NO. 101 Colombia: inminencia by La Jornada del Campo

20 de febrero de 2016 • Número 101 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada Pag. 21

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LA REFORMA AGRARIA EN VIETNAM PARLAMENTARIOS Y NGUYEN DUC TRUYEN SOCIEDADES CONTRA EL TPP

COLOMBIA:

inminencia

TEMA DEL MES

“La primera guerra” *

Suplemento informativo de La Jornada 20 de febrero de 2016 • Número 101 • Año IX

Nos perseguían con batallones de tropa y por el aire con aviones ametrallándonos […] Rosa María

COMITÉ EDITORIAL

na larga guerra está por terminar. Iniciadas en noviembre de 2012, en unos días debieran llegar a su fin las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Santos, dando así por concluido el alzamiento armado de mayor duración ocurrido en este continente: más de 60 años.

Armando Bartra Coordinador Lourdes E. Rudiño Subcoordinadora Enrique Pérez S. Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal. Publicidad lajornadadelcampo@gmail.com Diseño Hernán García Crespo

PORTADA: Agencia Prensa Rural

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 53556702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Fueron coeditoras en este número del suplemento: Danae Astrid Álvarez Ruiz y Nelly Iveth Del Ángel Flores, antropólogas y estudiantes de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X).

Casi todos lo celebramos, pero me parece que la imagen que muchos tienen de las FARC es la de un grupo militar profesional que en nombre de una ideología y una estrategia inviable cometió crímenes contra el pueblo. Quizá. Pero la realidad es que estamos presenciando la terminación negociada de lo que en un principio y por dos décadas fue una guerra netamente campesina, un curso de autodefensa armada forzada por la barbarie de los hacendados y el gobierno. Y no está de más recordar que a fines de los 80’s, en el marco de negociaciones de paz, las FARC prohijaron una organización cívica electoral, la Unión Patriótica (UP), que ganaba diputaciones, senadurías y alcaldías, y los pacificados fueron víctimas de una salvaje represión que dejó miles de muertos, entre ellos Jaime Pardo y Bernardino Jaramillo, candidatos presidenciales de la UP. Podemos discutir la pertinencia o no de la vía armada pero sin olvidar que en el origen de las radicalizaciones políticas está casi siempre el genocidio. A principios del siglo pasado cobró fuerza en Colombia el tema de la tenencia de la tierra a resultas de que en algunas zonas como Sumapaz comenzaron a establecerse, a costa de los campesinos, extensas plantaciones de plátano y café servidas por jornaleros. Desde entonces se acentuaron las tensiones agrarias de los patrones con las familias proletarizadas, pero también con los arrendatarios y con los pueblos indios cuyos resguardos habían sido expropiados. La Ley 200, de 1936, que debía permitir el acceso de los sin tierra a terrenos incultos, en la práctica no operó, pero sí frustró a los solicitantes y radicalizó la lucha. A los hacendados los representaba el Partido Conservador, mientras que el Partido Liberal y en particular uno de sus líderes, el doctor Jorge Eliecer Gaitán, apoyaban la causa campesina. El 9 de abril de 1948 Gaitán fue asesinado y en Bogotá hubo una revuelta pronto sofocada, mientras que en el campo la rebeldía subía de tono. En Sumapaz, región de larga tradición organizativa, los campesinos tomaron las alcaldías al grito de “¡Viva la revolución!”. Un participante, Gerardo Gonzales, narraba que en Pasca “se unió la gente agrarista y se tomó la autoridad del presidente municipal” y, para defenderse, “la gente sacaba las escopetas que tenían en sus casas”. En los años siguientes se intensificó la vio-

lencia de las guardias de los hacendados, del Partido Conservador y del gobierno contra los campesinos liberales. Uno de sus líderes, cuya trayectoria era sintomática y representativa, Juan de la Cruz Varela, que había sido asambleísta y era presidente del concejo municipal de Icononzo, sufrió un atentado y tuvo que refugiarse en las montañas para salvar su vida. Fue transitando así de la lucha legal a la autodefensa y pasando de la militancia liberal a la militancia comunista. Y no era sólo Varela. En El Roble, en Galilea, en El Palmar, la gente acosada por la violencia conservadora salió de los pueblos y se refugió en lugares apartados protegidos por campesinos que portaban armas. Se conformaron así grandes concentraciones integradas mayoritariamente por colonos. Se calcula que en la región se desplazaron a la selva cerca de mil familias, pues sólo en El Roble había alrededor de 600 ranchos. Así lo cuenta Varela en sus memorias: “La primera guerra son precisamente los grandes genocidios cometidos en el país […] Entonces siguió la violencia, la matanza de la gente, la quema de casas […] Y principió la gente que estaba sufriendo mucho a echarme de menos porque yo andaba escondido en las cuevas por allá en los montes ‘¡Ay! Si viniera el compañero’ […] Entonces resolví un día, en la Vereda de Valencia, convocar a la mayor gente que hubiera sin decir que era yo […] Cuando asomé, la gente principió a mirarme y a creer que era mi espíritu […] ‘¡No compañeros, no es mi espíritu! ¡Soy Juan de la Cruz Varela en carne viva!’. Entonces les di instrucciones para que nos organizáramos y para la autodefensa y me aplaudieron. Esta fue una reacción totalmente espontánea ante las grandes matanzas y la quema de casas. Me fui de Vereda en Vereda, en forma clandestina, y veía que mataban gentes, niños, mujeres, quemaban las casas […] Y fui recogiendo la gente y más me enfurecía […] Entonces organizamos la defensa y principiamos la pelea y duramos tres meses resistiendo en la Vereda de El Palmar.” Es en esos meses que el gaitanista Varela ingresó al Partido Comunista, que tenía bases campesinas e impulsaba la autodefensa armada en el sur de Tolima, sobre todo porque el Partido Liberal, asustado por el endurecimiento de la confrontación rural, comenzaba a recular de su agrarismo y a pactar con los conservadores la desautorización de la lucha campesina. El episodio final de la que Varela llamó “la primera guerra”, porque después hubo otra cuyo epicentro estuvo en Marquetalia, fue la ofensiva militar de febrero de 1953 sobre los asentamientos en autodefensa armada que obligó a los resistentes a escapar por las montañas. Así lo relató el líder: “De la [posterior] evacuación de Marquetalia se habla de 500 personas, pero en El Palmar eran más de cuatro mil con los guerrilleros, andando por esas selvas, rompiendo cordilleras […] La aviación por encima bombardeando y ametrallando. Después de tres meses, cuando metieron la aviación, rompimos el cerco. Y toda la gente se fue. Y murió mucha gente por el camino. Mujeres que iban embarazadas daban a luz y con la criatura ahí se paraban. Y les decíamos ‘¡Va-

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mos!’. A muchas se les murieron los niños y los escondían tapaditos entre los brazos […] Los guerrilleros descubrieron que llevaban niños muertos y me consultaron. Yo les dije: ‘Hay que quitárselos, qué hacemos, no podemos cargar muertos’. Tenían que quitarles los niños y tirarlos en la selva […]” En el terrible éxodo todos sufrieron. Pero por fortuna no todas las mujeres perdieron a sus hijos. Este es el testimonio de Rosa María: “Eso fue en 1953 […] Nos perseguían con batallones de tropa y por el aire con aviones ametrallándonos. Huimos talando monte, subiendo y bajando por altos precipicios, prendidos de bejucos […] Y así fue como murieron muchos niños y ancianos desnucados porque se desvanecían y caían encima de las piedras, pues pasábamos días sin probar comida. Pero en esa huida también nacieron muchos niños entre las montañas, bajo el agua, el sol y el sereno de la noche. Casualmente esa huida la hice yo cuando apenas tenía dos días de nacido mi hijo Jorge. Me tocó coger la montaña enseguida […]” En su Séptimo Congreso, de abril de 1952, el Partido Comunista había decidido apoyar la “autodefensa de masas” de los pueblos, y muchos campesinos que habían sido liberales se aproximaron a ellos. Se formó así una nueva generación de dirigentes que impulsó esta forma de resistencia y en ocasiones la conformación de grupos guerrilleros en sentido estricto. El resultado de la violencia represiva y las acciones armadas para hacerle frente fue la reproducción de los asentamientos en resistencia que fueron conocidos como “repúblicas comunistas independientes”. La más conocida y persistente fue la de Marquetalia, que se mantuvo hasta 1965, cuando fue arrasada por el ejército. Al año siguiente surgieron las FARC como grupo guerrillero propiamente dicho. Fue el genocidio lo que llevó a los campesinos a la autodefensa armada, y fue el arrasamiento de los asentamientos en resistencia lo que condujo a la conformación de focos guerrilleros. La guerrilla latinoamericana es mucho más que un “método”, es una prolongación de las guerras campesinas por otros medios. De su natural radicalización, dice Varela: “Yo recuerdo que después de la muerte de Gaitán y sin que nadie me invitara me matriculé en el partido comunista. Porque murió Gaitán, murió el compañero Valencia y yo perseguido y víctima de una infinidad de atentados, no podía dejar que el movimiento agrario se perdiera. Entonces, en esta situación, pedí mi aceptación al partido. Conservo la contestación que fue en 1952, cuando ya estábamos en plena guerra […]” *Al profesor Julián Sabogal le debo que me haya facilitado la amplia investigación de Rocío Londoño sobre Juan de la Cruz Varela, de la que provienen los testimonios que cito en este texto.

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20 de febrero de 2016

VISITA DE ESTUDIANTES DEL DOCTORADO EN DESARROLLO RURAL DE LA UAM-X Nelly Iveth Del Ángel Flores

n abril y mayo de 2015, un grupo de estudiantes y profesores de la séptima generación del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en su nivel Doctorado, visitamos Colombia y tuvimos la oportunidad de convivir con organizaciones de campesinos, indígenas, afrocolombianos y académicos de los departamentos de Bogotá y Boyacá en el centro y El Cauca en el suroccidente de aquella nación sudamericana, que pese a la distancia es tan cercana a México en muchos sentidos. Sostuvimos diálogos con nuestros generosos anfitriones para conocer sus propuestas políticas y/o académicas, sus formas de organización, las demandas en torno al derecho a la tierra y el territorio. También nos explicaron sus luchas por la soberanía alimentaria y la dignidad del trabajo campesino, así como la construcción de autonomías. Por nuestra parte,

identificamos los principales elementos de sus contextos de lucha, en muchos casos semejantes a los presentes en nuestro país y nos empapamos de sus experiencias y visiones; para fortalecer las reflexiones y prácticas en los escenarios y causas en las que cada uno de nosotros participa. Confirmamos la afinidad entre las realidades y problemáticas que viven nuestros pueblos, que intuimos se extienden a toda Latinoamérica y que, en no pocas ocasiones, tiene los mismos antagonistas: los grandes proyectos extractivistas, la aplicación de políticas neoliberales y globales asociadas a grupos de poder locales, la subalternización de los pueblos indígenas y afrocolombianos, entre otros aspectos. Empero, sin duda, nos regocijamos también al conocer la vitalidad y logros de los movimientos, organizaciones, redes e instituciones educativas con quienes resultaría profundamente beneficioso intercambiar experiencias y de las cuales hay mucho que aprender. He En este número de La Jornada del Campo mostramos un poco de lo que está oportunidad nos brindó.

CRONOLOGÍA DE VIOLENCIA Y DESPOJOS DE TIERRA EN COLOMBIA*

respuestas armadas y de autodefensa campesina. En estas tierras en disputa entre la reproducción del capital y la resistencia de las comunidades, destacó la lucha dada por el movimiento indígena campesino encabezado por Quintín Lame en el departamento del Cauca. Fueron numerosas las expresiones de oposición de los campesinos contra la reducción sistemática de sus espacios de vida, pero alcanzaron muy contadas victorias; aun así, con el correr de los años ayudaron a fortalecer una cultura de resistencia que habría de enfrentar nuevos embates, entre ellos la lucha contra el capital transnacional.

Luz Angélica Dueñas Checa Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco

Aun así, en medio de la geografía del terror instaurada para alcanzar el máximo nivel de acumulación de riqueza (según conceptualización de Ulrich Oslender), los procesos organizativos de resistencia se mantuvieron siempre presentes. La lucha por la tierra y la violencia pueden caracterizarse en cuatro periodos:

Segundo periodo, 1920-1965: Se caracterizó por la modernización capitalista donde las contradic-

ciones con el régimen señorial hacendatario se agudizaron y se hizo necesario transformar las relaciones de propiedad para superar este régimen por medio de la “democratización de la propiedad”. Se generó entonces una serie de reformas agrarias orientadas al fortalecimiento de la naciente clase burguesa del país, la cual se forjó vía la concentración de la propiedad latifundista de la tierra en oposición a la clase trabajadora rural y de las mayorías campesinas desposeídas del país. La modernización capitalista de este periodo se sustentó en la consolidación de la economía cafetera y la apertura al proceso de industrialización basada en la sustitución de importaciones.

Tercer periodo, 1960-1980: Ocurrió un proceso de transición del régimen de acumulación productiva hacia un régimen neoliberal de financiarización, debido esencialmente a la crisis del proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones y a la pérdida de influencia de la economía cafetera tras la crisis de la bonanza.

Esta nueva dinámica produjo formas de resistencia que van desde la colonización de tierras que amplían la frontera agrícola hasta las

Para la salida a esta crisis, se propuso una nueva Reforma Agraria (Ley 135 de 1961), con la cual se cerró cualquier posibilidad de democratización de la propiedad de la tierra por la vía institucional, manteniendo así el poder latifundista ganadero y agroindustrial. Ahora sí se abandonó toda mirada al sector rural, agudizando las formas de represión y violencia contra los movimientos sociales, obreros y campesinos.

ILUSTRACIÓN: Diego Pombo

Primer periodo, 1819-1920: Los cambios socioeconómicos que se produjeron después de la Colonia llevaron a la formación de un Estado colombiano donde los grupos de poder generaron varias formas de apropiación de los recursos naturales y de control de la población. Fue un tiempo de larga duración, en el cual se conservaron las formas de apropiación de la tierra derivadas de la Colonia. Esta economía se basó en un régimen señorial hacendatario, en el que la extrema concentración de la tierra en manos de latifundistas se construyó de forma violenta, por la vía de los ciclos colonización-conflicto-migración-colonización y se consolidó por medio de la guerra y de las llamadas “leyes del despojo”.

a lucha por la tierra ha sido una constante en la historia de Colombia. Desde la Conquista hasta nuestros días, las clases dominantes han ejercido su poder y todo tipo de violencia para despojar a las comunidades de sus territorios: exterminaron pueblos enteros, desplazaron a millones de personas, torturaron y desaparecieron a campesinos, indígenas y afros que luchaban por la tierra.

De acuerdo con Darío Fajardo, en su artículo “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana” (publicado en 2015 en el libro Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Bogotá, Colombia: Sin editorial), en 1961, “como resultado de la aplicación de la guerra contrainsurgente, las regiones en donde habían surgido organizaciones campesinas fueron arrasadas y el campesinado some-

tido a muy difíciles condiciones de existencia […] círculos políticomilitares norteamericanos diseñaron la iniciativa contrainsurgente de carácter “preventivo”, para aplicarla contra las comunidades campesinas refugiadas en las montañas, las llamadas ‘repúblicas independientes’”. Esta iniciativa sería “el acompañante militar de la ley de reforma agraria”. El mismo autor señala que “en prosecución de este propósito, el desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional contemplaba la articulación y movilización de todo el ‘poder nacional’, incluyendo las formas institucionales: en primer lugar las fuerzas armadas, las demás entidades del Estado, las organizaciones de la sociedad (gremios, medios de comunicación, iglesias), y ‘no institucionales’, representados en particular por los grupos paramilitares”. Ello sin embargo tuvo como respuesta el surgimiento de distintas expresiones de insurgencia armada, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), señala. La política de asistencia militar de Estados Unidos se implementó vía el “Plan Colombia”, con el justificante de luchar contra el narcotráfico. Tal Plan le asignó al país el carácter de laboratorio de la “guerra contrainsurgente”, profundizando la concentración de la tierra y el poder político en muy pocas manos; la pobreza extrema especialmente en el campo, el desplazamiento masivo, las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos y la criminalización de la protesta social. Todo el despliegue institucional, político y militar tenía el fin de resguardar los intereses del capital, que giraban hacia la industria de la construcción, especialmente de la vivienda, dando impulso a la acumulación financiera y consolidándola en 1990 con la política

20 de febrero de 2016

CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR EN COLOMBIA: UN EJEMPLO DE UNIDAD EN LA LUCHA POR LA DIGNIDAD Y LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR RURAL FOTO: Manuel Espinosa Antonio Espinosa Sánchez

Luz Angélica Dueñas Checa Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco

neoliberal de apertura económica durante el gobierno de César Gaviria Trujillo. En este periodo, se produjo la inserción de la economía colombiana en la economía corporativa trasnacional de las drogas de uso ilícito, primero con la mariguana y luego con la producción de cocaína en la década de los 80’s, situación que no sólo estimuló la especulación inmobiliaria en las ciudades, sino que además provocó mayor concentración de la tierra y ampliación de la frontera agrícola por los nuevos ciclos de colonización campesina, que encontraron en esta actividad una salida al empobrecimiento violento al que se han visto sometidos los campesinos. A la sombra de esta economía trasnacional se propició una creciente militarización de la vida económica, política, social y cultural del país. Cuarto periodo, 1990-2015. Fueron los años de consolidación del régimen neoliberal de financiarización, caracterizado por la conformación de un nuevo bloque de poder que tiene actualmente la hegemonía del capital financiero producido por la creciente trasnacionalización y desnacionalización del proceso económico. La acumulación por despojo es característica de este bloque de poder, igual que en todo el proceso histórico. El proceso de neoliberalización, amparado en el proyecto políticoeconómico de la llamada “Revolución Pacífica” no sólo ha agudizado el conflicto social y armado, sino que además le da continuidad y persistencia, pues logra establecer nexos entre las dinámicas de expropiación-apropiación territorial, la economía de la guerra y los procesos de acumulación, y entre el régimen de luchas y la destrucción de los procesos organizativos populares. *Extracto editado del proyecto de tesis de la autora para alcanzar el título de doctora en desarrollo rural, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xocimilico (UAM-X). “Zonas de Reserva Campesina en Colombia: Una experiencia alternativa al desarrollo rural”.

Porque quien sabe las problemáticas del campo es el movimiento agrario, el movimiento indígena, el movimiento afro, el movimiento campesino, el movimiento popular, quienes saben de los problemas de la soberanía alimentaria somos nosotros, quienes tenemos propuestas para superar la crisis somos nosotros, quienes nos hemos pensado, nos hemos organizado alrededor de buscar soluciones para el campo somos nosotros, por lo tanto no solamente con nosotros debe contar para diseñar una política que apoye todas las propuestas que desde el movimiento agrario se lideran, no solamente para liderarla sino para ejecutarla, para hacerle seguimiento, para que se empodere este movimiento agrario de los cambios y las transformaciones en el país. Andrés Gil, vocero de la MIA en Rueda de prensa Cumbre Agraria.

a agudización de la política neoliberal en Colombia ha fortalecido los procesos de resistencia social, especialmente los movimientos del sector rural que desde siempre han marcado un punto de inflexión en la historia de las luchas sociales de nuestro país. La implementación del modelo neoliberal inicia en 1990 con la apertura económica promovida por César Gaviria, pasa por el desarrollo del Plan Colombia y culmina en esta etapa con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2012 durante el gobierno de Juan Manuel Santos; este panorama ha profundizado las problemáticas agrarias y sociales históricas y ha sumido al sector rural en condiciones de extrema pobreza. Sin embargo, a la vez que estos procesos generan explotación, dominación y exclusión, también se constituyen en dinamizadores del movimiento social, que no sólo está resistiendo, sino además está generando alternativas para la construcción de un nuevo país, de un país en paz y con justicia social y que en las voces del propio movimiento ha sido denominado “Sembrando esperanza, cosechando país”. Este movimiento de resistencia, que a todas luces se ha constituido en contrahegemónico, ha puesto en jaque los intereses del capital. Sus integrantes han logrado por medio de las dos grandes movilizaciones ocurridas en 2013 y 2014, ser reconocidos como sujetos sociales y políticos capaces de pensar, discutir, plantear y ejecutar las condiciones de vida para sus comunidades, lo cual se verá reflejado en la Reforma Rural Integral como parte de los acuerdos logrados durante esta movilización que ha sido llamada por algunas organizaciones “dignidad campesina” y por otras “la revolución de las ruanas”. “Dignidad campesina” o “la revolución de las ruanas” inicia con la inconformidad de diferentes organizaciones, y destacan por su activa participación de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Coordinador Nacional Agrario y la Mesa de Interlocución y Acuerdo, y concluye con la articulación de campesinos, afrodescendientes, indígenas y sectores populares en la denominada Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y

Popular, que se constituye en la máxima expresión de unidad por la transformación del sector rural en Colombia y que cuenta con una plataforma de lucha para negociar directamente con el gobierno de Juan Manuel Santos una verdadera Reforma Rural Integral. En febrero de 2016 está convocada la Cumbre Agraria para continuar con la discusión de lo que debe ser materializado en la Reforma Rural Integral. Estos son algunos de los elementos que promueve la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular: • Las comunidades definirán los usos del territorio y las maneras de habitarlo de acuerdo con una política diferencial que incluya las distinciones étnicas, regionales y productivas. El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo: seguridad jurídica para las figuras colectivas de gobierno propio como Zonas de Reserva Campesina (ZRC), resguardos indígenas y territorios colectivos afrocolombianos, y reconocimiento de los derechos de indígenas, comunidades afro y campesinas al territorio. • Política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra con enfoque territorial. • Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades campesinas, indígenas y afro, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o extranjeros. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los pueblos. • Manejo público y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas. • En las ciudades se deben realizar pactos con las áreas rurales y municipios que las abastecen de alimentos, que prioricen la articulación de las zonas agroalimentarias, las

de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas y territorios ancestrales, para acciones tales como preparación y venta de despensas alimentarias y apoyo a las economías campesinas. • Garantías de retorno al campo de las personas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos y garantías para quienes decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de las problemáticas urbanas que surgen de modelos de despojo del sector rural. • Reformulación del modelo de redistribución de las rentas petroleras y mineroenergéticas, con el fin de invertir en el desarrollo rural. • Transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica que regule el mercado. • Fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana. • Desmonte de todos los tratados de libre comercio y freno a la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional. Todos estos puntos son extractos de algunos de los mandatos que resultaron de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular 20132014 y que se constituyen en la plataforma de lucha para la negociación con el gobierno para la Reforma Rural Integral. Esta plataforma de lucha demuestra la claridad política del movimiento rural ahora fortalecido por la unidad de los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes y algunos sectores populares que tienen un objetivo común: la consecución de la paz con justicia social y la defensa de un modelo de economía propia que permita la construcción de otro mundo, de otras formas de habitar la tierra y nuestros territorios.

20 de febrero de 2016

TENENCIA DE LA TIERRA, VIOLENCIA Y MEGAPROYECTOS EN COLOMBIA: ALGUNAS REFLEXIONES PARA MÉXICO Alfredo Méndez Bahena

l sistema capitalista opera sólo en la medida en que pueda elevar de forma permanente la tasa de ganancia, premisa que ha llevado a numerosos y salvajes procesos de despojo y destrucción ambiental y cultural en todo el mundo a lo largo de los siglos recientes. La escala e intensidad de estos procesos destructivos se reflejan en profundas transformaciones a nivel planetario, dando lugar a la encrucijada que diversos autores han llamado crisis civilizatoria, pues pone en entredicho la viabilidad de la existencia de la humanidad en el largo plazo. Por más que se hable de la terciarización de las economías, en la actualidad en toda Latinoamérica siguen operando diversos procesos de acumulación de capital basados en el usufructo directo de la tierra, por lo que los mecanismos para permitir el acceso de los capitales a los territorios constituyen un punto nodal en la política de los gobiernos “nacionales” en todo el Continente. Estos mecanismos van desde la modificación a los marcos jurídicos nacionales para legalizar el despojo, hasta la creación de escenarios de guerra para desplazar población y restringir las garantías individuales y colectivas, pasando por supuesto por la criminalización de la lucha social que busca defender a la población y a sus territorios. Tenencia de la tierra y violencia. Estos procesos ocurren tanto en México como en Colombia, aunque con las especificidades de cada caso. Esta contribución pretende hacer un breve análisis de lo que ha ocurrido al respecto en aquel país en las décadas recientes, para tratar de extraer algunos aprendizajes para la actual coyuntura mexicana. Una de las principales diferencias radica en la tenencia de la tierra: en México 52 por ciento de la superficie nacional se encuentra bajo propiedad social, mientras que en Colombia, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2011, 52 por ciento de la tierra está en manos del 1.15 por ciento del total de la población; menos de mil familias acaparan 70 por ciento de las mejores tierras, mientras que 1.5 millones de hogares campesinos no tienen dónde cultivar para comer. Estas cifras evidencian el fracaso de los diversos intentos de reforma agraria promovidos a lo largo de 40 años, que no han logrado una

transformación significativa en la estructura de la propiedad. Por el contrario, como lo expresa Isaac Marín, del Congreso de los Pueblos, el clima de violencia imperante ha provocado desde la década de los 90’s la expulsión de ocho millones de personas del campo, es decir, un auténtico vaciamiento del medio rural colombiano. Paralelo a ello se ha producido una compra masiva de tierras de parte de los narcotraficantes y la expropiación por parte de grupos armados ilegales, lo que condujo en los hechos a una “contrarreforma agraria armada”, incrementando en gran medida la concentración de la tierra. Según la Comisión de Seguimiento a las Políticas Públicas sobre Desaparición Forzada, entre 1980 y 2010, 6.6 millones de hectáreas de tierras fueron abandonadas o usurpadas; otras fuentes consideran que la cifra podría llegar a los diez millones de hectáreas. Estas tierras, despojadas a sangre y fuego, se encuentran actualmente en manos de los grupos paramilitares y narcotraficantes, utilizadas principalmente para el cultivo de palma aceitera o bien para la extracción minera. Uno de los más graves desplazamientos masivos tuvo lugar en la parte norte del Chocó, entre 1996 y 1997, cuando 20 mil personas fueron brutalmente despojadas de sus territorios, en la llamada Operación Génesis. “Nosotros nos dimos cuenta”, relatan personas de las comunidades que fueron bombardeadas y cazadas como animales en medio del bosque, “que nuestro desplazamiento no era por ninguna guerrilla, sino por intereses económicos”. Las compras de tierras con capitales ilícitos y los desalojos forzados permitieron constituir neolatifundios a costa de la pequeña y mediana propiedad, que se destinaron a la especulación, o para ejercer dominio armado sobre un territorio por razones políticas, estratégicas o militares. Este fenómeno provocó una grave distorsión institucional sobre los derechos de propiedad, y en particular un proceso de involución en los derechos de propiedad territorial y sus usos, al establecerse territorios de dominio al estilo feudal (ejércitos privados o por fuera del control del Estado que utilizan la fuerza para controlar un territorio), en una sociedad y ambiente capitalistas que se enmarcan en un proceso de globalización de mercados de materias primas.

Este control territorial es el responsable del desplazamiento forzado de los habitantes rurales y del despojo de sus pertenencias, incluyendo la tierra. Este fenómeno acentuó la pobreza, contribuyó al crecimiento de las economías informales y generó inseguridad alimentaria a escala familiar, afectando también la formación y el desarrollo del capital social, desestructurando relaciones sociales tejidas históricamente y agudizando los factores de concentración y desigualdad en el campo. Durante décadas, los campesinos se han visto en medio del fuego cruzado entre el narcotráfico, la insurgencia armada, la delincuencia común y grupos paramilitares conformados entre ganaderos, comerciantes, ex militares y militares activos, que se armaron para defender sus intereses económicos y desplazar a los campesinos para apropiarse de sus tierras. La emigración forzada de campesinos pobres y sin tierra a los centros urbanos exacerbó la histórica situación de pobreza del pueblo colombiano. Casi la mitad de la población colombiana vive en la pobreza (42.8 por ciento) y más del 22.9 por ciento en pobreza extrema. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, llega al 0.85 en una escala de 0 a 1. En 2008 Colombia fue el sexto país más desigual del mundo. Teófilo Acuña, quien es parte del Congreso de los Pueblos, afirma que el conflicto social en Colombia es por la tierra, pues el gobierno promueve abiertamente el despojo a los campesinos a partir de tres proyectos, la minería, la agroindustria (principalmente palma africana) y la construcción de la infraestructura que requieren los dos anteriores. En el mismo sentido, Darío Fajardo, investigador de la Universidad Externado, afirma que el desplazamiento forzado y la usurpación de tierras fueron instrumentos para operar el tratado de libre comercio firmado en 2005, pues se buscó garantizar una inmensa mano de obra desplazada, desorganizada y aterrorizada, al tiempo que se generaban territorios francos para instalar proyectos extractivistas de muy alto impacto ambiental. Los desiertos de palma africana. El cultivo de la palma africana se inició en Colombia 60 años atrás, pero se ha consolidado a partir de los años 80’s. Para 2001 se estima que había 170 mil hectáreas de palma aceitera en Colombia y el entonces presidente Álvaro Uribe proclamaba que “el país debe tener 600 mil hectáreas de palma

africana”, dejando clara la importancia que se le asignaba a esta actividad en los planes de gobierno. Fue así como durante años el gobierno colombiano promovió fuertemente su cultivo, estableciendo incentivos financieros y hacendarios, dando facilidades para la entrada de empresas trasnacionales y dejando inermes a millones de campesinos que fueron desalojados con el uso de las armas para arrebatarles sus tierras. En el contexto de un muy largo y complejo proceso de pacificación, el gobierno concedió un papel central al cultivo de la palma africana como parte de su estrategia. Bajo el argumento de su alta rentabilidad y su demanda en los mercados internacionales, se manejó que era el producto ideal para promover la conversión de los cultivos ilícitos hacia una economía formal pero que mantuviera altos márgenes de ganancia. Fue así como se gestionaron cuantiosos fondos internacionales para promover este cultivo, y como, según cuenta Javier Orozco, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en Colombia del Gobierno de Asturias, la Unión Europea terminó financiando por medio de los Fondos de Cooperación al Desarrollo proyectos para la siembra de palma que “finalmente benefician a los paramilitares”. Fue con financiamientos como el mencionado, supuestamente para apoyar el proceso de paz, que la palma aceitera se convirtió en la mayor causa de cambio en el uso del suelo, avanzando a costa de enormes extensiones de selvas tropicales y zonas campesinas de producción de alimentos. Según los datos de la Federación de Productores de Palma, para esta década, Colombia se convirtió en el cuarto productor mundial de aceite de palma y participa con 1.4 por ciento del volumen global. Esta actividad es responsable de seis por ciento del

PIB en el sector agropecuario, con una superficie cultivada de 500 mil hectáreas que producen más de un millón de toneladas de aceite crudo. En la provincia de Bolívar, existen zonas donde la palma aceitera ocupa hasta el 80 por ciento de la tierra cultivable, desplazando de forma dramática los diversos cultivos destinados a la alimentación. El propio Instituto Colombiano de Desarrollo Rural reconoció en un informe gubernamental, resultado de una comisión de verificación en octubre de 2004, que “el 95 por ciento de la palma se encuentra sembrada de manera ilegal” y requirió “detener de inmediato el avance de las siembras”. El rostro oculto de los biocombustibles. El auge en la producción de biocombustibles fue motivado por la ventaja comparativa que representa para los países consumidores de energía a gran escala, pues el cambio de un combustible a otro (de petróleo a biocombustibles) no exigía grandes inversiones, pero aparentemente genera grandes beneficios ambientales para la humanidad. El mayor consumo energético de petróleo en el mundo y a la vez el más contaminante es destinado al transporte (carros, aviones, barcos), por lo que la sustitución por los biocombustibles se promovió, sobre todo en los países “desarrollados”, como la panacea a los problemas del calentamiento global. Los biocombustibles se presentan no sólo como una fuente energética renovable y por tanto no perecedera, sino que además se argumenta que emiten menos gases de efecto invernadero. Si bien la renovabilidad es cierta, lo que se omite decir es que su producción está generando un problema de competencia en el uso de la tierra entre la producción de alimentos y la producción de materias primas para combustibles. También que el agronegocio necesitaría grandes extensiones de tierra

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7 que el balance energético no es favorable, ya que por cada unidad de energía gastada en combustible fósil, el retorno en biocombustible es menor a esa cantidad, lo que en términos más palpables lleva a decir que es más lo que se invierte en energía fósil para producir biocombustibles que la energía que éstos generan.

que se consiguen a costa de comunidades indígenas y campesinas y de la rica biodiversidad de los países tropicales, para extender la frontera agrícola en función de monocultivos como el de la palma africana. Algunas organizaciones ambientalistas ya han destacado que para sustituir totalmente la demanda actual de petróleo en el mundo por biocombustibles se necesitaría sembrar el equivalente a tres planetas Tierra con oleaginosas. Su contribución a frenar el calentamiento global va a depender de la materia prima usada para obtener los biocombustibles. En el caso concreto de la palma africana, algunos especialistas señalan que el biodiesel obtenido resulta ser un contribuyente neto al calentamiento global del planeta, pues la destrucción de selvas tropicales para su implementación, y el hecho de tener que drenar las fuentes de agua que se encuentran en el terreno donde el mismo se va a llevar a cabo, provocan la liberación a la atmósfera de todo el dióxido de carbono que antes retenían las selvas tropicales que este cultivo viene a sustituir. Por otro lado, la oxidación de la tierra al ser desecada genera aún más cantidad de dióxido de carbono que va a la atmósfera. Decir que el biodiesel de palma africana genera menos dióxido de carbono que el diesel fósil es una gran mentira. Finalmente, es necesario decir también que el cultivo de palma aceitera utiliza fertilizantes (que se hacen con derivados del petróleo), además de que el proceso industrial para generar aceite y posteriormente biodiesel requiere de combustibles fósiles. Con este proceso agroindustrial se profundiza la tendencia capitalista a abandonar una agricultura basada en el flujo de energía renovable (solar y humana) y pasar a una actividad muy demandante en combustibles fósiles y recursos no renovables. Todo esto parece indicar

Si efectivamente esta agroindustria no es rentable en términos energéticos ni ambientales, la pregunta es ¿por qué se sigue promoviendo de forma tan vigorosa? Porque el conjunto de subsidios financieros e incentivos hacendarios, aunados a los bajísimos costos de mano de obra que se pagan en el proceso, la hacen rentable en términos económicos. Es un cultivo que sirve a los intereses de las elites locales y de las empresas trasnacionales con las que se alían para la obtención de beneficios mutuos. Sobre todo estas últimas resultan muy beneficiadas al controlar la mayor parte de la producción, industrialización y comercialización en todos los niveles. Las consecuencias. Como afirma la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), estas plantaciones son “un triste ejemplo del coctel de latifundismo con aspiraciones de eficiencia o modernidad que al pretender ser productivo no renuncia, sino al contrario se reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra”. Los daños ocasionados por este modelo de agronegocio son profundos y diversos, pero de una u otra forma repercuten siempre en la población más pobre. Desde la perspectiva ambiental, lo primero que se debe tener claro es que las plantaciones no son bosques, sino monocultivos que sustituyen los ecosistemas naturales. Cuando esto ocurre en contextos de muy alta biodiversidad, las repercusiones son incalculables, se altera la abundancia y composición de especies de fauna y flora acelerando los procesos de extinción, disminuye la producción de agua y se modifica la estructura y composición de los suelos al igual que el clima local. Desde una perspectiva social, con la implementación de estos monocultivos se pierde la base del sustento para la población nativa, ya sea por la pérdida de las especies silvestres que se cazaban o recolectaban, o bien por la sustitución de la agricultura orientada a la producción de alimentos; como ya se ha dicho, la expansión de la palma africana ha producido el desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas, con repercusiones de pérdida de conocimientos locales. Por si fuera poco, es bien sabido que estos procesos de despojo han ocurrido con un alto costo de represión e, incluso, de vidas humanas.

En resumen, la vertiginosa expansión de la palma africana ha significado una profunda destrucción de hábitats, el resquebrajamiento del tejido social y el colapso de las economías locales. Una de las expresiones más agudas de este fenómeno es que en la actualidad Colombia importa el 62 por ciento de los alimentos que consume, dato que, por sí mismo, muestra la vulnerabilidad de la población frente a los vaivenes del mercado global. La aguda problemática agraria, de pobreza y de desigualdad social subsiste y se agudiza por la falta de decisión política para reformar la estructura agraria nacional, en función de objetivos de desarrollo y equidad de largo plazo. Se ha preferido mantener los privilegios de una oligarquía político-económica, sea de uno u otro partido, que históricamente ha expoliando los recursos de la nación, primero para su exclusivo beneficio y, ahora, en contubernio con empresas trasnacionales. La respuesta social. En medio de un clima aparentemente desolador marcado por la violencia, la represión y el despojo, diversos sectores de la sociedad colombiana se organizan para hacer frente común y reivindicar sus derechos. La Minga Indígena, Social y Comunitaria, realizada en 2008, fue un espacio fundamental para confluir e iniciar los procesos de diálogo entre organizaciones, que desembocó en octubre de 2010 en la conformación del Congreso de los Pueblos, un espacio simbólico de construcción de propuestas para el buen vivir, en el que existe representación de organizaciones de todo el país. Por medio de grandes eventos de consulta y participación, el Congreso de los Pueblos genera “mandatos populares”, que son grandes consensos hacia la construcción de un nuevo país; en primera instancia estos mandatos son instrumentos de autogobierno, es decir, que se ponen en práctica como la forma de hacer política dentro de los territorios colectivos; esto no significa quedarse en una visión local, pues se siguen tejiendo las alianzas con otros sectores sociales que permitan cambiar la correlación de fuerzas en la ruta de una transformación radical del país. Pero el proceso de organización no se ha quedado ahí. Mediante un gran esfuerzo de concertación, una diversidad de organizaciones indígenas, campesinas, barriales, sociales y políticas, lograron dejar de lado sus diferencias y confluir en un frente común, al que llamaron la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Esta enorme coalición social logró convocar al Paro Nacional Agrario en 2013, con el que durante un mes bloquearon casi todas las vías de comunicación del país y pararon labores en diversos sectores, obli-

gando al gobierno de Juan Manuel Santos a abrir la discusión sobre los planes nacionales en materia agraria y de desarrollo rural, en lo que se llamó la Mesa de Interlocución Agraria (MIA). El conjunto de organizaciones sociales agrupadas en torno a la Cumbre han consensuado como parte central de su agenda que, frente al modelo extractivista depredador que impera, se vuelve impostergable: a) Desarrollar la economía propia frente a la economía del despojo, incluyendo una moratoria minera, y a la agroindustria de la palma aceitera; b) Reivindicar el derecho a la consulta para ejercer una verdadera democracia; c) Reivindicar los derechos ciudadanos y exigir la libertad de todos los presos políticos por la defensa del territorio, y d) Impulsar un amplio reordenamiento territorial, para restituir las tierras despojadas, pero también para promover una integración productiva entre el campo y la ciudad. Para ello plantean el concepto de territorios interculturales como una figura que aglutine tres formas de tenencia colectiva de la tierra: las zonas de reserva campesina, los resguardos indígenas y los territorios colectivos de los pueblos afrocolombianos, para establecerlos como territorios agroalimentarios cuya encomienda sea repoblar el campo como territorios de vida, para restablecer el tejido social y la economía campesina mediante cultivos lícitos y garantizar la soberanía alimentaria. Algunas reflexiones para México. La experiencia colombiana puede tener diversos y profundos aprendizajes para México si sabemos leer adecuadamente la coyuntura. En primer lugar se debe entender el crecimiento de la violencia en diversas regiones no como un fenómeno aislado, sino en el marco de las riquezas naturales existentes en dichos territorios y de la existencia de capitales con interés por apropiarse de dichas riquezas. Porque, como dicen los compañeros colombianos: no hay desplazados porque haya violencia, sino que hay violencia para que haya desplazados. En México, algunas de las zonas con mayor violencia y ausencia del Estado coinciden con concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos, carreteros, aeroportuarios o de monocultivo de palma africana. Es muy sintomático que en México, la mayor expansión de monocultivos de palma de aceite sea en Chiapas, avanzando a costa de las magníficas selvas tropicales de la región lacandona, que todos los estudios reportan como un patrimonio mundial de biodiversidad, y bajo el auspicio de un supuesto gobernador ecologista. Ojalá la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) le remitiera su reporte

con las asombrosas cifras de biodiversidad chiapaneca, recientemente publicado. Para seguir con las coincidencias, tanto en México como en Colombia defender la madre tierra constituye una postura de muy alto riesgo; basta recordar los encarcelamientos de Mario Luna por defender el agua y territorio de la tribu Yaqui en Sonora, y de Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota en Guerrero, apresado por defender el patrimonio de sus comunidades y que luego de una año de injusta detención apenas fue liberado. También la detención de Eduardo Mosqueda en Colima por tratar de hacer valer un amparo federal contra la operación de una proyecto minero; en su momento, la detención de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en Guerrero, por defender los bosques, en una violación tan flagrante al estado de derecho que mereció la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en la cárcel recibieron el premio internacional Goldman por su trabajo en favor del ambiente; la desaparición de Eva Alarcón y su esposo en 2012, miembros de la misma organización y destacados defensores de los bosques. Desgraciadamente los casos son numerosos y la intención de nombrarlos es tenerlos siempre presentes, pero también buscando generar la conciencia de que su lucha debe ser nuestra también, pues no han defendido otra cosa que no sea el interés común, el patrimonio de los mexicanos que está siendo saqueado ante nuestros ojos y con nuestro silencio cómplice. Cierro con una breve reflexión sobre la necesidad de salir todos a defender lo que es nuestro, en un momento en que el ejercicio del poder ha adquirido tal nivel de cinismo y corrupción, de servilismo frente al capital privado y de desmantelamiento de la infraestructura social y ecológica de la que depende nuestro bienestar; cuando se compromete nuestro presente por medio de la pobreza y la violencia y se hipoteca nuestro futuro al regalar el patrimonio nacional, me parece indispensable modificar nuestra actitud frente a lo público. Me pregunto si, como hicieron en Colombia por medio de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en México seremos capaces de anteponer el interés colectivo para defender nuestro país de esta rapiña que nos agrede a todos, dejando de lado nuestras pequeñas o grandes diferencias, sean de militancia, de religión o de clase, para confluir en un gran movimiento nacional que permita refundar nuestra nación. Colombia nos enseña una gran lección, ¿seremos capaces de aprender de ella?

20 de febrero de 2016

LA OCDE RECOMIENDA MEDIDAS AL ESTADO PARA EXPLOTAR MÁS A SU PUEBLO Juan Carlos Jaime Fajardo Sociólogo y especialista en políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en pedagogía de la Unad, maestro en estudios sociales, doctorante en educación y profesor ocasional, UPN-Colombia, docente del distrito de Bogotá e integrante del equipo Revista Viento del Sur–MODEP Cajafa2005@yahoo.com

La crisis fiscal del Estado se sigue descargando en el pueblo. Siendo coherente con los Estados burgueses, hoy considerados efectivos, la OCDE realiza un diagnóstico macroeconómico sobre el Estado colombiano, e identifica los principales factores que afectan su sostenibilidad fiscal en medio de sus responsabilidades crediticias y la pérdida de ingresos por las fluctuaciones económicas, propias de una economía extractivista y con incremento sostenido de la inversión extranjera, papel que el imperialismo asignó a Colombia como nación oprimida y que la hace vulnerable a los vaivenes de la economía internacional. Por ejemplo, con la revaluación del dólar en promedio en mil pesos en el año reciente, la deuda externa se incrementó en una tercera parte. Por otra parte, la OCDE considera que la disminución de los precios del petróleo afecta la inversión extranjera en este sector y la balanza de pagos y reduciría los ingresos del gobierno, lo que unido a la alta vulnerabilidad ante posibles fluctuaciones a corto plazo del apetito global por el riesgo y el agotamiento de materias primas, llevan a que el Estado requiera ajustes económicos. Tales ajustes están en función de facilitar la inversión extranjera, garantizar el pago de la deuda y recargar aún más en el pueblo el funcionamiento fiscal del Estado.

opina que el salario mínimo es alto, resultado de incrementos superiores a la inflación, lo que unido a los costos laborales no salariales, hace que se empañe la atracción de dicha inversión. Tal afirmación está muy lejos de la realidad. Al respecto vale aclarar que en Colombia, en palabras de Marx (1865), a lo sumo los incrementos salariales se han dado desde lo nominal, es decir no alcanzan a compensar los costos reales de vida y menos aún permiten que el salario alcance el nivel de plusvalía extraída a los trabajadores.

La carga tributaria a sectores sociales medios y bajos se presenta como una de las opciones de compensación. Para tal fin se propone: incrementar el impuesto al valor agregado (IVA) a sectores como construcción, electricidad, transporte, servicios financieros y otros servicios. Según la OCDE, la exención del IVA a estos sectores representa una pérdida de ingresos estimada en 2.4 por ciento del PIB. En esa misma tónica, se prevé un incremento en el impuesto predial, ya que éste queda como base para las transferencias a entidades territoriales, lo que implicará mayor impuesto a los pequeños propietarios del campo

Otra propuesta es ampliar la base tributaria para descargar la inversión extranjera de tributos; se plantea, por ejemplo, reducir los impuestos a transacciones financieras. “Una reforma de estas características atraería inversión extranjera y nacional a otros sectores distintos al petróleo y la minería”, dice la OCDE.

Es decir, las cifras del Departamento Administrativo Nacional

Si bien son ciertas la baja del precio del petróleo y la vulnerabilidad ante las fluctuaciones cambiarias internacionales, surge la pregunta: ¿por qué la economía colombiana depende de la extracción de petróleo y de las fluctuaciones internacionales? Puede responderse que una economía sometida a los intereses de las multinacionales y no a los nacionales es vulnerable, pues los inversionistas extranjeros con sus multinacionales después de destruir nuestra economía, pueden llevarse sus inversiones dejando al país desmantelado y en crisis económica, social y ambiental por la dependencia y el saqueo ocasionados. Las dificultades financieras del Estado colombiano preocupan a la banca internacional pues la deuda externa representa 24 por ciento del producto interno bruto (PIB), sobre todo debido a que se ha venido presentando un agotamiento de fuentes de ingreso del Estado, lo cual afecta su capacidad de endeudamiento internacional y las respectivas responsabilidades adquiridas, situación que se agrava por la devaluación del peso frente al dólar.

de trabajo se contraten de manera flexible de acuerdo con las necesidades de producción, por ejemplo, permitiéndoles que calculen el promedio de la jornada laboral con arreglo a un periodo de tiempo superior al de una semana. Esto implicará distorsiones en los horarios de trabajo, afectando aún más la vida familiar y dificultando la posibilidad de estudio.

Por ende, se espera una serie de reformas jurídicas, tributarias y legislativas para facilitar el ingreso de más capitales extranjeros, o sea de multinacionales en el país, sólo que direccionadas principalmente al tercer sector de la economía y a costa de condiciones laborales precarizadas. FOTO: Agencia Prensa Rural

El diagnóstico económico de tal documento considera tres grandes rubros: dificultades para la sostenibilidad fiscal del Estado, pocas garantías para la inversión extranjera y baja productividad. Con base en ello, el presente artículo abordará cuatro apartados: 1. tendencia a profundizar en el pueblo la responsabilidad fiscal del Estado; 2. generar garantías para la inversión extranjera en sectores no estractivistas; 3. el incremento de la plusvalía por medio de la formación en competencias, y 4. Los impactos sociales de las recomendaciones de la OCDE.

FOTOS: Agencia Prensa Rural

l documento “Estudios económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Colombia” (2015) recomienda cobrar más impuestos a los colombianos para sanear las finanzas del Estado; realizar reformas laborales, pensionales, tributarias y jurídicas para garantizar la inversión extranjera, y formar la mano de obra competente para el incremento de la productividad de dicha inversión.

y la ciudad; proponen aumentar el impuesto a la renta, incluidos los salarios de profesionales, y eliminar las trabas tributarias a la inversión extranjera, facilitándole el camino a los grandes empresarios. Esto se conoce como una reforma tributaria regresiva, porque no se enfoca en gravar el patrimonio, sino el consumo. Se profundiza Colombia como plataforma de la inversión extranjera en sectores no extractivistas. Debido al llamado agotamiento de las materias primas, se recomienda dar un giro económico para fortalecer ciertos sectores económicos, principalmente terciarios, como venta de servicios. Sin embargo, la OCDE argumenta que la inversión extranjera ha sido baja por la carga impositiva que enfrenta, y propone a cambio la implementación de un régimen de IVA basado en el consumo. Con esto se favorecería el ingreso de más capitales al país, pero centrando en sectores económicos basados en la innovación. De igual manera, para favorecer la inversión extranjera, la OCDE

de Estadística (DANE), sobre la inflación, que son la base para el incremento salarial son menores al costo de vida real. Se da tan sólo un aumento nominal cada año en el salario. Cuando los trabajadores exigen procesos de nivelación salarial, buscan recuperar el poder adquisitivo acorde con los costos de vida reales, esto es lo que Marx llama un salario real. Un salario relativo tiene estrecha relación con el nivel de plusvalía extraído a los trabajadores, exigiendo por ende un salario relativo a dicha explotación, lo que se concreta en repartir las ganancias obtenidas del proceso productivo. Sin embargo, para dar cumplimiento a las necesidades de la inversión extranjera, la OCDE propone establecer el salario mínimo por edades, incrementando la explotación a la juventud y de las mujeres, pues sería a quienes menos les pagarían, y acabar con las cajas de compensación familiar, eliminando subsidios familiares y de vivienda. Asimismo, se propone una reforma laboral que implica que las horas

Incremento de la plusvalía relativa y el valor agregado a las mercancías por medio de habilidades y competencias. Para tal propósito, la OCDE afirma: “La productividad sigue siendo baja, lo cual refleja la debilidad de las condiciones marco existentes, como la informalidad, la baja calidad educativa, el déficit de habilidades y competencias”, entre otras, situación que consideran un problema, tanto para la inversión extranjera como para garantizar las finanzas del Estado. Al respecto la OCDE en el mismo documento afirma: “La productividad aumentaría si se redujera la informalidad a través de la formación y dotación de mejores habilidades y competencias”. En la misma dirección, la Fundación Compartir (2013) y las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2015) “Todos por un mismo país”, consideran que el propósito de la educación es agregar valor a las mercancías. Esto quiere decir que además de la explotación por medio de la reforma en la jornada de trabajo, se pretende “dotar” de habilidades y destrezas a los trabajadores para aumentar la productividad, tanto en los procesos industriales como en la venta de servicios. Esto en palabras de Marx sería aumento de la plusvalía relativa, debido al acrecentamiento de la producción en el mismo tiempo de trabajo, fruto de las habilidades del trabajador, constituyéndose en parte de los medios de produc-

20 de febrero de 2016 ción, pues tales habilidades del cerebro social son absorbidas por el capital fijo, en este caso de las multinacionales. Esta medida de la economía política se traduce en incremento en la acumulación capitalista, ya sea por trabajar en equipo (saber vivir juntos), por mejores destrezas técnicas como bilingüismo, manejo de tics, etcétera (el saber), por poseer habilidades procedimentales que pueda aplicar en diferentes sectores de la economía (saber hacer), entre otras competencias. La Fundación Compartir ya cuantificó el nivel de acumulación fruto de la reforma educativa; considera que en una década con una inversión de 14 billones se obtendrían 98 billones de ganancia.

Las dificultades financieras del Estado colombiano preocupan a la banca internacional pues la deuda externa representa 24 por ciento del producto interno bruto (PIB), sobre todo debido a que se ha venido presentando un agotamiento de fuentes de ingreso del Estado, lo cual afecta su capacidad de endeudamiento internacional Para esto la educación se considera relevante, en donde la formación en competencias laborales y ciudadanas es prioridad, para lo cual los maestros constituyen el pilar fundamental, pues, como afirman, de la calidad del docente depende la calidad de la educación (Compartir, 2013). De ahí que un eje del PND sea la educación. Por eso se promueve la articulación del bachillerato con lo técnico, se forma y evalúa por competencias y se habla de incrementar la cobertura en educación y construir nuevas aulas; ya Santos anunció 30 mil de éstas y se ajustarán los fines de la educación a lo que llaman pertinencia educativa a las necesidades empresariales. Un ejemplo al respecto es que en la rama de las telecomunicaciones no se apuesta por formar profesionales que desarrollen tecnologías para las necesidades del país, sino profesionales y técnicos que se limiten a manejar la trasferencia tecnológica del extranjero. Al respecto, la OCDE diagnostica que “La educación terciaria en Colombia es del 45 por ciento, inferior al 70 por ciento de los países de la OCDE […] Las habilidades y competencias de la educación terciaria muchas veces no coinciden con las necesidades del mercado laboral […] El 45 por ciento de las empresas perciben que no

9 hay personal calificado”, para su demanda laboral. Se prevé, entonces, ajustes a los programas educativos en correspondencia con el enfoque regional del PND, por ejemplo pertinencia a la innovación, a la conectividad, a los macroproyectos agrícolas, etcétera, proponiendo apuestas pedagógicas que reconozcan y se adapten al contexto, mas no tendencias pedagógicas para transformarlo. No en vano en el gobierno pasado de Santos se propuso que la piedra angular del Plan Nacional de Desarrollo fuera la locomotora de la innovación y el emprendimiento, respondiendo a la necesidad de profundizar en sectores distintos a lo minero-energético; esto cobra mayor importancia en el actual periodo, por eso en el presupuesto del PND “Todos por un mismo país”, el componente de movilidad social equivale a más del 40 por ciento, con el fin de formar la mano de obra en habilidades, destrezas y competencias para incrementar su productividad, requiriendo la formalización laboral precarizada de los llamados trabajadores competentes. Al respecto una propuesta es constituir el Sistema Nacional de Formación de Capital Humano (SNFCH). Impactos sociales de las recomendaciones de la OCDE. Lo anterior lleva a que se presenten una serie de contradicciones entre las políticas del Estado y el pueblo; por ejemplo, la reforma tributaria, con más impuestos a la población en general favoreciendo a las multinacionales; reforma laboral, para bajar salarios y flexibilizar la jornada laboral; ajustes a la educación para que sea pertinente a la inversión extranjera, profundizando la estandarización y los procesos de privatización por medio de las alianzas público privadas, y la reforma pensional, donde pretenden incrementar la edad y el periodo promediado, para favorecer a los fondos pensionales y afectar a los trabajadores, entre otras reformas. Cabe precisar que, según la ley 100 sobre seguridad social, para establecer la base pensional se promedian los últimos diez años de cotización; la OCDE recomienda ampliar dicho periodo, lo cual bajaría el monto de pensión del trabajador. Si bien en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado recientemente ya se avanzó en algunas de las recomendaciones de la OCDE, se espera que por vía legislativa se sigan tramitando una serie de reformas para dar cumplimiento a las faltantes, como la reforma pensional, reforma tributaria, etcétera, situación que empeorará la condición socioeconómica de la mayoría de los colombianos. Es indispensable conocer las iniciativas de reforma y generar formas de rechazo a la concreción de tales recomendaciones.

RETO PARA LOS REVOLUCIONARIOS EN COLOMBIA

Juan Carlos Jaime Fajardo Sociólogo, profesor universitario e integrante de Revista Viento del Sur-MODEP cajafa2005@yahoo.com

s evidente que en Colombia culminó en los años recientes un periodo de la revolución que había iniciado en la década de los 60’s del siglo pasado, y que hoy asistimos a la apertura de uno nuevo. Dicho periodo empezó a transitar su fin con el ascenso del fascismo al control del Estado liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002. A partir de entonces se ha profundizado el despojo de territorios de las comunidades, principalmente rurales (indígenas, afrodescendientes y campesinas), imponiendo leyes como la del agua, la forestal y la de páramos y el código minero, para entregar los recursos a las multinacionales; se ha presentado un incremento vertiginoso de la inversión extranjera en el país, que pasó de dos mil millones de dólares en 2002 a 26 mil millones en 2014, lo cual ha venido destruyendo la economía nacional; se fortaleció la cultura anticomunista, y se llevó a la gran mayoría de la población a una adaptación ideológica al modelo neoliberal a pesar de las crisis económicas mundiales y los endeudamientos familiares. Es decir, el proyecto capitalista en su versión neoliberal se impuso estratégicamente ante los planes políticos del conjunto de los revolucionarios colombianos. Esto no quiere decir que el pueblo colombiano haya dejado de luchar, pues es memorable cómo a partir de la movilización indígena en 2008 el ex presidente Uribe tuvo que someterse a escuchar en territorios indígenas sus peticiones, aunque antes había dicho que no dialogaría en ninguna parte en medio de la movilización; es

memorable la lucha de los estudiantes organizados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) cuando en 2011 logró echar abajo la propuesta de reforma universitaria del presidente Santos; es memorable el paro campesino que logró paralizar varios departamentos del país en 2013; es memorable el paro de los maestros en mayo de 2015, con apoyo popular, en exigencia a sus demandas gremiales, entre muchas otras luchas dadas en la última década. Además vale mencionar que desde hace más de tres años vienen desarrollándose diálogos entre las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el Estado colombiano, con el propósito de fortalecer la lucha política desde sus programas revolucionarios y no como resultado de una rendición como sueña la oligarquía. Todas estas situaciones evidencian que se está transitando hacia un nuevo periodo de la revolución en Colombia. Fruto de todos estos procesos populares existe un rico acumulado de experiencias políticas, expresadas en diversidad organizativa, iniciativas económicas, educativas, culturales, comunitarias, autonomistas y territoriales tanto en el campo como en la ciudad, entre muchas otras, incluso algunas con expresiones de poder popular. Sin embargo, urge el interrogante ¿cómo transitar este nuevo periodo y hacia dónde proyectar este acumulado y las luchas del pueblo? Un camino puede ser limitar las expectativas a reformar el Estado actual, y llevar dicho acumulado polí-

tico y las luchas a los brazos de la institucionalidad vigente para dejar a las nuevas generaciones la tarea de liderar tal reforma. Otro camino puede ser centrarse en hacer un uso alternativo de las instituciones del actual Estado y desde allí proyectar el nuevo periodo. Otro puede ser el de articular todo ese acumulado político concretando la alianza de los poderes populares y creando nuevas instituciones legitimadas por el pueblo para desde allí dialogar y confrontar la institucionalidad vigente como etapa inicial del nuevo periodo. Sin duda, aflorarán otros caminos en esta búsqueda por la transformación social. Para concretar las transformaciones que requiere la sociedad colombiana, considero conveniente el tercer camino, pero independientemente de este deseo, lo cierto es que los revolucionarios en Colombia tienen que proyectar dicho momento histórico, extrayendo lecciones del pasado, reconociendo sus fortalezas y debilidades, buscando las convergencias y superando las diferencias que en muchos casos son fruto de prejuicios teóricos antes que de investigaciones sobre la realidad concreta. Lo cierto es que, aun cuando las clases dominantes pretendan una pacificación de la sociedad colombiana, el pueblo seguirá resistiendo y soñando con una mejor sociedad y allí tendrá que construirse el nuevo periodo; lo cierto es que, en América Latina y en otras latitudes existen afortunadamente innumerables experiencias de lucha popular que pueden aportar a los actuales retos de los revolucionarios colombianos en este momento histórico.

20 de febrero de 2016

INSTITUTO “JUAN TAMA”, MODELO ETNO-EDUCATIVO DE CONVIVENCIA Y PAZ John Jairo Menza Díaz Rector del Instituto Técnico Agropecuario e Industrial (ITAI) “Juan Tama” Conozcamos el modelo pedagógico de convivencia, paz y desarrollo comunitario en el marco de la educación propia, ubicado en Colombia, departamento del Cauca, municipio de Santander de Quilichao, Resguardo Indígena de Canoas, vereda las Vueltas, zona rural.

urgimiento del colegio “Juan Tama”. Uno de los principales retos que enfrenta el sistema educativo colombiano es preparar a las nuevas generaciones para un desempeño eficiente en una sociedad que regula su desarrollo a partir de los avances científicos y tecnológicos.

En el medio rural el sistema educativo todavía no encuentra las alternativas para mejorar el bienestar y las condiciones de vida de su población, por tanto urge buscar las estrategias que garanticen el desarrollo, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social y a la unidad nacional. Para los territorios indígenas se requieren modelos alternativos que fortalezcan su identidad y los potencien como actores sociales válidos en el contexto nacional e internacional.

Frente a este panorama, una de las mayores preocupaciones de la comunidad Páez de la zona norte del departamento del Cauca en los años recientes fue resolver el problema generado por la falta de cobertura del servicio educativo en los niveles de básica secundaria y media. Se requieren modelos pedagógicos ajustados a sus características culturales, con una educación pertinente y adecuada a la etnia y a la zona en la cual viven. El cabildo de Canoas, conjuntamente con otros cabildos vecinos, reclamó al gobierno nacional soluciones a esta situación, y se consiguieron algunas soluciones educativas. Ante la imposibilidad de que los jóvenes de la región pudiesen acceder a una educación de calidad, especialmente en el ciclo de básica secundaria y en el nivel de educación media, a finales de 1990 la comunidad indígena de Canoas, por medio de sus voceros en el cabildo, solicitaron a la Fundación para el Desarrollo Rural Comunitario, entidad no gubernamental, el apoyo en esta misión. Producto de las gestiones hechas por la Fundación, nació el Instituto Técnico Agropecuario e Industrial “Juan Tama” en 1991. Desde sus inicios se definió como un proyecto educativo y cultural de carácter comunitario que busca responder a las necesidades educativas de la región, ofreciendo una educación de calidad, me-

diante una formación integral que desarrolla las competencias cognitivas, para la vida comunitaria y el campo laboral; con rescate de técnicas tradicionales y aplicación de tecnologías apropiadas para una agricultura orgánica. Modelo pedagógico de convivencia, paz y desarrollo comunitario Valores institucionales. El modelo etno-educativo del Instituto concibe los procesos de socialización y formación como espacios de convivencia, donde interactúan los diferentes actores de la comunidad educativa en el marco de una educación intercultural basada en el reconocimiento de las diferencias étnicas, en el fortalecimiento de los valores tradicionales y en la construcción de una ética ciudadana moderna. El “Juan Tama” fundamenta su propuesta formativa y de socialización en los valores más arraigados de los pueblos indígenas de América y en las aspiraciones más altas y urgentes para la consolidación de un proyecto de nación. Los valores institucionales son: reciprocidad, solidaridad, responsabilidad, respeto, honestidad, sabiduría, dignidad del trabajo y ternura en las relaciones humanas. • La dignidad del trabajo: En el “Juan Tama” se concibe el trabajo como una práctica social creativa por medio del cual los sujetos sociales transforman responsablemente su entorno, dándole sentido a sus vidas. El trabajo en el Instituto debe ser una práctica integral, es decir que converjan la inteligencia, la mano y el corazón o la bondad. Por esta razón debe asumirse el trabajo como una actividad alegre, voluntariosa y responsable en la que cada uno deja en la obra realizada parte de su ser.

• Ternura: El modelo “Juan Tama” comienza a despertar una nueva práctica humanística que busca la transformación social por medio de la fraternidad, entendida como un acto de encuentro y de amor hacia el género humano. Desde esta perspectiva, en el Instituto se ejerce la ternura como un derecho, como una profunda construcción subjetiva en la que los participantes se valoran a sí mismos y a los otros, reconociendo sus diferencias y buscando los consensos que les posibiliten vivir el presente y construir futuro junto. Filosofía institucional El “Juan Tama” es un proyecto educativo y cultural que busca ofrecer a los jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas del norte del Cauca la posibilidad de validar y fortalecer sus saberes tradicionales, desarrollar sus competencias cognitivas y socio-

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11 culturales a fin de situarse a la altura de la época en que viven y lograr desempeños eficientes en el contexto local y en el marco de la cultura global. La comunidad educativa del “Juan Tama”, consciente de la necesidad de construir un modelo etno-educativo pertinente, contextualizado en la realidad de las comunidades indígenas y campesinas del norte del Cauca y en las exigencias del cambio de época al que se asiste, estableció como pilares básicos de todos sus procesos educativos los siguientes fundamentos filosóficos: Pedagógico El modelo etno-educativo de la Institución descansa en cuatro principios pedagógicos básicos:

• “Aprender a aprender”: Un aspecto fundamental del modelo es garantizar que los participantes comprendan los procesos cognitivos mediante los cuales se produce socialmente el conocimiento, así como las dimensiones éticas inherentes a dicha tare, con el fin de que continúen aprendiendo en forma sistemática. • “Aprender a ser”: En la propuesta pedagógica del “Juan Tama” se concibe al ser humano como una totalidad inacabada, como un proyecto en permanente construcción. A nivel pedagógico, este principio implica por lo tanto desarrollar la autonomía de los estudiantes para que con criterios claros y responsables asuman la tarea de definir sus propios proyectos de vida. • “Aprender haciendo”: Parte fundamental del modelo es diseñar experiencias de aprendizaje en donde el estudiante tenga la oportunidad de producir, modificar o validar conocimientos mediante la praxis, es decir, mediante la acciónreflexión para una acción mejorada. Con este principio no sólo se pretende entonces integrar la práctica con la teoría, sino que también se busca desarrollar habilidades para fortalecer el trabajo en equipo y dignificar el trabajo como dimensión por medio de la cual se actualiza el ser humano. • “Aprender a convivir”: En el modelo es fundamental el desarrollo de competencias sociales y la formación de una ética ciudadana que permitan a los estudiantes la resolución positiva de los conflictos por la vía del diálogo, buscando el consenso y el acuerdo como prácticas sociales para la sana convivencia. Tecnología Las ciencias agropecuarias: El Instituto desarrolla sistemas silvoagropastoriles con técnicas practicadas por la comunidad Páez de acuerdo con su cosmovisión y las apropiadas de la cultura global. Estos sistemas hacen parte de la agricultura orgánica o agroecología que se basa en el principio de la conservación de la biodiversidad del suelo y en el aprovechamiento, en beneficio de los cultivos, del papel que cumplen en la naturaleza las plantas, los animales y especialmente los microorganismos que constituyen un elemento esencial de la vida de los suelos. Mediante la adopción de la agricultura orgánica, se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias, para que practiquen sistemas de producción agrícolas que les permitan mejorar sus ingresos, su seguridad alimentaria y su hábitat.

Ante la imposibilidad de que los jóvenes de la región pudiesen acceder a una educación de calidad, especialmente en el ciclo de básica secundaria y en el nivel de educación media, a finales de 1990 la comunidad indígena de Canoas, por medio de sus voceros en el cabildo, solicitaron a la Fundación para el Desarrollo Rural Comunitario, entidad no gubernamental, el apoyo en esta misión Dentro el pilar tecnológico, con el fin de que nuestros jóvenes tengan un cocimiento integral, el “Juan Tama” les ofrece profesionalización en talleres tales como metalmecánica, ebanistería, construcciones civiles y salud. Convivencia y paz La interculturalidad: La cultura global de comienzos de siglo se impone en forma avasallante, invadiendo fronteras, debilitando identidades y suprimiendo diferencias. Se requiere por tanto fortalecer la identidad cultural de los pueblos para participar en los procesos globales desde la especificidad étnica. Por eso en el “Juan Tama” formamos ciudadanos del mundo, pero hijos de la aldea; mediante procesos interculturales en los que se comparten espacios, tiempos y saberes dentro del marco del debido respeto por el otro. El “Juan Tama” como proyecto educativo y cultural se concibe como un espacio de socialización, de producción de conocimiento y transmisión de saberes en donde se produce una relación dialógica entre el saber tradicional y el saber universal, buscando formar hombres y mujeres que encarnen el proyecto global de vida de la comunidad y que al mismo tiempo desarrollen competencias para ejercer una ciudadanía moderna. Es así como el Instituto reconoce la interculturalidad como la capacidad para conocer la cultura propia y otras culturas que al interactuar se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social una coexistencia de respeto por las diferencias.

Evento: Tercera Feria del Maíz y la Soberanía Alimentaria. Organiza: Varias organizaciones. Fecha, lugar y hora: Domingo 21 de febrero de 2016. Santiago Mexquititlán, centro Amealco, Querétaro. De las 09:00 a las 16:00 horas. Informes: feriamaiz2016@gmail.com

Evento: Foro: México y TPP. ¿Cómo impacta a nuestro país el Acuerdo Comercial Transpacífico? Organiza: Derechos Digitales América Latina y Universidad del Claustro de Sor Juana. Fechas, lugar y hora: 25 y 26 de febrero. Universidad del Claustro de Sor Juana (Izazaga 92, Centro Histórico). De las 09:00 a las 18:00 horas. Informes: www. derechosdigitales.org

Evento: Exposición Milpa, Ritual Imprescindible. Organiza: Varias organizaciones e instituciones académicas. Fechas, lugar y hora: Foro Dahlia, en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, Tercer Circuito Exterior y Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, UNAM. Informes: www.ib.unam. mx/jardin / www.uccs. mx

Evento: Seminario de Actualización: Problemas Centrales y Alternativas en la Sociedad Rural. Organiza: Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C. (AMER). Fechas, lugar y hora: Del 8 de abril al 17 de junio de 2016. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. 9:30-14:30 horas. Informes: amer4@ unam.mx / amerdir13@ yahoo.com.mx

20 de febrero de 2016

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA, OPCIÓN REAL DE REFORMA AGRARIA, OBSTACULIZADA POR TERRATENIENTES* Luz Angélica Dueñas Checa Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco

esde inicios del siglo XIX, todos los periodos de cambio, ajustes y avance del sistema capitalista en Colombia, el acceso y el control de la tierra han jugado un papel central tanto para los terratenientes como para los campesinos, indígenas y afros, que durante todo este tiempo han creado y recreado diferentes formas, figuras y medios para acceder a la tierra.

FOTO: Diario de Huila

FOTO: imagenagropecuaria.com

En todo este periodo, los primeros años de la década de 1990 establecen un parteaguas: en 1991 las comunidades indígenas ganaron una importante lucha al lograr el reconocimiento jurídico de los Cabildos Indígenas, los afros lograron con la Ley 70 de 1993 el reconocimiento de las Consejos Comunitarios y los campesinos lograron la inclusión de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como una figura jurídica que les permitiría más adelante hacer realidad una reforma agraria en la que la producción social campesina del territorio será su principal componente.

No obstante, las ZRC, como todo proceso social, se ha desarrollado en medio de fuertes tensiones, pues ha puesto en jaque algunos intereses del capital que no pueden entrar a estos territorios y mucho menos concentrar la tierra como hace tiempo lo venían haciendo. Estas tensiones han desatado fuertes luchas comunitarias, ya

que después de lograr el reconocimiento jurídico de seis ZRC, este proceso fue detenido por el presidente Álvaro Uribe y actualmente se encuentra en debate en las mesas de diálogo en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos. Así, las luchas, las formas organizativas y comunitarias, los procesos identitarios, la economía campesina y las relaciones sociales que se tejen dentro de estas Zonas se constituyen en un referente importante que es necesario co-

nocer y profundizar críticamente, no sólo para fortalecer el ejercicio alternativo de producción social campesina del territorio que están llevando a cabo las comunidades de las ZRC (tanto en las legalmente constituidas como en las que se encuentran en proceso y las de hecho), sino además para aportar al debate de la construcción de otros mundos posibles. Las ZRC se han constituido en el escenario propicio para la materialización del derecho a la tierra desde una perspectiva comunitaria, donde priman los procesos organizativos propios de las comunida-

FOTO: Vanguardia Liberal

Las ZRC surgieron como una opción para que el campesinado, como sujeto histórico político, pudiera delimitar, asignar y aprovechar el territorio de una manera autónoma, comunitaria, solidaria, organizada y participativa, y en el que además de reivindicar su derecho a la tierra pudiera desarrollar su proyecto de vida con base en los saberes ancestrales. Ello, con el reconocimiento jurídico en la Carta Magna.

FOTO: Vanguardia Liberal

En 1985 durante el gobierno de Belisario Betancourth se dieron las primeras discusiones sobre el proceso de ordenamiento territorial para poner fin a los problemas de concentración de la tierra, colonización y expansión de la frontera agrícola

des que habitan en este territorio y dentro del cual se da cuenta del ejercicio de apropiación, distribución equitativa de tierras y ordenamiento territorial autónomo. Las Zonas de Reserva Campesina surgen en un contexto histórico determinado por dos fenómenos importantes: el primero corresponde a las formas organizativas campesinas que las antecedieron, entre las que se destacan las Zonas de Autodefensa Campesina (ZAC), las Rochelas y los Baluartes campesinos, y el segundo es el relativo a las movilizaciones campesinas de la Amazonía y los

Llanos Orientales. ocurridas entre 1985-1987 y las marchas cocaleras realizadas en 1996. Las ZAC, las Rochelas y los Baluartes campesinos se remontan a la época de la Colonia a finales del siglo XVIII, donde el proceso de resistencia por parte de los campesinos les permitió defender y conservar sus formas de vida, saberes, identidad y cultura. Las Rochelas se ubicaron en territorios periféricos y dispersos en un espacio lo suficientemente extenso, con el fin de evitar que los españoles impusieran sus leyes y de que los arrochelados

20 de febrero de 2016 pudieran mantener sus propias costumbres trasgrediendo todo orden español. Las Rochelas se constituyeron entonces en las primeras formas organizativas de subvertir el orden impuesto por el sistema colonial, por medio de la creación de sus propios mecanismos de cohesión social y de alternativas viables de supervivencia al margen de las estructuras de poder.

Las Zonas de Reserva Campesina surgieron como una opción para que el campesinado, como sujeto histórico político, pudiera delimitar, asignar y aprovechar el territorio de una manera autónoma, comunitaria, solidaria, organizada y participativa, y en el que además de reivindicar su derecho a la tierra pudiera desarrollar su proyecto de vida con base en los saberes ancestrales Por su parte, los Baluartes campesinos surgieron a inicios del siglo XX en el contexto de las luchas socialistas de esta época, que incluían en sus reivindicaciones el apoyo total a los campesinos colonos que exigían la titulación legal de las tierras que se habían visto obligados a ocupar y a mejorar para sobrevivir con sus familias. Estos Baluartes fueron constituidos en 1925 y 1926 por tres cooperativas o asociaciones campesinas que ocuparon terrenos baldíos del Estado y que más adelante fueron amedrentados, reprimidos y violentados por terratenientes que pretendían adueñarse de este territorio. En respuesta a la fuerte represión y la matanza ocurrida el 7 de septiembre de 1921 en Lomagrande, los Baluartes campesinos decidieron recuperar las tierras usurpadas. Finalmente, las ZAC surgieron en respuesta a la violencia bipartidista (1949-1964) que obligó a los campesinos a defenderse en diferentes territorios del país, principalmente en Tolima, Huila y Cauca. Dichas Zonas fueron capaces de consolidar un modelo propio de desarrollo rural que les permitió durante algunos años resolver las necesidades que el Estado jamás pudo atender. Sin embargo, ante el peligro que éstas representaron para los intereses del capital, el Estado desarrolló una política anticomunista contra los campesinos, motivada e influenciada por la guerra fría; eso llevó al Estado

13 a denominar a esta forma organizativa como “Repúblicas independientes” y establecer una estrategia de extermino que se concretó en la “Operación Marquetalia” el 27 de mayo de 1964. Ante la represión y violencia absoluta del Estado Colombiano, los campesinos deciden defender su territorio con las armas y su movimiento terminó transformándose en las FARC. El segundo fenómeno histórico que dio lugar a la formación de las ZRC corresponde a las movilizaciones ocurridas entre 1985 y 1987 y a las marchas cocaleras del año 1996, que obligaron al gobierno a negociar con las comunidades y acceder al pliego de peticiones de los campesinos. Así, en 1985 durante el gobierno de Belisario Betancourth se dieron las primeras discusiones sobre el proceso de ordenamiento territorial para poner fin a los problemas de concentración de la tierra, colonización y expansión de la frontera agrícola. En 1987 se realizó la marcha sobre San José del Guaviare, la cual centró su punto de negociación en la creación de una figura que permitiera a las organizaciones la titulación de la tierra condicionada a la preservación ecológica, con un tope mínimo y máximo de acumulación de tierras, situación que apuntaba a una verdadera reforma agraria en Colombia y que ha sido evadida durante siglos por todos los gobiernos que han ejercido el poder en el país. Estas marchas y movilizaciones de miles de campesinos lograron poner en jaque al gobierno de Ernesto Samper y en 1994 se reconoció legalmente la figura de ZRC en la Ley 160 de 1994, Capítulo XIII “Colonización, Zonas de Reserva Campesina y Desarrollo Empresarial”; Ley que ha sido reglamentada por el Decreto 1777 de 1996 y del Acuerdo 24 de 1996 de la Junta Directiva del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). Sin embargo, pese a la reglamentación y existencia jurídica de las ZRC, su puesta en práctica ha sido totalmente complicada porque va en contra de los intereses del capital nacional y trasnacional, los cuales han tratado por todos los medios de bloquear esta opción de organización territorial campesina. Esta situación de represión ha dado como resultado que el proceso de constitución legal de las ZRC esté detenido por los organismos estatales y que muchas de las organizaciones campesinas constituyan de hecho las Zonas de Reserva. Por ello, hoy se puede hablar de tres tipos de ZRC: las legalmente constituidas, las que están en proceso y las de hecho. *Extracto editado del proyecto de tesis de la autora para alcanzar el título de doctora en desarrollo rural, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xocimilico (UAM-X). “Zonas de Reserva Campesina en Colombia: Una experiencia alternativa al desarrollo rural”.

LA HIDRA DEL CAPITAL Y LA RESISTENCIA DE LOS PEQUEÑOS

Manuel Antonio Espinosa Sánchez Estudiante de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-X

“El abismo no nos detiene, el agua es más bella despeñándose” Ricardo Flores Magón. A la memoria de Guillermo Navi Ramos

l pequeño grupo de quienes impulsan la fase actual del modo de producción capitalista no le bastan las usuales estrategias de apropiación del plusvalor mediante la explotación laboral y la manipulación de la circulación de mercancías en el mercado. Y por ello ha recurrido a mecanismos de despojo y apropiación de los espacios territoriales más recónditos y, hasta hace algunas décadas, marginales en los que pueblos enteros se han recreado al cobijo de la madre tierra. Ahí, en esos rincones del planeta, abundantes en minerales, agua y vida, los pueblos desplegaron su territorialidad y aprendieron a construirse un mundo propio con base en el trabajo colectivo que sintetiza los saberes ancestrales –despreciados por el saber técnico-, en lo que hemos llamado aquí configuraciones socioecológicas. De tal forma, la interacción entre esos grupos sociales y la madre tierra dio a luz repertorios socioculturales para la reproducción social que son únicos en su cosmos, corpus y praxis y que reclaman un futuro utópico en el presente. Ya hemos señalado en otros escritos cuáles son los trabajos que pueden revisarse para comprender esas relaciones sociales y ecológicas y por qué constituyen una alternativa civilizatoria de frente al modo depredador y explotador de la sociedad burguesa y por ello no insistiremos. Sin embargo, sí queremos señalar que las luchas y las resistencias de esos pueblos, que devienen a escala microlocal, son el Heracles dando el golpe final a la hidra capitalista que ha bebido de su propio veneno, como señaló Marx en sus términos. En cada territorio de nuestra Abya Yala existen miles de casos en los que las resistencias de los pequeños y las subalternizadas, de los explotados y las marginadas, asestan golpes fatales al capitalismo, a sus detractores en los gobiernos-trasnacionales y a sus expresiones sistémico-estructurales. Un magnífico ejemplo es el caso de las luchas de los pueblos de Colombia que se enfrentan al poder ga-

monal de la burguesía terrateniente conservadora y de los liberales tecnócratas que se han avasallado ante los corporativos trasnacionales. Ambos son cómplices del imperialismo yanqui que los aprovisiona con pertrechos militares para amedrentar a sus opositores. Empero, el poder ha encontrado su parangón en los pueblos de tez morena y oscura. Con todos los ‘asegunes’ y claroscuros que se puedan apreciar e intuir en los procesos y las movilizaciones políticas –en las urbes y en las chagras-, los pueblos colombianos han sido capaces de abrir múltiples frentes por la defensa de su territorio, por la visibilización de los mecanismos de dominación colonial, por la autonomía en la que quepan muchos mundos y por la defensa y liberación de la madre tierra que da cobijo y alimento, sentido de pertenencia y proyección histórica. Desde las luchas de las Dignidades (Agropecuaria, Papera, Cafetera, etcétera), de la Cumbre Agraria, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y del Coordinador Nacional Agrario (CNA), hasta los enfrentamientos asimétricos con el ESMAD que han tenido que sobrellevar los pueblos nasa en el Cauca, así como los procesos de construcción de territorio que se ven reflejados en los múltiples organismos del Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, vemos claramente que las resistencias por la autodeterminación y la justicia en los que la madre tierra, al ser liberada, devuelve gallardía a sus hijas e hijos a quienes les ha venido amamantado con sed de paz pero también con hambre de dignidad. La racionalidad extractivista y de desposesión que el poder intenta forzar en los territorios de los pueblos de Colombia, para escapar momentáneamente a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, sin saberlo, ha delimitado su propio horizonte de posibilidad porque en los barrios populares del sur de Bogotá y en los poblados rurales del Macizo Colombiano se escucha un solo grito: “queremos poder para el pueblo”. Mientras, en el Palacio, él tiembla, y reza su mantra “el tal campo no existe”. ¿Escucharon?

20 de febrero de 2016

RECONSTRUIR EL TEJIDO ORGANIZATIVO CAMPESINO Y LUCHAR CONTRA LOS MEGAPROYECTOS, MISIONES CLAVES DEL CNA Adriana Lozano Doctorante en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco

Adriana Lozano (AL): ¿Cómo nace el Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA)? Isaac Marín (IM): Es una organización agraria de cobertura nacional. Se fue creando hace unos 20 años, incubado al calor de las movilizaciones y el paro de los cafeteros en regiones como Antioquia, Risaralda, eje Cafetero y Tolima. Este paro cafetero de 1995 fue una jornada nacional histórica, un paro que duró un poco más de un mes y que fue llamando a la conformación de un espacio de coordinación del sector agrario del país.

bien organizaciones que confluían en un punto donde llegaban otras fuerzas y tenían identidad en varias de sus iniciativas. Es un poco complejo el escenario y más complejo intentar definirlo.

buena medida gestora de los últimos paros agrarios, de 2013 y 2014, que han generado un gran debate nacional y que lograron sentar al gobierno del presidente Santos a discutir la crisis agraria del país.

Ahora, poco a poco se fueron consolidando estas identidades, se fue trabajando sobre los puntos de diferencia; muchos dirigentes manifestaron su interés y la voluntad de sus organizaciones por trabajar en la construcción de un referente nacional, un gran referente nacional del sector agrario.

Hoy la Cumbre Agraria tiene una agenda que está negociando con el gobierno nacional; ahí está el CNA en esa apuesta política.

Hoy el CNA está conformado por más de 50 organizaciones, de procesos campesinos en unos 21 departamentos del país; las integrantes van desde organizaciones locales de algunos municipios, organizaciones departamentales o regionales y también nacionales. Es decir el Coordinador tiene procesos y organizaciones en todos los niveles.

AL: ¿Cómo se organizan a nivel nacional y regional?

Hay otros espacios de articulación; en el ámbito nacional el CNA hace parte de una plataforma de movimientos que se conoce como el Congreso de los Pueblos; allí convergen otros sectores sociales que tienen identidad con una apuesta del movimiento social y están organizaciones de estudiantes, de trabajadores sindicalizados, movimientos ambientalistas, procesos y sectores urbanos, cívicos y populares, además de los indígenas y negros.

IM: inicialmente, el CNA era apenas un espacio de coordinación, es decir, aquí no se tenía una junta directiva y no había una plataforma unificada; las organizaciones que llegaban al espacio no se reconocían bases del CNA, sino más

Y en este entramado social, el CNA está en la Cumbre Nacional Agraria Campesina, Étnica y Popular, otra gran plataforma de movimientos agrarios y populares del país, que si bien es una apuesta reciente, vale decir que ha sido en

Más adelante se fueron acercando procesos y organizaciones campesinas de otras regiones, como del oriente desde su organización que era la ANUC; también llegaron los campesinos del Catatumbo del Nororiente y los campesinos mineros del sur de Bolívar, entre otros procesos.

ses en lo que construyeron los de ANUC, claro, con los cambios y acomodos a las exigencias de la lucha de hoy. Por ejemplo, la lucha sigue siendo por la tenencia de la tierra, pero este concepto, hoy es más integral, hoy se da la lucha por la defensa del territorio, por la permanencia en el territorio, este es un concepto más holístico. Costó mucho trabajo entender que debía darse una articulación con negros e indígenas, pero estas diferencias se han venido saldando y hoy en el CNA se encuentran negros, indígenas, pescadores, agro-mineros, profesionales agrarios. Y en esto vale decir que son las iniciativas las que logran la articulación, es decir, la lucha por defender el territorio. ¡Esta es una lucha de todas y todos! ¡Ahí nos identificamos y nos sumamos negros, pescadores, pequeños mineros, campesinos, todos!

Y en el escenario internacional, el CNA tiene una agenda y trabaja para el hermanamiento; participa en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), en la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA y en la Vía Campesina. Hace parte de la RED de Hermandad y Solidaridad con Colombia REDHER. AL: ¿Cuáles son las motivaciones para conformar esta organización?

La lucha por el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, la luchas de resistencia y rechazo a las multinacionales petroleras, mineras, carbonera o contra las represas e hidroeléctricas, que son megaproyectos que generan desplazamiento y acaban con los territorios; estas son luchas que articulan en torno a la propuesta del CNA.

IM: Motivaciones son varias, pero fundamentalmente es la necesidad de tener un referente campesino de carácter nacional, un espacio de articulación; también es la urgencia de reconstruir el tejido organizativo. Recuerden que veníamos de tener una gran organización que fue la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que tuvo su momento de grandes luchas, de ser una organización fuerte y que alcanzó reivindicaciones importantes, como las recuperaciones de tierra en todo el país, en las décadas de los 60’s y 70´s. La ANUC fue diezmada, pero los campesinos seguían construyendo proceso en lo local.

Por su puesto que también hay iniciativas en construcción: está el tema de la agroecología, la agricultura orgánica. Está en diseño una propuesta de economía propia, una economía para los campesinos, negros e indígenas, una economía para la vida, no para acumular riquezas, sino para generar condiciones de vida digna, una economía para el buen vivir.

En buena medida, el CNA retoma las banderas de lucha de la ANUC. Su plataforma política tiene ba-

AL: ¿Cuáles son sus puntos de lucha como organización del campesinado colombiano?

FOTO: Coordinador Nacional Agrario de Colombia

Entrevista a Isaac Marín Lizarazo, vicepresidente de la Junta Nacional del Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA), encargado de la Secretaría de Comunicaciones del CNA; dirigente campesino del Centro Oriente de Colombia, formó parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el Departamento del Casanare

IM: El Coordinador Nacional Agrario ya tiene una base social, es un gran movimiento nacional y tiene una plataforma política, construida desde las comunidades, en la región, haciendo escuelas, encuentros, movilizaciones, paros y asambleas nacionales. Y en los puntos programáticos están contribuir a la construcción de organización campesina y agraria y tejer organización. Construir unidad es urgente y muy necesario. Construir unidad con otros sectores populares, con otros procesos agrarios del país y del Continente. Así, la unidad es

parte de la tarea por hacer y en eso el CNA va a contribuir, hará su mayor esfuerzo para que se avance. ¡Un punto importante en la lucha es el de trabajar por el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos! El Estado colombiano, la sociedad en su conjunto, tienen una deuda histórica con los campesinos, y es reconocerlos como sujetos de derechos, como un actor político que no sólo aporta mano de obra y producción económica, sino que también ha ayudado a construir país. ¡Es gestor de políticas, es actor de cambios, eso es ser sujeto de derechos! Y por ahí pasa también la defensa del territorio, la lucha y la permanencia en el territorio; porque no puede ser sólo la lucha por la tenencia de la tierra, es también el derecho al agua, a la biodiversidad, a los bienes de uso y consumo, es el reconocimiento de los gobiernos propios, esos gobiernos que campesinos han consolidado por años, allá en lugares donde el Estado no llega. Los planes de ordenamiento territorial popular también son una apuesta, como una herramienta de cimentar territorio, de hacer uso racional y equilibrado de los recursos, de proteger, ríos, bosques, selvas, ecosistemas que están amenazados por la explotación capitalista. Esto entre otras iniciativas que el CNA viene movilizando. AL: ¿Cómo conciben al sujeto campesino? IM: Bueno, sociológicamente hay varias conceptualizaciones sobre el sujeto campesino, pero un acercamiento que es válido para el CNA es que el campesino colombiano es el que está directamente relacionado con la tierra, con el campo; el que tiene una parcela, un fundo, una finca pequeña y allí vive y de ésta devenga su sustento; ese que su proyecto de vida está ahí, en la parcela, en la vereda. Es el que se identifica con el campo, con la ruralidad y la vive,

20 de febrero de 2016

EL TERRITORIO INDÍGENA

Guadalupe Espinoza Sauceda Estudiante de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-X

por eso el pescador, el agrominero, el indígena y el negro se reconocen además campesinos! AL: ¿Cuáles son las reivindicaciones del sujeto campesino colombiano? IM: Las campesinas y los campesinos, reivindican el derecho a la vida, al territorio, y aquí está la lucha por los territorios agroalimentarios; a ser reconocidos como sujetos de derechos. Reivindican el derecho a una economía propia, el derecho a las semillas. Más de 50 años de conflicto social y armado en Colombia hacen que sea una reivindicación el derecho a la paz, paz con justicia social, paz con cambios estructurales; que la paz no signifique el silenciamiento de las armas para la expansión de los grupos económicos explotando todos los recursos y desplazando campesinos. AL: Como representante de la organización campesina en Colombia, ¿qué retos considera enfrenta el campesinado en Latinoamérica? IM: Desde el CNA, creemos que hay varios retos; y en común tenemos la lucha contra este modelo económico, modelo que es una amenaza para los campesinos del mundo. El sistema capitalista desconoce a los campesinos, los ve como un estorbo, los está arrinconado y los quiere desaparecer. También está el reto de reconocernos e intercambiar mejor las experiencias y el conocimiento; para eso es necesario mejorar las comunicaciones entre pueblos y entre organizaciones hermanas. Otro reto es el de la unidad, ¡Los pueblos campesinos e indígenas necesitan la unidad en el Continente! ¡Unidad para constituir un frente común! ¡Un frente de los pueblos! ¡Unidad para confrontar al sistema que nos despoja! ¡Unidad para avanzar en organización! Página del Coordinador Nacional Agrario: http://cnagrario.org

na colombiana, pero se los han apropiado y hecho suyos. Tierra, territorios y soberanía son conceptos que están en la agenda del movimiento social colombiano y en los Diálogos de La Habana.

Para los pueblos indígenas el territorio es el centro del espacio de vida y desarrollo cultural. Se dan cuenta de que hay distintas verdades y diversas miradas. Mientras la cultura dominante habla de desarrollo, los indígenas hablan de planes de vida.

FOTO: Geya García

FOTO: CNA Asamblea Nacional

a historia de los pueblos indígenas en Colombia no es distinta de la que se ha vivido en el resto del Continente, marcada por el proceso de conquista y colonización europea. Los pueblos indígenas fueron discriminados, excluidos, minimizados y desposeídos de sus territorios ancestrales.

Hay 47 millones de habitantes colombianos (de los cuales menos de tres millones son indígenas). Hay 96 pueblos indígenas y 116 lenguas indígenas. El gobierno ha aplicado una política de exterminio. La Iglesia católica habla del “encuentro de dos mundos”, aunque para los indígenas no ha sido realmente un encuentro sino una invasión, un saqueo, un despojo de sus tierras. La invasión sigue en nuestros tiempos.

El Resguardo es la figura territorial y jurídica para los pueblos indígenas de Colombia. Los Consejos Comunitarios son la tierra de los afrocolombianos y Las Zonas de Reserva son el área territorial de los campesinos. Las reservas campesinas se instauraron en 1994, como un instrumento de reforma agraria. En 1996 se reglamentó la Ley 160, que es la Ley de Tierras de Colombia, y en 1998 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) lanzó el plan piloto. Actualmente hay únicamente seis reservas campesinas, con un total de 811 miil hectáreas. Lo

De tres millones de hectáreas de tierra en el Cauca, 650 mil son tierra indígena. Hoy los grandes terratenientes han vendido a las trasnacionales, quienes impulsan megaproyectos en las regiones indígenas. Los pueblos indígenas, en especial de la región del Cauca, se han hecho fuertes en los resguardos y en las asociaciones de cabildos de 1994. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha puesto énfasis en la recuperación de las tierras (territorios). Trata de recuperar lo perdido y ampliar los resguardos; le apuesta a la conciencia, la organización y la interlocución con el gobierno; va por el diálogo, sabe que así tendrá que resolverse el problema que enfrentan. El CRIC busca los territorios colectivos, aunque dentro del movimiento hay unos que se refieren a territorios ancestrales y otros a tradicionales.

El 25 por ciento de la población de Colombia es negra. José Santos, del movimiento afro, afirma que Colombia es racista, que el conflicto más fuerte de su país no es el armado sino el social. Respecto al régimen de propiedad de la tierra, en Colombia fue a partir de la Constitución de 1991 y del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional Colombiana que comenzó a darse un reconocimiento de las tierras indígenas, principalmente con la figura de los resguardos indígenas; sin embargo, éstos son sólo una parte de los territorios indígenas. El Estado ha reconocido legalmente los resguardos, pero no lo ha hecho así con algunos territorios y ocupaciones tradicionales que los pueblos indígenas reivindican.

Durante el viaje de estudios a Colombia de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco), pudimos visitar y entrevistarnos con líderes y representantes de la región del Cauca.

En el reordenamiento territorial son pocas las familias que tienen la propiedad de la tierra. Los resguardos en voz de los pueblos indígenas son pecas –dicen-, y para su restitución también se están basando en las Leyes de Indias. El tema de la autonomía también les llama la atención y los pone a pensar. Hablan de un Derecho propio, que viene siendo el derecho indígena. En Colombia hay ocho millones de desplazados de un total de 45 millones de colombianos. Hoy está en disputa la devolución de las tierras. La reforma agraria se dio por la vía de los hechos, aunque desde mi punto de vista en Colombia no ha habido reforma agraria, al contrario, hay grandes acaparadores de tierra y grandes terratenientes. Hay una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para los desplazados. Los pueblos indígenas se sienten excluidos, y hacen suyo el discurso de los zapatistas en México, de que las autoridades deben mandar obedeciendo. Los cabildos no son propios de la cultura indíge-

No obstante, el gobierno colombiano sigue negando los derechos de los pueblos indígenas. Algo que se recalca mucho en las discusiones entre las organizaciones colombianas es que el conflicto de fondo en Colombia es por la tierra. Los diferentes dirigentes y actores sociales dicen que se requiere de una nueva constituyente, algo similar a lo que se busca en México en estos días. Hay una ebullición social y política en Colombia. Javier Betancourt, uno de los principales dirigentes, refirió que en su país hay mucha desigualdad social, por eso el sujeto agrario está en la cresta ahora en el movimiento social. Hay una tensión entre dos modelos: el dominante versus la autodeterminación. El dominante gira bajo los vértices de un triángulo: Desarrollo, Modernidad y Estado-nación, y la autodeterminación sobre: Vida, Cambio civilizatorio y Autonomía territorial. Llegándose a la conclusión que se requiere una respuesta planetaria, lo que en México los pueblos indígenas le llaman autonomías.

20 de febrero de 2016

APUNTES DE UNA VISITA A SANTANDER DE QUILICHAO

FOTOS: Manuel Espinosa Antonio Espinosa Sánchez

Danae Álvarez Ruiz Estudiante de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-X

río Cauca que nace en su extremo sur. Esta área, que en tiempos coloniales perteneció a la gobernación de Popayán, se caracterizó por ser uno de los enclaves mineros granadinos y una de las mayores zonas receptoras de población esclava. Durante los primeros siglos de colonización de América, la extracción de metales preciosos fue el motor de la economía, y centenares de indígenas esclavizados y sometidos se convirtieron en la mano de obra para la extracción minera, especialmente del oro.

Durante la Colonia, fue una zona identificada por sus yacimientos de oro asociados a la cuenca del gran

El municipio es conocido como “Tierra de Oro” debido a sus riquezas naturales, que a su vez han

desencadenado diferentes situaciones de conflicto, especialmente a causa de las explotaciones auríferas que solían realizarse a lo largo de sus ríos. La explotación minera a gran escala por parte de las multinacionales, el monocultivo de caña, el desplazamiento forzado y la reducción de tierras disponibles para cultivos, son algunos de los problemas que acontecen en la región.

Durante los primeros siglos de colonización de América, la extracción de metales preciosos fue el motor de la economía, y centenares de indígenas esclavizados y sometidos se convirtieron en la mano de obra para la extracción minera, especialmente del oro

Nos dirigimos de Santander de Quilichao y caminamos por las veredas del río Quinamayó, para conocer y constatar la devastación provocada por la actividad minera. En nuestro recorrido se pueden

apreciar también las chozas de los que migran para emplearse en las actividades mineras. Bajo un sol intenso y con una temperatura de aproximadamente 35 grados, seguimos caminando y vemos algunas personas trabajando en lo que llaman “cúbicos”. Que son perforaciones de entre 20 o 30 metros de profundidad –según nos cuentan-, donde literalmente se escarban las entrañas de la tierra.

ILUSTRACIÓN: John Murray

antander de Quilichao se encuentra en la zona norte del departamento del Cauca. Cuenta con una diversidad climática que lo hace atractivo a sus visitantes. Una de sus principales fortalezas es su conformación pluriétnica, la cual refleja su multiculturalidad –característica en todo el departamento-, con una alta presencia de comunidades amerindias, como los nasas (paeces), y de afrodescendientes, mezclados con la población mestiza.

De regreso, mientras nos trasladábamos en la carretera SantanderPopayán, el chofer me comenta: “Allá siempre ha habido minas, sólo que desde que ocurrió el accidente, se enojaron y cerraron”. Se refería desde luego a la tragedia acaecida el miércoles 30 de abril del año 2014, en donde perdieron la vida 30 mineros. Nuestro guía también nos enseñó el lugar de los hechos. Es una cicatriz enorme en la tierra, pero también en el imaginario de sus pobladores “Se escuchó tronar la tierra”, comenta, mientras seguimos nuestro camino.

En Santander de Quilichao, no sólo su clima es caliente, también la zona lo es, dada nuestra condición de extranjeros, nos aconsejan andar con cuidado, también nos recomiendan no tomar demasiadas fotografías. Uno de nuestros compañeros es el que se encarga de la documentación visual de nuestra visita. Las precauciones no están de más porque esta economía del gran capital no sólo es violenta con la naturaleza sino también con la humanidad, pues además de producir afectaciones al patrimonio cultural y ambiental de los pueblos, la actividad extractiva ha generado problemas de violencia e inseguridad. Está en juego el control de la producción y comercialización aurea, lo cual configura diversos escenarios de violencia y persecución. Es importante decir que el Cauca se ubica en el suroccidente de Colombia. Es uno de los departamentos con más diversidad, historia y riqueza en Colombia. Pösee la mayor cantidad de población en zonas rurales del país. Después de La Guajira, es el departamento con más población indígena y el quinto con el mayor porcentaje de afro descendientes en su población. Además de su diversidad cultural –derivada de la confluencia de estos grupos-, el Cauca cuenta con una importante variedad de recursos: más de un millón de hectáreas de bosques, 150 kilómetros de costa sobre el Pacífico y tres regiones naturales. Asimismo, tiene prácticamente con todos los pisos térmicos, tres valles y cinco grandes cuencas hidrográficas.

20 de febrero de 2016

LAS LECCIONES DE LA LIBERACIÓN, LAS RAZONES HISTÓRICAS DEL PUEBLO NASA Tejido de Comunicación del pueblo Nasa

FOTO: Geya García

del despojo, mercenarios paramilitares y fuerzas de policía y ejército mantienen abierto el corredor geopolítico del valle del río Cauca e, impotentes frente a la tenaz resistencia de las comunidades indígenas, tratan de estrechar el cerco en las zonas altas y montañosas, llenas de reservas ecológicas, santuarios ambientales y tierras poco aptas para el cultivo.

rescientos años han trascurrido desde que, derrotada la resistencia armada de los Nasa y los Pijaos en el Valle geográfico del río Cauca en el suroccidente de Colombia, los pueblos originarios iniciaran una larga jornada de batallas jurídicas que les valió el reconocimiento por parte de la Corona española de los Resguardos, territorios habitados por comunidades indígenas, y de una jurisdicción propia administrada por instancias de autogobierno, los Cabildos. Los repertorios de la resistencia colectiva habían cambiado y se articulaban, bajo la hegemonía imperial de la Colonia, para preservar las formas ancestrales de la vida en común, la lengua y los saberes: los Cabildos representaron el punto de corte entre la decidida resistencia de las comunidades originarias, que se ganaron en el campo de batalla y en los tribunales su derecho a existir como pueblo, y una estrategia imperial que consistió en crear un mecanismo de cooptación política que le permitirá mantener bajo control el desafío indígena. Ya a partir del siglo XVII el campo de batalla quedaba desplazado: los territorios indígenas y sus formas de gobierno y justicia propia, aun situados en la arquitectura jurídica de la Colonia, fueron fértiles para cultivar formas de existencia moldeadas por la resistencia y entretejidas por convicciones colectivas no capitalistas, por apuestas de construcción territorial que no pasan por lo lógica de la rentabilidad, la ganancia o la acumulación. Sin embargo, la situación histórica y estratégica era insostenible en el largo plazo de los siglos para los pueblos in-

dígenas, con la República vino la represión puesta en el altar de un mercado de tierras abierto, que en las particulares condiciones y formas de funcionamiento del capitalismo dependiente resultaron en un violento proceso de concentración de tierras en el Cauca: la Corona española había sido reemplazada por los Valencia, los Mosquera, los Chaux y los Iragorri, algunas de las redes familiares más importantes de la Hacienda caucana. Los indígenas fueron arrinconados aún más en las zonas altas del macizo colombiano, sometidos a formas de explotación de la mano de obra que ataba sus destinos a la gran propiedad mientras la legislación del despojo se dedicaba, a finales del siglo XIX, a desconocer la existencia de Resguardos en las fértiles tierras del valle. El siglo XX trajo a su paso la tormenta de la modernización capitalista del campo: el progreso bajaba desde el Valle del Cauca en forma de agronegocio cañero en expansión, se cerraba así la pinza contra las comunidades Nasa del norte del Cauca, atropelladas desde el sur por la explotación retrógrada de los terratenientes, y amenazada desde el norte por los vientos del progreso. Mientras tanto Quintín Lame adelantaba su heroica resistencia acudiendo a tribunales para demandar el reconocimiento de los títulos coloniales, sólo para terminar preso y perseguido en tres departamentos. Como siempre, más aun entre las comunidades indígenas, el heroísmo de los hombres sólo es la síntesis de la digna convicción de los pueblos. Lo que Quintín Lame echó a andar fue la salida organizativa a las tensiones que amenazaban con hacer des-

aparecer a los pueblos indígenas; Pronto, de la lucha jurídica pasaron a la recuperación de tierras; en los años 70’s los indígenas del Cauca se pusieron en movimiento por la conquista del componente material que los define como pueblo. Quedaba abierta la perspectiva política de construcción de territorialidad en las tierras arrancadas a la soberbia de los terratenientes y al “progreso” del monocultivo. Muy pocas cosas parecen haber cambiado desde aquellos largos años: Paloma Valencia, senadora del partido de ultraderecha creado por Álvaro Uribe, la última y más privada de sensibilidad moral o agudeza intelectual descendiente de los Valencia en el Cauca, propone dividir en dos el departamento para liberar a las fuerzas vivas del desarrollo económico del lastre indígena; Aurelio Iragorri, el último delfín de uno de los linajes más retardatarios de hacendados caucanos y actual ministro de Agricultura, burla los compromisos adquiridos con los indígenas en materia de entrega de tierras; los medios masivos de comunicación refrendan el racismo en horario estelar vendiendo la mediocridad periodística de Séptimo Día y las mentiras del autodenominado “equipo investigativo” del periódico El País (http://www.elpais.com. co/elpais/judicial/noticias/disputaindigenas-quieren-quedar-consiete-predios-cauca). En la época de la locomotora minero-energética y de monocultivo cañero para la producción de agrocombustibles –las apuestas estratégicas del modelo emergente de acumulación en Colombia-, el asalto final de la reprimarización económica contra los territorios sigue el patrón de colonización de hace 300 años: la legislación

El siglo XX trajo a su paso la tormenta de la modernización capitalista del campo: el progreso bajaba desde el Valle del Cauca en forma de agronegocio cañero en expansión, se cerraba así la pinza contra las comunidades Nasa del norte del Cauca, atropelladas desde el sur por la explotación retrógrada de los terratenientes, y amenazada desde el norte por los vientos del progreso Y fue en la primera década del siglo XXI que la resistencia de las comunidades Nasa del norte del Cauca, al compás del protagonismo del movimiento indígena en Bolivia, Ecuador y México, se articuló en la construcción de una agenda de los pueblos que logró hacer frente al proyecto de muerte que asomó sus con fauces con furiosa agresividad bajo el gobierno de Uribe (2002-2010). Será el Mandato de Libertad para la Madre Tierra, proclamado en 2005, el que perfile el contenido cultural, político y estratégico que redimensiona la recuperación de tierras para tender los puentes que unirán el destino de la construcción de autonomía indígena al fortalecimiento político del movimiento social a escala nacional: la Liberación abría así un ciclo de consolidación de la perspectiva territorial en la articulación de las experiencias regionales de lucha social. “Hemos caminado por muchos años y seguimos caminando, pero también hemos caminado la palabra con la que hemos hecho acuerdos que se nos han incumplido. Hemos elevado exigencias para que se nos respeten los derechos, para que los

gobiernos cumplan sus deberes, pero se han mostrado insolentes, cínicos y prepotentes. Hemos soportado muchas injusticias y las seguimos sufriendo, pero ya estamos cansados. Nuestros cuerpos, espíritus y deidades nos exigen otras acciones. Nuestra descendencia aguarda la realización de acciones que honren la palabra y los compromisos incumplidos. Por ello, aquí estamos, en esta cita con la historia para realizar nuestro destino, para abrazar a nuestra madre tierra, pues para defenderla, nos sobran razones” (http://www.nasaacin.org/ libertar-para-la-madre-tierra). Hoy la contradicción histórica sigue planteada a pesar del paso secular de los años, aunque en un lugar distinto al que con tanto esfuerzo tratan de situar los medios masivos de comunicación: es la disputa entre dos formas de organizar la vida en común en relación al territorio, la una poniendo la vida al servicio de la economía para sembrar con los bosques áridos del monocultivo cañero las tierras del valle, la otra luchando por poner la economía al servicio de la vida, sembrando maíz, frijol y yuca y, en un sentido más profundo que la sola recuperación, Liberando los territorios de fertilizantes químicos y las quemas masivas, garantizando además el acceso de las comunidades a las fuentes de agua, mermadas y contaminadas hace ya varios años por el suministro a los ingenios cañeros, que ahora podría ser definitivamente despojadas por la privatización de los acueductos locales. Y como las tierras no son superficies vaciadas de relaciones sociales, al Liberar los territorios las comunidades indígenas desbaratan las formas de propiedad y las modalidades de explotación de los trabajadores condenados a los efectos nocivos del monocultivo cañero. No se trata entonces, como mentirosamente manifiesta el alcalde de Corinto, Oscar Quintero, de un capricho indígena para declarar al Cauca un Resguardo o por separar los territorios indígenas del conjunto de la nación: la Liberación no es una invasión, es un hecho político de recuperación de territorios que por justicia pertenecen a las comunidades, una acción colectiva de retribución y armonización del Cxhab Wala Kiwe y una propuesta abierta a los pueblos, a campesinos y corteros de caña, a pobladores y activistas urbanos, para volver sobre la columna estratégica del conflicto social en Colombia, la concentración de las tierras en manos de unos pocos.

20 de febrero de 2016

DIGNIDAD AGROPECUARIA COLOMBIANA. CONSTRUYENDO DIGNIDAD EN LA VEREDA BOJIQUE Nelly Iveth del Ángel Flores Estudiante de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco

ayo de 2015, un estrecho camino de terracería nos lleva a la Vereda Bojique (sector de la Isla, municipio de Ventaquemada), del departamento de Boyacá, en el centro nororiente de Colombia. Nos reciben en la finca papera de Rosita Rivera y familia, un grupo de más o menos 30 productores de papa, cebolla y leche, miembros de las Dignidades Agropecuarias Colombianas. Estamos en el campo y con campesinos colombianos, queremos conocer un poco de su situación actual, pero lo que tenemos oportunidad de escuchar es más de lo esperado. En un auditorio improvisado en la bodega de aperos de la finca de los Rivera, nos exponen, utilizando computadora y proyector de imágenes, las situaciones y problemas del campo colombiano. Con ayuda del video documental Ovejas toreadas (https://vimeo. com/75011391), reseñan la historia, las motivaciones y los objetivos de su movimiento; hacen énfasis en la participación, tradicional y reciente, de las mujeres y los jóvenes. Explican cómo las problemáticas del campo compartidas en los distintos sectores de la producción y el comercio los han llevado a unirse, organizarse y prepararse para la causa: la defensa del sector agropecuario. Cada orador, cuatro en total, desarrolla un tema específico, el que ha preparado arduamente y no porque lo tenga que presentar a este grupo de estudiantes mexicanos, sino porque con ese insumo dialogan con sus compañeras y compañeros campesinos. Se plantan ante los medios de comunicación; se enfrentan, exigen y negocian con los actores estatales, y se muestran al mundo, que observa y a veces acompaña su lucha. La presentación contiene argumentos profundamente estudiados: análisis crítico de datos históricos, manejo de cifras micro y macroeconómicas, detalles sobre las políticas públicas gubernamentales –nacionales e internacionales-, legislaciones ambientales, impacto de los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia e información comparada sobre el agro en otros países de Latinoamérica y el mundo. No sólo toman la palabra César Pachón Achary (líder de la Dignidad Papera), Yoani Vela Bernal (miembro de la Dignidad Lechera), Rosa Elvira Rivera Pulido (Dignidad Papera) y Eduardo Moreno Rodríguez (defensor de los Páramos), sino que participan

en el tercero, realizado entre 2013 y 2014 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 83 por ciento de la agricultura es básica, sin maquinaria, ni insumos, el 80 por ciento de la tierra se usa para la ganadería y sólo entre 16 y 20 por ciento está destinada a la siembra. Ante esta situación del campo, marcada además por la desatención y la posición de desventaja en que se le colocó principalmente con los procesos de descapitalización y de apertura comercial, los campesinos de Colombia se decidieron a organizarse para hacer visibles sus demandas. Con antecedentes en varias protestas y momentos de organización popular, como el primer paro de cebolleros el 16 de noviembre de 2011, el movimiento de asociación campesina se ha ido construyendo sistemáticamente desde 2012, cuando de manera independiente distintos gremios campesinos generaron procesos y se fueron organizando alrededor de banderas comunes. Imagen alusiva al Paro Nacional Agrario y Popular de 2014, esta vez impulsado por la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular.

Mediante dos grandes movilizaciones, los campesinos organizados de Colombia han planteado sus demandas al gobierno, a todos los colombianos y al mundo. Primero, el Paro Nacional Agropecuario de septiembre de 2013, que tenía como algunos de sus principales ejes reivindicativos: reclamos por precios de sustentación con subsidio del Estado, condonación de la deuda y acceso a tasas de interés competitivas ante la crisis generalizada del campo otros campesinos y campesinas presentes en la reunión, y algunos jóvenes que hablan de los motivos por los que abandonan el campo y buscan trabajo en la ciudad, o la señora Isabel, que habla de la crisis de su finca a la que ha dedicado toda su vida.

Su labor de reflexión y análisis no termina en la enumeración de los conflictos, sino que trabajan en propuestas. Por ejemplo, diseñan proyectos, que ya están probando, de distribución de la producción en las ciudades mediante la relación directa entre productores y consumidores y sin intermediarios; de innovaciones en el procesamiento de los productos a cargo de las mujeres, a quienes consideran “el león dormido del campo”, es decir, un grupo con mucho potencial que no se ha aprovechado y valorado suficientemente, por mencionar algunos. Una expresión que enarbolan las Dignidades Agropecuarias describe muy bien lo que hoy presenciamos: “En las duras experiencias vividas durante las dos largas décadas de aplicación de políticas neoliberales, los productores acumulamos conocimiento sobre nuestra realidad y las necesidades fundamentales del sector”. Asociando dignidades. Los recientes datos parecen mostrar que el agro colombiano no está en las mejores condiciones y que su desatención viene de tiempo atrás. Además de la falta de equidad en la distribución de la propiedad rural, los censos agrarios en Colombia evidencian el rezago del campo. Según las estadísticas presentadas

Ya en el periodo organizado, la Dignidad Cafetera fue el primer sector en integrarse e impulsar un paro, en febrero de 2013 (130 mil personas, con 20 puntos de concentración en 13 departamentos). Siguió a éste, el surgimiento de la Dignidad Arrocera, Dignidad Cacaotera, Dignidad Panelera, Dignidad Papera, Dignidad Lechera y Dignidad Cebollera, y ese mismo año las Dignidades empezaron a construir una agenda compartida en la búsqueda de una Mesa Común de Negociación con el gobierno, hasta llegar a consolidar la Dignidad Agropecuaria Colombiana. En el camino, otras agrupaciones dedicadas a trabajar la tierra se han unido a la causa de las Dignidades y la suma de voces y acciones ha permitido formar un frente común más fuerte ante las instituciones del Estado. La asociación incluso ha generado sus estatutos, de los cuales se desprende el artículo 5, que expresa que el objeto principal de las Dignidades es “defender y fomentar el desarrollo del sector agropecuario del país y de las personas que se dedican a esta actividad para alcanzar la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y el bienestar económico y social de los habitantes del campo. Para eso, luchará para representar ante el Estado, al sector”. Mediante dos grandes movilizaciones, los campesinos organiza-

dos de Colombia han planteado sus demandas al gobierno, a todos los colombianos y al mundo. Primero, el Paro Nacional Agropecuario de septiembre de 2013, que tenía como algunos de sus principales ejes reivindicativos: reclamos por precios de sustentación con subsidio del Estado, condonación de la deuda y acceso a tasas de interés competitivas ante la crisis generalizada del campo, protección de la actividad agropecuaria por sobre la minera, renegociación de los Tratados de Libre Comercio; control del contrabando, oposición a la extranjerización de la tierra y la reestructuración de las gremialidades agrarias. Posteriormente, el Paro Nacional Agrario y Popular de 2014, esta vez impulsado por la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular, que ya sumaba a otros sectores. El pliego de peticiones que sostenían las protestas incluía la revisión de licencias ambientales en zonas productivas, la lucha contra el contrabando, la reestructuración de la Federación Nacional de Cafeteros, el pago del PIC para todos los caficultores y la reducción del 30 por ciento en el precio de los fertilizantes e insumos. Para ello hubo múltiples reuniones de negociación de voceros de las Dignidades como el caso de César Pachón y Orlando Beltrán, entre otros, con el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, y funcionarios del Banco Agrario y Finagro. Justamente fue el ministro de Agricultura quien en medio de las negociaciones expresó a los campesinos, en un “acto de sinceridad”, que lo que ellos pedían “estaba muy bien”, pero no se realizaría pues respondía a un modelo económico distinto al que rige las políticas del gobierno colombiano. “Para lograr lo que ustedes creen que el campo necesita, deben estar de este lado”, es decir, en el gobierno, expresó en palabras semejantes Lizarralde. Los campesinos han tomado muy en serio ese reto y a la par de las movilizaciones para hacer posibles sus demandas, la búsqueda de alternativas de producción y comercialización, incursionan también en el plano electoral (en algunos casos construyendo vínculos con organizaciones indígenas que les llevan camino recorrido en ese ámbito). El objetivo es tomar parte en los preceptos políticos y económicos que dirigen el rumbo del país con una visión diferente, con una enérgica consigna: “Los colombianos debemos y estamos en capacidad de producir lo que nos comemos”.

20 de febrero de 2016

CAFÉ CON AROMA A RESISTENCIA, DIGNIDAD Y AUTONOMÍA INDÍGENA EN EL NORTE DEL CAUCA Antoine Libert Amico y Miguel Carrillo Salgado Estudiantes de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-X. Miguel Carrillo también es docente de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo

El CRIC está conformado por representantes de diez pueblos, organizados en 121 cabildos indígenas (comunidades indígenas organizadas con un territorio correspondiente), de los cuales 84 son reconocidos por el Estado colombiano. Ricardo Bustos, coordinador del departamento de café de Cencoic, menciona que “es una organización indígena que ha venido de un proceso de lucha de muchos años. La historia de nuestra organiza-

El CRIC es una alternativa organizativa indígena que se desenvuelve en medio del conflicto armado, enfretando actores armados de los dos lados del conflicto en Colombia: desde su formación, el 24 de febrero de 1971, hasta mediadios de 2015, el CRIC ha sumado más de dos mil 400 comuneros asesinados en su proceso de lucha. El Estado colombiano continúa respondiendo con represión a las demandas del movimiento indígena del Cauca, tal como se observa en la violencia y brutalidad policiaca ante el proceso de “liberación de la madre tierra” que indígenas del norte del Cauca realizan por medio de la toma de tierras de latifundistas de la industria cañera. Aparte de la represión policiaca directa a la lucha de las comunidades indígenas por la tierra y el territorio, el Estado moviliza al sistema judicial para procesar a dirigentes indígenas, tal como se ve en el caso de la detención el 15 de septiembre de 2015 de Feliciano Valencia, quien fue concejero mayor del CRIC de 2007 a 2009. Cencoic: Base material para el sostenimiento de autonomías indígenas. La Cencoic es una línea de acción para el sostenimiento de autonomías indígenas, y se habla en plural, porque son diversos pueblos originarios que confluyen desde sus propios territorios hacia un cooperativismo empresarial, donde se concibe que “el café es una alternativa de desarrollo socioempresarial para las comunidades indígenas en el Cauca” (Ricardo Bustos, septiembre del 2015).

FOTO: Consejo Regional Indígena del Cauca

CRIC: 44 años de resistencia por la unidad, territorio, autonomía y cultura. La Cencoic es una línea de acción del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización indígena que reivindica desde 1971 los derechos ancestrales de los pueblos originarios en Colombia. Sus objetivos se enfocan en reconstruir y fortalecer los planes o proyectos de vida de los pueblos indígenas del Cauca; reivindicar y desarrollar sus derechos constitucionales, económicos, sociales y culturales, y fortalecer el proceso de autonomía territorial, ambiental, política, económica, educativa, salud y de derecho propio (www.cric-colombia.org).

ción nace a raíz del exterminio por parte de las fuerzas estatales contra las comunidades indígenas por medio del despojo de tierras. Ante este contexto, siete cabildos o comunidades se organizaron para seguir perviviendo”.

Esta línea de acción tiene como objetivo central organizar a las familias productoras de café bajo el direccionamiento del CRIC y los cabildos por medio de la comercialización del grano, la dinamización de los mandatos en lo productivo y el posicionamiento del café en mercados internacionales, a la par de la capacitación técnica y el impulso de formas económicas solidarias y sustentables.

Según Ricardo Bustos, en sus inicios el movimiento indígena en el Cauca “andaba en tres patas”. Como muchos procesos organizativos, que construyen alternativas en lo político, en la educación y en la salud. El componente económico era el más débil. La necesidad más sentida en ese entonces, según el entrevistado, era la falta de dinero y la alta pobreza, aparte de enfrentar condiciones productivas difíciles por contar con suelos ácidos y poco fértiles, altamente dependientes de la aplicación de agroquímicos. Es así que arrancó la Cencoic como proyecto económico, con figura legal para poder entrar en acuerdos comerciales y recibir transferencias de la solidaridad internacional en ese entonces.

FOTO: Cencoic

l Cauca huele a café con aromas de autonomía y resistencia indígena. En este departamento colombiano donde más de 25 mil familias dependen del café, la Central Cooperativa Indígena del Cauca (Cencoic) ha buscado articular las comunidades organizadas, a pesar del contexto hostil de guerra de baja intensidad por el conflicto armado. En una zona codiciada tanto por empresas mineras como por el mismo narcotráfico, la Cencoic funge implícitamente como propuesta organizativa que, en los hechos, está generando una alternativa económica a la producción de cultivos ilícitos.

En 1980 fue legalmente constituida, sin embargo, fue hasta 1996 cuando obtuvo certificaciones y logró concertar exportaciones independientes y directas a consumidores, sin la intervención de intermediarios. Ahora comercializa su café en Europa y Estados Unidos. También en Nueva Zelanda, país al cual exporta su producción con certificación orgánica.

Cabe mencionar que entre 2010 y 2011 se externó una crisis organizativa debido a un caso de corrupción interna. Ricardo habla con apertura de esta crisis, del tipo que muchas organizaciones han enfrentado pero no han querido debatir en el ámbito público. Bustos menciona que “las grandes adversidades que han tenido que afrontar para ofrecer seguridad a los socios cafetaleros que conforman la cooperativa han sido constantes. Sin embargo, eso no es razón para doblar aspiraciones; al contrario, es razón para fortalecerse”. Ya en el 2011 se posicionó Cencoic como parte fundamental del programa económico ambiental del CRIC y se reestructuraron sus estatutos, reconstruyendo la confianza con sus socios por medio de una estructura organizativa renovada. Si bien es cierto que el café en Colombia lleva un largo recorrido que ha consolidado una vocación productiva histórica como país cafetalero, y también se reconoce que ha sido uno de los mejores cafés del mundo; es importante evidenciar la diversidad social, territorial y dinámicas sociales que se desarrollan para obtener el aromático, en un contexto donde los sistemas político y económico se confabulan para invisibilizar la pluralidad cultural a través del corporativismo colombiano. El café tiene una cara y un corazón. Es la diversidad social la que hace que el café obtenga aromas que reconozcan los procesos sociales por los cuales se desarrolla. Así también, es importante reconocer que es la base material para el sostenimiento de los modos de vida distintos a los de la monocultura neoliberal. Las autonomías que arropa el CRIC por medio de su línea de acción con la Cencoic han sido un elemento importante para celebrar la diversidad en resistencia a la homogeneidad.

20 de febrero de 2016

EL CAFÉ EN COLOMBIA Y MÉXICO

e Colombia se ha dicho que es la “nación cafetera” y sin duda el café es lo que más identifica a este país en el mundo. Un factor central en la cafeticultura colombiana fue la creación en 1927 de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC) que, según el investigador Marco Palacios, es una institución muy difícil de atrapar en una definición. Legalmente se le considera una “entidad de derecho privado que cumple funciones públicas esenciales al interés nacional”. La FNCC llegó a manejar hasta 70 por ciento de las compras internas de café y estableció medidas, como el precio interno de sustentación, que dieron cierta estabilidad y seguridad en los precios pagados a los productores. Con la fuerte baja de las cotizaciones internacionales a fines de los 50’s, la Federación tuvo un rol importante en acuerdos internacionales, como el llamado Convenio de México en 1958, cuando la mayoría de los países productores de café acordaron regular la oferta para sostener los precios. Colombia y México jugaron un papel fundamental en el establecimiento del sistema de cuotas de exportación de café administrado por la Organización Internacional del Café (OIC), cuyo objetivo central era establecer un precio remunerativo para los productores de café. En función de una banda de precios se establecían las cuotas de exportación por país y esto era acordado también con los países importadores. Una fuerte helada en Brasil en 1975 elevó los precios y ello junto con el sistema de cuotas propició más de una década de auge, lo cual benefició a los productores. En esta época se tuvo una fuerte intervención de organismos públicos que establecían precios de garantía y daban apoyos a los productores con plantas de café, asistencia técnica, fertilizante y préstamos en condiciones muy favorables. Hoy los cafeticultores añoran esa época, que contrasta con lo que ha pasado en las décadas recientes de “libre mercado” en el comercio mundial del café. En 1989 se rompió el sistema de cuotas y se entró a una liberalización comercial. Hubo intentos de algunos países productores de llegar a acuerdos de retención de exportaciones para regular los precios, pero no tuvieron éxito. En las décadas recientes, los precios del café han sido los más volátiles entre las materias primas y se han vivido dos periodos de fuerte baja de precios, de 1989 a 1994 y después del 2000 al 2004, que redujeron fuertemente los ingresos de los productores.

Si bien Colombia llegó a producir hasta 17 millones de sacos de 60 kilos, del 2001 al 2008 el promedio anual fue de 11.8 millones de sacos; en los siguientes cuatro ciclos, las afectaciones por la roya bajaron el volumen a un promedio de 8.3 millones de sacos por año. La Federación de Cafeteros siguió manejando un nivel de compras no menor al 20 por ciento de la cosecha y establecía un precio que de alguna manera influía en los precios internos. En los años recientes los cafetaleros se manifestaron fuertemente, cuestionando el papel de la FNCC; la acusaron de burocratismo e ineficiencia. Además, demandaron que se definiera un costo de producción adecuado y un mecanismo de compensación con recursos fiscales cuando los precios estuvieran por debajo del costo. La fuerte movilización gremial, que bloqueó algunas de las principales carreteras, recibió el apoyo de otros grupos sociales y gremiales y la simpatía de parte importante de la opinión pública, lo cual obligó al gobierno del presidente Santos a una negociación directa con la dirigencia de los que protestaban, que finalmente lograron una victoria importante. Fue claro que el presidente Santos, que en el pasado fue funcionario de la Federación, manejó el conflicto con vistas a reelegirse. Durante mucho tiempo se consideró al café colombiano como uno de los de mayor calidad, pero la variedad que introdujeron de manera masiva para controlar las afectaciones por el hongo de la roya está generando mucha controversia. Se estableció un programa de renovación de cafetales con la variedad Castillo (antes Colombia) que es un catimor (híbrido de arábigo y robusta) en unas 700 mil hectáreas, esto es casi 70 por ciento del total de las tierras de café. Con un manejo muy centralizado, se otorgó un crédito en condiciones muy favorables, con plantas de café y asistencia técnica, y se estableció un precio de garantía. Para 2015 la producción sumó 14.2 millones de sacos, lo que representó un aumento del 70 por ciento en sólo cuatro ciclos. Un efecto de esto ha sido el aumento de las exportaciones y una disminución de los precios de los cafés colombianos arábigos lavados, ya que los catimores, que son amargos, son considerados de menor calidad por muchos compradores y consumidores. Actualmente esos precios son menores que los de cafés de más calidad de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, México y otros. En México se desmanteló totalmente la intervención estatal en la comercialización del café, y los apoyos fiscales se centraron en

compensaciones a los productores cuando los precios fueron muy bajos. En la época de auge la producción fue en un promedio de 5.5 millones de sacos, con un récord de 6.2 millones en el ciclo 19992000, pero en los años recientes descendió a un promedio de 4.8 millones y se derrumbó a sólo tres millones en el ciclo 2014-15 por causa del mismo hongo de la roya que afectó a Colombia. Para la actual cosecha 2015-16 que está terminando, la producción probablemente no llegue a los 2.4 millones de sacos debido a la roya y a afectaciones climatológicas. En el más reciente padrón cafetalero se incluye a 515 mil productores con cerca de 700 mil hectáreas; de ellos unos 310 mil tienen menos de una hectárea. En general la cafeticultura registra un fuerte minifundismo. Alrededor del 85 por ciento de los productores son indígenas de 25 etnias diferentes y se ubican en las regiones serranas de mayor marginalidad y pobreza. La combinación de afectaciones por la roya y el clima está generando la mayor crisis que ha enfrentado la cafeticultura mexicana. La falta de producción se está sustituyendo rápidamente por mayores importaciones de café de menor precio y calidad principalmente de robusta. En el 2014 se importaron 1.8 millones de sacos, en el 2016 no serán menores de 2.7 millones de sacos y rebasarán el volumen de producción nacional. Por primera vez se importaría cerca de un millón de sacos de cafés arábigos lavados y lo demás de robusta. Desde diciembre del 2012 ya estaba en el Soconusco la roya más agresiva y desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se promovió aplicar un producto biotecnológico que no estaba probado y no dio resultado. La roya se expandió en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y los demás estados productores. Desde la Sagarpa se quiso ocultar la situación y hasta fines del 2015 la institución difundió que no había daños. Eso bloqueó la posibilidad de acciones efectivas a nivel nacional contra la roya. Se dieron recursos fiscales de manera discrecional a gobiernos estatales, senadores, diputados y presidentes municipales con pocos resultados positivos. Los funcionarios responsables fueron cesados y se nombraron nuevos. La mayoría de los productores de café en México tienen variedades de café llamadas tradicionales como la typica, bourbon, mundo novo y otras; hay una fuerte presión para que se cambien por catimores ya que se considera que aquellas no son resistentes a la roya.

FOTO: International Center for Tropical Agriculture

Fernando Celis Callejas Asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)

Desde la Sagarpa se ha definido un plan nacional que concentra la aplicación de los recursos fiscales y el financiamiento en la renovación de cafetales pero que en el mejor de los casos beneficiaria a unos 60 mil productores. El presupuesto público 2016 para el café asignado a la Sagarpa es de 730 millones de pesos, que es el más bajo en términos reales de las décadas recientes. Hay versiones de que podría ampliarse el monto con participación de otras instituciones, pero es difícil la coordinación. En febrero del 2016 la situación se está agravando en las regiones cafetaleras; las familias tienen una fuerte disminución de sus ingresos y se tendrá una crisis alimentaria y social. Llama la atención que pese a la magnitud de la crisis cafetalera, en el 2016 ya no se incluye ningún apoyo fiscal directo a los productores, cuando se había tenido durante los años anteriores. Ya se escucha que desde la Secretaría de Hacienda se asignan recursos incluso mayores que el programa oficial de café a algunos estados como Veracruz de manera discrecional y con fines claramente políticos. En Veracruz habrá elecciones para gobernador. Ya hay versiones de que si se asignaran a Veracruz 280 millones de pesos adicionales alcanzarían para un apoyo de dos mil pesos por hectárea y que esto se debería extender a los demás estados cafetaleros. A diferencia de Colombia, no hay un plan amplio de atención a la crisis y se tiene una mayor descoordinación institucional y dispersión organizativa de los productores. La tendencia de los gobiernos recientes ha sido en el sentido de expresar que muchos productores deben retirarse del cultivo ya que no son productivos ni competitivos, que su actividad no es rentable, etcétera. La gran mayoría de las familias cafetaleras se ha mantenido en el cultivo de café, con estrategias específicas de diversificación de ingresos y en muchos casos de producción

propia de alimentos. Hay mucho interés de seguir en el cultivo del café, ya que es adecuado para las regiones serranas y el manejo familiar, pero se demandan mejores políticas públicas y apoyos más amplios. Pero pareciera que el gobierno mexicano sólo prestará atención al café si se presentan fuertes movilizaciones gremiales de los productores, como las de Colombia. Las demandas desde el sector productor son claras. Un plan nacional con acciones más efectivas para el control de la roya, un programa más amplio de renovación de cafetales combinando crédito y apoyos fiscales, una actualización del padrón cafetalero y que no se amplíe con fines políticos, un apoyo directo al ingreso que permita mejorar la alimentación, apoyos de empleo temporal que se apliquen para mejorar el cultivo de café, revisión de las importaciones de café y que éstas no sean de cafés dañados que afecten los precios internos, una mayor promoción del consumo interno y que se fortalezca una institución pública con participación del gobierno federal y del sector productor además de otros actores para definir las políticas cafetaleras. En el mercado mundial del café, la producción actual de cafés arábigos lavados es de alrededor de 41 millones de sacos, casi el mismo nivel que el consumo. Un 80 por ciento es producido por Colombia (35 por ciento), México, Perú y países de Centroamérica. Estos cafés son los que se considera de más calidad y tienen mayores precios. Si unilateralmente Colombia sigue impulsando un fuerte aumento de la producción, y también lo hace Honduras, y si se recupera la producción en México, tendremos en poco tiempo una sobreproducción de este café y disminuirían los precios. Es mejor tener acuerdos para ordenar mínimamente el mercado de estos cafés. Es importante la cooperación entre estos países. Es necesario también un mayor acercamiento, coordinación y acuerdos de los gremios de productores de café de estos países, para una defensa conjunta de sus intereses.

20 de febrero de 2016

FOTO: Manhhai

del campesinado también hay propietarios) sino solamente de luchar contra los “feudales anamitas y la clase burguesa anti-revolucionaria”. El objetivo de la revolución agraria era entonces el de “nacionalizar todas las plantaciones y las tierras de los imperialistas franceses y de los propietarios anamitas anti-revolucionarios y repartirlas a los campesinos probres”.

LA REFORMA AGRARIA EN VIETNAM Nguyen Duc Truyen Sociólogo, Academia de Ciencias Sociales de Vietnam 1.- La reforma agraria entre la revolución nacional y la revolución democrática (1945-1954). El régimen colonial francés se establece en Vietnam a partir de fines del siglo XIX (en 1862 en Cochinchina y en 1884 en todo el país). Sin embargo, los movimientos de lucha para la independencia nacional de los vietnamitas contra los colonialistas franceses no habían tenido ningún éxito antes de 1930. El Partido Comunista Indochino (PCI), creado en 1930 y antecesor del Partido Comunista Vietnamita (PCV), abordó a partir de 1945 a la vez la cuestión nacional, apuntando a la lucha por la independencia del país, y la cuestión campesina para una reforma agraria gradual, dos objetivos necesarios para lograr la revolución nacional. En efecto, la posición sobre la cuestión campesina, en la línea política del PCI, se había apoyado sobre las características muy particulares de Vietnam, donde el espacio cultivable de las explotaciones familiares campesinas había sido reducido y parcelado sin cesar, a causa de lo reducido de la superficie cultivable y a causa de la densidad demográfica en incremento constante a lo largo de los siglos anteriores. Sin embargo, no se puede entender esta parcelación extrema sin analizar la evolución del tema de la tierra en la historia del Vietnam. La estructura agraria en el tiempo de la colonización francesa, antes de 1954, se caracterizaba por una concentración de las tierras en manos de los terratenientes, en detrimento de las explotaciones campesinas. Antes de la guerra (en los años 1930), cerca de 50 por ciento de las tierras cultivadas eran de los terratenientes (que constituían solamente tres por ciento de

la población) y nueve por ciento de esas tierras pertenecían a franceses. Las tierras comunales, bajo el control de los terratenientes y de los campesinos ricos, formaban el 12 por ciento. El resto (30 por ciento de la superficie cultivada) pertenecía a los campesinos, que constituían el 90 por ciento de la población. Una encuesta de tenencia de tierras después de 1945 muestra una situación todavía caracterizada por el sistema colonial. Es por esta razón que, para el PCV, la cuestión campesina estaba estrechamente ligada a la cuestión nacional y no podía hacer una reforma agraria sin lograr primero la liberación nacional.

cialista, aunque la referencia a la “revolución agraria” fuera recordada constantemente. No se trataba de luchar, desde una perspectiva obrerista, contra las clases propietarias en general (ya que dentro

Después de la victoria de la insurrección general (19 de agosto de 1945), el poder revolucionario se estableció en el conjunto del país. Sin embargo, los ataques de las fuerzas del imperialismo francés y de sus aliados en Vietnam habían forzado el PCI a definir una línea política específica (25 de noviembre de 1945), insistiendo en la “revolución de liberación nacional” y su eslogan “prioridad al pueblo”. Esta línea política nacional del PCI dirigió la resistencia contra los franceses entre 1946 y 1954. La política del partido movilizó todas las fuerzas favorables a la revolución nacional. Esta política –al inicio del reparto de tierras bajo la presión de la movilización de los campesinos pobres y que contribuyó a la victoria decisiva de la resistencia en 1953- fue siempre

limitada a la repartición de las tierras comunales y a la disminución del alquiler de la tierra, sin tocar a los terratenientes, de los cuales se esperaba que se adhirieran a la lucha nacional. El cuadro 1 indica que la proporción de la propiedad de las tierras confiscada a los franceses en 1953 fue de 89 por ciento. En el caso de los terratenientes fue de 41, de 85 para los “traidores” y de 77 por ciento para las tierras comunales. Es importante anotar que, en el caso de los terratenientes, la redistribución de las tierras sólo afectó 41 por ciento de sus propiedades. La política de solidaridad nacional del PCI orientó esta redistribución gradual de las tierras, tolerando una propiedad de la tierra de los terratenientes. El año 1953 marca la última fase de la resistencia y el inicio de la reforma agraria radical. En enero de 1953, la cuarta reunión del Comité Central del PCV decidió “suprimir el régimen de propiedad de los colonialistas franceses y de otros imperialistas en Vietnam, anular el régimen feudal de los terratenientes vietnamitas y extranjeros y promover el régimen de propiedad campesina”. Esta

Cuadro 1. Apropiación de la tierra en la República Democrática de Vietnam (RDV), 1945-1953

Al orientarse hacia una revolución nacional, la “cuestión campesina” debía evidentemente ser tratada por el PCI de una manera más flexible que dentro de la lógica so-

Propiedad original

1945-1949 ( por ciento)

1949-1953 ( por ciento)

de la superficie De la superficie total del grupo de reforma agraria

de la superficie del grupo

De la superficie total de reforma agraria

Francesa

Terrateniente

« Traidores »

Tierras no utilizadas

Tierras retenidas

Iglesia Tierra comunal

Total

100

Cuadro 2. Clases sociales, propiedad de la tierra y tierra utilizada por familia en RDV, 1945-53 1945 Clasificación

Por clase

1953 por ciento de tierra poseída

Tierra per cápita (3)

Ha por por ciento por ciento hogar por clase de tierra poseída (1)

Ha. Propietario por hogar

por ciento de tierra utilizada (2)

Francés

0.8

1.0

0.2

Iglesia

1.6

0.6

Tierra comunal

24.6

22.5

1.4

Ha- utilizada por hogar

1945

1953 1953 poseída utilizada

Terrateniente

3.5

22.5

4.958

1.8

17.3

5.786

10.0

3.352

9741

11368

6585

Campesino rico

2.2

7.1

2.437

1.2

4.4

2.259

4.5

2.288

4423

4099

4153

Campesino medio

32.2

30.4

0.72

33.6

34.6

0.637

45.8

0.844

1549

1371

1816

Campesino pobre

35.4

10.8

0.234

43.5

15.7

0.224

29.7

0.424

589

563

1068

Campesino sin tierra

20.6

1.2

0.047

14.4

2.1

0.092

6.3

0.272

145

287

851

Otros obreros rurales

6.1

0.7

0.094

5.3

0.8

0.094

1.2

0.141

244

242

365

Total/promedio

100

99.7

0.762

99.8

100

0.670

99.8

0.620

1860

1513

(1) La tierra que los terratenientes y los campesinos “ricos” poseen. (2) La tierra que los terratenientes y los campesinos “ricos” utilizan. (3) Metros cuadrados; sobre la base del tamaño promedio de las familias.

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En el mes de octubre de 1957, la décima reunión del Comité Central del Partido de Trabajadores de Vietnam declaró terminada la “tarea anti-feudal” en el norte. Según el balance de la reforma agraria del gobierno, en 1957 un total de 810 mil hectáreas, un millón 846 mil instrumentos de labranza, 106 mil 448 animales de tiro y 148 mil 565 casas habitación fueron distribuidos a dos millones 104 mil 138 hogares campesinos, o sea ocho millones 323 mil 636 habitantes o 72.8 por ciento de la población rural. Con la reforma agraria, la redistribución de las tierras transformó la estructura de clases en el campo en el Vietnam del norte. El régimen de propiedad de la tierra feudal y colonialista fue enteramente abolido y la clase de los terratenientes eliminada. El campesinado se volvió dueño de las tierras y de la producción agrícola. Al evaluar el resultado de la reforma agraria, el partido afirmó que ésta, aunque haya cometido errores de tipo izquierdista (juicios sumarios y eventuales ejecuciones), había liberado a la economía campesina de los propietarios de la tierra feudales. Esta reforma abrió la

Cuadro 3. Apropiación de las tierras en RDV antes y después de la reforma agraria (en metros cuadrados por habitante) Beneficiarios

1945

1953

1957

Tierra en posesión

Tierra utilizada Tierra en (1) posesión

Terratenientes

10 093

11 356

6 393

738

Campesinos ricos

3 975

4 679

3 345

1 547

Campesinos medios 1 372

1 688

1 257

1 678

1 610

Campesinos pobres

431

680

490

1 006

1 437

Campesinos asalariados

124

252

262

807

413

Tierra utilizada Tierra en (2) posesión

(1) Comprende el uso de la tierra comunal. (2) Comprende distribuciones temporales, que incluyen tierra comunal.

Cuadro 4. Efectos de la Reforma Agraria Años

Superficies (en ha)

Rendimiento promedio Producción (en T) (en T/ha)

1939

1 836 000

1.33

2 353 200

1945

2 650 000

1.43

3 770 000

1954

1 898 100

1.37

2 600 000

1955

2 224 000

1.62

3 604 000

1956

2 280 000

1.81

4 132 000

1957

2 191 000

1.80

3 947 000

1958

2 225 000

2.04

4 576 000

1959

2 231 000

2.33

5 200 000

vía al desarrollo de la industria y del comercio en el marco de la economía rural y de la economía nacional.

habían sido gravemente dañados, al punto que 200 mil hectáreas de arrozales ya no eran irrigados; centenas de miles de animales de arrastre habían sido matados, y hacían falta de forma dramática instrumentos de labranza. Las políticas económicas fueron pues reorganizadas y se dinamizó la producción agrícola, fundamento de toda la economía nacional.

Después de la guerra contra los franceses, llamada “Periodo de la Resistencia” (1954), el Vietnam del Norte entró en una fase de restauración y de desarrollo económico. Por los efectos de la guerra, la economía agrícola del Norte estaba anémica: 140 mil hectáreas estaban incultas; casi todos los sistemas de diques y de irrigación

La economía campesina fue alentada por ocho medidas, promulgadas en mayo de 1955 por el go-

FOTO: Manhhai

política otorgó un carácter radical a la reforma agraria de este periodo, ligada a la lucha contra la clase de los terratenientes, acusados de ser “traidores” porque eran, según su carácter de clase, “explotadores”. El objetivo de esta fase de la reforma agraria fue el de confiscar o requisar las propiedades de todos los terratenientes y repartirla a los campesinos sin tierra y pobres. Todos los repartos temporales que habían sido hechos durante los ocho años anteriores fueron reexaminados y sancionados durante esta fase (Cuadro 2).

bierno. Se trataba de asegurar los derechos de la propiedad sobre la tierra; de garantizar los bienes de los campesinos y de otras capas sociales; de fomentar el desbroce y el cultivo de las tierras sin cultivo (exoneración de impuestos, durante tres años, para las tierras puestas en cultivo, y durante cinco años para las desbrozadas); los campesinos fueron enteramente exonerados de impuestos sobre los incrementos de cosechas y sobre la producción de rendimientos elevados; fue permitido alquilar mano de obra y animales de arrastre, prestar y endeudarse; el desarrollo de formas de ayuda mutua fue alentado, lo mismo para las ocupaciones rurales secundarias como para los oficios artesanales; las familias trabajadoras fueron recompensadas, y el sabotaje de la producción fue reprimido. Los efectos de las políticas económicas fueron crear el apego de los campesinos a la producción agrícola. Todos los índices de producción agrícola se incrementaron, pese al hecho que las condiciones de trabajo material y técnico

siguieron idénticas a las de antes de la guerra. La conciencia de ser dueños de su tierra cambió fundamentalmente la mentalidad económica de los campesinos. Pero este desarrollo económico tenía límites. Las familias campesinas individuales tenían muchas dificultades para estabilizarse y desarrollar sus explotaciones. La superficie promedio de cada hogar era muy limitada (menos de 0.4 hectáreas en el delta del río Rojo). Varias familias debían compartir un búfalo o un buey de arado. Los instrumentos de cultivo necesarios y elementales, como el azadón, la hoz y el rastrillo, hacían falta. Las calamidades naturales fueron numerosas durante este periodo, agravando todavía más sus dificultades. Algunos hogares campesinos se vieron obligados a vender sus tierras o sus arrozales. Según las encuestas, era claro que los campesinos pobres (70 por ciento) y los campesinos medios (25 por ciento) no estaban a la altura en el trabajo de gestión y desarrollo de sus explotaciones. El hecho de vender sus tierras o sus animales de arrastre lo demostraba. En efecto, estos campesinos no tenían suficiente experiencia para hacer prosperar explotaciones agrícolas cuya superficie había sido multiplicada por tres. Por otro lado, los campesinos ricos y medios, capaces de cultivar explotaciones de este tamaño, fueron obstaculizados en sus actividades por razones políticas. El dinamismo de la economía campesina fue entonces limitado por los prejuicios políticos contra ellos. 2.- La colectivización: la reforma agraria en la revolución socialista. La revolución socialista,

FOTO: Manhhai

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Gracias a ella, durante el período de restauración y de desarrollo económico de 1958-60, los progresos económicos fueron apreciables en el Vietnam del Norte. Aunque las colectividades de ayuda mutua fueras calificadas por los cuadros políticos de aquella época como “cooperativas de bajo nivel”, habían mostrado bien el espíritu de una cooperación económica democrática e igualitaria. El cuadro 4 muestra los efectos positivos de la reforma agraria y de las políticas de desarrollo económico durante los años que antecedieron a la colectivización agrícola. Las superficies cultivadas se incrementaron en 20 por ciento, después de cinco años de restauración económica (1954-1959). El rendimiento se incrementó en casi la mitad (44 por ciento). La producción se duplicó. Como se ve, las primeras tentativas de reforma agraria radical tuvieron resultados fluctuantes. La restauración económica estuvo lejos de cubrir las necesidades elementales del país. Sin embargo, durante el periodo de resistencia colonial, un impulso había sido dado a los campesinos para que se organizaran voluntariamente bajo la forma de grupos de ayuda mutua. Sin embargo, por razones políticas, durante el periodo siguiente, el principio de organización voluntaria fue remplazado por el proceso de colectivización. A inicios de los años 60’s, las tierras y los medios de producción fueron transformados en propiedad colectiva de las cooperativas. Éstas debían responder no solamente al problema de fragmentación de las tierras agrícolas, mediante una constante y progresivo ampliación de la escala del trabajo colectivo (del nivel de aldea al de comuna o distrito, sino sobre todo a la exigencia de una economía nacional de tipo socialista, establecida por el programa político del PCI en 1930. Este último afirmaba: “después de haber realizado la revo-

Cuadro 5: Evolución de la estructura económica de Vietnam entre 1985 y 2008 Sectores y contribución al PIB en USD - 2000

1985 (A)

1990

2000

2008 (B)

Evolución : B-A 1985-2008

Agricultura

37.2

33.6

24.5

18.5

-18.7

Industria

26.2

26.1

36.7

43.2

16.9

Producción individual

15.9

13.9

18.6

25.2

9.3

Servicios

37.0

40.3

38.7

38.3

1.3

Total

100.0

0.0

Fuente: Índices de desarrollo mundial, Banco Mundial

Cuadro 6: Ingreso promedio per cápita mensual en los sectores rurales y urbanos Unidad: 1000 VNĐ 2002

2004

2006

2008

2010

356.1

484.4

636.5

995.2

1.387.1

Urbano

622.1

815.4

1.058.4

1.605.2

2.129.5

Rural

275.1

378.1

505.7

762.2

1.070.4

CONJUNTO DEL PAÍS Urbano-Rural

lución socialista democrática, el pueblo vietnamita debe empezar la revolución socialista”; “realizar esta transformación revolucionaria es realizar la transformación y la edificación socialista […]” En realidad, la colectivización agrícola de Vietnam –y las nuevas relaciones de producción, de organización del trabajo y de reparto de los productos-, se inspiró en el modelo económico soviético. Y se justificó sobre todo por razones políticas más que por objetivos económicos. Este modelo en Vietnam demostró la inferioridad permanente de la productividad del trabajo colectivo, en relación con la del trabajo individual o familiar. Frente a esta situación, Le Duan, secretario general del PCV en aquella époque, reconocía: “Hoy, en el campo, la situación es la siguiente: en el ingreso real de los campesinos, 44.5 por ciento proviene de la economía colectiva y 55.5 por ciento de la economía familiar complementaria. Por otro lado, para un cinco por ciento de la superficie total, reservado para el uso privado de los campesinos, según las cifras de la Oficina General de Estadísticas, la producción llega a representar entre 60 y 70 por ciento del valor total de los productos del área colectiva, la cual constituye 95 por ciento de la superficie total”. La razón de esta situación es que el modelo de colectivización agrícola había separado a los campesinos-trabajadores de su tierra y de su proceso de producción agrícola, transformándolos prácticamente en asalariados agrícolas. A partir de la década de 1980, este modelo engendró crisis tras crisis, porque no había tomado en cuenta el interés de los campesinos, la ineficacia del trabajo colectivo, la particula-

ridad de la producción agrícola ni el papel de la economía familiar en una sociedad rural. 3.- La descolectivización: la reforma agraria en la transición post-colectivista. Al intentar solucionar los efectos perversos de la colectivización, se aplicaron medidas que intentaron fortalecer el modelo en vez de abandonarlo y demostraron ser aún más ineficaces. Sólo las iniciativas de retorno a la economía doméstica trajeron soluciones prácticas y eficaces. Este retorno se hizo primero en la sombra, a partir de contratos clandestinos de alquiler de tierras colectivas a hogares campesinos, que remplazaban algunos traba-

jos colectivos por el trabajo de los hogares, como antes de la colectivización. Estas actividades ilegales de los campesinos, llevadas a cabo frecuentemente con la complicidad de los responsables locales en diferentes niveles de responsabilidad, no eran más que estrategias de supervivencia. La elección para ellos era simple: vivir y sobrevivir para no padecer hambre o aplicar las normas y directivas oficiales. Estas prácticas ilegales, fuertemente criticadas a inicios de los años 70’s, fueron oficialmente aceptadas e implementadas por el Estado a partir de los años 80’s. El decreto 100 (1981) del Comité Central del Partido Comunista

Vietnamita, llamado por los campesinos el contrato de “alquiler a precio fijo” sentó las primeras bases de una descolectivización sin tocar sin embargo el estatus jurídico de las cooperativas colectivistas. Hubo que esperar el Sexto Congreso Nacional del Partido, en 1986, que criticó el modelo de colectivización agrícola como principal obstáculo a la reforma agraria, para que fuera reconocido el estatus jurídico de la economía doméstica en la economía nacional. El regreso a la economía doméstica y la aparición de la ley de tierras en 1993 fueron los factores que garantizaron el derecho de uso de las tierras por los hogares agrícolas, confirmando así el inicio de la descolectivización. Este proceso de realizó de manera gradual en Vietnam, con el traspaso del derecho de propiedad sobre la tierra al Estado. Las tierras agrícolas antes llamadas de propiedad colectiva de las cooperativas agrícolas se convirtieron ahora en propiedad del Estado. Los hogares campesinos asumieron un derecho de uso de las tierras y no el derecho de propiedad, como antes de la colectivización agrícola. Después de la Resolución 10, la producción agrícola mejoró de manera significativa. Sin embargo, por diversas razones esta reforma no pudo fortalecer la economía rural. En efecto, la producción agrícola, condicionada por la reducción anual de la tierra cultivable y por la fragmentación de las tierras ligada al sistema de contrato de alquiler a precio fijo, enfrentaba obstáculos. Para salir de estas dificultades, el gobierno buscó desarrollar todas las posibilidades de la economía doméstica, entre ellas la pluriactividad.

FOTO: Staffan Scherz

en la cual la colectivización agrícola fue uno de los mecanismos principales, suprimió el derecho de propiedad individual de la tierra y de los medios de producción, cuando los campesinos empezaban a reapropiarse de las tierras redistribuidas por la reforma agraria. Para evitar reacciones negativas, el Estado vietnamita alentó formas voluntarias de ayuda mutua que ya habían existido durante la guerra en las zonas liberadas. Colectividades de ayuda mutua, compuestas por 20 a 30 hogares, ponían en posesión común las tierras, los animales de arrastre, los instrumentos de labranza y la mano de obra, y trabajaban juntos, compartiendo el resultado de la producción común según la importancia de las tierras de cada hogar. Esta colectividad de ayuda mutua se desarrolló en una forma de cooperación agrícola.

20 de febrero de 2016

A partir de los años 2000, los éxitos de la reforma económica y de la integración del país en la economía mundial conllevaron un cambio radical de la estructura económica nacional y el descenso del peso de la producción agrícola en la producción nacional (cuadro 5). Esta desvalorización de la producción agrícola en una economía de mercado tuvo consecuencias muy negativas para los campesinos, provocando una desigualdad del nivel de vida entre el campo y la ciudad (cuadro 6). El ingreso promedio de los habitantes del campo no es más que la mitad del ingreso promedio de los habitantes de las ciudades, lo que favorece el éxodo rural hacia las ciudades o los centros industriales creados recientemente.

Es por esta reforma decisiva de las relaciones entre el hombre, el trabajo y la tierra que la economía doméstica y la agricultura de Vietnam lograron éxitos importantes. La tasa de pobreza general del país se redujo rápidamente, de 58.1 a 37.4 por ciento, entre 1993 y 1998. La tasa de pobreza alimentaria descendió también, de 24.9 a 15 por ciento. La razón principal de lo ocurrido en este periodo está en un crecimiento económico rápido y estable del país. Además, este crecimiento atendió los intereses de todos los grupos sociales, en especial de los campesinos, que representaban hasta 90 por ciento de los pobres del país (PIB: standard living survey Vietnam 1997-1998).

Además, la distensión de las relaciones entre el hombre y la tierra y de las relaciones entre las comunidades, bajo la influencia de la economía de mercado, creó también estados psicológicos y mentalidades que fortalecieron ese mo-

La descolectivización y el regreso a la economía doméstica esconden sin embargo un elemento central y decisivo que viene a con-

Desde 2010, Vietnam ha conocido una tasa elevada de éxodo rural y una tasa de urbanización de 26 por ciento, mientras que en 2000 no era más que de 19 por ciento. La tasa de crecimiento anual de la población urbana es actualmente de 4.1 por ciento. Sin embargo, esta evolución no aporta más que algunos recursos que permiten a los más pobres del campo mantener su economía doméstica como base de supervivencia inmediata. Mientras, para los hogares no agrícolas y ricos, la tenencia de lotes de tierra no significa más que uno de los símbolos tradicionales de su éxito económico. De esta manera, el éxodo rural ha fortalecido la fragmentación de las tierras agrícolas y de la economía doméstica, impidiendo un reagrupamiento de tierras en el campo. Para solucionar estas dificultades de la economía doméstica y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, el Estado vietnamita buscó desarrollar nuevas políticas de desarrollo político y rural. Entre ellas, se puede citar la “política de reducción del número de parcelas de cada hogar, al promover el intercambio de parcelas vecinas, para ampliar la superficie agrícola” y para reducir el estado de fragmentación de las tierras agrícolas. Desde el punto de vista del desarrollo rural, se trata de la construcción de una «nueva vida en el campo», al integrar las acti-

vidades económicas en común (la infraestructura, las obras públicas y el mejoramiento del nivel de vida) en un programa nacional de desarrollo social (salud y educación), político (seguridad social) y cultural (actividades comunitarias). Esto debe ayudar a los hogares campesinos a desarrollar su actividad productiva, a la vez que los inscribe en las redes locales, regionales y nacionales para extraer nuevos recursos para el desarrollo de las comunidades rurales. A partir del reagrupamiento de las tierras agrícolas, del desarrollo de las infraestructuras rurales y del mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos, el objetivo es realizar un cambio de economía doméstica a una economía de escala, bajo la forma de granjas agrícolas, de granjas mixtas o de empresas no agrícolas. Esta política está todavía en una etapa piloto, pero ya ha conocido dificultades. En efecto, sucede que la cooperación entre hogares campesinos sólo es aceptada a nivel de intercambios de experiencias o de ayuda mutua, pero no para aportes de capital o para compartir cuotas de mercado. En las zonas rurales industrializadas y urbanizadas, las mejoras del ingreso de los hogares campesinos son una realidad, asegurando el crecimiento de las actividades agrícolas, y conservando al mismo tiempo una estabilidad de la vida rural. Esto muestra que el desarrollo de la sociedad rural del Vietnam de hoy debe apoyarse en la integración de la economía rural a la economía nacional y sobre el aporte de esta última a la economía rural y no solamente sobre el aporte de los esfuerzos de los campesinos.

FOTO: Khánh Hmoong

Esta diversificación de las actividades económicas domésticas llevó a una diferenciación de los hogares campesinos en tres categorías y a un cambio de las relaciones entre ellos y la tierra. La primera categoría es la de los “hogares puramente agrícolas”, que practican sólo actividades agrícolas y ganaderas y

Si la pluriactividad es una característica antigua de la economía doméstica rural, toma con el Doi Moi (la descolectivización) y el desarrollo de la economía de mercado una nueva orientación: hace entrar en la economía doméstica factores de producción industrial, como la energía, las máquinas, los fertilizantes, etcétera, e introduce también relaciones productivas de mercado, deformando la naturaleza de la agricultura campesina y las relaciones sociales que le están ligadas, como las relaciones de familia, de vecindad y de comunidad.

delo. Los hogares campesinos con más medios económicos pudieron abandonar sus actividades agrícolas para mejorar su vida localmente, pero los hogares campesinos que no tenían más que sus brazos debieron salir de sus comunidades para ganarse la vida en las ciudades o en otros lugares.

La Resolución 5 concedió más derechos de utilización de las tierras a los hogares campesinos: derecho de traspaso, de alquiler de uso de la tierra, de herencia y de hipoteca del derecho de uso de la tierra. La política agrícola del Estado se transformó entonces en política económica rural. El desarrollo de la economía doméstica fue entonces alentado también por múltiples actividades económicas extra agrícolas. La estabilización de la producción agrícola y el fomento de las actividades no agrícolas fueron factores importantes que lograron el éxito de la economía rural a partir de 1993. En efecto, las actividades no agrícolas cambiaron la estructura de los ingresos campesinos, trayendo recursos nuevos a la economía doméstica, mientras que los ingresos agrícolas aseguraban sobre todo el autoconsumo familiar.

traponerse a la lógica de la economía doméstica: la introducción de la economía de mercado.

venden ocasionalmente su trabajo. La segunda es la de “hogares mixtos”, que practican a la vez actividades agrícolas y de ganadería y actividades no agrícolas de forma regular, como el comercio, la artesanía y los servicios. Finalmente, la tercera categoría es la de “hogares no agrícolas”, que practican una actividad no agrícola específica, conservando sin embargo su acceso a tierras agrícolas, como los otros tipos de hogares. Para estas tres categorías, la importancia de las actividades agrícolas, y por tanto de la tierra, se desvalorizó en la medida que desarrollaban relaciones de mercado en sus actividades económicas. En realidad, la jerarquía de los niveles de vida de estos grupos es definida, de abajo hacia arriba, por el acceso a medios financieros como recurso principal (del tercer al primer grupo).

FOTO: Brian Huang

Esta solución fue contemplada por el Partido, durante la quinta Conferencia del Comité Central (1993). La estrategia económica del Partido en relación con la economía rural fue de: “renovar la estructura económica agrícola y rural; proseguir la política de desarrollo de una economía de diferentes componentes; poner en manos de los hogares campesinos el derecho de utilización de las tierras a largo plazo (20, 30 hasta 50 años); renovar la macropolítica del Estado en relación con la agricultura y el campo”.

20 de febrero de 2016

25 TESTIMONIOS

¿QUÉ ESTRATEGIAS SEGUIRÁN LAS SOCIEDADES PARA ENFRENTAR EL TPP? Ricardo Arnold Common Frntiers, Canadá

FOTOS: Enrique Pérez / Anec

uando se armó la lucha contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), representantes sociales de México, Estados Unidos y Canadá nos juntamos; fue en 199091 y hubo cierta madurez para observar nuestras diferencias país por país pero también para entender que podíamos trabajar conjuntamente con una estrategia transfronteriza. Fue una lucha que en ciertos momentos parecía que sería exitosa y que al final no lo fue. De cualquier manera allí se pusieron las bases de la intercomunicación con los países. Ahora con el TPP este proceso revive y no es muy difícil retomar las pistas de la gente que ha estado en la lucha durante los 25 años recientes. Después de aquel primer encuentro, y con la derrota que sufrimos con la firma del TLCAN, hablamos de nuevo las organizaciones de los tres países y coincidimos en que había que hablar con nuestros pares de todo el sur del Continente; hicimos una gira en 1995-96 e interactuamos con diversas organizaciones y redes. Se formó entonces la Alianza Social Continental en 1998-99, a la cual se sumaron gobiernos progresistas, como los de Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela, también Cuba. Con eso pudimos por primera vez hablar a nivel continental y establecer estrategias comunes frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), iniciativa nacida en 1994 en Miami. Hicimos presencia cada vez que había reuniones de presidentes y también de ministros; la gente llegaba de los diversos países y hacía presencia en las calles. En Canadá hubo dos o tres eventos mayores. En Quebec por ejemplo hubo manifestaciones de gente latinoamericana en las calles. Al final, con un acto en Mar de Plata, en Argentina, se logró la batalla, la iniciativa del ALCA fue enterrada. Eso fue en 2005, luego se perdieron muchos conectes. Canadá comenzó

SOCIEDADES Y PARLAMENTARIOS UNIDOS CONTRA EL TPP

el 27 al 29 de enero pasados organizaciones sociales de México, Canadá, Chile, Perú y Estados Unidos (EU), y parlamentarios de todas estas naciones excepto EU se dieron cita en diversos foros y reuniones en la Ciudad de México para debatir de manera crítica el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y sus posibles consecuencias en ámbitos como la salud, la agricultura, la propiedad intelectual, las legislaciones internas y la soberanía nacional. Como resultado, generaron sendas Declaraciones, una de las organizaciones sociales y otra de los acuerdos con parlamentarios, y de ello destacó el que “Declaramos que la firma del TPP, el 4 de febrero en Auckland, Nueva Zelanda, será en contra de la voluntad de los pueblos”. Conjuntamente, con los parlamentarios, las organizaciones definieron planes de acción, donde resaltan una campaña de difusión en cada uno de los países parti-

El TPP es un atentado flagrante a los derechos de los Pueblos reconocidos por el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), pues pretende legalizar el despojo, el patentado, y la mercantilización de la biodiversidad y bioculturalidad, los conocimientos y saberes y los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios, ya que obliga a los gobiernos a suscribir convenios de rapiña y lucro en beneficio de las empresas trasnacionales

cipantes, sobre la “amenaza a la democracia y a la soberanía” que implica el TPP y para promover el rechazo a su ratificación. Asimismo, en este Encuentro Internacional en Oposición al TPP acordaron impulsar recursos jurídicos nacionales, y recursos de derechos internacionales, incluida la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para obtener su opinión sobre si el TPP es violatorio o no de normas de derechos humanos y, en su caso, solicitar medidas cautelares ante dichas violaciones. También se solicitará consulta ante organismos de las Naciones Unidas para su debida protección. Un compromiso más fue propiciar consultas ciudadanas y populares, y “[…] alentamos unir esfuerzos hemisféricos e internacionales para denunciar la amenaza del TPP y exigir su entierro definitivo”. Las organizaciones y parlamentaros programaron realizar en Canadá en los meses veni-

a firmar tratados comerciales bilaterales y nosotros nos enfocamos a enfrentar eso y perdimos la relación con organizaciones de Latinoamérica. Ahora, ante la amenaza del TPP vamos a retomar los contactos y a construir nuevos para impulsar otra vez estrategias transfronterizas. Después de casi diez años de un gobierno de extrema derecha (con Stephen Harper, del Partido Conservador, como primer ministro entre 2006 y 2015), en que no logramos incidir en nada, ni siquiera que nos escucharan los funcionarios públicos, mucho menos movilizarnos en la calle, ahora con el nuevo gobierno encabezado por el Partido Liberal (con Justin Trudeau como primer ministro), nos sentimos aliviados, si bien las declaraciones de los funcionarios públicos no resultan esperanzadoras. La ministra de Comercio Internacional, Crystia Freeland, ha dicho que signaría el TPP (en la firma oficial del 4 de febrero en Nueva Zelanda), pero que se mantendrá escuchando a la sociedad por si hubiera algo que tomar en cuenta para la ratificación del Tratado. No obstante ha insistido en que Canadá es un país afín al libre comercio. La estrategia que seguiremos en Canadá es esta: igual que en México, nadie ha leído las más de seis mil páginas del TPP y hay desconocimiento de sus detalles. La ministra Freeland ha ofrecido realizar consultas. Nosotros vamos previamente a dar talleres para informar a la gente lo que implica el TPP; buscaremos adelantarnos y dar la información antes de que se realice la consulta en cada pueblo o locación. Con ello la población podrá saber si es o no bueno el Tratado. Es información lo que se necesita.

20 de febrero de 2016

PLATAFORMA CHILE MEJOR SIN TPP, CHILE Carlos Figueroa

FOTO: Enrique Pérez / Anec

deros un nuevo y renovado “Diálogo de parlamentarios con movimientos sociales opositores y alternativos al TPP”. Y también programaron acciones de movilización, convocando “a todos los movimientos sociales, civiles y ciudadanos en general de los países involucrados a movilizarse para detener la aprobación del TPP”. En la Declaración particular de los movimientos sociales, se señala que “las organizaciones sociales de los países involucrados en el TTP, levantamos la voz de alerta y protestamos ante la pretensión de que aceptemos una legislación supranacional, que ha sido construida a espaldas del pueblo y según los dictados de los grandes capitalistas”. Dice que “Reconocemos el derecho de los Pueblos indígenas y campesinas sobre los recursos genéticos y el conocimiento tradicional, en tanto que el TPP es un atentado flagrante a los derechos de los Pueblos reconocidos por el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), pues pretende legalizar el despojo, el patentado, y la mercantilización de la biodiversidad y bioculturalidad, los conocimientos y saberes y los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios, ya que obliga a los gobiernos a suscribir convenios de rapiña y lucro (como la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991, UPOV-91) en beneficio de las empresas trasnacionales y hace referencia a otros mecanismos

de despojo como el Protocolo de Nagoya”. También destaca que “El mecanismo de solución de disputas en tribunales privados internacionales, parte de la columna vertebral del TTP, es injusto ya que sólo las empresas extranjeras pueden demandar a los Estados y ni éstos, ni las comunidades afectadas por los efectos de sus inversiones pueden demandar a dichas empresas. Este mecanismo y las demandas millonarias que conlleva pretenden someter a la política para que sirva al lucro de los inversionistas extranjeros, en lugar de responder al interés público, erosiona los sistemas judiciales nacionales y soberanos y saquea los ingresos públicos”. “Bajo el disfraz de reglas de propiedad intelectual y comerciales”, dice la Declaración, “se esconde el interés de ejercer control político social en el uso de internet, se obstaculizan los derechos digitales, lo que es abiertamente contrario a las libertades democráticas, al derecho humano a la información y a la socialización del conocimiento”. Entre los parlamentarios participantes estuvieron los senadores Manuel Bartlett, Layda Sansores, Dolores Padierna y Alejandro Encinas, así como el diputado Juan Romero, por parte de México. De parte de Chile estuvo el parlamentario Giorgio Jackson, por Perú el parlamentario Yohny Lescano, y por Cnadá los parlamentarios Andrés Montecillos y Elizabeth May.

Entre las organizaciones nacionales estuvieron presentes la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, la Nueva Central de Trabajadores (NCT); la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Grupo de Estudios Ambientales (GEA); el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”; el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS); el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS); la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida; la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), Vía Orgánica; Millones contra Monsanto; FIAN México, y el CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores del Inca Rural (INCA). De las organizaciones internacionales destaca, por Canadá, la Confederación de Sindicatos Nacionales (Quebec), el Sindicato Maestros, el Sindicato del Congreso Laboral Canadiense, CSN/ RQUIC, Common Frontiers, la Red de Justicia en el Comercio, el Sindicato de Empleados Públicos y el Sindicato de Maestros Secundarios. De Estados Unidos estuvieron el Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), la AFL-CIO y la Unión de Electricistas. De Chile, la Plataforma Chile Mejor sin TPP, y de Perú la Red Latinoamericana de Deuda y Desarrollo.

sta Plataforma surgió luego de que descubrimos que durante cinco años el gobierno chileno, junto con los de otros países, estaba negociando un tratado que afectaría la soberanía chilena, o sea la capacidad de nuestro pueblo para darse sus propias leyes, que afectaría la salud de los chilenos, los derechos digitales, la soberanía de los pueblos indígenas y la posibilidad de nuestros legisladores de poder legislar sobre materias que tienen que ver con derechos sociales. Tuvimos nuestra primera reunión en junio de 2015 y decidimos hacer una convocatoria amplia a diversas organizaciones para unirse en movilización, acción e información en contra del TPP y con la expectativa de poder detener la negociación secreta. Cuando vimos que ya no teníamos mucho por hacer en ese sentido, avanzamos en la expectativa de tener un tratado que sea rechazado en el parlamento chileno. En este punto hemos enfocado nuestra acción. Las organizaciones que conforman la Plataforma reflejan bastante los temas que toca el tratado; son muchas: sindicatos de salud, organizaciones gremiales de médicos, técnicos de la medicina; organizaciones que provienen de los pueblos indígenas como los mapuches que han visto vulnerado su derecho a participar y a ser consultados por este tratado; también se han unido organizaciones que han reclamado anteriormente la propiedad y la importancia de las semillas, como las que lucharon contra Monsanto; están organizaciones nuevas y varias que tienen que ver con los derechos digitales, con la vigilancia y controles que quiere establecer el tratado en materia de internet, y otras que tienen que ver con los derechos sociales de los chilenos. La sociedad chilena no está informada sobre el TPP y por eso no ha manifestado su rechazo completo. Es un grupo muy pequeño el que conoce sus implicaciones. Esperamos que poco a poco, con manifestaciones y encuentros que promovemos, se creará conciencia sobre el tema. La estrategia de la Plataforma es la movilización para generar conciencia y de información por medio de campañas públicas, así como visitas constantes con los parlamentarios para inducirlos a que voten en contra de la ratificación. Los parlamentarios se han venido dando cuenta de la gravedad de las posibles consecuencias del TPP y mientras más saben más consideran que deben rechazar el tratado. Sí es viable y deseable que Chile diga no al TPP.

RED LATINOAMERICANA SOBRE DEUDA, DESARROLLO Y DERECHOS, REPRESENTANTE DE PERÚ Carlos Bedoya En el caso de Perú, hasta antes de que entrara en vigor, en 2009, el Tratado de Libre Comercio (TLC) que tiene con Estados Unidos, había una legislación común de propiedad intelectual con Ecuador, Colombia y Bolivia –que era una decisión en el marco de la Comunidad Andina de Naciones-, la cual regulaba productos biológicos. Con el TLC, una de principales normas que se derogaron en el país fue ese acuerdo, y lo mismo le ocurrió a Colombia. Tuvimos entonces una vulneración, pues el TLC da mayores garantías a las empresas farmacéuticas y pone límites a las medicinas genéricas. En la mayoría de farmacias de Perú no se encuentran genéricos y con el TPP eso se va a agudizar; además avanzaremos a una mayor desprotección con patentes de segundo uso, esto es que si alguna medicina sirve para la gripe pero también contra infartos, tendrá dos patentes y deberán pasar varios años para permitir la liberación de genéricos. Y los medicamentos de marca cuestan hasta diez o 20 veces más caros. Hay estudios que indican que con el TPP se va a retrasar la salida de genéricos sobre todo de medicinas contra el cáncer, y los precios de los patentados serán prohibitivos para su uso en el sector público de salud. Esta es una de las cosas negativas que vemos en el TPP y por lo cual lo rechazamos. Otro aspecto es el relativo a las restricciones al uso del internet, lo cual repercutirá en menor empleo para los jóvenes. Los opositores al TPP en Perú tenemos la estrategia de que el Tratado entre a discusión al Congreso y tratar de que la mayoría de los congresistas voten en contra de su ratificación pero además que éstos promuevan el debate público y que se divulguen así los peligros del TPP. Pero hay algo muy escabroso. Los ministerios de Economía y Finanzas y de Comercio están buscando que el TPP no entre a discusión en el Congreso, pues el artículo 56 de nuestra Constitución habla de que un Tratado debe ser sancionado por el Congreso siempre y cuando verse en el tema de derechos humanos o implique cambios en la legislación interna o que su enfoque sea en materia tributaria. La estrategia de los ministerios es decir que nada de esto aplica, porque no es un convenio de derechos humanos, por más que sabemos que los afecta; porque no es de tributación, por más que sí impacte en ella, y van a decir que no afecta la legislación interna, pues ésta fue ya modificada cuando se aprobaron los TLCs con Estados Unidos y con Europa.