NO. 68 Las armas del pueblo

18 de mayo 2013 • Número 68 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

Las armas del pueblo

TEMA DEL MES

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18 de mayo de 2013

Armados –¿Y las leyes?

–¿Cuáles leyes Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros.

Juan Rulfo. Pedro Páramo

Suplemento informativo de La Jornada 18 de mayo de 2013 • Número 68 • Año VI

M

éxico está enfermo de violencia, dolencia que se agravó en la década reciente, cuando el gobierno quiso hacer frente al narco con estrategias de guerra y provocó una interminable masacre que entre 2006 y 2012 dejó más de 60 mil muertos y cerca de 300 mil desplazados. Y si a los caídos en la “guerra contra el crimen organizado” se añaden las víctimas de homicidios dolosos, la cifra aumenta a cerca de 90 mil. Así en algo más de un lustro los afectados indirectos fueron del orden de 360 mil, entre ellos unas 24 mil viudas y cerca de 50 mil huérfanos.

COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.

Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 53556702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Pero en nuestro país el imperio de la violencia en un orden donde no rigen las leyes sino la fuerza sustentada en la combinación de poder económico y dominación política formal e informal, son males antiguos. Con referencia a Guerrero, estado rijoso por excelencia, escribí hace 13 años: “Guerrero bronco: despliegue de poderes discrecionales que chocan entre sí y se ejercen mediante la violencia. Guerrero es una entidad violenta.

No tanto porque allí falle la ley, sino porque una de las normas no escritas de su cultura política es que no importa contar con la razón o el derecho sino con la fuerza. En Guerrero los que mandan por la fuerza, por la fuerza se disputan el poder, y cuando los bocabajeados deciden sacudirse ese torpe mandato, casi siempre terminan apelando también a la fuerza, llave social por excelencia en un orden sustentado en el temor y el zarpazo.

Demasiados guerrerenses mueren de pie. Demasiadas muertes airadas en un estado donde la muerte por punta filo o bala es muerte natural.

Si es verdad que los matados no descansan, Guerrero es una inmensa congregación de muertos insomnes”.

En México el Estado de derecho no impera o impera bajo la forma de su interrupción, diría Giorgio Agamben. Es la nuestra una sociedad donde no por excepción sino por regla el orden se preserva o modifica mediante acciones desarrolladas al margen de la Ley por fuerzas extralegales que sin embargo tienen imperio de ley.

Esto incluye la añeja prepotencia caciquil y el terror impuesto por los carteles del narco, pero también la arbitrariedad con que el gobierno emplea tanto su poder burocrático como la fuerza pública y el enriquecimiento ilícito consustancial a la cleptoburguesía mexicana. Prácticas metajurídicas que con frecuencia son violentas.

PORTADA: La Jornada del Campo

Red de Comunicadores Boca de Polen –Eugenio Bermejillo (eugeberme@gmail.com) y Adriana Aguilar (raliugarias1@gmail.com)– fue coeditor en este número del suplemento

“Regiones enteras de México están controladas por actores no estatales, como son las organizaciones multicriminales que han mutado de carteles de la droga a motor de sociedades y economías alternativas”, sostiene Howard Campbell.

Esto ha llevado a expertos como John P. Sullivan a sostener que México es un “Estado fracasado”, que en muchas zonas ha sido sustituido por un “Estado criminal liberado” que ha establecido “soberanías paralelas”.

Y no se trata de anomia y violencia residuales, progresivamente sustituidas por el imperio de la legalidad. Al contrario, la violencia es creciente y en un asunto nodal como el narcotráfico tanto delincuentes como “autoridad” actúan al margen de la Ley pues ni unos ni otros tratan a sus contrarios como ciudadanos con derechos sino como enemigos a exterminar.

La proliferación de autodefensas comunitarias armadas es la expresión más reciente de que entre nosotros no rifa el monopolio del Estado

sobre el sistema de justicia y sobre el uso legítimo de la violencia. O quizá que el Estado incluye –si no de jure, sí de hecho– instancias de autogobierno local que en otra perspectiva aparecen como sociedad civil.

Desde 1994 en las zonas que estaban bajo control del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), después en los municipios autónomos y más tarde en las amplias regiones gobernadas por las Juntas de Buen Gobierno, los neozapatistas de Chiapas atienden por su cuenta las cuestiones de seguridad y justicia de decenas de miles de personas.

Un año después, el 15 de octubre de 1995, integrada por varios pueblos de la Montaña de Guerrero, se formó una Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que obedece a la Asamblea Regional, y de la que depende el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria. Hoy con más de mil 200 policías que son electos públicamente por cada comunidad, procura seguridad a alrededor de 108 pueblos, en los que se ha reducido la criminalidad hasta en un 95 por ciento.

A raíz del asesinado por el narco de Benjamín LeBarón y Luis Widmar Stubbs, en 2009 la comunidad mormona de chihuahua decidió formar una autodefensa armada.

En mayo de 2011 en Tetela del Volcán se integró el llamado Grupo Relámpago, formado por 200 personas, entre las que hay campesinos, comerciantes y profesionistas que protegen una región de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Ese mismo año, también en Morelos, las comunidades de Ocoxaltepec, Jumiltepec y Zacualpan formaron grupos de autodefensa. Y lo mismo sucedió en Cherán, Michoacán, donde la comunidad se armó para defenderse de los talamontes vinculados al narco; en el mismo estado hay experiencias semejantes entre nahuas de la costa, purépechas y mazahuas. En 2012, en la zona de Tantoyuca, Veracruz, se integró la Guardia Civil Huasteca.

A principios de enero de 2013, en la región de Costa Chica, cuatro comunidades agrupadas en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero decidieron tomar las armas para defenderse del narco; en unos cuantos días detuvieron a 54 personas acusadas de delincuencia organizada, y para juzgarlas decidieron constituirse en “tribunal popular”, aunque a la postre los entregaron a las autoridades del estado.

En Ayotitlán, Jalisco, se está tratando de conformar una vigilancia comunitaria, como parte de la Organización de la Policía Comunitaria de todo el estado.

Por otra parte, en las comunidades indígenas donde se mantiene el sistema de cargos, los topiles o polecías sirven a su pueblo en funciones de seguridad y en algunas operan jueces indígenas.

Con base en una revisión periodística, José Gil Olmos calcula que en el país “hay más de 36 grupos de autodefensa ciudadana en ocho estados: 20 en Guerrero, cuatro en Michoacán, tres en Morelos, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de México y uno en Jalisco”.

El asunto tiene historia. Excluyendo alzamientos programáticos, que sin embargo casi siempre tienen un elemento defensivo, las acciones de autodefensa armada comunitaria fueron constantes durante la pasada centuria.

El gobierno de Díaz logró controlar la “anarquía” decimonónica, y para el arranque del siglo XX Ejército federal, policías y Guardia Rural concentraban el armamento sofisticado. Pero la

Revolución rompió el monopolio: en una década se armaron Madero, Zapata, Villa, Orozco, Carranza, Obregón… y también rebeldes regionales de diverso signo como Peláez en las Huastecas, Cedillo en San Luis Potosí, Fernández y Pineda en Chiapas…

De 1917 a 1923, Amaro buscó licenciar o incorporar al Ejército Federal a decenas de miles de combatientes indeseables, pero forzado por el alzamiento de De la Huerta, el presidente Obregón llamó a formar “grupos regionales armados” para enfrentar a los infidentes. Paralelamente los campesinos se armaban por la libre para enfrentar a las guardias blancas, como sucedió en Guerrero, con los grupos de Valente de la Cruz, en Tecpan, y de Silvestre Castro, El Cirgüelo, en Atoyac, que entre 1926 y 1929 se unieron al Movimiento Libertario de Reintegración Económica Mexicana, encabezado por los hermanos Vidales.

La Cristiada fue un movimiento programático, pero antes de que la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa le declarara la guerra a Calles, las comunidades se armaban para defender sus iglesias de los presuntos “inventarios” federales. Para 1929 había unos 50 mil cristeros armados y se había pertrechado de nuevo a cerca de 30 mil agraristas.

Entre 1930 y 1933, el gobierno trató de desarmar defensas campesinas, defensas sociales y otros irregulares, que sin embargo se mantuvieron, sobre todo en Veracruz y San Luis Potosí. Amenazado por un “maximato” que no quería ceder, a partir de 1935 el presidente Cárdenas formó nuevas milicias campesinas.

Veinte años después de la Revolución, el mexicano era un pueblo armado que en los años siguientes continuó practicando la autodefensa al margen o en contra del gobierno.

A partir de 1942, cuando México le declaró la guerra al “eje”, los jóvenes campesinos se remontaron armados al cerro para evadir la leva. En 1947 la gente impidió con las armas en la mano que el “rifle sanitario” de la campaña contra la aftosa matara a sus vacas y bueyes. Resultaron paradigmáticos los alzamientos defensivos de Rubén Jaramillo en 1943 contra el gerente del ingenio de Zacatepec, en 1946 por fraude electoral y acoso político, y por las mismas causas en 1952.

Desde 1962, en Chihuahua, grupos campesinos armados resistieron al cacicazgo, lo que culminó en 1965 con el alzamiento programático encabezado por Arturo Gámiz y Salvador Gaitán. Y de ahí las dos guerrillas guerrerenses de los 60s y 70s, que al comienzo fueron defensivas pues Genaro y Lucio se remontaron después de ser perseguidos o encarcelados. Insurgencia que resucitó en 1999 cuando un año después de la masacre de Aguas Blancas se presentó en público el Ejército Popular Revolucionario… * Defenderse de la agresión es un derecho, pero no siempre la gente armada tiene legitimidad comunitaria y hay riesgo de que la violencia se vuelva contra el pueblo.

A principios de los 70s, en Guerrero, La onza acabó con todos los caciques de su rancho y se remontó. Pensando que era un justiciero rústico susceptible de ser politizado, un camarada y yo fuimos a buscarlo. Desaprensivos como éramos, nos subimos a un vochito, bajamos a Ciudad Altamirano y de ahí agarramos rumbo hacia la sierra.

No lo encontramos. Pero sí a uno que lo conocía y nos dijo que La onza se había ido a la Costa donde trabaja de matón cuidándole las espaldas a alguno de los patrones lugareños…

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LA MUERTE TIENE PERMISO Edmundo Valadés Sobre el estrado los ingenieros conversan. El tema de su charla son esos ejidatarios congregados en asamblea y que están frente a ellos. Los de abajo se sientan con solemnidad, con el recogimiento del campesino que penetra en un recinto cerrado: la asamblea o el templo.

El presidente los invita a exponer sus asuntos.

–A ver ése que pidió la palabra…

Ilustración de Alberto Beltrán

–Quiero hablar por los de San Juan de las Manzanas. Traimos una queja contra el presidente municipal que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos. Primero les quitó sus tierritas a Felipe Pérez y Juan Hernández, porque colindaban con las suyas. Telegrafiamos a México y ni nos contestaron. Pensamos que era bueno ir al Agrario, pa’ la restitución. Pos de nada valieron las vueltas y los papeles. Y como nos vio con rencor, nos acusó quesque por revoltosos.

Parecía que nosotros le habíamos quitado sus tierras.

“Se nos vino entonces con eso de las cuen-

JONOTLA Esa familia tenía dominado al pueblo. Se adueñaba de todo: de terreno, de ganado y hasta de mujeres.

Nombraba autoridades y las mangoneaba a su antojo. Y mataba a la gente que no se le sometía.

A las siete de la noche se cerraban las puertas de las casas y no volvían a abrirse. La gente tenía miedo. Los jóvenes no eran libres de salir a platicar porque los espantaban tirando balazos al aire.

Si al cacique le gustaba un terreno, decía: “Me gusta tu tierrita. ¿Cuánto quieres?”. O, si no, él mismo le ponía precio. Y si la persona no quería vender, la hacía desterrarse. Le decía: “Tienes tantas horas para irte”. Y la gente se iba por miedo a que la mataran.

Así era la ley de ellos: que todo el mundo se les hincara. No había respeto, la gente vivía amenazada.

Estaban muy seguros y nadie les tomaba el punto.

Porque tenían pistoleros, armas de alto poder… Por ellos hubo en Jonotla muchas muertes y por su causa familias completas abandonaron el pueblo.

Una vez, cuando el candidato del PRI a gobernador andaba en campaña, visitó Jonotla. Y como estábamos seguros que iba a ser gobernador, pensamos que sería bueno que supiera lo que pasaba en el pueblo… Así llegó el día y mientras unos gritábamos:

“¿Qué quiere Jonotla…?”, otros contestábamos: “¡Quiere paz! ¡Queremos Paz!”.

–¿Por qué están tan desesperados pidiendo paz?

Quiso saber el candidato.

Entonces aprovechamos para decirle de los López.

–¿Pues qué, aquí no hay hombres? Preguntó.

Días después se formó el grupo que debía salvar a Jonotla. Y empezaron las muertes del lado de los López. Primero cayó quien era el cerebro de ellos.

Después mataron al padre. Uno de los pistoleros también cayó y los demás mejor huyeron.

Eso pasó.

Quienes ajusticiaron a la familia López son los nuevos caciques de Jonotla. Como hicieron los ajusticiamientos, creen que toda la gente se les debe rendir. Agarraron el poder para ellos…

En Jonotla las cosas no han cambiado mucho de cómo eran con los López. Lo bueno es que los nuevos caciques ya están muy ancianos. Capaz y un día se mueren solos.

Transcripción de Armando Bartra, Rosario Cobo y Lorena Paz Paredes.

(Extracto)

tas; lo de los préstamos, señor, que dizque andábamos atrasados. Y el agente era de su mal parecer que teníamos que pagar hartos intereses. Crecencio, el que vive por la loma, y que le intelige a eso de los números hizo las cuentas. Y no era verdad: nos querían cobrar de más. Pero el presidente municipal trajo unos señores de México, que con muchos poderes y que si no pagábamos, nos quitaban las tierras. Como quien dice, nos cobró a fuerza lo que no debíamos.

“Pos luego, lo de m´ijo, señor. Se encorajinó el muchacho.

Viera usted que a mí me dio mala idea. Yo lo quise detener.

Había tomado y se le enturbió la cabeza. De nada me valió mi respeto. Se fue a buscar al presidente municipal pa’ reclamarle… Lo mataron a la mala, que dizque se andaba robando una vaca. Me lo devolvieron difunto con la cara destrozada…

“Después lo del agua. Como hay poca, porque hubo malas lluvias, el presidente municipal cerró el canal. Y como se iban a secar las milpas y la congregación iba a pasar un mal rato, fuimos a buscarlo; que nos diera tantita agua, señor, para nuestras siembras. Y nos atendió con malas razones, que por nada se amuina con nosotros. No se bajó de su mula pa’ perjudicarnos…

“Por si todo esto fuera poco, está lo del sábado. Salió el presidente municipal con los suyos, que son gente mala y nos robaron dos muchachas: a la Lupita, la que se iba a casar con Herminio, y a la hija de Crecencio. Como nos tomaron desaprevenidos, que andábamos en la faena, no pudimos evitarlo.

Se las llevaron a fuerza al monte y ahí las dejaron tiradas.

Cuando llegaron las muchachas, en muy malas condiciones, porque hasta golpes les dieron, ni siquiera tuvimos que preguntar nada. Y se alborotó la gente de a de veras, que ya nos cansamos de estar a merced de tan mala autoridad…

“Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto y pos no sabemos por dónde andará la justicia, queremos tomar aquí providencias. A ustedes que nos prometen ayudarnos, les pedimos su gracia para castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas… Solicitamos su venia para hacernos justicia por nuestra propia mano…”

El presidente y los ingenieros, mudos, se miran entre sí. Discuten.

–Es absurdo, no podemos sancionar esta inconcebible petición Somos civilizados, tenemos instituciones… Sería justificar la barbarie…

–¿Y qué peores actos fuera de la ley que los que ellos denuncian?… Yo exijo que se someta a votación la propuesta.

–Será la asamblea la que decida… Se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las Manzanas.

Los que estén de acuerdo en que se les dé permiso para matar al presidente municipal, que levanten la mano…

Todos los brazos tienden a lo alto. También los de los ingenieros.

–La asamblea de permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan.

–Pos muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso, dese ayer el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto.

Tomado del libro La muerte tiene permiso, Fondo de Cultura Económica, 1959. Adaptación de La Jornada del Campo.

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Las armas del pueblo

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POLICÍAS COMUNITARIAS Y GRUPOS DE AUTODEFENSA: MUY DIFERENTES Juan Salgado Profesor, División de Estudios Jurídicos, CIDE juan.salgado@cide.edu

L

a incrementada presencia territorial y la mayor visibilidad mediática de los llamados “grupos de autodefensa” en Guerrero y Michoacán han llevado a la atención de mexicanos y extranjeros un fenómeno que no es nuevo en nuestro país: la organización de grupos comunitarios para buscar soluciones a problemas de inseguridad que no son debidamente atendidos por autoridades locales.

Sin embargo, la peculiaridad del fenómeno que actualmente se observa en Guerrero y Michoacán es que se trata de iniciativas principalmente organizadas por víctimas del delito y la violencia: ciudadanos que han decidido patrullar (y en muchos casos cercar) sus comunidades para detener la exacerbada incidencia de secuestros y distintas modalidades de extorsión que inhiben la actividad regular de comercios e incluso instituciones públicas.

Estos “grupos de autodefensa” son irregulares (es decir, no fundamentan su actuación en principios constitucionales, legales o de usos y costumbres), no tienen entrenamiento policial, operan enmascarados, están fuertemente armados (usan en varios casos armas de alto poder, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas) y coinciden en obstruir la libertad de tránsito hacia y desde sus comunidades.

FOTOS: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

A lo largo de la historia de México han surgido grupos espontáneos en distintas comunidades remotas para responder a las crisis locales de inseguridad, o para proteger los intereses de grupos específicos. Las guardias blancas en el sureste mexicano y los casos de ajusticiamientos y linchamientos en la Huasteca son ejemplos de esta tendencia.

En algunos municipios de la región de Tierra Caliente de Michoacán, los integrantes de estos grupos han sido detenidos y son actualmente investigados por su relación con la delincuencia organizada. De hecho, tan sólo la posesión de armas largas de alto poder ya es un fenómeno irregular que en algún punto tuvo que poner a estos grupos en contacto con delincuentes organizados.

Lamentablemente en la discusión mediática de los meses recientes

se ha llamado “policías comunitarias” a los “grupos de autodefensa” y esto genera una confusión que es necesario aclarar. Las policías comunitarias de Guerrero son instituciones sociales indígenas, basadas en los usos y costumbres de los pueblos originarios de la región de la Montaña y la Costa Chica del estado. En las dos décadas pasadas las policías comunitarias en esta región han crecido en términos organizativos, de operación táctica e infraestructura. El desarrollo de estas instituciones

ha sido orgánico y ha respondido tanto a las necesidades locales de seguridad como a las capacidades organizativas de la población local. Su relación con las autoridades estatales siempre ha sido tensa, pero a lo largo de los años han logrado reconocimiento legal y político.

Los elementos de las policías comunitarias no usan máscaras ni pasamontañas. La legitimidad de su actuación se deriva de su nombramiento por la comunidad.

Dependiendo de las capacidades de cada comunidad, en algunos casos su actuación es voluntaria y en otros reciben un sueldo.

Tienen entrenamiento básico en desempeño policial, en varias comunidades están uniformados, sus armas (cuando las tienen) cuentan con registro en la Secretaría de la Defensa Nacional. Los más de 700 policías comunitarios de Guerrero protegen a una población de aproximadamente 300 mil personas en 12 municipios.

El crecimiento orgánico de las policías comunitarias en esta región llevó al eventual establecimiento de un Comité Ejecutivo, que supervisa su actuación. En 1998 se creó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con sede en San Luis Acatlán, que ha desarrollado un

eficaz –pero controvertido– sistema de justicia indígena que acompaña la función policial con tareas de procuración y administración de justicia en el ámbito local.

Si bien las policías comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero no coinciden con el modelo anglosajón de policía comunitaria que se reproduce en el ámbito urbano mexicano bajo distintos nombres (policía de barrio o policía de proximidad), la legalidad de su actuación como coadyuvantes de las autoridades estatales se basa en la normatividad vigente en materia de usos y costumbres.

Los “grupos de autodefensa” que han surgido recientemente son tan diversos como las comunidades y ciudadanos que defienden.

Si bien en algunas comunidades de Michoacán se ha detenido a los miembros de estos grupos por presunta colaboración con delincuentes organizados, en la mayoría de los casos se trata de ciudadanos, víctimas recurrentes de delitos de alto impacto, que tratan de hacer algo por defender a sus comunidades. Pero son grupos espontáneos, mestizos, y es importante señalar que no forman parte de un sistema de seguridad y justicia indígena que tiene otra tradición, racionalidad, legalidad y legitimidad.

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Reflexiones

ACUERDOS DE SAN ANDRÉS: RUTA PARA LA SEGURIDAD

JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, ABOGADO Y POLÍTICO FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Entrevista con Jaime Martínez Veloz

Eugenio Bermejillo dades dispersas, no las cabeceras municipales. Las comunidades no han sido atendidas a cabalidad por los diferentes órdenes de gobierno. He visto que el grueso de las comunidades, que por sus características contribuyen a que el municipio tenga acceso a recursos públicos (del ramo 33 por ejemplo), no reciben atención.

El ayuntamiento no aplica en reciprocidad los recursos, invierte más en las cabeceras, dejando de lado a las comunidades que contribuyeron a que el municipio tenga ese tipo de recursos.

P

ara Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, el reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés constituye una posibilidad de evitar los conflictos que se han generado entre el gobierno y las policías comunitarias.

Estos acuerdos, declara a La Jornada del Campo, “significan una ruta para el deshago de muchos conflictos y para la posibilidad de que este tipo de asuntos que hoy tienen entrampada a la sociedad y al Estado mexicanos puedan resolverse adecuadamente en el marco de la Constitución y de las leyes reglamentarias”.

Martínez Veloz ha realizado constantes visitas a comunidades indígenas en las que se han establecido rondas de defensa comunitaria, particularmente en el estado de Guerrero. El comisionado ha marcado que el uso de armas puede ser una limitación al diálogo: “cuando veo armas largas o armamento de uso exclusivo del ejército guardo mi distancia. Ahí no entramos a dialogar, porque siento que esa no es la forma que las comunidades se organizan”.

Nombrado cuando ya estaba conformado el equipo gubernamental que atenderá el área social e indígena durante el sexenio de Peña Nieto, y después de la sorpresiva aparición de cerca de 40 mil neo-zapatistas en varios municipios de Chiapas, Martínez Veloz afirma sobre las policías comunitarias que son “una experiencia que tiene que ser revisada sin prejuicios, sin ataduras.

No es correcto descalificarlas en bloque. No podemos decir que todos los grupos de autodefensa son ilegales, pero tampoco que todos son legítimos y representan una actitud positiva”.

En contraste con declaraciones reprobatorias de funcionarios, empresarios, jerarcas de la Iglesia católica, e incluso, del ombudsman nacional, Martínez Veloz sostiene: “Son policías que tienen la convicción que el pueblo es el que los respalda y por lo tanto le deben responder. Mucha diferencia con otros policías institucionales donde la mordida, la acción ilegal es característica. Cuando caen bandas del crimen organizado, es frecuente que en ellas participen policías y agentes ministeriales.

Para mí es más preocupante lo que pasa en las policías formales”.

Sobre el contexto legal en el que se desarrollan las policías comunitarias, el dos veces integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) señala: “El Estado tiene que reconocer que hay un vacío y que tenemos que llenarlo con actitudes responsables”. Se trata de un vacío legal y político derivado del insuficiente reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La iniciativa Cocopa “era contundente en el reconocimiento de los sistemas normativos y su convalidación por parte del sistema tradicional mexicano. Sin embargo, el actual artículo segundo hace un galimatías que termina por confundir más a la población. Se habla de los sistemas normativos y se remite a una ley reglamentaria que no ha sido expedida”.

El resultado de este vacío es que “hay muy pocos jueces indígenas, no hay ministerios públicos indígenas, no hay traductores legales suficientes”.

De la misma manera, de acuerdo con el comisionado, el contexto de la aparición de las policías comunitarias está marcado por el estatus subordinado que tienen las comunidades en la estructura del Estado: “Los lugares en los que han aparecido estos grupos de defensa comunitaria son comuni-

“Esto genera un problema porque la gente se siente excluida, siente que sus demandas no son atendidas, ni en educación, ni en salud ni en otros aspectos. Así las comunidades se están organizando en el tema de la seguridad y en otros”.

Precisamente el papel fundamental de las comunidades fue uno de los puntos centrales que pactó el gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con los pueblos indígenas de todo México y que está contenido en los Acuerdos de San Andrés. “Hoy dentro en el Pacto por México se propone que las comunidades indígenas sean reconocidas como entidades de derecho público, esto es fundamental porque de ahí se deriva el que las comunidades no sólo tendrán derecho a los recursos que por ley le corresponden, sino también la posibilidad de desarrollarse para unirse con otras comunidades y municipios y desarrollar otro tipo de proyectos”.

Durante la discusión de finales de los 90’s y principios de siglo, uno de los argumentos en contra de incorporar los Acuerdos de San Andrés a la Constitución era que no se podía añadir un cuarto piso a la estructura del gobierno. Al respecto, el comisionado comentó: “Hoy con la reforma al artículo primero de la Constitución de 2011 se le da rango constitucional al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); pone ya dentro del Constitución el reconocimiento de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y sus sistemas normativos. Los que impulsaron esta reforma estaban pensando en los derechos humanos como algo abstracto y ajeno a la realidad material de los pueblos, sin embargo, los términos en que está redactado, implican en la práctica la inclusión de muchos de los asuntos de los Acuerdos de San Andrés”.

E

ste fenómeno de irrupción de la organización ciudadana ocurre en un acto de legítima defensa frente a la insuficiencia del Estado para cumplir con uno o el principal cometido que constitucionalmente tiene asignado el poder público, que es el de preservar la seguridad de los ciudadanos en sus distintas actividades y en las distintas regiones donde realizan sus actividades o están domiciliados. Es un fenómeno que debemos explicarnos en el contexto de una realidad nacional perturbada por una creciente insuficiencia de servicios públicos de seguridad.

tes que juzga y clasifica como tales, sino a los delincuentes incrustados en un ejercicio de poder desviado al beneficio de un grupo, de una oligarquía. De modo que nos encontramos en un escenario inédito y muy difícil donde lo menos que podemos esperar es que los Poderes constituidos rectifiquen las desviaciones crónicas con las que suelen ejercer el poder y claramente lo ejerzan en función del interés público general y no de los particulares que integran el poder o los grupos que momentánea o permanentemente dominan las decisiones públicas más importantes de México.

Hecho este razonamiento, podríamos entonces invocar incluso el principio universal de la legítima defensa. Nadie puede estar expuesto a ser agredido impunemente y frente a la ausencia de una autoridad que lo impida. Tiene uno un derecho primario a defenderse de la agresión de quien fuere. También es cierto, y en esto tenemos que ser realistas, que mecanismos de autodefensa colectivos pueden contaminarse con otras intenciones de quienes deformen, desvíen o hasta prostituyan la acción de legítima defensa popular y lleven esta posición a la defensa de conductas delictivas o antisociales de muchos y muy diversos tipos. Pero en todo caso la responsabilidad primaria de que tengan que surgir estas expresiones, estos fenómenos, respuestas populares, es de un Estado que no ha cumplido su deber esencial.

Es un lugar muy común siempre decir que faltan leyes. No faltan leyes sino falta la aplicación de la ley con un sentido jurídico, con un sentido elemental de respeto al orden jurídico, de la autoridad y de los ciudadanos, porque siempre el poder tiende a aplicar la ley sesgada, es decir sólo a los ciudadanos pero no a la propia autoridad que con frecuencia se desvía de sus responsabilidades.

Quiero señalar que incluso en estas condiciones –pues se ha dicho que estamos ante la realidad de un Estado fallido– el que la impunidad prevalezca sobre la aplicación del derecho, el que el Estado incumpla sus deberes fundamentales nos está hablando de un rompimiento del orden constitucional. En este caso el pueblo frente a esos trastornos deber recobrar en el momento que tenga su libertad, el restablecimiento del orden constitucional, del orden jurídico ¿Cómo lo puede hacer? Por la vía de la democracia, es decir utilizando un recurso del que carecemos los mexicanos que es el de la revocación del mandato, el decir si no has cumplido, yo te revoco el mandato para hacer una nueva elección. Aun cuando sí hay en nuestra Constitución, en el artículo 10, la posibilidad de someter a juicio político al propio titular del Poder Ejecutivo por parte del Congreso para que éste responda de cualquier estado de ataque sistemático a la Constitución. Si bien parece un caso extremo, no estamos tan lejos de ello; precisamente estas manifestaciones de las policías comunitarias nos prueban que hay un malestar que está efervescente, una condición de preocupación, incomodidad, inseguridad crónica que el Estado no ha atendido.

Estos grupos tal vez no se justifiquen plenamente, pero sí son explicables en el contexto de la realidad nacional, por lo que señalábamos de un Estado atrofiado, porque es evidente que el gobierno no tiene la capacidad ni la destreza ni la disposición para acabar con la violencia que amenaza la convivencia de los 112 millones de mexicanos.

Tenemos un Estado que no ha cumplido con su cometido, no ha rectificado su yerros, no ha asumido la autoridad en su sentido pleno, no sólo de ejercicio de la fuerza, sino mucho más de la autoridad moral de quien predica con el ejemplo, es decir de una autoridad que es respetada y respetable porque aplica la justicia sin distingos; esto es, que no sólo persiguiera a los delincuen-

Las armas del pueblo

6 Reflexiones

Reflexiones

FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS, ABOGADO MIXTECO

EDGAR CORTÉS MORALES, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS

El concepto policía comunitaria puede encerrar muchas formas de organización de los pueblos, pero coincidiría en que todas ellas están para dar seguridad, desde las estructuras militares de los pueblos que en el siglo XIX enfrentaron mucho al Estado, como serían los seris y los yaquis en el norte, los purépechas en el centro y los mayas en la Península de Yucatán.

Y coinciden en que tienen una estructura muy particular, militar.

En general el Estado ha fallado en dar seguridad. Lo que estamos viendo es que los pueblos sí tienen su estructura y se está visibilizando. Lo que vemos en otros lugares, por ejemplo en las ciudades y sobre todo en zonas urbanas desarrolladas, es que están creando sus cuerpos de seguridad.

En las zonas rurales, los ganaderos, los grandes agricultores están creando sus propias policías, pero eso no tiene nada que ver con las policías comunitarias de los pueblos que son históricas, que obedecen a su estructura propia.

Son centenarias estas esructuras, y contrario a lo que muchas autoridades piensan, resuelven problemas de todo tipo. No andan nada más viendo que no se roben una gallina, ven que el pueblo tenga seguridad. En 2004 me tocó ver pueblos de la región triqui alta, enfrentando al ejército porque estaba cometiendo muchas arbitrariedades sin tener órdenes, deteniendo gente sin justificación.

En mi pueblo mismo he visto a la policía comunitaria encarcelando a los militares cuando se han excedido con la gente; entonces allí están las policías que cumplen la función de brindar seguridad al pueblo y en este sentido enfrentan cualquier peligro que existe.

Hay un fenómeno fuerte actualmente del desarrollo capitalista en México cuya característica es el despojo de los bienes comunes, y no me refiero sólo a los recursos naturales, sino al despojo del derecho de los pueblos a ser pueblos,

a mantener su cultura. Junto con otros problemas que afectan la vida de las comunidades (la infiltración del narco, por ejemplo) esto es importante también para entender por qué las policías comunitarias se están visibilizando.

Hay que observar que la declaración de la policía comunitaria de Guerrero cuando surgen las autodefensas dice que no tiene absolutamente nada en contra del narcotráfico. O sea que no es su función combatir a los narcotraficantes, pero que si se meten con los pueblos los van a enfrentar. Lo que quiero enfatizar es que las policías comunitarias están para proteger a los pueblos. Es serio que no están contra el narcotráfico, y lo que están diciendo es “mientras no te metas con mis pueblos, no tenemos bronca, pero si te metes vamos a tener problema”. Allí el objetivo es la protección del pueblo.

Resulta peligroso que se confunda a las policías comunitarias con otros grupos armados. El criminalizarlas tiene sentido político, ideológico; meter en el mismo saco a las policías comunitarias y a otro tipo de grupos armados porque nunca vas a saber quién es quién. Pero debemos entender que una policía comunitaria no existe por sí misma, se debe a un pueblo, se debe a un nombramiento, incluso a la pertenencia de un sistema de cargos que los pueblos controlan. Un grupo armado que no es policía comunitaria pues evidentemente podrá depender de otro grupo pero no del pueblo.

Junto con el asunto de la inseguridad, tenemos el problema de que nuestro derecho es insuficiente ya como forma de organizar la convivencia social y las instituciones estatales han sido rebasadas. Tenemos que pensar un nuevo rediseño de Estado. Esto que nos han dicho de que somos una nación multicultural terminó en discurso y más bien en forma de control.

Tenemos que tomarnos en serio la realidad para buscar una estructura que sí obedezca a ella y que funcione.

FOTOS: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

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o es que (las policías comunitarias) estén surgiendo hoy día, sino que se están visibilizando.

La pregunta que debemos hacernos es por qué se están visibilizando, y la respuesta que encuentro es que el Estado no está cumpliendo con su obligación de brindar seguridad a los pueblos, básicamente.

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s indispensable hacer una distinción.

Por una lado está la “policía comunitaria” –cuyo ejemplo claro es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la zona indígena de Guerrero–, que es una policía con 15 años de trabajo, que viene de un proceso organizativo y está construida sobre las instituciones indígenas: la participación, el trabajo comunitario y el servicio. Esas condiciones implican mecanismos de participación bajo los que se elige a los policías, y que éstos prestan un servicio y la comunidad vigila. Sin duda esto tiene toda la legitimidad. Algo parecido a policía comunitaria es el movimiento de Cherán, Michoacán, donde hay un proceso participativo, de muchas estructuras de las comunidades.

Frente a ello hay otro fenómeno, lo que se ha llamado “grupos de autodefensa” o algún otro nombre, y a todos, por igual, se les está denominando erróneamente policía comunitaria. Creo que no debe ser así. Entre estas últimas hay experiencias más espontáneas, donde no hay un proceso organizativo detrás, muchas están construidas en una situación donde no hay una realidad indígena, donde ya no hay las instituciones indígenas de la participación, el servicio, etcétera, y entonces me parece que son fenómenos distintos. No se trata de descalificar a priori, pero sí es importante distinguir. Lo que están tratando de enfrentar los dos fenómenos es la violencia y la falta de respuesta efectiva del Estado, la ausencia del Estado, donde no hay posibilidades de obtener justicia, de denunciar un delito y saber que va a haber una acción efectiva de las instituciones del Estado.

Creo que aquí los dos fenómenos tienen justificaciones, pero son distintos; destacan los grupos de autodefensa, sé que en algunos

casos en Guerrero vienen de procesos organizativos pero no necesariamente tienen tanta raíz, tanto fundamento, dentro de las comunidades, y eso siempre encierra un riesgo: que no sea un proceso de veras comunitario el que designe a los policías y que genere una vigilancia sobre los mismos. Hay un riesgo de que estos grupos no estén supeditados a la comunidad, que tengan cierto grado de autonomía y que puedan llegar a responder a intereses ajenos a la comunidad (de grupos caciquiles, económicos o criminales).

Es un hecho la crisis y la debilidad de las instituciones del Estado, porque no hay que olvidar que una obligación y responsabilidad del Estado es dar garantía de seguridad a los ciudadanos, pues un derecho de la población es el vivir seguros y tranquilos. Y parte de la crisis es que el tema de la seguridad siempre ha quedado como tema exclusivo de la autoridad, y los ciudadanos no hemos tenido participación ni influencia. Entonces ese es el problema: que los ciudadanos ahora tenemos que intervenir en el tema de seguridad para exigir que ésta se vaya construyendo con participación y para beneficio de los ciudadanos.

Por otro lado, está el hecho de que en algunos lugares hay un

déficit de regulación, aunque no en todos. Por ejemplo, en Guerrero desde hace un par de años hay una ley sobre derechos de pueblos indígenas y allí se reconoce la posibilidad de las policías comunitarias. Sí hay una regulación que desafortunadamente no es muy conocida en el actual gobierno de Guerrero.

No se ha supeditado y no ha ajustado su actuación a esa ley. Es importante prevenir el riesgo de que en esa nueva regulación se metan por igual procesos de mucha historia junto con otro tipo de experiencias, y sobre todo que se ponga atención al riesgo de infiltración de la delincuencia organizada u otro tipo de intereses que pueden llegar a usar a estos grupos en beneficio particular.

El Estado se muestra hoy incapaz de garantizar la seguridad de la ciudadanía y esto es parte de la crisis de un modelo de seguridad pública que es Estatocéntrico, que está pensado para proteger y cuidar a las instituciones del Estado, a las autoridades, y no a las personas. En ese modelo algo que también ha pasado es la complicidad que se ha construido entre la delincuencia organizada y muchos niveles de autoridad y sobre todo de policía.

Esto ha alcanzado tal grado que algunas de las instituciones responsables de la seguridad ya no responden a los intereses públicos sino a los de la delincuencia organizada o a algunos otros.

Subrayo la necesidad de distinguir entre los diferentes fenómenos, donde la policía comunitaria tiene absoluta legitimidad e incluso reconocimiento legal.

Y a eso tendría que ajustarse el gobierno, el de Guerrero en este caso, y me parece que ese modelo podría ser inspirador para otras regiones del país. Y hacer la distinción respecto de otros fenómenos más espontáneos que hay que mirar con atención y que creo que requerirían un tratamiento diferente.

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FOTOS: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Actores claves toman posición ante autodefensas y policías comunitarios

Secretaría de Gobernación En Guadalajara, en abril pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que las autoridades federales mantienen diálogo con los grupos comunitarios en Guerrero basados en el respeto a la Ley. “Vamos muy avanzados con ellos para que si quieren participar en el tema de seguridad lo hagan bajo las normas del Estado mexicano”, reportó una nota publicada el 9 de abril por Excélsior. Previamente, el 25 de febrero Manuel Mondragón y Kalb afirmó ante senadores (durante el proceso de su ratificación como titular de la Comisión Nacional de Seguridad, CNS) que la Secretaría de Gobernación realiza un diagnóstico sobre los grupos de autodefensa en el país para establecer “medidas de solución”. Expuso que debe diferenciarse entre policías comunitarias y grupos de autodefensa, y que todas tienen una razón de ser y son motivo de un análisis cuidadoso. El 24 de febrero La Jornada reportó que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, con el aval de Osorio Chong, está negociando con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) “cobertura legal, equipamiento y entrenamiento a los integrantes

de las brigadas de autodefensa y apoyos para el desarrollo de las comunidades que la integran”.

Y la UPOEG, que había venido realizando acciones armadas contra la delincuencia con hombres encapuchados en la región de la Costa Chica, ordenó, como parte de los acuerdos con Gobernación, despojarse de sus pasamontañas, paliacates y guardar sus escopetas y pistolas, además de entregar a las autoridades competentes a los “54 resguardados” que presuntamente tienen vínculos con la delincuencia organizada. Un día antes, el 23, La Jornada misma expuso advertencias de Osorio Chong en el sentido de que los llamados grupos de seguridad o de autodefensa que recientemente han surgido en diversas entidades del país son ilegales y deben desaparecer. El funcionario dijo entonces que en nuestro país no existe esa figura de grupos de autodefensa, por lo que sólo se da el aval a aquellos grupos que funcionan desde hace 15 o 17 años, particularmente en Guerrero y otros seis estados, que son coadyuvantes de la fuerza pública establecida. Afirmó que la actitud del gobierno federal ante estas acciones será el diálogo, para pedirles que se conduzcan en el marco de la ley. Subrayó que las únicas instancias con carácter legal –forjadas en los ayuntamientos– son las policías comunitarias que desde hace más de 15 años coadyu-

van a las tareas de seguridad, en especial en los municipios regidos por usos y costumbres. Por tanto carecen de legitimidad los grupos que toman decisiones unilaterales acerca de la detención o sentencias de aquellos que señalan como delincuentes.

Grupos empresariales Para el sector empresarial de México, es un hecho que el Estado ha fallado en su responsabilidad primaria de proteger y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. De allí que los propios empresarios deban recurrir a la contratación de guardias o policías privadas.

Sin embargo, el grado de comprensión y aceptación de parte de las instancias empresariales respecto de las policías comunitarias y grupos de autodefensa difiere.

Por un lado, en entrevista, Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), comentó que “ante la ausencia de (una suficiente salvaguarda de la seguridad de parte del Estado) los particulares tienen que subsanar esa carencia.

Como en el caso de las comunidades muy alejadas, de acuerdo con sus usos y costumbres, han tenido que tener policías comunitarias para lograr cierto grado de seguridad, y los policías comunitarios fueron aprobados ante la necesidad de que tuvieran un orden en sus comunidades que no lo podía proveer el Estado. De la misma forma los particulares, cuando no se sienten seguros tienen que recurrir a policías particulares, privados. Pero la idea de cualquier particular, de cualquier ciudadano es que el Estado se lo provea, eso es un principio fundamental de la convivencia en una democracia y en cualquier orden de Estado”.

Señaló que en efecto la autodefensa presenta riesgos: “ya hemos visto estos fenómenos en otros países como Colombia, donde las policías comunitarias fueron cooptadas y subvencionadas por grupos delictivos, que al acercárseles para proveerles armas lograron penetrar y luego manipular estas instituciones, y finalmente quiebran el Estado de derecho, lo rompen y atentan contra de la paz y el orden y la seguridad nacional”. Esto “es un peligro latente que se combate con un Estado fuerte, seguro, un Estado con instituciones, un Estado con los recursos suficientes, y una cobertura completa de todo el territorio nacional”, señaló al reconocer que el problema de in-

seguridad en el país se agrava en algunas zonas, muy alejadas, muy fuera de los centros urbanos más grandes.

Subrayó: “siempre que los particulares tomen la seguridad por su cuenta y orden y no haya un registro, control y rectoría del Estado, existe el riesgo latente de que existan armas no controladas, elementos no controlados, infiltración de elementos que pertenecen a bandas delictivas y que con el pretexto de incorporarse a instituciones privadas de seguridad se insertan en la sociedad y causan problemas (…) El registro de los elementos, de las armas en las distintas regiones, tiene que darse para llevar un orden, no podemos caer en la anarquía y esa es nuestra recomendación”.

Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en voz de su presidente Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló en un mensaje semanal a fines de febrero que la multiplicación de grupos de autodefensa “es producto de la desesperación, ante autoridades rebasadas, ausentes, cooptadas o socias de los criminales. Pero el remedio no puede ser un Estado en repliegue, que claudique en su obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos, ni siquiera como alternativa provisional”.

Hizo un llamado para que “los gobiernos de los estados y municipios donde se ha presentado el fenómeno (el surgimiento reciente de grupos de autodefensa), así como el gobierno federal, unan fuerzas para poner un alto a esta situación en lo inmediato, brindando protección efectiva a la población”.

Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), señaló por su lado que “todo lo que esté fuera del marco legal no es bien visto”, al referirse a grupos de autodefensa.

En entrevista reconoció que el empresariado mexicano recurre a la contratación de seguridad privada –la cual “está en el marco legal”– pues, si bien hay avances de parte de la autoridad en esta materia, existen problemas de inseguridad en los cuales declinó precisar pues, dijo, son diferenciados regionalmente. “Lo que puedo decir es que en Estados Unidos, que es el país más poderoso y rico del mundo, hay muchísimas empresas de seguridad privada, igual que en México, en muchas de las ciudades. Pero eso no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos esté fallando en esa materia. Simplemente es que hay lugares donde se requiere tener mayor seguridad, hay personas que requieren tener mayor seguridad”.

Castañón profundizó sobre la preocupación de los agremiados de Coparmex: “Tenemos constante contacto con los empresarios de las distintas regiones, hemos visto que algunas regiones han sido vulneradas y su seguridad personal y la de sus trabajadores también (…) Los datos que recientemente publico el INEGI sobre los daños que ha hecho el clima de violencia hacia las entidades económicas nos da que durante 2012 sumó un monto de 75 mil millones de pesos, y el 37 por ciento de las empresas han sido vulneradas de alguna forma, con robo con o sin violencia de las mercancías, ataque a sus trabajadores, atentado en contra de las personas, cohecho o solicitudes de piso, chantajes… Necesitamos insistir en que nuestras instituciones deben ser siempre bien coordinadas. Por eso vemos con muy buenos ojos la instalación de los mandos únicos en los estados para que exista la coordinación y la canalización de los recursos suficientes, no sólo en armas sino también en técnicas y equipamientos de inteligencia para que prevalezca la fuerza del Estado y brinde seguridad en todas las regiones”.

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Las armas del pueblo

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Actores claves toman posición ante autodefensas y policías comunitarios

FOTOS: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Cárteles de la droga y otros

Comisión Nacional de Derechos Humanos El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, afirmó el 12 de marzo pasado que el abandono e indolencia que imperan en el país son un “caldo de cultivo” propicio para el surgimiento de grupos de autodefensa o policías comunitarias, como los de Guerrero y Michoacán. Dijo que este tipo de agrupaciones seguirán reproduciéndose en la medida en que la injusticia y la impunidad persistan y no se cuente con cuerpos de seguridad profesionalizados y un Estado que se haga responsable de sus obligaciones. Los grupos de autodefensa, subrayó, “son una advertencia que debe alertar a las

autoridades para cumplir con su obligación de proveer seguridad pública, y evitar que estas acciones se reproduzcan” y rebasen a las instituciones del Estado mexicano. El ombudsman nacional advirtió además que el surgimiento de grupos de autodefensa “nos alejan del objetivo de recobrar la paz y la tranquilidad, en aquellos lugares en donde grupos criminales tienen presencia y actividad”. Al rendir su informe de actividades ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia dijo que, en el caso particular del estado de Guerrero, el abandono de la autoridad en el ámbito de la seguridad ha generado la aparición de los grupos de autodefensa, y ello lo pudo constatar en una visita que hizo semanas atrás a ese estado. “(…) pude corroborar que es el abandono y la impunidad lo que ha generado un caldo de cultivo para que surjan estos grupos de autodefensa, por

El 24 de abril aparecieron mantas en puentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que anunciaron el surgimiento de la primera policía comunitaria en esta entidad. Las mantas, dirigidas al presidente Enrique Peña Nieto y al pueblo de Nuevo Laredo señalan que “Habitantes y ciudadanos de bien, enormemente lastimados por la plaga Zeta en esta ciudad (…) hemos decido conformar la primera policía comunitaria en esta frontera, ante la colusión e incapacidad del mediocre gobernador (…) además del poco o nulo esfuerzo federal por protegernos”.

Argumentan que “nos hemos constituido en autodefensas siguiendo el ejemplo (de las policías comunitarias) porque hemos visto el grado de aceptación de la

El corresponsal de este periódico en Morelia, Ernesto Martínez, Elorriaga reportó en una nota publicada el propio 29 de abril que “integrantes de la organización criminal Los Caballeros Templarios se enfrentaron la madrugada de este domingo contra guardias comunitarios de Tepalcatepec y de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán. El combate dejó como saldo al menos diez muertos y siete lesionados”.

Asimismo, la revista Proceso reportó que mantas presuntamente firmadas por limoneros de Apatzingán se acusa a las guardias comunitarias de Buenavista Tomatlán y Tepaltepec de ser el brazo armado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En dichas mantas dirigidas al Ejército Mexicano y a las Fuerzas Armadas se leía lo siguiente:

eso es muy importante que el estado asuma de manera adecuada su deber de brindar seguridad pública, de otra manera seguirán extendiéndose de desesperadamente este tipo de fenómenos”. (Proceso, 12 de marzo)

Iglesia católica De acuerdo con la Arquidiócesis Primada de México (APM), la incapacidad del gobierno mexicano para garantizar la seguridad de sus habitantes es responsable, en parte, de que surjan policías comunitarias. Por medio del editorial de la edición del 5 de mayo del periódico Desde la Fe de la Arquidiócesis, la Iglesia católica dijo que debido a los “titubeos” del Estado y vulnerabilidad de las instituciones para garantizar seguridad, la ciudadanía está conformando policías comunitarias, y dicha reacción “de no atenderse a tiempo, llevará a un caos social”. Como ejemplo de la debilidad institucional, la APM refirió el cierre de las vías primarias de comunicación, la destrucción de edificios públicos o el “secuestro de la producción agrícola de quienes no tienen nada que ver con el crimen organizado”, pero no especificó a quiénes o a qué grupos sociales aludía.

La APM asentó que la prudencia, la mesura y el diálogo “no pueden ponerse en práctica con quien delinque, pues la ley fue hecha para aplicarse, no para negociarse a costa de los derechos de miles de ciudadanos que ven afectada su vida diaria, seguridad y patrimonio”. (La Jornada, Quadratín, El Universal, 6 de mayo)

población y el mismo gobierno.

Entendemos y sabemos que la seguridad no se podrá consolidar sin nuestra activa participación y el compromiso con quienes tienen la obligación legal de preservar el orden (…)”

Y concluyen: “que les quede claro a los criminales, lucharemos por lo que es nuestro, en las calles y en las brechas, por un México sin Zetas, sin complicidad oficial por un México en Paz y en orden”.

En Michoacán, el 29 de abril aparecieron diversas mantas en contra de las policías comunitarias de los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec. Estaban firmadas supuestamente por “La sociedad michoacana” e invitaban a la población a integrar un frente contra estos grupos, a la vez que piden el respaldo de los gobiernos federal y estatal para combatirlos, según reportó una nota de La Jornada.

“¿Por qué tanto apoyo a los Guardias Comunitarios de la Ruana y Tepeque, Qué no saben que son el brazo armado del CJNG? Por qué soldados mexicanos se visten de policías comunitarios y permiten secuestros, extorsiones y crímenes contra michoacanos. ¿Por qué no desarman a los comunitarios y toma el Ejercito las riendas de la seguridad en Tepeque, Buenavista y la Ruana? Usted tiene la palabra general Miguel Ángel Patiño Canchola, Atte. Limoneros Unidos del Valle de Apatzingán”.

En un video aparecido en el canal de videos Youtube, Dionisio Loya Plancarte, más conocido como El Tío, de los Caballeros Templarios, reta a un duelo a muerte a las policías comunitarias que están establecidas en La Ruana, Buena Vista y Tepalcatepec, en Michoacán. . http://youtu.be/B1srdzwAO-U

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Sonora

LA GUARDIA TRADICIONAL COMCAÁC Misael de la Rosa y Gabriel Hernández García ENAH / INAH

Al respecto, existen ejemplos como la Guardia Tradicional Maya de Chan Santa Cruz, en Carillo Puerto, la cual resguarda la Cruz Parlante, considerada artífice de la estrategia indígena durante la Guerra de Castas. Otro ejemplo emblemático es la Guardia Tradicional Yaqui, que proviene de las instituciones heredadas por los jesuitas y de la estructura de defensa que ha persistido después de la guerra emprendida por el gobierno contra este pueblo en los siglos XIX e inicios del XX. En el noroeste del país, además del caso yaqui, otro digno ejemplo de defensa comunitaria del territorio

FOTO: Protege Territorio Comcaac

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as guardias comunitarias entre los pueblos indígenas y campesinos son consideradas por diversos “especialistas” como un “fenómeno reciente” que ha tomado a muchos por sorpresa, sobre todo a partir de su aparición mediática.

Sin embargo, su invisibilidad relativa no significa que en el pasado no existieran. Consideradas como instituciones sociales al margen de la legalidad, es para muchos desconocido que las guardias comunitarias tradicionales son una realidad histórica, presentes en diversos procesos de resistencia indígena frente a instituciones y élites dominante, desde la Colonia hasta el México posrevolucionario.

es la Guardia Tradicional Seri o Comcaác, ubicada en la costa central de Sonora, en los poblados de Punta Chueca y el Desemboque, pertenecientes a los municipios de Hermosillo y Pitiquito, respectivamente. Esta institución fue creada hace 28 años para coordinar con el Gobierno Tradicional y el Consejo de Ancianos la salvaguarda del espacio fundamental para la reproducción social y cultural de esta nación, como se reconocen a sí mismos los comcaác: “Todo el territorio es sagrado porque en él está derramada la sangre de nuestros antepasados que lo defendieron y los cuerpos de nuestros ancestros. Pero también hant, la tierra, es parte del cuerpo de cada cmiique (seri), de cada persona que navega el mar y habita el árido desierto de la costa central de Sonora. Xepe coosot¸ el Canal del

Infiernillo, es la sangre del territorio, pues es la conexión del cuerpo, nuestro cuerpo, con el corazón, la Isla del Tiburón (taheöj), que es lo más sagrado que tenemos”.

Esto nos los revelan los descendientes de siete grandes bandas nómadas, que moldearon y le dan vida a la cultura y nación Comcaác.

Estos grupos habitaron en el pasado un vasto territorio que iba de norte a sur, del Delta del Rio Colorado hasta el límite del estado de Sonora con el de Sinaloa, así como casi todas las islas del Golfo de California. Este territorio ancestral aún persiste en la memoria colectiva y es recordado y recreado en cantos, historias, mitos y rituales.

El mandato de la Guardia Tradicional consiste precisamente en resguardar el territorio que ha sido

heredado por los ancestros y que ya sea mediante la dotación o la restitución, ha sido recuperado en las últimas décadas. En primer lugar, el ejido ubicado en la parte continental del territorio, con una superficie de 91 mil 322 hectáreas. De igual manera, Taheöj, restituida por el gobierno en 1975, además del Canal del Infiernillo, que es la porción del territorio marino que ha sido reconocida por el Estado como zona de exclusividad pesquera para los Comcaác.

Una de las principales actividades de la Guardia Tradicional consiste en prevenir y evitar la pesca y la cacería furtivas, así como la tala ilegal del palofierro, que es utilizado por los Comcaác para la elaboración de artesanías. La guardia marina realiza recorridos en el Canal del Infiernillo, así como las inmediaciones de la Isla Tiburón, con el objetivo de evitar la entrada de pescadores y barcos sin autorización.

A pesar de los intentos que desde diferentes sectores se han puesto en marcha para desprestigiar a la Guardia Tradicional, es importante señalar que esta institución social goza de una importante legitimidad y legalidad al interior del pueblo comcaác, reconocida además por las figuras de autoridad como el Consejo de Ancianos y el Gobierno Tradicional. Es también funda-

mental reconocer que de acuerdo con instrumentos jurídicos internacionales de los cuales México es signatario, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el artículo segundo constitucional, la Guardia Tradicional es una institución legal que no se contrapone con el orden social vigente, sino que por el contrario, le es complementario.

La defensa comcaác del territorio es la defensa de la vida humana y no humana, de los recursos naturales, de los espacios sagrados, de los geosímbolos fundamentales para la memoria colectiva, de la dignidad de un pueblo que ha sabido sobrevivir a una historia de despojo y exterminio, anteponiendo el principio esperanza como recurso fundamental para afirmarse ante la adversidad. Como señala un miembro de la guardia: “Pero no lo perdimos todo, porque nuestros antepasados, además de ser pescadores, cazadores y recolectores, también eran guerreros.

Eso también nos cuentan los ancianos cuando entonan los cantos de guerra. En los cantos de guerra se nos cuenta un poco del pasado de nuestra tribu. En ellos se nos recuerda que en el territorio está derramada la sangre de los nuestros antepasados que lucharon por defender a nuestro pueblo. Por eso nos pertenece y siempre vamos a protegerlo y defenderlo.”

Puebla

DERECHO INDÍGENA Y REFORMAS CULTURALES EN CUETZALAN Adriana Terven Salinas

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n el marco de las reformas legislativas en materia indígena en México, el Poder Judicial del estado de Puebla creó los primeros juzgados indígenas en 2002, representando un importante avance en cuanto al reconocimiento de la diversidad cultural; sin embargo, es necesario advertir respecto de cómo estas políticas se relacionan con las prácticas culturales indígenas.

El primer juzgado indígena se abrió en 2002 en Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, Alrededor de 80 por ciento de la población del municipio es indígena nahua.

Este lugar se ha caracterizado desde 1980 por la presencia de movimientos organizativos indígenas centrados en la defensa de los derechos humanos y culturales. Es relevante la apropiación que del juzgado indígena han realizado tres organizaciones, las cuales desarrollan un proceso que busca fortalecer las instituciones indígenas

de justicia, ante los cambios sucedidos en el campo jurídico regional. La apertura de este juzgado ha traído diversas implicaciones para la práctica de la justicia indígena, como el incremento de la burocracia por la inserción y mayor dependencia hacia el Poder Judicial; la definición de las competencias en los códigos, que poco tienen que ver con la oralidad que caracteriza al derecho indígena, y las nuevas relaciones interinstitucionales con las instancias de justicia del Estado, con las cuales ahora disputan jurisdicción, entre otras.

En este sentido, interesa retomar las implicaciones generadas entre jueces comunitarios y el nuevo juez Indígena. Los jueces comunitarios, quienes han sido los encargados de la impartición de justicia entre la población nahua, han estado articulados a prácticas culturales locales, como el sistema de cargos, el cual conforma el sistema de organización en las comunidades. La

reforma judicial, por su parte, no consideró este antecedente, y por tanto no se articula con las prácticas vigentes de justicia indígena.

Dada esta situación, las organizaciones decidieron conformar un Consejo del juzgado. Entre sus intereses ha estado el legitimar al juez indígena ante la población nahua, ya que este nuevo funcionario se aleja de las prácticas de prestigio locales, para lo cual han llevado a cabo acciones que, se podría decir, actualizan prácticas tradicionales. En las comunidades indígenas de Cuetzalan, los puestos de autoridad forman parte del sistema de cargos de servicio; de manera general, se organizan escalonadamente: el primero puede ser el de topil, cuya función es prestar servicio de mensajero para los cargos de los siguientes escalafones.

La persona que inicia en el sistema de cargos va subiendo por cada uno de ellos; no existe un orden de sucesión estricto, pero a los cargos

de mayor rango se accede cuando se tiene una trayectoria de ejercicio en distintos cargos de servicio.

La importancia de los cargos radica en que otorgan experiencia, respeto y legitimidad a las personas que han participado en ellos. Por ejemplo, la autoridad indígena encargada de impartir justicia, que es un cargo de mayor rango, va a ser reconocida por los habitantes de la comunidad por su trayectoria en los cargos. Por otra parte, dada la cercanía que implica vivir en una comunidad, los habitantes saben si la participación de una persona en el cargo fue buena o no, es decir, existe “cierta vigilancia” del trabajo de las autoridades por la colectividad.

El juzgado indígena, tal como se creó, no tenía relación con el sistema de organización comunitaria esbozado. se instaló en la cabecera municipal de Cuetzalan, que se caracteriza por tener una mayoría de pobladores no indígenas, quie-

nes ocupan los puestos judiciales y político-administrativos y los ejercen con una lógica distinta a la de las comunidades.

El Consejo ha vinculado al juzgado indígena con prácticas tradicionales, que si bien han sido ajustadas para atender las necesidades actuales, recogen elementos que son esenciales para su identidad. El Consejo ha traído la representación de la población nahua al juzgado: está integrado por unos 12 hombres y mujeres provenientes de varias comunidades, quienes además son reconocidos en sus localidades por haber ejercido cargos de servicio. En este sentido, en el Consejo se asumieron dos responsabilidades centrales: elegir al juez indígena, tomando en cuenta su perfil de servicio comunitario y “vigilar” el trabajo del juez indígena, como lo haría la colectividad en ambos casos, consiguiendo una importante asistencia por parte de la población nahua.

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Las armas del pueblo

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POLICÍAS COMUNITARIOS, GRUPOS DE AUTODEFENSA Y PARAMILITARES Jesús Ramírez Cuevas

FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

del pueblo se hizo cargo de la seguridad y del gobierno local.

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a reciente proliferación de grupos civiles de autodefensa y policías comunitarias ha sido provocada por la incapacidad del Estado para responder a la crisis de violencia y de inseguridad que azota diversas regiones del país.

“El arơculo 39 de la ConsƟtución lo dice muy clarito: que el poder emana del pueblo, y el pueblo Ɵene el derecho de modificar o alterar su gobierno cuando esto sea necesario. Quien diga que no, desconoce la ley. También nos ampara el arơculo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La Ley 701 del estado de Guerrero indica que cualquier municipio que tenga el 40 por ciento más uno de población indígena originaria Ɵene el derecho de implementar su gobierno por usos y costumbres y por la consulta, y la consulta no es otra cosa que la Asamblea. Tenemos más de 40 por ciento de población indígena y eso nos faculta en la ley y eso es lo que estamos haciendo. Las armas son armas de cacería que Ɵenen los campesinos y que les sirven para resguardar sus hogares y sus parcelas.”

Gonzalo Torres, comandante de la UPOEG. (Tomado del video Vigilantes mexicanos se levantan contra la delincuencia, producido por VICE)

En un recuento en medios locales y nacionales, se contabilizan más de 36 grupos (cuerpos de seguridad comunitarios, policías rurales, guardias blancas, de autodefensa civil y grupos paramilitares) en 16 estados del país (Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Estado de México, Sonora, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla Quintana Roo y Tlaxcala).

Entre los pueblos indígenas, casi siempre, la autodefensa ha sido el último recurso al que acuden para defenderse de amenazas de la delincuencia, caciques locales, gobierno o megaproyectos.

Sin embargo, hay diferencias importantes entre ellos. No es lo mismo La Comunitaria de Guerrero –surgida y armada por decisión colectiva de las comunidades– que los grupos de autodefensa de ciudadanos hartos de la inseguridad, que las guardias blancas, policías rurales o paramilitares entrenados por el Ejército.

En Guerrero, la grave crisis de inseguridad y el abandono del Estado obligó a los pueblos a protegerse a sí mismos. En 1995 nació la Policía Comunitaria de la Montaña de Guerrero, que hoy se extiende a 104 comunidades de 13 municipios del estado. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), nombrada en asambleas regionales, tiene a su cargo las funciones de procuración y administración de justicia. Asimismo, coordina el proceso de reeducación al que son sometidos quienes son encontrados culpables de delitos, el cual consiste en trabajo social a favor de las comunidades.

La tradición indígena. En México existe una tradición histórica de autodefensa entre los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Como ha recordado el intelectual indígena Francisco López Bárcenas, algunas experiencias sobreviven desde el siglo XIX, como los guardias tradicionales seris y yaquis en el noroeste, que cuentan una estructura militar, producto de las largas guerras que libraron contra el gobierno mexicano y en defensa de su territorio en el siglo XIX. En el sureste sobrevive la guardia tradicional maya que resguarda a Chan Santa Cruz, en el municipio de Carrillo Puerto, Quintana Roo, y proviene de la lucha de los mayas contra el colonialismo y la esclavitud.

A partir de 1994, con el levantamiento indígena del EZLN, en Chiapas, se detonaron procesos de autonomía indígena en muchos lugares del país, sobre todo en Guerrero y Oaxaca.

Otras comunidades indígenas nahuas, purépechas, chatinas, zapotecas, mazahuas y otomíes de 22 municipios de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Sonora, Oaxaca, Morelos y Veracruz han seguido el ejemplo de armarse para hacer valer sus derechos.

En el municipio de Cherán, Michoacán, los indígenas se sublevaron contra la violencia del narcotráfico y en defensa del bosque.

Desde abril de 2011, la asamblea

Los nahuas de Manantlán, Jalisco, defienden su territorio de compañías mineras chinas y grupos de talamontes. Los indígenas de Alvaro Obregón en San Dionisio del Mar, Oaxaca, organizaron la autodefensa contra las empresas extranjeras que buscan instalar molinos para generar electricidad en sus tierras, sin considerar sus derechos. Demandan la consulta a los pueblos acerca de los proyectos de desarrollo en sus tierras.

Los grupos de autodefensa. A la autodefensa recurren ciudadanos que buscan defenderse de la delincuencia, aunque algunos también protegen a sus pueblos de agresiones oficiales o de proyectos empresariales; estos grupos se rigen por sus propias normas y no rinden cuentas a nadie.

Estas reacciones sociales han sido consecuencia directa de la absurda guerra contra el narco, declarada por Felipe Calderón, que disparó la violencia y los asesinatos.

Con el PRI en el poder, la crisis de seguridad ha empeorado.

Este año han aparecido nuevas expresiones de autodefensa. En

enero de 2013, pobladores de Ayutla, Tecoanapa y San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero, instalaron retenes en las carreteras y detuvieron a 52 presuntos delincuentes. Pertenecen a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), aunque al principio se presentaron como parte de la CRAC. La Unión de Pueblos y Comunidades, de 11 municipios de la Sierra Madre de Chiapas, conformó Batallones de Autodefensa Civil para impedir que las mineras canadienses realicen extracción de minerales.

Los productores de limón de Buenavista Tomatlán, Michoacán, constituyeron autodefensas para enfrentar las extorsiones, cobro de cuotas y asesinatos.

En el sur del Estado de México, vecinos de 30 comunidades de Tlatlaya y 25 de Amatepec, así como en la cabecera municipal Tejupilco, se armaron contra la inseguridad.

La otra tradición. Existe otra vieja costumbre de caciques, hacendados, finqueros y empresas extranjeras que recurren a guardias blancas, ejércitos privados o paramilitares para imponer su dominio y sus intereses.

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FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

des actúan en la ilegalidad, violan derechos y despojan a los pueblos, los ciudadanos están facultados para ejercer su soberanía y hacer cumplir la Constitución.

Actualmente, hay una estrategia del Ejército mexicano para constituir fuerzas rurales irregulares.

Por ejemplo, en febrero de 2013, en el municipio de Mapastepec se integró un pelotón de policías rurales con ganaderos, capacitado, coordinado y presentado a los medios por el mando militar regional.

Los grupos paramilitares han sido creados por el Ejército para actuar en la guerra irregular contra las guerrillas y los movimientos sociales. Hacen el trabajo sucio que el gobierno no hace abiertamente para no rendir cuentas de las violaciones a derechos humanos. Chiapas fue el laboratorio contemporáneo de los grupos paramilitares (sumaron más de 30). La matanza de Acteal, Chenalhó, Chiapas, en 1997, fue el caso más emblemático.

En el norte de Veracruz, en septiembre de 2012, apareció el Comando Civil de Defensa de Tantoyuca, creado por caciques y petroleras en la región.

Hay el riesgo de que la multiplicidad de grupos de autodefensa auspiciados por poderes locales y de guardias rurales creadas por las fuerzas armadas derive en el horror que fueron las Autodefensas Colombianas que se salieron del control oficial y sembraron terror y muerte en el país sudamericano. Esto es relevante si el Plan Mérida está inspirado en el Plan Colombia.

De la legítima defensa y a la colombianización. Si las autorida-

“Los policías comunitarios de la CRAC Ɵenen que ser nombrados en una asamblea, no usamos capuchas, el armamento lo adquiere la comunidad.

En cambio los grupos de autodefensa son espontáneos, no Ɵenen la capacitación que Ɵene la policía comunitaria. Habría que darles cauce, dirección, reglamentación, normaƟvidad. Se han inspirado en la policía comunitaria y se han vesƟdo como tales y se han llamado igual, policías comunitarios, aunque nosotros diríamos que su nombre correcto sería grupos de autodefensa popular. Que sean nombrados en la Asamblea de su comunidad para conjurar todo peligro de que estos grupos devengan en grupos paramilitares al servicio del gobierno, al servicio de parƟdos políƟcos, de narcotraficantes, de guerrilleros, de grupos religiosos, de caciques o de familias.”

El derecho a la autonomía de los pueblos indios les permite asumir la seguridad y justicia. Las policías y las guardias comunitarias están dentro del Estado de derecho y responden a una decisión y control colectivo y democrático de sus comunidades.

En cambio, los grupos de autodefensa armados son expresiones de hartazgo que podrían ser enmarcadas en actos de legítima defensa ciudadana, pero no rinden cuentas a nadie y actúan bajo su propia lógica.

Las guardias blancas, rurales y paramilitares están fuera de la ley y de la Constitución. Son protegidos por autoridades civiles y militares que sirven al narco, a empresas, a caciques o a partidos políticos.

El principal riesgo de una colombianización de México no proviene de las reacciones desesperadas de la sociedad, sino de las decisiones del gobierno mexicano de continuar con políticas contrainsurgentes y con el despojo a los pueblos, mediante grupos armados con vínculos institucionales y con el crimen organizado, cuya acción podría desencadenar una conflagración armada de proporciones nacionales. Ese es el verdadero peligro.

Pablo Guzmán, ex coordinador y actual asesor de la CRAC-PC. (Tomado del video Vigilantes mexicanos se levantan contra la delincuencia, producido por VICE)

FOTO: CRAC-Policía Comunitaria

ENTIDADES FEDERATIVAS CON GUARDIAS COMUNITARIOS/ GRUPOS DE AUTODEFENSA/PARAMILITARES: SONORA –Guardia tradicional seri en Punta Chueca, 30 km de bahía de Kino, protege sus aguas de barcos camaroneros.

–Guardia Tradicional Yaqui en cuatro municipios del Valle del Yaqui, se opone al acueducto Independencia.

JALISCO –AyoƟtlán. En Manatlán, pide el reconocimiento de su policía comunitaria.

MICHOACÁN –Cherán. Autodefensa para proteger el bosque.

–Buenavista. Autodefensa de productores de limón.

–Irapichu (integrado por ocho comunidades Purépechas).

–Zitácuaro (guardias comunales).

–Nurío (policía comunitaria).

–Tepalcatepec (se trasladan en autos de lujo y usan armas de alto poder).

CHIAPAS –En la Sierra y la Selva.

Grupos de autodefensa.

–Los Altos, Norte, Sierra, Soconusco, Valles Centrales y Costa. Autodefensa coordinadas por el Ejército y paramilitares.

ESTADO DE MÉXICO –Amatepec.

–Tlataya.

–Tejupilco.

–Zacualpan.

–Almoloya de Alquisiras.

–Luvianos.

–Tlatlaya.

–Amatepec.

MORELOS Ciudad Ayala. En Tenextepango surgió autodefensa en febrero del 2013 –Cuautla. Autodefensa en Telelcingo

GUERRERO –Iguala (Autodefensa en 30 comunidades).

–Tixtla (CRAC).

–Olinala (Retenes civiles de octubre a diciembre del 2012).

–Cualac (Creó su policía comunitaria en 2013).

–Teloloapan (Autodefensa).

–Marquelia (Policías comunitarios).

–La Montaña. CRAC Ɵene presencia en 13 municipios.

–Ayutla de los Libres, Teconapa, Florencio Villarreal y Copala (Policías de la UPOEG surgidos en 2012, reciben dinero del gobierno).

OAXACA –Juchitán. Policía comunitaria que en Alvaro Obregón se opone a proyecto eólico.

–Santos Reyes Nopala.

Autodefensa, su líder es acusado de porro

de Ulises Ruíz.

VERACRUZ –Tantoyuca. Paramilitares.

QUINTANA ROO –Guardia tradicional Maya creada en el siglo XIX. CHIHUAHUA –Dos grupos de autodefensa.

TABASCO –Cárdenas. Grupo paramilitar.

SAN LUIS POTOSÍ –Huasteca Potosina.

Autodefensas y paramilitares.

PUEBLA –San Marơn Texmelucan.

Autodefensa.

–Amozoc. Autodefensa.

–Tehuacán, Autodefensa coordinada por las autoridades.

(Fuentes: La Jornada, El Universal, Milenio, MVS, Proceso, Desinformémonos).

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Guerrero

LA UPOEG Y LA AUTODEFENSA CIUDADANA Ramón Gracida González y Julio Leocadio Castro Promotores de la UPOEG

Estos esfuerzos comunitarios estaban enmarcados en el colapso de la seguridad pública, que a nivel nacional se había deteriorado sobre todo a partir de la guerra emprendida por el gobierno federal contra el narcotráfico, y por la ausencia de un mínimo de condiciones que salvaguardaran la vida, la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía, ante el incremento de la violencia que ejerce el crimen organizado desde que en 2009 se asentó en esta región.

Las balaceras, levantones, ejecuciones, cadáveres desperdigados en los basureros, persecuciones en las calles, robo de vehículos y toques de queda, constituyeron el paisaje brutal de la omnipresencia y poderío de esos criminales, que se magnificó en la ciudad y en las comunidades rurales, al grado de que además de ser dueños absolu-

FOTO: Vigilantes mexicanos se levantan contra la delincuencia / VICE

Los antecedentes se ubican a mediados de 2011, cuando, impulsadas por un conjunto de líderes comunitarios de las zonas mestiza y mixteca del sureste de Ayutla, se realizaron consultas en las comunidades para discutir y aprobar la formación de una policía comunitaria que fuera parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que en la región de la Montaña ya había demostrado desde sus inicios gran eficiencia y eficacia para combatir la delincuencia.

tos de las noches, se daban el lujo de implementar operativos para la detención de delincuentes comunes que luego entregaban a los policías municipales o ministeriales.

En este contexto, al iniciarse la promoción de la policía comunitaria en las asambleas de las comunidades de esta región se hicieron notorios el entusiasmo y la participación ciudadana. En la buena disposición de la gente también influyó la posibilidad de que la organización sirviera para conseguir obras de infraestructura productiva y de servicios, algo que desde antes se venía buscando.

En estas reuniones, después de comentarse la gravedad de la inseguridad y el control que del narcotráfico sobre las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, se explicaba la experiencia de la CRAC y los alcances de la figura de la comunidad indígena como sujeto de derecho para ser gestora de su seguridad y su desarrollo.

Así, se fue gestando un mensaje y un espacio de unidad entre los pueblos que tenían en las Asambleas de Autoridades Comunitarias de Ayutla y en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a sus principales promotores. Sin este antecedente, no podría explicarse la irrupción de un movimiento ciudadano que además de plantearse la autodefensa también lucha contra la marginación, el abandono oficial y la falta oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

En agosto-septiembre de 2012, se suscribieron los primeros acuerdos para incorporarse a la CRAC, y

El 6 de enero, sin el procesamiento adecuado de estas diferencias, irrumpió el movimiento ciudadano de autodefensa liderado por la UPOEG, como respuesta a la onda expansiva de secuestros, levantones, cobro de cuotas a ganaderos, comerciantes y campesinos, que incluyó a varios de sus militantes en Plan de Gatica, Ahucachahue y Rancho Nuevo.

después de discutirse y aceptarse sus estatutos y hacerse los nombramientos de policías y comandantes comunitarios, se programó para el 22 de diciembre, en la comunidad de Tonalá, del municipio de Ayutla, la instalación de la Asamblea General de Consejeros para la protesta de estos nombramientos y la elección de los comandantes regionales. Sin embargo, en esta etapa se hicieron manifiestas diferencias de un sector de la dirigencia, que súbitamente decidió cambiar la sede acordada y trasladar la reunión a la comunidad na’savi de La Concordia, lo cual fue interpretado por la otra parte de los líderes como un golpe de mano y un viraje sorpresivo en la estrategia incluyente que se venía construyendo.

La aprehensión de 54 presuntos delincuentes del crimen organizado, y el hecho de haberse desmantelado la red operativa de los jefes de plaza de Ayutla Tecoanapa y Las Mesas, fueron el resultado inmediato que demostró la eficacia del movimiento. Nos preguntábamos ¿por qué hasta ahora?, ¿cómo permitimos tanto atropello durante tanto tiempo?

Puede colegirse que estas divergencias tienen de trasfondo alguna agenda oculta, que se simula con el celo rancio de una disputa étnica entre na’savis y mestizos y la pretensión del control territorial.

La onda expansiva del movimiento de autodefensa generó tales expectativas y simpatías que pronto se extendió al territorio inmediato de la Costa Chica y a las regiones del Centro, Montaña Alta y Acapulco. Pero al mismo tiempo, se fueron cerrando los caminos para el juicio popular que se les haría a los delincuentes y que había sido acordado por las comunidades el 31 de diciembre en la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla.

FOTO: Juan José Estrada Serafín

E

n el municipio de Ayutla de los Libres, de la Costa Chica de Guerrero, el pasado 6 de enero detonó un proceso de organización comunitaria que se tradujo inicialmente en un movimiento de autodefensa para convertirse luego en un sistema de seguridad y justicia ciudadana.

Aparentemente, de manera incomprensible, la CRAC se deslindó de las acciones de autodefensa promovidas por la UPOEG: “no estamos en contra de que los pueblos se levanten en contra del crimen organizado, pero tampoco estamos participando; nosotros no podemos salir fuera de nuestro territorio”, declaró Arturo Campos de la Casa de Justicia El Paraíso de la CRAC. Por otro lado, las presiones de la parte más conservadora de la opinión pública, de los organismos de derechos humanos, del Ejecutivo

estatal, de los jefes de las fracciones parlamentarias del Legislativo federal, de todo el aparato de seguridad del estado y del Ejército, se dejaron venir como avalancha en la alineación de un bloque de fuerzas contenedoras.

Hubo toda una ofensiva mediática cuyo objetivo era frenar el juicio a los delincuentes mediante usos y costumbres –los cuales se sustentan y amparan en el reconocimiento jurídico de la figura de la comunidad indígena– y forzar la vía de la negociación para entregar estos reos a la PGR. Era claro de que no había opción. Lo fundamental era blindar al movimiento y la negociación era el único camino transitable.

En lo fundamental, el propósito de resguardar el proceso de organización comunitaria se ha mantenido, y de ser un movimiento de autodefensa ciudadana se ha convertido en un Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), fortaleciéndose organizacional y territorialmente, además de ampliar su presencia hacia el Municipio Juan R. Escudero y el corredor Oriente de Acapulco rural; zonas que se en fechas recientes se han declarado formalmente como territorios comunitarios.

En síntesis, el proceso de organización que está en marcha ha sido antes que nada una acción política, una acción de fuerza de y para la legítima autodefensa comunitaria, una construcción de paz mediante el control territorial comunitario y regional para liberarse de la brutalidad criminal, un foro de diálogo y discusión con organizaciones sociales e instituciones del estado y una construcción programática para la incorporación de la figura de la comunidad en el desarrollo nacional con justicia y dignidad.

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PENSAR LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DESDE LOS PUEBLOS Mariana Mora Bayo* y Jaime García Leyva** *Profesora investigadora del CIESAS y de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; **Indígena na’savi, profesor investigador del Centro de Investigación de FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Enfermedades Tropicales de la Universidad Autónoma de Guerrer mariana_mora@yahoo.com, jaime.jaguar@yahoo.com.mx

L

os pobladores de una comunidad nahua reflexionan en asamblea sobre la inseguridad que atraviesa la Montaña de Guerrero, sobre el papel de las instituciones y la construcción de alternativas. El debate profundo refleja cómo los pueblos indígenas de la región luchan, en un entorno sumamente adverso, por condiciones mínimas de seguridad y justicia.

Los habitantes inician evaluando el papel de las fuerzas de seguridad. Un señor asegura que lo único que ha logrado el retén del ejército, que opera desde hace un

sus autoridades tradicionales. Un anciano señala que la solución es regresar a las actividades que desempeñaba anteriormente la comisión de seguridad del pueblo junto con el comisario y los principales.

Un hombre responde que antes el problema era el robo de ganado y ahora son los policías y los narcotraficantes. Dice: “tenemos que fortalecer el papel de nuestras autoridades. ¿Pero qué pueden hacer ellos contra esa gente que anda con su cuerno de chivo?”.

año, es redirigir el problema del narcotráfico hacia su comunidad, por donde ahora pasan los “maleantes” sembrando temor entre la gente. La policía ministerial, ni decir, “ellos sólo buscan cómo exprimir el dinero de los campesinos” con extorsiones que van de tres mil a cinco mil pesos, aunque pueden llegar hasta 20 mil. Y los policías municipales a veces “se portan como sicarios, entran a la comunidad encapuchados, con sus armas en alto, y detienen al que encuentren en la calle”.

Debates igual de complejos se están realizando en otras comunidades na’savi, me’phaa y nahua en la Montaña y Costa Chica de Guerrero como parte de la reactivación de estrategias de protección y de justicia comunitaria indígena. Estas reflexiones se vienen dando desde 1990, cuando la inseguridad se incrementó en la región. Los acuerdos se toman en asambleas con base en las formas de organización social propia y en el cumplimiento de cargos, así como en la apropiación de elementos jurídicos que garantizan su seguridad y el respeto cultural a sus maneras de hacer justicia.

En contraste, los participantes enfatizan la confianza que tienen en

Dichas propuestas apelan a la reeducación, a los consejos, a las san-

ciones, al trabajo comunitario y a la dignificación del sujeto para que sea “hombre de bien” y “de honor y rostro”. Estas prácticas tienen un sustento en la organización comunitaria. Para los na’savi existe el cambio de mano entre hermanos (sama nda´a na ta´an yo), que representa el intercambio de apoyo mutuo y que se traduce también en el cumplimiento de trabajo por y para el pueblo. Entre los nahuas existe el tlamacoaxtli y el tequio; para los me’phaa se encuentra la faena y el servicio comunitario.

Ambas formas parten de los núcleos familiares y en un segundo momento se correlacionan con el servicio a la población general. Así, quienes integran los sistemas de seguridad que se han organizado han crecido y se han formado con una identidad basada en el servicio y en los valores colectivos.

te problema de la alienación de los jóvenes, quienes encuentran pocas vías para expresar sus frustraciones ante la falta de acceso a una educación intercultural de calidad, ante las pocas opciones de un empleo que no requiera migrar y ante los impactos del deterioro ambiental regional que afecta la productividad de la tierra.

Dentro de los pueblos también se están gestando debates entre generaciones y entre hombres y mujeres para renovar los usos y costumbres, lo que incluye analizar la incorporación de nuevas prácticas y pensamientos. En particular, la modificación de los cargos de seguridad y de justicia para responder a las violencias que sufren las mujeres, y al crecien-

Evento: Coloquio internacional Antropología de la Alimentación.

Organizan: Varias organizaciones e instituciones académicas.

Lugar y fecha: Auditorios Francisco Javier Mina y Vicente Guerrero, Edificio Central (A) Planta Baja de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, 22 y 23 de mayo de 2013. Informes: http://www.xoc.uam.mx/ Coloquio/registro.htm

Guerrero

ABRIENDO BRECHA: MUJERES DE LA POLICÍA COMUNITARIA

La búsqueda de soluciones de cara a la violencia desatada por la delincuencia organizada y por la impunidad con que actúan las instituciones es un desafío mayor. Sin embargo, reivindicar sus sistemas de seguridad y justicia es una parte necesaria de sus luchas por una vida digna y por el resguardo de sus espacios sociales y materiales, su lengua y territorio.

María Teresa Sierra Profesora-Investigadora del CIESAS-DF

P

or primera vez en la historia de la Policía Comunitaria, el 23 de febrero de este año una mujer fue electa comandanta regional, en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán: Paula Silva Florentino, na’savi, de 34 años. Junto con otros tres comandantes regionales, Paula está ahora al frente de los grupos de policías comunitarios que garantizan la seguridad de las comunidades en un amplio territorio.

Para Paula tal situación es un honor: “Nosotras las mujeres hemos soñado y hemos luchado hasta llegar donde estamos ahorita, lo acepto compañeros y con mucho orgullo llevaré este cargo” (palabras dichas ante la Asamblea Regional de cambio de autoridades).

De esta manera, las mujeres se encuentran presentes en las dos principales estructuras del Sistema Comunitario, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que se encarga de impartir justicia, y la

Comandancia Regional de la Policía Comunitaria. El hecho revela los nuevos tiempos que marcan a la institución y su capacidad para abrir los espacios a la participación de las mujeres, lo cual fortalece el proyecto autonómico de la Comunitaria.

No ha sido fácil para ellas ganar un lugar en las instancias de la justicia y la seguridad comunitaria regional, ante las arraigadas ideologías patriarcales que reproducen su subordinación y tienden a excluirlas de la toma de decisiones familiares y colectivas; más aún en contextos donde la opresión de género no puede desligarse de las múltiples subordinaciones y violencias estructurales y políticas que marcan la vida de las comunidades y su relación con el Estado.

Si bien las mujeres han participado activamente en el proceso comunitario desde sus inicios en 1995, fue apenas en 2006 cuando la Asamblea Regional eligió a Felícitas Martínez como coordinadora regional de la CRAC para realizar tareas de justicia; desde

entonces varias mujeres han ocupado el cargo. Lo distintivo de su participación ha sido promover un debido proceso sensible a la condición de género de las mujeres que contemple sus derechos, en el marco mismo de sus costumbres.

En palabras de Carmen Ramírez, ex coordinadora de la CRAC: “no es lo mismo tratar a una mujer que a un hombre, no se tiene la misma confianza”. Falta mucho para conseguir una justicia con equidad de género; sin embargo, hay avances muy importantes como el hecho que las mujeres puedan plantear sus problemáticas, en su propia lengua, a otras mujeres, y si es necesario sean ellas quienes las revisen, sobre todo cuando son víctimas de violencia. Asimismo las mujeres han dado las salidas adecuadas en el proceso de reeducación –fase última de la justicia comunitaria para casos graves-, cuidando que las detenidas realicen un trabajo propio a su condición de mujer, y garantizando al mismo tiempo su seguridad personal al estar en un

espacio masculino, como lo es la oficina de la CRAC. El proceso de las mujeres en la policía comunitaria cobra especial relevancia en el contexto de una institución que ha garantizado la paz social y la justicia en un amplio territorio a lo largo de 17 años, ejerciendo una autonomía de facto. Por lo mismo, a lo largo de su historia ha sido vigilada y acosada por el Estado, que sin embargo ha terminado por tolerarla.

Las presiones hacia la institución no han impedido que los Comunitarios modifiquen su modelo buscando una justicia y una seguridad más adecuada, para hombres y mujeres. Es en este sentido que deben valorarse los aportes de las mujeres al sistema comunitario y su potencial emancipatorio.

Como otras mujeres indígenas en México y en América Latina, las de la Policía Comunitaria están abriendo brecha y apostando por fortalecer su lugar en una institución que ha traído la dignidad a sus pueblos y a ellas como mujeres.

Evento: ¡Jaramillo Vive!

Honremos la Memoria de Rubén Jaramillo y su Familia. Organiza: Varias organizaciones. Lugar y fecha: 23 y 26 de mayo.

Diversas actividades.

Evento: CaravanadelMaíz #FueraMonsanto. Lugar y fecha: 25 de mayo a las 14:00 horas en Bellas Artes, Ciudad de México.

Informes: Facebook: CarnavalDelMaiz / carnavaldelmaiz@ gmail.com / Twitter: CarnavaldelMaiz Video: Vigilantes mexicanos se levantan contra la delincuencia https://www.youtube.com/ watch?v=8XiSnCt9fDc Producido por: VICE.

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Guerrero

LOS COMUNITARIOS: ESTIRPE SABIA Y GUERRERA DE LA COSTA-MONTAÑA Abel Barrera Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Ante el atraco vil a los maestros indígenas y a los pequeños productores de café, los robos de animales, las violaciones sexuales de niñas, y los secuestros y asesinatos por parte de bandas de forajidos, las organizaciones cafetaleras, como La Luz de la Montaña, la Unión Regional Campesina y la SSS Café y Maíz, así como el Consejo Guerrerense 500 Años, los consejos comunitarios de abasto y la Iglesia católica de la parroquia de El Rincón, compartían la misma preocupación: cómo contener el avance de la delincuencia en la región. En las reuniones se

imponía la idea de “tronar” a los delincuentes o de ir a sus madrigueras para colgarlos junto con sus secuaces, la policía ministerial.

Las asambleas regionales se erigieron en espacios de reflexión colectiva que ayudaron a recuperar la memoria histórica y a reivindicar los derechos del pueblo para enfrentar los embates de la delincuencia y los actos impunes de los gobiernos caciquiles. ¿Cómo atacar de raíz estos males?, era la pregunta que consumía varias horas de los asambleístas en acaloradas discusiones.

El reencuentro con sus saberes milenarios y el rescate de sus instituciones comunitarias ayudaron a reencausar la fuerza alebrestada de los pueblos de la Costa-Montaña.

Se esfumó el fantasma de la justicia por propia mano y se optó por el camino de la justicia y la seguridad comunitarias.

En aquella fecha, los comisarios sellaron las actas de la asamblea y las registraron ante el notario público para darle fuerza legal al

FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

E

n la comunidad me’phaa de El Rincón, junto a las faldas del cerro Tezontello, donde Genaro Vázquez instaló su primer campamento guerrillero, el 15 de octubre de 1995 nació la policía comunitaria, en el seno de una asamblea regional donde participaron 28 comunidades me’phaa, na’savi y mestizas de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú.

acuerdo comunitario. Para su conocimiento, entregaron copias al gobernador, al procurador de justicia, al presidente del tribunal, al congreso del estado, al director de la policía ministerial y al mismo

ejército. La respuesta de las autoridades fue unánime: desarmar y encarcelar a los policías comunitarios por transgredir la ley. La sinrazón del poder autoritario dio paso a la persecución y la confron-

tación permanentes.

Por su parte, los pueblos indígenas constituyeron de manera autónoma una estructura normativa y operativa acorde con el sistema de justi-

Guerrero

MARCHANDO POR CAMINOS ESCARPADOS: LA LUCHA POR LA JUSTICIA COMUNITARIA Vidulfo Rosales Sierra Coordinador del Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) a la fecha tiene cuatro casas de justicia, opera en 12 municipios y realiza las actividades concernientes a la prevención del delito, procuración e impartición de justicia y reeducación.

Antes de la conformación del Estado Nacional los pueblos indígenas contaban con una forma de organización política y social. En el periodo poscolonial, y al conformarse lo que hoy conocemos como el Estado mexicano, a los pueblos indígenas se les trató de incorporar a una forma de vida que no les corresponde. Se les sometió a un sistema de justicia

que les es ajeno. Así perdieron su libertad, tierras y todo su patrimonio. Sin embargo, muchos pueblos resisten. Conservan su forma de organización política y social.

Los comisarios y los policías se nombran en Asamblea general, escogiendo a las personas más honestas y comprometidas con la colectividad. Los primeros administran justicia y los segundos se encargan de la seguridad pública.

FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

E

n 1995 los pueblos me´phaa, na’savi y mestizos de la CostaMontaña de Guerrero, cansados de ser víctimas de la delincuencia y de la omisión de las autoridades encargadas de la seguridad, procuración e impartición de justicia, conformaron la Policía Comunitaria y posteriormente su Sistema de Justicia.

En este modelo de seguridad y justicia se inspiró la CRAC-PC. Hoy día han logrado abatir la delincuencia en 90 por ciento en la Costa-Montaña de Guerrero.

Actualmente existe un cuerpo de leyes que da sustento legal a esta organización comunitaria: el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos indígenas y Tribales; la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas; el artículo 2 de la Constitución Política de México, y la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, establecen que los pueblos indíge-

nas tienen autonomía para decidir sus propias formas de organización social y para castigar los delitos cometidos en su territorio.

Concretamente la Ley 701 del Estado de Guerrero reconoce que los pueblos indígenas tienen la

facultad de realizar tareas de prevención del delito, administración de justicia y readaptación social de los transgresores. En tal virtud la actividad de las CRAC-PC dista mucho de ser ilegal como muchos afirman; por el contrario, es el reconocimiento a la diversidad ju-

rídica en una sociedad pluralista, multicultural y democrática.

Pese a lo anterior, desde su fundación la CRAC-PC ha sido objeto de hostigamiento, persecución y represión por parte de las autoridades federales y esta-

cia y seguridad comunitarias, teniendo como base la asamblea general de autoridades comunitarias y como órganos operativos la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el comité ejecutivo, los comandantes y los cuerpos de la policía comunitaria.

Para los gobiernos regidos por el canon cultural occidental, este sistema de seguridad y justicia comunitarias, en lugar de ser reconocido como parte esencial en la vida de las comunidades, representa una amenaza al sistema jurídico eurocéntrico.

A pesar del denuesto traducido en amedrentamientos y detenciones injustas, la policía comunitaria, a sus 18 años, es el bastión de los pueblos de la Costa-Montaña; ha abatido la delincuencia común, y ante la ineficacia del operativo Guerrero seguro, ahora se enfrenta a los grupos del crimen organizado. La confianza lograda con sudor y sangre ha rebasado los confines de la Montaña y se ha extendido a otras regiones del Estado. Es fuente inagotable de nuevas experiencias de seguridad y justicia comunitarias. Es la raíz que da vida a formas inéditas de seguridad ciudadana, forjadas desde la matriz comunitaria.

Para las autoridades, no hay otra fórmula más efectiva para so-

tales. A menudo se le ha descalificado, señalándola de ilegal y de ser un grupo de hordas que clama venganza. Los cuerpos policiacos trataron de desarmar a los policías comunitarios. Otras veces se abrieron expedientes en los que se judicializa a las autoridades comunitarias, acusándolas de privar de la libertad a las personas. A la fecha existen 50 acciones penales contra igual número de autoridades y consejeros de la CRAC-PC. Ejemplo de lo anterior es cuando en 2002 fue detenido el párroco Mario Campos, fundador de la organización comunitaria, un año después el gobierno del estado dio un ultimátum de 30 días a la CRAC-PC para que dejara de operar so pena de desarmarla con el Ejército Mexicano. En 2005 la Policía Ministerial entró a la Casa de Justicia de la CRAC-PC en San Luis Acatlán y detuvo a todos los coordinadores. En 2012 elementos de la Policía Ministerial detuvieron al coordinador Máximo Tranquilino Santiago y el 7 de mayo de este 2013 el Ejército Mexicano detuvo a dos coordinadores y cuatro policías de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es una organización comunitaria que se forjó con la fuerza decidida de los pueblos indígenas, independiente de los partidos políticos y del gobierno. Hoy en día este proyecto

Las armas del pueblo cavar la fuerza indómita de los comunitarios que criminalizar su trabajo. A pesar de que a nivel estatal existe la Ley 701, que reconoce la personalidad jurídica de la CRAC, el ejército y la marina continúan fustigándolos. Los exhiben como delincuentes peligrosos, los desarman para restregarles en la cara quién tiene el poder. Por su parte, el gobernador se obstina en confinarlos y aislarlos en lo agreste de la Montaña. Los ve como reminiscencias del pasado.

Los policías comunitarios son los Xiña de la seguridad del pueblo.

Son las mujeres y los hombres sabios, que dedican su vida a velar por el bienestar de todos y todas.

Son los caballeros tigre, los que ofrendan su sangre a las potencias sagradas para que no falte lo necesario para vivir dignamente. Son como el rayo que descarga su furia contra quienes atentan contra los bienes de la colectividad. Por eso no es casual que en la reciente detención de dos autoridades comunitarias y cuatro policías, por parte de la marina y el ejército, la asamblea regional haya decidido detener a seis funcionarios del gobierno, para exigir la entrega de las armas y las camionetas decomisadas. Para los pueblos las autoridades comunitarias merecen respeto, porque son la estirpe sagrada de sus sabios y guerreros.

de seguridad y justicia comunitaria se ha consolidado.

Ante el fracaso gubernamental en su estrategia de seguridad, la CRAC-PC es un modelo de seguridad y justicia que evidencia que la delincuencia no es invencible y que construir una sociedad en la que impere la justicia es posible.

Por lo demás los pueblos y comunidades que integran el Sistema de Justicia Comunitaria de la CRACPC han mostrado la importancia de articularse con otras luchas para evitar el aislamiento, el despojo y la represión. En 2006, junto con otras organizaciones, construyó la Agenda para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el objetivo de que las propuestas ahí establecidas se incluyeran en el Plan de Desarrollo del Gobierno del Estado, cosa que nunca ocurrió. En 2006 participó en la Otra Campaña Zapatista. En este año 2013 se vinculó con el magisterio democrático de Guerrero para con otras organizaciones conformar el Movimiento Popular Guerrerense.

Los pueblos y comunidades de Guerrero, de México y el mundo tenemos confianza en que la Policía Comunitaria de la CRAC continuará en la lucha inclaudicable por la seguridad y la justicia comunitaria, para que al mismo tiempo en que inspira otras luchas muestre con acciones concretas que la construcción de Otro Mundo es posible.

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Guerrero

EL SISTEMA DE JUSTICIA Y LA REEDUCACIÓN DE INFRACTORES EN LA CRAC Pablo Guzmán Hernández Consejero de la CRAC

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n la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRACPC) de Guerrero, la primera instancia del Sistema de Justicia Comunitaria es el comisario, delegado o encargado municipal, autoridad que es nombrada cada año por la comunidad y que el ayuntamiento reconoce como autoridad constitucional y le dota de un sello como autoridad oficial.

Además de cumplir ciertas obligaciones como autoridad ante el ayuntamiento, el comisario, delegado o encargado municipal también tiene obligaciones ante el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación y sus Comités principales, que son Comité de Autoridades y el Comité Ejecutivo (comandantes regionales).

El comisario tiene facultad de resolver y sancionar asuntos menores y para ello puede auxiliarse de los principales de su comunidad, e inclusive de la Asamblea Comunitaria. Si no se resuelve el asunto o hay inconformidad por la parte acusada, se puede recurrir a la Segunda Instancia.

La Segunda instancia es integrada por los coordinadores de cada una de las cuatro casas de justicia (San Luis Acatlán cabecera municipal; Zitlaltepec, municipio de Metlatonoc; Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y El Paraíso, municipio de Ayutla) y se encarga de atender asuntos graves señalados en el Reglamento Interno; para resolver asuntos muy complicados, se pueden auxiliar de los consejeros regionales y/o de la Asamblea de la mayoría de los comisarios de las aproximadamente 25 comunidades que coordina cada casa.

La Tercera Instancia y última, como máxima autoridad del Sistema Comunitario, está integrada por la Asamblea Regional o Asamblea General de la mayoría de las comunidades participantes en el Sistema Comunitario, además de los consejeros, comisarios, principales entre otros.

Ante esta instancia se llevan los asuntos de mayor gravedad y se resuelven en definitiva.

Cuando la CRAC recibe una demanda, reúne elementos suficientes que le den sustento

FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

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y en seguida envía un primer y hasta un segundo citatorio. Si éstos no son atendidos, se manda a la policía con una orden de presentación. Puesta a disposición la persona, se toman las declaraciones correspondientes, se investiga y se define la culpabilidad. Se inicia la búsqueda de arreglos y acuerdos conciliatorios. Esta etapa es la que más se trabaja: ante la presencia de las autoridades, las partes dialogan las veces que sean necesarias a fin de lograr un buen arreglo. La gran mayoría de los asuntos se resuelven en esta etapa. Cuando el asunto no tiene reparación del daño, como violación u homicidio, o cuando después de buscar el arreglo y la conciliación, ésta no es posible, entonces se interviene como autoridad (todo siempre plasmando en actas) para determinar la sanción correspondiente aunque alguna de las partes o ambas no compartieran la decisión.

Actualmente los usos y costumbres no están sistematizados y varían de una comunidad a otra por ser mixtecas, tlapanecas o de un sincretismo entre esas etnias y mestizos. Siempre se eligen a los coordinadores (entiéndase: jueces tradicionales) por lengua, para que en caso de que el acusado no hable bien el castellano siempre haya un coordinador que hable su lengua.

Si existen elementos que indiquen culpabilidad, se detiene a la persona en tanto se concluye la investigación. Una vez corroborada su responsabilidad se determina su sanción y se manda a reeducación.

La primera educación se recibe en la escuela, el hogar y la comunidad y cuando se juzga

al infractor no se soslaya la responsabilidad de los padres y la comunidad en dicha educación.

La segunda educación es en cautiverio donde aprenderá a trabajar si no lo sabía hacer.

La filosofía reeducativa del Sistema Comunitario concibe que no es la tortura, la venganza, la pena o el castigo lo que puede hacer cambiar al individuo; por ello, las personas que deben pagar por un delito no permanecen encarcelados: no deben ser una carga para la sociedad y más bien tienen que ser productivos.

Cuando se les manda a reeducación, tienen que permanecer 15 días en cada una de las comunidades del Sistema Comunitario: durante el día no están en la celda, sino trabando en tareas de beneficio común, como arreglo de la comisaría, abriendo zanjas para meter agua potable, haciendo pozos, arreglando brechas o calles, entre otras; por la tarde, se les lleva a bañar o a lavar su ropa y después a recibir consejos y pláticas de los señores principales que les retransmiten su experiencia de vida y les dan abundantes consejos.

La reeducación es una propuesta en construcción y se prevé que en el futuro se convierta en una universidad del aprendizaje con orientación familiar, primeros auxilios, protección civil, capacitación para elaborar abonos orgánicos, producción de hongos setas, y en lo general oficios, habilidades y destrezas que los infractores puedan compartir con los ciudadanos de cada comunidad mientras están en reeducación, y una vez al salir de ella, sean catalizadores del desarrollo integral sustentable de su región.

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Las armas del pueblo

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Michoacán

GUARDIAS DE LA COSTA, LA MESETA, EL ORIENTE… Eugenio Bermejillo

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de catalogarla como policía indígena y comunitaria y considerarla una “policía municipal”.

Algunos hablan de entre 20 y 30 comunidades indígenas con organizaciones policiales. En los recuentos se menciona a Ostula en la costa; Chilchota, Cherán, Nahuatzen, Paracho, Urapicho, Ocumicho, Turícuaro, Comachuén, Capácuaro Pamatácuaro y Charapan en la Meseta; se dice de Cherato, Cheratillo, Oruzcato y 18 de Marzo, en Los Reyes, y de once comunidades de la zona mazahua-hñahñú, que se han coaligado bajo un esquema coordinado.

Cada una con antigüedad, estilo, fuente de financiamiento y arraigo comunitario diferente, pero todas con una base, a veces más cercana, a veces más lejana con la tradición comunal de origen prehispánico. Ni siquiera tienen al mismo nombre, pueden llamarse rondas, guardias o policías. Son

FOTO: Agencia Esquema de Michoacán

etrás del escándalo del los choques entre narcos que se hacen llamar policías comunitarias en Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, en Michoacán, hay un proceso de organización comunitaria para generar mecanismos de seguridad frente al crimen. Con menos notas periodísticas, pero más policías, los nahuas de la costa, los purépechas de la Meseta y los mazahuas y hñahñú del oriente del estado están buscando en la tradición centenaria de las rondas bases para instituciones de autodefensa propias.

organizaciones recientes y armadas. Quizá la fecha que abre esta nueva camada sea el 2009 con Ostula, aunque ahí, dice Abundio Marcos Prado, dirigente del Movimiento Indígena Nacional (MIN) y de la Nación Purépecha, “no se habló de policía comunitaria, sino simplemente de comunidad organizada para la defensa de sus recursos”.

Está, por supuesto, la organización que surgió de las barricadas que como retenes improvisaron las valientes mujeres de Cherán.

Y que ahora, después de las sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sancionó su autodeterminación en la forma de elegir a sus autoridades, ha equipado e institucionalizado sus rondas. El caso

de Cherán sirvió de ejemplo para muchas comunidades de la Meseta Purépecha, pero es atípico. Al ser cabecera municipal, recibe los recursos de ley que le corresponden como ayuntamiento, que han servido para equipar y mantener su seguridad. Este elemento es suficiente, según Alejandro Avilés Reyes, de la Secretaría de Pueblos Indígenas michoacana, para dejar

Todas estas prácticas comunitarias persisten gracias a las formas propias de organización de los pueblos, los sistemas de cargos, que entre los ñuú savi se conocen como tiñu ñuú. A quienes forman parte

de ellos se les nombra tee iso tiñu ñuú siki o yoso tiñu ñuu siki, hombres de cargo o tee to’o, hombres que se encuentran investidos de autoridad. Entre los cargos tradicionales de carácter civil resalta los Tatun (el que hace los mandados), que equivale a Topil; Mayu, como se nombra a los policías; Mayu ya´a un (policía grande), el comandante de policía; Tatun ne’enu (el que carga las varas de mando), el Mayor de varas; To’o tee tute o To’o tu’uva (autoridad que lleva los papeles, o autoridad que sabe), conocido como Secretario; To’o ntito xu’u (autoridad que cuida o guarda el dinero), el Tesorero; To’o sa’a nto cuechi (autoridad que soluciona los problemas), el Alcalde, y To’o ne’enu (autoridad grande, de mayor jerarquía), el agente municipal.

Sin embargo, el salario de los guardias de Cherán no impidió que esta comunidad fuera incluida en la comisión de pueblos indígenas que surgió de la reunión de policías comunitarias, que se celebró el 16 de marzo en la comunidad de Urapicho del municipio de Paracho. Quizá el elemento que más se repite entre las comunidades asistentes es el hartazgo ante el descarado robo de madera y la percepción de que las policías institucionales eran cómplices del saqueo. A esta reunión asistieron 32 autoridades comunitarias, además de representantes y organizaciones campesinas e indígenas. En este encuentro se creó un órgano indígena responsable de dar seguimiento a la creación de policías comunitarias y apoyar a las que ya existen.

“Todas las comunidades indígenas de la Meseta Purépecha están armadas, todas incluyendo mi comunidad”, dice Marcos Prado; “eso se creó desde que la Reforma Agraria empezó a medir las tierras, cuando nos confrontó con otras comunidades” Y bromea: “yo las únicas armas que conozco son las de siete milímetros, yo no sé si es uso exclusivo de los indígenas”.

El dirigente del MIN afirma que los calibres han crecido. Recuerda el ejemplo de una comunidad que tenía un corral especial para

Mixtecos

TEE ISO TIÑU ÑUÚ SIKI Francisco López Bárcenas

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os mixtecos y la región de donde son originarios, tal como existe en el imaginario gubernamental y en la mayoría de los mexicanos, son una invención. Los pueblos denominados mixtecos se nombran a ellos mismo ñuú savi o na savi, según las variantes lingüísticas más conocidas, y a su lugar de origen lo llaman nuhu savi. El ñuú es el pueblo y el ñuhu el territorio, dos conceptos alrededor de los cuales gira su vida comunitaria, tan importantes e interdependientes que la existencia de uno es impensable sin la del otro y la transformación del primero también alcanza al segundo.

La base del ñuú es el tan’a, cuyo significado se asemeja a familia ampliada, marcada por el sa’a, trabajo que entre sus integrantes se prestan para la solución de sus

problemas. En el tan’a también descansa el trabajo comunitario – tiñu ñuú– y las fiestas –viko–, dos actividades muy presentes entre los pueblos, que representan el sacrificio y el goce entre ellos.

Los cargos de Tatun, Mayu, Mayu ya´a un y Tatun ne’enu son la base

de los tee iso tiñu ñuú siki, por donde se empieza a servir al pueblo, por eso no son To’o, vocablo que designa autoridad y por lo mismo responsabilidad para la toma de decisiones. Pero no por eso pueden considerarse cargos menores. A los topiles corresponde realizar todas las diligencias que las autoridades superiores les ordenan; puede decirse que son autoridades ejecutoras de las decisiones de las demás y por lo mismo de ellos depende que las decisiones de las autoridades lleguen a su destino, sean los miembros del pueblo u otras autoridades. Sobre las policías comunitarias descansa la paz y seguridad de los pueblos. Para lograrlo realizan rondines por todo el territorio del pueblo, incluyendo el destinado a la siembra y los bosques, y detienen a las personas que alteran el orden o cometen algún delito; las entregan al Alcalde, que determinará

Las armas del pueblo

18 de mayo de 2013 guardar el ganado robado a las vecinas. “Imagínate un abigeo no trae cualquier arma, no es una 22, las armas de policías municipales quedan chicas”.

Abundio Marcos destaca un caso michoacano que no aparece en la prensa nacional, el de la zona mazahua y hñahñú en el oriente del estado: “Ahí son 11 comunidades, cada una aportó su número de guardias. Son pagados por su propia comunidad. Nadie, ni

Ya se realizó un encuentro michoacano de policías comunitarias, ya se han reunido con representares de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Está en la agenda de las guardias michoacanas un evento nacional antes del 30 junio. “Tenemos pensado invitar a por lo menos experiencias de San Luis Potosí, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y, por supuesto, Guerrero”, concluyó Abundio Marcos.

federales ni estatales entran y yo creo que no se animan porque las comunidades pueden agarrar a la ciudad de México por los cuernos, le pueden cortar el agua del Sistema Cutzamala”.

Marcos Prado añade que fue el robo de la madera y la afectación de las ricas huertas aguacateras lo que motivó las guardias. ”En una sola noche no aparecía un fruto en toda la huerta, imagínate de toda una temporada de trabajo, y la inversión que hay”.

TRES RAZONES El 16 de marzo en la comunidad de Urapicho, Abundio Marcos leyó un texto en el que apunta tres razones que respaldan la existencia de las rondas michoacanas. Como parte de la razón jurídica citó los arơculos 1 y 2 de la ConsƟtución mexicana, el tercero de la ConsƟtución michoacana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y PolíƟcos.

Trascribimos las otras dos razones.

La razón histórica: Antes de la llegada de los españoles, el Pueblo P’urhépecha, como todos los pueblos indígenas, tenía su ejército para la defensa de su territorio y de su gente. Su base militar eran los K’ata’piriicha (policía comunal, comúnmente llamado ronda). Esta base militar era para resguardar el orden de un núcleo poblacional o de una comunidad; sus integrantes obligadamente eran de la propia comunidad. Eran nombrados para cada fiesta o acƟvidad que implicara riesgo de alteración social, eran rotaƟvos. El número de miembros de una ronda, variaba, según el número de habitantes de una comunidad.

De esta base militar se seleccionaban los miembros que integraban el ejército del pueblo, es decir, el ejército p’urhépecha. Los jefes militares de

Sus responsabilidades aumentan cuando el pueblo tiene problemas, como la presencia de agentes externos a los pueblos de dudosa reputación o los conflictos que a veces tienen con sus vecinos. En estos casos, cuando lo consideran necesario, los policías pueden pedir al pueblo que les aumente el número de miembros o, inclusive,

La razón cultural: No cualquier comunero podía ser K’ata’piri (policía). Se observaban algunos criterios, entre ellos la fortaleza İsica, ser honorable y observar una buena conducta. Esto era para el caso de los K’ata’piri Patsari (policía de vigilancia); para el caso de los Kéri K’ata’piri (jueces o juzgadores), los criterios eran diferentes: haber sido K’ata’piri, ser honorables y haber ocupado otros puestos de la comunidad. Éstos eran los que juzgaban a los que comeơan delitos dentro o fuera de la comunidad, además de sentenciar a los infractores con las sanciones correspondientes.

Los K’eri K’ata’piriicha, eran los jueces para la premiación y sanción en los Años Nuevos P’urhépechas. Además, deberían llevar a sus casas a los infractores para inculcar una nueva reeducación y ser buenos comuneros. Los K’eri Káta’piriicha, tenían dos K’ataperakueecha (cárceles y juzgados), uno en Tzintzuntzan y otro en Tsakapindu (Zacapu). En estos juzgados, ya no solo eran K’eri K’ata’piriicha, ya se integraban los PetamuƟicha (los señores mayores), para deliberar los delitos que se les imputaban los detenidos y sancionar con jusƟcia.

autoridades del pueblo o el pueblo mismo se movilizan para liberarlos.

que el mismo pueblo los ayude en acciones concretas. En el ejercicio de este cargo muchas veces tienen que enfrentar a las autoridades civiles o militares de los mestizos, que insensibles de la forma de mirar los problemas de los pueblos, quieren imponer su voluntad o la ley estatal; en otras ocasiones son detenidos bajo el señalamiento de estar usurpando funciones o abusando de su autoridad, por no tener reconocimiento legal; los remiten a la cárcel para someterlos a proceso judicial. Cuando esto sucede, las

FOTO: Papel Revolución

si el caso se resuelve entre los miembros de la autoridad comunal o lo remiten a las autoridades municipales mestizas.

esta policía indígena eran los que hacían los reportes de las conductas de los comuneros para su premiación o sanción, según ameritaran.

La existencia, pues, de las policías comunitarias entre los pueblos indígenas de México, no debería sorprender a nadie, menos a las autoridades gubernamentales, porque forman parte de los gobiernos indígenas, que ellos dicen reconocer.

Pero se sorprenden porque en la ideología que se formaron el monopolio de la fuerza estatal la tienen ellos y no están dispuestos a compartirla con los pueblos indígenas, aunque ya no puedan con los problemas. Más les valdría rectificar y ver la realidad, porque los pueblos no van a dejar de mantener sus policías comunitarias y en la medida que la inseguridad aumente, seguro las van a fortalecer. Porque mientras los gobiernos inventan la realidad de los pueblos para ajustarla a sus moldes organizativos, éstos la recrean para seguir siendo pueblos, con un pasado y un horizonte distinto al que les quieren imponer.

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Hidalgo

GUARDIANES COMUNITARIOS HUASTECOS: PROTEGER Y SER PROTEGIDO Mauricio González González y Sofía I. Medellín Urquiaga Cedicar/ENAH

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n la Nueva España los pueblos de indios, a diferencia de los pueblos sujetos, se caracterizaban por tener un cabildo indígena independiente y electivo, un consejo que representaba a la colectividad ante autoridades coloniales. Su jerarquía estaba encabezada por un gobernador, alcaldes, regidores y un escribano, además de algunos cargos menores que trascendieron la normatividad colonial, como el de topil, tekitlato, kalpixke y chinampixque, formando híbridos que incluían también nombramientos religiosos como mayordomías y fiscales de iglesia.

Hoy en día, en las comunidades nahuas de la Huasteca hidalguense y veracruzana se pueden encontrar diversos tipos de autoridades (totekiuaj, totekichiuanimej o totekiuijmej), cuyo número varía en función de los cargos y barrios de cada comunidad (aunque 25 o 30 es la media). Estas autoridades tienen la característica de mantenerse en dos esferas, lo que impone constante tensión: por un lado participan de las decisiones colectivas propias del máximo órgano de decisión comunitario, la Asamblea General; por el otro, se les delegan responsabilidades municipales como la impartición de justicia y vinculación con ayuntamientos, donde la donación de trabajo y dinero no es excepción.

La estructura de las autoridades comunitarias en Hidalgo está constituida por un Jues Primero o Delegado primero y un Jues segundo, un Mayor (suplente del Delegado primero) y un Mayor segundo (suplente del Delegado segundo), además de un número variable de policías (topilmej o pitsatekuijmej), dentro de los cuales suele contarse con un Comandante y un Comandante segundo. Su periodo comprende un año y les es asignado por medio de la Asamblea General. En el municipio de Xochiatipan, Hidalgo, ésta se efectúa cerca de Xantolo o Todos Santos, pues la norma impide que exista autoridad que no cuente con la aprobación de todos los integrantes de la comunidad, incluyendo a los pasados, con cuerpo o sólo en tonalij (sombra), que en ese tiempo rondan las comunidades, lo que explica por qué anteriormente muchas Asambleas se efectuaban en campo santo, ocurriendo aún en poblados como Ohuatipa. En otras comunidades, como Tenexhueyac, la elección de autoridades se realiza por Asamblea de “Delegados Pasados” (Ueuetlakamej), la cual se hace después de un convi-

vio que organiza el Jues en turno.

Al finalizar el evento sólo quedan los ex Delegados, quienes en la madrugada deciden quiénes llevarán los cargos.

Las funciones de los topilmej comprenden resguardar el orden en la comunidad, protegerla y asistir a las autoridades en los trabajos comunitarios, como “ranchear” para dar notificaciones y convocar a Asambleas. En materia de impartición de justicia, el marco de decisión es la tradición, caso por caso, aunque recientemente se han incluido contenidos sobre derechos humanos con el fin de evitar excesos. Las principales acciones punitivas son multas y cárcel por un día en delitos como el escándalo público, riñas, agresiones a mujeres y brujería. Las multas económicas en delitos como robo son para resarcir daños, reponiendo el bien usurpado. Cuando el delito lo amerita se da parte al municipio, que canaliza al presunto responsable a la policía estatal si así se requiere, sea por lesiones graves, asesinato o violación.

La cualidad de la decisión colectiva de estas comunidades hizo que la recuperación de tierras por mano campesina en los años 70s y 80s fuera asamblearia, lo que hacía que muchos de los comisionados se convirtieran en topiles que resguardaban los terrenos tomados, ejerciendo la multifuncionalidad característica de la producción rural en beneficio de la reforma agraria maseual, recuperación que de inmediato participaba de la siembra en faena de frijol y maíz después de haberse cumplido el correspondiente protocolo ritual a la Tierra. Y este aspecto no ha de obviarse, pues si se presta oídos a la mitología regional, se constata en la cosmogonía que después de la anulación de la humanidad anterior por un diluvio, se efectuó una Asamblea de los “Patrones”, donde se asignaron Comisiones que hoy día dan la principales cualidades a las potencias, dentro de las que destacan los tlamokuitlauijketl, Testigos o Guardianes cuyos recortes antropomorfos de papel suelen colocarse tanto en las ofrendas al Viento, como en el xochimekatl, cordón de flores por donde llegan las deidades al altar de todo ritual vernáculo. Pero el guardián principal del pueblo es, además del Santo Patrón, el Cerro Patrón, quien funge a la manera de un municipio en el cuidado comunitario. Proteger es ser protegido en la Huasteca, función que resguarda en su hacer la costumbre y condición de posibilidad de su existencia.

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Las armas del pueblo

18 de mayo de 2013

Perú

LA RONDA CAMPESINA Leif Korsbaek Investigador tiempo completo Antropología Social ENAH de la tierra, la ronda puede constituir un sistema de derecho comunitario, pero nunca una estructura de la comunidad, pues ya existe en la tenencia comunal de la tierra.

FOTOS: Leif Korsbaek

En partes de la Selva Amazónica, con 300 mil habitantes de “indígenas en aislamiento voluntario” organizados en 50 grupos étnicos, la mayoría de ellos muy pequeños, que habitan en comunidades chicas y siempre cerca de un río, han surgido rondas campesinas que tienen una dinámica muy diferente.

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l mundo neoliberal es raro. En su pensamiento aparecen nada más el individuo y el mercado; precariamente existe el Estado, y sólo como criado del mercado.

El neoliberalismo nos prometió felicidad y riqueza, pero antes que nada acabar con la pobreza. Sin embargo, para la mayoría la situación está peor que nunca: junto con una desenfrenada producción de riqueza en pocas manos, el neoliberalismo ha producido una pobreza mucho más amplia.

Y a pesar de la dominación del mundo moderno, donde todos los derechos y todas las obligaciones son individuales, existe un mundo tradicional, habitado por campesinos e indígenas, donde los derechos y las obligaciones no son tan individuales, cuyo marco es la comunidad.

En el caso del Perú podemos citar las 69 mil víctimas de los 20 años de violencia, del 1980 al 2000. Un poco antes de ese período, en 1976, nació la ronda campesina en una asamblea de la organización de padres de familia de la escuela primaria en el pueblo de Cuyumalca, en Chota, en la región norteña de Cajamarca, originalmente bajo el nombre de “ronda nocturna”, con la tarea de rondar y proteger a los habitantes de la comunidad contra las crecientes incursiones de abigeatos.

Desde ese momento, la ronda campesina desbordó su propio espacio y se difundió por todo el país. Las rondas se multiplicaron con sorprendente rapidez.

Al principio de los años 90s leíamos que “actualmente se calcula que en la sierra norte, en Cajamarca y Piura, existen más de tres mil 500 rondas que aglutinan alrededor de 280 mil ronderos”. Y cifras posteriores no son menos impactantes: en pocos años llegó la ronda campesina a cubrir todas las 24 regiones del Perú y se estimaba que en 2003 existían entre 200 mil y 250 mil ronderos agrupados en unos ocho mil comités de rondas.

La ronda existía, y sigue existiendo, en todas las regiones del Perú, pero con el paso del tiempo

han surgido diversos tipos de rondas, con muy diferentes dinámicas y perspectivas. En el norte del Perú podemos observar las rondas “tradicionales” que existen en regiones como Cajamarca, donde la reforma agraria que llevó a cabo el general Velazco Alvarado hacia fines de los 60s ha sido efectiva y donde las unidades de producción son pequeñas granjas de propiedad privada. Allí la ronda llega a constituir un sistema de derecho y una estructura social de la comunidad en manos de los campesinos. En muchas partes del centro del país, donde existe la tenencia colectiva

Hay un cuarto tipo de rondas campesinas, que tienen una historia diferente a las demás pues nacieron como “comités de autodefensa” durante los años de violencia, bajo la tutela del ejército peruano.

Estas rondas fueron creadas por el gobierno en su lucha contra los movimientos campesinos de izquierda Sendero Luminoso y Tupac Amaru.

Nacieron claramente como un instrumento de opresión, pero contribuyeron de manera muy importante a acabar con el “terrorismo” de la izquierda. Lo interesante de estos “comités de autodefensa” es que, luego de un proceso histórico muy enredado, en muchas comunidades han llegado a ser auténticas instituciones de defensa de los derechos de los campesinos e indígenas, y cuentan con la confianza de éstos.

Ha habido un conflicto permanente entre la justicia comunitaria por la ronda campesina y la justicia constitucional, que definitivamente no defiende ni a los campesinos ni a los indígenas, y ha habido diversos intentos por crear una legislación que combine

lo comunitario con lo constitucional, lo cual a veces resulta exitoso, pero también se confronta.

Por supuesto, se ha discutido mucho acerca de las perspectivas de la ronda. Para unos, es evidente que un movimiento contra el Estado no se puede mantener; para otros, es igualmente evidente que el Estado se encuentra en crisis y tal vez no se puede mantener.

En diciembre del año pasado participé como observador y amigo de los ronderos en el Tercer Congreso Nacional de la Ronda Campesina, realizado en San Juan Lurigancho, un suburbio de Lima, con la presencia de delegaciones de prácticamente todas las 24 regiones del Perú. Este congreso nacional, el tercero que se celebra, es testimonio del nivel de organización de la ronda campesina; es realmente la única organización netamente comunitaria que ha llegado a manifestarse a nivel nacional.

Por investigaciones y pláticas con ronderos y líderes de la ronda en diversas partes del Perú, puedo afirmar que hay dos millones de ronderos en ese país, cuya población total suma 28 millones de personas. De alguna manera es una fuerza política que es más grande que cualquiera de los partidos que dan cauce al proceso político en el mundo moderno, y en cierto sentido es el centro de lo que podemos llamar la lucha entre dos mundos, el moderno, que domina, y el tradicional, que se niega a morir y que en casi todos aspectos es más coherente que el mundo moderno que nos ofrece el neoliberalismo.

Las armas del pueblo

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Guatemala

SEGURIDAD Y JUSTICIA COMUNITARIAS DESPUÉS DE LA GUERRA Pablo Sigüenza Ramírez Colectivo de Estudios Rurales IXIM

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Una de estas prácticas estatales enmarcadas dentro de la política contrainsurgente del Estado fue la creación de las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

Como lo documentó la Comisión del Esclarecimiento Histórico, las PAC fueron “grupos de hombres civiles organizados coercitivamente por la institución armada como fuerza paramilitar complementaria, que pretendía aislar al movimiento guerrillero y controlar a sus comunidades”. Fueron grupos comunitarios a los que el ejército les dio armas y les asignó tareas de control civil; esto provocó la militarización de las comunidades mayas, el enfrentamiento entre ellas y la violación de derechos humanos por las PAC.

A raíz de ese proceso, las relaciones sociales dentro de la comunidad se fueron fragmentando. En la actualidad en una misma comunidad viven víctimas y victimarios de violaciones a derechos humanos: una característica de las sociedades de postguerra interna. La labor de los terapeutas tradicionales es fundamental en la reconstrucción del tejido social comunitario. Estos terapeutas son autoridad comunitaria dentro de una dinámica social en la que las mismas comunidades han ido construyendo, durante generaciones, sus propios sistemas de administración de justicia y seguridad.

y profundo debate sobre la necesidad de reconocer constitucionalmente la práctica del derecho consuetudinario maya, que de hecho convive con el ordenamiento legal occidental, pero que no es reconocido como legítimo en tanto no es legal. Esta contradicción se sustenta en una lógica de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas, muy arraigada en las élites sociales y políticas del país. Sin embargo, no hay nada más legítimo en la práctica social local que el ejercicio de la autoridad comunitaria y su función de administrar justicia y seguridad.

Algunos elementos que sustentan esta legitimidad local son: a) la autoridad comunitaria nació y creció en el lugar por lo que conoce sus lógicas; b) la elección y designación de la autoridad son un ejercicio interno y no una imposición externa; c) la autoridad local es uno más de la comunidad y es igual que todos, compañero de trabajo, agricultor, artesano, constructor; d) la autoridad comunitaria goza de la confianza de la comunidad; e) por los anteriores elementos, la justicia comunitaria generalmente funciona y favorece el bienestar comunitario.

Guatemala tiene por delante fuertes retos para construirse como un país democrático, uno fundamental es el reconocimiento y respaldo a las prácticas comunitarias de administrar justicia y seguridad. Eso pasa también por el respeto a las decisiones que se tomen localmente sobre el uso de los recursos naturales que hoy, frente a grandes proyectos mineros que están llegando a los territorios, han sido categóricas en anunciar su oposición al saqueo material y espiritual de las comunidades.

Según el antropólogo Fernando Alonzo, una autoridad comunitaria importante en los temas de justicia y seguridad son las alcaldías auxiliares, que cuentan con alguaciles, y que tiene por función resguardar bienes comunitarios, mantener la cordialidad en las relaciones comunitarias y establecer sistemas de alerta ante amenazas contra la comunidad. También aparecen figuras como el comité agrícola y de recursos naturales que establece y verifica el cumplimiento de normas respecto al uso del agua, el suelo y los bosques, garantizando las sostenibilidad en su uso.

El sistema de justicia nacional oficial se apoya en la administración de justicia comunitaria, pues el método del diálogo, la prevención y el castigo social practicados en el ámbito local evita la saturación de los juzgados estatales. En Guatemala existe un largo

FOTO: Jean-Marie Simon

Asistí en aquellos días a más de 30 ceremonias alrededor del fuego sagrado en diversos cerros de la región, también fui invitado a talleres en los que, en idioma k’iche’, se discutía sobre los significados de los actos ceremoniales, sobre el trabajo terapéutico, las enfermedades y sus curas, sobre el desarrollo de la comunidad y sobre procesos sociales de la región y el país. Un compañero, promotor agrícola, hacía el favor de traducir, del k’iche’ al español, las conversaciones de los ancianos y ancianas, de sus familias y autoridades.

Gran parte del trabajo de curación de enfermedades físicas, mentales y sociales en esos años era alrededor de las secuelas que la guerra había dejado en los hombres y mujeres individualmente, pero también en las comunidades como espacios de creación y recreación de la vida colectiva, golpeada fuertemente por las prácticas de represión estatal.

FOTO: Archivo

inicios del siglo XXI tuve la oportunidad de vivir 14 meses en el municipio de Chinique de las Flores, en el altiplano indígena de Guatemala. El país estaba saliendo de 36 años de guerra interna, en los cuales la población rural, indígena y no indígena sufrió políticas estatales de represión. Llegué para trabajar con la agrupación Médicos Descalzos Chinique, un grupo de terapeutas tradicionales, indígenas maya kiches, que recién se estaban buscando y reencontrando para practicar la espiritualidad maya en comunidad y en los lugares sagrados al aire libre. Durante la guerra lo hicieron escondidos, dentro de las casas, en voz baja, pues ser un guía espiritual significaba y significa también ser un líder y autoridad en la comunidad y eso era causa de acusación por parte del ejército al vincular cualquier liderazgo con los movimientos guerrilleros.

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TRANSGÉNICOS Y CONTAMINACIÓN DEL MAÍZ NATIVO Antonio Turrent Fernández* y Alejandro Espinosa Calderón** *Investigador nacional emérito, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, AC (UCCS) **Investigador Nacional III, UCCS aturrent37@yahoo.com.mx, espinoale@yahoo.com.mx

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éxico es el centro de origen del maíz y a la vez mayordomo de la mayor riqueza en diversidad genética del maíz y de sus parientes silvestres en el mundo.

En los bancos de germoplasma mundiales se resguarda a temperaturas de menos 18 grados Celsius o menores, un billón (o bien 1012) semillas de maíz genéticamente diferentes entre sí, que apenas son una pequeña fracción de la biodiversidad del maíz en el mundo. En comparación, los campesinos mexicanos siembran anualmente unos cien millardos de semillas genéticamente diferentes (o bien 1011) de 59 razas nativas. La cosecha es de unos 20 billones de granos de maíz nativo (o bien 20x1012), que fueron expuestos a tensiones ambientales durante su cultivo. De ellos, las mujeres campesinas seleccionan cien millardos como semilla para la siembra y el resto es consumido como alimento.

Se maneja cada año 20 veces la biodiversidad que hay en los bancos de semilla del mundo, sobre la que se ejerce gran presión de selección (una semilla de cada cien) para favorecer aquellas que, por sus rasgos morfológicos, representan el ideal para su consumo pluricultural.

Los productores intercambian su semilla dentro de la comunidad, habiendo también productores que venden semilla local o regionalmente.

Todo esto conforma un mega experimento de “mejoramiento genético autóctono” sin paralelo en el mundo, dinámico, y realizado por el habitante de Mesoamérica sin pausa desde hace más de seis mil años, que diversificó y sigue diversificando al maíz.

Temprano, después de su domesticación, el maíz fue llevado a Amé-

con la industria para el uso de su tecnología, y b) los productores de granos o de semillas, bajo mandato judicial, cuando la o las variedades que siembran o comercializan hayan sido voluntaria o involuntariamente contaminadas con los transgenes patentados, y sujetos a juicio.

México y otros países que son centros de origen y/o de diversificación de especies cultivadas experimentan presiones exógenas para adoptar el Acta UPOV 1991. Como efecto de ese cabildeo, el Senado mexicano aprobó en 2012 la modificación de la LFVV para, entre otras disposiciones, permitir patentar a los seres vivos, y con esto, el cambio de posición de México, ahora al Acta UPOV 1991. No es necesario ir muy lejos para encontrar “la mano que meció la cuna”. Afortunadamente, la modificación fue suspendida por la LXI legislatura de la Cámara de Diputados, gracias a la protesta y argumentación contundente de organizaciones científicas, campesinas, de derechos humanos y ambientales, aunque no fue rechazada de manera definitiva. Por el momento, no funcionó la artimaña colonialista de quien mece la cuna.

rica del Sur, donde también sigue siendo diversificado. El conquistador llevó el maíz al viejo continente que de ahí se dispersó al resto del mundo, siendo en la actualidad el primer cereal por su monto de producción. Durante los cien años pasados, el “mejoramiento genético mendeliano” ha extraído del reservorio genético mundial del maíz todos los caracteres que definen a todos los híbridos no transgénicos bajo cultivo en el mundo y también de los transgénicos, excepto por unos cuantos caracteres insertos. La ciencia como tal, no ha creado esos caracteres; son los 62 grupos étnicos de México y sus ancestros los creadores legítimos del maíz, de su biodiversidad funcional, y sus mayordomos en México. La mitad de la semilla de maíz sembrada en México corresponde a sus más de 59 razas nativas. Entre 25 y 30 por ciento corresponde a híbridos modernos vendidos por un puñado de empresas multinacionales y por más de 70 medianas y pequeñas empresas de semilla de capital nacional. El resto de la semilla corresponde a materiales “acriollados” producto de la interacción genética entre los maíces mejorados y las razas nativas.

En el entramado legal que rige a la propiedad intelectual en México destaca la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), promulgada en 1996, compatible con el Acta de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) de 1978.

Esta Acta protege los derechos del obtentor, destacando el “privilegio del campesino” y el “derecho del fitomejorador”. En cambio, las leyes homólogas de los países industrializados son compatibles con el Acta posterior de UPOV de 1991, que valida patentar a los seres vivos,

͏ES INOCUO EL MAÍZ MON NK 603?

El creciente déficit de maíz de México ha sido idenƟficado por los consorcios mulƟnacionales de transgénicos y por sus allegados de México como la gran oportunidad para extender su oligopolio al mercado nacional de semilla de maíz, que les promete un jugoso negocio de 200 mil toneladas de semilla al año y un valor potencial de ventas (semillas y herbicidas) del orden de mil 200 millones de dólares anuales.

Están en espera de la autorización del gobierno para la venta de semillas de maíz transgénico hasta alcanzar un millón de hectáreas de riego en Sinaloa y Tamaulipas.

Entre los híbridos transgénicos que planean vender sobresale el evento MON NK 603, que será usado para consumo humano por los habitantes urbanos en el período mayooctubre, cuando escasea el grano de nuestra cosecha principal de maíz.

por lo que la industria de los cultivos transgénicos los patenta, adquiriendo el derecho legal al cobro de regalías. Quienes las pagan en estos países son a) los productores que voluntariamente establecen contratos

Con la autorización del gobierno, las mulƟnacionales susƟtuirán a sus híbridos normales por híbridos transgénicos de manera acelerada. Desplazarán del mercado de semillas a todas las pequeñas y medianas empresas de capital nacional que manejan maíz mejorado normal, en la medida de que sus líneas parentales vayan contaminándose en el campo. En pocos años desaparecerá la oferta de semillas de maíz no transgénico en el norte del país y con ella la oferta de grano de maíz normal.

Hay varios alegatos que las mulƟnacionales difunden en la prensa, como obuses de predesarme de la opinión pública. El de la inocuidad se apoya en dos argumentos: 1) un pretendido despresƟgio de la metodología experimental del grupo de Séralini de Francia, en el que se alimentó con el evento MON NK 603 a ratas con predisposición al cáncer y 2) la falta de evidencia en el sector salud sobre daños a la salud de los mexicanos que ya habríamos estado expuestos al consumo de maíz transgénico en gran escala, durante años.

La aprobación eventual de la modificación a la LFVV, así como el permiso para la siembra de maíz transgénico a escala comercial en el norte del país, tendrían profundas implicaciones en el cultivo de maíz en México, que no serían para el bien de la nación. En el corto plazo, desaparecerían las medianas y pequeñas empresas productoras y comercializadoras de maíces mejorados no transgénicos en su inmensa mayoría híbridos y variedades públicas en esa región. La razón es que será imposible impedir la contaminación no deseada de sus líneas parentales, al convivir en el campo, con las siembras comercia-

Hemos discuƟdo el primer argumento en este espacio (Antonio Turrent, La Jornada, 22/12/2012) y no lo abordaremos de nuevo.

Respecto del segundo veamos datos duros: 1) el campo mexicano produce maíz normal por un monto de 22 millones de toneladas anuales, que casi duplica el consumo directo como grano, de 12 millones de toneladas anuales; 2) casi todo el grano de maíz importado (diez millones de toneladas anuales) se usa como forraje o como insumo industrial, complementando a otro tanto de grano normal producido en México; 3) el contenido de grano transgénico de la mezcla de grano de maíz importado de Estados Unidos sería proporcional a la fracción de la superficie sembrada con maíz transgénico en esa nación, que lo liberó comercialmente a mediados de los años 90s; las fracciones de esa superficie han avanzado paulaƟnamente: 40 por ciento en el quinquenio 2001-2005, 77 en 2006-2010 y 88 por ciento en adelante; 4) las importaciones de maíz desde Estados Unidos promediaron en esos mismos quinquenios menos

les de maíz transgénico. Ante la ley, su semilla sería considerada “pirata”. El pago de regalías a la industria las haría quebrar. Desaparecería el maíz mejorado no transgénico de esa región de México, porque el puñado de empresas multinacionales de semilla es el mismo que busca introducir el maíz transgénico. La contaminación transgénica consumaría el monopolio de la industria en el mercado de semilla, sin ganancia alguna para la seguridad alimentaria nacional. Ver http://www. ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/1203TurrentMexMaizeSpan.pdf En el largo plazo, el reservorio genético de maíz nativo mexicano sería afectado de dos maneras por lo menos: 1) por la acumulación progresiva e irreversible de ADN transgénico en las razas nativas, cuyo estudio ha sido propuesto desde 2009, sin conseguirse financiamiento público (ver http:// redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ ArtPdfRed.jsp?iCve=30211225005).

Tal contaminación podría reducir la biodiversidad genética del maíz nativo y de sus parientes silvestres, y 2) cualquier semilla contaminada, nativa o no, sería considerada semilla pirata. Esto equivaldría a despojar, mediante la ley, a los 62 grupos étnicos de México de su mayordomía del principal reservorio genético de maíz del mundo.

Mientras más rápido avanzara la contaminación de las razas nativas de maíz, más rápido ocurriría el despojo. No se puede negar que la contaminación de los maíces nativos de México le conviene a la industria de los transgénicos, porque favorecería su capitalización y la consolidación irreversible de su monopolio. Tampoco se puede negar que esta contaminación pondría en riesgo a la cruzada contra el hambre.

de cinco millones de toneladas anuales, 7.8 millones y diez millones respecƟvamente. Un ejercicio aritméƟco con estos números y con el supuesto de que el 75 por ciento del maíz importado se usa como forraje o como insumo industrial, sugiere que las toneladas de maíz transgénico consumidas como alimento directo en los tres quinquenios son 0.5, 1.5 y 2.2 millones respecƟvamente, dentro de los consumos totales de 10, 11.5 y 12 millones de toneladas ¡No ha habido tal exposición masiva!, y 5) la ausencia de eƟquetado del alimento transgénico consumido en México debilita cualquier aseveración de inocuidad, y 6) la evidencia cienơfica muestra que el daño a la salud causado por el consumo directo con grano de maíz transgénico (MON NK 603) sería del Ɵpo crónico subclínico, como el daño causado por el tabaco; por lo tanto, ese daño a la salud de los mexicanos estaría, por su corto Ɵempo, aún en etapa de incubación. Estos hechos no apoyan la propaganda de las mulƟnacionales y sobre todo, la posición de sus allegados de México.