No. 46 CAMPO POBRE ¿Pleonasmo?

16 de julio de 2011 • Número 46 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Gritón

Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO SOBRE LAS CARENCIAS RURALES: Berdegué

• Cordera • Cuéllar • Chiriboga • • Gómez Oliver • González • Gordillo • Iturribarría • Lomelí • Mendoza Zazueta • • Nahmad • Perry • Stabridis • Yúnez-Naude • ADEMÁS: Un poema de Luisa Paré •

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Una forma de ser muy feliz es ser muy, muy, muy rico.

Hay algunos placeres humanos que el dinero no puede comprar… pero de momento no recuerdo cuales.

He escuchado a los ricos quejarse de que hay problemas que no remedia el dinero.

Pero un problema es un problema es un problema y dos veces problema si uno es pobre.

Kurt Weill y S. J. Perelman. Un toque de Venus

Suplemento informativo de La Jornada 16 de julio de 2011 • Número 46 • Año IV

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COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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risis alimentaria es un eufemismo para no decir hambre: expresión máxima de la pobreza y un flagelo que la modernidad prometió desterrar, que nunca erradicó del todo y que en el tercer milenio arremete de nuevo encarnizado y global. Por el momento sus víctimas son mil millones de pobres que se van a dormir con la panza vacía, y cada día son más. En vez de abundancia, el capitalismo trajo escasez extrema: un enrarecimiento de las premisas naturales y sociales de nuestra existencia que nos amenaza como especie. Y el epítome de la escasez es la insuficiencia e inaccesibilidad de los alimentos que sustentan nuestra reproducción biológica.

La injusticia distributiva es crónica y, aun existiendo comida suficiente, siempre ha habido quienes padecen por no poderla pagar. Pero el hecho es que como efecto del riego, la mecanización, los fertilizantes y las semillas mejoradas, en la segunda mitad del pasado siglo aumentó notablemente la productividad en el cultivo de granos y desde la segunda guerra mundial hasta fines del milenio el precio de los alimentos disminuyó 75 por ciento. La gran promesa del capitalismo parecía estarse cumpliendo gracias a la Revolución Verde y el impulso a la agricultura industrial.

Los primeros nubarrones aparecieron en la década de los 80s de la pasada centuria cuando la tasa de crecimiento de la población rebasó ligeramente a la de la producción de trigo y maíz: 11.8 por ciento contra 11.7, alcance que no se había presentado en los 20 años anteriores. Y el panorama se acabó de oscurecer durante los 90s, en que la producción de maíz, trigo y también arroz, creció más lentamente que la población mundial, profundizándose en la primera década del siglo XXI pues entre 2008/09 y 2010/11 las cosechas mundiales de granos se redujeron 2.6 por ciento. Un factor importante en este comportamiento es que en los diez años recientes el crecimiento, antes acelerado de los rendimientos por hectárea, se estancó en el caso del maíz y la soya y disminuyó en el trigo y el arroz.

Diseño Hernán García Crespo

PORTADA: Antonio, Gritón, Ortiz

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.

Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

José Antonio Mendoza Zazueta, secretario técnico del Grupo Diálogo Rural México (GDR México) del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, fue coeditor del presente número del suplemento

Es en este contexto que en 2007 y 2008 se disparan los precios de los alimentos, carestía que se repite y aun se incrementa en el nuevo pico 2010 y 2011. Para marzo de 2011 los precios reales de los alimentos han alcanzado el nivel más alto de los 27 años recientes, y las prospectivas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) son pesimistas pues, debido a factores climáticos, en vez del aumento esperado inicialmente de 1.2 por ciento, se estima para 2011 una caída de dos por ciento, y una reducción en las reservas de maíz y trigo de 12 y 10 por ciento, respectivamente.

En el desmesurado encarecimiento de la comida desde 2008, tiene un papel destacado la especulación: juego económico en sí mismo perverso que sin embargo se monta sobre una real situa-

ción de escasez relativa, reservas mermadas e incertidumbre climática. El poder de chantaje de las trasnacionales y el arrasador efecto social de la carestía por ellas agudizada se hacen patentes si tomamos en cuenta que, según el Banco Mundial (BM), alrededor del 70 por ciento de los países son importadores netos de comida y que, de acuerdo con la FAO, hay cuando menos 30 países con necesidad de ayuda alimentaria.

“El mundo quizá deba acostumbrarse a alimentos caros (pues el aumento de la demanda) se debe a cambios estructurales irreversibles en la economía mundial”, sostiene el Fondo Monetario Internacional, y en la más reciente reunión del Foro Económico Mundial, Susilo Bangbang, presidente de Indonesia, pronosticó que “la próxima guerra (…) puede ser la carrera por recursos escasos”.

y toda inequidad tiene su origen en la explotación. En un sistema conformado por ilimitados flujos de valor económico que se nutren del esfuerzo de trabajadores y trabajadoras visibles o invisibles pero todos exprimidos y acogotados, no hay riqueza inocente ni pobreza culpable. En un orden así, el filo del pauperismo puede ser más o menos cortante pero el real “florecimiento humano” es ilusorio pues se mira en el espejo del general marchitamiento humano. Entonces, la realización del hombre será utópica o no será.

No es que estén de más, pero en verdad no necesitamos diagnósticos exhaustivos del sistema para ser llamados al altermundismo. Basta con mirar a nuestro alrededor. La perspectiva visionaria es convocada, sin más, por la evidencia cotidiana de la pobreza. Y la utopía es necesaria para no caer en posturas poquiteras que ven en el pauperismo generalizado un mal corregible con retoques, que conciben el “desarrollo humano” como cuestión cuantitativa que depende del grado de satisfacción o insatisfacción de tales o cuales necesidades.

IMAGEN: José Guadalupe Posada

POBRE DEL POBRE

En nuestro Apocalipsis de entre siglos el jinete de la pobreza con hambre es el más fiero. En 1992 se calculaba que 848 millones de personas se iban a dormir mal comidas, para 2008 los hambrientos eran 923 millones y para 1911 ya pasan de los mil millones. Jacques Diouf, hasta hace poco director general de la FAO, ha dicho que así como van las cosas el objetivo del milenio consistente en reducir el hambre a la mitad, que se había programado para 2015, no se alcanzará sino hasta 2150, de modo que nos esperan cuando menos seis generaciones más de hambrientos. Todo hace pensar que la pobreza alimentaria llegó para quedarse. ¿Somos pobres, apá?... Pos, a según, m’ijo. Y es que pobreza es un concepto relativo. Los neandertales se morían de hambre, de un torzón o de un catarro pero no eran pobres. Las carencias materiales y espirituales siempre agüitan pero se tornan pobreza porque no son fatales, porque en la casa de enfrente, en la colonia de al lado o en el país vecino hay unos güeyes que nadan en la abundancia. Somos pobres porque hay ricos que para serlo se montan en nuestra pobreza. Por más que se modere la indigencia, por más que se atenúe el pauperismo, mientras haya gandallas opulentos no habrá justicia, no habrá verdadero “desarrollo humano”.

Redistribuir parte del ingreso concentrado reduce en algo la desigualdad. Y eso está bien… pero no acaba realmente con la pobreza. No es extremismo fácil y declarativo, es que de veras no hay de otra: para terminar con la pobreza hay que “cambiar el sistema”. La lucha contra la pobreza es la lucha por la utopía, lo demás son sobaditas y trapos calientes. Apapachos que se agradecen pero no curan. En ausencia de la utopía las “políticas compensatorias” son en el fondo placebos.

Me explico: en el orbe-mercado que padecemos no hay estancos de valor económico y en alguna medida todos participamos de la riqueza creada por todos. En una economía mundo como la nuestra el conjunto de todos los privilegios conecta con el conjunto de todas las carencias

Ideas, éstas, que coinciden en lo sustancial con la reivindicación que de la utopía hace la inglesa Ruth Levitas en el texto “La educación del deseo: el redescubrimiento de William Morris”, publicado en el número 23 de la revista Desacatos. Ahí escribe la cofundadora de la Utopian Studies Society: El florecimiento humano es intrínsecamente un concepto utópico en tanto que se enfoca más allá del presente, a un orden social transformado como condición necesaria de dicho florecimiento. El problema conceptual del florecimiento humano es entonces, en sí mismo, el problema de la utopía.

Como Marx y los marxistas siempre lo entendieron, es imposible imaginarlo, porque no podemos prever ni cerrar anticipadamente las necesidades, los deseos y las capacidades de los seres humanos del futuro; no sabemos lo que ellos o nosotros podamos ser entonces. Aun así, estamos obligados a intentarlo, pues es solamente el imaginarnos el mundo y a nosotros mismos de otra manera lo que nos proporciona un punto de apoyo para el cambio por la vía de la crítica de las condiciones actuales.

Admitiendo que a la utopía no se llega de sopetón y que la transformación radical que necesitamos será progresiva y demandará un tiempo prolongado, también hay que cuidarse de los “remedios” que teniendo efectos benignos ocultan algunos síntomas pero nos dejan con la enfermedad a cuestas. Por ejemplo, aplacar el hambre que padecen mil millones de personas repartiendo algo de comida o reducir la desigualdad nacional mediante políticas públicas redistributivas y asistenciales como nuestro Oportunidades, es loable y lo segundo quizá hasta se traduzca en cierto “desarrollo humano”, como lo entiende el BM. Pero nada de eso deviene auténtico “florecimiento humano” en un sentido fuerte y con la connotación generosa y radical que le otorgan Ruth Levitas y entre nosotros Julio Boltvinik (a quien podemos seguir los afortunados que leemos este periódico). Y es que la auténtica emancipación supone no sólo retocar sino subvertir un orden como el nuestro donde la inequidad no es relativa sino absoluta.

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En el 100 aniversario del Plan de Ayala

Miliano, Marlon, Tony y El Potrillo Erick Estrada

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omparadas con las películas donde aparece la leyenda de Francisco Villa, las de Emiliano Zapata son menos y, desgraciadamente, tenemos que revisar dos o tres para armar al héroe, tan humano y tan leyenda.

Zapata es un personaje de quien los apuntes históricos recogen casi todos sus movimientos y en quien la leyenda se ha mantenido a raya, a pesar de cintas como la de Alfonso Arau, Zapata, el sueño del héroe, filmada en 2004. De esta película, golpeada salvajemente por la críƟca seria, resalta la ausencia de precisión histórica, y el hecho de que el personaje, de ser un caudillo que defendió sus terrenos y a su gente, pasa fácilmente a ser un ceniciento enamorado de la mujer de alguien más (de Victoriano Huerta, nada menos), todo en bien de un romanƟcismo visual rebuscadamente cercano a las fórmulas de Hollywood.

El Zapata de Arau no es la leyenda que construye Elia Kazan, ni el políƟco parco que consigue armar Felipe Cazals a pesar de un guión realmente desastroso. Arau optó por un personaje desorientado, más bien llevado por su desƟno y contra su voluntad.

Para Arau, Zapata era un escogido por los dioses, un plan del desƟno, un márƟr sin senƟdo. No es un líder porque no quiere serlo. Lo desastroso de esta elección es que al pintarlo así, Arau también despoja de todo poder de decisión –de inteligencia casi– a quienes lo siguieron. Los ejércitos de Zapata, los habitantes del sur, van detrás de él porque hay que hacerlo, porque “lleva la marca de nuestros antepasados”, porque no hay nadie más.

El héroe pasa del muchacho que se enfrenta a un Victoriano Huerta que jamás envejece, a un románƟco empedernido que más que recuperar las Ɵerras robadas por los hacendados –o siquiera querer imaginarlo– manƟene una extraña fijación por una mujer que canta en haciendas abandonadas.

Las Ɵerras pasan a segundo término. Los enfrentamientos con su hermano están aún más ocultos. Las manipulaciones políƟcas son interpretadas como un obstáculo más para poder conquistar a una mujer que no es su esposa.

Detrás del Zapata de Arau hay brujos, hechiceros, chamanes, penachos aztecas e incienso por kilos. La muerte de un personaje así no pudo haber sido sino como la plasmó Arau, envuelta en tules, casi sin sangre, anƟclimáƟca y destemplada.

Es la muerte de alguien que prefería morir a encabezar un pueblo hacia no sabemos dónde sin saber cómo.

A pesar de ello, Arau se atrevió a plantarle los calzones de manta que tanto a Zapata como a los suyos diferenciaban de la gente de la ciudad que usaba pantalones.

Esos calzones, esa Ɵerra inexistente en el discurso del Zapata de Arau, están presentes en Emiliano Zapata de Felipe Cazals, filmada en 1970. Aparecen con una insistencia que en un primer vistazo podría deberse a un guión algo desmembrado –de Antonio Aguilar, Ricardo Garibay y Mario Hernández– y al que Cazals, en la casi inexperiencia del cineasta en ciernes, consiguió darle un mínimo de coherencia. Su Zapata está trazado a pinceladas, con pocas palabras, saltando de situación en situación pero consciente, eso sí, de la finalidad de su lucha: el reparto de las Ɵerras.

El comienzo de la cinta de Cazals es claro en ese senƟdo. En sus libros de historia, Jean Meyer evidencia que la lucha de Zapata era para que “los campesinos dejen de sufrir”. Cazals rescata ese pensamiento en el arranque de su película y lo desarrolla en pocas imágenes. Sus campesinos calzonudos quieren trabajar y que los dejen trabajar. Sin embargo, las cosas se complican. La políƟca se entromete. Los enredos se suceden. Su Zapata es casi un tesƟgo de todo lo que ocurre, pero al contrario de Arau, Cazals le da discurso políƟco, lo hace redactar el Plan de Ayala.

El Zapata de Cazals es más el hombre plantado en el presente, despojado de Ɵntes mesiánicos y crudamente real. Sucio, gruñón, parco, polvoso, sudoroso, inteligente pero temeroso. Lo enfrenta a Madero, hace que Huerta lo odie a la distancia y le concede tácƟcas y proyecciones. Sin embargo, ser tan tesƟgo y dejar de lado su parƟcipación, ser tan parco y tan poco explosivo, nos deja un Zapata unidimensional, quizá más compromeƟdo con la Revolución que con sus Ɵerras, radical contra quien reniegue de ella, intolerante contra los empantalonados.

La muerte de su Zapata, desérƟca (quizá para señalar lo infructuoso de la lucha por las Ɵerras que a la fecha siguen sin pertenecer a quien debieran) y solitaria es una pincelada más, sin cuesƟonar al personaje, sin profundizar. Cazals marca perfectamente la traición (una vez más remando a contracorriente de un guión a estas alturas ya casi petrificado), pero dándole un tono que por momentos parece despegarse del resto de la cinta. Zapata mirando al horizonte verde se convierte de repente en el Zapata baleado por Guajardo. La lucha está marcada, la sangre ha sido derramada, pero de nuevo lo hosco de este caudillo nos deja sin epílogo.

Si comparamos esta muerte con la delicia de escenas con que la dibuja Elia Kazan en Viva Zapata!, de1952, entenderemos la

diferencia de acercamientos a un mismo hombre de parte de cineastas diferentes. Para Kazan, era probablemente más importante el legado de Zapata que su vida y muerte y a lo largo de su película nos enseña todas las partes de su Emiliano: su amor por los caballos; el enfrentamiento con su hermano, más cercano a un demonio demoledor que a un colaborador, y su relación políƟca con los anarco sindicalistas, autores del famoso “Tierra y libertad” y quienes lo convencieron de radicalizar su propuesta, como a veces lo enseña Cazals en su propia película. ¿Estamos dentro de la cabeza del mismo personaje? ¿Es ese hermano eternamente borracho, violento y maldiciente la parte ruda de Emiliano? ¿Es ese teórico que casi sonríe al decirle que Madero no merece su respeto su faceta más cínica y políƟca? ¿Es la cara de Marlon Brando el ser que cuidaba de sus hermanos, un casi maestro que le dice a Madero que sin armas es imposible tomar lo que se nos ha arrebatado? La manera en que estos rostros se suceden alrededor del traje negro y terroso de Zapata podría decirnos que sí, que Kazan, inspirado en el guión de John Steinbeck, descompone a su personaje y nos hace profundizar en él, todo a tono y a Ɵempo para que con el lenguaje de un western clásico nos enseñe al Zapata más emocionante que desde mi punto de vista ha fabricado el cine: el que prefería enseñarle a los suyos a cuidarse solos, a defenderse y a tomar lo que les pertenece. Y es, a la vez, el más real, el más heroico y el más míƟco. Benditas contradicciones del discurso.

“La diferencia entre el bandido y el revolucionario es que el bandido asalta y roba nomás porque puede”, dice Antonio Aguilar dirigido por Cazals. A ello y después de unos casi épicos 113 minutos, el Zapata de Kazan pareciera contestar que entonces hay que enseñarle a la gente a robar lo que necesita, con violencia si es estrictamente necesario, pero sin que nadie les dé la orden de hacerlo. Por ello la muerte que construye Kazan de Zapata es así el nacimiento de la leyenda que cabalga en las montañas.

Al comparar las muertes de los Zapatas de estas películas, vemos los tres enfoques que sus directores le dieron al personaje: Arau lo derrumba sobre una fuente y en un top shot nos lo muestra en el suelo pero aún montado en su caballo. Es la imagen de fantasía, prefabricada. Cazals lo derrota y lo tumba al suelo de manera trágica, lo llena de polvo y lo confunde con la Ɵerra, seco, duro. Kazan lo llena de incerƟdumbre, las tres voces hablan en su cabeza y le dobla las rodillas ante la traición que quizá vio venir; por ello cae de esa manera, sabedor de que quien escapará será su caballo blanco. Es una escena que hay que disfrutar cuantas veces se pueda. http://www.cinegarage.com/index.php Director general de Cine Garage

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breza por ingreso de 1992 a 2008 muestran que, en general, ésta ha sido similar en los ámbitos rural y urbano. No obstante, la diferencia entre la proporción de pobres extremos en ingreso en el sector rural y urbano ha crecido ya que, en promedio, la relación entre pobres rurales y urbanos pasó de 2.6 durante 1992/1998 a 3.1 durante los ocho primeros años del presente milenio.

SE AGUDIZA LA POBREZA DE CAMPESINOS E INDÍGENAS

FOTO: Pazkual

Es necesario realizar estudios cuantitativos rigurosos para explicar las diferencias y similitudes entre pobreza rural y urbana y poder así dar respuesta a preguntas tales como ¿por qué en lo que va del siglo XXI y hasta al menos 2006 ha estado creciendo la brecha entre la proporción de pobres extremos en el medio rural y la urbana?, ¿por qué la brecha rural/ urbana en pobreza de capacidades y patrimonial es considerablemente menor a la alimentaria y no ha experimentado cambios bruscos durante el periodo?, ¿por qué la pobreza extrema urbana creció más durante la crisis de mediados de los 1990? y ¿por qué la misma tendencia se dio en 2008 respecto a 2006?

Antonio Yúnez-Naude y Omar Stabridis

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omo en otros países de América Latina, la pobreza es un problema endémico en México, sobre todo la que sufren sus habitantes en el medio rural. Desde inicios de la década de los años 1990 –cuando se profundiza el proceso de liberalización económica— el Estado mexicano ha estado aplicando programas para combatirla y, en paralelo, haciendo mediciones del fenómeno.

Resultados seleccionados de diversos cálculos sobre la evolución de este flagelo muestran que:

• Es en el medio rural (compuesto por localidades con menos de 15 mil personas) donde habitan los más pobres del país tanto en materia alimentaria, como en ingreso, en capacidades y patrimonio.

• A partir de 1994 la brecha entre los pobres alimentarios o extremos rurales y los urbanos creció, sobre todo desde 2005.

• A diferencia de la pobreza extrema, las brechas rural/urbana entre pobres en capacidades y en patrimonio no se han modificado sustancialmente.

Algo destacable es que las crisis de la economía mexicana de mediados de los años 1990 y de 2007/08 revirtieron las tendencias decrecientes previas de este mal social tanto en el medio rural como en el urbano. Esto indica la ausencia en el país de sistemas de protección (safety nets) para su población más vulnerable.

Que la pobreza rural es más aguda que la urbana se refrenda a partir de las estimaciones sobre rezago social, cuyo cálculo incluye variables como el analfabetismo, la escolaridad, el acceso a la salud y la calidad de la vivienda de los hogares. Con esta base el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dividió al país en cinco zonas para el año 2005: de rezago social muy alto, alto, medio bajo y muy bajo.

Al distinguir los municipios rurales y semirurales (con menos de dos mil 500 habitantes y con menos de 15 mil, respectivamente), resulta que, frente al total del país, son éstos los que más padecen rezago social muy alto, alto y medio.

En un estudio sobre la economía de los hogares rurales de México basado en datos de encuestas representativas tipo panel (http://

precesam.colmex.mx) se concluye que la pobreza alimentaria o extrema es mucho más aguda en la región rural del sureste mexicano respecto a las otras cuatro regiones rurales del país. Y que de 2002 a 2007 disminuyó significativamente, en casi cuatro por ciento, la pobreza alimentaria en comunidades de entre 500 y dos mil 500 habitantes. Una posible explicación del fenómeno es el aumento de los ingresos de los hogares rurales provenientes de la economía del campo, en específico, de la producción y el trabajo agrícolas.

Entre los más pobres de los pobres están los jornaleros agrícolas y la población indígena que representa alrededor del 10 por ciento de los mexicanos y que en su mayoría vive en el campo. Los cálculos oficiales sobre pobreza multidimensional –que toma en cuenta tanto la carencia de ingresos como la de derechos sociales— muestran que 75.7 por ciento de la población indígena sufre pobreza.

Independientemente de cómo se mida la pobreza, las estimaciones existentes muestran que su incidencia en México sigue siendo muy elevada, especialmente en el medio rural, y que lo último también sucede en materia de rezago social. A lo anterior debe añadirse la elevada proporción de población indígena en pobreza multidimensional, y que ha sido muy baja la proporción de mexicanos que de 1990 a 2005 han experimentado mejoras en su bienestar, sean urbanos o rurales.

Fenómeno fundamental que explica en parte la ausencia de mejoras económico-sociales de los habitantes de México durante los 20 años pasados es la muy baja tasa de crecimiento económico del país. El pobre desempeño en materia de bienestar y crecimiento, unido a los efectos negativos que la reciente crisis internacional ha tenido al respecto, así como a las tendencias presentes y previstas para el futuro de aumento en el precio internacional de los alimentos, conducen a tener dudas de que en el corto y mediano plazos mejoren las condiciones de vida de los mexicanos más pobres; es decir, de los pobladores rurales, destacando los jornaleros y los indígenas.

La creciente brecha rural/urbana. Las estimaciones del Coneval sobre la evolución de la po-

También son necesarios estudios empíricos con datos detallados y comparables de varios años para conocer los factores que determinan la pobreza rural y su evolución en México. Esto es precisamente el propósito de una encuesta socioeconómica en curso a los hogares rurales de México, o ENHRUM, cuyos resultados, unidos a los de encuestas previas tipo panel para los años 2002 y 2007, serán la base para estimar los cambios en la pobreza de los hogares situados en localidades de hasta dos mil 500 habitantes durante la crisis actual, y para conocer los fenómenos que los podrían explicar.

Por el momento, lo que se puede argumentar con fundamentos empíricos es que, en parte, la reducción en la pobreza rural observada durante los primeros siete años del presente siglo se debe al aumento en los ingresos de los hogares rurales provenientes de las actividades propias del campo (ver http://precesam.colmex.mx).

En términos de las políticas públicas, el resultado, unido a la elevada vulnerabilidad de los hogares rurales en épocas de crisis económicas y de eventos climáticos extremos, indican lo necesario que es que el Estado mexicano aplique medidas enfocadas a promover la producción y comercialización de los productos de los campesinos, así como su acceso a servicios financieros.

El estudio de la pobreza rural de los mexicanos debe además considerar los procesos de envejecimiento y feminización de la producción agropecuaria.

Para concluir, conviene recordar que, por sus objetivos y características, en el presente resumen de diagnóstico se ha definido como rural a las localidades (y municipios) con menos de dos mil 500 habitantes (Censos y ENHRUM) o con menos de 15 mil (Coneval). Por supuesto, esta definición puede ser arbitraria, no es la única, ni necesariamente la más conveniente para el estudio de la “pobreza “rural”. Por ejemplo, podría definirse a lo rural como el ámbito compuesto por zonas que dependen de las actividades propias del campo (agropecuarias, la extracción de recursos forestales, etcétera), o podría usarse un enfoque territorial. Sin embargo, no es sencillo definir con precisión lo que es un territorio rural (ver por ejemplo http://www. rimisp.org/) y es difícil aplicar nociones alternativas a la usada en el presente diagnóstico debido, entre otras causas, a la falta de datos.

Centro de Estudios Económicos y Programa de Estudios del Cambio Económico y la Sustentabilidad del Agro Mexicano (Precesam) de El Colegio de México A.C.

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5 desigualdad en sus varias manifestaciones y para la atención directa a la familia. Entre 1990 y 2006 el gasto en materia social creció.

Entre 2000 y 2006, la pobreza de patrimonio a nivel nacional se redujo de 53.6 a 42.6 por ciento de la población, y la pobreza alimentaria bajó de 24.1 a 13.8 por ciento. En las localidades rurales menores a 15 mil habitantes, la pobreza de patrimonio disminuyó su afectación de 69.2 a 54.7 por ciento de la población y en cuanto a la pobreza alimentaria, pasó de 42.4 a 24.5 por ciento.

FOTO: Westcoast Wildlife

FRAGMENTACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y DE LAS FAMILIAS RURALES

Proponemos estrategias factibles:

Dr. Salomón Nahmad S.* y Álvaro González R.**

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La pobreza conlleva aparejada la desigualdad social, y en este sentido hay no un solo México, sino varios, ya que la pobreza y la falta de equidad se expresan y viven de manera diferenciada a lo largo y ancho del país y sus manifestaciones e impactos en las estructuras familiares y el tejido social en general presentan características diferenciales.

Hay muchos Méxicos urbanos, rurales y étnicos, por lo que las estrategias institucionales homogéneas para combatir la pobreza no garantizan los mismos resultados en todos los casos. Lo que sí es similar entre los diversos sectores poblacionales en pobreza es la búsqueda de alternativas para salir adelante, aunque esto represente, entre otras implicaciones, la desintegración familiar, como es el caso de la estrategia de mayor aceptación social para mitigar la pobreza: la emigración, opción practicada por una de cada 16 perso-

FOTO: Alfredo Domínguez / La Jornada

ntre los factores que inciden en la desintegración familiar, la pobreza se encuentra en la raíz del problema. México es un país donde 47.19 millones de personas, equivalentes a 44.2 por ciento de la población, viven en pobreza multidimensional, de acuerdo con los parámetros cuantitativos empleados por el Estado mexicano para medirla.

En el sureste del país se concentran algunos de los mayores recursos renovables y no renovables estratégicos del país, como los hídricos, bosques, biodiversidad, recursos pesqueros y energéticos. Sin embargo, la presencia de este potencial natural no es un factor que genere condiciones de vida aceptables para la población de los estados con los mayores índices de pobreza. Se trata de entidades con las mayores concentraciones de población indígena y altos porcentajes de población rural, los dos estratos poblacionales con las mayores carencias sociales de todo tipo: a nivel nacional la pobreza en el sector rural es 2.5 veces mayor que en el urbano, mientras que la población indígena se concentra en los municipios de mayor pobreza, tanto a nivel rural como urbano.

Las cifras indican avances, pero ¿son realmente significativos cualitativamente o representan meros paliativos que mantienen a la mayor parte de la población en un ámbito de desigualdad, inequidad y precariedad social? los informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) sobre los programas sociales que inciden directamente en las familias muestran que “Las instituciones combaten los síntomas de la pobreza: ingreso, alimentación, escolaridad, empleo, desnutrición, etcétera, pero con serios problemas de coordinación y planeación estratégica entre sí, como muestran las evaluaciones al respecto.”

nas, según los resultados del más reciente censo de población y vivienda.

En buena medida la pobreza, y la consecuente emigración del ámbito rural indígena se debe a la inoperancia de las políticas agropecuarias: un análisis del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) señala: “En 30 años el sistema agrario y ganadero mexicano no ha logrado avanzar de manera significativa en términos de producción alimentaria, lo que ha derivado en que buena parte de la población no tenga para alimentarse adecuadamente”. El análisis destaca que en 1980 la producción nacional de maíz alcanzaba para que cada mexicano consumiera 489 gramos del cereal a diario, mientras en 2008 alcanzaba para 604 gramos, un avance de apenas 115 gramos en casi tres décadas.

Las consecuencias de la emigración para las familias son fácilmente reconocibles, destacando la ausencia temporal o definitiva del jefe de familia; el crecimiento de las jefaturas femeninas; la pérdida de capital social en edad productiva; el abandono de las actividades agropecuarias de subsistencia por

falta de mano de obra; el trastocamiento de los valores culturales comunitarios y la pérdida de la soberanía alimentaria. Todo esto afecta directamente a miles de familias rurales e indígenas, que dependen fundamentalmente de las remesas para su subsistencia.

Además de la pobreza, y todas sus secuelas, hay otros factores que contribuyen a la desintegración familiar en el sector rural e indígena. Sobresale el aumento de la violencia a causa de la lucha contra el crimen organizado y todas las formas de violencia intrafamiliar derivada del machismo y las pugnas entre comunidades y municipios por conflictos agrarios, políticos, presupuestarios, etcétera.

Las consecuencias sociales son impactantes: se sabe de miles de muertes, entre las que destacan las de pobladores rurales e indígenas, quienes ante la falta de oportunidades laborales son reclutados por los diversos grupos de delincuentes para dirimir sus diferencias y llevar a cabo sus actividades ilícitas.

De manera creciente, el Estado, por medio de sus distintos órdenes de gobierno, destina una parte considerable de recursos para el gasto social para combatir la pobreza y la

• Considerar la diversidad socio-cultural familiar del país en el diseño e implementación de la política pública rural, además de las mediciones cuantitativas sobre pobreza y rezago social, que deben guiar los montos a destinar según entidad, pero bajo patrones culturales específicos sobre las condiciones contextuales regionales, microregionales y comunitarias.

• Elaborar los inventarios sobre la diversidad rural municipal, comunitaria y familiar del país y generar inventarios sobre qué tipo de programas prioritarios sociales y productivos recibe cada familia.

• El diseño e implementación de políticas públicas regionales y micro regionales culturalmente efectivas debe ser responsabilidad de los gobiernos estatales en estrecha colaboración con las dependencias federales, para dar sentido específico a la inversión federal.

• Promover la creación de redes de monitoreo y acción ciudadana en materia de seguridad pública, derechos humanos y de género y acceso equitativo a la administración de justicia.

• La Secretaría de Agricultura deberá reorientar sus programas para fortalecer de manera prioritaria la recuperación de la soberanía alimentaria en los municipios, las comunidades y los ejidos de mayor pobreza e índices de migración, vía la optimización de la agricultura de autoconsumo; además deberá apoyar a la promoción efectiva de los cultivos comerciales propios de los sectores campesinos e indígenas, para generar ingresos y empleo.

• Es necesario mejorar la relación entre el Poder Judicial, estatal y federal, para dar seguridad y garantizar los derechos humanos de los campesinos y de los indígenas.

• Finalmente, es indispensable considerar con seriedad en la planeación institucional las observaciones y recomendaciones sobre las insuficiencias y deficiencias de las políticas públicas de combate a la pobreza, promoción de la equidad, respeto a los derechos humanos y estrategia de seguridad, realizadas por el Coneval y otros organismos internacionales especializados. *Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Pacífico Sur ** Miembro del Grupo Mesófilo, AC

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CAFICULTORES: LENTO Y

FOTO: Lourdes E. Rudiño

COMPLICADO SALIR DE LA POBREZA

Lourdes Edith Rudiño

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a pobreza rural es un fenómeno que se alimenta de diversas fuentes: desde la insuficiencia de activos productivos en las familias, hasta la carestía de servicios financieros, pasando por la insensibilidad e incluso corrupción de los operadores de las políticas públicas –que restringen el acceso a programas y apoyos fiscales—; la falta de infraestructura, y la acción de las grandes compañías y los coyotes, que ejercen una competencia desleal y mafiosa afectando a los campesinos.

Por tanto, salir de la miseria se vuelve lento, complicado o imposible.

Esta conclusión se desprende del relato de productores cafetaleros de Ocosingo, de la Sociedad de Productores Orgánicos de la Selva Lacandona (Sposel). Ellos son Roberto Méndez López y José Manuel Pérez Vargas, presidente y responsable de control interno, respectivamente, de Sposel, organización que fue creada en 2002, con 254 miembros entonces y hoy con 643, de 25 comunidades (siete de ellas zapatistas) y que en conjunto cuentan con 883 hectáreas ubicadas entre dos áreas de reserva de Montes Azules, Metzabok y Naja.

La plática con La Jornada del Campo ocurre en el marco de una exposición organizada por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), pues ellos son beneficiarios de esta institución y desde hace dos años exportan casi toda su producción orgánica a Europa; antes exportaban por medio de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región de Istmo (UCIRI), de Oaxaca.

Explican su paradoja: En efecto, Sposel es exitosa en el mercado. Este año exportaron a Francia e Inglaterra cuatro lotes de 425 quintales de café verde cada uno (mil 920 toneladas en total), pero han debido enfrentar la competencia desleal, lo cual debilita a la organización y sus esfuerzos autogestivos.

El café de Sposel corresponde a campesinos minifundistas, que tienen de una o dos hectáreas aunque hay quienes cuentan con diez o 15. Sus comunidades están considera-

das como de alta y muy alta marginación, y afirman los entrevistados, “sí hay aquí gente que sufre pobreza alimentaria”. El ingreso por hectárea que recibe un productor en esta organización es de 15 mil a 25 mil pesos anuales, pero ya muchos cultivan de forma asociada palma de chate, con lo cual pueden duplicar ese ingreso. Esa palma es un cultivo de exportación que produce colorantes, y que, dice don Roberto, se usa para pintar los billetes de dólar.

El caso es que Sposel acopia el café de sus agremiados, que es todo orgánico –libre de agroquímicos– y lo exporta con la certificación de Comercio Justo (CJ). Los compradores de CJ pagan 190 dólares cuando las cotizaciones internacionales son inferiores (esa es la marca para garantizar a los productores un piso para sus precios), pero cuando están arriba, también cubren sólo 190. Hoy día los precios han rebasado por mucho esa marca y por tanto las trasnacionales (Nestlé y Agroindustrias Unidas de México, AMSA) y los coyotes, que gozan de gran liquidez, financiados por esas compañías, pueden pagar más por el café y entonces muchos campesinos prefieren venderles a ellos antes que a Sposel.

La organización no logra competir además porque carece de liquidez. Es cierto, dice José Manuel Pérez, “manejamos mucho dinero, pero tenemos muchos gastos. El año pasado estuvimos maquilando el café en Oaxaca con costos de cien mil pesos por lote (…) Si queda ganancia del café lo invertimos en materiales, en bodegas, durante cuatro o cinco años estuvimos invirtiendo para poder tener la infraestructura de tostado y molido”.

Mientras que los coyotes salen a comprar café con 200 mil o 500 mil pesos líquidos que les dan las trasnacionales, Sposel debe buscar crédito en diversas fuentes, como el BanChiapas y la Sofom Findeca. “Nos piden un tambache de documentación –acta constitutiva, datos de cuentas de banco, etcétera– y cuando se las llevamos, nos dicen que no tienen dinero”. Este año la organización recibió crédito de Lobodis, su comprador francés, que sirvió para el acopio de la mitad del café. “El asunto financiero es una piedra en nuestro camino”, dice José Manuel.

Los directivos de Sposel consideran que no obstante los problemas, Comercio Justo es un buen camino para comercializar su café, pero desearían que la marca fuera mayor a 190 dólares para evitar la competencia desleal. Reconocen que gracias a Comercio Justo y al premio social que de éste obtienen (un recurso que se paga para beneficio de la comunidad) han logrado capitalizar a la organización aunque a un paso lento, y también pudieron establecer recientemente su propia universidad. Es la Universidad Intercultural de la Selva Lacandona, que tiene ya seis alumnos y cuenta con las licenciaturas en Derecho Indígena, Mercadotecnia y Desarrollo Sustentable, además de que se integrarán otras, como Biología. “Son carreras que van acorde con las necesidades de la organización”, afirma José Manuel, y don Roberto explica que los profesores son indígenas de la región que están preparados, pero son gente humilde que habla tzeltal.

de 50 kilos, lo pesaba en su báscula y decía que eran 45 kilos. Las básculas de la organización están checadas, tenemos personal capacitado, los productores verifican. Pienso que desde que se fundó Sposel, ha mejorado la capacidad de gestión y el nivel de vida de los productores”.

¿La organización ha logrado en algo abatir la pobreza?, preguntamos.

Hace dos años, relatan los entrevistados, Sposel quiso recibir apoyos para este programa de cafetales, pero al ver que había tal condicionamiento, decidieron no entrar. El café que tienen sus socios está entre 600 y mil 500 metros sobre el nivel del mar. “El 90 por ciento de nuestro café es de altura”, dice José Manuel y considera que pasar a robusta sería absurdo.

“Sí. Cuando comenzó la organización, yo los veía más acabados. La organización los ha enseñado a trabajar mejor su tierra, a cultivar mejor, a dedicarse más al trabajo y no a otras cosas; la gente cambia sus vidas, son mejores, valorizan más su familia, a ellos mismos, a los niños, pero sí, la pobreza persiste, sobre todo en quienes tienen menos tierra”, dice don Roberto.

José Manuel Pérez afirma: ”Cuando no estaba la organización, el coyote llegaba y pagaba lo que él quería. Si había un bulto

Esta agrupación ha tenido acceso a apoyos públicos, sobre todo por vía de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Por ejemplo, por trabajos de reforestación en sus comunidades obtuvieron hace algún tiempo un millón de pesos, que sirvió para repartir a cada productor mil pesos. Pero hay otros programas, por ejemplo para renovación de cafetales, que, en el caso de Chiapas han sido condicionados por las autoridades de Agricultura a que los campesinos pasen de variedad arábiga (de más valor y calidad) a robusta (que es una variedad que requiere Nestlé para sus presentaciones de café soluble).

Organizaciones cafetaleras nacionales han denunciado el interés de las autoridades de Agricultura por querer beneficiar a Nestlé promoviendo la siembra de café robusta, y aprovechando el recurso público.

FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO ANEC

PÙÊã ¦ Ù «ÊÙ Ö Ù çÄ ¥çãçÙÊ Ý ¦çÙÊ EL FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA ANEC ES UNA SOCIEDAD DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS QUE TIENE POR OBJETO OFRECER PROTECCIÓN MUTUALISTA Y SOLIDARIA A SUS SOCIOS A TRAVÉS DE OPERACIONES DE SEGURO Y COASEGUROS. LOS TIPOS DE SEGURO AGRÍCOLA QUE SE OFRECE A LOS SOCIOS SON: a) SEGURO A LA INVERSIÓN. b) SEGURO A LA PRODUCCIÓN GARANTIZADA. c) SEGURO A LA COSECHA ESPERADA. d) SEGURO POR PLANTA. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTO Y REQUISITOS PARA INGRESAR COMO SOCIO FAVOR DE DIRIGIRSE CON:

JOSÉ ATAHUALPA ESTRADA AGUILAR GERENTE

(55) 56-62-92-97 ext. 106 jose.estrada@anec.org.mx

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7 costumbres, el 77 por ciento del total de sus tres mil 621 localidades tienen menos de 250 habitantes y el 75 por ciento de su población es hablante de lengua indígena. Estos municipios participan con el 68 por ciento de todas las localidades del estado que presentan un grado de muy alta marginación.

CARENCIAS RURALES EN OAXACA

FOTO: Van Corey

Una de las estrategias propuestas es el Programa de Desarrollo Regional y Clústers Competitivos para aumentar la competitividad del territorio por medio de la articulación de redes de empresas, instituciones y actores locales.

Los clústers estratégicos de Oaxaca propuestos son: ecoturismo, agroalimentario (piña, banana y mango), minería, acuacultura, artesanía, forestal-madera, industria (maquiladora y eólica), mezcal y agroindustrial (azúcar, café, hule). Se busca orientar estratégicamente las inversiones para reducir o eliminar las ineficiencias de las cadenas productivas.

Héctor Iturribarría

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a elevada dispersión demográfica en Oaxaca ha sido una de las principales dificultades para proveer los bienes y servicios básicos que mejoren el bienestar de la población, y para construir la infraestructura que una los mercados regionales y locales e impulse el desarrollo económico. De casi diez mil 500 localidades que existen en el estado, 77 por ciento tienen menos de 250 habitantes y 60 por ciento menos de cien.

Tal dispersión y las condiciones geográficas montañosas del estado representan un gran reto para todo gobierno, ya que encarecen el llevar infraestructura social básica y económica a las comunidades, particularmente las rurales. Por estas circunstancias, 60 por ciento de las cabeceras municipales de Oaxaca no están conectadas a la red carretera pavimentada. Asimismo, 30 por ciento de las viviendas no cuenta con agua entubada, cinco por ciento no tiene servicio de energía eléctrica y a 28 por ciento le falta drenaje (a escala nacional los porcentajes de estas carencias son 8.5, 2.2 y 9.7, respectivamente).

De allí que Oaxaca sea uno de los tres estados más pobres. Los grados de alta y muy alta marginación predominan en 463 municipios de los 570 del estado.

Resaltan algunos indicadores: 38 por ciento de la población está en condiciones de pobreza alimentaria; el analfabetismo afecta a 16 por ciento y la tasa de mortalidad infantil es del 19 por ciento. A escala nacional estos tres datos son muy inferiores, de 18, 6.9 y 15 por ciento, en ese orden. La emigración internacional también es reflejo de la ausencia de oportunidades; de cada mil personas, 16 se van a Estados Unidos.

El 80 por ciento del territorio oaxaqueño, de 9.3 millones de hectáreas, es ejidal y comunal, pero sólo 40 por ciento está regularizado, lo cual desincentiva las inversiones y es fuente de confrontación social: 194 municipios (38 por ciento del total) presentan conflictos agrarios.

La complejidad de Oaxaca se acentúa al tener 418 municipios (73 por ciento) que se rigen por usos y costumbres. Además, sólo cuatro

por ciento de los presidentes municipales refiere tener una escolaridad de nivel superior.

El escaso desarrollo económico de Oaxaca está asociado a sus reducidos niveles de inversión pública y privada. Según la Secretaría de Economía, Oaxaca es uno de los estados que capta menor Inversión Extranjera Directa; ocupa el lugar 31 entre las entidades del país (en la primera posición está el Distrito Federal y Chiapas en la última).

Las tendencias observadas en el mercado de trabajo expresan un importante deterioro en las condiciones de vida de la población. La Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación muestra que 263 mil 482 oaxaqueños laboran menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a su voluntad, o laboran más de 35 horas semanales pero reciben menos de un salario mínimo al mes, o laboran más de 48 horas semanales ganando entre uno y dos salarios mínimos. Dadas estas circunstancias, no se ha logrado establecer condiciones para un crecimiento sostenido asociado a niveles de competitividad altos. Los principales indicadores de competitividad, tanto nacionales como internacionales, ubican a Oaxaca en las últimas posiciones.

Estrategias para el desarrollo rural. Los rezagos socioeconómicos contrastan con el potencial natural y económico de las diversas regiones de Oaxaca. Esta es la entidad con mayor diversidad biológica del país y posee una gran variedad de ecosistemas debido a su accidentada orografía.

Hay una vocación predominantemente forestal en 37.3 por ciento del territorio estatal, y la vocación agrícola está en el 17.3 por ciento. Pero una limitante de las zonas rurales es que la mayor parte de las actividades agrícolas se realiza en áreas de temporal; sólo 10.4 por ciento es de áreas de riego.

Dada esta situación, el gobierno de Oaxaca, vía el Subcomité de Desarrollo Microrregional, ha propuesto una Estrategia de Desarrollo Microregional, con el objetivo de elevar los niveles de bienestar de la población, particularmente de aquella con mayores rezagos sociales, por medio del impulso a procesos

sustentables de desarrollo microrregional que, entre otras cosas, favorezcan la conciliación agraria.

Con base en indicadores de marginación municipal y de desarrollo humano municipal, se definió una lista de 172 municipios, que concentran 23 por ciento de la población total del estado en 2010, con las siguientes características: el 85 por ciento son de usos y

Asimismo, se ha planteado el Sistema Inteligente de Acopio y Distribución de Alimentos como un esfuerzo sin precedentes por modernizar la red logística de abasto de alimentos a fin de reducir las mermas y generar mayores beneficios a todos los que intervienen en la cadena de valor.

El gobierno de Oaxaca trabaja también sobre una lista de proyectos de infraestructura transversales, para impulsar el desarrollo agrícola, turístico, energético y carretero, al elevar la conectividad de los mercados regionales y locales, impulsar la competitividad de los productos y mejorar los niveles de empleo, ingreso y bienestar de las zonas rurales.

Jefe de la Oficina de la Gubernatura de Oaxaca y miembro del GDR Oaxaca

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTORES DEL CAMPO

SE CONGRATULA Y FELICITA A

ARMANDO BARTRA VERGÉS Amigo y colaborador de la ANEC y director de La Jornada del Campo, por haber recibido el doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ArgenƟna, por su enorme y original contribución teórica, analíƟca y formaƟva en torno a las economías campesinas y los movimientos sociales rurales, así como por su compromeƟda e incansable praxis en defensa de los campesinos e indígenas de México y LaƟnoamérica.

Esperamos que muy pronto la UNAM, UAM y la UACh sigan el ejemplo de la UNC. “Nosotros los otros, los salvajes, tenemos la misión de mandar al carajo la dicotomía civilización-barbarie. Nos tocó la tarea de jubilar la confrontación excluyente entre ciudad y campo, cultura y naturaleza, hombre y besƟa, vigilia y sueño, masculino y femenino, vida y muerte.

No suprimir la tensión vivificante, sí la polaridad alienada”.

Armando Bartra: Mito, aquelarre, carnaval. El grotesco americano.

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PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA: LECCIONES Y PROPUESTAS

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n la segunda mitad de los años 60s, estudios realizados en diferentes países empezaron a diferir de la tesis de que solamente un crecimiento económico sostenido era el camino para combatir la pobreza (lo que planteaban, apenas dos décadas antes, los organismos internacionales, creados por las Naciones Unidas). Observaban que si bien durante los periodos de alto crecimiento se mejoraban las condiciones de vida de amplios sectores de la población, la pobreza se revelaba persistente.

A partir de entonces, fue ganando terreno la propuesta de diseñar instrumentos específicos de política social dirigidos a grupos claramente definidos, cambio que no significaba negar que el crecimiento económico fuera una condición necesaria, pero insuficiente, para abatir la pobreza.

En México, estudios dados a conocer a partir de 1965 revelaron que no obstante el impresionante desempeño económico del país a partir de 1940, el ingreso seguía fuertemente concentrado y su redistribución era a costa de las clases más vulnerables y en favor de una emergente clase media. Con base en ello comenzaron a elaborarse los primeros programas de combate a la pobreza, inicialmente dirigidos a la población rural de bajos recursos. En 1968 se creó el Programa Coordinador de Inversiones Públicas para el Medio Rural, que funcionó hasta 1970.

En 1971, con el mismo propósito de promover el desarrollo rural de las áreas marginadas, se instrumentaron nuevos programas sectoriales como el de Caminos de Mano de Obra, el de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural y el de Atención a las Zonas Áridas e Indígenas. En 1973 se creó el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (Pider), que en 1980 se redefiniría como un Programa Integral para el Desarrollo Rural. Éste, operado entre 1973 y 1982, fue el primero que basó su funcionamiento en la coordinación y la cooperación de las entidades y dependencias federales en los ámbitos nacional y estatal y de las mismas comunidades a fin de que las inversiones resultaran autofinanciables.

El Pider fue el antecedente inmediato de los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico de los Estados (Coprodes), que luego se convirtieron en los Comités de Planeación para el Desarrollo (Coplades).

De todos los programas mencionados destaca su carácter sectorial y su orientación al medio rural, al desarrollo del campo –con especial atención a las áreas marginadas–; el origen público de sus recursos que, principalmente, provenían del gobierno federal, y el que sus esfuerzos se enfocaban básicamente a la dotación de infraestructura y, en menor medida, a la alimentación. Entre los problemas destacan la falta de recursos y la poca e inadecuada coordinación, así como una operación muy centralizada.

En enero de 1977 se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas

y Grupos Marginados (Coplamar), cuyo objetivo fue “articular acciones que permitieran que las zonas rurales marginadas contaran con elementos materiales y de organización suficientes para lograr una participación más equitativa de la riqueza nacional”.

El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) nació en marzo de 1980, en medio de la crisis agrícola que inició en la segunda mitad de los 60s, y se basó en estrategias tales como: compartir solidariamente el riesgo con los campesinos para alentarlos a utilizar insumos modernos y elevar la productividad de los recursos en las zonas de temporal; inducir cambios tecnológicos para mejorar el aprovechamiento productivo de la agricultura, la ganadería y la pesca; impulsar la organización campesina y pesquera en entidades autónomas y multiactivas, a partir del ejido y la comunidad; ampliar la frontera agrícola, y promover agroindustrias con alianza entre campesinos e industriales pesqueros, para reorientar la industria alimentaria hacia la producción de básicos con un mayor contenido nutricional.

Más aún: puede afirmarse que, en condiciones de crecimiento bajo o mediocre, como las prevalecientes en los 25 años recientes, el capital humano forjado mediante las políticas focalizadas encara una suerte de deterioro precoz, repercutiendo sobre el conjunto de comunidades y familias originalmente beneficiadas. La pérdida de expectativas contamina regiones y grupos sociales enteros.

A pesar de sus limitaciones, de su dispersión y de la polémica que generó sobre su supuesta o real politización, Pronasol fue un instrumento innovador de política social, al haber recurrido a la movilización y a la generación de capital social como mecanismos para potenciar el gasto público en combate a la pobreza.

En 1997 el Progresa proporcionaría un conjunto de servicios de educación, salud y alimentación fundamentales para el desarrollo de las capacidades de las familias en pobreza extrema; a diferencia del Pronasol, que enfatizó el fortalecimiento de los vínculos de solidaridad comunitaria, Progresa se concentró en la familia, a la cual se le otorgaban directamente los apoyos.

Los programas de desarrollo rural con pretensiones de integralidad –que no han estado ausentes durante estos 25 años, tengan o no presupuesto– se convierten en programas de fomento agropecuario. Y aun los más cuidadosamente diseñados, como Alianza para el Campo, para cumplir con sus metas de corto plazo, se van orientando hacia productores con mayores recursos, y por lo tanto con más posibilidades de cumplir esas metas.

Cuando en 2008 se realizó una evaluación de los programas sociales, se señaló la existencia de duplicidades; altos costos de administración en los aparatos burocráticos; dificultad para planear la política social, y problemas de coordinación intra e interins-

Estos programas, en general, omiten el alto grado de heterogeneidad que caracteriza al mundo rural, desconocen el carácter multidimensional de la pobreza rural, se centran en la actividad agrícola y no incorporan el carácter multiactivo de las unidades familiares rurales. También tienen dificultades para asumir que son el mercado y sus agentes los que tienen un peso decisivo en la determinación de las tendencias, oportunidades y restricciones que enfrentan los pobres, y, por lo tanto, reducen innecesariamente el ámbito de su competencia a lo que está al alcance directo del sector público y de sus agentes.

FOTO: Pazkual

Rolando Cordera Campos* y Leonardo Lomelí Vanegas**

salud y educación se traduce en ausencia de oportunidades de empleo bien remunerado, en frustración social y crecientes presiones migratorias.

Si bien el SAM contribuyó a aumentar las cosechas y a incrementar los subsidios a la producción ganadera y pesquera y se mejoró el acceso a la canasta básica, el programa tuvo escaso impacto redistributivo, además de que no concibió de manera articulada el fomento productivo y la protección de los recursos naturales, lo que contribuyó al deterioro ambiental del campo.

En 1988 empezó el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) con tres vertientes: bienestar social, producción y desarrollo regional. Buscaba conformar una estrategia integral de combate a la pobreza que fuera más allá de la promoción de un piso social básico y de la sola expansión de la infraestructura.

Su carácter integral estaría definido por su articulación con proyectos productivos. En 1990 se incorporó de forma más plena a los gobiernos estatales y municipales. Se crearon entonces los Fondos Municipales, los Fondos para la Producción, el de Jornaleros Agrícolas y los primeros programas regionales.

En 1992 inició el Programa de Empresas Solidaridad que engloba las acciones de apoyo a diferentes actividades productivas: mineras, agroindustriales y forestales, entre otras; el programa se institucionalizó con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social.

Estudios dados a conocer a partir de 1965 revelaron que no obstante el impresionante desempeño económico del país a partir de 1940, el ingreso seguía fuertemente concentrado y su redistribución era a costa de las clases más vulnerables y en favor de una emergente clase media titucionales, así como entre estados y municipios. Y hay que añadir un señalamiento fundamental: su falta de articulación con la política económica.

La simplicidad buscada mediante la focalización generó resultados no deseados ni lineales, como lo muestran las evaluaciones realizadas y los reclamos de los pobres.

Las limitaciones de las políticas focalizadas, desvinculadas de estrategias de fomento económico y desarrollo regional, están a la vista. La mejora alcanzada en los niveles de

Asimismo, fallan en articular las políticas y acciones específicas de desarrollo rural con aquellas de carácter macro, con lo que la viabilidad de las primeras queda seriamente cuestionada; carecen de capacidad para adecuar propuestas estratégicas gestadas centralmente, a potencialidades, restricciones y deseos de las localidades, o a la inversa, pues no incorporan consideraciones de replicabilidad y amplificación de las experiencias exitosas. Y no consideran los vínculos urbano-rurales ni la influencia del centro urbano como factor de transformación positiva de la vida rural.

Es necesario que el combate a la pobreza recupere un aspecto central: la generación de infraestructura de comunicaciones y transportes para reforzar los efectos de los otros programas de la estrategia, e inducir la generación de círculos virtuosos de oportunidades en las regiones más marginadas.

Mientras esto no se logre, la ampliación de capacidades básicas seguirá impulsando una migración que reproducirá y probablemente ahondará las disparidades regionales.

En este sentido, la única manera de asegurar el éxito de una estrategia multisectorial, a la que concurran los tres niveles de gobierno, que involucre activamente a la población rural pobre, a los empresarios interesados y a otros actores de la sociedad, es mediante una política de desarrollo rural integral, capaz de articular las políticas económica, social, ambiental y de fomento agropecuario y forestal; de recuperar la planeación para el desarrollo regional y el ordenamiento territorial, y que se haga cargo de la necesidad de profundizar y desarrollar mercados financieros alternativos para los pequeños productores rurales. *Profesor emérito, Facultad de Economía, UNAM **Director Facultad de Economía, UNAM

16 de julio de 2011 Gustavo Gordillo

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n los 25 años recientes se ha incurrido en tres errores en las decisiones sobre el campo mexicano.

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RECONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL: PUENTES Y COHESIÓN

• Buscar resolver los problemas estructurales del sector rural –competitividad y reducción de la pobreza y de las desigualdades– desde el propio sector rural, lo cual es una reacción a las políticas previas que consideraban lo rural siempre como accesorio en el desarrollo y en el diseño de políticas públicas. Se ha descuidado la interacción entre lo intrasectorial, lo intersectorial y lo territorial.

• Confundir el espacio público con el gubernamental, lo cual debilita a ambos. Esta confusión ha conducido a la dispersión, la descoordinación y la discontinuidad, con un consecuente dispendio de recursos económicos, que no llegan a sus verdaderos destinatarios porque se extravían en medio de innumerables instancias administrativas.

• Ausencia de continuidad en la construcción de consensos, al no sostener a lo largo del tiempo un esfuerzo sistemático tendiente a fortalecer el apoyo a las reformas iniciadas que incluyera como ingrediente importante la capacidad para rectificar políticas, modificar instrumentos y matizar el ritmo de cambio. Para que sean duraderos, los cambios institucionales requieren un amplio proceso de consensos.

Empero, la piedra angular de ese piso político sería una reforma presupuestaria que en el ámbito del gasto público agropecuario parta de una revisión profunda de todos sus rubros en el horizonte de un ejercicio de presupuesto base cero. Y debería seguirse impulsando el propósito de un presupuesto multianual para el desarrollo rural, para garantizar continuidad y certeza de las políticas públicas hacia el campo.

Es necesario partir de la familia rural como unidad de análisis y punto de convergencia de las políticas públicas. Así, debería avanzarse hacia una política de ingresos rurales, cuya continuidad sea garantizada por la ley, que sea periódicamente revisable y que termine formando parte de derechos sociales exigibles y establecidos constitucionalmente.

Tal política podría convertirse en el núcleo central de este programa mínimo.

Cambios en el “subsuelo” rural: • La población rural decrece. La población rural ha tenido una tasa de crecimiento por abajo del promedio nacional: de 1.21 promedio anual de 1970 a 1980, 0.33 por ciento de 1980 a 1990, 0.60 de 1990 a 2000 y menos 0.32 promedio anual de 2000 a 2005. Por tanto, la población rural varió de 19.9 millones de personas en 1970 a 23.3 millones en 1990, y 24.7 millones en 2000, y se redujo a 24.2 millones en 2005. La población rural bajó como proporción de la población total de 41.3 por ciento en 1970 a 25.4 en 2000 y 23.5 por ciento en 2005.

• El producto decreciente, empleo agrícola en declive, e ingresos no agrícolas y transferencias cruciales en los hogares rurales. El crecimiento del sector agropecuario en los 80s fue muy lento (1.9 por ciento en promedio), y representó el 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) total. En los 90s se acentuó el estancamiento del PIB agrícola: entre 1990 y 1995 el sector creció anualmente 1.1 por ciento y de 1995 a 2000 sólo 0.5 por ciento, llegando a ser menos de un veinteavo del producto total (4.7 por ciento). Pero entre 2001 y 2003, mientras el PIB total se estancó, el PIB agrícola creció 3.5 y 3.1 por ciento respectivamente. Si tomamos el periodo 1980-2007 el PIB agrícola creció a una tasa anual de 1.6 por ciento mientras que el PIB total lo hizo al 2.7 por ciento, de suerte que la aportación del sector al PIB total disminuyó del siete al 5.4 por ciento.

En la década pasada hubo una dramática transformación de las fuentes de ingreso para el hogar rural promedio. El ingreso no salarial asociado a producción agrícola se desplomó de 28.7 a 9.1 por ciento como proporción del ingreso total de los hogares entre 1992 y 2004, mientras que el ingreso total por unidad de producción agrícola (salarial y no salarial) pasó de casi 38 por ciento a sólo 17 por ciento del ingreso total de los hogares. Los pobres extremos en el sector rural participan más en actividades

ción de incentivos productivos y apoyos directos para el combate a la pobreza que aseguren mayor equidad en los impactos de las reformas sobre la gente; y un proceso de ensanchamiento de la soberanía popular por medio de mecanismos directos, efectivos y reales de participación ciudadana en la implantación de las políticas y programas rurales.

agrícolas, pero también obtienen una proporción relativamente baja de su ingreso del sector. El quintil más pobre incorpora a más de la mitad de los trabajadores agrícolas y al 60 por ciento de los hogares; el decil más pobre integra a trabajadores agrícolas, aunque sólo el 26.6 por ciento de esos hogares reporta ingreso independiente asociado a producción agrícola. Además, el 30 por ciento más pobre de los hogares obtiene en promedio menos de una tercera parte de su ingreso de actividades agrícolas.

• Feminización y envejecimiento. En el censo de 2010 los hogares con jefatura femenina crecieron de 20.6 por ciento en 2000 a 24.6 en 2010. Al comparar los censos ejidales entre 1991 y 2007 la feminización en el campo se expresa con un millón 165 de nuevas titulares de tierra ejidal. Las mujeres tienden a constituir un eje decisivo en el impulso y la coordinación de actividades productivas en el medio rural. Ello se debe en gran parte a la migración internacional. La población rural mexicana es hoy más vieja, en promedio, que en los 70s. La edad promedio de los ejidatarios y comuneros es de 55.5 años y los propietarios privados registran 54.9 años.

Construyendo puentes y enfrentando dilemas. El punto de partida en una visión de largo plazo consiste en articular los diversos circuitos que hoy fragmentan al campo y separan a sus actores: • Tierra y trabajo, que deben encontrarse en proyectos productivos que capitalicen la tierra y generen ocupación permanente a quienes han tenido que emigrar largas distancias para encontrar si acaso ocupación temporal.

• La materia prima y su transformación, hoy separadas por distancias geográficas, suspicacias que vienen de lejos y regímenes propiedad diferentes. Es indispensable que

se reúnan por medio de modelos flexibles.

• Producción y ganancia, separadas por barreras de intermediación y que necesitan articularse para capitalizar sobre todo al pequeño productor.

• La demanda local y regional, que frecuentemente quedan al margen de los proyectos de desarrollo públicos y privados, pero que constituyen un sustento indispensable para romper la parálisis en el crecimiento económico.

• El trabajador rural y el poseedor de la tierra, hoy divorciados por canales que no sólo los separan sino que a veces los enfrentan.

• Los recursos naturales y su explotación racional y sustentable, basamento material para cualquier desarrollo futuro en el campo y en la ciudad.

Y finalmente los dilemas que enfrentamos como país para asegurar el acceso permanente a alimentos de alto valor nutritivo para todos los mexicanos en medio de un contexto internacional de enorme desarreglo económico y de alta volatilidad en los precios de alimentos básicos.

Un elemento central en el esbozo de nuevos arreglos institucionales es el énfasis en la participación ciudadana y en programas orientados por la demanda. Un incrementado ejercicio de la democracia local, y la legitimidad para una pluralidad de actores sociales y económicos, han generado expectativas y demandas que prefiguran un espacio público no ligado directamente al funcionamiento del gobierno pero sí decisivo para la gobernabilidad democrática centrada en la construcción de consensos y en la formación de alianzas sociales.

El piso político de estos acuerdos estaría constituido por tres componentes: un enfoque territorial que permita cristalizar coaliciones locales y regionales; una adecuada combina-

Un subsidio verde –desvinculado de la producción agrícola, enfocado en fortalecer los ingresos rurales e interesado en fomentar un desarrollo sustentable– pudiera ser la base para diferentes intervenciones, tomando en cuenta las características de los productores y sus estrategias productivas y los desequilibrios regionales. El propósito de esta política de ingresos sería favorecer la pluriactividad rural y también las reconversiones a nivel de parcela y de comunidad, sobre todo si están fuertemente vinculadas a generar valor vía servicios ambientales.

Otros componentes necesarios de este sistema de apoyo serían: • Un sistema de financiamiento rural que movilice el ahorro, en el contexto de la economía familiar campesina.

• La política de infraestructura debiera enfocarse a aumentar considerablemente la infraestructura productiva pequeña (riego y conservación de acuíferos y suelos) y la infraestructura comercial.

• Avanzar en la expansión de fondos concursables para financiar la transferencia de tecnología y la capacitación de los recursos humanos.

• La feminización del campo y la necesidad de atraer jóvenes para la realización de actividades productivas en el ámbito rural exige trascender la idea de pequeños programas marginales orientados a estos sectores. Se necesita colocar en el centro del diseño de las políticas públicas a mujeres y jóvenes. El acceso de las mujeres a dos activos centrales: tierra (particularmente en el sector ejidal) y crédito significaría una enorme transformación en el sentido de impulsar un nuevo espacio para las mujeres en las actividades productivas rurales.

En el caso de los jóvenes sería indispensable retomar el programa impulsado por el Banco Mundial y la Secretaría de la Reforma Agraria en el sexenio anterior que buscaban ligar la generación de negocios y emprendimientos productivos dirigidos por jóvenes y el rejuvenecimiento de los portadores de derechos ejidales.

Ex subsecretario de Agricultura y de Reforma Agraria y ex representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe (19972005). Miembro del GDR México.

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LA POBREZA RURAL, PROBLEMA MULTIFACÉTICO QUE SE CRUZA CON LOS RETOS GLOBALES

EL SOLTERITO ΈPRINCIPIOS DEL SIGLO XXΉ

IMAGEN: José Guadalupe Posada

• En marcha, esfuerzo de grupo plural para impulsar políticas públicas que abatan pobreza y miseria; su resolución va de la mano con cambio climático y seguridad alimentaria

¿Quieren saber por qué yo estoy muy pobre?

Porque me gusta ser hombre con las mujeres y cumplir con mis deberes, que es lo mejor.

Me voy a cargar frijol a TeocalƟche.

Voy a dar bueyes por dulce pa´ hacer atole.

Me voy a vender pinole allá a los fandangos.

Voy a contarles los cuandos de Juchipila, cuando andaba por mi rancho de solterito.

Andaba bien vesƟdito con dos tres mudas y ora me parezco a Judas de desgarrado, con todo el lomo raspado y el espinazo de vesƟdo muy escaso, lleno de piojos, con lagañas en los ojos de desvelado, de tanto estar abrazado con mi chorreada.

Y en esto yo voy y vengo desesperado de verme pobre y casado con esta vieja, que parece una coneja de 50 años con unos dientes tamaños como clavijas. ¿Se parecerán mis hijas a su mamá?

Nomás las codiciarán allá en los cerros, que apenas para los perros estarán buenas.

Es un campo de azucenas mi pobre casa.

IMAGEN: José Guadalupe Posada

QUÉ POBRES ESTAMOS TODOS

Mientras él Ɵene vesƟdos Y palacios y dinero, nosotros vamos desnudos y vivimos en chiqueros.

Nosotros sembramos todo y todo lo cosechamos, pero toda la cosecha es para bien de los amos.

Nosotros sufrimos todo: la explotación y la guerra, y así nos llaman ladrones porque pedimos la Ɵerra.

Distribución de la población, según situación de pobreza multidimensional, México, 2008

La pobreza rural no es un problema simple: es crónico; con raíces estructurales; viene de mucho tiempo atrás; tiene cara indígena, y está asentado fundamentalmente en el sur-sureste de la República, pues desde hace 70 u 80 años la ruralidad se concentra en esa región, cruzada con la pobreza y la miseria. Y este problema presenta hoy nuevas facetas, como son el deterioro de los recursos naturales, el cambio en la composición del ingreso de los hogares y el envejecimiento y la feminización de la población campesina, que van alineados con los principales retos de la humanidad: el cambio climático, la seguridad alimentaria, el freno a la violencia y la equidad social.

El Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo –que Rimisp– Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (con sede en Santiago, Chile) implementa en México, Colombia, Ecuador y El Salvador– concibe que definir o redefinir políticas públicas que afronten la pobreza de manera eficiente y efectiva, y en el menor tiempo posible, es un imperativo ético, de evidente justicia social. Pero además, en la medida que atendamos el problema adecuadamente, se podrá enfrentar los grandes retos mencionados y se crearán condiciones para hacer progresar más rápidamente al país (o países, considerando todo el Proyecto) en su conjunto.

Yo ya no sirvo pa´ nada ni pa´ tapón.

Rompido mi pantalón de las rodillas, no tengo ni pa´ torƟllas pa´ mis muchachos.

Andan con sus caras tristes sin esperanza, nomás se rascan la panza prieta y ceniza, porque no Ɵenen camisa ni calzoncillos.

Que pobres estamos todos, sin un pan para comer, porque nuestro pan lo gasta el patrón en su placer.

José Antonio Mendoza Zazueta

En México, este Proyecto, que se realiza en alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), encargó a varios académicos y expertos en temas rurales una serie de estudios –análisis, diagnósticos, revisiones históricas, propuestas—, que en forma resumida se publican en esta edición de La Jornada del Campo, y que dan cuenta de situaciones tales como el que la pobreza va ligada a una gran desigualdad social –hay entidades del norte de la República diez veces más ricas que Chiapas o Oaxaca–, así como de tareas urgentes pero complicadas, como es reenfocar el Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), pues su estructura actual abona a tal desigualdad al dar preferencias al norte sobre el sur y privilegiar los apoyos privados en detrimento de los públicos.

*Porcentaje de población que es vulnerable por ingresos. Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.

mexicanos, y la mitad viven en localidades menores a mil habitantes. Al mismo tiempo, y paradójicamente, la población rural muestra una tasa de crecimiento negativa, derivada de una menor tasa de natalidad, pero también por causa de la migración (suman entre 400 mil y 450 mil migrantes rurales anuales).

–Los pobres rurales poseen recursos productivos bastante limitados y con alto grado de deterioro: ladera, cerro y parcelas con alto declive y condiciones muy frágiles de producción. Y la migración, ligada a la búsqueda de ingresos en fuentes ajenas al campo está propiciando una fragmentación de las familias y nuevos arreglos rurales. Buena parte de los hogares rurales en pobreza son monoparentales.

–El sector agropecuario ha declinado progresivamente en su aporte al ingreso total familiar. En promedio, el 17 por ciento del ingreso rural proviene de ese sector y el 83 restante corresponde a trabajo asalariado (incluido el trabajo en unidades de producción agrícola ajenas), transferencias públicas y remesas.

Esto, con la excepción de los campesinos más pobres, los que están en el primer decil. Para ellos, el ingreso principal, en 35 por ciento por lo menos, proviene del agro, y ello se refuerza cuando involucramos el autoconsumo. Situación que indica la importancia y necesidad de fortalecer con políticas públicas a la agricultura familiar, de pequeña escala, misma que es además la que mayor potencial tiene para enfrentar el cambio climático global, con mejoras del suelo, de las fuentes de agua y en general del entorno rural.

Evolución de la pobreza alimentaria nacional, urbana y rural 1992-2008 porcentaje de personas

Datos tomados de estos estudios, de Rolando Cordera, Leonardo Lomelí, Gustavo Gordillo, Antonio Yúnez-Naude, Omar Stabridis, Luis Gómez Oliver, Salomón Nahmad y Álvaro González, merecen subrayarse pues son indicativos de la complejidad de la pobreza rural y de su cruce con los retos globales: –Hay una creciente dispersión demográfica: en 1910 había 70 mil localidades rurales en el país y para 2010 ya son 190 mil, cada una de ellas con menos de cinco mil habitantes. Allí habitan 32 millones de Fuente: Elaborado por Yúnez-Naude y Stabridis con estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1998 a 2008

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FOTO: Archivo / ANEC

lisis de políticas y asistencia técnica a los tomadores de decisiones. En México tenemos el GDR México y el GDR Oaxaca; estamos en proceso de creación del GDR Chiapas y Guerrero, y hay la intención de contar con otros GDR de los estados del sur. El GDR México fue creado en enero de 2001, se conforma por más de 30 personalidades destacadas de los ámbitos social, empresarial, académico, gubernamental y político, y sus líderes son el rector de la UNAM, José Narro Robles, y el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda.

–El 55 por ciento de los titulares de la tierra tiene más de 50 años de edad. Y de ellos la mitad rebasa los 65 años. Asimismo, a la fecha 1.2 millones de titulares de derechos ejidales son mujeres y 25 por ciento de los hogares rurales tienen jefatura femenina.

no crónico, fomentado por la especulación financiera, pero también por una mayor demanda de alimentos desde países que diversifican su dieta con más proteína, y por el creciente uso de granos y oleaginosas para agrocombustibles.

De los retos globales, destaca que:

–Según algunos expertos, México resultará afectado en 20 o 25 por ciento en cuanto a su provisión de granos básicos, debido al calentamiento global.

ciado por el Fondo internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia de las Naciones Unidas, y por el International Development Research Center (IDRC), del gobierno de Canadá– cumplió ya un año y su estrategia principal para incidir en las políticas públicas orientadas a abatir la pobreza rural, así como impulsar inversiones a favor de la población que enfrenta el problema, es la conformación de grupos de trabajo (denominados Grupo Diálogo Rural, GDR).

El Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo –que es finan-

Los GDR son responsables de organizar y conducir procesos de diálogo político, aná-

–La crisis alimentaria, experimentada seriamente en México en 2007-08 –que propició una reversión en las tendencias de reducción de la pobreza y generó expresiones masivas de malestar–, se ha vuelto ya un fenóme-

Distribución de beneficios entre productores deciles de tierra

Gasto público en la agricultura, ¿regresivo?

10% de productores con más Ɵerra recibe 50-80% de los subsidios: 80% de Ingreso ObjeƟvo; 60% de los subsidios energéƟcos e hídricos; 55% de Desarrollo Rural (AcƟvos ProducƟvos); 45% de Procampo

Fuente: Elaborado por Gustavo Gordillo, con datos de bases administrativas de Aserca

Es sumamente importante contar con estos GDR, pues es un hecho que en México tenemos una gran dificultad para concretar acuerdos: no hay una visión compartida de gobiernos estatales, ni entre Ejecutivo y Legislativo sobre cuál debe ser la política más adecuada para superar la pobreza rural.

También al interior de las propias dependencias del Ejecutivo federal, los desacuerdos y contradicciones están a la orden del día, dada la multiplicidad de programas y la falta de coordinación. Los programas del PEC no se coordinan y no aterrizan con una visión unitaria de desarrollo estructural ni de abatimiento de la pobreza. A todo esto se suma la insuficiente transparencia y rendición de cuentas. Así, los GDR buscan presentar posiciones comunes de representantes sociales con calidad moral, de los diversos ámbitos y así allanar todos estos conflictos que hay para la toma de acuerdos y consensos.

Considerando los trabajos de los académicos mencionados –que son miembros del GDR México y/o del GDR Oaxaca—, así como opiniones y deliberaciones de los participantes en estos grupos, el Proyecto en México prevé tener en octubre próximo un documento de propuestas de política pública que será puesto a consideración de otras agrupaciones sociales o académicas –como el grupo de intelectuales que firmaron en 2009 el documento México frente a la crisis: Hacia un nuevo curso de desarrollo— y de organizaciones campesinas, para lograr el mayor apoyo social posible, y luego será presentado ante los poderes Legislativo y Ejecutivo, con el objetivo de incidir en las políticas públicas e ir bordando en el cambio que requiere nuestro país.

Secretario técnico del GDR México, del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo

FOTO: Archivo / ANEC

Entre 1910 y 2010, once estados han concentrado entre 68 y 71% de la población. Es allí donde está la pobreza rural

Fuente: Elaborado por Gustavo Gordillo

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Lo anterior no implica el rechazo a los apoyos a la agricultura familiar. A pesar de que el empleo rural no agropecuario es cada vez más relevante y además tiende a ser más productivo y mejor remunerado, la agricultura constituye una de las bases fundamentales dentro del conjunto de las actividades productivas del medio rural.

PERTINENCIA E IMPACTO DE LOS SUBSIDIOS

Luis Gómez Oliver

L

a atención a la pobreza rural ha aparecido tradicionalmente como una prioridad en los objetivos de las políticas nacionales de desarrollo. Pero las acciones concretas no reflejan tal prioridad. La razón está en la falta de voluntad política real, pero hay otras causas: la asignación de recursos relativamente cuantiosos, pero ineficientes, parece indicar que existen dificultades objetivas para ubicar el desarrollo rural y el combate a la pobreza rural dentro de la estrategia de desarrollo nacional. Hace falta un planteamiento, técnicamente bien sustentado, sobre instrumentos capaces de enfrentar con éxito el desafío del desarrollo rural en México.

Las condiciones de vida en el medio rural continúan siendo esenciales para la caracterización del tipo de sociedad, la sustentabilidad ambiental y el potencial del desarrollo futuro de México. De las 188 mil localidades existentes en el país, 185 mil tienen menos de dos mil 500 habitantes, donde viven 24 millones de personas, 22 por ciento del total nacional, ocupando el 76.5 por ciento del territorio nacional. Si se considera el umbral demográfico de 15 mil personas, la población rural asciende a 38 millones de personas, 34 por ciento del total nacional.

El medio rural mantiene una gran importancia en el empleo; en la evolución demográfica y las migraciones; en los recursos naturales, como el suelo, el agua o la biodiversidad; en el ordenamiento territorial del desarrollo y el equilibrio regional; en el sistema agroalimentario y en diversas articulaciones intersectoriales; en el desarrollo cultural y en muchas de las expresiones más entrañables de la identidad nacional; así como en la conformación del tejido social del país.

Por otra parte, la polarización urbano-rural sigue siendo una expresión de la polarización que presenta el desarrollo del país.

De 26 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema (pobreza alimentaria), 16 millones corresponden a población rural. A diferencia de otros países latinoamericanos, donde ya la mayor parte de los pobres vive en las ciudades, en México 60 por ciento de

las personas en situación de pobreza extrema viven en el medio rural.

Mientras que en las ciudades la pobreza alimentaria afecta al 15 por ciento de la población, en el medio rural esta proporción es casi el triple, 41 por ciento. La pobreza de capacidades afecta al 22 por ciento de los habitantes de las ciudades, pero en el campo es más del doble, 46 por ciento. Un 45 por ciento de la población urbana sufre pobreza de patrimonio, pero en el medio rural afecta a dos de cada tres personas (67 por ciento).

El 23 por ciento de la población rural dispersa (que vive en localidades de hasta dos mil 500 habitantes) participa con menos de dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Al 37 por ciento de la población que vive en localidades de hasta 15 mil habitantes le corresponde una participación de sólo diez por ciento en el PIB nacional.

Dentro de la población rural pobre está casi la totalidad de los indígenas, quienes viven en condiciones de alta marginación y sin vías para integrarse al desarrollo nacional preservando su propia cultura.

En cambio, el ingreso generado por las familias rurales en actividades fuera de la agricultura se ha sostenido o ha aumentado; en 2008 ya era más del doble del ingreso originado en actividades agropecuarias.

En particular, los salarios en sectores diferentes al agrícola significan la tercera parte del ingreso total (34 por ciento). El trabajo asalariado total, considerando también los salarios devengados en actividades agropecuarias, aporta 44 por ciento del ingreso familiar.

Otras fuentes de ingreso que han aumentado su participación en los hogares rurales son las remesas y las transferencias del sector público. Aunque las remesas bajaron respecto del nivel alcanzado en 2000 (22 por ciento), mantienen gran importancia, aportando 16 por ciento del ingreso total. Las transferencias públicas crecieron aceleradamente, de dos por ciento en 2000 a ocho por ciento en 2008.

FOTO: Susana Petersen

ASISTENCIALISMO VS FOMENTO PRODUCTIVO

Dentro de la población rural pobre está casi la totalidad de los indígenas, quienes viven en condiciones de alta marginación y sin vías para integrarse al desarrollo nacional preservando su propia cultura Existe una dinámica positiva entre la agricultura y las demás actividades económicas que se realizan en el medio rural, como el comercio al menudeo, el trabajo asalariado no agropecuario, las actividades de turismo y otros servicios, las artesanías e incluso diversas actividades manufactureras. En general, el principal efecto del progreso en estas actividades no es la sustitución de la actividad agrícola, sino su fortalecimiento y desarrollo; recíprocamente, el crecimiento de la agricultura favorece también el desenvolvimiento de las demás actividades productivas en el medio rural.

Se reconoce que el desarrollo rural no depende solamente del sector agropecuario y que no hay solución agrícola al desempleo y subempleo rurales. También debe reconocerse que en amplias zonas del territorio nacional el estancamiento agrícola hará más difícil lograr un mayor dinamismo en la economía rural. La estrategia de desarrollo rural debe incluir una política de apoyo a la agricultura familiar, pero dentro de una estrategia, mucho más amplia, de desarrollo rural multisectorial con enfoque territorial.

Doctor en Economía, Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM. Consultor internacional de la FAO y de otros organismos internacionales.

Secretario Ejecutivo de AGROANÁLISIS, AC

México: Fuentes del ingreso familiar de la población rural 2000-2004-2008. Porcentajes

Las acciones para lograr el desarrollo rural, especialmente las destinadas a reducir la pobreza, deben considerar la actual realidad de la economía rural. En 2000 la proporción del ingreso de los hogares rurales que se originaba en actividades agropecuarias era solamente 29 por ciento y para 2008 se ha reducido aún más, apenas significa 21 por ciento del ingreso familiar rural. De los porcentajes señalados, aproximadamente la mitad corresponde a ingresos derivados de la producción obtenida por cuenta propia y la otra mitad a salarios en actividades agropecuarias.

Es decir, la participación de la actividad agrícola por cuenta propia dentro del ingreso de los hogares rurales que en 2000 ya era muy baja (15 por ciento), en 2008 ya representó solamente diez por ciento del ingreso de los hogares rurales. Esta reducida participación evidencia los estrechos límites que tendría una estrategia de reducción de la pobreza rural basada fundamentalmente en el incremento de la producción agrícola familiar.

Fuente: FAO, con datos de las ENIGH 2000, 2004 y 2008. INEGI

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13 rural pobre las posibilidades de desarrollo productivo son muy estrechas y difícilmente identificables con proyectos rentables en sí mismos. A eso se agrega su escasa capacidad para participar en el cofinanciamiento de los apoyos, lo cual los margina de los programas de fomento productivo.

Luis Gómez Oliver

E

Asimismo, la agricultura mexicana está sumamente atrasada respecto del nivel general de desarrollo económico nacional. La productividad por persona ocupada en el agro, respecto del promedio en todos los sectores, es de apenas 20 por ciento. Esta es, de lejos, la relación más polarizada entre todos los países latinoamericanos.

Por ello, es paradójico que México sea uno de los países de AL que destina mayores recursos públicos al medio rural.

Según datos a finales de la década pasada, el gasto público rural por poblador rural en México es el más elevado en la región, con excepción de Uruguay. Es 90 por ciento superior al de Brasil y más del doble respecto de todos los demás países considerados en el estudio (en total 18). Asimismo, la proporción del gasto público rural dentro del total del gasto público es superior a la de todos los países sudamericanos.

La falta de una política de Estado de visión de largo plazo y la ausencia de una alianza público-privada para impulsar una estrategia de desarrollo consensuada implican que los problemas estructurales resultan invisibles o minimizados dentro de las prioridades del gasto público rural El gasto público rural en México se duplicó sobradamente en términos reales en los diez años recientes. En pesos de 2010, subió de 123 mil millones en 2001 a 269 mil millones en 2010. Y lo aprobado para 2011 suma 295 mil millones de pesos, equivalente a 283 mil millones en pesos de 2010.

En términos per cápita el incremento es semejante ya que en este periodo la población rural se mantuvo constante. En 2001 el gasto promedio por habitante rural (en pesos de 2010) fue de cuatro mil 974 y en 2010 llegó a 10 mil 790 (incremento real de 117 por ciento). A precios actuales, el gasto público que se destina al medio rural significaría que en todas las comunidades rurales del país cada familia podría recibir casi de 50 mil pesos anuales, algo así como ¡cuatro mil mensuales en cobertura universal!

Para explicar por qué los importantes recursos canalizados no logran mejores resultados, se realizó un análisis sobre el gasto público rural (GPR) en México estableciendo clasificaciones con dos criterios diferentes: uno, si el gasto se da por medio de bienes públicos o de bienes privados, y dos, según la finalidad, social o productiva. El cruce de ambos criterios da cuatro categorías a las que se suma una quinta que se refiere al gasto operativo y administrativo (incluyendo el gasto en instituciones de educación agrícola superior) la que se definió como gasto de fomento productivo indirecto.

LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL CAMPO EN MÉXICO A LA VANGUARDIA EN MONTOS; A LA ZAGA EN RESULTADOS Actualmente, la mayor parte del gasto público rural consiste en gasto de beneficio social.

Se destina a aliviar la pobreza, compensar desventajas de grupos de población marginados y favorecer el acceso al consumo indispensable de la población pobre. El gasto se está concentrando más en el alivio de las urgencias sociales que en la reducción de los factores que las causan o en el aumento de capacidades para resolverlas de una manera autónoma.

Esa distribución del gasto público rural muestra que el monto de recursos para bienes públicos de fomento productivo significa una parte bastante menor dentro del total (alrededor de 16 por ciento). Sin embargo, es en esta categoría donde está el grueso de las acciones para resolver los problemas estructurales del agro.

Entre otros conceptos relevantes, la categoría de “bienes públicos de fomento productivo” incluye los programas para el desarrollo de infraestructura física y productiva (caminos rurales, comunicaciones, transporte, almacenamiento, irrigación, etcétera); los orientados a apoyar la recuperación y el uso sostenible de los recursos naturales, y los que apoyan la ampliación del capital tecnológico y de capacidades, así como el desarrollo de sistemas de comercialización y el incremento del capital social.

Los apoyos en “bienes privados de fomento productivo” pueden ser útiles cuando son únicos o temporales y permitan cambios en el sistema de producción. Por ejemplo, cuando dan origen a cambios en la actividad o en el rubro productivo, en la tecnología, en la escala de producción o en la inserción en el mercado. En los pequeños productores esto

puede lograrse con recursos relativamente reducidos. Sin embargo, cuando esto es dirigido a productores medianos o grandes, generalmente significa la mera sustitución de gasto de inversión público por gasto privado, con la consecuente ventaja personal, pero sin cambio real en las capacidades de producción.

Los inconvenientes más serios de los programas con este último rubro de apoyos se presentan en los que afectan las condiciones de mercado, sea por apoyos relativamente permanentes a los precios de los productos, o por subsidios a los insumos y bienes de capital. La justificación para estos programas suele provenir de la intención de compensar distorsiones en los mercados internacionales agropecuarios o, en general, en la formación de precios. Tales mercados están lejos de la competencia pura y perfecta, pero la política agrícola debe ser realista y ajustar el funcionamiento del mercado nacional a dichas condiciones, sin pretender corregir, con presupuesto nacional, las distorsiones provocadas por los elevados subsidios en los países desarrollados, lo que llevaría a una competencia entre tesorerías, altamente inconveniente para México y muy ineficiente para impulsar el desarrollo rural.

Los programas que afectan los precios relativos son altamente inequitativos, porque benefician más al que más produce, al que más vende o a quien utiliza la mayor cantidad de insumos.

Una gran parte del gasto en bienes privados de los programas de fomento es capturado por los agricultores más solventes. En cambio, dentro de la economía de la población

México: Clasificación del gasto público rural 2010

La política de desarrollo rural y agroalimentario se reduce a los programas de gasto fiscal; no existe una visión consensuada de la vía para la transformación productiva del medio rural ni para la seguridad agroalimentaria, ni hay un eje ordenador que dé coherencia a las acciones de los diferentes agentes, públicos y privados.

FOTO: Vedran

l desarrollo agrícola de México aparece a la zaga de los países de América Latina (AL) En términos absolutos su tasa de crecimiento en la década pasada (2.1 por ciento anual) solamente fue superior a la de Haití, Cuba y Colombia. Resultó inferior al progreso alcanzado por los otros 16 países de la región.

En ausencia de un poderoso programa de inversiones orientado a promover la transformación productiva del medio rural, los programas de beneficio social se convierten en meros paliativos temporales, generadores de dependencia y susceptibles al clientelismo partidario, sin capacidad para garantizar, de manera permanente y progresiva, el bienestar de la población rural.

Los problemas estructurales no pueden ser considerados en el marco de asignaciones presupuestales anuales. Su identificación y la de las respuestas o soluciones posibles requiere de planteamientos y análisis de largo plazo. La falta de una política de Estado de visión de largo plazo y la ausencia de una alianza público-privada para impulsar una estrategia de desarrollo consensuada implican que los problemas estructurales resultan invisibles o minimizados dentro de las prioridades del gasto público rural.

La política de desarrollo rural y agroalimentario debería comprender, por una parte, un programa de largo plazo para mejorar la educación y la capacidad productiva de la población rural, así como un poderoso programa de inversiones para mejorar la infraestructura física, los servicios y las condiciones de vida de esta población, a fin de reducir el enorme grado actual de marginación; por otra parte, un desarrollo institucional, que reconozca la importancia del trabajo asalariado en el campo, generando un marco regulatorio y operacional del mercado laboral, para lograr un funcionamiento eficiente, estable y equitativo del mercado de trabajo, que tome en cuenta las particularidades del empleo rural. Debería incluir, asimismo la generación de alianzas para una acelerada integración vertical y una comercialización más eficiente; el desarrollo de sistemas financieros rurales (ahorro, crédito y seguro); el reconocimiento y manejo económico, eficiente y equitativo de los derechos de propiedad (tierra, agua, recursos forestales, cuotas de pesca, biodiversidad, patentes tecnológicas), incluyendo la definición de instrumentos (contratos y otros) para el cumplimiento de la ley y para garantizar la sustentabilidad ambiental del desarrollo rural.

Es fundamental que la entidad responsable de reducir la marginalidad rural sea distinta a la que tiene las responsabilidades del desarrollo agrícola sectorial. Ningún programa sectorial podría asumir el desafío de eliminar la pobreza rural. El marco institucional de la entidad responsable del desarrollo rural no es sectorial, sino regional (macro-regiones), con operación altamente participativa y plurisectorial en ámbitos micro-regionales.

Fuente: Elaborado por Luis Gómez Oliver con información del Banco Mundial (Informe No. 51902-MX) y de CEDRSSA

Doctor en Economía, Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM. Consultor internacional de la FAO y de otros organismos internacionales.

Secretario Ejecutivo de AGROANÁLISIS, AC

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A

las transferencias condicionadas de ingresos por medio de programas como Oportunidades en México, nos lleva a olvidar que, al final del día, la superación de la pobreza no puede ser sino fruto del desarrollo, y que la segunda variable no puede ser reemplazada sostenidamente por el gasto público.

¿Qué nos dicen esos números? Primero, que la pobreza rural no es toda culpa del neoliberalismo y de los mercados; ya estaba ahí y con enorme fuerza, cuando teníamos un modelo de desarrollo con más presencia del Estado y menos del mercado y de la sociedad civil. Se equivocan, por tanto, quienes creen que es cosa de controlar los mercados y de hacer que el Estado tenga más poder relativo para acabar con la pobreza rural. El Estado en América Latina ha sido muchas veces parte del problema.

En segundo lugar, junto con sus políticas pro-mercado, Brasil y Chile muy tempranamente dejaron de creerse el cuento de que el mercado solucionaría todos los males sociales. Ambas naciones cuentan con una vigorosa estrategia nacional de desarrollo e inclusión social, donde las políticas públicas, pensadas, diseñadas y dirigidas por Estados competentes, son una pieza central. Y no hablamos sólo de políticas públicas sociales, que también las hay, sino de políticas públicas orientadas a mejorar las oportunidades y las capacidades de los pobres rurales para integrarse a la economía y al desarrollo de sus países por la vía de los pequeños negocios familiares, de la organización económica, y del trabajo asalariado de mejor calidad. Dichas políticas públicas involucran grandes subsidios, pero no dependen de ellos en forma exclusiva.

Julio A. Berdegué inicios de los años 80s –cuando comienzan a instalarse las políticas neoliberales– América Latina tenía 73 millones de pobres rurales, de los cuales 40 millones estaban en situación de pobreza extrema o pobreza alimentaria. En 30 años, hasta fines de la década del 2000, habíamos logrado reducir el número de pobres rurales a 59 millones y el de extremadamente pobres a 33 millones. En términos relativos, pasamos de 60 por ciento de pobreza rural y de 30 por ciento de extrema pobreza rural, a 53 y 30 por ciento, respectivamente.

Los datos también indican que como región, en conjunto, vamos mejorando.

Pero el avance es extremadamente lento, y la pobreza rural cae a una velocidad que es totalmente inaceptable. En promedio menos de medio millón de habitantes rurales han logrado salir de la pobreza cada año en las tres décadas recientes. A este ritmo podríamos tardar cien años más hasta lograr que la pobreza desaparezca. Los números también dicen que la pobreza rural es hoy más profunda, más dura, que la observada hace 30 años, pues la pobreza extrema ha sido más persistente y más difícil de abatir.

Las sociedades rurales ya no toleran más esta dilación que se parece mucho al estancamiento, y las sociedades actúan a veces de una forma que no es la que quisiéramos, como la migración o el recurso de la violencia, y la agudización del conflicto. Las sociedades actúan “con los pies” y con “el arma de fuego”.

Esta vista general de la región empeora si uno saca a Brasil y a Chile del cuadro, los únicos dos países que han logrado reducir en forma realmente significativa la pobreza rural, incluyendo aquella más extrema.

En términos netos, estos dos países son los responsables de la mayor parte de la reducción de la pobreza rural en el total regional. Brasil pasó de 70 por ciento a 39 por ciento de pobreza rural en los 20 años recientes, y Chile de 39 a diez por ciento. ¿Qué han hecho estos dos países para tener tanto éxito en reducir la pobreza rural? Primero, son naciones cuyas economías han crecido con vigor y en forma persistente durante años. Digámoslo claramente, la principal herramienta de superación sostenida de pobreza es la creación de más y mejores empleos; sin eso, lo demás son parches y aspirinas que a lo mejor mitigan el dolor, pero no lo curan. El éxito de

En 30 años, hasta fines de la década del 2000, habíamos logrado reducir el número de pobres rurales a 59 millones y el de extremadamente pobres a 33 millones Tercero, ni el mercado ni la política pública actúan en un vacío social e institucional. Brasil y Chile son sociedades vigorosas, donde las reglas del juego recompensan en mayor grado que en otros países la cooperación, la iniciativa y el emprendimiento individual y social. Se trata de sociedades que facilitan –o dificultan menos que otros países– el esfuerzo de los pobres rurales para salir adelante como hogares, como organizaciones o como comunidades. Hay clientelismo y corrupción en Chile y en Brasil, pero no son esas las formas principales en que los ciudadanos pobres se ven obligados a relacionarse con el Estado, como sí suceden en otras naciones de América Latina. El tejido social en Brasil y Chile no está roto ni debilitado, y eso implica que los ciudadanos pobres rurales pueden confiar más unos en los otros, pueden colaborar y actuar colectivamente con más facilidad. Tienen una expectativa razonable de que sí pueden mejorar su condición de vida y que el Estado no es uno de sus principales enemigos.

Es el esfuerzo nacional para construir estos factores, y no la simple transferencia de subsidios monetarios a los pobres, lo que distingue a quienes han tenido mayores éxitos en reducir la pobreza rural.

Investigador principal de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y Coordinador general del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo jberdegue@rimisp.org, twitter: @julioberdegue

Manuel Chiriboga

E

n el Ecuador, el buen vivir rural, la soberanía alimentaria, el apoyo a la agricultura familiar y la agroecología son temas que se han incorporado en la opinión pública en los tiempos recientes, como elementos básicos vinculados al desarrollo rural.

Desde la esfera de gobierno se ha diseñado el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, con el que se busca responder a estos sentidos comunes en la opinión pública y al nuevo marco legal (artículo 280 de la Constitución vigente). Éste define como objetivo básico de la estrategia de desarrollo del país el buen vivir o Sumak Kawsay. En función de ello propone que las políticas, los programas y proyectos públicos y la programación y ejecución presupuestaria sean acordes al Plan Nacional del Desarrollo.

Sin embargo, ¿se está traduciendo esto en cambios en el día a día de la población rural?

La realidad del mundo rural en el Ecuador.

Lo rural está asociado en Ecuador con pobreza; según las más recientes estadísticas nacionales, 55 por ciento de quienes viven fuera de los centros urbanos son pobres, mientras que en las ciudades ese porcentaje es de 22.3. De hecho, 70 por ciento de pobres son rurales.

La pobreza en las zonas rurales es más dura: 25.3 por ciento de los pobres no tienen ingresos suficientes para asegurar la canasta alimenticia básica (viven en la indigencia) y 58 por ciento tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Además, los pobres son proporcionalmente más en hogares cuyos jefes son mujeres y/o indígenas, tienen familias más numerosas, han completado un menor número de años de escolaridad y se dedican a la agricultura.

Otros datos oficiales revelan que la pobreza rural se redujo de 82 por ciento en 2000 a 53 por ciento en 2010. En un reciente informe, Los cien logros de la revolución ciudadana, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) señaló que la pobreza rural disminuyó en siete puntos, de 60 a 53 por ciento, entre 2007 y 2010, lo que representa, según las autoridades, que más de medio millón de ecuatorianos han salido de la pobreza. Estas cifras positivas no han estado exentas de críticas.

Los críticos del régimen indican que la reducción se debe en buena parte a transferencias condicionadas, por medio del Bono de Desarrollo Humano, pero no reflejan mejora en los ingresos percibidos por los hogares rurales.

Uno de los objetivos del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR Ecuador) es lograr que en estos territorios el gobierno lleve un programa articulado y coherente de inversión social que incluya transferencias como el Bono de Desarrollo Humano, que se implementa actualmente para alrededor de un millón 800 mil personas.

Además, el GDR Ecuador –donde confluyen representantes de la academia y de organizaciones sociales, así como autoridades públicas del ámbito agrícola y de desarrollo social– pretende ser un espacio de reflexión sobre las implicaciones del mundo rural y ha buscado constituirse en un foro de diálogo entre los di-

FOTO: Alerta Educativa

LA POBREZA CAMPESINA EN AMÉRICA LATINATIENE SOLUCIÓN

DIÁLOGO RURAL EN ECUADOR, APUESTA AL BUEN VIVIR

versos grupos relacionados al tema rural; allí sus posiciones pueden ser analizadas y discutidas y es viable llegar a consensos y acuerdos, que sustenten propuestas y políticas.

Para fortalecer ese diálogo, se viene trabajando en cuatro grandes áreas: estrategia y políticas para el Buen Vivir Rural, dinámicas de los mercados laborales rurales, nuevas perspectivas de apoyo a la agricultura familiar y cómo generar mejoras en la implementación de programas públicos para el desarrollo rural.

Esfuerzos en medio de la heterogeneidad.

El esfuerzo más importante se ha centrado en adecuar el concepto del Buen Vivir Rural a la diversidad territorial del país. A pesar de ser un país pequeño, Ecuador es muy heterogéneo, como resultado de los procesos de ocupación del territorio a lo largo de varios siglos; de la adecuación de esta ocupación a la geografía y a los diferentes contextos ambientales, y de la construcción conflictiva de relaciones entre actores. Por tanto, la visión normativa de políticas públicas debe adaptarse a esas realidades.

Uno de los esfuerzos del GDR ha sido justamente sobre la base de un conjunto de estudios de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural que plantean delimitar esos territorios y muy especialmente aquellos donde se concentra el mayor número de pobres del país.

En un esfuerzo conjunto entre los integrantes del GDR, se ha identificado diez territorios, donde se considera que se pueden desarrollar una estrategia de desarrollo territorial para el Buen Vivir Rural; ésta se basa en una articulación y complementariedad entre las políticas públicas con las dinámicas territoriales, tal como ellas son expresadas por los actores diversos que viven en los territorios seleccionados.

La estrategia no sólo busca una aproximación integral y coherente de las políticas públicas hacia esos territorios, sino fundamentalmente empoderar a los actores territoriales para que ellos diseñen sus estrategias de largo plazo para el desarrollo territorial. Un elemento básico de la propuesta es el establecimiento de comités de desarrollo territorial, donde participen los actores fundamentales del territorio y definan objetivos de mediano y largo alcance, así como los planes y programas territoriales que permitan su ejecución.

En última instancia, de lo que se trata es que en el marco de la nueva Constitución y del Plan Nacional de Desarrollo y de sus objetivos del Buen Vivir y de Soberanía Alimentaria, sea la población misma la que defina los mejores caminos para salir adelante.

Secretario Técnico del GDR Ecuador, del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo

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Santiago Perry

El problema de la concentración de la propiedad territorial y del escaso acceso de la mayoría de los habitantes rurales a este y otros factores productivos continúa vigente en la Colombia del siglo XXI. La mayoría de las mejores tierras del país se encuentra en pocas manos, y la mayoría de los moradores rurales no tienen acceso a tierras de buena calidad.

Más aún: todavía una significativa cantidad de las mejores tierras del país –planas, con agua y con infraestructura– continúan utilizadas en una ganadería poco tecnificada y poco productiva, mientras que millares de minifundistas se ubican en tierras de ladera a las que deben sobreexplotar.

Según la información más reciente, en 2009 los propietarios mayores de 200 hectáreas eran el 3.8 por ciento del total y usufructuaban el 41.1 por ciento del área catastral del país, mientras 39.3 por ciento de los propietarios, con predios menores de tres hectáreas, poseían únicamente el 3.7 por ciento de la misma. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y

MISERIA EN EL AGRO COLOMBIANO la Agricultura (FAO), en una muestra de 70 países Colombia tenía el lugar 11 en el coeficiente Gini más alto en esta materia.

El problema de la concentración de la tierra parece haberse agudizado en años recientes, en razón del conflicto que asola a las zonas rurales colombianas. Diversos estudios coinciden en destacar el vínculo entre el conflicto, el desplazamiento y la concentración de la propiedad territorial. La más reciente y completa encuesta que se ha hecho sobre desplazamiento forzoso confirma que nos enfrentamos a un drama de enorme magnitud: entre 1980 y julio de 2010, 434 mil cien familias se vieron obligadas a abandonar, vender o entregar a terceros forzosamente 6.6 millones de hectáreas.

Sin lugar a dudas, el acceso a la tierra no basta para que los pobres rurales puedan superar su actual condición y se encaminen hacia el progreso y el mejoramiento de su calidad de vida. Se requiere, asimismo, que cuenten con actividades económicas factibles y rentables que les permitan aprovechar el potencial de sus factores de producción y su capacidad de trabajo y de generar riqueza.

DESAFÍOS DE LA POBREZA RURAL EN EL SALVADOR Nelson Cuéllar

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l Salvador, país centroamericano con casi seis millones de habitantes, se transformó profundamente durante las tres décadas pasadas. La economía, que se sustentaba en las divisas generadas por la agro-exportación, ahora depende fundamentalmente de las remesas; se acentuaron los patrones de asentamiento de la población en el territorio y se aceleraron los procesos de urbanización como resultado del colapso de los medios de vida rurales y del auge de la economía urbana vinculada con el comercio y los servicios.

Según el Informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2010, seis de cada diez personas que trabajan en la agricultura salvadoreña son pobres y una de cada cuatro vive en pobreza extrema. Estos datos no son casuales, si se considera que durante las décadas recientes el marco de política tuvo un sesgo anti-agrícola y anti-agrario, llegando incluso a promover la urbanización en las zonas rurales. Por ello no sorprende que los problemas de la producción agropecuaria, junto a los viejos desafíos de superación de la pobreza rural, persistan, aunque ahora en un contexto totalmente distinto del que prevalecía hace apenas unos cuantos años.

En efecto, durante las dos décadas pasadas, el proceso de transformación económica se dio paralelamente a una

FOTO: Maritza Sánchez Hernández

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n las áreas rurales colombianas viven 11.8 millones de personas, el 26 por ciento de la población nacional.

De ellos, 7.3 millones sufre pobreza y 2.5 millones pobreza extrema. De esta manera, casi dos terceras partes de los moradores rurales son pobres y más de la tercera parte se halla en la indigencia. Distintos estudios concluyen que en Colombia, como en el resto de Latinoamérica, “la pobreza tiene un marcado carácter rural”, pero en este país, además, la mayoría de las tensiones sociales se expresan de forma más aguda en las áreas rurales, que son el escenario principal del conflicto que sufre Colombia y la cantera fundamental de la que provienen millones de desplazados.

Empero, esta no es una tarea fácil. Los casos de proyectos productivos y/o de generación de ingresos de comunidades rurales pobres y de emprendimientos empresariales exitosos son relativamente escasos. La política gubernamental en esta materia ha tenido numerosos fracasos, pues se ha basado en subsidios puntuales y compartimentados, que no toman en cuenta la complejidad de los procesos de desarrollo rural –en especial sus aspectos sociales–, ni la necesidad de fortalecer el desarrollo del capital humano y social, ni la importancia de contar con una visión y un horizonte de mediano y largo plazos.

En síntesis, la pobreza rural en Colombia continúa siendo un problema de considerable magnitud y la acción gubernamental en la materia no ha tenido un significativo impacto para reducirla.

Numerosos son los factores que inciden en la situación descrita, y la lucha contra la pobreza y por el desarrollo de las comunidades rurales es un tema complejo. Sin lugar a dudas, el insuficiente y precario acceso a la tierra y a los otros factores productivos es uno de los determinantes claves de esta situación, al igual

situación generalizada de crisis en el agro salvadoreño.

Aunque los desafíos de desarrollo para las zonas rurales, la crisis de la agricultura y la pobreza rural aparecen ahora con un peso más relevante en la agenda del país, el contexto actual ha replanteado los desafíos de desarrollo en los territorios rurales, pues reactivar el agro y superar la pobreza rural es algo que no puede siquiera pensarse en El Salvador a menos que se enfrenten decididamente las nuevas condiciones marcadas por la crisis y por el cambio climático.

En este marco, las políticas públicas no sólo requieren de una mayor voluntad política, sino también la construcción social de un nuevo modelo que incorpore estratégicamente los territorios rurales. Esto constituye un elemento vías de elaboración en el país, pues a pesar de haberse introducido planes, programas y políticas orientadas hacia las zonas rurales y para combatir la pobreza rural, todavía se debaten los pilares y las orientaciones de un nuevo modelo de desarrollo y una nueva institucionalidad para promoverlo e implementarlo.

En este proceso de construcción, resaltan diversas visiones e imaginarios para orientar las políticas públicas, los programas e inversiones en los territorios rurales. Por un lado, se promueve la necesidad de modernizar la agricultura salvadoreña, aprovechando incluso los mercados emergentes vinculados con los agrocombustibles, el turismo y los servicios logísticos. Por su parte, organizaciones campesinas y sectores cooperativos aún reivindican los históricos problemas vinculados con la falta de crédito, el acceso a mercados y la inseguridad en la tenencia de la tierra, entre otros.

El Salvador también enfrenta problemas ambientales críticos magnificados por los impactos del cambio climático. En ausencia de masas forestales importantes, a dife-

que la falta de estrategias y de políticas adecuadas para apoyar los esfuerzos de desarrollo socioeconómico y de generación de ingresos de las comunidades rurales pobres. Las singulares carencias de infraestructura que se viven en los campos colombianos, en especial en las zonas periféricas, agravan la situación de los pobres rurales y entorpecen sus esfuerzos de mejoramiento económico. La escasa cobertura y la deficiente calidad de los servicios públicos, educativos y de seguridad social en las zonas rurales refuerzan las dificultades de la población pobre para superar su difícil situación. Y las deficiencias institucionales limitan la efectividad de la acción del Estado en la materia.

El Grupo de Diálogo Rural (GDR) en Colombia, tras analizar esta problemática y teniendo en cuenta que existen numerosos esfuerzos y equipos de trabajo centrados en el vital tema de la propiedad territorial, decidió concentrar sus esfuerzos en dos tópicos fundamentales en los que consideró que puede hacer un aporte significativo: la estrategia de desarrollo socioeconómico y generación de ingresos que se debe impulsar y el tipo y las características de la institucionalidad que se debe construir para hacer frente a este complejo y multidimensional problema. Para este efecto, creó dos subgrupos de trabajo, que combinan la mirada global, o macro, de estos problemas, con la mirada micro de analizar experiencias exitosas de desarrollo de comunidades rurales pobres y de construcción de estrategias institucionales locales que las apoyan. Sin lugar a dudas el estudio de casos internacionales interesantes en estas áreas complementará el trabajo de los subgrupos y facilitará que puedan definir y proponer estrategias novedosas que contribuyan a la superación de la pobreza y al desarrollo de las comunidades rurales colombianas.

Secretario Técnico del GDR Colombia, del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo

rencia del resto de países de Mesoamérica, los impactos del cambio climático evidencian aún más la importancia de transformar el agro salvadoreño, no sólo para enfrentar los problemas de seguridad alimentaria y de pobreza rural, sino también para contribuir estratégicamente a la reducción de riesgos y vulnerabilidad, así como a la adaptación de las comunidades rurales pobres al cambio climático.

La pobreza rural, la crisis económica y alimentaria, así como los crecientes impactos del cambio climático exigen replantear estratégicamente los marcos de política, los programas y las inversiones de manera que se avance simultáneamente en la creación de mejores condiciones productivas, sociales y ambientales para la superación de la pobreza y el desarrollo en las zonas rurales, donde también existen visiones e intereses en conflicto, tanto a nivel nacional, como territorial, todo lo cual requiere promover la construcción de estrategias compartidas para el desarrollo del país en general y de los territorios rurales en particular.

En síntesis, El Salvador enfrenta el desafío y la oportunidad de construir una apuesta estratégica compartida que replantee el rol estratégico de los territorios y de los actores rurales en el país, lo cual supone institucionalizar procesos genuinos de diálogo entre diversos actores, tanto en la definición de políticas, programas e inversiones, como en la promoción de nuevas institucionalidades nacionales y territoriales que mejoren la gobernanza ambiental-territorial. Compromisos decididos de parte de los diferentes actores, así como un fuerte liderazgo son fundamentales en esta etapa del país. En ese contexto el Grupo Diálogo Rural en El Salvador apoya y promueve este proceso, enfatizando vinculaciones con tomadores de decisiones y con actores en los territorios.

Secretario técnico del GDR de El Salvador, del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo

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DESPLAZADOS DEL TAPÓN DE GRIJALVA, VÍCTIMAS DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA

• Su caso llega a instancias internacionales, mientras el gobierno presume de la Ciudad Rural dar”. A los damnificados se les dotó de un lugar inadecuado, donde es absurdo pensar en que puedan contar con una parcela de cultivo cercana y se les está sometiendo a vivir allí”.

FOTO: Francisco Olvera / La Jornada

MINERÍA A CIELO ABIERTO

Luisa Paré En mi piel de arcilla y musgos a cielo abierto se erguían plantas de hojas duras vestigios de tiempos antiguos también les dicen dion edule palma de la virgen o teotamal tiempo atrás comida de dinosaurios.

Las raíces de milenaria cicada con suavidad en mis entrañas tejían traviesas redes.

De norte a sur de sur a norte un río de aves rapaces amantes de la eterna primavera sobrevolaba nuestro santuario nuestro remanso para viajeros nido de escarabajos y frutos para precisa travesía.

Los vientos cambiaron sobre el mar y sus crestas el cielo de azul pasó a negro mi piel, mi corteza temblaron las cicadas se aferraron sus raíces me dolieron no era norte, no era huracán igual caían los árboles dejando paso a polvorientas trincheras para la batalla que venía desde el mar.

Mi piel, mi corteza, mis entrañas sangraron bajo la violenta intrusión del barreno de fuego mis raíces perdieron camino y memoria. un daltónico dinosaurio de acero sin memoria de suculentas cícadas cegado por el resplandor del dorado anunciado lamiendo sangre lamiendo oro revolviendo verdes, marrones y azules inicia su viaje tierra adentro remembranzas de caracol quizá guían su descenso en espiral a cielo abierto da vueltas dementes daba el cráter infinito que lo llevará más allá de mis raíces más allá de mi vientre fecundo hasta donde pretende saciar su insaciable sed de primitivo metal.

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n su reciente visita oficial, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, recibió de manos de 11 organizaciones campesinas un informe denominado Caracoles anegados, relativo a la situación de los damnificados en noviembre de 2007 por el desgajamiento de un cerro que generó lo que hoy se llama el “Tapón del Río Grijalva”, en el municipio de Ostuacán, Chiapas.

Pero más allá de la inseguridad alimentaria, el Informe documenta una serie de inconsistencias, injusticias y abusos contra estos damnificados, todos en situación de pobreza, y entre lo más grave está la detención y encarcelamiento ilegal desde hace un año de más de 20 personas, de las cuales diez siguen en prisión; la amenaza constante de detención contra más líderes, y la inacción al respecto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recibió la denuncia pero no ha emitido recomendación alguna.

Las organizaciones, entre ellas las Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y la Central Cardenista Campesina (CCC), fueron conducto para la entrega de este documento porque la condición actual de tales afectados – que antes del desastre integraban 33 pueblos con 404 familias en igual número de casas— es de inseguridad alimentaria.

El documento –que también será entregado a los relatores de la ONU para el Derecho a la Vivienda y Contra las Detenciones Arbitrarias, así como a instancias de la Organización de los Estados Americanos (OEA)– destaca que la Ciudad Rural fue construida con recursos públicos, así como de la Fundación Azteca y Fomento Social Banamex, pero los materiales utilizados son de muy dudosa calidad y contrastan con lo reportado en los avalúos del Catastro Chiapas.

Varias de las familias fueron instaladas en la Ciudad Rural Nuevo San Juan Grijalva –con la cual los gobiernos de Chiapas y el federal han presumido contar con la “primera ciudad autosustentable del mundo” y ser punta de lanza en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de la ONU–, pero ésta se encuentra demasiado lejos de cualquier zona de cultivo agrícola: “para ir a trabajar, la gente debe gastar hasta cien pesos en transporte, mientras que cuando mucho el jornal les resulta en 200 pesos”, por lo cual hay cabezas de familia que han decidido emigrar de la región a fin de obtener su ingreso de otras fuentes, afirma Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), instancia que elaboró el Informe a partir de una investigación de campo continua que inició en 2008.

El Informe dice que supuestamente las casas de la Ciudad Rural están diseñadas para tener cultivos y animales, pero su tamaño, de cuatro metros por cuatro, no da para eso y además el suelo es infértil. Así, los residentes, antes campesinos con tierras para el autoconsumo, han perdido su vínculo con la tierra y con la auto proveeduría de alimentos.

Por ejemplo, el Catastro dice que fue utilizada tubería de metal, cuando en realidad es de plástico, y tejas de metal, cuando el material es reciclado (una serie de fotografías en el Informe lo expone), “y esto lleva a suponer la existencia de un fraude millonario en la construcción”, dice el documento y señala que “apenas va un año y las casas ya se están cayendo. El ladrillo de las paredes, que consta de una porción de cemento por ocho de lodo, ya se ve desgastado. Las casas se observan con grietas y tabiques incompletos (…), el agua se filtra y hay manchas de humedad en las paredes y charcos”.

Además, “la Ciudad Rural está lejos de vías de tránsito importantes, por lo que depende sólo del consumo de sus habitantes, quienes al vivir en la pobreza y lejos de sus trabajos no cuentan con la capacidad de activar la economía interna”.

Julio Mata, de la Red Alerta Temprana (que respalda el Informe) afirma que además del acto de corrupción que se observa por los materiales utilizados, hay un asunto fundamental: “se olvidó consultar a los implicados, no se planeó con ellos qué casas se les podría

Por otra parte, la gran mayoría de familias afectadas, más de 300, continúan viviendo hacinadas en un conjunto de cabañas insalubres de dos por tres metros, denominadas Villa Rural, que fueron construidas originalmente como refugio temporal. Por cada cien personas, hay seis baños y seis lavabos. Esta Villa es vecina de un riachuelo que arrastra aguas sucias de varias comunidades que provoca un olor insoportable.

Por la inconformidad ante todo esto y por otras razones la gente ha realizado movilizaciones públicas. Y la respuesta ha sido policiaca: la detención y encarcelamiento de líderes. Entre esas otras razones están el incumplimiento en la indemnización por los terrenos y casas perdidos (un total de casi cien mil hectáreas de cultivo, ganaderas y de habitación), así como por versiones y rumores de que las comunidades afectadas por el desgajamiento del cerro estuvieron inundadas durante tres meses luego de noviembre de 2007 debido a una estrategia fallida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de que las labores que hoy realizan en la zona la CFE y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretenden establecer infraestructura para la generación de energía y por tanto se buscó deliberadamente desplazar a los damnificados.

Relata Abigail Escalante, del Observatorio Nacional de Prisiones, instancia que entre muchas otras organizaciones respalda el Informe: el 4 de julio de 2010 la Policía Estatal Preventiva realizó dos operativos, uno en Malpasito de las Flores, en el municipio de Tecpatán, Chiapas, donde detuvo de forma violenta, con golpes, a diez personas que se estaban manifestando por la falta de pago de indemnizaciones. Muchos de ellos son adultos mayores y campesinos, y algunos eran personas que transitaban por el lugar, no tenían nada que ver con la movilización. Hubo “siembra de cartuchos” y de mariguana y se acusó a los detenidos de daños contra la salud y de portación de armas de uso exclusivo del ejército. Pero después, ante la falta de evidencias, se les retiró esas acusaciones. Ahora están libres bajo fianza con acusaciones por motín, daño a vías de comunicación y uso de vehículos robados a la CFE. En el segundo operativo fueron detenidas 13 personas, actualmente recluidas en la cárcel conocida como El Amate. “A muchas de ellas las identificamos como injustamente presas, pues fueron recluidas por motivos políticos porque, si recordamos, el 4 de julio hubo elecciones en frontera Comalapa”. El gobierno estatal no quiere asumir su responsabilidad por el daño patrimonial que ha causado a los damnificados del Tapón de Grijalva, y se ha criminalizado la protesta social, señaló Abigail Escalante y comentó también el caso de Francisco Jiménez Pablo, quien fue detenido y encarcelado en el marco de una reunión convocada por el gobierno estatal para “negociar” (Lourdes Edith Rudiño).

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APRUEBAN ELIMINACIÓN MUNDIAL DEL ENDOSULFÁN

• Ahora toca que el gobierno mexicano cumpla el acuerdo Fernando Bejarano G.

L

os países participantes en la Quinta Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) reunidos en Ginebra, Suiza, del 25 al 29 de mayo pasado, decidieron por consenso terminar con la producción y el uso mundial del insecticida endosulfán, salvo algunas excepciones específicas, e implementar alternativas que incluyan mecanismos no químicos de control de plagas. El gobierno de México, al igual que los otros 126 signantes, está obligado a cumplir.

La decisión enlista al endosulfán en el Anexo A del Convenio de Estocolmo como un nuevo COP, para terminar con su producción y uso a escala mundial, con excepciones otorgadas a India, China y Uganda, en combinaciones cultivos-plaga específicos en algodón, café, tabaco, té, mango, manzanas, maíz, entre otros. El plazo de las excepciones es de cinco años con posibilidad de renovarse otros cinco. La decisión representa una enmienda al Convenio y entrará en vigor a partir de mayo del 2012.

El acuerdo de eliminar al endosulfán se fundamenta en la recomendación del Comité de Examen de los COPs, que es un órgano científico subsidiario del Convenio de Estocolmo, donde participan 31 expertos nominados por los gobiernos de las distintas regiones, y observadores de organizaciones no gubernamentales, particularmente de la Red de Plaguicidas Internacional (Pesticide Action Network) y de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes (IPEN) que se unieron a la campaña internacional iniciada por organizaciones de la India para la prohibición mundial de este químico.

El Comité de expertos elaboró un perfil de riesgo del endosulfán, donde se examinaron las evidencias de su toxicidad, persistencia y bioacumulación, y una evaluación de la ges-

tión del riesgo, donde se examinaron las alternativas para la sustitución y su viabilidad técnica y económica.

En México organizaciones de la sociedad civil (160 rurales, ambientalistas, de científicos, etcétera) demandaron la cancelación del registro del endosulfán en México en una carta colectiva entregada a las secretarías de Salud, Medio Ambiente, Agricultura y Relaciones Exteriores el 30 de marzo de 2011. Suscribieron también la demanda académicos de las universidades Autónoma Chapingo, Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM); del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, y del Colegio de la Frontera Sur, entre otros.

El endosulfán es sumamente tóxico para los seres humanos y la mayoría de los animales: afecta el sistema nervioso, es probable causante de mutaciones y hay evidencias de que es un disruptor endócrino y afecta la salud reproductiva Según datos oficiales, el endosulfán ha estado autorizado en México para su uso en más de 30 cultivos, incluyendo hortalizas, gramíneas, leguminosas y frutales. Del 2002 al 2010 se importaron cerca de cuatro mil toneladas del insecticida para su formulación, provenientes de India, Israel y Alemania. Entre los principales importadores han estado Bayer, que ya lo retiró del mercado mundial; Velsimex; Kooor Internacional, y Gowan, que lo produce en Estados Unidos, donde ya no lo podrá vender.

El endosulfán es sumamente tóxico para los seres humanos y la mayoría de los animales: afecta el sistema nervioso, es probable causante de mutaciones y hay evidencias de que es un disruptor endócrino y afecta la salud reproductiva. Es un insecticida organoclo-

rado que puede acumularse en las grasas de los alimentos e incluso llegar a contaminar la leche materna, lo que pone en riesgo a la población que debe ser más protegida. El endosulfán es altamente tóxico para los peces y en México se ha observado su presencia o de compuestos derivados en diversos ecosistemas acuáticos en Veracruz, Tabasco, Campeche, Sinaloa y Chiapas, lo cual implica un riesgo potencial de las actividades pesqueras.

Incluso se encontró endosulfán en agua purificada de tres marcas comerciales en la Ciudad de México el 2009, lo que indica ya su posible infiltración en mantos acuíferos.

Hasta el momento, el endosulfán ha sido prohibido o se ha puesto fecha límite para cancelar todos sus usos en 180 países, incluidos la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y en América Latina: Belice, Colombia, Jamaica, Paraguay, Sta. Lucía, Venezuela y Brasil que era uno de los principales consumidores.

En las opciones al endosulfán se deben considerar no sólo otros insecticidas químicos; son alternativas no químicas que ya ofrecen otras empresas de control de plagas, y hay un creciente número de experiencias exitosas de manejo agroecológico de plagas y de agricultura orgánica. En el mensaje de apertura de la conferencia del Convenio de Estocolmo, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Mark Davis. declaró que “la FAO cree que es perfectamente posible producir cultivos sin usar endosulfán” y debe “asegurarse que se remplace el uso de endosulfán lo más rápidamente posible”.

Por las atribuciones que le otorga la Ley General de Salud, toca a la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) iniciar un procedimiento para la cancelación del registro del endosulfán en México, y a las autoridades de la Secretaría de Agricultura, junto con las de Medio Ambiente y académicos y organizaciones de la sociedad civil, impulsar un programa para la promoción de alternativas al endosulfán, a fin de cumplir con el compromiso asumido en el Convenio de Estocolmo y proteger la salud de la población y el medio ambiente.

Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) Para mayor información, ver www.rapam.org

Evento: Festival Tlaxialtemalco 2011.

Noveno Encuentro con las Raíces Indígenas de los Pueblos Xochimilcas en Tlaxialtemalco Altepetl. Organizan: Varias organizaciones e instituciones. Fecha: 16 y 17 de julio de 2011. Hora: A partir de las 11:30 horas. Lugar: San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco. Informes: (044) 5527437504 / tlaxialtemalco@hotmail.com

Libro: El racismo en México, una visión sintética, de César Carrillo Trueba.

Editorial: CONACULTA.

Evento: Muestra Gastronómica De la Chinampa al Plato. Organiza: Sistema Producto Hortalizas del DF. Fecha: Del 15 al 17 de julio de 2011. Hora: De las 10:00 a las 20:00 horas. Lugar: Museo Nacional de Culturas Populares (Ave. Hidalgo 289, Col. Del Carmen. México, DF). Informes: 58430934 / www.hortalizasdf.com.mx / ing_rafael_agrouamx@hotmail.com

Evento: Cuarto Congreso Nacional de Comunicación Indígena. Organiza: Congreso Nacional de Comunicación Indígena. Fecha: Del 3 al 5 de Agosto de 2011.

Lugar: Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra, Ajalpan, Puebla, México.

Hora: 9:00 horas. Informes: www.comunicacionindigena.mx / 4cnci@comunicacionindigena.mx

Evento: Séptimo Encuentro Pueblos y Entorno Urbano. Organiza: Escuela Nacional de Antropología e Historia, por medio del Proyecto de Investigación Formativa Pueblos y Entorno Urbano. Fecha: 29 y 30 de septiembre de 2011. Lugar: Auditorio Javier Romero (ENAH). Informes: pueblosyentornourbano@gmail.com

Convocatoria: Ambulante más allá.

Formación para la realización de video documental ¿Tienes algo que contar?

Informes: Chiapas (taller@ambulante.com. mx / cecilia.monroy@inicia.org) / Yucatán (taller@ambulante.com.mx / editoraunasletras@gmail.com). Fecha límite de inscripción: 15 de agosto de 2011.

Revista Literaria Trajín. www.trajineros. blogspot.com

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El campo en la perspectiva de partidos y corrientes políticas

Consuelo Sánchez

E

l Nuevo Proyecto de Nación del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), encabezado por Andrés Manuel López Obrador, recoge muchos de los reclamos, senƟmientos y anhelos que ha venido expresando gran parte de los mexicanos y, entre ellos, los pueblos indígenas y los campesinos. Se trata de un proyecto colecƟvo en su elaboración, inspiración y vocación. Es una propuesta para ser discuƟda y enriquecida por el conjunto de los mexicanos preocupados por recuperar a México y construir acuerdos alternaƟvos.

El proyecto incluye uno de los temas claves para la regeneración de México: la cuesƟón de la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, históricamente relegados. En el proyecto se rememora y revalora la destacada parƟcipación de los pueblos originarios en los momentos decisivos de construcción y afirmación de nuestra nación: Independencia, restauración de la República, Revolución mexicana, cardenismo y, en fechas recientes, la rebelión de los indígenas zapaƟstas de Chiapas por la jusƟcia, la libertad y la democracia, así como la movilización de la sociedad mexicana a favor de un diálogo de paz entre el Ejército ZapaƟsta de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno. Tiene presente el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, burlados y traicionados por los tres poderes del Estado en la reforma consƟtucional de 2001.

En el primero de los diez puntos (“Promover la revolución de las conciencias y un pensamiento críƟco”), el proyecto asume que “es un compromiso irrenunciable el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés”. Pero va más allá en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y en el enfoque sobre los cambios que se requieren en el país para que esos derechos se hagan efecƟvos. Recupera la propuesta inicial de los zapaƟstas y de las organizaciones indígenas, orientada a reconstruir un México plural, incluyente y democráƟco. También hace suya la demanda central de autonomía de los pueblos indígenas y el derecho que Ɵenen a exisƟr, a ser diferentes, a ser felices, a dignificar y engrandecer su propia cultura y, en suma, a autodeterminarse.

El proyecto de nación rechaza las políƟcas que el Estado y la oligarquía han aplicado contra los pueblos durante

siglos, provocando “un verdadero etnocidio” y perpetuado el racismo y las relaciones coloniales. Colocadas en este horizonte, las políƟcas proseguidas por los gobiernos priístas y panistas “no han resuelto con jusƟcia las cuesƟones que implica la diversidad y, en cambio, han sido extremadamente homogeneizadoras y destructoras de culturas”. La falta de respeto y reconocimiento de los pueblos indígenas “ha dejado a su paso una trágica estela de disolución cultural, destrucción de idenƟdades, miseria social, despojos, opresión políƟca y conflictos cada vez más agudos”.

En contraste, el proyecto de nación de MORENA considera la diversidad “como una riqueza del país que debe no sólo ser reconocida y protegida, sino también fecundada en todos los senƟdos”. En consecuencia, plantea que para construir una sociedad justa en nuestro país, es preciso “buscar las fórmulas de jusƟcia e igualdad que permitan” a los pueblos indígenas “parƟcipar en las estructuras sociopolíƟcas nacionales”. Para ello, considera que se requiere “descolonizar el pensamiento y las prácƟcas sociales” e impulsar un nuevo pensamiento que, entre otras cuesƟones, valore los aportes morales, culturales,

propia del país”, 2) “crear la plataforma básica de una sociedad más igualitaria y justa”, y 3) consƟtuir “nuestro propio régimen de autonomía, acorde con lo mejor de nuestras raíces históricas y nuestras necesidades como país”.

Tales reformas deben enfrentar simultáneamente la desigualdad socioeconómica y la sociocultural. En consonancia con ello, se habrán de desplegar dos políƟcas interrelacionadas: una orientada a establecer la equidad social y económica, y otra a procurar la igualdad entre culturas, visiones y preferencias diversas. El logro de la igualdad sociocultural (“la igualdad entre los componentes idenƟtarios de la sociedad nacional”) implica, a su vez, “alcanzar algún género de arreglo autonómico”.

El proyecto de nación enƟende la autonomía como una derivación del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación (reconocido ampliamente por los instrumentos internacionales). Y asume la autonomía concebida por los pueblos indígenas como acuerdo encaminado a reconstruir la nación “a parƟr de nuevas relaciones entre los pueblos y los demás sectores socioculturales; igualmente conƟene las líneas maestras de los vínculos deseados entre etnias y Estado, como ordenación para cambiar aspectos básicos de la políƟca, la economía y la cultura del país en un senƟdo democráƟco, tolerante e incluyente”.

En suma, el proyecto de nación de MORENA considera como requisitos indispensables “para la construcción de una verdadera democracia” en nuestro país: 1) la parƟcipación de los pueblos indígenas en la vida nacional, en condiciones de dignidad y jusƟcia; 2) “la instauración de un régimen de autonomía, incluyente y tolerante, que permita a los pueblos indígenas determinarse en el marco de la unidad nacional, mediante el respeto a sus autogobiernos, sus sistemas culturales (abarcando lenguas, creencias, usos y costumbres) y el efecƟvo reconocimiento y protección legal de sus territorios y recursos”; y 3) “terminar con el despojo y otros abusos de que son vícƟmas nuestros pueblos originales”. A fin de garanƟzarlo “se debe dar vigencia al derecho de los pueblos a la consulta y el consenƟmiento previo como requisito para dar senƟdo a las decisiones de las autoridades respecto del patrimonio y modo de vida de aquéllos”. Finalmente, refiere que este “bloque de principios y derechos debe ser incluido en nuestra carta magna y consƟtuir una plataforma medular de la nueva sociedad y el nuevo país que queremos construir”.

FOTO: G FOTO Gobierno bi LLegítimo íti

LOS INDÍGENAS Y EL MÉXICO RURAL EN EL NUEVO PROYECTO DE MORENA

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El proyecto de nación entiende la autonomía como una derivación del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación (reconocido ampliamente por los instrumentos internacionales) idenƟtarios, ambientales y producƟvos de los pueblos indígenas, así como su potencialidad, junto con la de otros sectores populares, en la refundación éƟca, políƟca, social y económica de la nación. Advierte que ese proceso debe ir acompañado de reformas de fondo, que vayan a la raíz de los problemas, para 1) establecer un pluralismo que permita “el despliegue de toda la riqueza cultural

En el punto 9 “Campo y soberanía alimentaria”, el proyecto alternaƟvo de nación también advierte el vínculo histórico entre los pueblos indígenas y la nación mexicana, y de su futuro comparƟdo. Propone la recuperación económica, social y ambiental del campo mexicano, devastado por el neoliberalismo. Plantea que el punto de parƟda para el debate en torno a la recuperación del campo es “reconocer que el agrocidio en curso fue premeditado y alevoso”, producto de un conjunto de políƟcas (que incluyen reformas consƟtucionales y legales) “desplegadas por los gobiernos del PRI y del PAN desde 1982 a la fecha”, con el propósito de reestructurar

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En concordancia con estas pautas de corte neoliberal, los gobiernos del PRI-PAN han privaƟzado prácƟcamente todas las empresas públicas, y en parƟcular las ligadas al campo; suprimieron los controles a las importaciones de alimentos; reƟraron todos los apoyos estatales a los campesinos y los dejaron desguarnecidos en el mercado global de alimentos dominado por la agroindustria trasnacional. En suma, la reestructuración de la economía del país según el orden mundial neoliberal ha arruinado a la agricultura y a los campesinos mexicanos, y ha subordinado al país al modelo agroalimentario global, promovido principalmente por Estados Unidos y sus corporaciones. Este modelo es de naturaleza intencionadamente anƟcampesina y anƟagraria, pero también anƟurbana.

Está diseñado para 1) encarrilar la descampesinización y el desmantelamiento de las culturas campesinas milenarias, como las que existen en México (y también en África, Asia y América LaƟna), 2); la concentración de pequeñas parcelas en agroindustrias de gran escala, principalmente de capital trasnacional, y 3) la importación de alimentos a corporaciones estadounidenses y de otros países del Norte que concentran la producción mundial de alimentos.

La imposición de este modelo ha llevado al país a “la mayor crisis social y alimentaria desde Ɵempos de la Revolución mexicana de 1910”. La importación de alimentos es atroz: “En los úlƟmos 15 años, México incrementó 400 por ciento las importaciones de alimentos, para lo cual se erogaron alrededor de 180 mil millones de dólares”. El proyecto de nación advierte que de conƟnuar el modelo agropecuario neoliberal, el país será “puesto de rodillas” ante corporaciones y países concentradores de alimentos, a cambio de provisiones cada vez más caras y escasas. Y anƟcipa, de acuerdo con muchos analistas, que los precios de los alimentos se incrementarán aún más en los próximos años debido al cambio climáƟco, la crisis energéƟca y el incremento del uso de maíz y de otros culƟvos en comida para ganado y para producir combusƟbles.

El proyecto de MORENA señala que la renuncia de los gobiernos neoliberales a la “seguridad alimentaria basada en autoproducción y en reservas estratégicas propias”, y la consiguiente dependencia en la importación de alimentos, así como el fomento de la mercanƟlización y privaƟzación de la Ɵerra y de los bienes comunes (con la contrarreforma al 27 consƟtucional y otras leyes, y por medio de programas como el de CerƟficación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos, Procede, y otros) han propagado la destrucción de la cultura, de los modos de producción y consumo campesinos e indígenas, así como de los ecosistemas; han causado la ruina y el empobrecimiento de los campesinos (indígenas y mesƟzos), y han obligado a muchos de ellos a abandonar el campo y a desplazarse a las ciudades del país y algunas en el extranjero buscando empleo. En suma, la violencia del capitalismo neoliberal defendido por los gobiernos neoliberales PRI-PAN, mediante el uso del poder del Estado, ha intensificado la desigualdad, la exclusión, la descampesinización, la destrucción de trabajo y de los vínculos sociales, comunitarios y familiares.

El proyecto alternaƟvo de MORENA plantea que para salir de la violenta crisis social, laboral, ambiental y alimentaria es indispensable cambiar radicalmente “la ruta anƟagraria, anƟcampesina y anƟnacional impuesta

por los gobiernos neoliberales”. Plantea como punto de parƟda recuperar la soberanía y seguridad alimentarias.

EnƟende por soberanía alimentaria “el derecho de los pueblos a definir sus propias políƟcas y estrategias de producción, distribución y consumo de bienes básicos; pero también como derecho a un trabajo y un ingreso que nos permitan acceder con dignidad a una alimentación adecuada y suficiente”.

SosƟene que la “alternaƟva local, nacional y global” a la crisis energéƟco-alimentaria mundial “es la pequeña y mediana producción familiar o colecƟva, operando en un marco insƟtucional que, en vez de inhibirlas o suplan-

Para regenerar el México rural y urbano, el proyecto de MORENA planta que es fundamental establecer un nuevo pacto entre el campo y la ciudad. Un pacto basado en el reconocimiento y la retribución justa a las múlƟples y vitales funciones económicas, sociales, ambientales, laborales, culturales e idenƟtarias del campo y de los campesinos indígenas y mesƟzos. Se trata de revalorarlo “como sector viable de la producción, pero también como garante de la autosuficiencia alimentaria y la seguridad laboral, como base de la socialidad solidaria e incluyente; como sustento de los recursos naturales y la biodiversidad”.

El proyecto propone como compromisos: 1) ReacƟvar el mercado interno e integrar las cadenas producƟvas mediante el fomento a “la pequeña y mediana producción campesina y las agroindustrias y comercializadoras asociaƟvas”. 3) Recuperar la soberanía alimentaria, por medio de la promoción de “la producción campesina de granos y otros básicos” desƟnada al mercado interno. 4) Restablecer la seguridad y la soberanía laborales, mediante, por un lado, la promoción de la agricultura campesina, una “agricultura domésƟca y asociaƟva intensiva en trabajo”, y, por otro, el impulso de una economía “compromeƟda con la creación de empleo y con la distribución más justa del ingreso”. Ello comprende la defensa de “los derechos del trabajo rural y en parƟcular de los trabajadores migratorios y jornaleros”. Reitera que garanƟzar un empleo digno y bien remunerado en México es condición para frenar la desruralización y el masivo “éxodo rural”. Se trata de devolver a los campesinos, y en parƟcular a los jóvenes, “la confianza en un futuro digno”. 5) Contrarrestar la crisis ambiental, impulsando la restauración de la naturaleza y la diversidad biológica del país y “una producción campesina amigable con la naturaleza”. Ello comprende el rechazo a la privaƟzación del agua, de los códigos genéƟcos, de la biodiversidad y de los conocimientos comunitarios, así como a la introducción y el uso de organismos genéƟcamente modificados (transgénicos). El compromiso es con la preservación, restauración y defensa de los derechos colecƟvos de las comunidades indígenas y rurales a su patrimonio y al usufructo de sus recursos genéƟcos y biodiversidad.

6) Reconocer las aportaciones y los derechos de las mujeres: reproducƟvos, económicos, laborales, sociales, políƟcos, agrarios, culturales, en la conservación de las semillas y los saberes agrícolas.

FOTO: Gobierno Legítimo

la economía capitalista mexicana según las “políƟcas de ajustes” o “reformas estructurales” dictadas por los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial de Comercio), y en congruencia con las directrices del Consenso de Washington.

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El proyecto de nación advierte que de continuar el modelo agropecuario neoliberal, el país será “puesto de rodillas” ante corporaciones y países concentradores de alimentos, a cambio de provisiones cada vez más caras y escasas tarlas, potencie sus virtudes sociales, ambientales y económicas”. En México, afirma el proyecto de MORENA, “el derecho a la alimentación sólo se garanƟza fomentando la agricultura desƟnada al mercado interno y, en parƟcular, respetando y promoviendo los modos campesinos e indígenas de producción agropecuario, forestal, pesquera, artesanal, así como sus sistemas de comercialización y de gesƟón de los espacios rurales”.

Pero hay otras razones por las que el proyecto de MORENA considera a estos sectores (campesinos indígenas y mesƟzos) fundamentales para la regeneración del campo y el rescate de la soberanía alimentaria, porque: 1) desempeñan múlƟples funciones (alimentaria; laboral; ambiental; cultural, y de manejo de los bienes comunes, de la biodiversidad y patrimonios colecƟvos), lo que los hace socialmente prioritarios, y 2) “pueden ser mucho más eficientes que los empresarios en la generación de empleo e ingresos dignos; en la producción de comida y seguridad alimentaria, y en la preservación y reproducción de los recursos naturales y la biodiversidad.”

Para avanzar hacia tales propósitos, el proyecto propone un conjunto de acciones estratégicas: 1) cambios consƟtucionales y legales, como la reforma al arơculo 27 consƟtucional, “a efecto de garanƟzar y fortalecer la propiedad social de la Ɵerra y los recursos territoriales de pueblos indios y ejidos y comunidades”, esto es “el derecho al usufructo sostenible de recursos naturales y el reconocimiento de sus territorios”; 2) reformas legales que restablezcan el “papel rector del Estado en la estabilización de los mercados agroalimentarios”; 3) el establecimiento de programas estatales especiales para el fomento a la producción campesina y sustentable y para la creación de empleos rurales, mediante inversiones públicas estratégicas y otros mecanismos; 4) la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de los acuerdos sobre agricultura y propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio; 5) la democraƟzación del medio rural mediante el combate al clientelismo y el corporaƟvismo, el caciquismo y la represión; y, al mismo Ɵempo, el impulso de nuevas formas de convivencia y socialidad democráƟca y parƟcipaƟva en el México rural, a través del apoyo y fomento al “asociacionismo autónomo y autogesƟvo, producƟvo y social”, y del reconocimiento de “los derechos autonómicos de los pueblos indígenas”.

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se han reunido para ir construyendo las bases de la CP. A sus talleres acuden representantes del gobierno, que ahora está muy interesado en avalar este tipo de certificación. Ni la producción orgánica ni la CP en India son parte de alguna ley, pero el gobierno respalda y participa en el proceso. Formaron el Consejo de Sistemas Participativos de Garantía, compuesto por 12 organizaciones. No son una entidad “legal” ni tienen una oficina, funcionan como red y como tal no tienen recursos económicos. Así como nosotros en Comida Sana y Cercana, discuten los pros y contras de establecerse como un grupo formal y así poder tener acceso a recursos.

LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS TAMBIÉN SE PARECEN Gabriela Ortiz Cosío “Son las iniciativas campesinas las que a contracorriente de las políticas de producción y abastecimiento del gobierno crean y recrean estrategias de subsistencia de largo plazo. Las formas de acción son múltiples (...) todas ellas tienen algo en común: son iniciativas comunitarias surgidas desde abajo atendiendo la realidad que viven (...)”

Francisco López Bárcenas, La Jornada, 10/2/11

E

n San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la iniciativa Red de Productores y Consumidores Responsables Comida Sana y Cercana, surgida desde la necesidad de consumidores, es un movimiento local entre productores, consumidores y otros actores sociales que formamos una comunidad de intercambio de productos limpios y artesanales, saberes, experiencias, servicios, tradiciones y valores, creando interrelaciones justas y equitativas.

Como consumidores y parte del equipo promotor de esta red, en diciembre del 2010 visitamos otra de estas iniciativas en India, la que desde hace 16 años realiza la Fundación Keystone en la Reserva de la Biósfera de los Nilgiris, al sur de ese país.

Esta es una propuesta que surge desde la preocupación de los recolectores de miel silvestre que vendían su producto a precios muy bajos. ¿Cómo hacer para que esta miel tan especial se vendiera como un producto de calidad? ¿Cómo hacer para que los productos que recolectan del bosque y selva se reconozcan como locales, orgánicos y sustentables? Los grupos indígenas que viven en esta zona también recolectan hojas, flores y frutas medicinales, cortezas, resinas y semillas. Cultivan especies como clavo, pimienta y canela, además de té negro, café y seda de pochote. En un principio acudieron a la certificación de tercera parte para demostrar a los consumidores su calidad. Los costos de este proceso se fueron incrementando y se hicieron insostenibles.

Tiempo después conocieron la Certificación Participativa (CP) y decidieron que es la opción que más les conviene como pequeños productores. Se basan en un sistema tradicional para compartir mano de obra y así los mismos agricultores pueden reconocer el trabajo de los otros. Igual que en Comida Sana y Cercana, les interesa que lo bueno, lo que tiene calidad, se quede en su país para su gente y les genere beneficios directos.

La mayoría de sus productos son silvestres, por lo que han construido un sistema de monitoreo para garantizar la sustentabilidad del producto, buscando parámetros como diversidad, disponibilidad, salud, regeneración, distribución y población. Así como nosotros, también se han cuestionado para qué necesitamos certificarnos como productores orgánicos, pues en realidad los que deberían dar a conocer su manera de producción son los que usan agroquímicos y semillas transgénicas. Ha trascendido que el término orgánico se está usando para monocultivos comercia-

Igual que en Comida Sana y Cercana, les interesa que lo bueno, lo que tiene calidad, se quede en su país para su gente y les genere beneficios directos les de exportación. Entre otras cosas, por esto es importante decirle a las personas consumidoras: “estos productos cumplen con los lineamientos que a ti y que a los productores nos interesan”; se pone el control en sus manos, no de los exportadores ni de terceros, los artículos proceden de pequeños productores y son para consumo local. Keystone apoya la comercialización de los productos de las comunidades indígenas y participa brindando una garantía de calidad.

En India, un grupo de instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan directamente con los productores son los que

FOTOS: Gabriela Ortiz Cosío

INDIA Y MÉXICO:

La construcción de los lineamientos de la CP se dio después de muchas discusiones entre los miembros del Consejo, que a su vez dialogaron con productores y personal de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica(IFOAM).

Diseñaron un cuestionario de campo sencillo al que se le responde con un “Sí” o un “No”. No es el mejor cuestionario ni el más completo, pero no es una hoja acabada. Está en constante revisión, adecuándose a cada lugar y tipo de producto. Actualmente está traducido a nueve diferentes idiomas que se hablan en India (www.pgsorganic.in). Los productores de cada organización se reúnen cada mes para intercambiar experiencias y cada tres reciben algún tipo de entrenamiento técnico: producción de algún repelente de insectos, de lombricomposta, etcétera.

Durante nuestro intercambio de experiencias sostenido con los productores indígenas de una comunidad de la Reserva de los Nilgiris, nos decían que para ellos es importante certificarse porque esto ayuda a mejorar el precio de sus productos, el mercadeo y en general sus vidas. Como a nosotros, las reuniones también se les dificultan y no siempre están todos presentes. Participamos en una reunión de la Cooperativa Comunitaria de Producción donde innovan sus productos agrícolas para añadirles valor agregado: procesan amla (Emblica officinalis), fruta medicinal para transformarla en refrescante bucal; se empaca canela, clavo y pimienta; se introduce la seda del pochote en una máquina diseñada por ellos mismos para hacer la fibra más esponjosa y apta para rellenar colchones y almohadas; doblan e imprimen en serigrafía las bolsas de papel que se utilizan en las tiendas.

El 60 por ciento de las ventas de sus productos se reparte entre todas las personas de la cooperativa. El 40 por ciento restante se usa para los gastos de transporte, etiquetas, empaques, etcétera. Esta manera de trabajar juntos no es fácil, pues no todas las personas participan igual y el reparto de las ganancias puede ser tema de discusiones.

Su trabajo y acercamiento con los consumidores han sido muy lentos. En principio instalaron mercados semanales pero no funcionaron, la gente no asistía. Ahora sólo venden productos no perecederos en sus cuatro tiendas regionales. Las personas que las atienden son las encargadas de dar información y poco a poco ir educando al consumidor.

La Fundación Keystone también trabaja en la investigación y conservación de estos recursos naturales y en el desarrollo rural. Es una iniciativa de eco-desarrollo, promueve el comercio orgánico y precios justos, principalmente de productos derivados de las abejas y de especies no maderables.