No. 52 El hambre y como erradicarla by La Jornada del Campo

21 de enero de 2012 • Número 52 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

21 de enero de 2012

AL FILO DEL FILO Miguel Velasco Valdés. Repertorio de voces populares

El fondo de la Gran Crisis que nos agobia está en la manera inicua de distribuir, pero también y sobre todo en el modo insostenible de producir y consumir.

n el arranque del siglo XXI, mil millones de personas se acuestan con filo: se van a dormir con el estómago vacío. Y la obscena cifra no deja de aumentar. Lacra que la modernidad prometió erradicar, el hambre persiste y se ensaña con los más pobres.

Los que encuentran en la especulación la causa eficiente del hambre no niegan que el cambio climático provoca pérdidas agropecuarias como las de Australia que detonaron el primer pico de carestía en 2008 y las de Rusia que detonaron el segundo en 2010.

En lugar de abundancia el capitalismo trajo escasez. Un enrarecimiento extremo de las premisas naturales y sociales de nuestra existencia, que nos amenaza como especie. Y el colmo de la escasez es la insuficiencia y carestía de la comida que sustenta nuestra reproducción biológica.

No ignoran que en los años recientes par una parte cada vez mayor de cosechas, tierras y aguas se destina a la producción de agrocombustibles, en la que se emplea ya 20 por ciento de toda la caña de azúcar y cuatro por ciento de la remolacha, además de 15 por ciento de la producción global de maíz y 40 por ciento de la estadounidense.

Filo o jaspia: Tener mucha hambre

Suplemento informativo de La Jornada 21 de enero de 2012 • Número 52 • Año V

COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

Por mucho tiempo sus críticos sostuvieron que el problema del capitalismo era sólo la injusta distribución de la riqueza. Se pensaba que el sistema tenía la virtud de desarrollar extraordinariamente las fuerzas productivas, pero sus inicuas relaciones de producción impedían un acceso equitativo a la creciente masa de bienes que la siempre renovada tecnología generaba. El capitalismo era un orden de abundancia. Abundancia mal repartida, pero abundancia al fin. Hoy sabemos que no es así. La abundancia que presuntamente trajo el orden del gran dinero es ilusoria. Un espejismo que oculta la progresiva erosión del hombre y la naturaleza; vertiginosa destrucción de la urdimbre social y de los equilibrios ecosistémicos que en el tercer milenio está llegando a un punto de no retorno. La combinación de cambio climático, carestía alimentaria, astringencia energética, estrangulamiento económico, incredulidad política e indignación social configuran el mayor colapso global que haya enfrentado la humanidad. En verdad estamos al borde del precipicio. Situación límite que es también encrucijada que nos conmina a cambiar el rumbo.

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Diseño Hernán García Crespo

PORTADA: La Jornada del Campo

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 53556702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Hay quienes aún sostienen que el capitalismo es productivamente exitoso pero socialmente polarizador y que alimentos hay de sobra pero se encarecen por la especulación que practican las trasnacionales graneleras y los fondos de inversión. “Comida hay. No se trata de un problema de producción sino de acceso a los alimentos”, sostiene el Observatorio de la Deuda en la Globalización. “La crisis no es de escasez (…) no surge de un desequilibrio real por una menor oferta y una mayor demanda”, afirma Vicent Boix, responsable de ecología social de Belianís. “Los factores que manejan los medios de comunicación no determinan realmente la crisis alimentaria, se trata más bien de una estructura de comercio”, ha escrito Alejandro Nadal. Tras de su aparente radicalidad, estas críticas son en verdad tibias y superficiales pues ubican sólo en la distribución un problema que es de mercado pero también, y sobre todo, de producción. Y es que la crisis agrícola, el cambio climático y el progresivo agotamiento del petróleo son agravados por la especulación pero se originan en el modo de vida occidental y en las potencias científico tecnológicas desarrolladas por el capital, unas pasmosas fuerzas productivas que a la postre resultaron destructivas.

No se les oculta que las mudanzas en la dieta de la población de China, India, Indonesia y otros países asiáticos incrementan la tendencia a la ganaderización –que cobró fuerza desde los años 30s del pasado siglo y hoy se intensifica– y con ella al mayor uso forrajero de los granos. Saben que se agotaron las pasmosas alzas en la productividad técnica atribuidas a la “revolución verde” y que ahora vivimos sus saldos indeseables, de modo que los rendimientos de la producción cerealera, que habían sido crecientes hasta fines del pasado siglo, primero se estancaron y hoy comienzan a disminuir. Están enterados de que la elevación de los precios de los hidrocarburos impacta fuertemente los costos agrícolas por el abrumador empleo de fertilizantes que de ellos derivan, pero también los costos agrocomerciales por los desplazamientos innecesarios, e igualmente los costos agroindustriales por la redundante transformación. Son conscientes de que las políticas neoliberales llevaron a que muchos países periféricos desmantelaran su producción de alimentos para el mercado interno y ahora son importadores netos que presionan sobre la producción de los excedentarios; están persuadidos de que la recesión económica golpeó los ingresos de los más pobres, que hoy disponen de menos dinero que antes para comprar alimentos. Cuestiones ajenas a la rapiña que practican los fondos de inversión y las trasnacionales agroalimentarias, pero cuyo impacto el circulacionismo a ultranza niega o minimiza con tal de subrayar la dimensión especulativa de la crisis. El paradójico saldo es una apología del capitalismo: un sistema tan pasmosamente productivo que pese a tantos y tan graves factores en contra sigue cosechando alimentos a raudales. Pero no. Hay especulación, claro, pero también hay escasez. Y la especulación crece en la medida en que crece la escasez. “El nivel bajo de reservas crea las condiciones para la especulación”, dijo el 3 de enero pasado José Graziano da Silva, nuevo director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Y hace unos meses Olivier de Schutter, relator especial de las Naciones Unidas en Derecho a la Alimentación, señalaba que: “Las causas de la crisis alimentaria están tan interconectadas que desenmarañarlas y cuantificar la importancia de

cada una es tarea imposible. Están el cambio climático y el declive de la productividad agrícola, pero también la creciente competencia por el uso de la tierra entre alimentación, forraje y energía, (además de) toda la especulación alentada en los mercados de futuros de materias primas agrícolas, en virtud de que los fondos de inversión pueden beneficiarse de picos repentinos en los precios”. Los mexicanos con hambre son unos 30 millones a los que, día a día, se van sumando más, entre otras causas por obra de la escasez y carestía alimentarias ocasionadas por la sequía, las heladas, las inundaciones y el desafane del gobierno. En 2007 –el año del primer tortillazo– se dispararon los precios del maíz pese a que tuvimos una cosecha récord, pues la escasez originada por pérdidas agrícolas en otras latitudes favoreció en México la especulación de trasnacionales como Cargill y Maseca. Ahora la situación es mucho peor, pues las alzas de los precios –la tonelada de maíz que hace un año se cotizaba en alrededor de tres mil pesos hoy vale casi el doble– se debe a que del cereal se cosecharán, si bien nos va, unos 19 millones de toneladas, en lugar de los 23 millones esperados. Así las cosas, tendremos que importar no sólo maíz amarillo, como es costumbre, sino también maíz blanco: un grano escaso y caro pues pocos países lo producen en gran escala. Y algo parecido sucede con el frijol, con el sorgo, con la soya, con el trigo, con el arroz. Si hace un lustro el alza de la tortilla se podía achacar a las corporaciones que especulaban con el hambre, hoy es claro que detrás de la carestía está la real escasez. Un desequilibrio entre oferta y demanda que los efectos catastróficos del cambio climático tienden a agravar. Lo venimos diciendo desde hace mucho: tenemos un campo apolillado que en cualquier momento puede colapsar. Y el desplome general quizá ya empezó: muerte de decenas de miles de cabezas de ganado mayor, pérdida generalizada de cosechas, campesinos airados que ocupan alcaldías y marchan a la capital, inconcebible sordera del gobierno… Hay que producir más comida, pero ya. Y hay que hacerlo no sólo con la agricultura empresarial y en los distritos de riego del noroeste, sino a por medio de la pequeña y mediana producción campesina y aprovechando las diversas condiciones agroecológicas que ofrece nuestro amplio y multicolor territorio. No podemos seguir apostando a la importación ni poner todos los huevos en la canasta de las siembras intensivas. Hay que pensar al país como una milpa: como una diversidad entreverada de tecnologías y formas de producción. Pero para los que gobiernan la prioridad no es el campo sino la guerra. En 2007 el monto de los recursos fiscales destinados a seguridad y el de los destinados al agro eran muy semejante: 65 mil millones, contra 59 mil millones. Cinco años y 50 mil muertos después, se destina a seguridad casi el doble de lo que se gasta en el campo: 132 mil millones, contra 71 mil millones. En un lustro la parte del Presupuesto de Egresos de la Federación destinada a la agricultura disminuyó de 3.4 a 2.4 por ciento, mientras que la orientada a seguridad aumentó de 3.9 a 4.5 por ciento. Cada vez gastamos más en tanques y menos en tractores. Así, cuándo.

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Y LA HABRUNA VA

CARTAS DEL LECTOR

Estimado Armando Bartra: Animado por la lectura de su edición de la Jornada del Campo 50, con el tema “¿Turistear o turistizar?” y por algunas experiencias de las pasadas vacaciones te mando las siguientes líneas.

ROSARIO DE CITAS QUE DOCUMENTAN LA DEBACLE

ILUSTRACIONES: José Guadalupe Posada

“Aunque los precios internacionales de los alimentos (cereales, azúcar y aceites) cayeron de manera constante en la segunda mitad de 2011, el Índice de Precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) siguió promediando 228 puntos en el año, el nivel más alto desde que la FAO comenzó a registrar tales precios, en 1990. El valor más elevado anterior corresponde a 2008, de 200 puntos”. FAO, 12 Ä ÙÊ 2012.

“México es una excepción entre los países laƟnoamericanos que se beneficiaron con el aumento en los precios de alimentos, debido al déficit que manƟene en su balanza comercial de productos agropecuarios (…) Tales países han quedado divididos en dos grupos: en uno están México y los centroamericanos que, como importadores netos de alimentos, han sido afectados por el alza, y en el otro se incluyen los sudamericanos, que han visto potenciadas sus capacidades de transformarse en abastecedores en primer orden en el mundo”, dice el estudio CompeƟƟvidad, sostenibilidad e inclusión social en la agricultura, de la Comisión Económica para América LaƟna y el Caribe. L JÊÙÄ , 13 Ä ÙÊ 2012.

“El cambio climáƟco es una realidad. En 2011 los mexicanos enfrentamos al mismo Ɵempo heladas, sequías e inundaciones (…) Entre octubre de 2010 y sepƟembre de 2011 tuvimos la menor precipitación pluvial de 70 años (…) vivimos la peor sequía en el norte y centro del país desde 1941”. FÙ Ä ®Ý Ê M ùÊÙ¦ , Ý Ù ã Ù®Ê A¦Ù® ç½ãçÙ Äã ½ CÊÃ®Ý®ÌÄ P ÙÃ Ä Äã ½ CÊÄ¦Ù ÝÊ, 12 Ä ÙÊ 2012.

“La realidad es que el país está al borde de la hambruna, y la hambruna es la antesala del estallido social. Hay desesperación, hambre, pobreza (…) Dice Calderón que no se puede sacar 10 mil millones de pesos de la manga, pero sí hay manga ancha para pagar mil millones en la Estela de Luz y 775 mil millones en bonos, mientras el campo está devastado”, señaló Ricardo Monreal (PT) a José Antonio Meade, secretario de Hacienda, en comparecencia conjunta de éste con el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, ante la Comisión Permanente del Congreso. L JÊÙÄ , 13 Ä ÙÊ 2012.

“La prolongada sequía y las heladas que se registran en diversas regiones del país reducirán la oferta nacional de granos y otros alimentos, provocarán mayores importaciones e incrementarán los precios de los productos básicos, advirƟeron dirigentes de organizaciones campesinas en el marco del foro Hacia un Plan de Ayala para el Siglo 21”. R ¥ÊÙÃ , 13 Ä ÙÊ 2012.

“La medición de pobreza 2010 reportó que 79 por ciento de los indígenas se encuentran en situación de pobreza y 40 por ciento viven en pobreza extrema, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la PolíƟca Social (Coneval). Destaca que este sector enfrenta más carencias que la población en general; 64 por ciento no goza al menos de tres derechos sociales esenciales frente a 24 por ciento de población no indígena que Ɵene esas mismas carencias. Estas carencias pueden ser de acceso a la alimentación, educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios en la vivienda. Apenas 4 por ciento de la población indígena no Ɵene ninguna carencia en comparación con 26.5 por ciento del resto de la población. L JÊÙÄ , 12 Ä ÙÊ 2012.

“La reducción de la pobreza en México se revirƟó en los úlƟmos años, con consecuencias que afectarán el futuro del país. Los niños consƟtuyen casi la mitad de los 52 millones de mexicanos pobres, dato que ‘indica que la pobreza podría tener consecuencias más duraderas que en otros países’, sostuvo el informe PerspecƟvas OCDE: México, reformas para el cambio. L JÊÙÄ , 12 Ä ÙÊ 2012.

“Al explicar su veto al decreto legislaƟvo que crea un fondo especial de 10 mil millones de pesos para enfrentar la sequía en el país, el presidente Felipe Calderón aseveró que no puede actuar de manera irresponsable ni sacarse de la manga dicha canƟdad de dinero ‘así como así’”. L JÊÙÄ , 5 Ä ÙÊ 2012.

Soy un internauta obsesivo y tengo años viajando a zonas indígenas; aun así, sólo después de horas frente a la pantalla y con la oreja cansada de telefonazos, mal hice una ruta que me permitió visitar durante mis vacaciones de diciembre algunas experiencias de lo que podemos llamar turismo campesino o solidario. A medida que hacía el viaje me daba cuanta que por falta de información me había perdido oportunidades interesantes.

Honduras y México fueron los únicos países laƟnoamericanos que registraron incrementos en sus porcentajes de pobreza entre 2009 y 2010, informó la Cepal en su informe en su Panorama Social de América LaƟna 2011. NTR-Z ã Ý. ÊÃ, 29 ÄÊò® Ã Ù 2011.

Para mí es evidente que no hay información sobre las opciones de turismo indígena y campesino disponible para los potenciales usuarios de estos servicios. El turismo rural, como tantas otras opciones posibles de la autonomía campesina, tiene en su conexión con los habitantes de las ciudades y de otras comunidades un determinante cuello de botella. Por supuesto que están a la mano todas las páginas web de las instituciones que han financiado los proyectos. Hay videos, fotos y textos que ilustran lo mucho que las dependencias indigenistas y del sector del turismo han hecho por pueblos y comunidades. Ya en plática con los administradores de las cooperativas ecoturísticas la versión de cómo actuaron las autoridades cambia y constatamos, además del sello clientelar y el desbarajuste presupuestal común en las inversiones públicas, una constante presión para escalar el tamaño de la inversión, que impide una maduración de la gestión administrativa de parte de los campesinos e indígenas y facilita que ésta pase a manos de las corporaciones turísticas. Un ejemplo llevado al ridículo de esta tendencia es el caso de Montes Azules en Chiapas donde los indígenas después de siete años de gestión reciben la noticia de que “el que el proyecto de las cabañas sí era viable pero no en la forma modesta que había sido solicitado, sino como un gran complejo hotelero”. (Jornada del Campo 47, agosto 2011). Lo que publican en la web la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Turismo (Sectur), o las oficinas estatales del ramo, parece más un informe a sus superiores que un servicio al llamado ecoturismo. Vamos, ni siquiera organizaciones sociales, como la Red Indígena de Turismo indígena busca generar puentes entre sus proyectos y sus potenciales visitantes. Tampoco entre los socios comerciales de estas empresas encontraremos información. Para los agentes turísticos, las características del turismo solidario (conservación de la naturaleza, de promoción de la economía rural y la potencialidad educativa) son asuntos que no les importan. Su interés está en cobrar por el servicio de intermediación. Mi experiencia es que ni siquiera tienen la información completa de los servicios que dicen representar. Sumemos a estas empresas a la larga lista de intermediarios que han ahogado los esfuerzos de soberanía campesina. ¿Será posible contar con una información que vincule a cooperativistas rurales con vacacionistas cansados de las sonrisas compradas de los hoteles? Claro que sí, de hecho la hay… pero en francés y en inglés. Hay toda una pista de información en páginas bajo etiquetas como indie travel o volunteering. Un ejemplo es www.echoway.org. Esta página en francés se propone como “Los senderos del turismo responsable, una guía gratuita del ecoturismo solidario”, Además de lo clásico de las guías, ésta tiene indicaciones para los que quieran trabajar como voluntarios en los proyectos turísticos y sociales de las zonas reseñadas. Los cafetaleros llevan más de una década buscando que su producto, tradicionalmente de lujo y exportación, sea consumido y apreciado por todos los mexicanos. En un esfuerzo paralelo al de los cafeticultores, ¿no valdría la pena que la misma información con la que cuentan los “mochileros” extranjeros esté al alcance de los mexicanos que buscamos salirnos del turismo corporativo? EUGENIO BERMEJILLO Coordinador de la Red de Comunicadores Boca de Polen

21 de enero de 2012

en apoyar a la agricultura. Según el informe Monitoreo y evaluación de la política agrícola de 2011, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los apoyos al agro de nuestro país se redujeron de 28 por ciento, en relación con el valor de la producción agrícola total más el apoyo presupuestal, en el período 1992-93, a 12 por ciento en 2008-2010, a pesar de que se había iniciado ya la crisis alimentaria. Este apoyo es uno de los más bajos de los países que pertenecen a esta organización, pues el promedio oscila alrededor de 18 por ciento. Los subsidios y apoyos totales al sector agropecuario en nuestro país representan solamente el 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que las transferencias a los servicios generales representaron el diez por ciento de la Estimación Total del Apoyo, muy por debajo del promedio de la OCDE que fue de 24 por ciento. (Imagen Agropecuaria. 26/09/11).

Blanca Rubio Investigadora IIS-UNAM

urante 2011 llovió sobre mojado en el campo mexicano. A los efectos de la segunda fase de la crisis alimentaria mundial ocurrida a principios del año se sumaron los desastres naturales del clima: heladas y sequías se han desplegado en el medio rural agudizando la situación alimentaria del país y la debacle de los productores rurales. Las heladas ocurridas en el invierno de 2010 en Sinaloa generaron la pérdida parcial de la producción de 600 mil hectáreas y total de 400 mil, por lo que fue necesario impulsar la resiembra en el ciclo primavera-verano, a pesar del enorme costo que significó en términos de agua y recursos financieros. Los dos millones 750 mil 358 toneladas que se obtuvieron fueron insuficientes para abastecer la demanda nacional, por lo que fue necesario importar maíz blanco de Sudáfrica, país excedentario en este grano. Con ello, el precio de la tonelada de maíz se elevó de tres mil 710 pesos en diciembre de 2010 a cinco mil 150 en el primer semestre del año. Todavía no se superaba esta situación cuando sobrevinieron otros desastres climatológicos. Por un lado, ocurrió la sequía más intensa desde 1971, según el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con un impacto severo en 70 por ciento del territorio nacional. Para junio habían muerto alrededor de cinco mil cabezas de ganado. Actualmente se dispone de un 33.3 por ciento menos de agua, por lo que en Sinaloa se cultivarán solamente 200 mil hectáreas de las 470 mil que se siembran. Se espera, por tanto, una merma del 60 por ciento en la producción de maíz blanco para el ciclo otoño-invierno. En el Estado de México, Michoacán, Jalisco y Guanajuato se retrasaron por un mes completo las lluvias, por lo que se estima un declive de 30 por ciento en su producción respecto del año anterior. Por otro lado, las heladas ocurridas en septiembre afectaron alrededor de 380 mil hec-

táreas, principalmente de cultivos básicos como el maíz, el frijol, la cebada y el trigo. Los estados más afectados fueron Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. En el primer semestre de 2011 se observó una caída de 29 por ciento en la cosecha de granos, y se estima que el déficit del año completo sea superior, pues tan sólo en maíz se calcula una pérdida de 6.5 millones de toneladas. Ante esta situación, en primer término el gobierno ha optado por minimizar la situación: señala que no habrá problemas de abasto. Sin embargo, esto es muy cuestionable, pues la merma de granos obligará de nuevo a importar maíz blanco en una situación mundial en la que se dificultará adquirir el grano, toda vez que son muy pocos los países que producen este cereal, y los elevados precios mundiales están generando una enorme precaución en los países para vender sus cosechas. En segundo término, el gobierno pretende impulsar un programa emergente para alentar la producción de maíz blanco y frijol en Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. Sin embargo, hay quienes consideran que esta solución es parcial, pues aunque en el sureste hay agua para 220 mil hectáreas de maíz, el rendimiento promedio es menor a dos toneladas por hectárea. Los desastres climatológicos han evidenciado la fragilidad de la producción alimentaria nacional, pero sobre todo la falta de voluntad política del gobierno para fortalecer la producción básica. Si bien los problemas del clima son inevitables, sus efectos pueden sortearse cuando se tienen políticas integrales de producción, que permitan compensar la producción siniestrada en una región con la obtenida en otras partes del país, o bien mediante la formación de reservas alimentarias. Sin embargo, la política actual se ha centrado en privilegiar a una sola zona del país como la oferente del maíz blanco que consume la población, concentrando los recursos

FOTO: Carlos Ramos Mamahua

DE HELADAS, SEQUÍAS Y GRANIZADAS y los apoyos en un reducido grupo de productores. Para el 2009 Sinaloa producía el 50 por ciento del maíz blanco del país en tierras de riego y el 26 por ciento en el conjunto de las tierras del país, a la vez que absorbía el 39 por ciento del crédito de la Financiera Rural. Asimismo, los recursos al campo están concentrados en una reducida elite de productores. En Procampo, el diez por ciento recibió el 53 por ciento del recurso del programa, mientras que en Ingreso Objetivo el diez por ciento acumula el 67 por ciento de los recursos. En cuanto a la reserva de granos, a pesar de que fue una promesa hecha por el Ejecutivo en el programa presentado el 25 de mayo del 2008 para resolver la crisis alimentaria, hasta la fecha no se ha concretado. Observamos que, a pesar de la situación mundial que ha generado el aumento de los precios de los alimentos, aunada a un fortalecimiento del dólar que encarece claramente las importaciones de éstos, el gobierno sigue atendiendo los problemas del campo con una visión cortoplacista, como si fueran coyunturales, sin dar una respuesta integral para fortalecer la agricultura como lo están haciendo ya muchos países. El Ejecutivo propuso al Legislativo un presupuesto rural para el 2012 con una reducción de 11.6 por ciento en relación con el año anterior. Si bien en la Cámara de Diputados se incrementó el presupuesto hasta alcanzar un 3.9 por ciento más en términos nominales en relación al 2011, continuó sin embargo la tendencia de años anteriores, de otorgar un porcentaje mayor a los programas sociales que a los productivos, bajo la concepción de los campesinos como pobres y no como productores. Mientras la vertiente social absorbe el 27.3 por ciento del presupuesto, infraestructura alcanzó sólo 19 y competitividad 17.3 por ciento. El caso más absurdo es el del financiamiento, que representa apenas el 0.8 por ciento del presupuesto. Por esta razón, México se caracteriza por ser uno de los países que invierte menos recursos

Podemos concluir que los desastres naturales afectan al país gravemente así como a los productores rurales, en gran medida debido a la fragilidad en la que se encuentra el campo nacional. La concentración de la producción de maíz blanco en Sinaloa llevó a que las heladas de 2010-2011 afectaran fuertemente el abasto nacional, obligando a resembrar en el ciclo primavera-verano. Este primer aviso de la errada política que prevalece no fue considerado y se siguió impulsando una política centrada en resolver las emergencias sin cambiar la orientación estratégica. Las heladas y sequías del segundo semestre del año han vuelto a poner en jaque la situación del abasto, y de nuevo se dan respuestas de corto plazo, poniendo en riesgo con ello la disponibilidad de alimentos en el país. Tal situación ha generado una descapitalización y regresión tecnológica en el campo, manifiesta en la caída de la demanda de tractores, que pasó de 19 mil unidades en el 2009 a sólo diez mil en el 2011, a pesar del incremento de los precios que ha traído consigo la crisis alimentaria mundial. Por este camino se consolidará nuestra posición como país deficitario. Las importaciones de maíz blanco en 2011 se incrementaron en 122 por ciento respecto del año anterior, mientras que el valor de las importaciones totales de maíz (blanco y amarillo) se elevó en 66 por ciento en relación al 2010. Solamente transformando la política agropecuaria hacia una orientación integral, con una distribución equitativa de los recursos, el incremento del apoyo al campo, el impulso del financiamiento, la capacitación y la asesoría, en el contexto de precios redituables, y garantizando un mercado amplio para los productos, se podrá fortalecer la agricultura, para que los desastres naturales no colapsen el abasto nacional. Sin embargo, a pesar de que el pronóstico de la Conagua para el 2012 prevé que continuará la sequía en por lo menos ocho estados, poniendo en riesgo las hectáreas de temporal de 250 municipios, la respuesta del Ejecutivo a los legisladores que le solicitaban diez mil millones de pesos para enfrentar el problema, fue contundente: “Quiero que me digan de dónde sacamos la lana, de tal forma que no quebremos al país como siempre (Imagen Agropecuaria. 1/12/2011) Con estas respuestas no se sabe qué es más calamitoso: los desastres naturales o la política oficial hacia el campo.

21 de enero de 2012

ÚLTIMA LLAMADA PARA REVERTIR LA CATÁSTROFE ALIMENTARIA

l país enfrenta la peor situación alimentaria de 80 años: caída de la producción de alimentos en un 50 por ciento en 2011; precios agrícolas internacionales al alza; devaluación del peso frente al dólar –que encarece las importaciones–; elevación sin freno de la canasta alimentaria básica, e incremento de la pobreza alimentaria –eufemismo calderonista para no hablar del hambre y la desnutrición– y de la obesidad y el sobrepeso. México se ubica en los primeros lugares de América Latina y el Caribe en inseguridad alimentaria y crecimiento de la pobreza y de la desigualdad. Son los saldos de 30 años de neoliberalismo en la agricultura y la alimentación, incluyendo la década pérdida de la alternancia de derecha. Las catástrofes agropecuarias en 2011, derivadas de fenómenos climatológicos extremos, vinculados al calentamiento planetario, únicamente han profundizado la catástrofe provocada por las políticas agroalimentarias neoliberales, y han proporcionado un pretexto perfecto al gobierno federal y a los estatales frente al abandono del campo y su incapacidad para enfrentar los graves problemas. En efecto, para el gobierno federal la catástrofe agroalimentaria que hoy enfrenta el país es “culpa de la naturaleza; qué le vamos a hacer”. Pareciera que en 2011 se hubieran conjuntado todas las adversidades climatológicas posibles: sequía en el norte, inundaciones y deslaves en el sur-sureste, heladas en Sinaloa y Sonora en febrero y en el Altiplano central en septiembre, temporal de lluvias irregular en el BajíoOccidente… y sigue la racha en 2012. En el campo se dice que la mala suerte persigue a nuestro país desde que Calderón se empecinó en llegar a la Presidencia “haiga sido como haiga sido”. El hecho es que en 2011 se perdió casi la mitad de las cosechas de maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo y hortalizas y una cantidad aún no medida de ganado. La responsabilidad de la catástrofe agroalimentaria es compartida por el gobierno federal y las LX y LXI Legislaturas del Congreso de la Unión (dominadas por el PRI y el PAN) que hicieron caso omiso a las advertencias y propuestas de medidas de emergencia y cambio de modelo agroalimentario que oportunamente fueron presentadas por muchas voces, entre ellas el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), el 17 de enero de 2007 –después del tortillazo de Calderón– y en febrero de 2011 –después de las heladas de Sinaloa–. Antes, la Campaña Sin maíz no hay País (2007-2011) y el Movimiento El campo no aguanta más (20022003) habían hecho lo propio, sin eco alguno por parte del gobierno federal. Para el gobierno federal y el Congreso de la Unión, la respuesta a la emergencia fue la continuidad neoliberal, la inercia, la bu-

rocracia y la simulación. ¿Cómo explicar tal insensibilidad e inmovilismo? Por un problema de percepciones. Para las grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y trasnacionales y para el capital financiero internacional vinculado a la agricultura, no había ni hay emergencia ni catástrofe agroalimentaria, sino buenos negocios con ventas y utilidades crecientes. ¿Para qué cambiar? Desafortunadamente, en el ciclo otoño-invierno 2012/12 el país no podrá recuperar las pérdidas en las cosechas de 2011 por la falta de agua suficiente en las presas, y por tanto el mercado agroalimentario continuará subabastecido, con una tendencia alcista en los precios a lo largo de 2012, con un fuerte presión devaluatoria y un contexto internacional de volatilidad de los precios y crisis económica y financiera en la Unión Europa y Estados Unidos.

Caravana del hambre

En el corto plazo (y en el mediano y largo también) la única respuesta que tiene el país para aumentar la producción de alimentos y mitigar la catástrofe agroalimentaria se encuentra en el ciclo de siembras primavera– verano 2012/12 (PV 2012) caracterizado por los minifundistas de temporal, en su mayoría de ascendencia indígena. Es paradójico que el sector al que se ha despreciado, abandonado y estigmatizado como atrasado, improductivo, ineficiente, flojo, etcétera, ahora sea el que tenga en sus manos, tierras, trabajo y conocimientos la salvación del país. Los pequeños y medianos productores de temporal del Altiplano central, del sur-sureste, del Bajío-occidente y del norte son quienes pueden desplegar su potencial productivo

da, José Antonio Meade, no pueden poner en práctica esta vieja y fácil propuesta-demanda, no habrá nada más qué hacer respecto a los puntos siguientes. ¡Es preciso recordar que aún no se termina de pagar el Procampo 2011! 3. Puesta en marcha de un programa federal especial tipo Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) para el fomento de la producción de autoconsumo en un millón de unidades de producción. 4. Puesta en marcha del programa federal de altos rendimientos en cuatro millones de hectáreas de mediano y alto potencial, incorporando los puntos siguientes: A. Cuadruplicar el acceso al crédito de avío para la producción de granos básicos por medio de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Financiera Rural (FR), con una reducción de las tasas de interés tipo Sinaloa resiembra, es decir, del 5.7 por ciento al productor. B. Los contratos de crédito deben estar suscritos a más tardar el 31 de marzo. C. Asignar recursos extraordinarios para: apoyos para encalado de suelos, diesel agrícola a la mitad del costo y ampliación de los seguros catastróficos, de los subsidios a la prima del seguro agrícola y de coberturas de precios. D. Dotar de recursos extraordinarios a organizaciones económicas campesinas locales y regionales –no a despachos– para asistencia técnica a ras de tierra, análisis de suelos y capacitación de campesino a campesino. E. Lo anterior debe lograrse con una reasignación y realineamiento de la multiplicidad de programas del presupuesto rural 2012. Los recursos deben reorientarse de manera extraordinaria en función del programa extraordinario. 5. Se requiere conformar una comisión coordinadora de alto nivel del programa extraordinario conformada por titulares de secretarías de Estado (Agricultura, Hacienda, Desarrollo Social y Gobernación), la Comisión del Campo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y diez representantes de las organizaciones campesinas y demás sectores productivos vinculados al PV. Esta comisión deberá reunirse semanalmente y será responsable del cumplimiento de las metas del programa. Entre otras tareas, deberá asegurar el suministro de los insumos para el programa, garantizando que se dispongan en el mercado en la cantidad, precio y oportunidad apropiados, sin especulación y sin transgénicos.

En el PV 2012 podría incrementarse la producción de granos básicos (maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, cebada, avena) en al menos 25 por ciento como resultado de la puesta en marcha de un programa extraordinario de fomento a la producción que incremente a la vez la superficie sembrada y cosechada, con el aumento sostenido en los rendimientos físicos, en la rentabilidad económica y en la sustentabilidad ecológica. Debemos ser capaces de construir una voluntad política del más alto nivel que involucre a todo el gobierno federal, al Congreso de la Unión, a los gobiernos estatales y las organizaciones campesinas y demás sectores productivos del campo. La voluntad política se construye con propuestas viables más movilización social. Se trata de establecer un programa extraordinario de fomento a la producción alimentaria en el ciclo PV 2012 con los siguientes puntos: 1. Apoyo sin excusa ni pretexto antes del 31 de enero a todos los productores agropecuarios afectados por las sequías en el norte, las heladas en el Altiplano central (Tlaxcala, Puebla, Hidalgo) y las inundaciones-deslaves del sur-sureste. Apoyos para compensar las pérdidas, pagar los créditos al ciento por ciento y empleo temporal para apoyar los ingresos familiares y detener la hambruna, el crecimiento de la pobreza y la descapitalización. Si esto no se resuelve total y oportunamente, decenas de miles de productores caerán en cartera vencida y estarán imposibilitados de sembrar en el ciclo PV 2012. 2. Entrega garantizada de los apoyos del Procampo antes del 31 de marzo a todos los beneficiarios. Si para empezar los secretarios de Agricultura, Francisco Mayorga, y de Hacien-

FOTO: Enrique Pérez S./ ANEC

Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo

El gran potencial del ciclo PV, y en especial del sur-sureste, ha sido apenas “descubierto” y reconocido por la Secretaría de Agricultura. Se trata de cuatro millones de unidades de producción con estrategias diversificadas de producción para el autoconsumo y los mercados regionales, con suficiente e incluso excesiva humedad, capaces de obtener dos o hasta tres cosechas al año, que han carecido de crédito, asistencia técnica y apoyos productivos, por no decir de inversión pública estratégica –social y productiva– y apoyos a la auto organización económica.

FOTO: Cortesía El Barzón

Víctor Suárez Carrera

FOTO: Cortesía El Barzón

negado por más de tres décadas de neoliberalismo y lograr una producción de alimentos suficiente para atemperar el desabasto y contener la escalada alcista en los precios.

Programa extraordinario de producción P-V 2012

Estamos a tiempo. Es posible. Se requiere que el gobierno federal haga a un lado el autoritarismo y la inercia y deje de servir al dios-mercado y a las grandes corporaciones agroalimentarias. Si el movimiento campesino no es capaz ahora de presionar y obligar al gobierno federal, principalmente, y al Congreso de la Unión, tendremos que esperar hasta diciembre de 2012 a que un gobierno progresista establezca estas medidas extraordinarias, y, sobre todo, un cambio de modelo agroalimentario y de desarrollo rural.

21 de enero de 2012

NORTE Y SUR COMPLEMENTARIOS;

Mientras no entendamos la sociología productiva del centro y sur del país, del minifundio sobre todo, va a ser muy difícil que incrementemos la producción de granos para subsanar las deficiencias que puedan tener estados como Sonora, Sinaloa, Jalisco y Tamaulipas. Es cierto, requerimos un enfoque deliberado y efectivo para mejorar tanto las condiciones socioeconómicas de los productores rurales de minifundio en granos, como la investigación para lograr que en sus condiciones agroecológicas se tenga mejor producción. Y para ello se requiere una política con apoyos públicos.

NECESARIO RACIONALIZAR APOYO A LA AGRICULTURA COMERCIAL Y A LA MINIFUNDISTA José Antonio Mendoza Zazueta Secretario técnico del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, capítulo México (Rimisp)

a agricultura mexicana muestra una acentuada dualidad estructural derivada de procesos históricos, y eso genera controversias entre norte y sur.

Observamos por un lado la agricultura del norte, donde las particularidades de la dotación de la tierra y la construcción de infraestructura agrícola indujeron el desarrollo de investigación desde hace décadas para cultivos comerciales de clima templado –trigo, soya y maíz–, y también sorgo para el caso de Tamaulipas, haciendo de esta región el granero del país, en particular Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.

Me refiero al señalamiento de que la agricultura comercial del norte concentra los subsidios y sobre todo orientados a bienes privados –apoyos dirigidos a productores o empresas– en lugar de bienes públicos, mien-

tras que la agricultura campesina del sur y centro recibe más bien asistencialismo o una política de fomento productivo que no es congruente con la estrategia de vida que ha tenido que desarrollar a lo largo del tiempo.

alguna suerte compite con las de otros países, concretamente Estados Unidos, y en ese sentido requiere apoyos. El asunto de fondo es si los apoyos actuales son los pertinentes. Sería irresponsable suponer que la producción comercial de granos y cereales no debe tener apoyos; la oferta de maíz de Sinaloa es importante para el país no sólo por su volumen, sino por las fechas en que sale (mayo, junio y julio), cuando la comercialización de la producción de temporal ya se dio, de tal forma que Sinaloa puede actuar como un factor compensatorio importante. Los apoyos allí deberían orientarse a reducir los costos pos-cosechas, a la integración de cosechas con los mercados regionales y al a formación de reservas para enfrentar déficit en el país cuando la producción de temporal sufra pérdidas, pues algo que es indudable es que la agricultura del centro y sur es muy errática; las sequías y heladas no son de hoy, son de siempre, aunque ahora se han intensificado por el calentamiento global. Y si comparamos los índices de siniestralidad de la agricultura de riego con la de temporal, vemos que esta última es mucho más vulnerable al clima.

También me refiero a planteamientos y discusiones surgidas, cuando ahora –ante los problemas de caída de cosechas en Sinaloa debido a las heladas– se busca, desde la autoridad agrícola, desarrollar más la agricultura productora de granos y cereales en el trópico húmedo, en donde, como ya dije, la investigación no ha sido suficiente. Respecto al primer asunto, mi comentario personal es que la agricultura comercial de

FOTO: Marisol Chapur

Esta dualidad se ha acentuado con el tiempo, sobre todo cuando el minifundio ha forzado a las familias campesinas a diversificar sus fuentes de ingreso y actividades, ante la insuficiencia del ingreso agrícola para una vida digna. Y entonces sobrevienen dilemas que hoy se discuten con mucha fuerza, en el marco de una caída de producción agrícola nacional propiciada por la agudización de los fenómenos climáticos que vivimos en 2011 y que tuvieron efectos en todo el territorio nacional.

FOTO: Marisol Chapur

Y por otro lado, vemos la agricultura del sur, generalmente de minifundio, ladera y plantaciones comerciales (café y azúcar, en particular), donde predomina la condición agroecológica de trópico húmedo y donde la producción se ha dado históricamente en una situación de temporal –sujeta a la lluvia– y sin procesos importantes de investigación.

En cuanto al segundo punto, no es la primera vez que se trata de producir de manera inmediata en regiones ante la insuficiencia de la producción de otras. Hace 25 años un subsecretario de Agricultura le planteó a Sinaloa que produjera más frijol para compensar pérdidas en los estados del centro, y que lo hiciera en un ciclo donde el frijol no se da en el estado. Eso no fue posible. Hay limitaciones agroecológicas. Hay otros ejemplos: hace 20 años Veracruz y Campeche tuvieron programas para elevar rendimientos de maíz, pero no se acompañaron de procesos de mecanización de la cosecha. No es lo mismo producir dos toneladas por hectárea que ocho; los costos se elevaron y hubo necesidad de pagar jornales escasos y caros por la emigración.

Y algo muy importante: la continuidad. No es la primera vez que en México se plantea la necesidad de que el sur o el trópico húmedo, con mejor lluvia, incrementen su producción de granos, fundamentalmente maíz. Los programas que ha habido en el pasado, como el denominado Milpa Maya, en Quintana Roo; el de vinculación de maíz amarillo con granjas avícolas en Campeche, e incluso el propio Sistema Alimentario Mexicanos (SAM), surgieron ante coyunturas de insuficiencia, como acciones emergentes, y cuando mucho tuvieron como duración un sexenio, no hubo continuidad, y más grave aún, carecieron de articulación de todos los elementos que requerían para tener éxito. El SAM hizo hincapié en la entrega de semillas mejores y fertilizantes, pero se desconectó de una realidad. Esa producción depende de la lluvia, había que acompañarla con esquemas de labranza que infiltraran el agua. Ciertamente, el país debe tener opciones y regiones que se complementen, para amortiguar los déficit de oferta, pero debe buscarse fundamentalmente que la siniestralidad sea menor. Al respecto, pienso que la estrategia más reciente del gobierno federal, Masagro, surge como una opción más congruente, porque, primero, pretende una “revolución verde” pero ahora en tierras de temporal, en agricultura de minifundio; segundo, se plantea un horizonte de largo plazo, diez años; tercero, le da mucho énfasis a la extensión agropecuaria y a las condiciones soecio-económicas del minifundio y temporal, y cuarto, busca variedades mejoradas que sean más aptas para la agricultura de temporal. Por todo esto, no debe verse en blanco y negro si el norte se lleva los apoyos públicos o si el sur tiene menos. En el futuro inmediato va a seguir siendo necesario estimular la producción de granos del norte, pues llevará tiempo reducir la siniestralidad del temporal (hay años donde al menos oficialmente se registran más de dos millones de hectáreas). Estoy de acuerdo, por otro lado, que la agricultura de minifundio, de ladera del centro y sur, y de trópico húmedo, requieren una mayor atención, y no sólo para fortalecer las estrategias de vida de la gente –que difícilmente va a encontrar en el ingreso agrícola el sustento mayor–, sino para generar una política de seguridad y soberanía alimentaria y, algo muy importante, para valorar los servicios ambientales, pues es urgente afrontar los problemas de erosión, que han crecido precisamente por no pagar tales servicios. En este sentido Masagro es una estrategia correcta. Entonces la conclusión es que el norte y el sur no representan una disyuntiva. Deben generarse los apoyos y las políticas más pertinentes y racionales para una y otra agriculturas y permitir su complementariedad. La disputa resulta ociosa.

21 de enero de 2012

experiencias de Jalisco y tlaxcala

LA MILPA, SEGURO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

FOTOS: Lourdes E. Rudiño

• Ante cambio climático y carestía de insumos, la agricultura tradicional surge como alternativa

nte los cambios climáticos que impone el calentamiento global, el sistema de producción de milpa está representando una especie de seguro para la alimentación de las familias campesinas, y más aún: el conocimiento y la buena utilización de la gran diversidad de semillas nativas de una misma especie –particularmente maíz– permiten sortear aunque sea parcialmente las sequías, heladas y lluvias erráticas. Así lo expresan María de Jesús Bernardo Hernández y Espiridión Fuentes Avilés, miembros de la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias (RASA), de Jalisco, y Pánfilo Hernández Ortiz, integrante del Grupo Vicente Guerrero (GVG) de Tlaxcala, quienes coinciden en que los campesinos de sus organizaciones se dejan guiar por el método de las “cabañuelas”, el cual, según explica Pánfilo, “consiste en ver los primeros 12 días del año y con base en ello prever las condiciones climáticas del año y del ciclo agrícola”. Esta fórmula ha permitido detectar con previsión y algo de certidumbre las situaciones erráticas del clima en los años recientes y la mejor decisión que han tomado es “no poner todos los huevos en una canasta”, afirma María de Jesús, cuya organización agrupa a 300 familias de 15 municipios, sobre todo en el centro y sur de Jalisco. “El temporal comienza a mediados de mayo. Nosotros (los de su organización) generalmente esperamos un mes para sembrar nuestras semillas nativas –para protegerlas de la polinización de semillas híbridas de parcelas vecinas–, pero este año no llovió sino hasta julio y sólo cayeron dos lluvias normales. Entonces decidimos no limpiar el predio para proteger la humedad, y por consejos de un genetista, sembramos cinco maíces nativos diferentes, propios de la comunidad, porque son los que más resisten a este tipo de cambios climáticos bruscos. Así, con un temporal malo, hubo algunos maíces que resistieron aunque otros no, y lo mismo ocurriría si hubiera exceso de agua. Y obviamente, además de los maíces sembramos calabazas, quelites, jamaica y muchos tipos de verduras”.

“Entonces esto de cuidar la semilla nativa es muy importante. Ese material genético que estás preservando y cuidando te da el potencial para protegerte en parte de estas inclemencias de cambio climático. Si las cabañuelas o la observación de la naturaleza nos dice que el temporal va a estar muy seco, pues vamos a intentar incrementar esas variedades que resisten un poco más a la sequía”. La milpa es la clave, dice Pánfilo: “Tú sabes que el sistema de milpa no es solo maíz, son cinco o seis cultivos. Si hay una contingencia de exceso de lluvia o las heladas, o sequía, por lo menos tres cultivos vas a salvar: si tuvieras uno solo, por ejemplo frijol, sería una quiebra total. Maíz-maíz-maíz te acaba con todo. La diversidad, el sistema de milpa te permite por lo menos amortiguar el impacto y después adaptar lo que quedó de ese impacto al próximo año”. Los campesinos del GVG –que suman mil 200 en diez municipios con más de 30 comunidades, en la zona poniente de Tlaxcala“tienen diferentes variedades de maíz, unas de (ciclo productivo de) tres meses y medio o tres, otras de cuatro, otras de 4.5 y unas incluso hasta de cinco. Hay campesinos que

tienen una parcela aquí, otra por acá, y otra por acá. Ya saben el tipo de suelo, de vegetación, de humedad de cada lugar, y van sembrando dependiendo de las características de cada parcela; el primero que siembran siempre es de ciclo largo; después va uno de ciclo intermedio, y después, si las condiciones de humedad son desfavorables, siembran uno de ciclo corto. En Tlaxcala tenemos un maíz que se llama cañuela, es uno chiquito color ámbar, y ese lo cuidamos mucho, lo dejamos casi hasta el último. Si el ciclo es desfavorable, sembramos ese, por la humedad que viene muy atrasada, y por el frío que puede alcanzar a las siembras, su ciclo es de sólo tres meses (…) Incluso en muchas regiones y estados los campesinos van seleccionando. Dicen este es maíz para tortilla y este es de ciclo corto, mediano, largo, este es para forraje, pero también aprovechan el maíz, y le ven también la característica del peso. Piensan principalmente que el prioritario es el de la alimentación”. Los miembros de ambas organizaciones son minifundistas, enfocados a la producción orgánica y a la preservación de sus semillas nativas. Por tanto, la alimentación familiar es la prioridad de estos campesinos. Comenta Pánfilo: “Como organización, los socios tienen de diez hectáreas hacia abajo. Claro también hay productores o campesinos que tienen hasta 50 o 60. La diferencias es que nuestra forma de trabajo es tradicional, y la otra es con tractores, con implementos, insumos y con altos costos, tanto económicos como ambientales. Con diversidad de cultivos, el impacto es menor, a comparación de los que usan insumos, maquinaria. Lo más importante que hacemos (con los socios) es que tengan alimento. Teniendo maíz y frijol,

Pánﬁlo Hernández, María de Jesús Bernardo y Espiridión Fuentes

aseguran el 50 por ciento de su alimentación. Si tuvieran alguna contingencia no se quedan sin alimento”. Espiridión comenta que RASA fomenta la producción de maíces criollos, y trabaja con algunas comunidades, pero sin tener suficiente influencia sobre de ellas, pues están influidas por programas públicos que fomentan el cultivo de maíces híbridos, mismos que van aliados al monocultivo, al uso de maquinaria, agroquímicos, e incluso a la búsqueda de transgénicos, todo lo cual ha hecho perder la identidad de los agricultores, su esencia. No obstante, “el encarecimiento de los insumos de esta producción industrial está haciendo que la gente voltee a ver este tipo de agricultura ecológica, la cual tal vez sí tenga menores rendimientos en toneladas por hectárea (con tres toneladas, contra ocho o diez de la agricultura convencional), pero si hacemos un recuento de la milpa, a esas tres toneladas le vamos a agregar el frijol, la calabaza, los quelites, los ejotes, las verduras, los animales, lo que comen tus animales de tu producción… Hay que poner esto en la balanza. Yo antes fui un agricultor convencional y cambié. Con la producción convencional, si bien cosechas, lo que sacas tienes que regresarlo a la empresa de semillas, de fertilizante, del tractor, de todo y no te queda nada, quedas endeudado”. Igual que en el GVG, “en RASA nuestro principal objetivo es sembrar para comer. No es posible que siendo productores del campo y no podamos comer lo que sembrar, que tengamos que comprarlo. Vamos sembrando primero lo que comemos, no nos podemos comer todo lo que sembramos, hay que buscarle comercio”, señala Espiridión. Y María de Jesús afirma que los excedentes de cultivos de RASA –básicamente las hortalizas, huevos, carne, gallinas y plantas medicinales– los comercializan desde hace dos años cerca de Ajijic y del Lago de Chapala. Allí una comunidad estadounidense “compra nuestros productos ecológicos” con mecanismos de comercio justo y reconociendo la calidad orgánica. Esto procede de al menos unas 20 comunidades. Es producción de campesinos con excedentes de una gran variedad de cultivos, aunque en pequeña escala; la comercialización ocurre en un tianguis semanal. “También nos hemos establecido en Guadalajara, pero allá como que la concientización de la gente urbana (sobre el valor de los cultivos orgánicos) cuesta más trabajo”. Para cerrar la entrevista, María de Jesús enfatiza la importancia de las semillas nativas. “Para los campesinos, la semilla es como el derecho a la alimentación, es autonomía, es una posibilidad de vivir. Cuando hacemos los encuentros anuales, los campesinos llevan sus semillas como una ofrenda y como un resultado de su trabajo de todo el año; llegan campesinos diciendo ‘esto es lo que coseché, esta semilla’. Y obviamente no hablan sólo de maíz, sino de calabazas, chayotes, cañas, porque hay una gran diversidad en los sistemas. No hay campesinos que por lo menos no produzca 50 productos diferentes. Hemos hecho estudios de los sistemas agroecológicos, y están rescatando plantas medicinales, comestibles, frutales, leguminosas, aparte de los básicos. Hay una cantidad inmensa de plantas que se están recuperando en todos estos sistemas” (Lourdes Edith Rudiño).

21 de enero de 2012

8 preocupa la contaminación genética

PERSISTE LA CONFRONTACIÓN POR MAÍCES TRANSGÉNICOS

• Avanzan autorizaciones a la siembra experimental y piloto

“Con estos mapas y los datos de distribución de flujo génico, y con base en el Régimen Especial de Protección del Maíz, debería ser suficiente para que se prohibiera la siembra de maíz transgénico en todo México. Textualmente, el Régimen dice que no se deben sembrar transgénicos si hay riesgo de contaminación de cualquier variedad nativa.

Lourdes Edith Rudiño

e manera gradual, la siembra experimental y piloto de maíz transgénico ha avanzado en México. Desde 2009 y hasta 2011 la primera acumuló 110 permisos otorgados por el gobierno federal, por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Secretaría de Agricultura. Y la siembra piloto –que es la fase previa a la comercial– fue autorizada por la misma instancia por primera vez en marzo de 2011 en predios de Tamaulipas, y al iniciar este 2012 hubo una nueva autorización, ahora en Sinaloa. Las empresas que han buscado y han recibido estos permisos son fundamentalmente la líder mundial Monsanto, pero también PHI México y Dow Agrosciences de México, y el Senasica tiene aún en proceso de análisis una serie de solicitudes para siembras piloto en tierras de los dos estados mencionados y también de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. El asunto es sumamente polémico. Como se sabe, la industria transgénica, agrupada en la asociación civil AgroBio México, junto con funcionarios proclives a apoyarla, como es la Secretaría de Agricultura en conjunto, y el propio titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, argumentan que los cultivos modificados representan una alternativa principal para elevar los rendimientos del campo y la oferta alimentaria sin ampliar la frontera agrícola –es decir sin abatir zonas boscosas–, y hoy lo dicen con más énfasis dadas la crisis climática y alimentaria de México y el mundo, así como las evidencias del calentamiento global. Además agricultores empresariales de estados del norte exigen que se avance ya a la fase comercial, pues quieren tener disponibles las tecnologías de sus homólogos estadounidenses. Pero por otro lado organizaciones ambientalistas, agrupaciones de campesinos, científicos y sociedad civil, muchos involucrados en la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, insisten en que las decisiones de avanzar en la siembra de maíz transgénico están encaminadas no precisamente a elevar la disponibilidad alimentaria –la cual, por otro lado, esta determinada por la condición de ingresos, que es muy desigual en la sociedad mexicana-, sino abonar a las utilidades y al poderío de las compañías de semillas transgénicas. Se está poniendo en riesgo la riqueza genética del maíz –del cual México es centro de origen– en los campos nacionales, incluso los del norte, región donde existen entre siete y 16 razas criollas de este grano (de un total de 59 en el país), según dijeron miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) en marzo del año pasado cuando ocurrió la primera autorización piloto en Tamaulipas. “La bióloga Alma Piñeyro (miembro de la UCCS) explicó que la raza tuxpeño –una de las 16 que se encuentran en Tamaulipas– se cultiva cerca del predio en el que Monsanto pretende hacer la prueba piloto. Esa va-

Desarrollo y Evolución de Plantas, del Instituto de Ecología de la UNAM y miembro de la UCCS y de la Campaña, afirmó que “cualquiera de los dos mapas brinda argumentos suficientes para que se prohíba la siembra de maíz transgénico en toda la República Mexicana.

“La forma como se da el movimiento de polen y semillas hace suponer, de hecho afirmar, que si se sembrara maíz transgénico en la franja supuestamente libre de riqueza genética, habría una introgresión (contaminación) inmediata en las áreas vecinas –sombreadas en el mapa como centros de origen y diversidad del maíz– y luego en el resto del territorio nacional. Entonces –aun dando por bueno el primer mapa– la siembra de transgénico sería ilegal”, afirmó en entrevista con este medio.

riedad es fundamental para el desarrollo de híbridos y es una de las que generan mayor producción de maíz”, destacó una nota publicada por La Jornada el 18 de marzo de 2011. “Las variedades de maíz nativo del norte del país serán fundamentales para afrontar el cambio climático. No deben ser arriesgadas por la liberación de maíz transgénico”, reiteró la UCS en una conferencia de prensa ofrecida el 13 de diciembre pasado. Un elemento que –coinciden promotores y detractores de los maíces transgénicos– debe ser base científica para las decisiones sobre la siembra de este maíz en México está en el conocimiento sobre la ubicación y presencia de razas nativas del grano. La Secretaría de Agricultura afirma que siembras experimentales, piloto, y eventualmente comerciales, en el norte de la República no atentan contra las razas criollas, pues están alejadas de los centros de origen y biodiversidad. Pero la UCCS y la Campaña Sin Maíz no hay País afirman que todo México es centro de origen y aun cuando hubiera espacios libres de razas criollas la contaminación es inevitable. Hechos y documentos dan la razón a quienes se oponen al maíz transgénico. El 17 de noviembre del 2011 la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) publicó en su página web el anteproyecto regulatorio del “Acuerdo por el que se determinan los centros de origen y los centros de diversidad genética de maíz en el territorio nacional”, generado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El documento, de 630 páginas entra en contradicción al mostrar dos mapas del territorio nacional con la señalización de los centros de origen y diversidad. Mientras el primero, publicado en la página cinco, deja una franja en la zona norte “libre” de presencia de maíz nativo y de sus parientes silvestres, la página 567 cubre por completo el territorio con tal señalización. Elena Álvarez-Buylla Roces, coordinadora del Laboratorio de Genética Molecular del

Comentó la experiencia del algodón transgénico. La siembra de éste fue autorizada a mediados de los 90s en el norte del país con el argumento de que allí no había algodones nativos. Sin embargo, transcurrido muy poco tiempo se ha detectado a miles de kilómetros de distancia –en Oaxaca y Chiapas— la presencia de esos transgénicos en recombinaciones novedosas e inesperadas con las poblaciones silvestres y nativas del sur. Esto, con efectos no deseados e impredecibles en las siembras del sur. Esta experiencia del algodón está documentada en un artículo que publicó la revista Molecular Ecology. Álvarez- Buylla Roces –doctora en genética molecular, quien obtuvo el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1999– explicó que los riesgos de contaminación genética del maíz transgénico sobre las variedades criollas son mucho más grandes que los del algodón. “El algodón se autopoliniza, entonces el movimiento de los genes vía el polen es mucho menor en el algodón que en el maíz. El movimiento de transgenes del maíz vía el polen es mayor porque en esta planta su polinización es abierta, es cruzada: en la planta de maíz que funciona como hembra se produce la mazorca; ésta obtiene el polen para producir los granos de maíz de muchas otras plantas que juegan el papel de macho”. En el algodón el único vehículo para el movimiento de los transgenes es la semilla y a pesar de eso en muy pocos años la contaminación transgénica llegó a miles de kilómetros de distancia, comentó. Las controversias aquí mencionadas tienen qué ver con los riesgos al maíz; no abordan el tema de la salud, pero una exigencia de quienes rechazan los transgénicos es que antes de abrir camino a este grano modificado genéticamente debería realizarse una investigación exhaustiva que descarte cualquier mínimo riesgo a la salud proveniente de su consumo. Ya hoy sin embargo, el maíz transgénico está presente en nuestras mesas vía los aceites comestibles, las botanas, las palomitas y cualquier otro alimento que utilice maíz amarillo.

LA PROMESA DEL MAÍZ RESISTENTE A SEQUÍA Con la oferta de que este 2012 las empresas de transgénicos tendrán disponible comercialmente semillas de maíz resistentes a sequía, el Ɵtular de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), Francisco Mayorga, afirmó que tarde o temprano México habrá de delinear una políƟca para los maíces modificados genéƟcamente, aunque dijo que ello no debería poner en riesgo la diversidad genéƟca. En un seminario para periodistas, realizado por la Sagarpa en noviembre pasado, el subsecretario de Agricultura, Mariano Ruíz-Funes Macedo, hizo una exposición –bastante similar por ciento a la que por años han presentado públicamente las empresas de transgénicos, en parƟcular Monsanto– donde argumentó que para el 2050 el mundo tendrá una población de nueve mil 300 millones de personas, o sea 50 por ciento más que la actual, y ello implicará un aumento de 70 por ciento en la demanda de alimentos. Habló de las promesas de la biotecnología (dentro de la cual se ubica la transgenia), con aplicaciones nutracéuƟcas y de mayores condiciones organolépƟcas, pero destacó la de maíces resistentes a sequía, promesa que, cabe decir, las empresas han expuesto por lo menos desde hace diez años. Hoy las semillas comerciales de granos y oleaginosas transgénicas son resistentes a ciertas plagas y tolerantes a la aplicación de herbicidas, nada más. De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Biotecnológicas (ISAAA), en 2010 el número de países que sembraron transgénicos (de todo Ɵpo de culƟvos) pasó de 25 a 29, y de ellos 10 son industrializados y representan 52 por ciento de la superficie. Tal superficie en el mundo sumó 148 millones de hectáreas, en manos de 15.4 millones de agricultores. Los principales culƟvos modificados que se siembran son, en orden de importancia, soya, maíz, algodón y canola. México está en el número 17 de la lista de los países donde se siembran transgénicos, con cien mil hectáreas de algodón y soya. Estados Unidos es el líder: registra 66.8 millones de hectáreas con los cuatro culƟvos mencionados, pero también remolacha azucarera, alfalfa, papaya y calabaza. Brasil y ArgenƟna ocupan el segundo y tercer lugares con 25.4 millones y 22.9 millones de hectáreas, con soya, maíz y algodón.

21 de enero de 2012

9 de pequeña escala, por causa de decisiones de gobierno:

Chihuahua

CRISIS DE FRIJOLEROS Y GANADEROS

Fernando Ortega Balderrama, coordinador del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), afirmó que en 2011 la sequía desplomó generalizadamente la producción de granos y forraje del estado, y concretamente del frijol; por ello “como Frente hicimos un acuerdo con el gobierno estatal para que el frijol que se cosecho aquí no salga a otras partes de la República”. Explicó: “en 2010 Chihuahua tuvo una producción abundante de 120 mil toneladas de frijol, de una superficie de 150 mil hectáreas. En 2011, escasamente se cosecharon entre 18 mil y 20 mil toneladas. Fue una pérdida tremenda. El consumo local es de 30 mil toneladas de frijol. Vamos a tener un déficit en el estado, pero en todo el país el faltante (en 2012) va a ser de unas 300 mil toneladas de frijoles pintos, y

de 500 mil de todo tipo de frijol (aproximadamente la mitad de las necesidades anuales)”. La situación genera una crisis de ingresos muy grave para los campesinos: en 2010 los frijoleros recibieron pagos por mil 100 millones de pesos, pero la escasa cosecha de 2011, a pesar de los buenos precios al productor, de 18 a 20 pesos por kilo, representará apenas 300 millones de pesos. Y esto se agrava por acciones irresponsables de la autoridad. Por primera vez el Procampo dejó pendientes pagos en 2011 – por 35 o 40 millones de pesos para el caso de Chihuahua–, lo cual afecta a unos cinco mil o seis mil productores del estado (20 por ciento del padrón local del Procampo). Estos recursos, según ha explicado la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), fueron desviados para atender contingencias climáticas en otros lugares, “por ejemplo podría ser Sinaloa”. Por ello el FDCCh tomó el 16 de enero las instalaciones de la Sagarpa en la entidad. En el FDCCh, que cuenta con seis mil socios, unos dos mil o dos mil 500 son los que no han recibido su Procampo.

Los apoyos que ha habido hasta ahora son insuficientes y se han enfocado mal. “El gobierno del estado y Sagarpa contrataron un seguro agrícola (con una aseguradora privada). Tenemos conocimiento de que hay 75 millones de pesos disponibles en seguro agrícola y 40 millones en ganadero. Pero no se han pagado por complicaciones de la normativa y por burocracia. Además la cobertura es escasa, hasta diez hectáreas por productor. Y el programa de Empleo Temporal, no ha llegado a los lugares donde se requiere con más urgencia.

Además de la exigencia del pago del Procampo, el FDCCh propone a los gobiernos estatal y federal que apliquen medidas de emergencia para atender los efectos de la sequía en previsión de las labores agrícolas de 2012. “Necesitamos prepararnos con semilla

En cuanto a la ganadería, “los productores sienten una angustia, una desesperación enorme, pues no van a poder cubrir sus deudas; la sequía motivó una venta de ganado descontrolada, con caída de precios”, y el problema se profundizó para los productores

Hidalgo

MANEJO DE FECHAS DE SIEMBRA CON FRIJOL EN EL VALLE DEL MEZQUITAL Ramón Garza-García, Carmen Jacinto-Hernández y Dagoberto Garza-García Investigadores del INIFAP especializados en frijol

l frijol es la segunda prioridad alimentaria nacional, después del maíz. Los bajos rendimientos y escasas ganancias que obtienen actualmente la mayoría de los productores de frijol están correlacionados con el desconocimiento y poco uso de las innovaciones tecnológicas generadas por la investigación agrícola. Actualmente se vive una crisis debido a la sequía que se presentó en el ciclo primaveraverano (PV) 2011, y que sigue presente; fue afectada la principal zona productora de frijol en el país, que se ubica en los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Esta contingencia nos obliga a plantear acciones urgentes que permitan sustituir los volúmenes de esta leguminosa que se requieren para abastecer el consumo nacional. La región del Valle del Mezquital cuenta con el distrito de riego de Mixquiahuala, donde en se sembraron cuatro mil 983 hectáreas con frijol en el PV 2010. En este distrito, el Programa de Frijol del Campo Experimental Valle de México (Cevamex), dependiente del Instituto

para este año; apoyar a los productores con forraje, pues el poco que hay esta carísimo; ver cómo sostenemos a la gente, que tenga un ingreso por medio del empleo temporal”.

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), está realizado investigaciones sobre el manejo de fechas de siembra y variedades de frijol, y ha demostrado ante productores la factibilidad de hacer dos fechas de siembra entre los meses de marzo y octubre, cuando la probabilidad de incidencia de heladas en esta región es muy baja, por lo que no se tendrían daños por este evento climático. Los resultados obtenidos en este distrito de riego nos permiten proponer una doble siembra de frijol con las variedades apropiadas para cada fecha de siembra. En la primera fecha de siembra, entre la última semana de marzo y los primeros 20 días de abril, se podrían sembrar las variedades del cuadro 1.

Cuadro 1 Variedad

Color grano

Tipo

Bayomex

Crema

Bayo

Flor de Durazno

Crema con rosa

Flor de mayo

Canario-107

Crema

Bayo

Cacahuate-72

Crema con rosa

Cacahuate

Jamapa

Negro

Negro Jamapa

En las exportaciones a Estados Unidos, se detectaron cuatro o cinco becerros infectados de tuberculosis. Los estadounidenses exigieron que se hiciera pruebas a todo el ganado del estado. En junio iniciaron las pruebas –el avance es de 500 mil animales de un total de 1.8 millones de cabezas del estado–; se ha privilegiado a los ganaderos grandes. Los precios del becerro por kilo son de 32 a 35 pesos para los animales probados y de 16 o 18 pesos para los no probados. La actitud de favoritismo es responsabilidad del Comité Técnico Agropecuario, donde participan el estado y la federación. “No entiendo cuál es la sensibilidad que tienen nuestros gobiernos: no hubo cosecha, no hubo producción, forrajes caros (con precios 50 por ciento más altos que en 2010), apoyos retrasados y el precio de ganado por los suelos”, señaló Ortega. El FDCCh –cuyos miembros son todos de temporal, o sea dependen totalmente de las lluvias, y tienen predios de 10-15 hectáreas, y algunos más– propone que se forme un comité integrado por dependencias estatales y federales, y por organizaciones de productores, para la aplicación de presupuestos públicos: “que no se quiera politizar los recursos. Ahorita ya las dependencias se están peleando por ver quién entrega los recursos, las despensas, para capitalizar políticamente. También pedimos que no se ponga el pretexto que vienen tiempos electorales para dejar de operar los programas existentes y los emergentes para la sequía” (LER).

La segunda fecha de siembra, que se realizaría una vez que se cosechen las variedades sembradas en la primera fecha, podría ser entre el 10 y el 25 de julio, y en esta ocasión se sugiere utilizar alguna de las variedades del cuadro 2.

Cuadro 2 Variedad

Color grano

Tipo

Negro 8025

Negro opaco

Negro Jamapa

Bayomex

Crema

Bayo

Crema

Bayo

Crema con rosa

Flor de mayo

Crema con rosa

Flor de mayo

Bayo INIFAP

Crema

Garbancillo

Negro Otomí

Negro brillante

Negro San Luis

Albicampo

Negro opaco

Negro Jamapa

Bayo Azteca

Crema

Garbancillo

Bayo Mecentral Flor de mayo M-38 Flor de Durazno

Aunque no se ha probado con suficiente certeza, la variedad Azufrado Regional 87 podría también usarse en la primera fecha de siembra, ya que –dadas las condiciones de temporal de las zonas de transición y Valles Altos de la mesa central– es muy atacada por las principales enfermedades del frijol, que son pudriciones de raíz, tizón común y antracnosis, que causan mortandad de plantas en más de 85 por ciento. Al hacer la siembra en marzo-abril, las condiciones ambientales

FOTO: CITTED-UNED

l desplome de la producción de alimentos por la sequía está propiciando que los campesinos, junto con autoridades, tomen acuerdos para administrar adecuadamente su oferta, a fin de atender el consumo local antes que nada, pues las perspectivas de abasto para 2012 no son nada promisorias. Pero también los agricultores y ganaderos están pugnando, sin tener hasta ahora suficiente atención, para que haya decisiones de apoyo a la economía campesina –mermada gravemente por la crisis de producción y por decisiones injustas de la autoridad.

FOTO: Archivo de Proyectos

• Retrasos en pago de Procampo molesta a campesinos

de esta temporada del año no permiten la expresión de estas enfermedades, con lo que las plantas llegan a producir buen rendimiento. Con esta propuesta, se podría incrementar a más del doble la producción de frijol que se logra en este distrito de riego, con la misma superficie que hasta ahora se ha destinado a esta leguminosa. En este distrito se han obtenido cerca de diez mil toneladas de producción, con un rendimiento promedio de 1.83 toneladas por hectárea; si se utiliza la recomendación que aquí damos, se obtendrían 11 mil toneladas en la primera fecha de siembra y 12 mil en la segunda, esto es, un total de aproximadamente 23 mil toneladas en el año. Para llevar a cabo esta propuesta se requiere planear y hacer una producción de semilla, certificada o apta para siembra, que pueda abastecer la superficie mencionada, ya que es muy importante usar las variedades que se han probado y han mostrado buenos rendimientos en las diferentes fechas de siembra propuestas.

21 de enero de 2012

10 Entrevista con Abelardo Ávila

COMIDA CHATARRA EN ESCUELAS, PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

MEXICANOS, ANSIOSOS CONSUMIDORES DE REFRESCO

• El Estado debe procurar una alimentación sana Lourdes Edith Rudiño

antidades enormes de azúcares y harinas refinadas, así como de grasas saturadas y sal han generado ya un problema serio de salud pública y de seguridad nacional, porque derivan en una masa de obesos –con enfermedades relacionadas: de tipo coronario, diabetes, hipertensión, ateroesclerosis, algunos cánceres, etcétera– de una magnitud tal “que no hay presupuesto que pueda atenderlos”, además de que todas esas enfermedades son incurables e incapacitantes, y en el pasado se producían en la etapa post-productiva de las personas, a los 60 o 70 años de edad, pero ahora se observan ampliamente en las etapas productivas y, aún más grave, en la niñez y juventud.

El entrevistado recuerda que en 2008-09 la Secretaría de Salud convocó a un grupo de expertos que después de analizar definieron el problema como alarma epidemiológica, “pero surgió un freno a la hora en que se empezaron a hacer sus propuestas tales como impedir la venta de productos chatarra en las escuelas; limitar la publicidad de tal chatarra; promover una oferta de alimentos saludables; apoyar al campo –que es el que debe producir esos alimentos–; propiciar el desarrollo rural, pues éste permite que el problema de desnutrición infantil se aminore, y erradicar la desnutrición, que es fundamental para prevenir la obesidad, sobre todo en el medio rural”.

En entrevista, Abelardo Ávila Curiel, investigador del área de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, afirma que la situación que vivimos es tan grave que debería considerarse una “epidemia, o más bien una epidemia brutal con proyecciones apocalípticas”, y tomarse medidas propias para eso, lo cual implicaría incluso abolir algunos derechos civiles temporalmente –tal como ocurrió en 2009 con la influenza A/H1N1, que cerró restaurantes– pues “los derechos de la salud pública predominan sobre otros”.

Ante tales propuestas que tenían un enfoque integrador, y que derivaron en el conocido planteamiento del gobierno federal, de “Lineamientos que regulan la venta de alimentos y bebidas en las escuelas”, replicó ConMéxico –asociación que agrupa a 45 empresas de alimentos y bebidas, incluidas las de chatarra y de tabaco–, la cual recurrió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para quejarse de que violaban sus derechos de libertad de comercio, y encontró respaldo. En la Cofemer las decisiones se toman por consenso y en su seno predominan los industriales, y los funcionarios, muchos de los cuales son afines al interés mercantil.

Y debería generarse una política pública, de Estado, “porque la proyección epidemiológica de todo este daño a la salud hace inviable la fuerza productiva que tendría que cobrar el bono demográfico hacia el horizonte del 2030. Hoy vemos que ya quemamos el bono demográfico”.

En ese entonces ConMéxico –donde están Pepsi, Sabritas y Gamesa– declaró que dejar de vender los productos cuestionados, los chatarra, representaría para las empresas una pérdida de mercado de diez mil 600 millones de pesos anuales.

“En México –explica– siete de cada diez adultos sufre sobrepeso u obesidad. Asimismo, el país es número uno en obesidad infantil a escala mundial; registra la tasa de crecimiento más alta de la historia de diabetes y morbilidad por esa enfermedad; en 2011 murieron alrededor de 250 mil personas por enfermedades crónicas no transmisibles, y se observan daños metabólicos ya en niños de primaria, que los predisponen a la diabetes”. Y la población infantil rural vive una doble desgracia: desnutrición y obesidad.

El poder de ConMéxico no es poca cosa, afirma el doctor Ávila y recuerda que la Secretaría de Salud generó en 2008 un documento elaborado por un comité técnico, por especialistas de la mayor experiencia, denominado Prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas, una política de Estado, que analiza el problema de la obesidad y ofrece propuestas. “ConMéxico cabildeó y lo echó para atrás”. El documento quedó en calidad de borrador de circulación restringida.

Abelardo Ávila, experto del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Y mientras, comenta, “seguimos viendo cómo se incrementa la tasa de mortalidad en edades tempranas por hipertensión; diabetes; infartos; por ciertos tipos de cáncer, de tubo digestivo, hepático, de páncreas, de colon, de próstata, de mama, todos ellos asociados al a obesidad. “Y empezamos a ver ese horizonte apocalíptico de 2030, cuando supuestamente deberíamos cobrar el bono demográfico y pasar a ser un país desarrollado y un Estado de bienestar. En lugar de eso vamos a tener una fuerza de trabajo destruida, con una reforma laboral –hoy en ciernes– que permitirá la flexibilidad de contratación; los enfermos no van a poder trabajar y carecerán de seguridad social, pues el Seguro Popular excluye de su catálogo la atención de la diabetes 2 (…) Los actuarios que crearon ese catálogo vieron que incluir esta enfermedad haría quebrar financieramente al Seguro Popular, y pues será mejor desde su perspectiva que quiebren los 30 millones de diabéticos que habrá en 2030”. El doctor Ávila alerta particularmente sobre los daños que se está infringiendo a la población infantil rural. Y argumenta por qué abatir la desnutrición infantil va ligado al combate a la obesidad. En el medio rural, y en especial en las zonas indígenas, la mayoría de los niños tienen programado su metabolismo para un ambiente de escasez, de desnutrición, de consumo deficiente de energía, dado que esas condicionantes las tuvieron en el vientre materno y en sus seis primeros meses de vida y porque sufren una desnutrición generacional –pues sus madres son generalmente de estatura pequeña, lo cual implica embarazos con subnutrición fetal–; esos niños están hoy día consumiendo refresco desde que son bebés, en el biberón, y consumen otros productos chatarra. Comenta: a pesar de las evaluaciones del programa Oportunidades –que están sesgadas pues la política social en México se utiliza como instrumento de imagen para el gobierno y por tanto sólo validan lo positivo–, es un hecho que “la situación de desnutrición de los niños menores de dos años de edad en las comunidades marginadas no ha variado. Y los que sobreviven a ese periodo entran violentamente a un ambiente obesogénico que les causa gravísimos problemas de salud. “Pongo el ejemplo más dramático, la Coca-Cola en el biberón de los niños en el medio rural: un niño que vive esto se desnutre de una manera brutal, se priva de leche materna; pierde calcio, pierde proteínas, masa muscular, reservas, sufre una desnutrición generalizada porque está consumiendo sólo calorías vacías”.

El refresco es uno de los productos más demandados en nuestro país. Un mexicano consume aproximadamente 150 o 160 litros de refresco por año, lo que equivale a medio litro al día. Así, México es el segundo consumidor de refrescos en el mundo: el primero es Estados Unidos, con 216 litros de refresco per cápita al año; Irlanda ocupa el tercer lugar con 126, y Canadá el cuarto con 120 litros. Japón, que está en el lugar 19 registra 21.6 litros, poco más de la octava parte que México. Según el arơculo “La ruta de las bombas de azúcar” de la Revista del Consumidor, de diciembre de 2009, un litro de refresco Ɵene 27 cubitos de azúcar: si los mexicanos tomamos cerca de medio litro de esta bebida diariamente, ingerimos alrededor de 14 cubos de azúcar por día. El valor del mercado mexicano de refrescos asciende aproximadamente a 193 mil millones de pesos, esto es una canƟdad no lejana a lo que recibe México por remesas (en 2010 las remesas sumaron 21 mil 181 millones de dólares, esto es 262 mil 220 millones de pesos, considerando el promedio de 12.38 de la paridad dólar-peso promedio de ese año).

“Estos niños rurales que no alcanzaron su desarrollo en talla o masa muscular requieren menor energía para tener sobrepreso, y entonces fácilmente a partir de la etapa escolar –bombardeados como todos los niños por cien o 200 mensajes diarios de publicidad en la escuela, en las tiendas, en las calles– ingieren enormes cantidades de azúcares y harinas refinadas que dan un golpe metabólico muy violento, y engordan rápidamente, sobre todo cuando migran a las ciudades. Hicimos un censo de peso y talla en el Estado de México y allí demostramos de manera dramática cómo la población urbano-marginal que emigró en los últimos cinco años a la periferia del Valle de México y del Valle de Toluca está presentando niveles brutales de obesidad. Y se está produciendo la diabetes en grados epidémicos”. El doctor Ávila subraya que la alimentación humana tiene que ser con alimentos mínimamente procesados; “debe ser básicamente de cereales integrales –el más maravilloso es la tortilla–, frijol, frutas y verduras. Eso es la base; lo demás es complementario, secundario. Los alimentos ultra-procesados necesariamente son dañinos para la salud sobre todo cuando su consumo es predominante. Un jamón, por ejemplo, está lleno de nitritos, sodio, modificantes, almidones, es una combinación horrible. Las galletas tienen acrilamidas, sustancias, colorantes...”. Pero en los hechos estos conceptos están invertidos. Predominan los intereses de las industrias de productos chatarra, cuyo mercado global alcanza los 60 mil millones de dólares anuales. Y la permisibilidad de que gozan las empresas oferentes de frituras, refrescos, galletas, pastelitos, con todo y el código de autorregulación que tienen, ha llevado a la distorsión de ideas.

21 de enero de 2012

“Ahora ya la chatarra se promueve como alimento saludable en las escuelas. El paquete de papas fritas que se vende en las escuelas lo bajaron de 20 a 18 gramos, y como ya tienen menos de cien calorías, ya resulta que son saludables”. Y hay muchas trampas en el etiquetado. Por ejemplo, una Coca-Cola de 600 mililitros declara en su envase que una porción representa 23 por ciento del azúcar recomendado para el consumo diario, y en otra parte de la etiqueta establece con letras más chicas que una porción implica 200 mililitros. Esto significa entonces que un refresco que generalmente alguien se toma en una sentada cubre ya el 69 por ciento del azúcar que requiere el organismo al día. Al respecto, dice el doctor Ávila, “es urgente que en México bajemos en 80 por ciento el consumo de refrescos”.

Hoy la industria ha asumido una actitud ofensiva, y ha decretado que la comida chatarra no existe. Las refresqueras, con mecanismos novedosos de mercadotecnia están invadiendo hasta los más lejanos lugares del país. Por ejemplo, todos los letreros de ingreso a los poblados de Chiapas incluidos los zapatistas, cuentan con la publicidad de Coca-Cola y por supuesto implican evasión de impuestos. “Saturan de publicidad todas las calles; Pepsi y Coca-Cola se disputan los territorios, y encontramos que los anuncios de las escuelas están patrocinados por la Coca-Cola en la Costa de Guerrero, que pagan el seguro escolar, que saturan los poblados con refrigeradores, mesas y sillas con publicidad. Pero toda su mercadotecnia les sale gratis porque la deducen de impuestos, y con ello generan esa dependencia, casi obligada, esa avidez de consumo de parte de toda la población. Me ha tocado ver niños de cuatro meses de

UN PROYECTO QUE SE QUEDÓ EN BORRADOR POR PRESIONES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA El documento Prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas, una políƟca de Estado”, del 8 de agosto de 2011, que la Secretaría de Salud elaboró y que, debido a las presiones de la industria alimentaria, quedó como borrador de circulación restringida, plantea propósitos que deberían estarse cumpliendo este 2012. Entre ellos, dice, estarán en marcha acciones concretas que permitan a la sociedad un viraje hacia un mejor consumo de bebidas y alimentos y un incremento de la acƟvidad İsica, deteniendo el sobrepeso y la obesidad en niños y jóvenes. El texto, que preveía para este 2012 una labor educacional profunda para que la sociedad pudiera discriminar una alimentación sana de la que no lo es, establece que habría una ”políƟca de Estado integral“ para “contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional, al reverƟr la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles que enfrenta el país derivadas del sobrepeso y la obesidad”. Todo eso, como sabemos quedó frustrado. Entre los elementos que el documento menciona y que prenden la alarma están: • En el mundo, mil 700 millones de personas sufren obesidad y 312 millones presentan sobrepeso. México es el segundo país más obeso del orbe. En 2006, el 39.5 por ciento de los hombres y 31.7 de las mujeres presentaban obesidad, y por tanto ésta y el sobrepeso son los principales problemas de salud pública del país. Además, México ocupa el primer lugar global en la tasa de aumento de ambos problemas. • En 2006 unos 29 mil 540 millones de pesos fueron desƟnados a

edad que ya le pueden exigir a la madre con lloriqueos específicos que les dé Coca-Cola en el biberón, y la mamá obedece automáticamente. En las mañanas uno veía antes la compra de leche para el desayuno, ahora es más frecuente la escena de la compra de refrescos a esa hora”. Ante tal panorama, el doctor Ávila afirma que “lo único que puede enfrentar la situación es un giro una nueva política pública, un proyecto de nación. No puede ser que todo se articule alrededor del libre mercado. Debe buscarse un Estado de bienestar, de satisfacción de necesidades esenciales, entre ellas la buena nutrición. Eso no puede hacerse más que con desarrollo rural, es la única manera en que puede lograrse una buena nutrición de la población. No va a ser importando lo que estamos importando, chatarra, alimentos producidos en una agroindustria bastante irracional, y además con alta huella de carbo-

los servicios de salud para la atención de la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cerebrales y cánceres relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Muy seguramente la cifra está subesƟmada, pero representó el 11 por ciento del total del presupuesto público de salud, de 265 mil 890 millones de pesos. • Las enfermedades de la obesidad son crónicas, e implican por tanto incapacidad de los enfermos y erogaciones monetarias constantes de las familias.

no, con alta huella de consumo de agua, con erosión y degradación del medio ambiente. “Tenemos que ver que la desnutrición infantil realmente disminuya; que la obesidad escolar se detenga y se revierta, bajar el consumo del refresco en 80 por ciento es una medida fundamental –igual que fue frenar el consumo del tabaco, pues la publicidad en el pasado generó una gran demanda y una oferta abrumadora que llevó al tabaco a ser el principal problema de salud hace unos años–; se tiene que duplicar el consumo de frijol, y para eso hay que producirlo, promoverlo; cuidar nuestro maíz, evitando riesgos de contaminación transgénica; impulsar la oferta de frutas y verduras, y tiene que haber educación alimentaria a la población y en las escuelas, además de regular que los medios de comunicación no saboteen la buena nutrición con mensajes distorsionados y publicidad. Todo eso son funciones de Estado y debe haber subsidios”.

ha aumentado en mayor proporción. Esto ha contribuido a aumentar el ambiente obesogénico en el medio rural. • Al iniciar la primaria, el sobrepeso en los niños se incrementa considerablemente; sólo el 5 por ciento de los niños entre uno y cinco años de edad presenta sobrepeso; a los seis años de edad la presenta el 25 por ciento y a los 11 y 12 la incidencia es del 33 por ciento. • En las cooperaƟvas escolares, cinco de cada diez niños adquiere un dulce, el 40 por ciento compra una fritura acompañada de una bebida azucarada y sólo dos niños de cada cien prefieren una fruta, pero éstas suelen venderse con azúcar o crema chanƟllí.

• Entre 1984 y 1998 la población mexicana redujo en 29.3 por ciento su compra de frutas y verduras; en el mismo periodo el gasto en hidratos de • Los niños son los más vulnerables a carbono refinados aumentó en Un proyecto truncado de política pública. la publicidad, pues son los que están 6.3 por ciento y el de bebidas más expuestos a los medios de comuazucaradas lo hizo en 37.2. Ello nicación. El consumo de alimentos de alta densidad energéƟpuede interpretarse como “éxito mercadológico” de las in- ca y bebidas azucaradas ha aumentado ligado al a publicidad, dustria alimentaria. lo cual representa una verdadera presión mercadológica. • Según las Encuestas Nacionales de Nutrición en el área rural, de 1957 a 1968 se registró el consumo de 20 productos industrializados en ese ámbito, para 1979 sumaban 21 y en 1989 eran 18. Esto es, hubo cero crecimiento en 32 años. En la encuesta realizada en 2004 se encontraron 96 productos, esto es, un aumento de 300 por ciento en 15 años o 60 por ciento anual. Galletas, pastelitos, pastas refinadas, frituras, lácteos con alto contenido de azúcar y refrescos y bebidas muy azucaradas están entre los productos cuya presencia

• Un dato impactante de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006 es que entre los adultos 22 por ciento de las calorías provienen de los refrescos y bebidas endulzadas, y el grupo de 19 a 39 años es el que presenta el mayor consumo. • Además de caracterizarse por el acceso a alimentos de alta densidad energéƟca y bebidas con alto contenido de azúcar, el ambiente obesogénico implica el sedentarismo, la abundancia de comodidades y la falta de ejercicio İsico.

21 de enero de 2012

12 Antonio Turrent Fernández* y José Isabel Cortés Flores** *Investigador nacional emérito ** Investigador del Colegio de Posgraduados

L PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

a producción de alimentos básicos de México es cada vez más deficitaria. De persistir esta tendencia, hacia 2025 tendríamos que importar uno de cada dos kilos de maíz de los 33 millones de toneladas que se consumen anualmente. ¿Por qué enfrenta el país esta situación aun antes de que el cambio climático se manifieste contundentemente? ¿Será que el país carece de los recursos naturales necesarios para su seguridad alimentaria? ¡No! El campo cuenta con 31 millones de hectáreas de tierra de labor, de las que 6.3 millones son de riego. La precipitación anual media del país es de mil 530 kilómetros cúbicos, de los que 147 se retienen en las presas, 410 escurren al mar y el resto se evapotranspira o infiltra. México es el centro de origen de 90 especies vegetales cultivadas y posee gran biodiversidad tanto de ellas como de sus parientes silvestres. En resumen, hay por lo menos tres tipos de re-

TRATO DIFERENCIADO A CAMPESINOS

• Heladas en Tlaxcala, Hidalgo y Puebla generan inseguridad alimentaria

l cambio climático afecta por igual a todo el campo de México: a fines de 2010 y principios de 2011 las heladas dañaron las siembras del ciclo otoñoinvierno, y lo más destacado fue la afectación de unas 400 mil hectáreas de granos en Sinaloa, más de 300 mil de ellas de maíz. Posteriormente la sequía hizo estragos en todo el norte y centro de la República, con daños muy visibles en la ganadería y pérdidas en cultivos, particularmente frijol, y luego nuevamente las heladas se hicieron presentes, pero ahora en Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Sin embargo, la forma de reaccionar de parte del gobierno federal no es la misma. Mientras a los productores de Sinaloa la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) les brindó un apoyo inmediato y múltiple por alrededor de 8 mil 500 pesos por hectárea, y sin límite de superficie, con la intención de que se realizara la resiembra y con el argumento de asegurar el abasto –dada la predominancia de Sinaloa en la oferta maicera anualizada del país–, los apoyos para enfrentar los efectos de la sequía fueron tardíos, insuficientes y limitados, según las organizaciones de productores, y los campesinos de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo dañados por las heladas de fines de 2011 recibieron la oferta de compensaciones por únicamente mil 200 pesos por hectárea y eso sólo para algunos, no para todos. El pasado 7 de diciembre un grupo de campesinos, representantes de un conglomerado de unas 80 mil familias de esos tres estados, se manifestaron frente a las oficinas centrales de la Sagarpa en el Distrito Federal, con la exigencia de tener un trato igualitario respecto de Sinaloa. Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), participó en la movilización y declaró que 65 municipios de las tres entidades habían sufrido daños drásticos por heladas en sus siembras de primavera/verano de granos, ello sin contar la afectación en otros cultivos como calabaza, tomate y amaranto. La oferta de la Sagarpa para atenderlos era y sigue siendo de mil 200 pesos por hectárea (con límite en tres hectáreas), pero sólo para la superficie con declaratoria de desastre, “y ésta es incompleta pues excluye a más de 25 municipios”, sólo considera 40, según dijo Suárez, y el recurso –que se deriva de un seguro contratado por la propia Sagarpa para daños climáticos– es claramente insuficiente para indemnizar a los campesinos, pues, agregó, el promedio del costo

de producción para maíz, trigo y cebada en los tres estados es de ocho mil 500 a nueve mil pesos por hectárea. Además muchas organizaciones y productores afectados contrataron créditos para la adquisición de sus insumos (semillas, fertilizantes, etcétera) que no podrán pagar y tampoco podrán acceder a créditos en los años siguientes. “¿Por qué razón a Sinaloa se le apoya de esta manera correcta justa y cuantiosa, que le permite resarcir sus pérdidas y encaminarse inmediatamente a un programa de resiembra, y por qué a los campesinos de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla se les discrimina? ¿Por qué ese trato desigual?”, preguntó Víctor Suárez en la movilización y consideró que en el fondo hay racismo y discriminación en las decisiones de la autoridad, pues los sinaloenses son productores ricos, con antecedentes europeos, mientras que en el centro del país los campesinos son de origen indígena y minifundistas. Inseguridad alimentaria. El otro tema de fondo, agregó, “es que las cosechas se perdieron, no hay ingresos, ¿de qué va a vivir la gente y sus familias en estos meses?” La situación es difícil pero se va a tornar peor posteriormente porque los pocos granos que se tienen en almacén se van a agotar, no habrá alimentos para los animales de corral y “veremos no sólo un aumento en la pobreza sino situaciones de franca hambruna” en los tres estados mencionados, dijo, y lo comentaron también los campesinos manifestantes. Según estimaciones de Suárez, el apoyo requerido para los campesinos de las tres entidades sumaría unos tres mil millones de pesos, tanto para cubrir pérdidas todas y pagar todos los adeudos, como para un programa de empleo temporal (para asegurar ingresos a los campesinos) y apoyar la preparación de tierras y la adquisición de insumos para el siguiente ciclo primavera-verano. En cuanto a la sequía –que afectó a 19 estados en forma grave– en noviembre pasado, en el marco de un taller para periodistas, el titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga, contestó a preguntas relativas a por qué a Sinaloa se le apoyó de forma expedita y generosa y a los campesinos de otros estados que expresaban desesperación por la sequía se les ponía límites para el auxilio. El funcionario dijo que las heladas de Sinaloa fueron en un lapso muy definido y la urgencia del recurso se justificaba porque éste serviría para

cursos naturales que no se han aprovechado a plenitud: el suelo, el agua y la biota. El sector agrícola mexicano es bimodal: resalta la categoría tipológica campesina, que reúne a más de 80 por ciento de las unidades de producción; el resto es de tipo empresarial. Hay 3.8 millones de unidades de producción, de las que 1.3 millones cuenta con menos de dos hectáreas de tierra de labor, un millón con entre dos y cinco, 1.2 millones con más de cinco y hasta 20 hectáreas, 200 mil con 20-50 y 140 mil con más de 50 hectáreas. Mientras la agricultura empresarial está restringida a las tierras de labor de mayor calidad y planas, la campesina produce alimentos en tierras de menor calidad tanto por su clima, como por su topografía y acceso, en condiciones de Sierra. La agricultura campesina es clave en la seguridad alimentaria rural y del alimento intercultural nacional, y resguarda y maneja la diversidad fitogenética; sin embargo, se asocia con una baja productividad de la tierra y con el deterioro por erosión hídrica, de las tierras de labor en ladera. La agricultura empresarial es clave para la seguridad alimentaria urbana y la generación de

la resiembra. Y mientras, la sequía se presenta en periodos diferenciados en las regiones. De cualquier manera ofreció que los campesinos serían atendidos. A principios de enero de 2012 el subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Ignacio Rivera Rodríguez, informó que la sequía de 2011 –que afectó de forma “extrema” a Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, y de forma “severa” a Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán– fue atendida por el gobierno federal con un programa que implica no sólo el pago de seguros (que, cabe decir, no se especificó el monto, pero, se sabe, son limitados respecto de las superficies afectadas), sino inducción para la reconversión a cultivos con menor demanda de agua (en 128 mil hectáreas), “reubicación” de la producción de maíz en el sur-sureste (200 mil hectáreas) y despoblamiento de ganado vacuno. Asimismo, acciones que aseguran el alimento y la disponibilidad de agua en las zonas más vulnerables y una transferencia a los gobiernos de los estados por mil 159 millones de pesos para apoyar a los productores que no tienen acceso a seguros comerciales. El propio subsecretario anunció que en 2012 el de seguros catastróficos permitirá tener una cobertura superior a los 18 mil millones de pesos para productores agrícolas y ganaderos de bajos ingresos y sin acceso al seguro comercial en 9.4 millones de hectáreas y 5.6 millones de unidades animal. Y por primera vez la Sagarpa ofrecerá una cobertura catastrófica para productores con acceso al seguro comercial, lo que brindará protección por un estimado de 6.3 mil millones de pesos en al menos 2.1 millones de hectáreas. “De esta manera, se tendrá un aseguramiento para 11.5 millones de hectáreas y 5.6 millones de unidades animal”. Estas declaraciones fueron posteriores al conflicto generado a fines de diciembre de 2011 y principios de enero de 2011 luego de que el presidente Felipe Calderón vetó un decreto votado por el Congreso el 15 de diciembre, que ordenaba la creación de un fondo especial de diez mil millones de pesos del presupuesto 2012 a los estados afectados por la sequía. Las bancadas del PRI, PAN, PRD, PT, Convergencia y PVEM demandaron al Ejecutivo atender tal decreto, pero Calderón insistió en que su administración no puede disponer de recursos para destinarlos a tal emergencia nacional Dijo que no puede actuar de manera irresponsable ni sacarse de la manga dicha cantidad de dinero “así como así” y afirmó que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) había sido cambiado en sus reglas con el fin de que los municipios que padecen sequía tengan acceso a dichos recursos (LER).

21 de enero de 2012 divisas; sin embargo, por su uso frecuentemente dispendioso de agroquímicos y de agua de riego, se asocia con contaminación (eutrofización) de los cuerpos de agua y con la baja eficiencia del riego. El factor que explica la insuficiente producción actual del campo es el enfoque extractivo con el que históricamente el Estado y los productores han manejado los recursos del campo. El país tiene una enorme inversión diferida para la explotación racional de esos recursos que finalmente le está cobrando la factura. Hay 13 millones de hectáreas de tierras de labor en condición de ladera que son manejadas por el sector campesino en pequeñas unidades de producción. Estas tierras no cuentan con protección contra la erosión hídrica y han perdido calidad agrícola; no se ha impulsado la rotación de cultivos, ni se ha corregido la drástica reducción de la materia orgánica del suelo; se ha permitido que el cultivo de la milpa en ladera y bajo roza-tumba-quema −con más de 20 años de período de retorno− en sí sustentable, derive a agricultura sedentaria sin protección de la calidad de su suelo. Desde los años 80s, las políticas de fomento al campo

13 se han enfocado de manera casi exclusiva a la agricultura empresarial, que por la mayor calidad de la tierra y el riego que maneja, obtiene mayores rendimientos que la agricultura campesina. La inversión diferida del sector empresarial y del Estado es responsable de la baja eficiencia en el uso del agua de riego: 46 por ciento a escala nacional (36.6 en los grandes distritos de riego y 56.5 en las unidades de riego); es también responsable del uso frecuentemente dispendioso de agroquímicos causantes de daños a la salud y eutrofización de los cuerpos de agua. El Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) proyecta incrementos en la temperatura media global hacia fines de siglo, de 1.8 grados Celsius en su escenario benigno y de cuatro en el más severo. El incremento vendrá acompañado con mayor variación entre extremos. Ambos, el incremento global y la mayor frecuencia de extremos, variarán entre regiones, años, estaciones del año y períodos diurnos. Las mayores temperaturas incrementarán la demanda de agua de los cultivos, teniéndose que aplicar mayores láminas de riego, o bien, experimentándose

mayor sequía bajo temporal, que aumentará la frecuencia de desastres. La investigación sobre el cambio climático en México ha identificado certeramente a la disponibilidad de agua para los cultivos como la variable clave de su producción. Sus predicciones sobre la producción de alimentos en México son verdaderamente inquietantes, aunque parten de la base de que el uso de los recursos del campo será estático. Sin embargo, un supuesto razonable es que, “dados la escasez de alimentos a escala mundial y el incremento de sus precios internacionales, la sociedad revalorará la producción de alimentos frente a otros derechos humanos, y estará dispuesta a realizar las inversiones que se reclaman para lograr la seguridad alimentaria durante el siglo XXI”. Aun con esta decisión, la tarea es enorme porque hay que enfrentar simultáneamente la inversión diferida en el suelo y agua, aprovechar la reserva de tierras de labor, de agua dulce y de la fitodiversidad, y también incrementar la tolerancia de los cultivos al calor extremo y a la sequía. Es de la mayor prioridad atender al sector campesino, particularmente en tierras de labor de ladera, por su importancia social,

su mayor atraso relativo y por su potencial para aumentar la producción. Se requieren tecnologías multiobjetivo que atiendan: 1) la erosión, 2) el incremento del ingreso familiar, 3) conserven la materia orgánica del suelo, 4) incrementen la infiltración del agua de lluvia. El riesgo mayor para la sostenibilidad de la producción de alimentos bajo riego a lo largo del siglo es la predicción de menor precipitación en el norte y centro del país, con lo que habrá menos agua en las presas, y esto se combinará con mayores demandas de riego a los cultivos. Será clave incrementar drásticamente la eficiencia del agua de riego. Una ruta complementaria para el país es aprovechar la reserva de agua dulce del sureste del país, donde escurre al mar sin uso para riego el equivalente a casi el doble de la capacidad de almacenamiento con cuenta el país en la actualidad. México tiene los recursos naturales para alcanzar y sostener su seguridad alimentaria frente al cambio climático inminente, pero tendrá que hacer inversiones cuantiosas.

MERCADOS ORGÁNICOS EN AUGE; LAS URBES, OBJETIVO PRIORITARIO

l interés de los consumidores por acceder a alimentos sanos, libres de agroquímicos y cultivados con aguas limpias se hace cada vez más patente con la concurrencia a los mercados y tianguis de productos orgánicos, los cuales están en proceso de crecimiento en México, sobre todo en zonas urbanas. Allí la interacción directa con el productor genera confianza; abre la posibilidad de conocer de primera mano la forma como se cultivan o procesan los alimentos, y permite precios accesibles, en muchos casos los mismos que pagan los distribuidores. De acuerdo con Luis Eduardo Pérez Llamas, uno de los promotores de estos espacios –participante en el Foro Tianguis Alternativo de la Ciudad de México Colectivo Tejiendo Redes entre el Campo y la Ciudad–, desde hace unos diez años en el país se ha dado un movimiento fuerte de estos tianguis y mercados. Explicó que la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos, coordinada desde la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), ha sido la principal impulsora, pues ha coordinado trabajo que ya existía y trabajo nuevo; las ciudades de Guadalajara, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Xalapa, Coatepec, entre otras, insertas en esa red, tienen una experiencia grande ya de tianguis, y si bien es cierto que se han abierto también estos mercados en zonas rurales, la mayoría se ubica en los centros urbanos, pues “allí está la gente sensible a la compra de estos productos, y con poder adquisitivo”. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, la producción de cultivos orgánicos en México creció muy rápido en los 15 años recientes, al pasar de 25 mil a 400 mil hectáreas; en todo el mundo la superficie de orgánicos suma 33 millones de hectáreas, y siete países concen-

tran el 70 por ciento (Australia, Argentina, Italia, Reino Unido, Uruguay y Alemania). Los productores involucrados en la producción orgánica son, según la propia Sagarpa, alrededor de 130 mil en todo México. Y las regiones con más producción son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur, Colima y Veracruz. Los principales productos orgánicos en el país son: café, miel, cacao, aguacate, mango, piña, plátano, naranja, ajonjolí, maíz, nopal, vainilla, leche y sus derivados, huevo y plantas medicinales, y se empiezan a identificar algunos productos procesados como carnes y embutidos, jugos, galletas y mermeladas entre otros. Es un hecho que la mayoría de los alimentos orgánicos se destinan al comercio exterior (entre 80 y 90 por ciento), pero la fórmula de los tianguis, de acercar a los productores a los consumidores, busca modificar esta tendencia. Respecto de Ciudad de México, el principal centro consumidor del país, Pérez Llamas comenta que desde los años 90s hay una red de productores establecida aquí, pero en ese entonces “no contaban con este tipo de mercados. Lo único que ocurría era que cada tres o cuatro meses había eventos, ferias orgánicas en distintos puntos de la urbe. No había un solo mercado periódico donde se pudiera trabajar cuando menos una vez a la semana”. Lo que surgieron después fueron tiendas especializadas en productos orgánicos. El Colectivo Tejiendo Redes impulsó una iniciativa desde hace tres años. En mayo de 2009 inició un primer intento de mercado local de productos orgánicos con la relación del productor directa con el consumidor; fue en la colonia Villa de Cortés, en la calle de Laura 82. El esfuerzo duró poco tiempo pues el

Luis Eduardo Pérez Llamas, impulsor de tianguis orgánicos

lugar era muy pequeño, es una casa, y devino en una tienda alternativa, que hoy ofrece una combinación de medicina natural, talleres y cocina vegetariana. Los productores van allí y dejan su producto, no lo comercializan directamente. De manera regular se encuentran verduras, frutas, huevo, lácteos, etcétera, “y sigue resultando un espacio muy interesante”. Entonces el Colectivo decidió crear un tianguis nuevo en la colonia Roma Norte (está en la avenida Álvaro Obregón 185, entre Monterrey y Tonalá, con horario de 10:00 a 17:00 horas), el cual abre sus puertas los domingo cada 15 días (sus próximas fechas son 29 de enero, 5 y 19 de febrero) y hasta hoy ha trabajado sietes domingos, con la asistencia de entre cien y 200 consumidores en cada ocasión. Este tianguis tiene la modalidad de ofrecer charlas con especialistas y talleres con temas de interés para consumidores y productores. Por ejemplo, en diciembre hubo una plática sobre el papel de los medios de comunicación ante las catástrofes ambientales; niños y adultos elaboraron un mural colectivo sobre lo que comemos y lo que deberíamos comer, hubo una charla sobre la certificación participativa –esquema que permite garantizar la calidad orgánica de los productos sin necesidad de sellos establecidos por terceros, y con la ventaja de que los productos no se encarecen a causa de los sellos–, y el 15 de enero hubo una plática con una nutrióloga sobre

el valor alimenticio de los cereales y otra sobre el maíz transgénico y el derecho a la alimentación. Aquí agricultores, algunos de las delegaciones rurales de la Ciudad de México, ofrecen lácteos orgánicos, hortalizas –como zanahoria, brócoli y berenjena–, tés medicinales, miel y otros productos apícolas y café molido, pero también algunos productos procesados como vinos y vinagres, dulces de amaranto y otros artesanales, aceites aromáticos y embellecedores. “La mayoría somos productores, pero algunos acopiamos para completar la oferta. Hay ciertos productos que el púbico consumidor de orgánicos busca, como arroz Pijije de Campeche o jarabe de agave de Jalisco, o productos de la marca Manantial de las Flores de Veracruz, y si bien estamos aquí impulsando el mercado local no estamos cerrados a acercar este tipo de productos que busca la gente”, dice Luis Eduardo Pérez. Los productores que participan en este tianguis están vinculados a tres redes: una del corredor Teotihuacán-Texcoco, otro de Tlalmanalco-Amecameca y una red de productores de la Ciudad de México conformada desde hace 15 años en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Asimismo, hay productores que vienen de Morelos, con soya, y de Tlaxcala, con trigo (Lourdes Edith Rudiño).

21 de enero de 2012

TRANSGÉNICOS EN CHIAPAS*

partir de enero del 2012, el sistema de tiendas de abasto rural Diconsa pretende distribuir 45 mil toneladas de maíz importado de Sudáfrica en todo el territorio de Chiapas, con especial atención en los 28 municipios con el menor índice de desarrollo humano (periódico Cuarto Poder, 8/12/2011, portada), lo que es una evidencia de la crisis alimentaria en México, si recordamos que Chiapas es el primer productor de maíz del sureste y el tercero del país.

La introducción de maíz sospechoso de ser transgénico, por su origen en Sudáfrica, pone en riesgo de contaminación genética de 15 a 20 razas de maíz nativo presentes en Chiapas de un total de 59 razas que hay en el país, algunas de ellas con cientos, incluso miles de años de adaptación al medio ambiente, por lo que son un patrimonio biológico y cultural invaluable, que ha permitido la continuidad histórica de los pueblos de origen maya y zoque-olmeca y que son parte de las estrategias campesinas de adaptación a los cambios climáticos y económicos.

El problema de pobreza alimentaria, lejos de resolverse con esta medida, se profundizará a mediano y largo plazo, pues Sudáfrica es el noveno productor de organismos genéticamente modificados (transgénicos) del mundo, según la propia industria del ramo (agrobiomexico.org). La posibilidad de que el maíz importado sea transgénico es muy alta, y la amenaza a la salud, el ambiente y la economía regional es real. Veamos.

No sólo los productores de maíz están en riesgo; los apicultores reportan ya la contaminación de embarques de miel certificada orgánica por presencia de polen de maíz transgénico recolectada por las abejas. El hecho de que gran parte del maíz de Chiapas se distribuya en la Península de Yucatán y la falta de un régimen especial de protección al maíz ante la amenaza de los transgénicos

Emanuel Gómez

ponen en riesgo real el sistema de producción de miel.

Diconsa, o si la crisis de producción es muy alta aceptarlo pero no destinarlo para el consumo humano, pues está probado que los transgénicos generan resistencia a ciertos antibióticos. La ley federal de Bioseguridad no incluye obligaciones de vigilancia fitogenética de las importaciones de granos básicos, por lo que cada año entran miles de toneladas de cultivos procedentes de los países que más transgénicos siembran en el mundo: maíz, trigo y arroz de Estados Unidos, soya de Argentina y ahora maíz de Sudáfrica.

Otros sistemas productivos también están amenazados por erosión genética derivada de transgénicos en Chiapas: los productores de café orgánico rechazan la distribución de la variedad robusta que promueve AMSA, filial de Nestlé, empresa que tiene en proceso con la Secretaría de Agricultura la patente de una semilla transgénica para producir café soluble. Además en 2011 se autorizaron 12 mil hectáreas de soya transgénica para los municipios Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Villa Comaltitlán y Villaflores. (www.cibiogem. gob.mx/OGMs/Paginas/Permisos.aspx).

Los gobiernos federal y estatal tienen responsabilidad en la pérdida de la soberanía alimentaria, de las capacidades productivas del sector rural, de la erosión genética de las semillas nativas, patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y campesinos, regalo de México, para el mundo. Responsables por omisión, por no escuchar la demanda de los productores por declarar todo México como centro de origen del maíz y otros cultivos, y en vez de promover el reconocimiento a los campesinos como custodios de la diversidad agro-biológica, se acepta sin problemas la importación de maíz de Sudáfrica y su distribución en Chiapas.

Sudáfrica no sólo es país productor de semillas transgénicas de maíz, trigo, algodón, soya y sorgo, sino que incluso es un paraíso fiscal para las empresas del ramo, por permitirse la importación de transgénicos de otros países para su posterior distribución en África, y ahora en México, tal como lo denunciaron Amigos de la Tierra Uruguay y el Centro Africano para la Bioseguridad de Sudáfrica en 2003, por la importación de maíz transgénico procedente de Uruguay: la carga de maíz transgénico incluía cuatro variedades –MON810, T25, Bt11 y Bt176– de las cuales sólo MON810 había sido aprobada para su uso comercial en Uruguay, aunque su aprobación data de junio de 2003.

Chiapas no necesita este maíz sospechoso de ser transgénico; lo que se necesita es reconocer el trabajo campesino de hombres, mujeres y niños que, sin perseguir un ingreso económico, cada año seleccionan el maíz por color, tamaño, dureza y raza.Un reconocimiento al trabajo de las mujeres y hombres de maíz, que se vea remunerado en sus ingresos económicos, en el medio ambiente de sus territorios, en sus tierras de cultivo.

Para frenar la introducción de maíz sospechoso de ser transgénico por provenir de Sudáfrica, los productores de Chiapas habrán de rechazar este maíz importado por

* Documento consensuado con la Red Maíz Criollo Chiapas, organización integrante de la Campaña Sin Maíz No Hay País

RESPETEMOS AL MAÍZ, PIDE DOÑA AMALIA

“El maíz es nuestra vida. Mi abuela murió cuando yo era niña, pero mi abuelo me enseñó a respetar mucho el maíz; cuando se caía, teníamos que juntarlo granito por granito, no debíamos pisarlo porque era sagrado. En noviembre teníamos que ir a cosechar maicito aquí en Xochimilco a la ciénega. Íbamos en canoas, salíamos a las cinco de la mañana en medio de un frío tremendo. Llevábamos un bracero con carbón y ni eso me calentaba. Yo iba nada más a cuidar la canoa. Ellos se metían a pizcar, llegaban con los primeros costales de maíz, los primeros los sacan con todo y hoja, para deshojar para los tamales. Agarré una mazorca, la abrí y empecé a acariciar el cabellito y me hice a la idea que era una muñeca y lo abracé. Mi abuelito me vio y me dijo que me enseñaría a hacer muñecas con hoja de maíz, y así lo hizo después de un tiempo”. Su habilidad para hacer muñecas de maíz llevó a doña Amalia a participar en 2010 en

un evento realizado en el Instituto Smithsoniano, de Washington, como parte de las celebraciones del bicentenario de la Independencia de México. Allí, como parte de un grupo de 135 artesanos y músicos de nuestro país, expuso sus muñecas hechas de hojas, olotes y cabellos de maíz, y mostró cómo se hacen las tortillas, cómo se pone el nixtamal. Lo único que la entristeció fue que los visitantes, a aunque querían, tenían prohibido probar la comida expuesta, “pues así lo dicen las leyes de Estados Unidos”. A los 40 años de edad, en un mismo año doña Amalia quedó viuda y murieron sus padres y su suegra. “Entonces, dedicada siempre a mis hijos, queriéndolos sacar adelante, que tuvieran una carrera, le aumentaba yo a los tlaxcales (gorditas de maíz) para que fueran una fuente más rica de alimento; a ese elote que estaba aguadito todavía (entre tierno y maduro) le agregaba avena, amaranto, ajonjolí, huevo y canela molida, y entonces ya con eso era un alimento muy nutritivo. Era para el desayuno y el itacate para la escuela”. Desde entonces y a la fecha ella ha ideado una serie de platillos con maíz y con otros alimentos que la naturaleza provee –como el Huyxopantlaxcalli, que es una tortilla de huevo con hierbas silvestres del verdor, como xocoyoles, vinagreras, quelites, lechuguilla, amaranto, hoja santa y más, preparados con

FOTO: Lourdes E. Rudiño

oña Amalia Salas Casales, xochimilca de 76 años de edad, representa, como ella misma lo dice, “a la mujer mexicana”, y lo hace en toda su extensión, por su origen campesino e indígena, su apego a la tierra, su activismo y lucha de décadas –primero para sacar adelante a sus diez hijos y luego para defender causas sociales–, pero sobre todo por el cariño que le tiene al maíz.

Y es que el maíz “es el primer alimento para nosotros. Es muy sagrado. Con el maíz se hace atole, pinole, tamales, muchas cosas. Aunque no haya más, el maíz nunca debe faltar”.

aceite de oliva, avena, harina y ajonjolí–, y a partir de que el gobierno de Carlos Salinas expropió tierras ejidales de Xochimilco, para construir el mercado, el parque ecológico y el embarcadero de Cuemanco, ella se involucró también en varias luchas sociales. “Cuando nos expropiaron el ejido, lo que yo quería era defender nuestra madre tierra; me preguntaba qué voy a hacer para mis diez hijos, y para mis nietos (que hoy suman 19 más 14 bisnietos). Entonces participé en actividades de los 500 años de resistencia, anduve con Marcos en Chiapas, viajé a muchos lugares, y me di cuenta allí del valor tan grande que tenemos en México, pues en todas las comunidades respetan al maíz, no sólo nosotros los nahuas, también los otomís, los rarámuris, y lo mismo ocurre con el amaranto”.

También participa activamente en la lucha por la identidad de los pueblos y barrios indígenas, por defender la gastronomía tradicional, por el libre acceso a los centros ceremoniales indígenas, por los derechos de los campesinos, por la preservación del agua, además de promover activamente la lectura… Eso, además de atender su venta de planta de flores en Cuemanco y dar sanaciones y limpias a las personas por medio del uso de flores. Una de sus hijas, Rosalinda, y su nieta Ariedna, son sus herederas en el conocimiento artesanal de las muñecas de maíz. A doña Amalia le preocupa la forma de vida actual –el desdén de algunos hacia lo tradicional, y hacia la tierra como proveedora de alimentos; el avance de la comida chatarra y las enfermedades asociadas; la cultura del desperdicio; y la apatía ante problemas sociales como la deforestación y la creciente carencia de agua–, y le preocupa el avance de tecnologías como la transgenia. Ella acudió en fechas recientes a un evento en Guadalajara, donde estuvieron representantes de Monsanto, y los encaró para defender a los maíces nativos. “Les dije que el maicito cuida a los niños de los aires, y su cabellito se toma como té y sirve para aliviar los riñones. Les dije que la tecnología no sirve de nada cuando se presentan catástrofes como la del tsunami en Japón” (Lourdes Edith Rudiño).

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SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN DE GARANTÍA, MECANISMO DEMOCRÁTICO PARA VALIDAR PRODUCTOS ORGÁNICOS • Su uso, en mercados locales y nacionales permitirá expandir la producción y comercio de cultivos inocuos

Por ejemplo, hay una oferta limitada –hay cultivos o alimentos que los consumidores desearían conseguir de forma orgánica, pero no están disponibles–, y los consumidores quieren tener una garantía, una certeza, de encontrar productos realmente orgánicos. Estas consideraciones han estado en la mente y en la actividad de los promotores de cultivos orgánicos, y una respuesta que se está encontrando es la “certificación participativa”, también llamada certificación alternativa, o más recientemente “sistemas participativos de garantía (SPG)”, como los denomina la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) . Los SPG son sistemas que están aún en proceso de definición (y que tienen mecanismos y normas muy diferenciados, considerando la diversidad de productores, regiones y mercados), pero vienen a ser el esquema de garantía para los productos orgánicos que se venden en los mercados nacionales y locales, y por tanto tienen el potencial para genera mayor producción, oferta diversificada y comercialización de orgánicos y fortalecen los vínculos entre productores y consumidores. Ello, mientras que por otro lado continúan vivos los sellos de calidad orgánica que otorgan las llamadas agencias certificadoras –obviamente a cambio de un pago por servicios–, que hoy día siguen siendo indispensables cuando el producto es para exportación. Entre tales agencias certificadoras predominan las internacionales, como OCIA, Bioagricert, Quality Assurance Internacional y Farm Verified Organic-Internacional Certification Services, aunque también hay nacionales, la más conocida es Certimex, todas las cuales desde hace varios años realizan una labor de certificación de café y miel orgánicos mexicanos de exportación. Fidel Mejía Lara, agricultor, agroecólogo y promotor del Foro Tianguis Alternativo de la Ciudad de México Colectivo Tejiendo Redes entre el Campo y la Ciudad, hizo una exposición al respecto en el propio tianguis, y explicó que en América Latina promotores orgánicos han realizado foros para hablar sobre este asunto de la certificación”, y allí se ha cuestionado qué tan válido es pagar un servicio para tener un reconocimiento de la calidad orgánica de los productos. Hemos llegado a la conclusión de que a quien debe-

mos dar cuentas y garantía es a quien vamos a entregar nuestro producto, es decir a los consumidores”. “Entonces (con los SPG) los consumidores son los garantes, a través de un proceso práctico y técnico, y dan fe de que los productores están trabajando bajo el esquema de los estándares orgánicos, sin necesidad de que éstos pasen por el viacrucis que implica la certificación por agencia”, misma que implica mucha burocracia, comprobantes, resúmenes y una serie de documentos que muchos productores no pueden cubrir, pues hay gente que no sabe leer ni escribir. Ello, además del pago, que puede ser de 15, 20 o 30 mil pesos por hectárea al año. Así, los SGP surgieron en Latinoamérica, y Brasil es el pionero. Estos SGP lograron un reconocimiento por parte del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) y de IFOAM, luego de una reunión realizada en 2004, en Río Grande del Sur, Brasil con representantes de productores orgánicos de 21 naciones del subcontinente y otros europeos, donde se habló de la urgencia de que los productores, sobre todo los de pequeña escala, tuvieran la posibilidad de contar con mecanismos de certificación nuevos no burocráticos ni costosos que les permitieran el acceso a los mercados locales. Los SPG “se diferencian de la certificación de tercera parte o de agencias en que cumplen con las normas orgánicas, pero mantienen procedimientos de verificación simples, mínima burocracia y costos mínimos, y normalmente incluyen un proceso educacional y control social que involucra a los actores de la cadena productiva (productores y consumidores). Esta forma de certificación no tiene un costo directo al productor, tiene características distintas a los sistemas internos de control (SIC) y no tiene como meta la exportación de los productos”, señaló Fidel Mejía. En la práctica, los SPG establecen la posibilidad de que productores vecinos o grupos de consumidores, o incluso técnicos realicen “acompañamientos”, que no inspecciones propiamente dichas, en los predios de los productores orgánicos , para verificar que realmente cumplen con las medidas necesarias para denominar “orgánicos” sus cultivos. Y eso, sin que haya un cobro de por medio. “Algunos de los principios de los SPG son que debe haber honestidad y responsabilidad de todos los productores para producir bajo las normas de la agricultura orgánica (…) Los acompañamiento permiten tener credibilidad y confianza de los consumidores sobre las técnicas de producción orgánica que se aplican; asimismo, que se establezca una relación directa de intercambio, conocimientos y experiencias entre los involucrados

FOTO: Lourdes E. Rudiño

i bien es cierto que el interés de muchos agricultores y consumidores está en impulsar los alimentos inocuos, libres de agroquímicos, más saludables y amigables con el medio ambiente, y que por ello la producción y los espacios de comercialización de orgánicos están creciendo, también es verdad que hay una serie de obstáculos y retos que limitan esta tendencia.

Fidel Mejía, promotor del Foro Tianguis Colectivo Tejiendo Redes entre el Campo y la Ciudad.

y se genere una solidaridad, igualdad y convivencia social que permita una relación justa y democrática, además de que exista transparencia en el proceso de acompañamiento”, señaló Mejía Lara. Comentó que hoy sólo cinco países en el mundo tienen autorizado oficialmente, por medio de legislaciones, este sistema de certificación social. “Eso implica una corresponsabilidad del Estado con los productores que asumen esta posición”. El primer país que obtuvo una legislación a favor de la certificación social de productos orgánicos fue Brasil. Y a él se han sumado Bolivia, Costa Rica, Uruguay y México. Sin embargo, en México la Ley de Productos Orgánicos aún no cuenta con su reglamento, y no hay en la ley un reconocimiento expreso a un sello de SPG. De cualquier manera, los productores pueden generar localmente sus sellos. Según Mejía Lara, preocupa el hecho de que la autoridad que debe dar seguimiento a esta ley y fortalecer los mecanismos de los SPG en México, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Secretaría de Agricultura, es el mismo que atiende las peticiones de permisos de cultivos transgénicos, tecnología que resulta absolutamente contraria a la producción orgánica. Por lo pronto, el proceso de SPG está en marcha. Por ejemplo, María de Jesús Bernardo, de la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco (RASA), comenta que esta organización –que asocia a 300 familias productoras orientadas a lo orgánico, en 15 municipios del estado– cuenta con un comité “donde estamos estableciendo los criterios y las normas agroecológicas que van a regir dentro del mercado orgánico en Jalisco, por medio de la certificación participativa. Con base en las experiencias vivas de la gente de otros mercados, sobre todo el de Porto Alegre, de Brasil –que abarca como 20 calles y tiene trabajo y experiencias de 40 años– estamos impulsando esta propuesta de certificación para un mercado, que pensamos abrir dentro de poco”. Este comité, dijo, esta trabajando con toda una lista de campesinos, haciendo sus propios procesos de inspección, sus propios instrumentos, para poder certificar y garantizar. Estamos ahorita formando un

comité regional que va a tener la capacidad de certificar a muchos productores pequeños, bajo el precepto de la confianza. Y no cuesta nada. De acuerdo con Fidel Mejía, los SPG permiten “el empoderamiento de todos los participantes; reducir la burocracia de los procedimientos oficiales de certificación (con agencias), y fortalecer la relación productorconsumidor y campo-ciudad. Asimismo, facilitan el desarrollo de los mercados locales y reviven los principios de la agricultura natural, ecológica, que siempre practicaron nuestros antepasados” (LER).

Evento: Fandango Manifestación Son por la Tradición. Organiza: Son por la Tradición. Lugar y fecha: Zócalo capitalino, 21 de enero, de 10:00 a 18:00 horas. Informes: www.sonporlatradicion.org

Agenda 2012: Colección de imágenes inéditas- http://www.tlachinollan. org/Invitaciones/agenda-tlachinollan-2012.html

Libro: Plan de Ayala para el siglo XXI. Coordinador: José Martín Velázquez Pérez. Editores: PRD, CNPA, UPM y Secretaría de Trabajadores del Campo, Desarrollo Rural y Pueblos Indios del PRD.

21 de enero de 2012

͌EL CAMPO NO AGUANTA MÁS. EL PAÍS TAMPOCO! ¡Por un cambio verdadero del modelo agroalimentario y por un gobierno progresista! Llamado a construir el Plan de Ayala para el Siglo XXI, a acordar un PACTO SOCIAL PARA EL CAMPO dentro de un nuevo proyecto de nación, y a parƟcipar con desición en las elecciones presidenciales a fin de conquistar un gobierno progresista. El pasado 28 de noviembre de 2011 en Ayoxuxtla, Puebla, un conjunto amplio y plural de organizaciones campesinas e indígenas y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) nos reunimos para conmemorar el centenario de la promulgación del Plan de Ayala por el General Emiliano Zapata y el Ejército Liberador de Sur y para hacer un llamado al pueblo de México a construir entre todos y todas y desde abajo el Plan de Ayala para el Siglo XXI, a luchar unidos por un nuevo PACTO SOCIAL PARA EL CAMPO en el marco de un nuevo proyecto de nación y a conquistar un gobierno progresista en las elecciones presidenciales del 1º de julio de 2012. Es por esto que las organizaciones campesinas, indígenas y sociales abajo firmantes, desde nuestra autonomía y pluralidad y con plena independencia de los parƟdos políƟcos, hemos decidido unir nuestras fuerzas y marchar juntos hacia la transformación del país y convocar a los campesinos y campesinas, a los pueblos indígenas, a los jornaleros agrícolas, a las mujeres y jóvenes rurales, a los y las migrantes, a los afrodescendientes, y a las organizaciones populares y movimientos sociales del campo y la ciudad, a los estudiantes, académicos, invesƟgadores, intelectuales, arƟstas y ciudadanos de a pie a construir juntos, entre todos y todas y desde abajo, el Plan de Ayala para el Siglo XXI y a organizarnos a lo largo y ancho de la geograİa rural de nuestra patria para impulsar un nuevo PACTO SOCIAL PARA EL CAMPO que sea firmado por la más amplia coalición de fuerzas campesinas, indígenas y sociales de México con las fuerzas políƟcas progresistas del país encabezadas por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de las fuerzas progresistas del país, el próximo 10 de abril, en que conmemoraremos combaƟvamente el 93 aniversario del asesinato del General Emiliano Zapata comeƟdo por las fuerzas federales de VenusƟano Carranza. Las organizaciones y comunidades campesinas, indígenas y sociales que signamos este documento hemos decidido consƟtuirnos en sujetos de un proceso desde abajo, que se propone reconstruir nuestra sociedad desde sus mismas bases por medio de la resistencia y la construcción de un nuevo proyecto de nación con base en la jusƟcia, la dignidad, la solidaridad, la equidad, la parƟcipación, la diferencia, la inclusión, la sustentabilidad y la paz. Para esto nos comprometemos a transformar la relación con nosotros mismos, con el resto de la sociedad, con el Estado y con la naturaleza. Necesitamos impulsar cambios de fondo en la vida social, económica y políƟca de México. Luchar por una mayor democraƟzación, jusƟcia social y libertades. Para lo cual es necesario luchar a favor de que México tenga un gobierno progresista que deje atrás a los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Llamamos a campesinos y campesinas, indígenas, jornaleros agrícolas, mujeres y jóvenes, migrantes, afrodescendientes, y en general, de la población rural del país,

a construir el nuevo Plan de Ayala para el Siglo XXI con la palabra de todos y todas y a lo largo y ancho de nuestro México rural, con base en los siguientes

Ɵzales, biodiversidad, etcétera, sino al rescate y enriquecimiento de los mismos para poder heredar algo mejor a las generaciones futuras.

DOCE PUNTOS PARA LA DISCUSIÓN, ENRIQUECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN ENTRE TODOS Y TODAS Y DESDE ABAJO DEL PLAN DE AYALA PARA EL SIGLO XXI

El campo, los campesinos y pueblos originarios serán considerados como prioridad del nuevo proyecto de nación y un asunto de la seguridad nacional y humana. Se reconocerán y resƟtuirán los derechos y la dignidad –valores fundamentales de los campesinos y campesinas, de los pueblos originarios y los jornaleros agrícolas, de los migrantes, mujeres y jóvenes rurales– para la construcción de un nuevo proyecto de nación y de un nuevo PACTO SOCIAL PARA EL CAMPO y como sujetos plenos de derecho, reconociendo nuestra autonomía y calidad de sujetos producƟvos. Lucharemos por eliminar el clientelismo y el corporaƟvismo en la relación del Estado con la sociedad rural, promoviendo el desarrollo de la ciudadanía, la inclusión y el respeto pleno de los derechos humanos, y para que se reconozca nuestra capacidad de autoorganización, autogesƟón y autonomía como sujetos rurales.

Pugnaremos por el fortalecimiento de la propiedad social de la Ɵerra y los recursos territoriales de ejidos comunidades, pequeños propietarios y pueblos originarios, reverƟendo la contrarreforma agraria salinista y reconociendo los derechos, autonomía y capacidad de manejo sustentable de los recursos naturales por las comunidades campesinas e indígenas del país. Se establecerá una moratoria a los megaproyectos en zonas campesinas e indígenas hasta en tanto no sean concertados con ellas en el marco del interés público y del interés y los derechos de las propias comunidades. Al mismo Ɵempo, se revisarán todas las concesiones mineras otorgadas en la úlƟma década a efecto de garanƟzar el cumplimiento de las leyes, escuchar la opinión de las comunidades, observar si hay afectación al medio ambiente y a los ingresos públicos. Se evitarán las tendencias a la privaƟzación de los terrenos campesinos y las concesiones a empresas privadas. Es importante que las asociaciones campesinas se fortalezcan manejando sus propios organismos de ahorro, préstamos, crédito, comercialización, capacitación, proyectos de mujeres y otros servicios que requieren las comunidades. Pugnamos por un campo donde todos los Ɵpos diversos de productores y comunidades tengan cabida y oportunidad para desarrollarse según

sus propias referencias y no impidan el desarrollo de otros: los pueblos indios y los agricultores modernos, capitalizados; los campesinos tradicionales, de temporal y los pequeños empresarios agrícolas; los jornaleros agrícolas y las empresas sociales.

La soberanía alimentaria, el derecho a producir nuestros propios alimentos, el derecho al trabajo, el derecho a no migrar y el derecho humano a una alimentación sana, suficiente y culturalmente apropiada consƟtuirán la nueva base de las políƟcas agroalimentarias y de desarrollo rural del país. Se establecerá un sistema de precios remuneraƟvos para los productos de los campesinos e indígenas y acceso al crédito e insumos. Se renegociará el TLCAN a efecto de rescatar la soberanía nacional en nuestro sistema agroalimentario y garanƟzar la seguridad alimentaria del país y la plena realización del derecho a la alimentación para toda la población rural y urbana. Se promoverá la autosuficiencia alimentaria sustentable y de materias primas estratégicas, prioritariamente a través de la agricultura en pequeña y mediana escala, y el reconocimiento de la enorme y rica diversidad de sistemas agrícolas, promoviendo la producción para el autoconsumo e impulsando una políƟca de acceso universal al crédito, seguro, asistencia técnica y servicios financieros rurales apropiados, de proximidad, de propiedad y gesƟón social. Se regularán los precios y se establecerá un sistema de precios mínimos garanƟzados, reservas públicas de alimentos y se prohibirá la siembra de maíz transgénico en nuestro país, porque sin maíz no hay país.

Se promoverá como políƟca de Estado la agroecología, el manejo comunitario sustentable del agua y los demás recursos naturales así como la protección de la biodiversidad. Se impulsarán políƟcas amplias para el mejoramiento de los suelos, de reforestación comunitaria y otras medidas que contribuyan a mejorar el medio ambiente y a disminuir los efectos negaƟvos de la mayor variabilidad climáƟca. Un proyecto social y generacionalmente responsable en el manejo de los recursos naturales, orientado no sólo a la conservación de la dotación de suelo, aguas, bosques, pas-

PLAN DE ACCIÓN ENERO ͳ ABRIL

ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL:

Para construir desde abajo y entre todos y todas el Plan de Ayala para el Siglo XXI y organizarnos a lo largo y ancho del campo y fortalecer nuestras acciones para contribuir a ganar las elecciones presidenciales del 2012, proponemos el siguiente plan de acción de enero al 10 de abril de 2012, fecha en que firmaremos el nuevo PACTO SOCIAL PARA EL CAMPO, con base en el Plan de Ayala para el Siglo XXI, con el Frente Progresista, Morena y su candidato a la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador:

-Difusión amplia de la presente convocatoria en todos los ejidos, comunidades, organizaciones sociales del campo y de la ciudad, académicos, intelectuales, arƟstas, medios de comunicación, ciudadanos de a pie. -Realización de foros, encuentros, talleres, reuniones, seminarios para la discusión y enriquecimiento del Plan de Ayala para el Siglo XXI en todas las organizaciones, ejidos y comunidades; a nivel local, municipal y estatal. -Vinculación con el Morena para difundir el nuevo

Se reconocerá el carácter mulƟfuncional de la agricultura y de la gesƟón de los territorios rurales, promoviendo el desarrollo integral a parƟr del control, autoorganización y manejo de las comunidades campesinas, indígenas y de pequeños propietarios. Se garanƟzará el acceso a recursos producƟvos para las comunidades rurales y, en especial para mujeres y jóvenes rurales, para asegurar la equidad, el empleo producƟvo y la plena realización de los derechos humanos en el medio rural. Un proyecto que promueva el asociacionismo en todas sus formas, que fortalezca los esfuerzos en marcha de economía social y solidaria, por ejemplo, de cooperaƟvas de producción, de comercialización, de cajas de ahorro, de fondos solidarios, etcétera. Un proyecto que promueva el desarrollo de acƟvidades producƟvas no agropecuarias para diversificar la economía del medio rural, tales como el turismo alternaƟvo, el desarrollo de pequeñas empresas de servicios, o la transformación de productos primarios.

nuevo modelo de relaciones humanas y de civilización basado en el respeto y el amor a todas las personas, el cuidado de la naturaleza, la primacía del interés general sobre el provecho individual, la sobriedad y el apoyo para que todas las comunidades y las personas se consoliden, florezcan y realicen al máximo sus potencialidades en la libertad y en la paz.

12.

Consideramos que para lograr la plena realización de nuestro Plan de Ayala para el Siglo XXI y el efecƟvo cumplimiento de un nuevo PACTO SOCIAL PARA EL CAMPO, requerimos no solamente un nuevo proyecto de nación sino de un gobierno progresista, nacionalista, social, garante de los derechos humanos y con fortaleza económica –es decir, un gobierno de izquierda– para impulsar otro sistema políƟco, económico, agroalimentario, social y ambiental que responda a las necesidades del pueblo y de la nación y sea capaz de regular los mercados y desmantelar los monopolios y las prácƟcas anƟcompeƟƟvas. Necesitamos rescatar al Estado y al gobierno, con nuevas políƟcas públicas, programas y servidores públicos compromeƟdos con el desarrollo del campo y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las familias campesinas e indígenas.

ATENTAMENTE

¡Salvemos al campo para salvar a México! ¡Regeneremos a México para salvar al campo! ¡ParƟcipemos y decidamos el rumbo del campo y del país! ¡Sin maíz no hay país! ¡Viva el Plan de Ayala!

Por un proyecto que le apueste al desarrollo de capacidades comunitarias, sociales y personales como recurso básico para lograr los diferentes Ɵpos de desarrollo y no a la dependencia de los apoyos gubernamentales. Donde los subsidios, valga la redundancia, se apliquen bajo el principio de la subsidiariedad: nunca para susƟtuir la iniciaƟva o el esfuerzo personal o comunitario; siempre para quitarle a éstos los obstáculos o para equilibrar situaciones asimétricas. Un proyecto que revalore los aportes del campo a la ciudad, para que los habitantes de ésta reciban saƟsfactores accesibles y de calidad y paguen con gusto lo que realmente valen.

Un proyecto que combine lo mejor de los saberes tradicionales y lo mejor de las nuevas tecnologías en las acƟvidades producƟvas y en el manejo de los recursos naturales. Que permita el rescate de técnicas, de semillas, de plantas, de especies tradicionales o autóctonas a la vez que promueva la adopción razonada y adaptada de nuevas tecnologías.

Un proyecto que dinamice la economía del medio rural mediante la dotación de infraestructura social, de comunicaciones y producƟva impulsada por la inversión pública: escuelas, caminos, centros de salud, centros culturales, planteles de capacitación y actualización, etc.

10.

Un proyecto que contribuya decisivamente al reconocimiento y la reivindicación efecƟva de los derechos de las mujeres en todos los aspectos de la vida en el medio rural.

11.

Nos comprometemos a ser portadores y portadoras de un

proyecto de nación y la plataforma electoral, así como para contribuir al fortalecimiento de la organización y parƟcipación de la sociedad rural en la promoción y defensa del voto en la jornada electoral del 1º de julio de 2012.

FEBRERO: -13 de febrero: ParƟcipación en el Foro TemáƟco Rescate del campo y soberanía alimentaria, en Culiacán, Sin. -15 de febrero: ParƟcipación en el Foro TemáƟco Derechos y Cultura de los Pueblos Originarios, en Oaxaca, Oax.

¡Zapata vive. La lucha sigue! Organizaciones firmantes: Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC),Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Frente DemocráƟco Campesino de Chihuahua (FDC), Movimiento Agrario Indígena ZapaƟsta (MAIZ), Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP), Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA Nacional), Central Campesina Cardenista (CCC), Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP–El Barzón), Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), CooperaƟva Tosepan Titataniske (CTT), Unión Campesina ToƟkes (UCT), Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias Con AlternaƟvas (Comcausa), Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra

MARZO: -10 de marzo: Encuentro Campesino Sur, en San Cristóbal de las Casas, Chis. -17 de marzo: Encuentro Campesino Norte, en Zacatecas. -24 de marzo: Encuentro Campesino Binacional, en Los Ángeles, Calif.

ABRIL: -10 de abril: Encuentro Nacional Campesino/Morena/ Frente PatrióƟco/AMLO para dar a conocer el Plan de Ayala para el Siglo XXI y firmar un nuevo PACTO SOCIAL PARA EL CAMPO, en la Ciudad de México o Morelos.

21 de enero de 2012

APROBAR LA LPSSAN, DEMANDA CAMPESINA A SENADORES • La pobreza, emigración e inseguridad alimentaria son justificantes, dicen en presentación de libro de Víctor Suárez

a presentación del libro Política públicas para la agricultura mexicana, de Víctor Suárez Carrera (Editorial Itaca, 2011), realizada en un salón del Senado de la República el 7 de diciembre pasado, sirvió para que representantes campesinos exhortaran a los legisladores a votar ya la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (LPSSAN), la cual se ha mantenido “congelada” en la Cámara alta desde 2006, luego de que fue votada favorablemente ese año por la Cámara de Diputados. Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), y Max Agustín Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), protagonizaron tal exhorto, y el perredista Antonio Mejía Haro, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, dio una respuesta inmediata: “si (una minuta) no es dictaminada, se puede turnar también directamente al pleno. En febrero, en el próximo periodo vamos a presentar una excitativa y, de no tomarse cartas en el asunto, vamos a solicitar que se vaya al pleno la discusión y allí vamos a ver de qué están hechos cada una y cada uno de los senadores, si están con el campo o con los intereses de las trasnacionales”. Alberto Montoya Martín del Campo, vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales y prologuista del libro, recordó que la minuta de la LPSSN surgió como resultado del Acuerdo Nacional para el Campo, de 2003, el único acuerdo firmado por el gobierno de Vicente Fox con organizaciones de la sociedad civil. Dijo que hay motivos para que tal ley sea aprobada con un sentido de urgencia: “La dependencia alimentaria es creciente; cada año debemos alimentar un millón de bocas

adicionales. No podemos permanecer en una actitud irresponsable y estática”. La necesidad de políticas para el campo con base en un plan prospectivo (a 24 años) y con presupuestos multianuales como lo plantea la minuta de ley, se justifica pues, dijo Montoya, el desarrollo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha propiciado un desplome en la rentabilidad del campo, con una pérdida de seis millones de empleos y miles y miles de productores sufren a grados tales que en algunos casos han incluso dejado de producir y han acelerado su emigración a Estados Unidos. “Con las divisas que ellos (los migrantes rurales) envían, estamos importando alimentos, al tiempo que tenemos siete millones hectáreas sin cultivar en México. Esto es irracional e injusto. Hay una afectación a millones de jóvenes que sufren una violencia multidimensional y que son las víctimas directas e indirectas del crimen organizado. Y mientras, hay una expansión de corporaciones globales, que son las que controlan los procesos de producción, almacenamiento y comercialización de alimentos en partes significativas”, afirmó y citó también información reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), relativa a que en el subcontinente sólo México y Honduras registran crecimiento en la pobreza, sobre todo en la rural, y eso “es una irresponsabilidad porque tenemos los recursos, la gente y las condiciones” para producir alimentos y bienestar social. Víctor Suárez, autor e un impulsor principal de la LPSSAN cuando fue diputado federal, en la Legislatura LIX (2003-06), dijo que la fracción parlamentaria de Acción Nacional (PAN) y varios legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) son irresponsables y se han negado a darle

viabilidad a esa ley, y por tanto son culpables, junto con el Poder Ejecutivo, de que la producción agrícola del país siga estancada y que la pobreza y el hambre, que afectan al medio rural sobre todo, estén aumentando. “Mientras en Brasil han logrado sacar a 28 millones de la pobreza, en México hemos sumido a 10 millones en ella. En los dos países vivimos las mismas condiciones de globalización, pero en Brasil hay voluntad política para avanzar contra el hambre”, como lo demuestran su programa Hambre Cero y una serie de herramientas de política de Estado que han surgido por propuesta de la sociedad civil, pues en ese país hay un Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, compuesto en dos terceras partes por miembros de la sociedad y un tercio por representantes del gobierno. Ese Consejo, con representaciones locales, propone, orienta y evalúa las política agroalimentarias; además, hay una Ley de Agricultura Familiar, hay un consejo interministerial para los temas de seguridad alimentaria y nutrición, y el país está a punto de dar un paso más con el programa Brasil sin Miseria enfocado a atender en los próximos cuatro años (en el gobierno de Dilma Roussseff) a 16.5 millones de brasileños que están en la indigencia, “y lo van a lograr”, dijo Suárez. Consideró clave la participación de la sociedad en las decisiones e implementación de las políticas públicas en Brasil. “El tema de la democracia es fundamental”. Y lamentó

que en México gente en el poder, “neoliberales y tecnócratas”, frene la iniciativa de ley mencionada; “es vista como subversiva, comunista, cuando lo que pretende es que haya planeación y tengamos una visión de largo plazo. Pareciera que hablar de seguridad y soberanía alimentaria no es un tema de Estado sino es un tema de los mercados”. Señaló que la minuta de la LPSSAN “es un trabajo colectivo del movimiento campesino –de lo que fue El Campo no Aguanta más (Mecnam) y otras organizaciones– que es capaz de decir a los poderes que hay alternativas estructurales para resolver los grandes problemas de la agricultura y la alimentación”. Su no aprobación “es una falta de respeto y pérdida de energía social y de construcción colectiva”. El senador Mejía Haro mencionó datos que justifican avanzar en una reforma jurídica para el campo, y en particular en la aprobación de la LPSSAN. México, dijo, depende de importaciones en 48 por ciento de su abasto agrícola y de alimentos; la balanza comercial agroalimentaria es altamente deficitaria (de alrededor de seis mil millones de dólares en 2008); nuestro país es muy muy dependiente de la oferta de un solo país, Estados Unidos, el cual toma decisiones que han provocado crisis importantes, como fue en 2006-07 con el uso intensivo de maíz para etanol, que provocó un fuerte encarecimiento de la tortilla en México. Por tanto México es muy vulnerable ante la inseguridad alimentaria (LER).

HACIENDO MILPA, COMPENDIO DE EXPERIENCIAS CAMPESINAS DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD Organizaciones parƟcipantes en la primera Feria de Semillas NaƟvas, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en mayo de 2010, decidieron generar un compendio de experiencias y esfuerzos existentes en diversas partes del país para la conservación de semillas de culƟvos naƟvos de la milpa, en parƟcular el maíz. Como resultado, en noviembre de 2011 salió a la luz el libro Haciendo milpa. La protección de las semillas y la agricultura campesina, coordinado por Elena Álvarez-Buylla Roces, Areli Carreón García y Adelita San Vicente Tello, y editado por la UNAM y por Semillas de Vida, AC. El libro refiere que 70 por ciento de la producción agrícola nacional uƟliza ”semillas naƟvas que son producidas, mejoradas, salvaguardadas y adaptadas a los diferentes climas y necesidades agrícolas por los propios campesinos mexicanos”, y es tan vasto este proceso que aún al gobierno y a la academia les hace falta realizar mucho trabajo para poder profundizar en este conocimiento. La Unión Indígena Totonaca Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla; la comunidad huichol El Roble de Nayarit, el pueblo Teenek

de San Luis Potosí; campesinos del Lago de Pátzcuaro de Michoacán; la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, de Oaxaca, y 20 comunidades de los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, de Guerrero, entre otros, relatan en el libro, en voz de sus representantes y/o académicos, las experiencias que Ɵenen en el mantenimiento, el fortalecimiento y la revaloración de la riqueza colecƟva que representa la agro-biodiversidad mexicana. Y en buena parte los relatos abordan el senƟdo ritual y sagrado de la agricultura en las culturas indígenas. Además, redes de campesinos de Jalisco y Chiapas (la Red de AlternaƟvas Sustentables Agropecuarias, RASA, y la Red de Maíz Criollo, respecƟvamente) parƟcipan con propuestas de un enfoque agroecológico integral para la protección de las semillas, y el Grupo Vicente Guerrero, de Tlaxcala, muestra su camino como pionero en la adopción de técnicas agroecológicas y el resguardo de semillas, así como sus esfuerzos para proteger legalmente sus maíces criollos. “Este abanico es una muestra de la gran mulƟplicidad de experiencias, estrategias, propuestas y esfuerzos comunitarios que buscan resguardad la diversidad del maíz y las se-

millas, cada una acorde a su historia, a sus condiciones locales, sociales, económicas y ambientales, pero todas ellas con un propósito común: ‘proteger a nuestra planta sagrada’ y a una cultura que ha permanecido a lo largo de los siglos. Esta diversidad refleja la invaluable pluralidad de los pueblos indígenas y las manos de sus campesinos, que a lo largo de generaciones han dado lugar a la riqueza de maíces naƟvos mexicanos. Esta riqueza se manƟene y preserva gracias a una concepción diferente de relación que se establece entre la naturaleza y los seres vivos, y se puede resumir en un vocablo complejo: comunalidad”, dice el prólogo de este volumen. Además de las experiencias campesinas compendiadas –que, se aclara, son sólo una muestra de lo que existe en México, no son todas–, el libro incorpora un texto de Alejandra Celeste Dolores que detalla las semillas de café, guanábana, frijol, calabazas y diversos maíces, que fueron presentados en la mencionada Feria de Semillas NaƟvas, la cual, cabe decir, ocurrió en el marco del Año Internacional de la Biodiversidad, celebrado en la Universidad con una serie de festejos denominados “La milpa: baluarte de nuestra diversidad”. El libro incluye el pronunciamiento dado en la Feria y textos de las coordinadoras del documento (LER).

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del estado con relación a la adquisición de tierras por extranjeros, y el combate a los monopolios en el sistema agroalimentario.

Sí se puede

A I R A T N E M I SEGURIDAD AL EN BRASIL

FOTO: Ekaterina Krasnikova

DE S E N O I S U L C N O C A I C N E R E F N O C UNA ALENTADORA

1. La Cuarta Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional reunida en la ciudad de Salvador (Bahía), del 7 al 10 de noviembre de 2011, con mil 662 delegados y delegadas de la sociedad civil y gubernamentales, electos en conferencia municipales, territoriales y estatales realizadas en todo el país, proceso que involucró a cerca de 75 mil personas y representantes de más de tres mil municipios. A ellos se juntaron 400 invitados nacionales y extranjeros de todos los continentes (...) 2. La Conferencia debatió y deliberó sobre propuestas orientadas a proteger, promover, respetar y promover el derecho humano a una alimentación adecuada y saludable en Brasil y el mundo, derecho fundamental y universal previsto en la Constitución brasileña. Su importancia se ve incrementada en un momento en que el mundo sufre las consecuencias de varias crisis interrelacionadas (económico-financiera, alimentaria, ambiental, climática, energética y política), algunas de ellas agravadas desde el diagnóstico realizado en la Tercera Conferencia Nacional, en 2007. El encarecimiento de los precios de los alimentos, el desempleo y los recortes presupuestarios en los programas sociales incrementarán aún más el número de hambrientos y personas desprotegidas en el mundo. Eventos climáticos también han afectado, con mayor gravedad, tanto las condiciones de la vivienda como las capacidades de producir alimentos de los más pobres. 3. Afirmamos que todos los siete mil millones de habitantes del planeta tienen derecho a una alimentación adecuada y saludable todos los días y a estar protegidos contra el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria y nutricional. La capacidad de acceso a dicha alimentación es limitada o nula para mil millones de personas, de las cuales tres cuartas partes se encuentran viviendo en el medio rural. El modelo hegemónico de producción, comercialización y consumo de alimentos y los instrumentos de su regulación no han sido capaces de asegurar dicho derecho y deben ser transformados. A pesar del enorme aumento de la capacidad de producción de alimentos en el mundo, vivimos una inaceptable situación al no haberse erradicado el hambre

de la faz de la Tierra, al mismo tiempo que sufrimos los impactos socio-ambientales y de salud de ese modelo hegemónico de producción y consumo. 4. La Conferencia reafirma la necesidad de profundos cambios en el orden internacional que regula la seguridad alimentaria y nutricional, por medio del fortalecimiento del Sistema de las Naciones Unidas y de espacios multilaterales con una activa participación de las organizaciones de la sociedad civil, como el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria. Todos los países deben buscar el tener aseguradas las condiciones para formular políticas nacionales soberanas e igualmente participativas orientada a la promoción del derecho humano a la alimentación adecuada y saludable. Esos deben ser los principales objetivos de la cooperación internacional entre países en desarrollo, reforzando el papel de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 5. Reconocemos y valorizamos el significativo avance ya conseguido en Brasil, en la movilización social por la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, así como en la formulación e implementación de políticas públicas intersectoriales y participativas, que permitirán reducir la miseria y ampliar el acceso a los alimentos. Es necesario seguir profundizando la democracia en nuestro país, y un proceso de desarrollo con distribución del ingreso, con participación y control social en la elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas. El camino que viene siendo practicado por Brasil es hoy reivindicado en las plazas públicas del mundo por los pueblos opuestos a la continuidad de políticas que privilegian a unos pocos y promueven la concentración del ingreso. Con ellos nos solidarizamos con nuestros corazones y mentes. 6. La trayectoria de democracia participativa emprendida por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), entre otros espacios de participación social, dio una decisiva contribución para materializar la decisión brasileña de enfrentar la crisis alimentaria con programas y acciones que buscan la soberanía y

la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto internacional adverso. 7. Una acción coordinada por la Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Caisan) permitió que se cumpliera la decisión presidencial de allegarnos el Primer Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, expresión de compromisos intersectoriales, englobando 19 ministerios, construido en consulta con el Consea. Las acciones previstas en el plan y otras iniciativas relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional, contando siempre con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, cumplen con un papel central en la realización de los objetivos previstos en el Plan Brasil sin Miseria. 8. Nuestro país aún se enfrenta con contradicciones y desafíos recurrentes de nuestra historia de desigualdad social, de marcas dejadas por el autoritarismo del Estado brasileño y de un sistema político que limita una representación democrática. 9. Están suficientemente demostrados los daños causados por el modelo agrícola concentrador de la tierra, por el monocultivo intensivo en agrotóxicos y los riesgos de la utilización de los transgénicos. Este modelo tiene, históricamente, una fuerte presencia en Brasil de tal manera que hoy es el mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo. La libre actuación de las grandes corporaciones, apoyada por una irrestricta publicidad de alimentos, ha generado efectos evidentes en la pérdida de soberanía alimentaria de los pueblos y también fenómenos cono el avance del sobrepeso y la obesidad y de otras enfermedades crónicas no transmisibles. 10. En nuestros documentos producidos por la Cuarta Conferencia Nacional, se encuentra un gran número de proposiciones que tienen como objetivo el perfeccionamiento de los programas y acciones, su monitoreo y control social. Destacamos que es preciso promover nuevas bases para un modelo de producción y consumo en Brasil, con fundamento en los principios de soberanía alimentaria, sustentabilidad, justicia social y climática y participación social, fortaleciendo el papel regulador

11. Cabe avanzar inmediatamente: en concretar el derecho a la tierra; en los programas de Reforma Agraria, reconociendo la función social de la tierra, en las dimensiones del trabajo sociocultural, económica y ambiental, conforme a la Constitución; en la garantía de los derechos territoriales y patrimoniales, y en el acceso a la tierra y los recursos naturales para los pueblos indígenas, incluyendo a los aldeados (pueblos indios reducidos en reservas, aldeas, misiones, en tiempos de la Colonia), quilimbolas y demás pueblos y comunidades tradicionales, como condición primordial para la garantía de la soberanía alimentaria y la realización del derecho humano a una alimentación adecuada y saludable. 12. Importa estructurar y priorizar sistemas de producción sustentables y diversificados de alimentos saludables con el fortalecimiento de la autonomía de la agricultura familiar y campesina, de pueblos indígenas y otros pueblos y comunidades tradicionales, así como garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad suficientes, reconociendo el papel estratégico de esas poblaciones en la conservación y uso sustentable de la agrobiodiversidad y como guardianes de nuestro patrimonio genético, y construir una Política y Plan Nacional de Agroecología. 13. Reconocemos el papel estratégico de las mujeres en la lucha por la garantía de la soberanía alimentaria y la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales. Es necesario asegurar su acceso a políticas públicas a fin de contribuir a la afirmación de su ciudadanía y de su autonomía política y económica. 14. Es urgente aplicar el principio de precaución, ratificado por el gobierno brasileño, y fortalecer el papel regulador del Estado, con una revisión de la Ley de Bioseguridad, en lo que se refiere a la producción y comercialización de productos y cultivos transgénicos; establecer el etiquetado obligatorio de todos los alimentos transgénicos, garantizando al consumidor el derecho a la información, y mantener la moratoria del gobierno brasileño al uso de la tecnología “terminator” (semillas estériles). 15. Es indispensable estructurar una política para reducir progresivamente el uso de agrotóxicos y prohibir inmediatamente el uso de aquellos que ya fueron prohibidos en otros países y que representan graves riesgos para la salud humana y el ambiente. 16. Reafirmamos el papel esencial y estratégico del Sistema Único de Salud para la consecución del derecho humano a la alimentación adecuada y saludable, con el fortalecimiento de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, mediante la universalización de acciones de alimentación y nutrición en los diferentes niveles de atención, considerando las necesidades alimentarias especiales y las especificidades étnicas y culturales, así como el alarmante crecimiento del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. 17. La política externa debe defender y respetar los principios del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y Salu-

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18. Los delegados de la Cuarta Conferencia acogen el Primer Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, elaborado por la Caissan, como un instrumento de planeación, gestión y ejecución de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la realización del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y Saludable. A partir del plan fueron elaboradas directrices para el monitoreo y la revisión periódica de sus objetivos, metas e iniciativas relativas a las políticas gubernamentales y las acciones de la sociedad. 19. Entre los desafíos del Plan, se destacan la necesidad de incorporar estrategias territoriales e intersectoriales y visiones articuladas a las demandas de las poblaciones, en la perspectiva de la universalización de los derechos, y con atención para las especificidades de los diversos grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y de inseguridad alimentaria y nutricional, respetando la diversidad social, cultural, étnico-racial, generacional y de la equidad de género. Para garantizar la efectividad del Plan, se deberán asegurar los recursos presupuestarios y financieros compatibles.

NEGOCIACIONES CLIMÁTICAS EN DURBAN:

DOS MODELOS AGRÍCOLAS CONTRAPUESTOS

(...) 25. La alimentación adecuada y saludable, reconocida como derecho humano fundamental y universal para todos y todas y como una obligación de Estado;

Raúl Benet

26. La soberanía y seguridad alimentaria y nutricional como eje estratégico del desarrollo socioeconómico del país, con base en la erradicación del hambre, la miseria y las desigualdades sociales, regionales, étnico-raciales y de género;

l 2011 estuvo marcado por graves catástrofes climáticas, con devastadoras consecuencias para millones de campesinos y comunidades pobres de África, el sudeste asiático y otras regiones del planeta.

27. La participación de la sociedad civil, garantizadas las condiciones para su efectiva realización, comprendida como el fundamento para el diálogo social, para la formulación, la ejecución, el monitoreo y el perfeccionamiento continuado de las políticas públicas de seguridad alimentarias y nutricional; 28. El fortalecimiento del papel regulador del Estado, que debe colocar la protección del derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria por encima de los intereses del mercado que violen estos principios; 29. La intersectorialidad en la concepción y gestión de las políticas públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), potenciando el alcance y efectividad de dichas políticas y permitiendo que se haga más y mejor en este campo; y, 30. El respeto y la garantía a los principios del etno-desarrollo como eje orientador de las políticas públicas de SAN, universales o específicas para los pueblos indígenas, población negra y pueblos y comunidades tradicionales, mediante políticas afirmativas de combate del racismo y de otras formas de discriminación. 31. Reafirmamos que el futuro de Brasil y del mundo depende de la profundización de la democracia participativa y redistributiva, para asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada, y la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. (Traducción: VSC).

Desempleado especialista en temas de medio ambiente, energía y cambio climático

Cerca de 13 millones de personas fueron desplazadas y llevadas al límite del hambre y la pobreza por las sequías en el llamado Cuerno de África. Rusia y Ucrania también sufrieron incrementos de temperatura e incendios sin precedentes que tuvieron significativos impactos en la producción y el precio de alimentos, mientras extensas zonas de Afganistán quedaron cubiertas por el agua en inundaciones que provocaron inmensas pérdidas de cosechas y fuertes impactos en hogares y parcelas. Los precios de los alimentos en Somalia, Kenia y Etiopía se incrementaron hasta 400 por ciento mientras que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el precio de los alimentos básicos durante los tres años pasados en todo el mundo llegó a un máximo histórico. En México, se decretó estado de emergencia en trece estados de la República por la pérdida de cosechas de maíz, frijol y otros granos, provocada por una sequía sin precedentes en 70 por ciento del territorio nacional, propiciando además un incremento considerable en el volumen de importación de granos básicos y en su precio. En ese contexto, la 17 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP 17), que tuvo lugar recientemente en Durban, Sudáfrica, puso a la agricultura en la mesa de las estrategias para la mitigación ante el cambio climático.

Estados Unidos, México y la Unión Europea, entre otros, plantearon la “oportunidad” de incluir a la agricultura dentro de la estructura de mecanismos de mercado tipo REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Suelos), de tal manera que las actividades agrícolas podrían estar inmersas en operaciones bursálites, bonos de carbono y fondos verdes que premiarían con recursos provenientes de países y corporaciones contaminadoras, a aquellas iniciativas que se sujetasen a un sistema de apertura a la inversión extranjera, la innovación tecnológica, el monitoreo y la evaluación orientados a reducir las emisiones del sector. Algunas instituciones, como la FAO, han propuesto la “Agricultura energéticamente inteligente”, pues se buscaría la reducción de la dependencia de combustibles fósiles por parte de las actividades agrícolas. Si bien en principio esto parece razonable, varias organizaciones han manifestado su preocupación, e incluso rechazo a los llamados “mecanismos de mercado”, por considerar que ponen en riesgo la autonomía y viabilidad de los sistemas campesinos de pequeña escala, orientados principalmente a la producción de granos básicos, que, según organizaciones como la Vía Campesina, son los sistemas que mayoritariamente alimentan al mundo. La propia Vía Campesina considera que incluir a la agricultura en el esquema de bonos de carbono es una estrategia para incrementar el control corporativo sobre la producción de alimentos. Por su parte, la coalición Climate Action Network (CAN), que agrupa a las grandes organizaciones ambientalistas, de desarrollo y de derechos humanos, como Greenpeace, Amesty International, Oxfam, etcétera, considera que la agricultura de pequeña escala (small farmers agriculture) es un componente fundamental para enfrentar el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria, y señala que es riesgoso incluir a la agricultura en un sistema de pago por captura de carbono; enfatiza

la falta de certeza sobre la cuantificación de las emisiones y sobre el papel de las actividades agrícolas en la captura de carbono. Sin embargo, CAN subraya la necesidad de respaldar la agricultura campesina de pequeña escala como una estrategia fundamental para lograr el objetivo de impedir que el cambio climático ponga en riesgo la seguridad alimentaria en el mundo. Considera que las políticas climáticas hacia el sector agrícola deberían proteger y promover la biodiversidad, el acceso equitativo a los recursos, la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y los derechos de las comunidades locales e indígenas, priorizando el alivio de la pobreza y la adaptación ante el cambio climático. Mientras tanto, en México se sigue profundizando un modelo de devastación de la agricultura campesina y su sustitución por la agroindustria depredadora y empobrecedora, como ejemplifica la aprobación de cambios de uso de suelo y el financiamiento público para el establecimiento de extensos proyectos tomateros en el territorio de San Luis Potosí. Estas plantaciones agroindustriales orientadas a los cash crops y no a la producción de alimentos básicos, junto con el otorgamiento de concesiones a la industria minera, están expulsando de sus tierras a miles de campesinos pobres de la región, y utilizando el agua y el suelo agrícola en modelos ajenos y contrapuestos a la agricultura campesina y a la seguridad alimentaria, precisamente en uno de los territorios de mayor riesgo ante el cambio climático, que son las zonas áridas del norte y centro de México. Es urgente revisar los esquemas de fomento a las actividades agrícolas y su relación con la mitigación y adaptación al cambio climático; favorecer la agricultura de pequeña escala, y evitar que las actividades agroindustriales sigan devastando el ambiente y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en aras de un modelo supuestamente sustentable.

FOTO: Oxfam

dable y la Soberanía Alimentaria en las relaciones internacionales, conforme al Artículo Cuarto de la Constitución.

21 de enero de 2012

campesindias en 1992, se había disuelto y las agrupaciones en cada uno de sus nichos se movían en torno a la dinámica que imponía el calendario del Congreso Agrario Permanente (CAP) creado por Carlos Salinas.

Gaspar Morquecho

Los jefes zapatistas estarían dando los últimos toques a los planes militares para el despliegue y asalto de seis poblaciones y una ciudad (Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Chanal, Oxchuc, Huixtán y San Cristóbal de las Casas), mientras los mandos medios cuidaban que las tropas rebeldes, sus armas, el parque y demás equipo de campaña estuvieran en las mejores condiciones posibles, y las raciones para los días de guerra lo mejor distribuidas, y verificaban la capacidad de las unidades para el traslado de la tropa a los frentes de guerra. Por su parte, las milicias aceitaban sus poderosas y temibles escuadras, revólver o rifles calibre 22 (de uno, dos o 16 tiros). Otros improvisaban armas manufacturando lanzas con el metal de sus machetes, y otros, sus infalibles rifles de madera. Las fuerzas zapatistas estaban formadas por los ejércitos de las y los insurgentes, sus fuerzas especiales, el de las milicias y miles de valientes bases de apoyo (hombres, mujeres de mayor edad, jóvenes y niñas y niños). A lo largo de diez años se habían adquirido en el mercado gringo armas y fornituras utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, Corea o Vietnam: algunos fusiles SKS, Steen, Thompson, Tommygun, M1, M2, M16, MP40, Schmeisser (muchos de ellos reconstruidos por hábiles armeros zapatistas), AR15, escopetas 12 y 16 y ¡¡¡¡chingos de 22!!!! Contaban con una impresionante red de aparatos de radio comunicación, casas de seguridad y posiciones de montaña. El ajuar rebelde y equipo básico de campaña de las y los insurgentes era el uniforme: pantalón negro, camisola café, gorra, paliacate o pasamontañas y botas (de cuero o de hule). Las jóvenes insurgentes, con bordados de flores en su pantalón y sus aretes, le daban el “toque femenino” al uniforme rebelde. La fornitura, por lo general elaborada por ellas y ellos mismos (cartucheras, porta cantimplora), de color gris o verde. En algún lugar guardaban el “techo”, una pieza de plástico sumamente flexible y maleable, reforzado en sus orillas con hilo trenzado de algodón que sobresalía en cada esquina y que servía para fijar el “techo” cuando acampaban. No faltaba el machete, un foco (lámpara de mano), cepillo de dientes, algunos contaban con reloj de pulso, y por supuesto, el arma. ¡Ah!, para acicalarse portaban un espejito circular con una montura de lámina, pero lo más importante, llevaban una enorme cantidad de decisión y valentía. Todo, basado en sus “propias fuerzas”, en sus propios recursos. Seguramente Elisa llevaba en su corazón la satisfacción del “deber cumplido”. Habían pasado ocho mil 775 días de la fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), siete mil 235 días del ataque a la Casa Grande de Nepantla y al Chillar –primer campamento guerrillero de las FLN en Chiapas– y tres mil 650 días de la fundación

FOTO: Carlos Cisneros

s muy probable que en los últimos días de diciembre de 1993, hace poco más de 18 años, los jefes militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) estuvieran revisando el contenido de la Declaración de Guerra y la redacción de las Leyes Zapatistas. Deberían ser breves, concisas y claras para el pueblo mexicano. No debía faltar ni sobrar nada. Después los documentos se mandarían a la imprenta y serían el contenido del ejemplar número uno de El Despertador Mexicano. La Declaración de la Selva Lacandona: “Hoy decimos ¡Basta!” también fue impresa en hoja de papel tamaño doble carta.

A POCO MÁS DE 6,570 DÍAS DEL LEVANTAMIENTO ARMADO DEL EZLN del segundo Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata en el campamento La Garrapata en la Selva Lacandona. (Tres fechas conmemorativas del EZLN. De ellas, es importante destacar la del 14 de febrero, Día de los Mártires de Nepantla. Mantener viva la memoria y honrar a los combatientes caídos se convirtió en la base para la forja de los insurgentes y argamasa del proceso zapatista. En esa fecha se reiteraba el compromiso de lucha de los insurgentes: no podían traicionar a sus compañeras y compañeros que habían entregado su vida en la lucha por la liberación nacional. Cada 8 de octubre, recordando al Che, celebraban el Día del Combatiente Internacionalista.) Diez meses antes, el 23 de enero de 1994, las FLN habían resuelto iniciar la guerra y al Subcomandante Insurgente Marcos se le confió la tarea de preparar el levantamiento. Esta fecha también debe ser memorable para el EZLN y se preparaban para sumar el 1 de enero a su calendario de fechas conmemorativas. Seguramente “el mero día” quedó bajo el resguardo de un pequeño núcleo. En marzo y mayo de 1993 dos acontecimientos tensaron la coyuntura previa al levantamiento: la muerte de dos militares –uno de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y otro del Ejército Federal (EF)– en las comunidades ubicadas al sur de San Cristóbal de Las Casas, y el primer choque del EZLN con el EF en las inmediaciones del campamento rebelde Las Calabazas, en la sierra de Corralchén, Ocosingo, al parecer bajo el mando del Sub Daniel. Marcos comentó –entre febrero y marzo de 1994– que en el primer caso una “brigada volante” se había aproximado demasiado a uno de sus campamentos” y que el descubrimiento del campamento rebelde en la sierra de Corralchén “pudo haber sido accidental o resultado de un chivatazo”. En ambos casos, comentó, se vio la posibilidad de “adelantar la fecha del levantamiento”. Daniel abandonó las filas de el EZLN, probablemente después que los federales salieron de la zona y de la valoración

que hicieran los jefes militares zapatistas de su proceder en esa eventualidad armada. En los dos casos fueron detenidos algunos campesinos y los de El Carmen Pataté fueron acusados de “traición a la patria”. Hubo también diáconos y catequistas cuya defensa por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas derivó en una fuerte confrontación de Samuel Ruiz García, entonces obispo de San Cristóbal, con los jefes de la 7 Región y 31 Zona militares. Eran las primeras pruebas para Samuel Ruiz y las plataformas diocesanas en la víspera del levantamiento armado. El choque de la columna zapatista y los federales en Corralchén confirmó la existencia de la guerrilla, el rumor que con muchas imprecisiones corría desde el inicio de la década de los 90s, por ejemplo: “En Chiapas existen tres ejércitos rebeldes: uno en Ocosingo, otro en Altamirano y otro en Las Margaritas”, y desmintió la afirmación “En Chiapas no hay guerrilla”, del entonces gobernador Patrocinio González Garrido. La copia del expediente ministerial, de al menos 500 fojas, contaba con una sección de fotografías del campamento zapatista, de algunas armas, documentación e insignias. 1993 también fue un año dedicado por los zapatistas a informar a algunas personas y grupos que “habían acordado la guerra”. Algo que va a distinguir al EZLN. También para reclutar colaboradores y al “acopio de recursos”. Unos recurrieron al bosque, la “última frontera” de la economía campesina; los grupos de salud a conseguir “botiquines de guerra”; no faltó quien llegara con un catálogo de rifles de asalto y dijera “Necesitamos de éstas”… Respuesta: “¡Uf! ¡Y de dónde cabrones las sacamos!”. El acopio para la sobrevivencia, además de armas y tiros incluía maíz, frijol, tostada y en algunas regiones carne seca. 1993 también fue un año en el que era evidente el “reflujo” del movimiento campesindio en Chiapas. El Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (Fosch), que había aglutinado a la mayoría de organizaciones

En ocasiones discutíamos con algunos compañeros indígenas, sin saber que se trataba de una base de apoyo zapatista, sobre un horizonte sin horizonte, “pérate compañero… pérate, ya lo vas a ver”. “¡Qué voy a ver, ni qué voy a ver! Lo único que veo es la división y la confrontación entre ustedes y sus organizaciones”, le respondía molesto. El compa insistía: “Ahí lo vas a ver… pérate”. Con algunos salió el tema de la lucha armada. “Con la lucha armada lo único que van a lograr es que revienten los proceso de lucha que se han venido forjando desde hace muchos años y que nos vengan a partir la madre”. El espejo que teníamos enfrente era la prolongada lucha revolucionaria en Centroamérica en un franco proceso de pacificación, fracasos y una estela de miles de muertos. El EZLN había acordado iniciar la guerra en un contexto y una coyuntura adversos: • El fin de la historia. Había caído el Muro de Berlín y reventaba el socialismo, y con él, el bloque socialista. • En la región avanzaba el proceso de pacificación (en Nicaragua, Guatemala y El Salvador), después de 30 años de guerra y casi 500 mil víctimas mortales. • Se había declarado la inviabilidad de la lucha armada. Los principales argumentos político-militares y técnicos eran que los ejércitos habían dejado de ser nacionales para convertirse en ejércitos continentales bajo la dirección del Pentágono y con una enorme capacidad de fuego. • La mayoría de los movimientos armados en América Latina habían sido derrotados sin tomar el poder. • La mayoría de las izquierdas se habían deslizado hacia la “democracia electoral” y, atascadas en procesos político-electorales, habían sido incapaces de ganar alguna elección significativa. • Con el acuerdo de “iniciar la guerra”, las FLN perdieron al Comandante Rodrigo, uno de sus mejores cuadros. En el Congreso había defendido que no había condiciones en el país para iniciar la lucha armada. Al perder fuerza sus argumentos en la dirección de las FLN, abandonó la reunión antes de que ésta concluyera. • El Subcomandante Daniel había abandonado el proceso una vez que fue cuestionado, y se dice que también fue degradado por su proceder en el choque de Corralchén. • Una parte de la Asamblea Diocesana había dejado de apoyar la vía armada y el EZLN había perdido bases de apoyo. • Inteligencia militar tenía más información sobre el EZLN. •…

Sin duda, el Comandante Rodrigo tenía razón… pero no toda. Sin duda el Sub Marcos (apoyado por el Sub Pedro y Daniel) tenían razón… pero no toda. Quizás la diferencia estaba en que el Sub Marcos previó la oportunidad en medio de la adversidad. Quizás la decisión de los pueblos y las comunidades zapatistas era el mejor de sus soportes… las bases de apoyo vendían lo poco que tenían: sus escasos animales, un cerdo, una gallina, un toro, para comprar armas y tiros para los días de guerra que vendrían… reservaron alimentos para la sobrevivencia… En los mercados escaseaban los paliacates, pasamontañas y pantalones verdes de los milicianos. Primera parte de una crónica que circuló por Internet