrales, permitiéndose legalmente el fraude a aquellos consumidores que tenían un mínimo de información sobre la pobreza nutricional de las harinas refinadas. Del Valle y Jumex se aprovecharon de los consu-
midores que buscaban jugos pensando que eran más saludables sin saber que estaban adulterados hasta en 80 por ciento, gracias a una falta de normatividad. El engaño continua aún con los néctares para los cuales no existe normatividad, aprovechándose de que los consumidores mexicanos piensan que los néctares son jugos más concentrados cuando en realidad tienen más de 80 por ciento de agua y azúcares añadidos, además de colorantes y espesantes. Como nota al margen, hay que decir que una persona que consuma diariamente un vaso de néctar en el desayuno y otro en la cena puede estar aumentando 5 kilos en un año. Es así que contamos con un gran número de normas al gusto de las empresas, que violan el derecho a la información de los consumidores. En relación a la normatividad, hay que recordar que fue con Salinas de Gortari que la elaboración de la normatividad dejó de ser una tarea de la autoridad para pasar a ser un proceso democrático. La democracia fue únicamente para las empresas que pasaron a dominar los comités de normas para hacerlas a su gusto o, en el peor de los casos, tener la capacidad de impedir su publicación si no les satisfacen. El poder de los monopolios y oligopolios de la comida chatarra tiene su máxima expresión en las políticas públicas. No podríamos pensar el arribo de las niñas y los niños mexicanos a ocupar el primer lugar en sobrepeso y obesidad a escala internacional sin el abandono de programas para brindar acceso a agua potable en escuelas, espacios públicos y comunidades; sin la falta de reglamentación de los alimentos dentro de las escuelas. No es una coincidencia el hecho de que México destaque por la falta de acceso de agua potable y que, al mismo tiempo, los mexicanos seamos la población con la mayor ingesta de calorías por medio de bebidas. En un periodo de solamente 14 años se registró un incremento de 40
Canadá— el pollo fue uno de los productos donde se negociaron más largos periodos de desgravación, pero se presentó un problema muy serio, el contrabando bronco y el contrabando técnico (esto es la importación de pollo supuestamente en salmuera, cuya fracción estaba exenta de pago de aranceles), en volúmenes muy importantes. Fue un problema que duró años y que desestabilizó el mercado. Las compras las hacían brokers, o coyotes como yo les digo, gente sin in-
por ciento en el consumo de refrescos en la población en general. Recientemente realizamos una encuesta en cerca de 400 escolares en la región Centro Montaña de Guerrero y registramos que más de 50 por ciento de los alumnos de primaria habían desayunado con refresco.
la harina refinada de maíz que produce y comercializa Maseca ha perdido todas las cualidades nutricionales de la harina integral de maíz que era la que tradicionalmente comíamos El poder de estas grandes corporaciones se manifiesta en su fuerte cabildeo para impedir que salga la comida chatarra de las escuelas; en sus estrategias para evitar que se regule la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niñas y niños; en su bloqueo a que se desarrollen etiquetados que realmente orienten de manera sencilla a los consumidores sobre los contenidos de azúcar, grasas y sal en los productos; en su oposición a campañas de orientación alimentaria que aconsejen a los consumidores a dejar de ingerir de manera habitual alimentos y bebidas que no son beneficiosos para su salud. Todo es una cuestión de poder y hasta ahora el Legislativo y el Ejecutivo parecen sometidos al de las corporaciones y las consecuencias en salud son visibles y dramáticas. Alonso Lujambio, secretario de Educación, ha dado un primer paso al anunciar la salida de la comida chatarra de las escuelas. Veamos si cumple. Ahora le toca a José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud, regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los niños por medio del Reglamento a la Ley general de Salud en Materia de Publicidad, y establecer un etiquetado frontal en los productos que realmente oriente a los consumidores. Serían estos los primeros pasos. Director de El Poder del Consumidor, AC www.elpoderdelconsumidor.org
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versiones ni infraestructura, que sólo tiene dinero y compra y vende”. Dada la diferente estructura de mercado de Estados Unidos –donde se prefiere y valora la pechuga y las alas sobre las demás partes del pollo–, las piernas y muslos sobran en ese país y las venden sobre todo a Rusia y China, pero cuando hay algún problema allá las colocan en México, su destino más cercano. Estas piezas traídas por contrabando llegaron a nuestro país a precios hasta 50 por ciento inferiores a los del producto nacional y presionaron a la baja los precios internos. Hoy día, prevalece esa diferencia de precios, pero en menor grado, dice Yesaki. El entrevistado, quien también es ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), señaló que una forma de afrontar la situación hubiera sido el asociacionismo, pero “esto no se nos da en México, pues la ley no protege a los accionistas minoritarios y porque aquí somos muy listos y el pez grande se come al chico”. Pero incluso avicultores que sí se asociaron o fortalecieron sociedades previas –como es el caso de la propia familia de Yesaki y otras cinco, presentes en Nuevo León— han debido sufrir quebrantos atribuibles no sólo a la situación de competencia con importaciones, o a tener que enfrentar a las tres grandes productoras de pollo, sino a factores disfuncionales de las políticas públicas en el agro, y también a las crisis de precios y financieras globales de los años recientes. El Grupo Papsa, donde está Yesaki inició su asociación hace 30 años pero en 2005 dio un paso adelante al integrarse totalmente y producir y comercializar de manera unida. El grupo llegó a tener una participación importante en el mercado, con un millón de pollos por semana, y una marca propia. Pero ahora “estamos de salida; no pudimos cristalizar un crédito que nos permitiera pasar la época de vacas flacas a los buenos tiempos”. Hoy Papsa no tiene una producción propia; tuvimos que vender nuestro negocio a diferentes entidades, aunque no vendimos las granjas y estamos en un esquema de aparcería con una de las empresas grandes. Esto quiere decir que explotamos nuestras instalaciones y cobramos una cantidad por el servicio”. La producción de pollo, señala Yesaki, es riesgosa y cíclica (a veces se pierde porque la producción resulta más cara que el precio de venta, pero luego se puede vender más alto y la empresa se repone). Por tanto se requiere un respaldo que permita financiamientos de tres a seis meses, y en México la banca de desarrollo, que debería atender este tipo de negocios, “no está cumpliendo su función” e incurre en absurdos, por ejemplo valora muy mal las garantías rurales. “Nuestros negocios son rurales, si presentamos una garantía rural la toman 2.5 veces a uno mientras que las
Concentración de la Producción de Pollo en México Compañías
Tamaño*
% ParƟcipación en la Producción
1996 2008
1996
2008
Grande
2
3
33
55
Mediana
27
28
40
41
Pequeña
181
150
27
4
*El gobierno de México clasifica como compañía pequeña aquella que tiene menos de cien empleados, una mediana con cien a 250 y una grande con más de 250. FUENTE: UNA
garantías urbanas las consideran 1.5 a uno o uno a uno. Es incongruente. A veces tenemos que tomar créditos de otras entidades o incluso en el extranjero, más baratos”. El Grupo Papsa sufrió quebranto no obstante que era una empresa que iba a la vanguardia –“empezamos adquiriendo insumos conjuntamente; accedíamos a créditos de pignoración, nos armamos muy bien con laboratorios de patología (...)–. Otra razón del quiebre fue la incapacidad de Papsa para entrar con su oferta de pollo a las tiendas de autoservicio, cada vez más dominantes en la distribución alimentaria de México. Estas tiendas tienen presencia en todas las ciudades del país y prefieren como proveedores a empresas grandes con capacidad de surtir en todos sus puntos de venta, y por tanto las compañías regionales (como Papsa) quedan al margen. Y por último, Papsa recibió el tiro de gracia con tres crisis consecutivas: la primera, la de 2006, “cuando los precios de los granos de forma inusual se encarecieron al doble” afectados sobre todo por la especulación en los mercados internacionales, misma que derivó en la crisis financiera global (donde se mezclaron muchos problemas, crisis hipotecaria, energética, y la presencia de “rateros encumbrados dueños de grandes corporaciones que seguro estudiaron en buenas universidades”). La segunda crisis fue en 2008 cuando hubo una sobreoferta de producción –“como nuestro pollo no puede almacenarse, se vendía todo pero muy barato”–, y podemos pensar que “algo hicimos mal”, pero nuestro consuelo fue que también por sobreproducción, en Estados Unidos la empresa que era la número uno, la gigante Pilgrim’s Pride, quebró (sus acciones se desplomaron, de valer 30 centavos de dólar cayeron a cero), y entonces otra empresa más grande, la brasileña JBS la compró. Y la tercera crisis, fue la crisis financiera global, que emergió cuando “apenas estábamos saliendo de la racha de malos precios”. Para Yesaki, son muchos los factores que cierran el camino a las pequeñas compañías avícolas: las importaciones baratas influyen parcialmente, las crisis globales pesan también, y la falta de políticas públicas congruentes es una falla fundamental (pues por lo general los subsidios, mezclados los productivos con los de carácter social, ignoran a las empresas medianas). Pero el hecho tangible es que la concentración de la producción en pocas manos es una tendencia que se da y se seguirá dando. “No sé si algún día se empezarán a desconcentrar, porque así son los procesos, pero tardan décadas”, pero lo que viene para la avicultura es aún más preocupante. Un posible acuerdo comercial México-Brasil pone a temblar a los productores, porque en el país sudamericano producen mucho más barato incluso que los estadounidenses. Cabe decir de cualquier forma que la Comisión Federal de Competencia (CFC) publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de diciembre de 2009, el inicio de una investigación de oficio en la rama avícola, debido a “posibles prácticas monopólicas”, con el argumento de que la información disponible en manos de la Comisión es suficiente para iniciar esta investigación, con base en la Ley de Competencia Económica. La investigación examinará contratos, acuerdos de negocios y convenios de las tres compañías líderes en México, que pudieran estar afectando los precios de mercado del pollo.
TRASNACIONALES Y AGROTÓXICOS Fernando Bejarano G.
T
an sólo diez empresas trasnacionales dominan 89 por ciento del mercado mundial de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas) y destacan principalmente las de origen europeo y de Estados Unidos, como se puede ver en el cuadro.
Principales empresas transnacionales en el mercado mundial de plaguicidas Ventas**
% del mercado
Bayer (Alemania)
7,458
19
Syngenta ( Suiza)
7,285
19
BASF (Alemania) Dow Agrosciences
4,297
11
(USA)
3,779
10
Monsanto (USA)
3,599
9
Dupont (USA) Makhteshim Agan
2,369
6
(Israel)
1,895
5
Nufarm (Australia)
1,470
4.9
Sumitomo (Japón) Arysta Lifescience
1,209
3
Empresa*
(Japón)
Total
1,035
3
34,396
89
Fuente: Agrow 539, March 14th 2008, y ETC, Nov. 2008. ¿De quién es la naturaleza? El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida. * País casa matriz. **Millones de dólares.
Aunque no hay reportes accesibles al público de las ventas de plaguicidas por empresa, en México el mercado de agroquímicos alcanzaba casi los 700 millones de dólares en el 2007, según el informe anual del 2008 de la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria (AMIFAC) con 56 empresas asociadas, donde destacan la presencia de las principales trasnacionales en su consejo directivo. El control trasnacional del mercado de plaguicidas en México se consolidó con la política neoliberal y firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, al privatizarse Fertimex –la empresa estatal que producía y comercializaba algunos de ellos– liberar los aranceles, y terminar con la distribución estatal por medio del Banco Nacional de Crédito Rural. Todo esto consolidó la dependencia de los ingredientes activos y productos formulados en otros países. La Comisión Intersecretarial para el Control y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes, y Sustancias Tóxicas (Cicoplafest), donde participan todas las secretarías que intervienen en la gestión del uso de plaguicidas (incluyendo las de Salud, Agricultura y Medio Ambiente), ha privilegiado la simplificación administrativa para facilitar el registro, la importación y exportación de plaguicidas por encima de medidas eficaces de prevención y control de sus dañinos efectos en la salud y el ambiente. Se cuida que los plaguicidas en los alimentos de exportación no se conviertan en barreras técnicas al libre comercio, por encima de garantizar el cumplimiento de la poca normatividad existente para proteger la salud y el ambiente de la población.
Se protegen los intereses comerciales que dominan el mercado de plaguicidas pero se nos niega el derecho a saber cuánto, qué y en dónde se aplican los cientos de toneladas de agrotóxicos y biocidas en el campo y la ciudad, al no existir la obligación de un registro de su uso a lo largo de la cadena comercial. Es importante destacar que en California, Estados Unidos, este registro existe y permite descubrir la tendencia y lugares donde más se usan plaguicidas, y los ciudadanos pueden exigir los lugares prioritarios para establecer metas de reducción en su uso. En México alabamos la modernidad tecnológica del vecino del norte pero no incorporamos los pocos avances conquistados por la lucha ciudadana. La dependencia de los plaguicidas químicos para el control de plagas y los riesgos que esto ocasiona han sido reconocidos como un problema mundial. La propia Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha planteado a los países la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos y el fomento de buenas prácticas agrícolas, para cumplir el acuerdo internacional del Enfoque Estratégico para la Gestión de las Sustancias Químicas a nivel internacional (mejor conocida por sus sigla en inglés como SAICM).
Diez empresas trasnacionales dominan 89 por ciento del mercado mundial de plaguicidas Del Catálogo Oficial de Plaguicidas (excluyendo atrayentes, repelentes y estimulantes), encontramos que del total de los 414 ingredientes activos aprobados, un 18.6 por ciento (77) tienen una mayor toxicidad aguda, y casi la tercera parte (133) están dentro de la lista de posibles o probables causantes de cáncer (clasificados por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer y por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, de Estados Unidos) o causan disrupción endocrina (hormonal). Esto representa un perfil de toxicidad muy preocupante dadas las condiciones de vulnerabilidad de la población trabajadora y comunidades expuestas, generalmente pobre, desnutrida y con malas condiciones de seguridad e higiene. Si un gran número de las intoxicaciones agudas con plaguicidas no se reportan, o se reportan sin indicar el plaguicida que causó el incidente; en el caso de las enfermedades crónicas, que tardan años en manifestarse o cuyos efectos irreversibles aparecen años después, nos enfrentamos a una situación de riesgo fuera de control, donde las víctimas sufrirán de manera individual o familiar situaciones que el gobierno está obligado a prevenir. Se requiere un cambio profundo de las políticas neoliberales, apoyar las alternativas orgánicas y agroecológicas ir más allá de la mera sustitución de insumos y articularse con una política que fortalezca la soberanía alimentaria, como han planteado diversas organizaciones campesinas y ciudadanas. Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) www.rapam.org
13 de marzo de 2010
14 estados unidos
Alexanda Spieldoch
A
lo largo de 2010 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Departamento de Justicia (DOJ) están organizando una serie de talleres públicos e históricos relativos a los temas de competencia en agricultura en este país. El primero tendrá lugar el uno de marzo de 2010 en Iowa: http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ ag2010/index.htm#dates
MONOPOLIOS
Cargill es el cuarto más grande empacador de cerdo, el tercer productor de pavos, el segundo en plantas de alimento animal, el primero en molinos de harina y el tercero en procesamiento de soya Los talleres fueron primero anunciados por el procurador general Eric Holder y por el secretario de Agricultura, Tom Vilsack en 2009 y son los primeros que se realizan de forma conjunta USDA-DOJ para discutir los temas de competencia y regulación de la agricultura de
Estados Unidos (EU). Las metas son generar el diálogo en un momento que hay una creciente preocupación sobre los impactos negativos de la concentración corporativa en el sistema alimentario y sobre la necesidad de regulaciones apropiadas que promuevan una agricultura y alimentos saludables y sustentables. Los talleres son de acceso libre y abiertos al público, e incluirán a agricultores, rancheros, grupos de consumidores, académicos, empresarios del agro y miembros del gobierno federal, quienes discutirán los temas legales y económicos asociados con la competencia en la industria agrícola. El DOJ y el USDA están buscando incorporar tópicos adicionales tales como los costos del impacto de la concentración en la agricultura, el efecto de las regulaciones y los programas de competencia y las formas en la cuales las reglas de propiedad intelectual y de patentes afectan la producción y las prácticas del mercado en semillas, precios, contratos, propiedad del empacador del ganado antes de que éste sea sacrificado, transparencia de mercado y ventas al menudeo. En el boletín de prensa del USDA de 2009 donde anunció las audiencias, el secretario Vilsack declaró: “es importante tener un mercado competitivo y justo que beneficie a la agricultura, a las economías rurales y a los consumidores estadounidenses”. El Instituto de Política
FOTOGRAMA: FFoodd INC. FOTOGRAMA INC
DEBATES PÚBLICOS SOBRE LA CONCENTRACIÓN CORPORATIVA EN EL SISTEMA ALIMENTARIO
Agrícola y Comercial (IATP) apoya esta visión. No obstante, para nosotros es claro que la competencia no puede ser revisada exclusivamente como un asunto doméstico. En Estados Unidos sabemos que los mercados domésticos están extremadamente concentrados. Tan sólo cuatro compañías – Tyson, Cargill, Swift and Co y National Beef Packing Co– controlan cerca de 85 por ciento del empaque de carne. Cargill es el cuarto más grande empacador de cerdo, el tercer productor de pavos, el segundo en plantas de alimento animal, el primero en molinos de harina y el tercero en procesamiento de soya. Las empresas agrícolas de Estados Unidos también controlan un significativo porcentaje del comercio global en alimentos y productos agrícolas; por tanto, nuestras regulaciones domésticas tienen una gran importancia fuera de este país. Muchas de estas compañías están basadas en la Unión Americana, pero actúan como corporaciones globales. Por ejemplo, Archer Danields Midland (ADM), una de las empresas más grandes de EU en producción y
Guatemala
EL CAMPO: PARAÍSO DE LOS MONOPOLIOS Juan Pablo Ozaeta
A
cinco años de su aprobación en el Congreso de la República, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) ha dejado ver dos grandes ganadores: la industria importadora de granos básicos y la industria agroexportadora.
MONOPOLIOS
Las industrias de alimentos se dedican a importar granos básicos como trigo, arroz y maíz amarillo. Se trata de industrias mono y oligopólicas que concentran los contingentes de importación y no trasladan el beneficio fiscal a los consumidores. En el país se conoce que la industria avícola es controlada por tres grupos de capital. En 2009 aparecen 32 empresas como usuarias de los contingentes arancelarios de maíz amarillo. De éstas, hay diez que utilizan 80 por ciento, esto es una participación similar a la que aquellos tres grupos de capital tienen en el mercado nacional de producción de huevos, concentrados y pollo. Se ha comprobado que dichos grupos utilizan varias formas jurídicas para tener una cuota más
grande de los contingentes DR-CAFTA libres de arancel de granos básicos. La misma tendencia se muestra en el arroz, donde una sola empresa utilizó en 2009 el 60 por ciento del contingente. En el caso del trigo, se conoce que una empresa controla el 50 por ciento del contingente y seis empresas el resto. Sin embargo, se conoce que es un solo grupo de capital el que controla el mercado de harina de trigo, pastas y galletas. Las autoridades señalan que no hay una legislación que pueda condenar esta captura de los contingentes. De hecho, las autoridades favorecieron en los convenios DR-CAFTA a las empresas llamadas históricas, sobre las denominadas nuevas. Algunos funcionarios han señalado que esta medida evita es que oportunistas que no son de la industria hagan negocio de estas cuotas arancelarias. Pero mientras esto ocurre, gremios como el panadero se han quejado por la falta de acceso a importaciones libres de arancel. En 2008 realizaron una huelga exigiendo exención de impuestos a la importación de harina de trigo. Dos días después fue asesinado el presidente de la Asociación Nacional de Panificadores de Guatemala, Guadalupe García Cifuentes.
El 2008 fue un año en que la crisis del alza de los alimentos afectó a todas las familias guatemaltecas. En respuesta, el gobierno decidió abrir más los contingentes a la importación de alimentos como: partes de pollo, leche en polvo, harina de trigo, maíz amarillo, arroz partido. La medida puede ser justificable, dada la coyuntura, aunque a largo plazo lo necesario es estimular la producción nacional de granos básicos, y no ampliar los contingentes que han promovido la des-rentabilización de la producción nacional alimentaria.
Se conoce que es un solo grupo de capital el que controla el mercado de harina de trigo, pastas y galletas Ante la medida, los medios informaron que 82 por ciento de ese contingente fue acaparado por un solo grupo, Grupo La Buena, a pesar que el presidente Álvaro Colom señaló que el contingente sería administrado por cooperativistas. No cabe duda que estas prácticas anticompetitivas tienen repercusión en el acceso a los alimentos. Igualmente, la extensión de monocultivos de agroexportación tiene su impacto en el acceso a los alimentos
comercio de alimentos, tiene intereses en etanol, biodiesel, ingredientes alimentarios y forrajeros y mercadeo de granos. ADM emplea a 27 mil 600 personas en 58 países en seis continentes. Los canales de granos y oleaginosas de Cargill emplean a 15 mil personas en 50 países. Cargill posee más de la mitad de las acciones de Mosaic Fertilizer Corporation, una de las más grandes compañías de fertilizantes en el mundo, pero también domina el comercio y procesamiento de cereales y granos forrajeros a escala global. Monsanto es propietario de 90 por ciento de las semillas patentadas en el mundo. EU es el productor global más grande tanto de pollo como de carne de ganado y el segundo más grande en puerco. Claramente, los agro-negocios de EU están involucrados en un amplio rango de actividades, que influyen poderosamente sobre la producción, el consumo y el empleo en el orbe. Adicionalmente, los cabilderos de los agronegocios tienen un gran poder en el Congreso y en las posiciones que el gobierno de EU toma en sus negociaciones internacionales relativas a agricultura, comercio e inversión.
La Costa Sur del país, era considerado el granero de Guatemala. En esa zona había pequeños productores y productoras –sin tierra– de maíz. Cuando se introduce la caña de azúcar, el campesinado ve mermadas sus posibilidades de arrendar tierra suficiente para la producción de maíz. La tierra se había encarecido y ya era dada solamente a los azucareros. De nuevo, unas pocas familias. En el norte del país, principalmente las zonas conocidas como Franja Transversal del Norte (FTN) y la zona del Polochic, se ha extendido la producción de caña y palma africana, para la producción de agrocombustibles. La extensión de estos monocultivos, que ha venido creciendo con el auspicio del DR-CAFTA, disminuye las posibilidades de que las mujeres indígenas rurales puedan tener cultivos bajo su responsabilidad y limita la posibilidad a comunidades indígenas de sembrar sus propios alimentos. Sobre posibles regulaciones a los monopolios en el país, sólo se vislumbra la normativa que surja como parte del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Una imposición externa ante la inmovilidad de los gobernantes nacionales. Pero no es ninguna respuesta de fondo abrirnos al comercio con otras potencias económicas. Más bien, la solución está en garantizar que los alimentos queden fuera de los acuerdos comerciales y se estimule la producción campesina de granos básicos. Mientras tanto el campo guatemalteco es un paraíso para la concentración de todo en pocas manos. Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, CONGCOOP
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Cargill, Smithfield y ADM han podido incrementar sus utilidades a niveles históricos, al desarrollar y controlar mercados en México Canadá y EU (así como en otras partes del mundo). La universidad de Tufts liberó recientemente un reporte que muestra que Smithfield posee actualmente 30 por ciento de la industria de puercos en México y esto es en parte resultado de subsidios indirectos que ha recibido por medio de granos baratos para el alimento animal. Se reporta que la industria de cerdos de México ha sido totalmente reestructurada como resultado de granos baratos y carne de cerdo procedentes de Estados Unidos y que inundan México ¡por importaciones que se elevaron en 700 por ciento durante los 16 años posteriores a la firma del TLCAN! ADM, el líder en la producción de etanol en Estados Unidos y un importante comprador de granos posee aproximadamente un tercio de Grupo Maseca (Gruma), la industria líder en tortillas. También es propietario de 40 por ciento de acciones en una asociación con Gruma para procesar y refinar trigo. En 2007, cuando los consumidores mexicanos no podían pagar el precio de la tortilla y cambiaron en parte a bolillo, Gruma y ADM estaban también ganando una utilidad. Es crucial que la reforma en la competencia en Estados Unidos refleje los impactos reales, que son tanto regionales como globales. IATP está trabajando con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y agricultores en Canadá para expresar los impactos negativos de la concentración corporativa por medio de testimonios conjuntos y propuestas comunes de reformas de políticas. Vamos a llevar nuestra crítica tri-nacional a las audiencias del USDADOJ y estamos planeando una dinámica regional para generar cambios este año. Directora de Programa de Comercio y Gobernanza Global de IATP, Minneapolis, Minnesota
La auditoría no fue exhausƟva porque, por una extraña casualidad, luego de que las autoridades fueron avisadas de que serían someƟdas a este proceso, el sábado 18 de julio del año pasado ocurrió un incendio en la Unidad de Congresos del Colpos y allí se quemaron, se perdieron, muchísimos documentos que eran evidencia de la corrupción.
Félix González y sus colaboradores cercanos arguyen –sin presentar pruebas– que la Secretaría de Hacienda condiciona la aplicación de recursos presupuestarios para avanzar en la homologación (están previstos para 2010 por lo menos 24.3 millones de pesos) e insiste en que ésta debe realizarse con base en los criterios de producƟvidad académica individual que apruebe Hacienda, pero no revela al SIACOP los detalles de tales criterios.
Hç ½¦ , ÊÄ¥ÙÊÄã ®ÌÄ ù ç ®ãÊÙ° Ý ÄÝÊÃ Ù Ä ½ Cʽ ¦®Ê PÊÝã¦Ù ç ÊÝ • EL DIRECTOR FÉLIX GONZÁLEZ, REACIO A ASUMIR COMPROMISOS • OPORTUNO INCENDIO DESTRUYE PRUEBAS DE CORRUPCIÓN
Lourdes Edith Rudiño
P
or cuarto año consecuƟvo los académicos del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (Colpos) estallaron en huelga con la exigencia de que se avance en la homologación salarial que desde 2001 Ɵenen promeƟda para alcanzar los niveles de sus pares del Centro de InvesƟgaciones y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional (Cinvestav). Esta homologación ha dado pasos muy lentamente en medio de confrontaciones con la dirección del Colegio y de paros laborales.
“Quieren que les firmemos un cheque en blanco”, se quejan los profesores y sienten temor de que –tal como lo han visto en un borrador de trabajo de las autoridades del Colegio– puedan bajar a algunos académicos de categoría, en parƟcular a aquellos que se dedican a la invesƟgación básica, no a los trabajos en asociación con empresas privadas que son los que representan ingresos monetarios al Colpos. “Los cuates” de la dirección del Colpos serían los que se situarían en las categorías de mayor sueldo. Y todo esto, en el marco de desmantelamiento del aparato público que sirve al agro mexicano, proceso iniciado desde los años 80s.
Desde el 19 de febrero pasado inició la huelga este año. En 2007, recordemos, duró un minuto, en 2008 fueron 14 días y en 2009 sumó tortuosos 97 días. En ese 2009 el paro se levantó el 22 de mayo luego de que los académicos hicieron plantones ante la Secretaría de Agricultura, hubo algunos en huelga de hambre y otros rapados, e intervinieron las cámaras de Diputados y de Senadores. Y el compromiso alcanzado entonces entre las autoridades del Colpos y el Sindicado Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) fue que se aplicarían 24.3 millones de pesos para la mencionada homologación, de los cuales 17.3 millones se entregarían directamente al salario tabular. Los restantes siete millones se asignarían con criterios de producƟvidad académica individual, mismos que se especificarían en una mesa de trabajo que debía establecerse en los días siguientes al acuerdo, pero que en los hechos nunca se concretó debido a malabares y mano negra del director del Colpos, Félix González Cossío. Este 2010 nuevamente Félix González busca socavar el avance de la homologación salarial, imponiendo la intención de elevar de nueve categorías salariales de los académicos a 22, lo cual es interpretado por el secretario general del SIACOP, Lenin Guajardo, como “la búsqueda de una reforma educaƟva” que pretende contratar profesores por cátedra o por hora y crear puestos de invesƟgadores extensionistas y con ello enfaƟzar la importancia de la invesƟgación y prestación de servicios a empresas privadas, que es lo que genera recursos monetarios al Colegio, en detrimento de las labores académicas y de invesƟgación básica, por ejemplo los trabajos que se hacen para mejorar las variedades de maíz, y en detrimento de los recursos humanos altamente capacitados del Colegio, que son profesores de Ɵempo completo en su mayoría.
De cualquier manera, la auditoría revela cosas tales como un manejo discrecional del dinero. Por ejemplo, dice que las cuentas bancarias del Colpos recibieron depósitos por 19 millones 769 mil 300 pesos por concepto de recursos propios del Colegio en 2008 y sin embargo sólo se reportaron 10 millones 439 mil 800 en la Cuenta Pública 2008.
FOTO: Juan Carlos Velázquez /InfoChapingo
Luego de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la entrada de Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio (OMC), este país revisó su política agrícola a fin de elevar su producción para los mercados internacionales. A la larga, esto ha llevado a incrementos en subsidios, menos granjas y más grandes orientadas a los sistemas de monocultivo, mayor consolidación corporativa y más utilidades e incremento del dumping por parte de los agro-negocios. Los perdedores reales en este escenario son los productores pequeños, las comunidades rurales y los consumidores. En México, los impactos del TLCAN están bien documentados, van desde la pérdida de unidades de producción familiar, incremento en los costos de los alimentos, pérdida de biodiversidad, migración, violencia e importación de granos estadounidenses con precios dumping, y de carne con precios debajo del costo de producción. En Canadá, los ingresos netos agrícolas están en su más bajo nivel en 70 años no obstante los niveles récord de producción y de exportaciones e importaciones alimentarias. Hoy 80 por ciento de la carne de res empacada está dominado por dos grandes corporaciones. En Estados Unidos, el número de agricultores de pequeña escala está en sus más bajos niveles de la historia y las comunidades rurales están muy disminuidas. Los alimentos en Estados Unidos están dominados por producciones de gran escala y de monocultivo de soya y maíz, que incluyen transgénicos y pesticidas, así como por operaciones concentradas de alimentación animal. Esas tendencias han también contribuido a la erosión de la tierra y a problemas de contaminación y de salud.
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Cabe decir que el compromiso de la homologación salarial se jusƟfica porque desde 2001 el Colpos fue declarado centro público de invesƟgación (CPI) y por tanto sus salarios deben ser equivalentes a los del CPI con mejores salarios, que es el Cinvestav. En su número 19, del 17 de abril de 2009, La Jornada del Campo dio cuenta de la huelga de 2009 y también de la situación que vive el Colegio, el cual –refrendan hoy los académicos– “está secuestrado” por un pequeño grupo de unos 20 profesores y académicos, llamados el dream team, protegidos de la dirección del Colegio, quienes han hecho negocios oscuros con un fideicomiso del Colegio. En parƟcular un profesor Enrique Mejía Sáenz, el cual está vinculado con amigos y familiares miembros de varias empresas como Manejo Integral de Cuencas, SACV (MICA), Centro Mexicano de InvesƟgaciones Hidroagrícolas y Telycom (esta úlƟma originalmente era un expendio de papelería y bajo diversas razones sociales ha ofrecido servicios cienơficos y técnicos al Colpos con valores millonarios). Gran parte de los negocios sucios salieron a la luz en 2009 gracias a una invesƟgación que académicos del SIACOP hicieron con base en documentos obtenidos vía el InsƟtuto Federal de Acceso a la Información (IFAI). El año pasado la Cámara de Diputados pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que realizara una auditoría integral al Colpos. Ésta ya se hizo, y los resultados aparecen en la página web de la ASF desde hace unas semanas.
También destaca la revisión de varios contratos de adquisición con muchas inconsistencias. Es el caso de un contrato del 31 de diciembre de 2008 para la compra de 22 bienes de equipos de telefonía, cámaras digitales, topográficas y de video, grabadoras digitales, televisores y otros, por 331.7 millones de pesos. Las inspección İsica de la auditoría pudo ubicar sólo tres de esos bienes, debido a que esa compra no fue inventariada. Asimismo, en las compras hechas mediante varios contratos se observa que el Colpos no cuenta con los resguardos correspondientes a los equipos. Una de las acciones promovidas por la ASF es la peƟción al órgano interno de control del Colpos a que invesƟgue y en su caso finque responsabilidades sancionatorias a servidores públicos que no presentaron comprobantes de pago de varios millones de pesos en diversos contratos de adquisición. El Colpos, sectorizado en la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), cumple este año 51 años de vida, y los académicos señalan que nunca antes había habido una situación tan diİcil, nunca se había observado antes una confrontación de tal grado con la dirección. Se preguntan, ¿por qué permanece Félix González?, a pesar de que ya la Sagarpa ha tomado decisiones recientes de desƟtuir a funcionarios tales como los ex directores de Procampo y de Apoyos y Servicios a la Comercialización (ASERCA), desƟtuciones (o supuestas renuncias) ocurridas en medio de escándalos mediáƟcos de mal uso de los subsidios públicos. Félix González pretende reelegirse este año al frente del Colpos. Pero preocupan declaraciones que ha hecho, donde revela la manera como cumple sus compromisos. En una carta que el SIACOP le envió a González el 21 de febrero pasado le reproducen la versión oficial de una declaración que él hizo el 28 marzo de 2007 en una reunión extraordinaria de la junta direcƟva del Colpos. En esa reunión Félix González dijo: “El principio de equidad creo que no está bien uƟlizado y discrepo con el Sindicato. Reconozco que tenemos personal que no sólo se equipara a Cinvestav, supera las cifras. A esas personas, a esa gente producƟva, démosle esơmulos, se lo han ganado. Diİcilmente alguien jusƟficaría, que en aras de esa equidad, solo porque soy CPI y otros CPIs lo Ɵenen, o porque dice el arơculo tal de la ConsƟtución Mexicana, se Ɵene que dar un mejor salario”. El SIACOP se pregunta: “¿qué podemos esperar de un funcionario que no respeta lo que establece la Carta Magna de México?”
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COSTOSO Y ESCASO, EL CRÉDITO RURAL; NECESARIO IMPULSARLO COMO DERECHO UNIVERSAL
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o obstante cubrir 80 por ciento del territorio nacional y poseer la mayor parte de los recursos naturales, los 30 millones de pobladores rurales están excluidos de los servicios financieros. Los datos del más reciente censo agrícola muestran que en 2007 sólo 2.6 por ciento de los cinco millones 548 mil 845 unidades de producción rural (upr) contaban con crédito, esto es menos de la de por sí baja proporción de 16.9 por ciento que se registró en el censo anterior, de 1991, cuando las upr sumaban cuatro millones 407 mil 880.
MONOPOLIOS
Con estos datos, Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) dio inicio al foro La Agricultura Campesina en Búsqueda de un Sistema Financiero Rural en México, realizado el 25 y 26 de febrero en la ciudad de México. Allí destacó también que entre 1991 y 2007 el porcentaje de las upr con acceso a seguro cayó de 4.3 a 0.2, y mostró comparaciones entre México y otros países en materia de costos del crédito y de transacción. En nuestro país, dijo, hay productores que pagan tasas de interés de tres por ciento mensual, mientras que en Brasil son de 0.5 a tres por ciento anuales y en la Unión Europea un agricultor paga 1.5 por ciento anual y los jóvenes uno por ciento anual. Esto “implica una desventaja enrome” para nuestros campesinos.
Señaló que esto indica cómo el medio rural está abandonado. “Esto ha creado vacíos, y los vacíos se están llenando con narcotráfico, lavado de dinero, y la situación del agro es escandalosa, pues nuestra dependencia alimentaria asciende a 40 por ciento”. Suárez llamó a crear urgentemente un nuevo paradigma que revalorice a los campesinos como sujetos productivos, pues hoy se les niega eso y se les da sólo limosna pública. “Se les prepara para la migración y el control político”. Por tanto, es necesario pelear por el derecho de la universalización del crédito y hacer que los subsidios productivos, que van hacia los productores grandes, se reorienten a favor de la pequeña y mediana producción. Propuso particularmente que al menos 20 por ciento de los depósitos de las Afores se canalicen al fortalecimiento de la economía campesina y que se desarrolle una estrategia de impulso al asociacionismo campesino. Armando Bartra, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinador de La Jornada del Campo afirmó que la crisis actual no tiene precedente, pues es multidimensional (económica, ambiental, alimentaria, energética, de cambio climático, de agotamiento de recursos fósiles, con empoderamiento dramático del narco, necrosis del tejido social y deterioro de valores del gobierno, entre otros factores)
INSIGNIFICANTES AVANCES EN EL FINANCIAMIENTO RURAL
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atos oficiales dicen que en México un millón de personas del medio rural tienen acceso al financiamiento, y aunque son cuestionables, estas cifras muestran el enorme rezago en esta materia, debido a que Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) –la principal instancia de la banca de desarrollo del campo– suma ya más de 50 años fomentando este acceso, y, además, según datos de la Secretaría de Agricultura, en los años recientes los programas de crédito rural han aplicado 35 mil millones de pesos tan sólo en subsidios.
MONOPOLIOS
Isabel Cruz, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito (AMUCSS) hizo este comentario en el foro La Agricultura Campesina en Búsqueda de un Sistema Financiero Rural en México, y comparó la situación de México con otros países. “Guatemala, que es un país mucho más pobre que el nuestro, tiene un banco de desarrollo privatizado que hoy tiene cinco millones de clientes, y nosotros 50 años después tenemos un millón que además acceden vía intermediarios financieros privados”. O “Alemania, cuyo territorio es similar al de Chihuahua, cuenta con un sistema cooperativo de crédito con 150 años de antigüedad y propiedad de los productores, que implica más de 12 mil
FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC
• Mucho más accesible el crédito en Brasil y Europa • El cambio climático exige atención al agro
bancos locales y que hoy cubre 25 o 30 por ciento del mercado financiero total del país”. Detalló varios problemas que en México limitan el financiamiento. Entre otros: 1.si no hay una política agrícola adecuada, es inviable el crédito para los productores. Por ejemplo este año se da crédito para el frijol, que tiene precio de siete pesos el kilo, y al año siguiente cae a seis; se deteriora la capacidad de pago. 2.- Elegir quién da el financiamiento y cómo lo hace no es una decisión técnica, sino de estrategia política. Hoy el financiamiento se da vía la banca comercial –que prefiere otorgarlo al consumo, sin ningún compromiso con el país, con el aparato productivo– o intermediarios privados. Y si de los 35 mil millones de pesos que se han dado en subsidios vía programas con componentes de financiamiento rural, tan sólo una proporción se hubiera usado para crear intermediarios propiedad de los productores, éstos se habrían multiplicado de forma importante. Explicó que los países que se han desarrollado en agricultura tienen instituciones financieras propias de los productores, como es el caso de Cresol, en Brasil. En México la banca no tiene compromiso con los campesinos, y por eso los incentivos para ampliar el financiamiento al medio rural no deben ser en subsidios vía los
y por tanto los retos son enormes y lo que procede “no es hacer una poda” porque el capitalismo no salva al capitalismo y el modelo neoliberal está haciendo agua. Un paso que debe dar México es fortalecer a sus campesinos, dijo Bartra, pues “una economía vigorosa campesina significará freno para la estampida, será garantía de soberanía alimentaria, de productos sanos, inocuos y con identidad, y será el mejor remedio para los efectos del cambio climático”, pues la agricultura de pequeña escala es la cara opuesta del uso intensivo de agrotóxicos, lo cual es común en manos de predios de grandes extensiones”. Así, dijo, “este desaguisado no tendrá remedio si no hay nuevas políticas públicas en pro del campo y esto por supuesto debe ser apoyado por un sistema financiero”. En el propio foro Roberto Escalante, ex director de la Facultad de Economía de la UNAM, dijo que el cambio climático es un factor crítico para las decisiones del futuro del país y del planeta, pues es probable que sus efectos
actuales intermediarios, sino incentivos para el desarrollo local y con compromiso con las comunidades. El reto por tanto es construir instituciones financieras de los propios productores “y en ese sentido nos tiene que apoyar el gobierno desde la banca de desarrollo”. Y la banca de desarrollo debe reformarse. “Hay una iniciativa en la Cámara de Senadores que no se ha trabajado suficientemente, y que pretende fusionar FIRA con la Financiera Rural y crear un banco agrícola o rural; tendríamos además que revisar y reestructurar todas las instancias que atienden al campo, como el Banco de Servicios Financieros (Bansefi), el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (Fonaes), el Fondo de Capitalización e Inversión Rural (Focir) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), pues estamos gastando mucho en el aparato operacional; son recursos que deberían destinarse a financiar directamente y sobre todo a combinar los esfuerzos”. Isabel Cruz exigió coherencia, “y eso significa política de Estado que dicte: ‘vamos a crear instituciones financieras en el campo por medio de intermediarios de productores’ y eso significa una meta de dos mil o tres mil, y avanzar anualmente con 200, 300 o 400 nuevas”. También señaló que es necesario crear condiciones que fortalezcan las iniciativas campesinas. “Eso que lograron en Alemania las cooperativas agrícolas no lo podemos hacer en México porque aquí la ley impide que las
generen un deterioro de 11 a 20 por ciento en el Producto Interno Bruto nacional de aquí al año 2050. La situación exige que cambiemos el modelo de desarrollo, que tendamos hacia un enfoque vigoroso de distribución más equitativa del ingreso, y el tema agrícola debe incorporarse de una manera novedosa en los temas de crecimiento y desarrollo. Dijo que tan sólo tomando en cuenta la pérdida de producción que el cambio climático va a significar para el agro, el monto de crédito a este sector tendría que incrementarse en 64 por ciento, y es preocupante que la banca de desarrollo, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Financiera Rural estén a la zaga. “El cambio climático va a significar una acentuación de los riesgos y de la incertidumbre en la producción. También una modificación en la disponibilidad de bienes y vamos a tener que establecer prioridades sobre lo que necesitamos producir. Vamos a tener menos suelo, escasez de agua, restricciones naturales mucho más importantes que las actuales. Por eso, y considerando que no se ha inventado otra cosa en sustitución de seguir comiendo, las prioridades estarán puestas en el agro. Ni en el pasado ni hoy el sector financiero ha atendido al agro. Ahora debe revalorar su importancia”. Con el ejemplo de Brasil, Víctor Suárez consideró que sí son viables los cambios. En los tres años recientes seis millones de mexicanos se unieron a las filas de la pobreza alimentaria, dejaron de hacer tres comidas al día. En cambio, Lula da Silva sacó a 20 millones de brasileños de la pobreza extrema, los elevó de nivel. Esto es un asunto de política, de prever las necesidades de alimentación para los próximos cinco o diez años, (Lourdes Edith Rudiño) comentó.
cooperativas puedan tener patrimonios individuales, no pueden tener organizaciones de productores asociadas, y por tanto no pueden financiarles comercialización, o agro-industrialización. Las cooperativas en México no se pueden integrar financieramente para crear sus bancos regionales o sus empresas financieras”.
De 20 años a la fecha se amplió la brecha entre las zonas agrícolas más pobres y las más desarrolladas, y hay lugares pobres donde ni siquiera se puede dar crédito pues no hay en qué invertir Explicó que el escaso financiamiento al campo en el país se orienta a la agricultura, cuando el ámbito rural requiere soluciones múltiples, diversificadas. De 20 años a la fecha se amplió la brecha entre las zonas agrícolas más pobres y las más desarrolladas, y hay lugares pobres donde ni siquiera se puede dar crédito pues no hay en qué invertir. O hay el caso de comunidades donde hay instrumentos de ahorro y crédito que acumulan gran cantidad de dinero pero no hay demanda para el financiamiento. Es el caso de una comunidad en la Mixteca oaxaqueña, que en un año juntó siete millones de ahorro (provenientes de los migrantes) pero no había proyectos productivos para financiar. Por eso uno de los retos es crear oportunidades de inversión (LER).
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Brasil
FINANCIAMIENTO, CAPACITACIÓN Y TECNOLOGÍA AVANZAN EN EL AGRO
Evento: Inauguración de mural, presentación de libro sobre San Miguel Chiepetlán (Montaña de Guerrero) y eventos culturales en el marco de la celebración de los 520 años de la fundación de la comunidad. Organiza: Autoridades de la comunidad de San Miguel Chiepetlán, Asociación Civil Calpulli Tecuanichan A.C., Unidad Académica de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Guerrero, entre otras instituciones y miembros de la sociedad civil. Fecha: 19, 20 y 21 de marzo del 2010. Lugar: Museo Comunitario de San Miguel Chiepetlán, Tlapa de Comonfort, Guerrero. Informes: tidadaya@yahoo.com.mx.
• Cresol, sistema de cooperativas con números crecientes
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Adao Carlos dos Santos, directivo de Cresol, participó en el foro La Agricultura Campesina en Búsqueda de un Sistema Financiero Rural. Allí dio cifras de Cresol. Hace 15 años nació este sistema integrado de cooperativas contando con cinco puntos de atención; en 2007 sumó 73 cooperativas y 40 unidades de atención, para un total de 113, y en mayo de 2009 ya la cifra total ascendía a 159. Las bases sociales de Cresol eran mil 639 en 1996, 50 mil 885 en 2007 y para 2009 llegaron a 76 mil 375. Cresol es fiscalizado por el Banco Central de Brasil y sus cooperativas están constituidas y dirigidas exclusivamente por agricultores familiares. Tienen relación de negocios con el gobierno, con los bancos regionales y privados y con el central, el Banco de Brasil. En 2009 la operación de Cresol sumó 648 millones 251 mil reales, que aplicaron sobre 121 mil créditos pequeños medianos y grandes, y el crecimiento anual de su cartera (de 350 millones de reales en 2009) es de 30 por ciento anual; su patrimonio líquido es de 50 millones de reales y crece a una tasa anual de 35 por ciento; su cartera vencida es de sólo 2.8 por ciento, y el número de socios, 76 mil 375 avanza anualmente a un ritmo de 22 por ciento. (Un real brasileño equivale a 0.56 dólares estadounidenses). En entrevista, Adao Carlos dos Santos explicó que en Brasil hay una política de asistencia y democratización del crédito a favor de la agricultura familiar, y los demás agentes financieros que atienden a este tipo de agricultura también manifiestan una tendencia boyante. Eso tiene que ver con el gobierno y sus políticas. “Antes de la llegada del presidente (Luiz Inácio) Lula da Silva había grandes movilizaciones de agricultores por el acceso al crédito. En los años recientes los avances son inmensurables, avances en política pública, en crédito. Han crecido mucho con este gobierno las cantidades de crédito, las facilidades del crédito y otras políticas públicas complementarias, aunadas a un impulso a la educación principalmente para los pobres, los negros, los indios, que antes estaban excluidos de estos procesos. Esta población está ya ocupando un lugar en la sociedad”. Asimismo, antes se consideraba que la agricultura familiar simplemente producía para su subsistencia, y era un peso para la economía nacional. Desde hace tres años, con la Ley de Agricultura Familiar, y las investigaciones y análisis realizados, saltaron datos sorprendentes: 24 por ciento del área de producción y 34 por ciento de la oferta de alimentos está en manos de esta agricultura. También se le dio su lugar en la sociedad.
FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC
on el lema “Juntos somos fuertes”, más de 76 mil campesinos brasileños de escala familiar de los estados de Paraná, Río Grande del Sur y Santa Catarina están asociados en una serie de cooperativas de crédito integradas en Cresol, una instancia que nació en 1996 con la intención de promover el acceso al financiamiento, y que hoy no sólo cumple su objetivo sino que avanza en tareas que fortalecen la agricultura familiar: la formación y capacitación, el acompañamiento técnico y el impulso a la labor de los jóvenes y las mujeres. Adao Carlos dos Santos
Hoy día, “percibimos que las cantidades de recursos para la agricultura familiar no son un problema. Y debemos más bien avanzar en el acompañamiento al agricultor, la asistencia técnica, la comercialización, el abasto para el Programa de Alimentación Escolar (el cual exige una proporción de alimentos producidos localmente) y avanzar en organizaciones complementarias al crédito”. Ante la presencia en Brasil de grandes productores que concentran enormes propiedades rústicas y compañías monopólicas que se están interesando por adquirir tierras, más el uso intensivo de agroquímicos y de cultivos con riesgos como los transgénicos, los agricultores familiares están empeñados en permanecer y fortalecerse. No quieren que los arrasen los grandes propietarios, quienes pretenden generalizar sus prácticas de uso excesivo de insumos en toda el campo carioca. “Queremos permanecer con nuestra matriz productiva propia. Sabemos que la agricultura familiar tiene más preocupación por la sustentabilidad, por el medio ambiente, por la vida, y hay una economía solidaria”. En su ponencia en el foro, el directivo de Cresol afirmó que este sistema se enfoca a financiar actividades agrícolas, pero también de agroindustria y de agroecología; brinda además el servicio de seguros y tienen ya una cooperativa de tecnología, así como su Instituto de Formación de Cooperativismo Solidario, del cual es director Dos Santos. Allí se imparten las carreras de técnico en gestión de cooperativismo solidario, y de agente comunitario para el desarrollo de crédito, así como un postgrado en gestión de cooperativismo solidario; así, capacitan a los directores, funcionarios y consejeros de sus cooperativas. También resaltó que han ido incorporando a jóvenes y mujeres en las cooperativas, en el marco del interés de hacer que los agricultores familiares permanezcan en el campo con calidad de vida y respeto al medio ambiente. “Sabemos que la mujer es la que se preocupa por la sustentabilidad, por la construcción de la familia, por la educación, y la verdad es que en Brasil la mayor carga de la agricultura familiar recae sobre las mujeres. Por eso nos gusta que las mujeres estén trabajando hoy activamente en la gestión económica, en el crédito y la administración. La experiencia de Cresol es que las mujeres son mucho más responsables con el crédito”. (Lourdes Edith Rudiño)
Evento: Día Internacional de las Luchas Campesinas ¡‘No’ Al Control de las Transnacionales sobre la Agricultura y la Alimentación! Organiza: La Vía Campesina. Fecha: 17 de abril 2010. Lugar: En todo el mundo. Informes: viacampesina@ viacampesina.org / http://www.viacampesina.org
Evento: Día del Maíz. Por el rescate de nuestra cultura y la defensa de nuestro maíz. Organiza: Comunidades Indígenas por la Defensa del Maíz y Nuestra Cultura (CIUDEMAC) y Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI). Fecha: 16 de marzo del 2010. Lugar: Comunidad de Tempextla, Municipio de Tepetzintla. Sierra Norte de Puebla. Informes: Rocío Lombera: copevi@prodigy.net.mx.
Libro: El impacto de la crisis alimentaria en las mujeres rurales de bajos ingresos en México 2008-2009. Autores: La Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Blanca Rubio (coordinadora). Editores: INDESOL, La Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Cámara de Diputados. Informes: Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales.
Evento: Primera Feria “Indígena y Campesina La Milpa de la Mixteca”. Organiza: Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca “Hita Nuni” A.C. (CEDICAM), en coordinación con la Autoridad Municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca y el apoyo de la Asociación Maryknoll Oaxaca, Pan para el Mundo, Solidarité Entraide Mexique y las comunidades donde colabora CEDICAM. Fecha: 18 de marzo del 2010. A partir de las 10:00 horas. Lugar: explanada del Palacio Municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Informes: María Cecilia Oviedo: cecilia.asesoria@ xilotl.org.mx / Pidaassa Mexico pidaassa_mexico@yahoo.com.mx. Evento: Ecotianguis semanal Nahui Ollin. Organiza: Ecotianguis Nahuil Ollin. Fecha: Todos los viernes (10 a 17 horas) y sábados (11 a 15 horas). Lugar: Laura No. 83, Col. Villa de Cortés. Del. Benito Juárez. Tel: 5579-2525 Entre Calzada de Tlalpan y Plutarco E. Calles. La estación del metro más cercana es Villa de Cortés (salida oriente, Parque Victoria). Informes: Tianguis Nahui Ollin: nahuiollin_ecotianguis@yahoo.com.mx / Gabriela Jiménez Porta: gjporta@yahoo.com.mx / Luis Pérez Llamas: pell7011@yahoo.com.mx.
Evento: Foro Regional en defensa de nuestro maíz nativo. Organiza: Red en Defensa del Maíz, Kay Kab el Fruto Amargo, Maderas del Pueblo del Sureste, Skoltael Lum K ́inal, Tianguis de Productos Orgánicos y Naturales “El Huacalero”, Red Ambiental Ecosur. Lugar: “La Casa de la Iglesia” Tapachula, Xoconochco, Chiapas. Fecha: 17 y 18 de marzo del 2010. Informes: Kay Kab Fruto Amargo: (962)6263778 kaykab1@ live.com.mx / Maderas del Pueblo del Sureste: (967)11 6 05 05 www.maderasdelpueblo.org.mx / Skoltael Lum K ́inal: (962)1342564 skoltaellumkinal@hotmail.com / Red Ambiental “Cahoacan” 9626221122 jhcbta60@hotmail.com / El Colegio de la Frontera Sur: 9626289800 ext 5741, 43 y 44 http://www.ecosur.mx, rcuevas@ecosur.mx, rhernandez@ecosur.mx.
Libro: Lo que hay que tragar. Minienciclopedia de política y alimentación. Autor: Gustavo Duch. Editores: El rojo y el negro. Informes: http://loquehayquetragar.wordpress.com / http:// www.loslibrosdellince.com/libros.php?q=59 “El libro de Gustavo Duch retrata la maldición y la esperanza de este mundo que sus amos están jugando a los dados. Sus páginas, siempre decidoras, nunca pesadas, cuentan muchas historias y contienen numerosa información desconocida, en un lenguaje milagrosamente capaz de convertir el plomo en pluma. Aquí hay horror y hay humor, y amor. Porque esta denuncia implacable de los crímenes que el poder universal comete contra la naturaleza y la gente, es también un entrañable homenaje a la tierra y a las manos que la trabajan”. Eduardo Galeano
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ca consecuente con el cumplimiento de este derecho dispondría del presupuesto público suficiente para la realización y el mantenimiento de las obras necesarias para dotar a las poblaciones que carecen de ella, sin importar si éstas tienen la capacidad o no de cubrir los costos.
Aguas públicas BENEFICIOS PRIVADOS proponen soluciones alternativas a pequeña o mediana escala, tecnologías apropiadas, control social y comunitario del líquido.
Hilda Salazar
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as aguas son propiedad de la nación, establece el 27 constitucional, artículo paradigmático de los logros revolucionarios de los campesinos que se alzaron en armas. A un siglo del levantamiento, el derecho al agua para los pueblos sigue siendo una aspiración. Hay 12 millones de mexicanas y mexicanos que no acceden al agua potable y otros tantos millones la reciben de manera irregular o de mala calidad. El agua de riego se concentra en seis millones de hectáreas (de un total de 20 millones cultivadas) que aportan el 55 por ciento de la producción agrícola, en regiones del centro y norte del país, donde la disponibilidad del agua es realmente baja; en cambio, donde es abundante el líquido, no hay riego y se depende del temporal.
Los procesos de privatización de los servicios del agua se sustentan en dos razonamientos; uno es la falta de presupuesto público para infraestructura, mantenimiento y tratamiento. Y dos, que la empresa privada es más eficiente y menos proclive a la corrupción
La crisis del agua en México significa escasez e inundación, contaminación y enfermedad, sobre-explotación de acuíferos y hundimientos, presas vacías y otras repletas, lluvias escandalosamente abundantes y sequías prolongadas, predios anegados y tierras sedientas donde se malogran los cultivos. Y lo más preocupante es que el cambio climático exacerbará estos problemas.
Sin embargo, detrás las políticas hídricas e incluso de las leyes puede observarse el predomino de una de estas dimensiones del agua. Cuando el responsable de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asevera que hay que cobrar el agua hasta que duela se adscribe a la idea de que el mercado es el mejor regulador para un uso racional del líquido. Asimismo, en los incentivos otorgados por la Conagua –con recursos del Banco Mundial– para propiciar la asociación de los organismos operadores del agua con el capital privado o cuando se promueve la concesión total del suministro del agua a las empresas privadas, subyace la idea de que la obtención, el almacenamiento y la provisión del agua serán más eficientes si se vuelven un buen negocio; predomina la concepción de que el agua es un bien económico.
Ante ello los gobiernos anuncian inversiones millonarias para construir enormes represas para producir energía y proveer de líquido a las grandes ciudades; se emprende la construcción de la planta de tratamiento de agua más grande de América Latina; se cava un enorme túnel, el quinto de su tipo, para desalojar el agua –blanca y negra revuelta– del Valle de México... Comuneros, campesinos, pobladores y grupos ciudadanos se oponen a las megaobras. Algunos las rechazan porque significa su desplazamiento y la pérdida de sus tierras y recursos. Otros, porque las obras llevarán agua a las ciudades a costa del abasto rural y de los pueblos indígenas, quienes han cuidado históricamente de ella; unos más porque significan destrucción del medio ambiente y alteración del ciclo del agua con secuelas a futuro. Se
FOTO: Francisco Olvera / La Jornada
Los procesos de privatización de los servicios del agua se sustentan en dos razonamientos; uno es la falta de presupuesto público para invertir en la infraestructura que dote de agua a toda la población, así como para su mantenimiento y tratamiento. Y dos, que la empresa privada es más eficiente y menos proclive a la corrupción. Las experiencias de privatización –algunas de los cuales han empezado a revertirse muestran que muchas de las bondades del capital privado en la gestión del agua no se han cumplido. La construcción de infraestructura convencional es costosa sobre todo para llegar a las zonas en donde se carece de los servicios, tanto por las condiciones geográficas y topográficas –cuencas arriba– como por las características sociodemográficas dispersión poblacional y pobreza–. No es negocio llevar el agua a las zonas rurales y peri-urbanas pobres y, por ello, los capitales fluyen hacia los tramos de la gestión del agua que sí son altamente rentables. Así, la inversión privada nada ha contribuido –ni contribuirá– a la construcción de esta infraestructura, que por definición seguirá siendo pública. El asunto de si el gobierno tiene o no recursos para este tipo de inversiones sigue siendo una discusión abierta que debe analizarse a la luz de los presupuestos que año con año se aprueban en el Congreso y de su aplicación.
FOTO: Alfredo Domínguez / La Jornada
Agua ¿bien común, derecho humano o recurso económico? Estos enunciados no necesariamente representan una disyuntiva. La propia Ley de Aguas Nacionales sostiene que el agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental
La participación de las empresas del agua, todas ellas trasnacionales asociadas al capital mexicano, se ha concentrado en las ciudades de Aguascalientes, Cancún, Saltillo y Ciudad de México en el suministro de agua potable, con distintos grados de intervención; en otras urbes, como Monterrey, la inversión se ha orientado a las plantas de tratamiento. En las tres primeras los precios del agua se han incrementado notablemente para los consumidores y los servicios no han presentado mejoras sustanciales.
Retomar la idea de los bienes comunes del agua permite superar la visión dicotómica de lo público y lo privado, proponiendo formas colectivas de gestión que no necesariamente pasan por el control del Estado o del mercado En la Ciudad de México apenas ha iniciado el incremento de los precios, y esto curiosamente coincide con la propuesta de avanzar en los convenios firmados con cuatro empresas privadas. Hasta ahora, los servicios de las trasnacionales en esta urbe se habían restringido a la medición y cobranza; cuando se inicia el aumento de tarifas, se anuncia que las empresas se encargarán del suministro domiciliario y que recibirán el agua en bloque, con lo cual el control del líquido quedará en sus manos. Al mismo tiempo se realizan cortes ejemplares a los consumidores que no pagan el agua y así el gobierno adelanta el trabajo sucio a las empresas. El meollo del asunto no está en si los consumidores debemos o no pagar por el agua y cuánto; debe analizarse si el acceso debe basarse exclusivamente en criterios económicos. La discusión es cómo se evita que el control del líquido quede en manos de agentes cuyo único móvil es la obtención de la ganancia. Cuando se plantea que el agua es un derecho humano, se está proponiendo una visión distinta a la que privilegia los mecanismos del mercado. El bienestar y la sobrevivencia de las personas se colocan en el centro y los mecanismos económicos, institucionales y sociales para lograrlo están en función de ese objetivo, a saber: que todas las personas puedan disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Una políti-
Por supuesto que ello no agota la discusión sobre los subsidios a los servicios, el establecimiento de tarifas diferenciadas y la necesidad de incrementar los precios para aquellas personas y sectores que pueden pagar más. Pero son dos debates diferentes que se han asociado incorrectamente. Es posible que en ciertos casos un sistema justo de tarifas no arroje los recursos suficientes para financiar las obras o su mantenimiento en zonas con condiciones precarias y de alta marginación y que el subsidio público sea necesario. Es precisamente una visión de derechos la que permitirá distinguir cuándo el subsidio responde a una necesidad social y cuándo a los intereses privados de unos cuantos. Un enfoque de derechos no dejaría duda acerca de si es prioritario el subsidio del agua respecto del otorgado a bancos y carreteras. Concebir el agua, el aire, el bosque, la tierra y otros recursos como bienes comunes no es algo nuevo en absoluto y sus formas de gestión y apropiación han sido motivo de muchos escritos. No obstante, en los años recientes la recuperación de la noción de los bienes comunes ha surgido como propuesta analítica y también como alternativa para un uso y gestión más sustentable y equitativa de los recursos. Se habla del confinamiento o cercamiento de los bienes comunes mediante acelerados procesos de privatización que han corrido al parejo de la globalización del capital. Hoy son propiedad privada bienes que hasta hace poco parecían inapropiables, como el paisaje natural, el conocimiento tradicional de los pueblos originarios y el material genético. Posiblemente pronto estaremos discutiendo cómo acceder a un reparto equitativo de la atmósfera, pues se comercia ya con la función de la naturaleza de capturar carbono y pretende regularse el cambio climático fundamentalmente mediante mecanismos de mercado. Retomar la idea de los bienes comunes en lo que toca al tema del agua es interesante porque, entre otras cosas, permite superar la visión dicotómica de lo público y lo privado, recuperando y proponiendo formas comunes y colectivas de gestión que no necesariamente pasan por el control del Estado o del mercado. Hay algunos ejemplos de asociación pública-comunitaria que han dado buenos resultados en experiencias de gestión del agua que buscan mayor democracia y participación social y también eficiencia y viabilidad económica en países como Bolivia, Venezuela y Brasil. En nuestro propio país, hay experiencias que documentan cómo se ha recuperado una visión comunitaria del agua, mediante el establecimiento de acuerdos que permiten el libre acceso a fuentes de agua (pozos, manantiales y arroyos) de todos los habitantes, aunque legalmente los derechos del agua correspondan al propietario del predio. Los usuarios, a cambio, se comprometen a cuidar el recurso natural y cooperan con trabajo voluntario para mantenerlo en buenas condiciones. Es en estas prácticas en las que puede encontrarse una verdadera nueva cultura del agua y también una propuesta diferente para superar la crisis.
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John Burstein W.
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a reforma migratoria que se perfila en Estados Unidos (EU) corre el riesgo de caer en la irrelevancia si sus términos de referencia ignoran los profundos procesos sociales en juego. Dicha reforma debería reconocer que el fomento del desarrollo en México, en particular en las zonas de mayor emigración, es de vital interés para EU. Hago esta observación como promotor de proyectos de desarrollo rural y ciudadano de ambos países. Pese a las grandes barreras que separan a México y EU, cada vez hay una mayor conciencia de la realidad binacional. El muro fronterizo ya fue escalado y socavado por el intenso flujo comercial y financiero –legal e ilegal–, por la interpenetración cultural y, como factor principal, por los millones de seres humanos que migran con la confianza de tener el derecho de participar en el mercado laboral trasnacional, aun cuando éste no sea oficialmente reconocido. Por ello, causa desconcierto escuchar que el discurso político estadounidense sobre la reforma migratoria se elabora principalmente como si su carácter fuera sólo doméstico. Muchos lo vemos no sólo como un asunto bilateral, sino como un problema trasnacional, que afecta a América del Norte (AN) en su conjunto.
para incluir a México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 se restringió a la integración comercial y financiera, en particular la de México y EU. Sorpresivamente, a partir del TLCAN, el flujo migratorio entre México y EU se incrementó notablemente. Este movimiento masivo de trabajadores tuvo la peculiaridad de informalizar de manera significativa la economía estadounidense y aún más la mexicana. En este ámbito, ha surgido un movimiento social capaz de rebasar el marco político-legal del TLCAN. En México, el período descrito coincide con un esfuerzo de renovación política que combinó elementos de renacimiento y aborto, y se mantiene sin que el tema migratorio impacte en mayor medida las estructuras de la política mexicana. Si bien la migración iba a ser parte importante de la agenda bilateral en los días soñadores del equipo del ex presidente Fox, el ataque terrorista a EU en septiembre de 2001, por una fuerza externa subnacional (religiosa-política), colapsó el proyecto supranacional de la potencia del Norte y rápidamente la condujo a otro en el que predominó la agenda de seguridad nacional.
Tomemos el proyecto de integración europea como referencia comparativa. En 1952, un núcleo de países del viejo continente negociaron un acuerdo para el libre intercambio de acero y carbón. Para mediados de los 90s, la comunidad europea había transitado por un proceso de armonización socioeconómica que tuvo como resultado la creación de una entidad política supranacional con instituciones propias que, entre otras cosas, garantizan la libertad de movimiento de los trabajadores trans-ciudadanos europeos.
La migración popular –es decir la informal o “ilegal” y, sin embargo, cuasi-institucional y socialmente transformadora— se ha hecho indispensable para ambas economías. En EU ayuda a mantener la competitividad y en México genera una cantidad enorme de divisas. Sin embargo, esta situación dista mucho de ser sustentable. Por el contrario, está siendo vulnerada por la recesión económica y, sobre todo, por la crisis política generada por una clase de trabajadores clandestinos. Influye también el debilitamiento grave en las condiciones del campo mexicano por su relativa despoblación y la falta de un proyecto nacional de desarrollo incluyente.
Haciendo la salvedad de las enormes diferencias históricas entre Europa y América, fue apenas en 1987 cuando una visión regional norteamericana se formalizó con un tratado comercial entre EU y Canadá. Siete años más tarde esta visión se amplió y revolucionó
El TLCAN se suscribió buscando que el capital fuera el motor de la trasnacionalización económica de América del Norte. Pero, en realidad, esta trasnacionalización se debe al factor laboral. Los políticos y los empresarios compartieron el liderazgo en este pro-
FOTO: Cortesía ¿Transgénicos? ¡No gracias!
͏TRANSGÉNICOS? ͌NO, GRACIAS!
Durante la "Elotiza" activistas y ciudadanos celebraron la biodiversidad del maíz al compartir elotitos cocidos afuera del Hotel Hilton (frente a la EXPO), sede de la conferencia de la FAO sobre biotecnología, la primera semana de marzo Guadalajara.
FOTO: pies cansados
NO HAY POLÍTICA MIGRATORIA SIN DESARROLLO Y JUSTICIA
ceso que, como consecuencia, daría lugar a un movimiento social que debería liderar y lidiar con la trasnacionalización en América del Norte. O así sería lógico que fuera. En realidad este movimiento social en ciernes está funcionando al margen del TLCAN, en parte como una reacción a las potencias dominantes en la economía regional de “América del Norte”, y también como la expresión natural “latina” –es decir, de descendientes latinoamericanos en EU– de un despertar solidario hacia los compatriotas en sus lugares de origen. Esto da paso a la construcción de una nueva identidad “traslatina”. Este importante concepto será el que utilizaremos en el presente ensayo. Es preciso recordar que hay tres grandes grupos de población: los chicanos y demás estadounidenses de descendencia latina, los mexicanos residentes en México y los migrantes. Sería trágico que estos últimos se convirtieran en la manzana de la discordia. No obstante, la oportunidad está en reconocer que son los privilegiados para facilitar la construcción de la trasnacionalidad entre los distintos grupos de la nueva AN del siglo XXI. La interlocución entre estos tres grandes grupos implica entender la identidad del otro; sin embargo, en este caso las identidades se encuentran en plena construcción. Desde la perspectiva latinoamericana, esta etnia “latina” en EUA –por cierto, la más numerosa– puede verse extraña como un grupo unitario, pues está compuesta por una multiplicidad de nacionalidades. Además, tiene la característica de un grupo de reciente incorporación a EU: unos con la mirada más asimilada a la identidad estadounidense y otros en el particularismo de sus diásporas trasnacionales. ¿Cómo promover el paso del multiculturalismo al trasnacionalismo? Sonaría absurdo afirmar que aún es temprano para considerar una reforma migratoria en EU pues han pasado 20 años desde la última, misma que permitió regularizar a una parte importante de la población indocumentada de aquella época. Y como si estuviéramos condenados a la obsolescencia planeada, esta vez nos referimos a una población de 12 millones de personas a la que se le está negando derechos laborales, cívicopolíticos y demás de manera sistemática. Las razones humanitarias que pretenden resolver esta situación aberrante se erigen como una razón de peso para dicha reforma. Sin embargo, con la visión ultra-doméstica e inmediatista que amenaza prevalecer en una reforma migratoria estadounidense, hoy por hoy sólo podemos esperar algunas mejoras a la situación crítica real.
Tal vez el beneficio más contundente, si llega, sería la normalización del estatus legal de los trabajadores mexicanos en EU y, en consecuencia, la restitución de la “circularidad”, concepto que se refiere al tránsito de la gente entre sus lugares de residencia y origen. Debemos reconocer que la posibilidad de permanecer más ligados a las comunidades de origen sufrió un brutal retroceso debido al reforzamiento de la vigilancia fronteriza por parte de EU después del 11 de septiembre de 2001. El obstáculo más grande para dar paso a una reforma migratoria integral y de largo plazo se planta sobre la contradicción entre el asunto de los trabajos temporales y el desarrollo en los lugares de origen. Mientras la clase empresarial de EU busca canjear la mano de obra barata de los migrantes indocumentados por permisos de trabajo temporal, muchos nos solidarizamos con la postura sindical de protesta por la supresión oficial de los derechos laborales internacionalmente reconocidos que significaría otorgar estos permisos, aun cuando la pobreza estructural de los lugares de origen los hace deseables. ¿No sería mejor invertir en superar la pobreza estructural disminuyendo las causas de “empuje” de la emigración, a la vez que nos acercamos a una ciudadanía basada en la responsabilidad compartida de ambos Estados por garantizar los derechos humanos de manera integral mediante procesos civilespolíticos trasnacionales? En el fondo, mientras exista una brecha salarial abismal entre los dos países, no se solucionará el punto central en la agenda binacional de la migración. El hecho de que la mitad de la población mexicana viva en condiciones de pobreza es determinante para entender que la migración es resultado de un modelo de desarrollo económico ya no sólo mexicano sino binacional. Si es tan importante para la superación de la problemática, ¿por qué el tema del desarrollo rural no tiene mayor cabida en el debate sobre la reforma migratoria hoy en EU? En este punto coinciden tanto la visión doméstica estadounidense del blindaje, como una comunidad traslatina que aún no se ha consolidado con una postura visionaria alternativa, y el hecho de que México tampoco tenga un plan transformador del desarrollo. Dadas estas fortalezas y debilidades, hay que trabajar con los avances de una eventual reforma, pero sin perder la visión estratégica de una política trasnacional que cree una América del Norte moderna y civilizada, con mayor equidad en la economía, con soberanía y transciudadanía funcionando. www.tsotsil.com; burstein4@gmail.com
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DEMANDA STAVENHAGEN POLÍTICAS A FAVOR DE LOS CAMPESINOS E INDÍGENAS
de las obligaciones del Estado. ¿Quiénes se han puesto a analizar y estudiar si realmente se están cumpliendo estas obligaciones constitucionales que el propio país se ha dado? También tenemos desde hace 20 años el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, del cual México fue el segundo país que lo ratificó y por lo tanto tiene la obligación de cumplir sus principios. Y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en 2007, la cual fue promovida por la diplomacia de México en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
• Crisis prolongada deteriora al medio rural
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¿Dónde están las políticas para ayudarle al campesino, al indígena en el campo, en el lugar donde vive, donde está su tierra, donde están sus recursos? Esto es algo que debatí con mis colegas hace 40 años y no había esas políticas entonces, como no las hay tampoco ahora. Entonces vivimos una crisis desde hace mucho tiempo”, afirma Rodolfo Stavenhagen, ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas. “Es una crisis tremenda que vive el país, donde hay un síndrome de la pobreza, de la desigualdad (...) en el campo se han perdido suelos, la sequía avanza, la desertificación crece y los bosques y recursos bióticos desaparecen incluso de los parques nacionales y zonas protegidas porque no hay instituciones que los manejen bien, no hay presupuestos para mantenerlos, no hay voluntad política, hay corrupción, hay impunidad y violación de leyes y claro que se acaban los bosques”. El académico de El Colegio de México habla así en una charla a propósito de la reciente publicación del primer informe de la ONU sobre La situación de los pueblos indígenas del mundo. Comenta que en el país hay una gran incomprensión hacia el campesino, al indígena. “Todavía se apunta: ‘pobres indígenas; lo mejor sería que se vayan a la ciudad’, sin considerar que allí irían a sufrir desigualdad, porque en las ciudades están tan mal distribuidos la riqueza y el bienestar, que los índices promedio son altos porque algunos tienen cien veces más que los otros que no tienen nada”. Rodolfo Stavenhagen aboga por lo que los propios indígenas llaman “los diseños del buen vivir, que es lo que en algunas partes se llama el desarrollo con identidad, no el desarrollo que nos quieren imponer los organismos financieros multinacionales, los Estados, las trasnacionales, que sólo ven por su propio bienestar y sus bolsillos y están atentos a que si la bolsa sube o si baja”. Los pueblos indígenas de México y de otras muchas partes del mundo viven un proceso de pérdida de recursos naturales y comunitarios –que se privatizan, en el caso de nuestro país en el marco de leyes contradictorias que por un lado defienden los derechos de las comunidades y por otro privatizan la tierra–, de pérdida de cultura, de identidad, de lenguas. Hay políticas y esfuerzos, sí, que tratan de frenar este proceso, pero no reciben la suficiente atención ni presupuesto. Son entre otros la educación intercultural, las radios comunitarias –muy hostigadas precisamente porque cuestionan el modelo dominante de explotación– y alternativas de la sociedad civil y las organizaciones como la autonomía de municipios zapatistas
“Uno puede evaluar si tienen o no resultados en los términos como la economía nacional se mide, por ejemplo en productividad y eficiencia, pero hay muchas otras cosas, sobre todo el sentirse bien de la gente y sentirse partícipes de la sociedad y saber que toman sus propias decisiones sin interferencia de otros. Eso es lo importante y es el primer paso de los indígenas para asumir, concebir estos conceptos del buen vivir”. El investigador hace énfasis en la ausencia de políticas públicas en pro de los indígenas y en general de los campesinos. “Definitivamente sí hay racismo en la sociedad mexicana; no quiero decir que cada política del gobierno sea racista, pero los esquemas de apoyo al campo están diseñados para apoyar al agricultor entre comillas moderno, al agricultor comercial, al agroindustrial vinculado con el mundo exterior, con la globalización y no para los que están allí al lado, que, se dice, ‘son pobretones, no saben leer ni escribir, y a lo mejor hablan mal el idioma y no están organizados’. Claro que hay desigualdades discriminatorias muy fuertes en la aplicación y el diseño de política pública.
La pequeña agricultura campesina da empleo, trabajo, ingreso, sobrevivencia a mucha más gente, con muy poco capital, y muy poca tecnología, muchas veces ineficiente porque no ha recibido el apoyo que requiere en estudios, investigación, de crédito, de tecnología adecuada, para ser altamente productiva “En México se ha olvidado, se ha descartado la economía campesina. Se cree que es tradicional, regresiva, que no produce, que no es productiva, etcétera, que genera pobreza y que hay que apostar todo a las grandes extensiones, a la tecnificación, a la producción en gran escala, lo cual en el papel suena muy bien pero en la realidad no es exactamente así, porque lo que pasa con la pequeña agricultura campesina es que da empleo, trabajo, ingreso, sobrevivencia a mucha más gente, con muy poco capital, y muy poca tecnología, muchas veces ineficiente porque no ha recibido el apoyo que requiere en estudios, investigación, de crédito, de tecnología adecuada, para ser altamente productiva, incluso la producción de los cerros y los montes. No las grandes extensiones irrigadas del noroeste, sino la que hay en buena parte de tierras de temporal en muchas partes del país y no estoy inventando algo muy romántico e idealizado, como a veces se dice. “Hay lugares en el mundo, como el sureste asiático, donde hay una agricultura muy próspera de arroz, por ejemplo, y de otros muchos productos tanto para la subsistencia como para la comercialización, incluso la exportación, pero en pequeña escala, con
FOTO: Lourdes E. Rudiño
Lourdes Edith Rudiño
“Deben resolverse las contradicciones legales que afectan los derechos comunitarios”: Rodolfo Stavenhagen
uso intensivo de mano de obra y con alta productividad y tecnología adecuada a las necesidades, con pequeños tractores móviles, que se mueven a mano, que bajan y suben los cerros, que hacen un trabajo formidable, con bombas de agua pequeñas y móviles que se ponen en el pozo y sale el agua. “No se necesitan grandes presas, ni muchos millones de dólares de inversión, cuando se puede distribuir el costo entre la gente, generando productividad, ingresos y resultados inmediatos pero con una política planificada. “Aquí se podría hacer con una vieja tradición, invento mexicano antiquísimo, que es la milpa. Tiene grandes potenciales de diversidad agrícola, productiva, de producción de alimentos para el consumo local, de preservación de la tierra, del uso adecuado del agua, pero no ha recibido atención, ni apoyo. ¿Dónde están los centros de estudio, de investigación sobre la economía de la milpa?, ¿dónde están los proyectos del gobierno?, ¿dónde los apoyos bancarios y crediticios para la producción de la milpa?. Se dice mucho que los mexicanos se van al extranjero. Tal vez se irían menos si tuvieran aquí su agricultura de milpa apoyada y funcionando perfectamente bien. Allí es donde las políticas públicas han fallado y buena parte de esta población campesina milpera es indígena y ha perdido y está perdiendo a gran velocidad aquello que la sostenía durante tantos siglos.” Rodolfo Stavenhagen considera que el informe sobre pueblos indígenas de la ONU –el cual, espera, sea anual y logre fuerte influencia en la opinión pública como ocurre con otros reportes periódicos de la ONU, como el de la condición de los derechos humanos– debe abrir una discusión vasta, profunda y responsable sobre las políticas públicas que requieren los Estados para cerrar la brecha entre la legislación que protege los derechos indígenas y su implementación. Y debe ser considerado por los responsables de desarrollar y llevar adelante las políticas de Estado, “pues muchas veces entre ellos es donde está la falla”. Esto, agrega, “lo vemos claramente aquí. En México hubo una reforma constitucional en materia indígena en 2001, la famosa de la Ley Cocopa. Salió un nuevo artículo 2 constitucional. En su apartado “A” se habla de los derechos de los pueblos indígenas y en el “B”
Con todos estos instrumentos nacionales e internacionales que resguardan los derechos de las comunidades y pueblos originarios, “la situación de los indígenas en México deja mucho por desear. Así lo hablé yo en los informes que hice como relator especial de la ONU (...) No bastan los instrumentos jurídicos si no existen los mecanismos para su implementación, para que el Estado realmente cumpla con sus obligaciones”. Por otra parte está el hecho de que la “contra-reforma” al 27 Constitucional en 1992, impulsada por Carlos Salinas induce la privatización de las tierras ejidales y comunales y a que se disgreguen las comunidades, lo cual contradice los otros instrumentos legales mencionados, y “nadie ha dicho que debemos armonizar estas diferentes leyes”. “Se habla por una parte de los derechos que tienen los pueblos indígenas a sus propias tierras colectivas, tradicionales (y en muchas partes del mundo hay el reclamo de ‘nos han quitado la tierra, queremos conservar nuestro territorio’) pero por otro lado el 27 constitucional modificado abre la puerta a la privatización, a la individualización de la propiedad –con el argumento de que esto es necesario pues si el campesino no se siente dueño de su tierra, no va a asumir riesgos, no la va a hacer producir–. En los hechos lo que se ha visto mucho en el país, sobre todo en zonas de desarrollo económico y de agricultura desarrollada y en lugares turísticos, por ejemplo las costas en Yucatán y Quintana Roo, es que hay muchos intereses y entonces el ejidatario está feliz recibiendo su parcela pero de aquí a pocos años la vende porque tiene necesidad; claro, es un derecho pero la comunidad pierde sus tierras. Con el proceso de la individualización, toda la propiedad colectiva, la propiedad de la comunidad que era ejidal, puede pasar a manos de grandes compañías, extranjeras incluso, y puede cambiar de uso de suelo, y ya para los hijos de los campesinos y próximas generaciones ya no queda nada. “Este asunto se discutió mucho en el 1992 y no se ha vuelto a hablar tanto de eso, pero el proceso sigue; uno va a cualquier parte del país y donde antes era ejido y comunidad ahora ya son empresas algunas muy exitosas, no digo que no, pero a costa de la pobreza, el desplazamiento y las migraciones forzadas de los que no han tenido éxito, de los que han perdido en ese juego. Es un desarrollo contradictorio. “Así, el desarrollo e interés económico de unos cuantos prevalece sobre los derechos humanos de la mayoría y eso no debería ser. Debería ser al revés. Son los derechos humanos del pueblo, de la mayoría, que deben siempre prevalecer sobre los intereses de unos cuantos y eso no se está resolviendo en el país ni en otros muchos países”.