No. 03 TLCAN. Asimetrias entre Mexico y Estados Unidos

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17 de diciembre de 2007

17 de diciembre de 2007 • Número 3 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

ILUSTRACIÓN: ILUSTRACIÓN El Fisgón

ILUSTRACIÓN: Magú

Suplemento informativo de La Jornada

Tratado de Libre Comercio de América del Nor te

n 996 mil km2 y De un millón 105.3 millones de habitantes

De 9 millones 376 mil k km2 y 296,4 millones de habitantes

Kid

SUPER

S A M

MÉXICO

Valor del PIB nacional

13,185 13 185

1,210 1 210

Tierras irrigadas

22.5

6.5 6 5

Subsidio por productor

20,803

720

Rendimiento de frijol

1.8

0.6 0 6

(miles de millones de dólares) 2006

(millones de has.) 2005

(dólares) 1998/2000

(tons. x ha.) 1997-2002

Gasto en investigación

Tractores

Proporción del ingreso del productor que es subsidio

Rendimiento de granos y oleaginosas

2.6

0.5

1,484

20

11%

17%

4 96 4.96

2 54 2.54

Como % del PIB 2005

Por cada mil trabajadores 2003

2006

(tons x ha) 2001-2005

Tierras arables

Subsidios agrícolas anuales

Rendimiento de maíz

Productividad laboral

179

27 27.3 3

(millones de has.) 2005

41.9 41 9

5.5 5 5

(miles de millones de dólares) 2005

8.4

2.5

(tons. x ha.) 1997-2002

75,148.5 75 148 5

3,678.2 78

Valor bruto por trabajador agropecuario (dólares) 2003

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17 de diciembre de 2007

Suplemento informativo de La Jornada 17 de diciembre de 2007 • Número 3

COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador

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Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavalotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuéllar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño

PORTADA: Hernán García Crespo

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.

Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

“TÚ, DE SOCIO ASOCIADO EN SOCIEDAD”

a Canción puertorriqueña de Nicolás Guillén bien podría referirse al México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): “Qué suave honor andar del brazo,/ brazo con brazo del Tío Sam (...)”, habrán pensado Salinas y los suyos cuando amarraron el acuerdo. Porque para ellos el tratado era la cereza del pastel de la política desreguladora; cúspide de un modelo económico que apuesta por la apertura comercial y el recule del Estado como palancas del crecimiento, joya de la corona de una geopolítica que debía sacarnos de una vez por todas del andrajoso Sur y llevarnos por siempre al refulgente Norte. El TLCAN era el sueño americano de los tecnócratas que hablan en español pero piensan en inglés: “En qué lengua me entiendes,/ en qué lengua por fin te podré hablar,/ si en yes,/ si en sí,/ si en bien,/ si en well/ si en mal,/ si en bad, si en very bad”.

A la sombra del tratado aumentó la inversión extranjera directa, se cuadruplicó y diversificó nuestro comercio exterior y pasamos de vender petróleo y productos agrícolas a exportar también y principalmente bienes industriales. Pero el conjunto de la economía apenas creció y los efectos expansivos del acuerdo se agotaron hace más de siete años, como reconoció el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en un estudio de 2005. Por si fuera poco, el TLCAN y la estrategia de la que forma parte provocaron desarticulación y desnacionalización de la economía y han tenido un escandaloso precio social. El costo mayor fue un persistente desbarajuste rural que nos está dejando sin campo y sin campesinos.

Pero, ¿quién tiene en agonía al agro mexicano?, ¿fue acaso un crimen imprudencial o por omisión? Todo indica que no, que asestaron la puñalada con premeditación, alevosía y ventaja, porque Salinas y los suyos sabían que el mundo rural sería el gran perdedor y decidieron fríamente que los campesinos pagaran el costo. El premio de consolación, empleos en la industria y los servicios, resultantes de la impetuosa expansión que seguiría a la firma del acuerdo, nunca llegó, pues la economía apenas ha crecido, y del millón y pico de jóvenes que cada año se incorpora al mercado de trabajo, menos de un tercio encuentra

empleo formal, otro tercio se sumerge en la economía subterránea y los demás –600 mil mexicanos on the road– se van al jale en el gabacho.

El campo tronó por muchas cosas; una de ellas, el desastroso deterioro de los términos de intercambio entre agricultura e industria. Todavía a principios de la década de los 90 los precios recibidos por los productores rurales crecían más rápido que los que pagaban, pero al entrar en vigor el TLCAN las tendencias se invirtieron y año tras año los bienes agropecuarios se devalúan en relación con los industriales. El caso más dramático es el del maíz y el frijol, cuyos precios reales se redujeron en casi 50 por ciento durante los primeros 10 años del tratado. Así, para obtener los mismos bienes no agropecuarios el campesino tiene que entregar una porción cada vez mayor de lo que produce. Y el agro se descapitaliza. La conocida Ley de San Garabato: comprar caro y vender barato, se encona en los tiempos del TLCAN. ¿Y el gobierno? Bien, gracias. “Uno de los principales logros del tratado fue impedir a México recurrir a políticas proteccionistas –sostiene el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingles) en una evaluación de 1997–. El tratado se convirtió en un candado que cierra la puerta e impide dar marcha atrás en las reformas”.

Y efectivamente, las políticas públicas de las cuatro anteriores administraciones han mantenido la ortodoxia neoliberal. El gasto fiscal destinado al campo incluso aumentó, pero las políticas pasaron de ser integradoras (desarrollo por cuencas, visión sectorial de paraestatales como Inmecafé o Tabamex) y de fomento (incluso a la economía campesina y las regiones en desventaja) a ser acciones desarticuladas, “concursables” y polarizantes por las que se capitaliza a los que más tienen y se consuela a los pobres con trapitos calientes y subsidios al consumo: los productores privilegiados del noroeste, por ejemplo, reciben de Procampo 40 por ciento más que los marginados del centro y el sureste.

Y si el FMI reconoce el agotamiento general del TLCAN, en un balance del 2002 el Banco Mundial admite el fracaso del tratado en el campo. “Se puede decir

que durante el último decenio el sector agrícola (mexicano) fue objeto de una de las reformas estructurales más drásticas, como la liberalización completa impulsada por el TLC. La eliminación de controles de precios y la reforma constitucional sobre la tenencia de la tierra, pero los resultados han sido decepcionantes(...) ” y es que, constata el organismo multilateral, en el agro se estancó el crecimiento, no hay competitividad externa y aumentó la pobreza. En consecuencia, cada vez es más lo que se importa comparado con lo que se exporta y, al renunciar a la soberanía (el tratado “candado”, del que habla USDA), los gobiernos de México renunciaron también a la seguridad alimentaria.

El campo sigue produciendo, pero polarizado en un norte tan impetuoso como excluyente y un sur cada día más deprimido. Y si el agronegocio maicero del noroeste puede competir pues está integrado a las trasnacionales, cuadruplicó sus rendimientos en una década y acapara los subsidios gubernamentales, el centro y el sur se encuentran productivamente estancados, y las familias campesinas dependen cada vez más de actividades no agrícolas y, sobre todo, de las remesas de los migrados y del subsidio asistencial del gobierno.

Ningún acuerdo de comercio impulsa la justicia social pero el nuestro con el Norte es particularmente perverso. Un ejemplo: cuando los campesinos de acá migran a Estados Unidos –frecuentemente sin papeles pues los flujos laborales no fueron liberalizados en el TLCAN– se reducen los costos de las cosechas agrícolas de California y otras entidades estadunidenses, al ser levantadas por mexicanos “baratos” y desprotegidos. Pero, paradójicamente, se encarecen nuestras cosechas aquí, pues el éxodo rural y las remesas en dólares provocan escasez de brazos y alza de los salarios rurales mexicanos. Con esto no aumentan las remuneraciones agrícolas generales en la zona del TLCAN, pues los migrantes presionan a la baja los salarios mayores de allá, pero sí se erosiona nuestra mayor (y vergonzosa) ventaja comparativa agropecuaria, la abundancia y baratura de la mano de obra rural.

Resumiendo: la más exitosa línea de exportación mexicana producto del TLCAN no fueron los automóviles, los electrodomésticos o las hortalizas, sino las personas.

Alrededor de 6 millones de compatriotas por los que en los tiempos del tratado han ingresado al país alrededor de 100 mil millones de dólares provenientes de sus ahorros. Y no nos da vergüenza. ¿Qué es, entonces, el TLCAN?: “Soga y cuello, apenas nada más” (Nicolás Guillén).

BUZÓN DEL CAMPO Te invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a

jornadadelcampo@gmail.com

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LA NARCOCULTURA EN SINALOA ILUSTRACCIÓN: Kid Vendeta

Los otros cultivos de la sierra Jorge Alan Sánchez Godoy

FOTO: David Agren

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Un joven muy bien vestido, de vaquero y con tejana, con varios anillos de oro, en su muñeca una esclava, y una imagen de Malverde en su cuello trae colgada.

Una troca color verde, con clavo bien protegido, de cristal y cocaína le caben treinta y seis kilos, por Juárez viene a cruzar, muy seguro de sí mismo.

Al llegar a la garita, le da un besito a la imagen, le dice a Jesús Malverde: —Aquí es donde has de ayudarme; de antemano, muchas gracias, sé que no has de abandonarme.

En los cerros de la sierra bonita se ve la siembra; entre encinos y espinales, rodeando se ve la yerba: toda la raza, contenta, dicen: “Se va a poner buena”.

Si sacamos treinta kilos, nos vamos pa Cosalá; ya que los haya vendido, nos ponemos a pistear, y para ser compartidos nos vamos pa Culiacán.

Jesús Malverde: Plegarias y Corridos.

Autores: Enrique Flores, Raúl Eduardo González.

Revista de Literaturas Populares, ISSN 1665-6431, Año 6, Nº. 1, 2006 , pags. 39-44

ILUSTRACCIÓN: Kid Vendeta

Mientras, allá en Culiacán, una madre lleva rosas a la imagen de Malverde, y su fe es muy poderosa; ella pide por su hijo que le salgan bien las cosas.

Amapola y marihuana: cultivos con ventajas comparativas FOTO: Funk and Jazz

os inicios del narcotráfico en Sinaloa datan de principios del siglo XX; sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial –con la exportación de derivados del opio para abastecer a las tropas aliadas estadunidenses— es cuando se gesta una red delictiva, posterior a la expulsión de las mafias chinas en 1931, y cuando paralelamente comienza a extenderse, de la serranía a la ciudad, todo un conjunto de expresiones sintomáticas del “vivir fuera de la ley”.

Es así como nace en la región lo que hoy conocemos como narcocultura. Sin duda, expresión que condensa el arquetipo del traficante norteño, y que se ha La narcocultura actual cobra nuevos matices así al popularizado hoy en varios sectores de la sociedad que expresar las hazañas de los narcojuniors, hijos de los trano se encuentran intrínsecamente vinculados al contraficantes de antaño, pero indiscutiblemente, en su mayobando, pero que ven con simpatía o simple normalidad ría, nacidos en la ciudad. esta singular forma de identificación. Éstos son los nuevos representantes de la última casta El narcocorrido; Jesús Malverde y su filantropía al outde mafiosos sinaloenses de origen rural: la más reciente sider; códigos morales basados en honor, venganza, presgeneración de actores del medio urbano, que reconstrutigio, lealtad, bravura, astucia, etcétera; la narcolimosna yen su identidad a través de un descarado y cínico ora organizaciones civiles y particulares; la industria cinegullo del “ser narco”, de la pretensión y el hedonismo a matográfica del videohome y sus narcopelículas, o el gusultranza; sin embargo, el decálogo del honor, el respeto to por lo ostentoso, tienen su matriz en este fenómeno. a la familia y a la comuniLa construcción en los pasadad y la mesura en el negodos 30 años de un imaginario Durante mucho tiempo, la cio del contrabando, toman colectivo alrededor de la narcofama de los traficantes como un papel menos importante cultura implicó que no sólo los que cuestiones tales como traficantes y sus redes familiares bandoleros del pueblo legitimó el despilfarre de dinero, la compartieran estas expresiones. ante la sociedad parte de parranda y la agresión a los La difusión de hazañas, modas, sus actos transgresivos. Los que otrora fueran sus bases formas de legitimación y códigos narcos de “la Vieja Guardia”: sociales, los marginados. de conducta, ha generado en la carismáticos, redentores y Por esto es que para sociedad sinaloense una apropiageneradores de política social, comprender el fenómeno ción, un signo de referencia culhan sido sustituidos por una nueva cultural es necesario –espetural y, con ello, una redefinición cialmente en regiones ende las identidades regionales. generación de jóvenes narcos raizadas en el negocio del En estas condiciones, es posiurbanos: Los Narcojuniors. tráfico-- alejarnos de las reble percibir un proceso de “norpresentaciones tradicionamalización”, tanto en la sierra, les, pues esta expresión se encuentra desde la década de volcada al cultivo de marihuana y amapola, como en las los 90 en una clara readecuación de horizontes, no sólo ciudades. Así, el traficante y la narcotización de la cultucomerciales sino morales, épicos, estéticos y religiosos. ra ya no responden a una lucha de antagónicos como en Así, los narcojuniors y su asimilación de lo urbano y lo los años 70: Estado y Poder Judicial versus mafias, en poglobal; la difusión de capillas del santo Malverde desde sicionamiento mercantil. Ahora es todo lo contrario, el Los Ángeles, California hasta Cali, Colombia; la redefifenómeno fue condensando sus discrepancias en cúpunición del narcoculto, introduciendo a la santa muerte, las dirigentes: la narcopolítica sinaloense y la nacional. y también ahora a santos católicos como Judas Tadeo; y Durante mucho tiempo, la fama de los traficantes el narcocorrido “desencantado” con la anulación de la como bandoleros del pueblo legitimó ante la sociedad figura del héroe-bandolero social, son nuevas rutas hacia parte de sus actos transgresores. Los narcos de “la vieja la comprensión de la narcocultura en México. guardia”, carismáticos, redentores y generadores de política social, han sido sustituidos por una nueva generaEstudiante de la licenciatura en sociología de la UAM Xochimilco ción de jóvenes narcos urbanos: los narcojuniors. alan_sgodoy@hotmail.com

La ideología neoliberal que difunden machaconamente los medios masivos de comunicación, nos exige ser emprendedores y exitosos. Y como Carlos Slim les queda muy lejos, los jóvenes tratan de parecerse al Chapo Guzmán.

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ESTRAGOS ECONÓMICOS FRIJOL: MAYOR COMPETENCIA POR IMPORTACIONES

• Abandonados y expuestos al libre comercio 500 mil productores • Organización; diversidad de variedades y gusto, armas contra el tratado

Lourdes Edith Rudiño

L

a liberalización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en enero de 2008 tiene en la mira al medio millón de productores que en México se dedica al frijol y que, siendo en su mayoría minifundistas y expuestos a los caprichos del temporal, reciben ingresos anuales promedio por sus cosechas de alrededor de 15 mil pesos.

“Con la desgravación total del frijol en el TLCAN, se va a poder importar todo el que se quiera, cuando se quiera y a la hora que se quiera. Eso va a provocar una caída en la producción nacional, más migración a Estados Unidos, menos gente dedicada a su cultivo y desbalances de mercado, pues la cosecha nacional, de alrededor de un millón de toneladas, cubre ahora las necesidades del país, y vamos a estar notando cada vez más grano importado”, augura Ramón Ochoa, líder frijolero de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec).

Ya desde 1997, con la eliminación de los precios de garantía del frijol y el retiro de la Conasupo de su comercialización, los pro-

ductores nacionales han debido soportar un desorden del mercado, que se agudizó entre ese año y 2001, lapso en que no hubo un solo programa de apoyo a la leguminosa y se desplomaron los precios en campo a dos pesos por kilo, en comparación con el rango de 3.50 a 5.50 pesos que hoy se observa.

Ramón Ochoa comenta que el frijol –segundo cultivo en importancia nacional, después del maíz– ha sido abandonado por las políticas gubernamentales en estos años del TLCAN, y ello ha agudizado el rezago tecnológico y la pobreza de los campesinos.

Los beneficiarios. Al mismo tiempo las llamadas libres fuerzas del mercado han permitido que un puñado de empresarios manipulen los precios y se apropien de subsidios públicos.

Es sabido que los granos han sido grandes perdedores, pero testimonios en otras ramas, incluso en aquellas donde los estadunidenses nos temían, como azúcar y jugo de naranja, muestran que la sombra negra del TLCAN cubre a casi todo el sector agropecuario.

volumen de producción se concentra en un centenar de grandes y medianas empresas; las que más han crecido son aquellas que tienen alguna asociación con capital extranjero. Los negociadores del TLCAN fueron calificados en EU como intelectuales preparados, pero en realidad no tenían ni experiencia ni compromiso con el país; sentían un desprecio por el sector agropecuario y lo calificaron como improductivo e ineficiente, y demeritaron siempre los planteamientos que hacíamos (los representantes de organizaciones).

mil 700 por ciento durante el TLCAN, las de pierna han subido en 2 mil 650 por ciento.

Para los productores mexicanos el tratado ha sido negativo, pues mientras Estados Unidos vende a nuestro país lo que para ellos tiene menor valor, nosotros no podemos entrar a su mercado, debido a barreras sanitarias. La responsabilidad de este problema es de los negociadores del TLCAN, pues un verdadero tratado debería generar un intercambio equitativo, y aquí de antemano se sabía que las condiciones sanitarias estadunidenses eran restrictivas. Además, la producción de cerdo en México enfrenta costos mayores en 25 por ciento a los que pagan los estadunidenses debido al mayor costo en granos y soya.

En financiamiento, de origen el TLCAN fue injusto, pues cuando se negoció, las tasas de interés en México eran 450 por ciento más caras que en Estados Unidos; después vino la crisis de 1994-95, y desde entonces la porcicultura no es sujeta a crédito. Hemos sufrido un quebranto de granjas tradicionales. Antes del TLCAN había 14 mil 500 productores; hoy se tienen registrados 4 mil 700 pero muchos de ellos con operaciones bastante limitadas. El

Presidente de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales

Enrique Domínguez Lucero Director del Consejo Mexicano de Porcicultura

Importación creciente de piernas de cerdo; la actividad en pocas manos Con el TLCAN, la dependencia mexicana de importaciones de carne de cerdo pasó de 5 a 50 por ciento entre 1993 y 2006; las compras del exterior, en particular procedentes de Estados Unidos, en canal, piernas y demás cárnicos subieron de menos de 3 mil toneladas a más de 320 mil, y si se agregan despojos, desechos, grasas y mantecas la cifra llega a 500 mil. Las importaciones son sobre todo de pierna de cerdo, que llegan a México a precios depredatorios, en virtud de que el precio que registran en Estados Unidos es residual; en ese país dan mayor valor a cortes como tocino y lomo. Con ello recuperan el valor del cerdo y pueden vender el resto a cualquier precio. Si en general las importaciones de carne se han incrementado en

Carlos Blackaller Ayala

Riesgos de saturación de azúcar; cañeros reciben bocanadas de humo A la agroindustria cañera-azucarera se le ilumina la mirada al pensar que la liberalización de 2008 derivará en el mayor mercado regional de edulcorantes del mundo, con Estados Unidos y México consumiendo al año 16 millones de toneladas de azúcar y unos 12 millones de toneladas de fructosa. Pero al mismo tiempo se nos nubla la perspectiva, pues –de no haber una nueva negociación bilateral que impida transacciones que sobreoferten azúcar y que equilibren el intercambio fructosa-azúcar–, el llamado mercado libre propiciará un descalabro de precios de azúcar y caña y desestabilización social. Cuando se definió el TLCAN, se omitió considerar que Estados Unidos cuenta con mecanismos históricos de control del azúcar,

Las decisiones de gobierno para el frijol han sido erráticas. En 2001 surgió el Profeca, un programa con sólo 10 millones de pesos para apoyar transporte y equipamiento de oficina para organizaciones; en 2002 se promovió la creación de empresas integradoras para la comercialización del grano, pero que sirvieron para intereses políticos. “La integradora era tricolor si estaba en un estado priísta; amarilla si el gobierno era perredista. Los gobernadores tuvieron metidas las manos y manipularon. Esto frenó la organización de los productores”.

Manipulación de precios. Y luego lo que ha habido son recursos presupuestarios para compensar los precios de los productores, pero, dado que los comercializadores y proce-

que han prevalecido y continuarán. Implican una cuota obligatoria de importaciones OMC desde 40 naciones por 1.3 millones de toneladas; créditos de reporto con los cuales se garantiza un precio mínimo interno del azúcar, y los llamados marketing alottments, con los cuales se distribuyen cuotas internas de mercado a los productores de azúcar de remolacha y caña, y lo que resta de producción se convierte en “inventarios bloqueados”, cuya comercialización puede hacerse sólo fuera del país (obviamente a precios inferiores a los internos). Vender azúcar en Estados Unidos de tales reservas es delito. Con la liberalización del TLCAN, y a sabiendas que trasnacionales dominan el comercio internacional del producto, es posible (y de hecho sospechamos que ya ocurre así) que esos inventarios baratos sean traídos a México y luego renviados a Estados Unidos, lo que generaría ganancias para el especulador, pero sobreoferta y presión a la baja en los precios, lo cual no conviene a ninguno de los dos países. Otro riesgo es que, vía el Sugar Reexport Program y el Immex mexicano (que son esquemas de importación libre de arancel para la rexportación con valor agregado) puedan internarse a nuestro país y al propio Estados Unidos azúcares baratos de orígenes ajenos a la región, con la consecuente saturación del mercado. Ya en 1998-2001 la caña-azúcar mexicana recibió una primera bocanada de humo con la importación de fructosa de maíz subsidiado que desplazó azúcar de nuestro mercado interno; en 2002-2006 el impuesto especial a los refrescos con fructosa dio un nuevo aire a la agroindustria, y el actual encarecimiento del maíz acota parcialmente el uso de fructosa. Esperamos no sufrir una nueva bocanada asfixiante con la liberalización de 2008, pues un mercado desordenado afectaría a 2.5 millones de mexicanos que dependen de esta rama.

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Fernando Celis Asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras

El TLCAN protegió oligopolios; estructura de mercado reduce ingreso de caficultores El TLCAN, que debería suponer la ventaja de un mercado amplio para cultivos tropicales, no ha servido para mejorar el ingreso de los caficultores. El grano mexicano se vende a Estados Unidos 27 dólares por cien libras debajo del de Costa Rica y 17 debajo del guatemalteco, debido al esquema de comercialización dentro de nuestro país, dominado por grandes compañías, que pagan a un mismo precio el café de diversas calidades, y que inhiben las posibilidades de un mejor cuidado en la calidad por parte de los productores. Además, la alta dependencia que sufre México de Estados Unidos en su intercambio global de mercancías –y que se ha profundizado con el TLCAN– ha propiciado una sobrevaluación del peso frente al dólar, que calculo en 30 por ciento, la cual deteriora el valor del café que se vende en dólares. La fuerza del oligopolio de la industria solubilizadora y del café con azúcar (Nestlé y Café Legal) creció con el TLCAN, pues mientras se tenía liberalizada la importación de materia prima (grano verde) –la cual logró acotarse a finales de los años 90 por gestión de los caficultores–, se negociaron en el tratado restricciones al ingreso a México de marcas de producto industrializado de Estados Unidos y Cana-

La falta de apoyos, la permisividad con los grandes empresarios, el retiro de oferta de semillas representan “un abandono que ha hecho el Estado deliberadamente. No sé si es mala fe, desinterés, o todo al mismo tiempo.”

Ramón Ochoa dice, sin embargo, que los frijoleros no se dan por vencidos. Un factor en favor es la gran diversidad de variedades y gustos dentro de México.

“En México consumimos no sólo las variedades que tiene Estados Unidos, negros y pintos, sino un número incontable, que depende de cada región e incluso de cada lo-

FOTO: Edgardo Mendoza y Hugo Rangel / Anec

sadores del frijol son pocos, se coluden para castigar los pagos a los campesinos.

“El año pasado nuestra comercializadora compró a cuatro pesos el kilo, con subsidios de 1.50 pesos por kilo del gobierno federal, y resulta que hoy estamos vendiendo a 3.50.

Los empresarios que compran se quedan no sólo con el 1.50 de subsidio, sino con 50 centavos nuestros, porque, al ser oligopolio, se ponen de acuerdo. Saben que hay apoyo gubernamental y no quieren pagar más. No pasan de 10: La Costeña, Verde Valle, Catarinos, El Alazán y el Rocío, Los Garapines (...) son un grupo pequeño que pone, quita y da en el precio del frijol.”

El rezago tecnológico de los frijoleros es evidente. Con el retiro desde hace una década de la Productora Nacional de Semillas (Pronase), no hay nadie que produzca simiente de frijol; “no es como en el maíz que están grandes empresas como Monsanto, Pionner.

El frijol que sembramos está muy degenerado y eso no nos permite calidad, nos pone en desventaja frente al frijol de Estados Unidos (país cuya leguminosa cubre hoy casi 10 por ciento del mercando nacional). Tenemos revuelto frijol de todas las variedades, grandes, chicos; de los negros no sabemos qué sembramos ni qué cosechamos: no sabemos si son negros Querétaro o negros San Luis”.

Así, no extraña que el promedio nacional de rendimiento por hectárea sea de 635 kilos, contra mil 859 en Estados Unidos (según la FAO, en el periodo 1997/02) “En México hay productores que apenas levantan 100 kilos, y otros que rebasan la tonelada.”

dá, y se frenó la posibilidad de procesar en esos países café verde mexicano para luego traerlo acá procesado; se limitó así la competitividad en este sector. El TLCAN brindó protección a los grandes.

Sergio Madrid Director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Desplome de producción nacional forestal y repunte de importaciones Con su énfasis asistencialista, los programas gubernamentales han sido incapaces de impulsar la competitividad de la producción forestal que se requiere en el contexto de la apertura comercial, y han llevado al sector a la crisis más profunda que jamás había enfrentado. En la década de los 90 la producción se mantuvo estable; sin embargo –con la reducción continua de los aranceles hasta su eliminación en 2004– se desplomó en 25 por ciento, y las importaciones de madera provocaron que la balanza comercial registrara un déficit de 4 mil 800 millones de pesos. Así, el sector forestal no ha logrado recuperarse y mantiene una tendencia a la baja, aun cuando el consumo nacional crece como nunca antes. La crisis desalienta a los dueños de terrenos para mantener el uso forestal del suelo, y buscan mejores opciones cambiando a usos ganaderos y frutícolas. El Diagnóstico del comercio internacional forestal de México – 2006, que presentó el gobierno, señala que “la oportunidad de negocios para el sector se encuentra en la importación de materias primas forestales, extrayendo recursos naturales ajenos y conservando

calidad. Por ejemplo, en Zacatecas tenemos más de 40 o 50 variedades: flores de mayo, flores de junio, bayos, pintos (...) Además, no es lo mismo lo que se consume en el noroeste –los azufrados peruanos– a lo que se consume en el centro: bayos, pintos y flores de mayo y de junio. Y de la ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Huastecas, hacia el sur, negros, y dentro de los negros hay diferencias.”

Otra fuerza para enfrentar la liberalización del TLCAN “es la organización”. La comercializadora de frijol de la ANEC ya es hoy la principal red de acopio de frijoles de diferentes regiones y variedades (con 40 mil toneladas anuales).

Además, “como Anec estamos creando nuestro propio centro distribuidor de granos en Huehuetocan, estado de México, para concentrar nuestro frijol y distribuirlo en el mayor mercado que es el valle de México.

También una empresa semillera para elevar nuestra calidad; ya estamos produciendo unas ocho o 10 variedades de frijol en un convenio con el INIFAP y vamos al llegar a 20. Y tenemos proyectos para dar valor agregado al frijol, con limpia, envasado, enlatado, cocción, deshidratación, porque sólo así el productor va a poder mejorar sus ingresos”. Es necesario reducir la brecha de los precios que recibe el productor y el que paga el consumidor. Un frijol negro, por el cual el campesino recibió 3.50, se vende envasado en el supermercado a nueve o 10 pesos el kilo.

En la Anec están agrupados unos 15 mil productores de frijol. El reto de la organización es para todos, considera Ochoa.

los propios para, de esta manera, hacer del país el principal transformador de materias primas forestales del hemisferio”. Esta visión es simplista y sustenta tres dinámicas: a) la permanencia de una industria forestal débil que no contribuye a dinamizar la economía de las comunidades rurales y produce la salida continua de divisas; b) el freno al desarrollo de esa industria, al hacerla dependiente en su totalidad de importaciones, y c) el mantenimiento de los procesos de deforestación y cambio de uso de suelo por la escasa utilidad económica que genera la actividad forestal a los propietarios de los recursos. Dado el creciente déficit comercial forestal; sus efectos sobre las poblaciones rurales y sobre la conservación de los bosques, y la aparente imposibilidad de hacer cambios al TLCAN, es urgente modificar la política gubernamental a fin de impulsar la competitividad del sector por conducto de las comunidades forestales, las cuales poseen 80 por ciento de los bosques del país, y convertir al Manejo Forestal Comunitario en un motor económico de las zonas rurales y de la economía en su conjunto. De los 7 mil 80 millones de pesos destinados al sector forestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, la mayoría se ha programado para control de incendios, siembra de arbolitos, plantaciones comerciales, viveros y pago de servicios ambientales. Esto deja ver que hace falta generar una estrategia clara para reactivar al sector a partir de reconocer el potencial del bosque nativo y de su propiedad social, e impulsar la competitividad de la producción forestal ejidal, la modernización de su infraestructura industrial, la capacitación de ejidatarios y comuneros, y el apoyo a la planeación y ordenamiento territorial.

CUOTAS Y ARANCELES INCUMPLIDOS Igual que en el maíz, el TLCAN estableció un periodo de transición de 15 años. Determinó para el primer año cuotas libres de arancel, de 50 mil toneladas procedentes de Estados Unidos, y de mil 500 toneladas de Canadá, las cuales se incrementarían en 3 por ciento anual. Una vez rebasadas las cuotas, México podría aplicar un arancel-cuota decreciente con los años, el cual se estableció en 139 por ciento ad valorem para el primer año. Este 2007 Estados Unidos tiene posibilidad de exportar a México 73 mil 470 toneladas libres, y Canadá dos mil toneladas, y el arancel definido para el sobrecupo es de 11.8 por ciento ad valorem, o cuatro centavos de dólar por kilo.

De la misma forma que ocurre con el maíz, las importaciones procedentes de Estados Unidos han rebasado las cuotas, y las autoridades de Economía de México han exonerado a los importadores del cobro del arancel. Así, en el caso del frijol de Estados Unidos, entre 1994 y 2004 México importó un total de 918 mil 659 toneladas, 40 por ciento de ello en sobrecupo, y se dejó de ingresar al fisco 230.4 millones de dólares.

Manuel Ángel Gómez Cruz Catedrático del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnologías de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la UACh

Débil agroindustria desaprovecha cupos a EU en jugo de naranja Junto con el azúcar (donde surgieron las “cartas paralelas”), el jugo de naranja fue renegociado en noviembre de 2003, inmediatamente después de la firma del TLCAN y antes de su entrada en vigor. Los productores de Florida estaban convencidos de que sus homólogos de México podrían desplazarlos de su propio mercado. El antecedente de esta percepción fue una serie de heladas en los años 80 que dañaron seriamente millones de naranjos y obligaron a incrementar las importaciones desde Brasil y México. Para protegerse ante la competencia de México, los negociadores establecieron un sistema de arancel-cuota, con la particularidad de que también las exportaciones dentro de la cuota tenían que pagar un arancel, lo que representó una excepción en los esquemas acordados en el TLCAN. No obstante, a 14 años de operación del tratado, el resultado ha sido contrario a lo esperado. Muy pocas veces se ha podido aprovechar el volumen del cupo.

En 2003 y 2004 solamente se exportaron 40 millones y 74 millones de litros de los 151 millones pactados. A partir de 2005 han crecido las exportaciones, pero no por ser México más competitivo o por el impacto positivo del TLCAN, sino por fenómenos climatológicos; los huracanes Katrina y Wilma destruyeron en 2005 enormes plantaciones en Florida.

6

datos duros

SALDOS DE LAS

POLÍTICAS NEOLIBERALES Víctor Suárez* e Iván Polanco**

1 En el sector agropecuario no ha habido crecimiento económico • • •

Crecimiento promedio anual del sector 1982-2006: 1.3% Crecimiento promedio anual del sector en el TLCAN (1994-2006): 1.8% Crecimiento promedio anual del sector en el gobierno del Vicente Fox: 2.1%

Con el gobierno de Fox se consolidó la política neoliberal de estancamiento estabilizador. El sector agropecuario ha sido desenchufado de la economía nacional.

Crecimiento promedio anual (%)

PIB nacional

PIB sectorial

Periodo neoliberal 1982-2006

2.3

1.3

Periodo TLCAN 1994-2006

2.9

1.8

Sexenio Vicente Fox 2000-06

2.17

2.13

1997

6.8

0.2

1998

4.9

0.8

2000

6.6

0.6

2005

3.0

-7.2

El modelo económico neoliberal ya no necesita al sector agropecuario; el campo ha sido excluido del “desarrollo” neoliberal.

Ritmos de crecimiento relativamente altos en la economía del país no jalan al agro. La economía del país va por un lado y el sector agropecuario por otro.

2 El crecimiento del comercio agroalimentario no ha jalado el crecimiento del sector agropecuario •

A pesar de que ha aumentado considerablemente el comercio agroalimentario de México con el mundo durante el TLCAN en 12.3 por ciento promedio anual, el sector agropecuario únicamente ha crecido 1.8 por ciento anual.

Con el TLCAN aumentaron más las importaciones que las exportaciones agroalimentarias. Con el modelo neoliberal, lo principal que exportamos son empleos y divisas.

3 El modelo neoliberal agropecuario privilegia las agroexportaciones a costa de sacrificar el mercado interno •

•

•

•

-2,020.4 millones de dólares

Saldo acumulado TLCAN

-26,265.1 millones de dólares

Saldo Balanza Comercial Agropecuario Ampliada 2006

La producción promedio anual de granos y oleaginosas entre 1994 y 2005 se ha mantenido en 30 millones de toneladas. Esta cifra es similar a la alcanzada a principios de la década de los 80. Lo anterior, a pesar del crecimiento de la población en 20 años. En contraste, en China se duplicó la producción de maíz de 1982 al 2005, al pasar de 60 a 138 millones de toneladas.

5 El mercado agroalimentario ha sido entregado a intereses externos •

•

• •

El rentismo de tierras ejidales en zonas de riego y de buen temporal es de 50 a 60 por ciento.

Las importaciones de alimentos en el periodo TLCAN han llegado a 125.6 mil millones de dólares. Esto significa lisa y llanamente una insostenible fuga de empleos y divisas.

Tan sólo en el sexenio de Vicente Fox las importaciones agroalimentarias llegaron a 75.2 mil millones de dólares.

La migración rural se ha desbordado en todo el país, no solamente en los estados y las regiones que tradicionalmente expulsaban mano de obra rural, como Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Durango y Chihuahua.

8 El desastre ambiental en el campo ha crecido •

•

El desastre ambiental en el campo ha crecido, con ineludibles y costosos impactos en las ciudades y para el desarrollo económico nacional. De los 196 millones de hectáreas con que cuenta México, 64 por ciento están degradadas, principalmente por erosión hídrica y eólica.

Anualmente se pierde la utilidad agrícola de unas 10 mil hectáreas en las mejores tierras irrigadas, por causa de la acumulación de sales. Ello acumula ya una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva.

9 Crece la pobreza y la exclusión social en el campo, al tiempo que aumentan los programas asistencialistas y clientelares de combate a la pobreza •

El Banco Mundial reconoce que la pobreza y la marginación en el campo y los municipios mexicanos son alarmantes. De 1995 al 2004 aumentaron en 25 por ciento.

10 Los ingresos campesinos provenientes de la agricultura se han desplomado desde que inició el TLCAN Fuentes principales de ingreso monetario en áreas rurales

El mercado agroalimentario ha sufrido una privatización excluyente e injusta, privilegiando su concentración y trasnacionalización, lo cual afecta como consecuencia nuestra soberanía nacional y profundiza nuestra inseguridad alimentaria y nutricional.

Año

Dependencia alimentaria (%)

1982

15.0

1994

20.0

2005

40.0

2008 (año 15 del TLCAN)

50.0 (estimada)*

2012

60.0 (estimada)*

* Si no hay cambio de política agrícola y comercial en México.

•

Sin comentarios.

7 Se ha promovido el desempleo, el rentismo y la migración en el campo -1,929.5 millones de dólares

•

6 Crece la dependencia alimentaria

Balanza comercial agropecuaria (Saldo: exportaciones menos importaciones)

Saldo promedio anual TLCAN

El comercio exterior agroalimentario no es importante para el país, ya que únicamente representa entre 3 y 5 por ciento del comercio exterior total. Ni siquiera es demasiado importante, ya que aporta apenas entre 13 y 15 por ciento del valor total de la producción agropecuaria del país.

Sin embargo, las políticas agrícolas y comerciales neoliberales han estado centradas en promover exclusivamente las agroexportaciones, mismas que están concentradas en unas cuantas unidades de producción, regiones y empresas.

Se ha privilegiado el interés de una minoría vinculada a las exportaciones, a costa de sacrificar el interés de la mayoría de las unidades de producción, de las regiones y de las empresas vinculadas al mercado interno.

4 La producción de granos y oleaginosas se ha estancado

El modelo de comercio agroalimentario, basado en exportaciones de bajo valor agregado y con altas erogaciones por insumos de importación, no impulsa el crecimiento regional ni sectorial; por el contrario, es causa del estancamiento estabilizador en el campo.

Esto ha provocado que el sector agroalimentario se haya convertido en generador de saldos negativos en la balanza comercial.

Periodo

1982-2006

17 de diciembre de 2007

•

Se perdieron 2 millones de empleos rurales en los primeros 12 años del TLCAN.

Fuente: Wilson Center, con datos de OCDE y Banco Mundial

* Director de Anec ** Responsable de Políticas Públicas de Anec

7

17 de diciembre de 2007

DAÑOS SOCIALES Éxodo rural MANO

DE OBRA MEXICANA ABARATA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE EU

• Tratan a documentados como esclavos; están peor que los ilegales • Enfrentan explotación, desprotección laboral, ausencia de servicios médicos

Ana María Aragonés

E

l fenómeno migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos se ha disparado en forma extraordinaria a partir de la década pasada, situación que forzosamente nos remite al momento de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá.

Si analizamos el efecto de dicho tratado sobre la economía mexicana, es fácil detectar que uno de los sectores más afectados ha sido el campo.

La situación de subordinación en la que se pactaron los términos del tratado ha dado lugar a que seamos importadores de una parte sustancial de la dieta básica de la población, perdiendo así seguridad y soberanía alimentarias, lo que nos mantiene como país subdesarrollado.

Los productores mexicanos no pueden competir con Estados Unidos porque este país no sólo aplica muy importantes subsidios a la producción agrícola, sino que gracias a la participación de la po-

blación migrante mexicana, los costos de sus productos se reducen. Se trata de trabajadores que perciben bajos salarios, trabajan largas jornadas, prácticamente sin protección laboral. Si bien estas condiciones se han mantenido porque se esgrime que se trata de una fuerza laboral indocumentada, cuando analizamos lo que sucede con aquellos que son contratados bajo las llamadas visas H2A, se puede constatar que sus condiciones no son mejores.

Tuvimos la oportunidad de realizar varias investigaciones en uno de los llamados nuevos destinos migratorios en Carolina del Norte, y los testimonios de esos trabajadores ponen de relieve no sólo la enorme explotación, sino la desprotección laboral y sanitaria bajo la cual trabajan. Es decir que la legalidad no es garantía de un trato mejor; es más, por momentos pareciera que las condiciones son peores en la medida en que esos trabajadores son asignados a un granjero determinado, y si éste los trata mal, no les paga lo convenido o no les

ofrece servicios médicos cuando presentan problemas de salud, los trabajadores no tienen ninguna posibilidad de cambiar de patrón.

De acuerdo con sus propias declaraciones, los migrantes mexicanos consultados allí se consideran esclavos más que trabajadores libres y con derechos. Una queja muy sentida es que, después de muchos México: flujo de migrantes hacia EU

Fuente: elaboración propia con base en datos de Conapo.

Serie migración internacional, www.conapo.gob.mx

años de trabajar –algunos llevan más de 15 años trasladándose cada año por seis o nueve meses hacia Estados Unidos–, no han logrado que les sea reconocida ni siquiera la antigüedad, y por ello es imposible que puedan alcanzar una muy justa pensión.

Estos flujos migratorios representan una masiva transferencia de plusvalía desde la periferia, que labora en condiciones de enorme precariedad, sin acceso a los programas ni beneficios sociales, en un entorno de desprotección laboral. Su importancia radica en que se trata de población económicamente activa (PEA). Es mano de obra que llega en edad productiva sin ningún costo para el país receptor, lo que permite reducir los costos de producción, incrementar la flexibilidad y desregulación laboral y alcanzar con ello una creciente competitividad con máximas tasas de beneficio.

México ha incrementado las importaciones agrícolas de Estados Unidos entre 1995-2005 en 7.6 por

Zacatecas: de frijoleros a migrantes Óscar Pérez Veyna

E

l Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sus plazos pueden modificase. De no haber cambios, los efectos conocidos sobre el campo (migración, baja productividad, abandono de tierras) se agudizarán.

El sector agropecuario ha acumulado entre 1994 y 2007 experiencias que han sido documentadas por sus implicaciones sobre grandes masas de productores. Zacatecas, una entidad que basa su economía en los sectores primario y terciario, resiente con cruda realidad los efectos de la política agrícola gobernada por el modelo económico imperante. La migración, como uno de estos efectos, presenta a partir de la firma del TLCAN un incremento sustancial tanto en lo interno (campo-ciudad) como al exterior (hacia Estados Unidos).

Entre 1995 y 2000, 34 de los 57 municipios registraron tasas de crecimiento demográfico anual igual o inferior a cero; en 2005, los municipios con esta característica representaron 43 por ciento del total en la entidad. En 2000 Zacatecas fue clasificado como un estado de “muy alto grado de intensidad migratoria”.

Producto de la organización de los zacatecanos en Estados Unidos, surgió el programa 3x1 para migrantes. De los 58 municipios, sólo cuatro no recibieron apoyo de este programa en el periodo 2002-2005. De los que sí recibieron apoyo, 39 municipios mantuvieron una tasa de despoblamiento constante; de ellos, emigraron 48 mil 46 personas. Las cabe-

ceras municipales de mayor crecimiento poblacional (Calera, Guadalupe, Loreto, Fresnillo) nutren su estadística con la llegada de habitantes de municipios con pocas posibilidades de desarrollo que buscan mejores expectativas.

Bajo el cielo zacatecano, migración y despoblamiento convergen de manera desfavorable para la economía de la entidad.

El frijol en Zacatecas ha significado históricamente una importante fuente de abasto para el mercado nacional (más de 30 por ciento de la producción nacional) y, de manera recíproca, los productores han logrado un alto grado de especialización, no obstante los recurrentes problemas de comercialización; 57 por ciento de la superficie cultivada se siembra con frijol y ocupa cerca de 70 mil personas (aproximadamente 14 mil familias).

Es impostergable la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN. Carecemos de las condiciones para que nuestros agricultores enfrenten con éxito la competencia de productos importados con fuertes subsidios. La región productora de frijol en Zacatecas se ubica sobre municipios marcados simultáneamente por niveles de marginación y emigración altos. No es difícil pronosticar un éxodo mayor de frijoleros que, al ver desplazado su grano, tomen la alternativa de la migración.

Análisis realizados por estudiantes del Programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas sobre las circunstancias que viven los frijoleros, deben obligarnos a dilucidar escenarios posibles de

ciento anual en productos tales como ganado y carne, granos, semillas de aceite y en menor medida productos lácteos y productos avícolas, todos ellos artículos de enorme sensibilidad en la dieta básica de la población mexicana. Al mismo tiempo ha disminuido su apoyo público al sector.

Todo esto ha creado una situación de pobreza y pobreza extrema que ha sido reconocida por las propias autoridades gubernamentales, como Beatriz Zavala, secretaria de Desarrollo Social, quien en agosto pasado señaló que “todavía 44 millones de 700 mil mexicanos viven en situación de pobreza, y 14 millones 400 mil se enfrentan a la pobreza más lacerante: la pobreza alimentaria”. Una situación muy lamentable es que muchas comunidades rurales se van despoblando, quedando sólo niños y ancianos, que esperan las remesas para poder sobrevivir y que pase el tiempo para que los niños tengan la edad suficiente para seguir el camino de los padres.

La migración se ha incrementado ante la falta de políticas públicas que pudieran cambiar las condiciones que mantienen al país como simple reservorio de fuerza de trabajo barata, lo cual es aprovechado por Estados Unidos, que se da el lujo de violar los más elementales derechos humanos de esos trabajadores ante el silencio del gobierno mexicano.

Profesora de la Facultad de Estudios Superiores, UNAM-Acatlán amaragones@gmail.com

factores económicos (valor del producto, costo de fertilizantes, semilla, subsidios) y productivos (variedades, densidades de siembra, pesticidas, etcétera) sobre los cuales nuestros productores puedan acercarse paulatinamente a una sostenibilidad económica que les disipe la idea de migrar.

Ante la creciente migración de zacatecanos hacia Estados Unidos y la incertidumbre que implicaría el libre ingreso de frijol a México, se presenta la urgente necesidad de aprovechar aquellas disposiciones del TLCAN que permiten apoyar la producción interna y la generación de empleos. Es urgente el diseño de políticas públicas comprometidas con los frijoleros y con el campo en general. El tiempo se acaba, las posiciones se tensan, la frontera se militariza, hay una cada vez mayor exposición a riesgos de nuestros migrantes en su intención de pasar la frontera ante la falta de oportunidades para lograr un ingreso digno. Los que logran pasar dejan atrás, en comunidades y poblados, mujeres y niños abandonados a su suerte. Las remesas ayudan a paliar la circunstancia, pero está visto que el costo social es mucho mayor.

Las condiciones sobre las que se firmó el TLCAN no son las actuales (organismos genéticamente modificados, calentamiento global, seguridad, biocombustibles, etcétera) para ninguno de los tres países. Esto hace necesario plantear la renegociación, misma que, de darse, deberá incorporar a los actores centrales (productores) y no a negociadores que desconocen la realidad, como la de los frijoleros en Zacatecas que ven sólo incertidumbre luego de producir una leguminosa fundamental en la dieta del mexicano.

Secretario académico del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la UAZ pveyna@estudiosdeldesarrollo.net

8

17 de diciembre de 2007

Cultivando el Campo tras 25 años de Neoliberalismo Hugo A. Garcia Rañó

E

n 2008 el neoliberalismo cumple 25 años en México de aplicar políticas de estabilización, ajuste estructural y liberalización de mercados. En esta fecha coinciden tanto el aniversario como la apertura total del sector agrícola al comercio global. Esto es más que sólo un momento para el recuerdo: se trata de la consolidación del proceso de restructuración del agro, que en una época cumplió la función de soporte del desarrollo industrial y que ahora representa un reto a superar para nuestra economía.

En este pasado cuarto de siglo la economía en su conjunto transitó hacia el libre mercado y la modernidad, con la esperanza de superar los rezagos heredados de la década de los 70. Con una visión más dogmática que realista, el gobierno mexicano emprendió una serie de ajustes sobre la estructura económica y particularmente sobre la base productiva campesina, con la finalidad de alcanzar los anhelados equilibrios macroeconómicos. ¿Por qué nos referimos a la base campesina en específico?

Porque este sector fue el que permitió amortiguar el embate del ajuste de precios; allí se dio la política de transferencia de ingresos vía precios relativos y la eliminación paulatina de los precios de garantía. Esto se logró mediante un sistema de mercado que mantenía la dinámica de los precios de los productos agrícolas por debajo del comportamiento nacional, reduciendo la capacidad de capitalización del sector y aumentando el rezago económico y social de la población rural.

A principios de 2007 el resultado de este proceso de rees-

tructuración económica dejó ver la existencia de las limitantes de la política económica frente a los cambios en el mercado.

La escalada de precios de la tortilla fue resultado, más que de una actividad especulativa ilícita por parte de los grandes empresarios, de un comportamiento natural en un mercado de maíz desarticulado, concentrado en sus eslabones intermedios y con una vinculación directa a un mercado altamente especulativo (el de biocombustibles).

El lazo entre los mercados internacionales y la dinámica interna se estrechó gracias a las negociaciones comerciales con nuestros vecinos del norte, al igual que con los otros 26 tratados comerciales. Éstos se fundamentan en las ideas de las ventajas comparativas desarrolladas por el libre comercio. Sin embargo, existen fuertes dudas sobre los beneficios que tales negociaciones pueden tener sobre los países menos desarrollados, además de los efectos negativos que pueden generar particularmente en el sector agrícola.

Tras los acontecimientos de 2007, como el incremento del precio de la tortilla, de 30 por ciento oficialmente; el aumento en el precio internacional del trigo, y los anuncios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el aumento de los niveles de desnutrición mundial, debemos mirar hacia atrás y preguntarnos si realmente esta transición al libre mercado nos posibilita sentar las bases para fortalecer nuestro propio desarrollo. Las mismas negociaciones de comercio global permiten una serie de instrumentos de política, pero no los estamos empleando en su totalidad, y con ello limitamos el fortalecimiento de nuestro campo.

La competitividad del sector se ha reducido: en 2006 participó apenas en 3.3 por ciento de las exportaciones no petroleras. Además, el gasto público real en el sector declinó en 63 por ciento, y hubo una pérdida de 23 por ciento de la superficie irrigada y una caída en términos reales de los créditos asignados al campo entre 1994 y 2006.

El sector agrícola jugó un papel central en el desarrollo nacional durante el ciclo 1940-1960, cuando se buscó la soberanía alimentaria como parte de la estrategia de desarrollo.

Entonces el sector no sólo generó recursos para la industria, sino además estableció las bases para un ambiente de estabilidad social a partir de la distribución de tierra y la inversión.

La crisis no es resultado del periodo neoliberal. Sin embargo, sí podemos decir que desde 1989 el sector se ha caracterizado por tres elementos importantes: a) la actuación discrecional del Estado ante los problemas de la agricultura; b) un incremento en la dependencia de los suministros externos, y c) una desvinculación entre el sector financiero y el agrícola.

De frente al 2008, se hace necesario replantearnos lo que esperamos del agro, como economía y como sociedad. No se trata de frenar las negociaciones comerciales con el exterior per se, sino reflexionar sobre la necesidad de impulsar políticas que cultiven nuestra estabilidad y nuestro desarrollo.

Este artículo se basa en el estudio Crisis de la Tortilla. ¿Coyuntura o falla estructural? elaborado por Alder Keleman y Hugo Garcia para Oxfam Internacional en 2007.

Consultor en temas sobre Economía y Agricultura, Programa sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo, El Colegio de México h.garciar@gmail.com

CAMPAÑA POR UN MILLÓN DE FIRMAS EN DEFENSA DEL MAÍZ Y EL FRIJOL 1. Sacar al maíz y al frijol del TLCAN. Instalar un mecanismo permanente de administración de las importaciones

y exportaciones de maíz y frijol (y sus derivados y subproductos) por el Congreso de la Unión.

2. Prohibir la siembra de maíz transgénico en México. Protección y mejoramiento del patrimonio genético de

los maíces mexicanos, incentivo a la producción de maíces nativos y orgánica.

3. Aprobar el Derecho Constitucional a la Alimentación por la Cámara de Diputados y la Ley de Planeación

para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional por la Cámara de Senadores.

4. Luchar contra los monopolios del sector agroalimentario. Evitar el acaparamiento y la especulación, así

como la publicidad engañosa de alimentos “chatarra”.

5. Promover que el maíz mexicano y las expresiones culturales que involucra se inscriban tan pronto como sea

posible en la Lista de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, por la UNESCO. NOMBRE

ESTADO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONO

DESPRENDE ESTA HOJA... SÁCALE COPIAS, RECOLECTA FIRMAS Y ENVÍALAS AL 56-61-59-09 (FAX) O VÍA ELECTRÓNICA A sinmaiznohaypais1@gmail.com O A MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO NO. 50 DEPTO 403, COL. CHIMALISTAC, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01050, MÉXICO DF. A NOMBRE DE CAMPAÑA “SIN MAÍZ NO HAY PAÍS”.

9

17 de diciembre de 2007

EL CAMPO EN LA CIUDAD

SIACOMEX

10 AÑOS DE SERVICIO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE MEXICO

A diez años de constitución, somos una empresa del sector social conformada por pequeños y medianos productores establecidos en 19 Estados de la República que conforma una red de comercialización de granos básicos principalmente maíz, frijol, trigo y sorgo y la cual proporciona servicios competitivos de comercialización de cosechas y abastecimiento de insumos a través de:

Ofrecemos las mejores condiciones de mercado para los bienes agrícolas que cosechan y para los insumos agrícolas que demandan los pequeños y medianos productores, para aumentar su rentabilidad, mejorar sus ingresos y elevar su nivel de vida.

Actualmente somos el principal proveedor de Diconsa ofreciéndole anualmente más de 70,000 toneladas de maíz, asimismo nos hemos constituido como el principal canal de comercialización para las organizaciones socias acopiando y ofertando más de 400,000 ton. de maíz al mercado para su industrialización y transformación. A la vez somos el principal comprador de frijol de los productores de gran parte del país, superando las 40,000 ton. anuales.

Hemos avanzado en la conformación de la red de acopio y almacenamiento para los diferentes productos de nuestros socios contando hoy en día con más de 200 bodegas habilitadas como Almacenes Generales de Depósito y se está en la etapa final de la construcción de la Planta de Almacenamiento, Envasado y Distribución de Granos Básicos en el Valle de México, ubicada en Huehuetoca , Estado de México.

A sus diez años de constitución contribuye con el desarrollo de las capacidades comerciales, financieras, organizativas, administrativas, empresariales y operativas propias y de nuestras organizaciones para permanecer y participar competitivamente en el mercado de productos e insumos agrícolas. Es por ello que dentro de los servicios de capacitación se han impartido en el ciclo agrícola P-V 2006 más de 40 talleres locales, nacionales y regionales para la formación de cuadros de directivos, de responsables de comercialización y de almacenistas y con gran éxito se ha iniciado el fortalecimiento de las áreas administrativas de nuestra red.

Durante los ciclos de PV-2005 y PV-2006 nos hemos constituido como el principal proveedor de fertilizantes de importación DAP y UREA ofertando a nuestros socios en ambos ciclos más de 20,000 ton. a precio competitivo, calidad, y oportunidad para su utilización.

Por ello Siacomex se siente orgulloso de celebrar su Décimo Aniversario con la finalidad de reconocer el gran esfuerzo compartido entre todos los integrantes de la red. A la vez éste evento permitirá definir nuevas metas para los próximos 25 años renovando el ánimo de servicio a los pequeños y medianos productores de granos básicos.

FOTO: Enrique Pérez S / Anec

Mejor precio.

Canal de venta.

Seguridad y oportunidad de pago.

Agilidad en la recepción de la mercancía.

Pesaje exacto.

Aplicación justa de las normas de calidad.

Buen trato.

Maíz, frijol, sorgo, arroz, café, chocolate, miel, mezcal, amaranto, artesanía y muchos productos campesinos más se ofrecieron en la Feria Nacional Campesina, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México del 8 al 10 de noviembre. Asistieron más de 200 productores de la mayoría de los estados del país. La feria fue en el marco de la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, que recaba firmas ciudadanas en su página electrónica www.sinmaiznohaypais.org

10

17 de diciembre de 2007

= AGROCIDIO

TEMA DEL MES

Versiones de las participaciones de Víctor Quintana S., Luciano Concheiro y Armando Bartra en la mesa redonda realizada en Casa Lamm el 26 de noviembre, sobre Campo y TLCAN

Víctor M. Quintana S.

N

os prometieron las barras y las estrellas, perdón, la luna y las estrellas. Nos dijeron que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) nuestro campo sería más productivo, generaría más alimentos, más divisas y abatiría pobreza y migración, a la vez que mejoraría las condiciones de vida de los hombres y mujeres del medio rural. A 14 años de distancia y a unos días de la apertura total pactada, ¿se han cumplido estas promesas?

1. ¿Es más productiva la agricultura mexicana? Durante la vigencia del TLCAN se ha incrementado la producción agropecuaria; hay un aumento sostenido del PIB del sector entre 1994, año en que totalizó 73 mil 373 millones de pesos, y 2002, en que llegó a 82 mil 396 millones de pesos, a valores constantes sí, pero a un ritmo menor al de otros países de América Latina que no han firmado un tratado semejante. Han sido muy dinámicas las ramas orientadas a la exportación, como las frutas y las hortalizas, o las pecuarias, muy concentradas en su propiedad por trasnacionales u oligopolios mexicanos, pero la producción de granos básicos y oleaginosas ha crecido a ritmos mucho menores. Por otra parte, el sector agropecuario aumentó en términos absolutos, pero no en lo referente a producción per cápita. El PIB agropecuario y forestal en el trienio 2001-2003 resultó 11.1 por ciento inferior al observado en 1980-1982.

2. ¿Ha contribuido el TLCAN a desarrollar la soberanía alimentaria de México?

No ha contribuido a fortalecer la soberanía alimentaria y nutricional de México como país, ni de su población. Nuestro índice de dependencia del suministro extranjero de granos básicos, oleaginosas y carne ha aumentado: en 2005 las importaciones de productos agrícolas y alimentos representaron 40 por ciento del consumo total nacional, contra 15 de 1982 y 20 por ciento de 2004. El volumen de divisas que México gasta importando alimentos que aquí se pueden producir se ha disparado: según datos del INEGI, entre 1995 y 1999 ingresaron al país productos alimentarios por un valor de 29 mil 559 millones de dólares; entre 2001 y 2005, la dependencia alimentaria se disparó a 49 mil 547 millones de dólares. Estas importaciones representan 54 por ciento de las divisas obtenidas por la exportación de petróleo en los pasados cinco años, o 72 por ciento de las remesas de los emigrantes mexicanos en el exterior.

Por otro lado, aunque nuestras exportaciones aumentan al mismo ritmo que las importaciones, traemos del extranjero alimentos estratégicos y exportamos otros que no tienen ese carácter, además con un nivel muy alto de participación de empresas trasnacionales u oligopólicas en esos envíos.

3. ¿Ha contribuido el TLCAN a mejorar el empleo y el ingreso en el campo?

Según José Luis Calva, en el trienio 2002-2004 los cultivadores de maíz (sumando al precio de venta el subsidio del Procampo equivalente por tonelada) perdieron 50.3 por ciento del poder adquisitivo de su grano respecto de 1980-1982, los trigueros vieron esfumarse 49.6 por ciento del poder adquisitivo de su cereal, para los frijoleros la baja fue de 45.3 y los productores de soya perdieron 49.7 por ciento de su ingreso real.

También han caído las remuneraciones a los trabajadores agropecuarios: en 1994 el salario diario promedio nacional a pesos de julio de 2002 era de 179.04, y en el sector agropecuario, de 107.39, y para 2003 fueron de 156.86 y 93.97, respectivamente.

La caída de la rentabilidad de los productos agropecuarios y de los salarios en el sector afectan el empleo en la misma proporción. El año antes del TLCAN, 1993, en el sector agricultura, ganadería, silvicultura caza y pesca, el personal ocupado ascendía a 8 millones 842 mil 274, y para 2003, a 6 millones 937 mil, lo que significó una tasa media anual de crecimiento negativa, de menos 2.4 por ciento, a contrapelo de los sectores secundario y terciario, que experimentaron tasas positivas.

4. ¿Ha ayudado el TLCAN a reducir la pobreza y la migración rurales? Según El Colegio de México, la migración hacia Estados Unidos se incrementó más ostensiblemente en la segunda mitad de los años 90, coincidiendo con la entrada en vigor del TLCAN, de las reformas al artículo 27 constitucional y a la Ley Federal de Reforma Agraria, y con la crisis económica 1994-1995, entre otros fenómenos, hasta llegar a 2 millones de emigrantes del campo mexicano, pero recientemente un estudio del Banco Mundial dice que en los primeros 10 años del tratado salió del campo una cuarta parte de la población rural: 6 millones de personas.

La pobreza sigue afectando mucho más a la población rural. Según las recientes cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2005, en el medio rural la población en pobreza alimentaria alcanzó un 32.3 por ciento del total, contra 9.9 por ciento en el medio urbano. La proporción de población en pobreza de capacidades en el medio rural ascendió a 39.8 por ciento, y en el urbano a sólo 15.8. Finalmente, la pobreza patrimonial en el medio rural afectó a un 61.8 por ciento de la población, contra 38.3 en las ciudades.

5. ¿Tenemos un mejor medio ambiente luego de 14 años de TLCAN? El TLCAN y el resto de políticas de ajuste impuestas por el capitalismo neoliberal no han resultado beneficiosas para los recursos naturales. La explotación agropecuaria comercial intensiva, sobre todo la orientada a la exportación, ha implicado una mayor concentración de nitrógeno, fósforo y otras sustancias nocivas en suelos y corrientes de agua. Entre 1994 y 2001, las importaciones mexicanas de nitrógeno se dispararon 400 por ciento, lo que implica una sobreaplicación enorme de este agroquímico en la agricultura mexicana. Por otra parte, se ha generado una mucho mayor depleción de los de por sí escasos recursos acuíferos del país; la producción de frutas y hortalizas para la exportación o la producción intensiva de maíz de riego para poder competir con el importado a bajos precios, han provocado una explotación mucho más intensiva de los recursos hídricos de México, al punto que de los 459 mantos acuíferos que hay en el país, 80 se encuentran sobrexplotados. La competencia extranjera inducida por el TLCAN se ha traducido en una devastación masiva de bosques Así, la tasa media de deforestación en las regiones boscosas de México ha superado las 630 mil hectáreas por año desde 1993 afectando no sólo los bosques, sino las regiones más ricas en biodiversidad del planeta. Finalmente, las importaciones desde Estados Unidos han comenzado a invadir el país con semillas transgénicas, que constituyen una amenaza real a nuestra megabiodiversidad.

Usted concluya….

Banco Mundial decepcionado del TLCAN

FOTOS: Enrique Pérez S/ Anec; María Grazia Zagaria

cinco promesas incumplidas

“(...) el sector rural ha sido objeto de las reformas estructurales más drásticas (la liberalización comercial impulsada por el GATT y el TLCAN, la eliminación de controles de precios, la reforma estructural sobre la tenencia de la tierra), pero los resultados han sido decepcionantes: estancamiento del crecimiento, falta de competitividad externa, aumento de la pobreza en el medio rural, (...) Esto plantea un importante problema de política, debido a que a partir de 2008 el TLCAN pondrá al sector en competencia abierta con Canadá y Estados Unidos”, Banco Mundial, 2002.

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Diez propuestas para recuperar al campo Armando Bartra

LA RESISTENCIA Luciano Concheiro Bórquez

A

nte la noticia de que serían privatizadas las zonas arqueológicas de Machu Picchu y Chan Chan en el Perú, el escritor José Saramago dijo con una fuerte carga de ironía: “Que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre todo si es el diurno y con los ojos abiertos.

Y, finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de una vez por todas su explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo (...) Y, metidos en esto, que se privatice también a la puta que los parió a todos.”

No a TLCs: Como bien dice Saramago, la fiebre privatizadora invade todo, nos quiere restar los CLOC y VC sueños, busca destruir implacablemente lo más íntimo de los seres y se plantea imponer “Rechazamos los instruel dominio total del mercado, y con ello conmentos de dominación denar a la inmensa mayoría a la exclusión que viene negociando económica, social y cultural. En este sentido, Estados Unidos a través acabar con el propósito justiciero de la Revode los TLCs”. Coordilución Mexicana, vuelto reforma agraria, fue nadora Latinoamericauna precondición impuesta a México para na de Organizaciones negociar el Tratado de Libre Comercio de del Campo (CLOC) y América del Norte (TLCAN).

Vía Campesina en el Se desató la fiebre privatizadora. Para VI Foro Social Mundial ello se rompió el principal pacto social y II de las Américas, reaconstruido en la historia contemporánea; lizado en Caracas (24 al el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de 29 de enero 2006).

Gortari modificó el artículo 27 constitucional, y ahora pretenden rematar Felipe Calderón y sus huestes. Hace 15 años arrancó la contrarreforma agraria; se trataba de privatizar los ejidos y comunidades, y el botín no es menor, abarca más de la mitad de todo el territorio nacional, 101 millones 428 mil hectáreas. Pero en esta audaz acción que quiso tirar al basurero la historia del país, radica el principio del fin del corto reinado del neoliberalismo, la resistencia se ha impuesto en este caso sobre la supuesta lógica implacable del mercado vuelto TLCAN. Privatización mínima. La insurrección zapatista del uno de enero de 1994 explícitamente denunció al TLCAN y los cambios al 27. Entonces, y hasta la fecha, se ha rebelado la abrumadora mayoría de los casi 4 millones de ejidatarios y comuneros de todo el país. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, al 30 de junio de 2005 sólo un millón 245 mil hectáreas, esto es menos del 1.23 por ciento de las tierras ejidales y comunales, habían solicitado el dominio pleno, paso anterior para ser propiedades privadas, pero a la vez poco más de 600 mil hectáreas de propiedad privada han pasado en los últimos años al régimen ejidal y comunal. Además, de la minúscula privatización 75 por ciento corresponde a seis estados del norte del país: Baja California, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Baja California Sur y Tamaulipas.

Pero la resistencia no sólo fue rechazar la privatización de la propiedad social. Los ejidatarios y comuneros, al ser certificados por el famoso Procede, declararon poco más de 70 por ciento de todas sus tierras como “tierras de uso común”, lo que quiere decir que las ampararon de ser vendidas, las protegieron para las futuras generaciones.

La resistencia campesina parece negarse a la declaración del “fin de la historia”; ofrece una base territorial inmensa como fundamento de la soberanía alimentaria, referente de una democracia horizontal, de las autonomías, del municipio libre, de otro mundo posible en la diversidad cultural y biológica que caracteriza a México.

Profesor-Investigador UAM-Xochimilco concheir@correo.xoc.uam.mx

1. Cambiar el curso suicida en que nos metieron los anteriores gobiernos. Y para esto reconocer que el agrocidio implícito en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue calculado, y romper expresamente con esa línea que hoy es de Estado. No podemos conformarnos con ajustes menores, nos hace falta un nuevo modelo de desarrollo que rescate al campo y a los campesinos en términos de economía, sociedad, medio ambiente y cultura. No deseamos volver atrás, a las prácticas clientelares y la corrupción. Queremos un nuevo pacto social entre el México urbano y el rural, y en este contexto un nuevo trato entre el Estado y los campesinos.

2. Para restaurar el México rural hay que reconocer, ponderar y retribuir la multifuncionalidad de los campesinos. La base de los cambios que demandamos está en valorar las diversas funciones del campo en forma de aportaciones económicas, sociales, ambientales, culturales y democráticas. Porque los campesinos no piden limosnas, tienen compromisos con la nación y quieren cumplirlos, pero necesitan condiciones adecuadas, que hoy no existen.

3. Para reactivar e integrar las cadenas productivas hace falta fomentar la pequeña y mediana producción campesina y las agroindustrias y comercializadoras asociativas. Las funciones económicas del campo no se pueden medir sólo por el peso del sector agropecuario en el producto interno bruto. Si éste disminuye, no es tanto porque caigan sus volúmenes de producción como porque decrecen sus precios relativos. Los campesinos cada vez dan más y cada vez reciben menos. El círculo vicioso se origina en un mercado agropecuario asimétrico, politizado y controlado por trasnacionales que no tiene nada que ver con el “libre comercio”. Romperlo supone acciones de Estado para proteger del comercio desleal y abusivo a un sector de la producción que aun en términos económicos pesa más de lo que parece.

4. Para recuperar la soberanía alimentaria hay que fomentar la producción campesina de básicos. El valor de la producción agropecuaria no se mide sólo en volúmenes y precios, pues se trata en gran medida de comida de la que depende la subsistencia de la población. No cosechar suficientes alimentos nos pone en riesgo como nación. Garantizar la autosuficiencia en básicos y la seguridad alimentaria –como lo hacen las economías más poderosas– es indispensable para países pobres y dependientes, pues de otra manera estaremos de rodillas ante los dictados del imperio.

5. Para frenar el éxodo campesino y recuperar la soberanía laboral es urgente impulsar una agricultura doméstica y asociativa intensiva en trabajo y bien remunerada. En el campo vive uno de cada cuatro mexicanos y en la agricultura trabaja uno de cada cinco, de modo que continuar desmantelándolos es descobijar una cuarta parte de los connacionales que el resto de la economía no puede absorber. Reactivar la agricultura campesina es cuestión de soberanía y seguridad laborales, pues un país incapaz de emplear

dignamente a la mayoría de sus ciudadanos y atenido a las circunstancias económicas y políticas de quien recibe a sus migrantes, es una nación minusválida.

6. Para contrarrestar la crisis ambiental habrá que impulsar una producción campesina amigable con la naturaleza. Rico en recursos naturales y diversidad biológica que se pierden aceleradamente, México está al borde de una gran crisis ambiental. El modelo de urbanización-industrialización es culpable, y también una estrategia agrícola predadora que dañó severamente tierra, agua, aire, flora y fauna. Pero despoblar el campo no es conservar la naturaleza, pues los ecosistemas se reproducen socialmente. Para restaurar los recursos y equilibrios perdidos hace falta restaurar también una economía campesina sustentable capaz de aprovechar sin destruir.

7. Para restablecer la convivencia hay que devolver a los campesinos la confianza en un futuro digno.

La descomposición del tejido social es el saldo más doloroso de la crisis rural. La migración compulsiva, las estrategias de sobrevivencia antisociales vinculadas a la delincuencia organizada, la agudización de los conflictos, la proliferación de grupos guerrilleros, el descreimiento en las instituciones, la ingobernabilidad hormiga, son procesos perversos que no remitirán mientras el campo siga siendo cárcel y condena para las nuevas generaciones rurales. Hay que restaurar la economía y la naturaleza, pero también las ilusiones.

8. Para recuperar las raíces de nuestra identidad es indispensable darle viabilidad económica a la comunidad agraria, sustento mayor de nuestras culturas autóctonas y mestizas. En el campo están nuestros cimientos culturales. El México urbano perderá irremisiblemente su identidad si no se reconcilia con el México profundo que es en gran medida el México rural. Pero no se trata de preservar reliquias arqueológicas, se trata de restaurar la vitalidad socioeconómica del campo como sustento de su vitalidad cultural. No nos inspiran nostalgias reaccionarias; queremos un México moderno, plural y abierto al mundo, pero que sea también un México indígena y campesino.

9. Para impulsar la democracia participativa es indispensable reconocer los derechos autonómicos de los pueblos indios. Si al país todo le faltan tradiciones democráticas, el campo ha sido y es el México bronco, territorio privilegiado del autoritarismo, donde por norma general no se respetan las libertades civiles ni los derechos ciudadanos. La democracia es asignatura pendiente del México rural. Desde hace rato los hombres del campo están empeñados en transformar profundamente sus sistemas de convivencia gremial y ciudadana, y en particular los pueblos indios han puesto la muestra de lo que puede ser una nueva socialidad democrática, participante y autogestiva. Las autonomías de hecho están bien, pero es necesario que también las reconozca el derecho.

10. Los hombres del campo han dicho ¡basta! Ya no más ser caudal de votos, rebaño de acarreo, clientela caciquil, tema de oratoria, oportunidad de corruptos, objeto de asistencia y asunto folclórico. Los campesinos quieren seguir cosechando alimentos sanos para todos los mexicanos, generando empleo e ingreso para millones de compatriotas, cuidando los recursos naturales que nos dan aire puro, agua limpia, tierra fértil y diversidad biológica; quieren mantener y desarrollar nuestra cultura y nuestros usos y costumbres que son patrimonio de todos; quieren impulsar nuevas formas de convivencia democrática. Los campesinos quieren cumplirle a la nación, pero para esto es necesario que la nación les cumpla a los campesinos.

Medidas injustas, inmorales: AMLO (...) estamos participando en la campaña para impedir que se lleve a cabo la entrada en vigor de la cláusula del TLCAN que dejará abierta la importación de maíz y frijol del extranjero. (...) Enero será, si no lo impedimos, un mes negro, de carestía, muy difícil para la economía popular, porque se pretenden dar tres golpes al mismo tiempo: el aumento a las gasolinas y al diesel; los aumentos de impuestos por la llamada reforma fiscal, y la apertura de las fronteras para la importación de maíz y de frijol que afectará a los productores nacionales. (...) Les propongo que a partir de ahora todos expresemos nuestro rechazo por estas medidas injustas, inmorales y antipopulares (...)”

Andrés Manuel López Obrador, durante la Tercera Asamblea Informativa de la Convención Nacional Democrática, en el Zócalo de la ciudad de México, 18 de noviembre de 2007

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TRIBUNALES AGRARIOS Y LA LEY AGRARIA La reforma al Artículo 27 Constitucional de 1992 trasladó las facultades jurisdiccionales del Presidente de la República a los Tribunales Agrarios. Por su parte, la Secretaría de la Reforma Agraria estableció el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE), puesto en marcha el 6 de enero de 1993 para dar certeza jurídica a la propiedad social, definiendo los límites internos y externos de ejidos y comunidades.

A pesar de que los Tribunales Agrarios y el PROCEDE han contribuido a dar certeza jurídica en la tenencia de la tierra y resolver las controversias en torno a ella, el dinamismo del crecimiento de la producción rural no se ha recuperado.

El saldo más positivo de la justicia agraria, reconocido ampliamente por propios y extraños, ha sido su contribución para mantener la paz social en el campo mexicano.

Se ha legitimado el quehacer de los Tribunales Agrarios como órganos objetivos e imparciales para dirimir las controversias que se suscitan entre los núcleos agrarios, hacia el interior de éstos, y de aquellos que involucran a pequeños propietarios. Por eso han sido pilar en la creación de una nueva institucionalidad agraria en la cual la observancia y aplicación de la Ley ha sido el eje principal.

Esto no hubiera sido posible si la visión previsora del Legislador y de quienes forjaron los Tribunales Agrarios no le hubiese dotado de características particulares y principios procesales, como son la imparcialidad, la objetividad, el apego a la legalidad, la inmediatez y la concentración, pero en particular la oralidad y la itinerancia.

La oralidad implica que los actos procesales se desarrollen oralmente, ante la presencia inmediata del juzgador, quedando registro escrito de los mismos. La itinerancia, por su parte, significa que el Tribunal se desplaza a los lugares en donde residen los campesinos para impartir la justicia, con un profundo sentido humano. De esta manera los campesinos no tienen que desplazarse a la sede donde reside el Tribunal, sino que es éste el que va a resolver el conflicto en el lugar mismo de los hechos. El Tribunal actúa dentro del territorio donde ejerce su jurisdicción, llegando al poblado o al lugar cercano donde viven los campesinos, para realizar las audiencias y recibir las pruebas. Así, el Derecho llega como el oxígeno a la sangre, a todo el cuerpo social, para evitar gangrena.

Indispensable revisión de la normatividad agraria A 15 años de existencia de la reforma a la legislación agraria, se hace necesaria una revisión que, entre otras cosas, involucre a la normatividad procesal que rige a la justicia agraria. Pero esta reforma no debe dar lugar a la expedición de un “código procesal agrario”, pues la sencillez, expeditez, oralidad, concentración e itinerancia de los procedimientos requiere mantenerse. Deben ampliarse las facultades de los Magistrados Unitarios para desechar demandas notoriamente improcedentes, regular las excepciones y defensas que deben resolverse de previo y especial pronunciamiento; determinar las facultades del juzgador en relación con la admisión o desechamiento de pruebas, así como para establecer términos para el desahogo de las mismas, especialmente las periciales.

También la experiencia ha mostrado la necesidad de reformas en aspectos sustantivos de la Ley Agraria, tanto en lo que se refiere a los derechos colectivos, ejidos con tierras cero y, en el ámbito de los derechos individuales, los relativos a los llamados avecindados y posesionarios.

Otro aspecto que requiere reformas, a efecto de garantizar la seguridad jurídica en el campo, es la Ley de Amparo. Distinguidos miembros del Poder Judicial de la Federación y diversos tratadistas de la materia han planteado en esencia dos opciones: suprimir definitivamente el Libro Segundo de la Ley de Amparo, pues regía sobre procedimientos administrativos ya extinguidos, lo que lo hace hoy inoperante, o bien su reforma, a efecto de que regule, bajo una concepción tutelar, el amparo directo en contra de las sentencias de los Tribunales Agrarios, estableciendo procedimientos y términos para su desahogo.

También en este ámbito la disposición de los Tribunales Agrarios a participar en el debate que preceda a la iniciativa es manifiesto y permanente.

El desarrollo sustentable, materia de Tribunales Además, en marcha ya este siglo XXI, no puede omitirse precisar la necesaria y urgente ampliación de la competencia de los Tribunales Agrarios en materia de Desarrollo Sustentable.

El desarrollo sustentable constituye los anhelos más importantes de nuestro país en los albores del siglo XXI; sin embargo, la brecha que existe entre estas aspiraciones y la satisfacción por sus resul-

tados es aún considerable. El desarrollo sustentable requiere de efectivos instrumentos de políticas públicas y, especialmente, de administración y de impartición de justicia para lograr la conservación de tierras, aguas, bosques, selvas y biodiversidad, así como de la efectiva y pronta reparación de los daños ambientales que generan las actividades humanas.

Las principales amenazas detectadas en el proceso de degradación ambiental son el cambio climático; la pérdida de biodiversidad; la degradación de los agroecosistemas, de los bosques, de los ecosistemas de agua dulce, marinos y las costas, y la desertificación.

La degradación ambiental de los ecosistemas afecta muy directamente la vida de todos los seres humanos, como parte integrante del gran ecosistema natural. De hecho, los ecosistemas nos “prestan” servicios que al fin y al cabo garantizan nuestra vida y nuestro bienestar. Estos servicios, que también están amenazados, son la estabilidad de la climatología; la purificación del agua y del aire; la mitigación de sequías e inundaciones; la generación, preservación y fertilidad del suelo; la desintoxicación y descomposición de los residuos; la polinización y dispersión de semillas para la regeneración vegetal; el control de las pestes agrícolas; la prevención de la erosión en las costas de mares y lagos; la producción de alimentos y otros productos naturales de consumo humano, y la protección contra la emergencia de nuevas enfermedades.

El problema de la construcción de los nuevos derechos no es fundamentalmente ni tan sólo el de traducir al lenguaje jurídico los principios que se expresan en el discurso oficial de la sustentabilidad. Más allá de ese problema técnico, el reordenamiento jurídico que implica el reconocimiento de los nuevos derechos entraña la legitimación a través de la Ley de nuevas relaciones de poder.

Los nuevos valores y las “nuevas visiones del planeta” que se expresan en el discurso del desarrollo sustentable significan al mundo y construyen nuevos sentidos existenciales. Más allá del propósito de la conservación de la naturaleza, los derechos ambientales se orientan a recuperar y revalorizar las relaciones entre cultura y naturaleza, a reabrir y multiplicar las diversas y heterogéneas formas de co-evolución que quedaron reducidas y truncadas por el proceso de homogeneización del mundo moderno, jalado por la racionalidad instrumental, económica y jurídica que se fue imponiendo sobre el destino de los pueblos y de la naturaleza.

Los nuevos derechos ambientales, culturales y colectivos se van legitimando en un discurso teórico y político que reflexiona, reconoce y acompaña reivindicaciones que se expresan en los nuevos movimientos ciudadanos, ecologistas, indígenas y campesinos. El discurso de la biodiversidad promete salvar a la naturaleza de las prácticas destructoras y en su lugar instituir una cultura de la conservación.

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Defensa jurídica

EL TLCAN TIENE REMEDIO

• Debe México proteger al agro en tratados de la OMC • Urgente, quitar el monopolio a Economía

cias donde la UPCI defiende el interés extranjero, y ello genera desgaste en los productores y una dependencia cada vez mayor de alimentos ás allá de los mecanismos del Tratade EU, algunos atentatorios a la nutrición, y por do de Libre Comercio de América tanto violatorios de la Constitución, como son del Norte (TLCAN) –investigación los lactosueros (que se hacen pasar por leche) antidumping, salvaguardas, cupos de impory pastas de ave (baratas y sin control de calidad) tación–, con resultados en general negativos que se transforman en jamones. y procesos tardadísimos en contra de imporEjemplos de la indolencia taciones de carne de res, y mala fe de funcionarios de productos porcícolas, arroz, UPCI: 1.- en 2003 los porciculmanzana y fructosa de Estores presentaron una demanda tados Unidos (EU), que contra productos desleales de han provocado daño serio Estados Unidos; dado que la a la producción nacional y argumentación jurídica daba al empleo, México cuenta para ganar, la UPCI cerró el con un abanico de posibicaso y abrió otro por oficio, para lidades de defensa dentro el cual luego dio una resolude la propia Constitución, y ción de cero cuota. “Eso fue los tratados de la Organizauna aberración jurídica”. 2.- En ción Mundial de Comercio Laura Hernández Ramírez 2006 los porcicultores pidieron (OMC), que no utiliza. un panel por la controversia (capítulo 19 del La responsable monopóíica de defender el TLCAN) y la Secretaría de Economía (SE), interés nacional comercial, es la Secretaría de controladora de la Sección de Tratados, por deEconomía, por conducto de sus subsecretarías morar la constitución de panel, propuso como y de la Unidad de Prácticas Comerciales Inárbitro a una persona físicamente imposibilitaternacionales (UPCI); sin embargo, sin lógica da, y a la fecha no se ha constituido. jurídica los funcionarios aplican en exclusiva “Hay situaciones extrañas, intereses distintos, los mecanismos del TLCAN, con actos ilegales trasnacionales que buscan mercado. Pero la culy arbitrarios, y se prestan a corrupción. Inclupa es nuestra, como país, por no entender que la so ex funcionarios han constituido despachos dependencia alimentaria nos lleva a ser objeto privados, y en su mayoría actúan en contra de de control político y económico de todo tipo.” nuestros agricultores y son designados “peritos” La abogada plantea retos: 1.- se debe eliminar en casos en que ellos mismos han participado el monopolio de la SE y crear un tribunal de coen contra de la producción nacional. mercio internacional; 2.- el Congreso debe crear Laura Hernández Ramírez, doctora en deuna comisión especial de comercio exterior; 3.- el recho por la Universidad Nacional Autónoma Poder Legislativo debe actuar en la negociación, de Méxicoy quien impulsó la primera demanasimilación jurídica y aplicación de tratados coda contra prácticas desleales (en 1993, en pormerciales, por ejemplo, asimilar debidamente el cicultura), explica que al haberse fundamencontenido del ASA en nuestra legislación (en la tado el TLCAN en el artículo 24 del GATT LDRS) para la defensa del agro. (tratado de la OMC), los Estados pueden y Controversia constitucional. Por lógica judeben utilizar las reglas del multilateralismo. rídica, si tenemos firmados tratados de la OMC Por tanto, México debería acogerse al Acuerdonde se privilegia al sector agroalimentario; do Sobre Agricultura (ASA) y al Acuerdo de si la propia Constitución mexicana defiende Subsidios de la OMC, entre otros, para defenel derecho a la alimentación, a la producción der a sus agricultores. nacional, al desarrollo económico, “tenemos Así podría generarse una defensa, incluso que ser congruentes y evitarnos juicios como de oficio, para miles de productos, en primer los que hemos llevado con el TLCAN. Al final lugar los estratégicos identificados en la Ley en estos casos, si llegamos a sus últimas consede Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), incuencias en el Poder Judicial, vamos a ganar, cluidos maíz y frijol. pero esto toma muchos años, y mientras se Seguridad alimentaria. “La OMC en sus mueren los animales; hay que sacrificar cerdas, preceptos, no es comercio en exclusiva; o una las cosechas se dañan seriamente, porque comaventura a ser importador neto; también se espiten con la importación desleal”. tablece la seguridad agroalimentaria, fomenLaura Hernández afirma que el maíz y el frijol tar el desarrollo económico y la exportación; podrían ser defendidos con los Tratados GATT, mantener equilibrio en la balanza de pagos.

ASA y de subsidios, pero en principio con una Por eso constituyó su ASA, que busca la segucontroversia constitucional contra el acto de ridad alimentaria, con procedimientos cortos aplicación del TLCAN, que emprenderían auy sin tantos requisitos como las salvaguardas toridades locales. La Suprema Corte de Justicia especiales (...) con base en ese acuerdo y/o el de la Nación tendría que pronunciarse, y podría de subsidios, es que Brasil ganó un caso en la suspenderse el tratado, por razones tales como la OMC contra el algodón de EU y Canadá imfalta de reciprocidad –por los subsidios excesivos pugna los subsidios al maíz estadunidense.” al agro que aplica EU–, y por serios problemas La autora del libro Visión y acciones jurídicas técnico jurídicos en su negociación, por ejempara el desarrollo del sector agropecuario mexiplo, sus contradicciones con la Constitución. cano, editado por el Centro de Investigación Mientras el TLCAN determina fechas de desAduanera y de Comercio Internacional, comengravación arancelaria, nuestra Carta Magna da al ta que Japón, la Unión Europea y el propio EU Congreso la atribución para que aplique o retire saben cuidar muy bien a sus agricultores, aun aranceles de acuerdo con el interés nacional. confrontando ordenamientos internacionales, y sin embargo en México hay múltiples experienlaurhern@prodigy.net.mx

Lourdes Edith Rudiño

FOTO: Lourdes Edith Rudino

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En medio de la incertidumbre que despierta la última fase de liberalización, dirigentes de organizaciones campesinas, muchos de ellos impulsores del Acuerdo Nacional para el Campo, formulan propuestas de política pública:

FOTO: Enrique Pérez S / Anec.

El aspecto central es que se tengan mayores precios para los productos del campo; para ello deben tomarse medidas como control de importaciones; definir límites al poder y a las excesivas ganancias de los oligopolios; abatir el intermediarismo en la comercialización, y fortalecer a las asociaciones de productores para que vendan sus cosechas con mayor escala y más valor agregado. También es necesario 1: fortalecer el manejo financiero de las familias campesinas a partir de que las asociaciones cuenten con organismos de ahorro y préstamo. 2: Mayores apoyos públicos para la diversificación de actividades de las familias campesinas y para una industrialización de mediana escala. 3: Creación de un nuevo organismo público de apoyo a proyectos de protección ambiental manejados por los productores y comunidades, con amplios recursos fiscales, de empresas, de organismos internacionales, impuestos específicos, etcétera. 4: Un programa nacional que fomente la cultura organizativa campesina.

Olegario Carrillo Meza Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA)

No hay alternativa; lo sostenemos en foros nacionales e internacionales: el campo sobrevivirá sólo si hay un repliegue en

Carlos Salinas de Gortari

Este ex presidente realizó negociaciones secretas con su contraparte de Estados Unidos desde inicios de los años 90, que dieron como fruto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Salinas ha insistido en libros y artículos que el tratado se le ocurrió a él luego de un viaje a Europa, donde observó los beneficios de la integración internacional. Pero hay evidencias de que el proyecto no fue suyo –nunca lo mencionó en sus discursos de candidato ni en sus planes de desarrollo nacional–. El TLCAN surgió como una estrategia del gobierno de Estados Unidos de regionalización para fortalecer la competitividad de sus empresas. Previo al tratado, ya Salinas había desmantelado las instituciones del agro y había promovido la desregulación de los precios agrícolas y de la tenencia de la tierra.

Luis Téllez Kuenzler

El hoy titular de Comunicaciones y Transportes fungió como responsable negociador de agricultura en el TLCAN. Siendo subsecretario de Planeación de Agricultura con Salinas, el también artífice de los cambios

el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Seguiremos luchando por lograr su cancelación y para evitar la liberalización definitiva en enero de 2008. El TLCAN ha profundizado la pobreza y la exclusión rural, así como la dependencia alimentaria nacional.

Nuestro reclamo es justo y apartado de intereses políticos. Pero en tanto logramos esto, la UNORCA impulsa un “programa nacional para la soberanía alimentaria” que requiere subsidios y una alineación con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para apoyar productos estratégicos y vulnerables en medio de la apertura, como el maíz y el frijol. Buscamos que el Legislativo intervenga y nos apoye para hacer contrapeso a las políticas actuales, y que la economía de ejidatarios, de comuneros, no siga siendo golpeada.

Federico Ovalle Vaquera Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC)

Víctor Suárez Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec)

Es indispensable que, como decisión explícita de Estado, México revierta la situación actual, en que la élite de gobierno y los organismos multilaterales que influyen en las políticas internas desdeñan al agro, en particular a los campesinos e indígenas, a quienes conciben como prescindibles para el desarrollo económico, pero ven como capital electoral y como receptores de dádivas públicas y privadas. A partir de esa de-

LOS RESPONSABLES DEL DAÑO de 1992 al artículo 27 constitucional sobre tenencia de la tierra, ofreció incluir el maíz y el frijol en el TLCAN sin que lo hayan solicitado las contrapartes estadunidenses. En su libro La modernización del sector agropecuario y forestal (FCE, 1994) y en entrevistas periodísticas de esa época, Téllez Kuenzler argumentó que el sector agropecuario debía superar su atraso vía la desregulación, la privatización y la apertura comercial, y para ello debía incrementar sus flujos de exportación (con hortalizas), y reducir deliberadamente el cultivo de granos y oleaginosas, “cultivos no redituables”, aprovechando la circunstancia de entonces –hoy revertida en 180 grados–, de sobreoferta mundial granera y precios bajos. Téllez, quien fue secretario de Energía con Ernesto Zedillo, operó en los años recientes como empleado del Grupo Carlyle, con fuertes intereses de la familia Bush. A Téllez se le atribuye la frase “El TLCAN no falló, pero la realidad no se ajustó a lo que se preveía”, como respuesta a críticas sobre los efectos nocivos del tratado en la sociedad rural.

Eduardo Robinson Bours Castelo Este priísta sonorense, conocido como el más panista de los gobernantes, es antes que nada un empresario: miembro de la familia propietaria de la líder avícola Bachoco. En 1992 fue electo presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la cúpula empresarial del agro, y como tal participó casi como único representante del sector en el llamado “cuarto de junto” de las negociaciones agropecuarias del TLCAN. El sector social del agro estuvo representado sólo en las últimas etapas de la negociación por el Congreso Agrario Permanente. Dentro del sector privado, el CNA dominó, incluso desplazó a la Confederación Nacional Ganadera, pues fue hábil en presentar primero sus planteamientos en desgravación para las ramas pecuarias, y además el CNA estaba entonces ya integrado a la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior, instancia reconocida por el gobierno federal como el enlace empresarial con la unidad negociadora oficial en el TLCAN.

FOTO: Enrique Pérez S / Anec.

Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)

FOTO: Unyon Payssane

Fernando Celis

cisión de política mayor –que tendría que ser asumida por el Congreso, por los poderes ejecutivos federal y locales y por la sociedad– es que podrían darse pasos para lograr una nueva modalidad de agricultura sustentable proveedora de bienes ambientales, multifuncional, de atención a los mercados locales y regionales. Y podrá verse al campo no como un lastre, sino como una riqueza indispensable para la soberanía nacional, la unidad del país, el desarrollo económico y para los equilibrios sociales y ambientales. Necesitamos un acuerdo de la República para la reorientación de las políticas agroalimentarias que han regido desde 1982, y a partir de eso entre otras cosas se requiere la revisión y renegociación de los tratados de libre comercio, y reformas institucionales para dar espacios, presupuestos y atención a la producción de pequeña y mediana escalas.

Un modelo de desarrollo fincado en la visión de las empresas trasnacionales y de los ganadores de la apertura comercial en las economías altamente desarrolladas no es lo que requiere el campo mexicano; el libre mercado indiscriminado ya mostró su inviabilidad, pues genera pobreza y

Jaime Serra Puche Como secretario de Comercio salinista, fue quien en noviembre de 2003 firmó con su contraparte de Estados Unidos, Mickey Kantor, las “cartas paralelas” o “cartas secretas” que a última hora modificaron los términos de negociación de edulcorantes en el TLCAN, al restringir el comercio de excedentes azucareros mexicanos, acto calificado de traición por ingenios y cañeros. El Senado de la República no firmó las cartas entonces, y expresamente en 2001 las consideró ilegales. En 2002 el propio Serra, pero bajo el membrete de SAI Consultores y con su operadora Beatriz Léycegui –hoy subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales, de la Secretaría de Economía–, promovió y logró una salvaguarda negociada en el TLCAN para posponer hacia 2008 la liberalización total del tratado en piernas y muslos de aves, con el argumento de que hay una competencia desventajosa con los productos de Estados Unidos, debido a los bajos precios de éstos. Con la salvaguarda se favoreció principalmente a Bachoco y a las trasnacionales Tyson y Pilgrym’s Pride, concentradoras las tres de más de 60 por ciento del negocio avícola en México.

FOTO: Enrique Pérez S / Anec.

ALTERNATIVAS CAMPESINAS

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17 de diciembre de 2007 desigualdad social, aunque las cifras oficiales digan otra cosa. Debemos voltear hacia adentro y promover el desarrollo y el mercado domésticos, sin desatender las exportaciones; para ello se deben democratizar las decisiones. No queremos ya que el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural nos escuche y conozca nuestras opiniones, sino que deje de ser un órgano sólo “consultivo” y pactemos la concurrencia de organizaciones y campesinos para definir un nuevo rumbo a la política pública rural.

Debe cumplirse el compromiso del Acuerdo Nacional para el Campo, de tratar al medio rural como prioridad en la dinámica del desarrollo nacional.

Promesas y realidades

• Los productores impotentes frente a la apertura • En duda los presuntos beneficios al consumidor Rita Schwentesius Rindermann y Manuel Ángel Gómez Cruz

Alfonso Ramírez Cuéllar

Proponemos constituir una reserva estratégica de alimentos; establecer metas nuevas de productividad por hectárea para elevar la oferta alimentaria; impulsar el desarrollo de ciertas regiones con infraestructura (bodegas y canales de comercialización), pues en estos momentos de volatilidad de la oferta y de los precios agrícolas mundiales, es fundamental garantizar beneficios para el productor y abasto al consumidor. La espiral inflacionaria de los alimentos ha fortalecido sólo a los intermediarios; queremos que el beneficio se extienda a los demás. Un factor clave para ello es el financiamiento; el alto costo del crédito y la exigencia de garantías lo hace prohibitivo hoy para el agro; estamos pugnando por la compactación de ciertos fondos de la banca de fomento, para establecer un sistema nacional de garantías que facilite el crédito. También proponemos un programa ambicioso de empleo rural no agrícola; entendamos que la mayor fuente de ingresos de los pobladores rurales no es precisamente el agro, por eso deben abrirse y fortalecerse espacios en industria y servicios. Otra prioridad es atender la desnutrición y hambre que padecen millones de mexicanos.

José Narro Cespedes Coodinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)

Indudablemente, no se ha respetado el Acuerdo Nacional para el Campo, firmado en abril de 2003, cuya lucha principal fue la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por eso debe haber una moratoria en la apertura total para maíz y frijol en enero de 2008, y debe establecerse una mecánica de control de importaciones y exportaciones para regular el mercado interno de ambos granos; para evitar problemas de desabasto y sobreoferta. Requerimos también como país crear una reserva estratégica de granos, pues sin ella no tendremos la mínima garantía de soberanía y seguridad alimentarias; estaremos totalmente en manos de las trasnacionales. También es importante hacer una reforma para que haya una institución claramente responsable de atender a los campesinos, que han sido abandonados por la Secretaría de Agricultura; planteamos que se adecue la Secretaría de la Reforma Agraria; que agregue a su nombre “y Desarrollo Rural” y se responsabilice de él.

¿Amnesia?

El 27 de noviembre el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar, dijo que México debe contar “con un mecanismo que regule las importaciones y exportaciones (de maíz y frijol) porque no estamos obligados a comprar lo que no necesitamos de alimento en el extranjero”.

Declaración extraña pues pasa por alto que el 18 y el 23 de octubre en la Cámara de Diputados y el 31 de ese mes en el Senado de la República, el PRI, partido de Cruz López, hizo mancuerna con el PAN para rechazar, con votos en bloque, la propuesta del Frente Amplio Progresista de integrar el artículo tercero transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 2008, el cual mandataba precisamente la creación de un mecanismo de administración de importaciones y exportaciones de maíz y frijol, para proteger a los productores y los consumidores mexicanos ante la apertura total del TLCAN en enero de 2008. ¡?

FOTO: Enrique Pérez S / Anec.

Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón.

“Peso mosca contra peso completo”. Ésta fue la frase con que el CIESTAAM de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) calificó la relación México-Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) desde su negociación y firma en 1993, y que al paso de casi 14 años, con la liberalización total a punto de suceder, se confirma con creces: un nocaut para los agricultores mexicanos.

Más allá de las evidentes asimetrías en recursos naturales, tecnológicos, presupuestarios, financieros, organizativos, etcétera, que polarizan al agro de estos dos países, la negociación del TLCAN fue mal hecha. Mientras Canadá, que ya venía con una experiencia de asociación con Estados Unidos, excluyó 103 fracciones arancelarias para proteger sus alimentos estratégicos (lácteos y avícolas, fundamentalmente), México se abrió de capa y ofreció todo en el capítulo agropecuario, si bien es cierto que –infructuosamente en los hechos– acordó “protecciones” con los periodos más largos de desgravación y esquemas de cupos-arancel para maíz, frijol, leche en polvo y azúcar.

Después de un “marcaje personal” que el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales y Tecnológicos de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM) ha realizado sobre el TLCAN, ahora toca comparar las promesas que el gobierno ofreció para el agro nacional, y la situación de facto.

Sólo falacias. Textos oficiales de 1993 de las secretarías de Agricultura y Comercio (hoy Economía) señalaron que los objetivos del TLCAN serían, entre otros: fortalecer la competitividad y especializar al campo en productos competitivos (léase hortalizas); crear nuevas oportunidades de exportación y empleo; ampliar las posibilidades de crecimiento del agro; elevar el nivel de vida en el medio rural; ofrecer alimentos baratos; impedir barreras sanitarias injustificadas. Nada se cumplió.

En recientes declaraciones, el transexenal subsecretario de Agricultura, Francisco López Tostado, afirmó que sólo 6 por ciento de los productores es altamente tecnificado y otro 18 por ciento está en transición de serlo. Por tanto, el resto, 76 por ciento –que son los de autoconsumo y subsistencia– no son competitivos. Porcentajes que contrastan con los que se mencionaban cuando se negoció el TLCAN: 25 competitivos, 25 en transición y 50 por ciento incapaces de enfrentar la apertura comercial.

Asimismo, la idea que varios funcionarios siguen mencionando como panacea, de que México debe reconvertir masivamente sus tierras a productos de mayor valor, se ha quedado en simple ilusión. Igual que en 1993 y que en años previos, las frutas y hortalizas cubren sólo unos 2 millones de hectáreas, mientras que los granos básicos –con precios históricamente deprimidos, con excepciones como 1995 y hoy día en que el auge de agrocombustibles los impulsa– se cultivan en un promedio de 9.5 millones de hectáreas. El conocimiento de los mercados internacionales, en particular del estadunidense, hace evidente a los productores que ampliar, aunque sea un poco, el área hortofrutícola, implicaría derrumbe de precios, saturación de oferta.

Es por ello que Sinaloa se ha estancado en sus exportaciones a Estados Unidos. Antes del TLCAN envió 704 mil toneladas al extranjero y en el ciclo 2004/05 fueron 717 mil, o sea, la estrella en la exportación de productos, frutas y hortalizas, no ha ganado nada con el libre comercio.

En cuanto a competitividad, sabemos que la economía mexicana en su conjunto ocupa el lugar 55 de 80 países, y en el caso del agro los niveles de competitividad (que consideran conocimiento, productividad laboral, valor agregado) se han mantenido constantes y deprimidos desde la firma del TLCAN. De hecho, la capacidad de competencia internacional fue perdida por el agro mexicano desde finales de los años 70, cuando ya venían en picada. ¿Qué decir de las condiciones sociales? Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social muestran que en 1991 el número de productores y trabajadores en el campo era de 9 millones 943 mil personas (de ellos 5 millones 527 mil eran trabajadores); para 2006 el total cayó en ¡50 por ciento!, a 4 millones 960 mil (2 millones 728 mil de los cuales son trabajadores).

Es evidente que los ingresos cayeron. Una gráfica armada con los precios al productor de maíz con Procampo incluido, de 1980 a 2006, parece un tobogán, con la salvedad de una recuperación en 2006 (por el repunte internacional de cotizaciones del grano). En 1993 estos precios sumaban casi 800 pesos por tonelada (con precios de 1994); en 2005 rondaron los 470 y en 2006, casi alcanzaron los 600.

Los términos de intercambio muestran el porqué de la depreciación del maíz y evidencian también que el consumidor no se ha beneficiado. Entre enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2006, el precio al productor del cereal se elevó en 277 por ciento y el ingreso agrícola en general creció en 334 por ciento; en contraste, el costo de insumos para el campo se encareció en 450 por ciento y el precio de la tortilla subió en 739 por ciento. ¿Dónde quedaron los alimentos baratos para el pueblo?

Como colofón, y para sustentar la idea de que fue infructuosa –o ¿deliberadamente malintencionada?– la negociación de “protecciones” para productos estratégicos, simplemente mencionamos que las importaciones “extra cupo” que autorizó el gobierno federal entre 1994 y 2006 entraron libres de arancel (contraviniendo lo negociado) y con ello la pérdida fiscal acumulada suma más de 2 mil 972 millones de dólares sólo en el caso del maíz (alrededor de dos años del presupuesto de Procampo, el principal programa de apoyos al agro en México).

Ante la situación descrita, es urgente que la política agrícola (Secretaría de Agricultura) y la de apertura a ultranza (Secretaría de Economía) se reformen radicalmente: lo que México y su campo necesitan es un cambio de paradigma: en vez de fomentar las exportaciones, deben instrumentarse mecanismos de control de las importaciones efectivos y políticas de fomento incluyentes que estimulen la producción y el consumo locales, para ahorrar costos y horas de transporte que podrían hacer frente al problema de los altos precios de los energéticos y ante el cambio climático; además, se fomentaría la creación de empleos.

Catedráticos del CIESTAAM-UACh ciestaam@avantel.net

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17 de diciembre de 2007

Guatemala:

L

a promesa de que la liberalización de mercados que implica el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica (CAFTA) mejoraría los precios al consumidor ha resultado falsa. Así lo demuestra la experiencia de Guatemala.

Las alzas este año en los precios internacionales de los granos básicos –que se trasladaron en cierto grado a los productores nacionales– evitaron los efectos negativos que se esperaban de este tratado en la economía campesina, de las y los pequeños cultivadores. No obstante, se pudo notar un aumento considerable en las importaciones de los granos, vinculado con un encarecimiento todavía mayor de los precios al consumidor.

Así, de ninguna manera los beneficios del libre comercio se están trasladando a la población. Mientras, el oligopolio de empresas importadoras está celebrando…

Las pocas empresas que concentran las importaciones de los granos básicos son obviamente también las beneficiarias de las asignaciones de cuotas de importación con cero arancel. Eso representa un subsidio indirecto enorme a pocos, mientras el fisco, y por tanto la capacidad de inversión pública, están sufriendo

las consecuencias de dejar de percibir los aranceles.

Visualicemos el hecho: una empresa importadora de maíz blanco (la filial del Grupo Maseca en Guatemala), que bajo dos formas jurídicas importó el 95 por ciento del maíz blanco que entró a Guatemala en 2006, y captó 80 por ciento de las cuotas con cero arancel, ahorró alrededor de 4 millones de quetzales al ser eximido del arancel que el año anterior todavía debió pagar.

Las tres compañías que dominan las compras de maíz amarillo del exterior dejaron de pagar alrededor de 15 millones de quetzales al fisco a raíz de la apertura que ofrece el CAFTA. Mientras tanto, el Programa de Granos Básicos del Viceministerio de Seguridad Alimentaria, instrumento responsable de atender más de medio millón de pequeños productores de granos básicos, gozó durante 2007 de una asignación presupuestaria de sólo 3.3 millones de quetzales.

Sin embargo, el golpe más fuerte viene de otro rubro. En lugar de asentarse, la ansiadamente esperada inversión extranjera nos está dando una lección de lo que significa el libre comercio hoy dia: La trasnacional estadounidense RDC (Railroad Development Corporation) está demandando al

Estado guatemalteco por haber declarado lesiva una concesión otorgada en 1997, concesión que tuvo un costo de 15 millones de quetzales y que implicaba derechos de la vía por 50 años y la obligación de modernizar el sistema ferroviario.

A pesar de que esta modernización nunca se dio y de que RDC nunca hizo funcionar los trenes, ahora de acuerdo con el capítulo 10 de inversiones del CAFTA, está demandando al Estado por 65 millones de quetzales (15 millones por el valor de la concesión y 50 millones por “expropiación indirecta”, o sea por ganancias a futuro perdidas por la rescisión del contrato).

FOTO: Danny Hammontree

Susana Gauster

FOTO: Marcel0

UN AÑO DEL CAFTA, SE CONFIRMAN LOS TEMORES

Hace unos días el Ministerio de Economía solicitó un rubro presupuestario para 2008 del monto que demanda RDC, lo cual hace pensar que los alegatos de la empresa tendrán éxito. Este caso no sólo hace reflexionar por la sangria de recursos que RDC hará al pueblo de Guatemala; representa también un precedente de cómo actuar cuando surja un “obstáculo” en aquellas inversiones que nada traen y mucho sacan del país, como son los permisos de exploración y ex-

Ecuador: cómo se derrotó al TLC Francisco Hidalgo Flor

H

ace un año, en diciembre de 2006, el gobierno entrante ratificó la decisión de dar por terminadas las negociaciones y no suscribir un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Ecuador; se concluyó así una etapa importante de la lucha popular, especialmente de los sectores campesinos e indígenas, que durante casi una década resistieron y confrontaron las políticas de expansión agroalimentaria de la potencia del norte.

Este logro fue abonado por varios factores. Dentro del bloque agrario se puede mencionar el auge del movimiento indígena, especialmente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que aportó nuevas visiones provenientes de las demandas de plurinacionalidad y multiculturalidad, y que, traducidas el debate sobre el tratado comercial, dieron énfasis a temas como semillas, formas tradicionales de producir, propiedad intelectual y biopiratería.

También fue importante la crisis de las economías campesinas, en constante deterioro desde inicios de los años 90, por la persistente caída de los precios en los productos campesinos, la cual se agudizó por la dolarización, pues desde el año 2000 Ecuador adoptó como moneda nacional el dólar americano y ello provocó pérdidas en los precios de venta, pero incrementos en los costos de los insumos.

Otro factor fundamental en el debate del tratado fue la conciencia social de que los únicos probables “ganadores”

hubieran sido unos pocos agroexportadores ligados a la producción de flores, frutas exóticas y productos del mar. La consigna de “el TLC significa muerte” caló hondo en sectores campesinos e indígenas.

Recuperar soberanía. Un elemento adicional fue la articulación de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con las demandas por recuperar la soberanía nacional ante a la explotación petrolera, especialmente frente a los casos de la trasnacional Occidental Company y el destino de las “rentas adicionales” por los nuevos precios del petróleo en el mercado internacional. Con ello se sobrepasó el ámbito del cuestionamiento de lo rural y se asumió un plano nacional.

Las empresas trasnacionales petroleras llevaban para sí el 100 por ciento de las ganancias por encima del precio de 25 dólares por barril de petróleo, pues los contratos suscritos con el Estado ecuatoriano entre los años 1999 y 2000 no contemplaban reajustes por variación de precios. Ése fue un escándalo enorme, al cual se sumó la denuncia de que la Occidental Company había incumplido normas contractuales con el Estado, al renegociar las zonas de explotación en la región amazónica.

Esto consolidó las tendencias dentro del aparato del Estado y la burocracia gubernamental, de que había que presionar a las trasnacionales petroleras, aun a costa de poner en riesgo las negociaciones de un TLC con Estados Unidos, pues a final de cuentas mayores eran las pérdidas por dejar

plotación de recursos naturales en minería o petróleo.

Resumiendo: los fondos públicos guatemaltecos en el marco del CAFTA se están distribuyendo así: 65 millones de quetzales para una multinacional estadounidense; 18 millones de quetzales para cuatro importadoras de maíz (como un ejemplo de varios), y 3 millones de quetzales para el sector reconocido como el más afectado por la apertura comercial y en particular el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

intactas las prebendas de estas empresas, que aquellas que pudieran venir por el acuerdo comercial.

De esta manera, tanto el gobierno como el Congreso nacional de ese entonces resolvieron aprobar una ley que recuperó rentas petroleras para el Estado y declaró la caducidad del contrato con la Occidental Company.

Esto fracturó la negociación del TLC, pues los voceros del Departamento de Estado de la Unión Americana expresaron que era inconcebible que se afectaran de esa manera los intereses de compañías de su país.

Un factor adicional que frenó el TLC fue el derrumbe político del discurso neoliberal y la consecuente quiebra política de los partidos y voceros de la derecha. Recordemos que el discurso de la libre empresa, el aperturismo y la flexibilización organizaron a la derecha ecuatoriana desde los años 90 –ya no necesitaban pensar, era suficiente con repetir el discurso hegemónico–, pero la crisis económica de 2000 y procesos sociales muy duros como la ola emigratoria de ecuatorianos hacia Estados Unidos y España, dejaron claro ante la sociedad la imposibilidad de seguir por esa vía.

La lucha contra el TLC marcó un punto de inflexión, de alteración, en el debate sobre el desarrollo del país y una situación de quiebre en las correlaciones de fuerzas sociales y políticas; de allí su trascendencia.

La población ecuatoriana quitó masivamente apoyo a los voceros de los programas de ajuste, del libre mercado, y giró la atención y el apoyo hacia propuestas diferentes, de cambio.

Coordinador del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en Ecuador (SIPAE) espaciosec@yahoo.es

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17 de diciembre de 2007

Producir más y mejor café

• Desahuciados por los funcionarios, los pequeños productores resisten y proponen Fernando Celis Callejas

S

egún el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, los caficultores mexicanos “no han hecho la tarea” pues “no han aumentado la producción” a pesar de que en los pasados cinco años han recibido muchos apoyos.

El funcionario sigue los pasos de su antecesor, Francisco Mayorga, quien sostenía que, en vez de inútiles políticas de fomento, a los caficultores campesinos había que buscarles “esquemas de salida”, es decir, que la mayoría debía abandonar el cultivo.

Un diagnóstico de la Secretaría de Agricultura dice que más de 440 mil productores, 90 por ciento del total de 490 mil con un promedio de 1.4 hectáreas cada uno, de plano no son competitivos. A los responsables de nuestra agricultura se les hace fácil desahuciar a 4 millones de mexicanos rurales que dependen del aromático, pues el único “esquema de salida” disponible es migrar, de preferencia a Estados Unidos, cosa que muchos han hecho en los recientes años.

Y eso que, a diferencia de lo que sucede con el maíz y otros cereales, los tecnócratas nos decían que en café México tiene “ventajas comparativas”.

La caída de la producción tiene causas. Entre 2001 y 2004 los precios internacionales del café cayeron no menos de 50 por ciento y la sobrevaluación del peso ante el dólar redujo los ingresos de los exportadores. El resultado: una disminución de las cosechas cafetaleras; pasaron de 5.2 millones de sacos (de 60 kilos) a 3.7 millones. En algunos años la caída

de los ingresos campesinos fue de hasta 70 por ciento, y en un solo año se agotó el total de los subsidios que pregona el secretario Cárdenas. Esto generó una crisis sin precedente en el sector, con fuerte deterioro de las condiciones de vida de las familias productoras y una gran migración.

La mejoría de los precios en los anteriores tres ciclos, aun cuando los caficultores consideran que no recuperan los gastos realizados, ha llevado a una cierta mejoría de la producción, que para la actual cosecha se calcula en 4.2 millones de sacos. Sin embargo, muchos dicen: “Ya no es lo mismo, antes podíamos vivir del café y ahora no”. Para sobrevivir, la gran mayoría de las familias ha diversificado su economía y el café ya sólo representa la cuarta parte de los ingresos; el resto proviene de otros cultivos, trabajo a jornal, remesas y subsidios. Y es que los campesinos no fácilmente se deciden a dedicar más trabajo e inversiones a sus huertas para aumentar la producción, debido a la incertidumbre de los precios y las dudas de que puedan cosechar con la pura familia, pues la imparable migración ha elevado considerablemente los costos de mano de obra para el corte. ¿Es posible cosechar más café? La experiencia de las tres décadas recientes indica que se ha dado un aumento de la producción de cuando menos 1.5 millones de sacos cuando se combinan, en lapsos de cuatro años, precios no menores a 140 dólares por quintal, un peso no sobrevaluado y apoyos fiscales para renovación de huertas.

Si los precios en los próximos dos años se mantuvieran en 125 dólares por quintal como mínimo y se aplicaran pro-

MEJOR SOLOS QUE MAL ACOMPAÑADOS… Alicia Paniagua

C

ontentos estaban los socios de las cooperativas de productores de café de la zona de la Reserva de El Triunfo, cuando en 2000 les ofrecieron la solución a sus más apremiantes problemas. Estas agrupaciones habían nacido en los años 90, después de la desaparición del Instituto Mexicano del Café, y enfrentaban precios bajos por su producto.

A pesar de ofrecer grano orgánico de altura, no tenían canales de exportación ni clientes seguros y menos financiamiento para acopiar la cosecha de sus miembros. Los compradores locales se negaban a pagarles la calidad de su producto. Así que les cayó de maravilla la propuesta de la organización no gubernamental Conservation International (CI): un paquete de “buenas prácticas” para preservar los recursos naturales de la reserva y mejorar la calidad del café, con asesoría técnica y comercial, control de calidad, financiamiento y un mercado asegurado con buenos precios. Aceptaron la propuesta e iniciaron las tareas para obtener un “café de conservación”.

Para cumplir con su parte del convenio, CI requirió toda la información sobre la organización de las cooperativas y los socios. Al poco tiempo “sabían todo de nosotros, dónde estaban nuestros puntos débiles” (como la falta de financiamiento y de mercado), dicen los productores, “pero nosotros no sabíamos nada de ellos: ni quiénes eran, ni quiénes eran sus donadores”.

En 2001 apareció un nuevo comprador exclusivo del café de las cooperativas: Starbucks,

el gigante mundial de las cafeterías gourmet.

Con la mediación de CI, las organizaciones le vendieron, a precios muy superiores al mercado, café destinado a las preparaciones Shade Grown Coffee y de Comercio Justo. Para entonces, CI ya cobraba caro sus servicios profesionales: en 2003, una de las cooperativas desembolsó 20 mil dólares por este concepto.

CI intervenía todas las áreas de las organizaciones, controlaba sus finanzas, co-firmaba sus cheques, todo en nombre de la transparencia.

Al año siguiente apareció otro actor: AMSA, (Agroindustrias de México), también conocida como Omnicafé, la mayor casa de compra, beneficiado y exportación de café del país que, se estima (porque no hay datos oficiales), participa casi con la mitad de todo el café

gramas de apoyo a la producción, dentro de tres ciclos se podrían cosechar nuevamente 5.2 millones de sacos.

Con la gestión del Consejo Nacional de Organizaciones de Productores de Café (CNOPC) y el apoyo de la Comisión Especial del Café de la Cámara de Diputados, se logró etiquetar en el presupuesto público 2008 un total de mil 500 millones de pesos para la rama del aromático, esto es un aumento de 45 por ciento respecto de 2007. De ese monto, 870 millones de pesos son para “fomento productivo”, y de esto, 370 millones serían para un nuevo componente de “renovación de cafetales”. Ahora toca al sector público definir un programa viable y a los productores mejorar sus cafetales.

Importa aumentar la producción de los caficultores para mejorar su ingreso, pero también para cubrir el creciente consumo del grano, que aumentó 70 por ciento en sólo una década debido a la apertura de numerosas cafeterías que ofrecen preparaciones de mayor calidad, con lo que se está rompiendo el esquema de consumo interno manejado por grandes empresas y basado en el producto soluble y el mezclado con azúcar.

Para impulsar la producción es necesario que las políticas públicas se adapten a las estrategias prudentes de los campesinos, que no pueden ni quieren realizar de golpe fuertes inversiones en trabajo ni en dinero. Por eso la renovación de cafetales debe ser gradual y muy cuidadosa en lo tocante a la introducción de nuevas plantas y labores culturales, como la poda y la fertilización. Porque en cafetal pequeño y bien manejado, la cosecha y el beneficiado pueden realizarse con trabajo familiar. Es necesario también que los productores obtengan el mayor precio posible por cada kilo de café vendido: que se fortalezcan esquemas más favorables de comercialización, como Comercio Justo, Orgánico, de Origen y Alta Calidad; además, por supuesto, de la venta directa al consumidor de café tostado y molido o en taza.

Asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) y miembro de la CNOPC cnoc2002@prodigy.net.mx

nacional que se exporta. Con el argumento de que las cooperativas no eran eficientes en la exportación, se les pidió que entregaran su café a AMSA, para que ésta lo exportara. En 2004 Starbucks, mediante CI, les hizo saber que no eran eficientes tampoco en el beneficiado (proceso que se da al café pergamino para transformarlo en oro para su exportación) y les exigió que lo entregaran en pergamino a AMSA para que ésta lo beneficiara y exportara. Además, decía CI, la organización ya no era necesaria: los productores podían entregar su café individualmente a AMSA. Las cooperativas analizaron la situación: habían sido reducidas al papel de simples productoras, como antes de existir como organizaciones. Dependían totalmente de CI y de Starbucks para su mercado y financiamiento.

Si bien el precio que ofrecía Starbucks era bueno, iban a tener que descontar los servicios de AMSA, lo cual ya no hacía la operación tan interesante. Pero, ¿cómo romper la dependencia? ¿Cómo conseguir mercado y buenos precios? ¿De dónde sacar financiamiento?

Existían ya, en otras regiones de Chiapas, cooperativas que vendían su café en el mercado del Comercio Justo, el cual enlaza a las cooperativas de productores del sur con consumidores del norte, y asegura precios mínimos garantizados, además de aportaciones a un fondo social y prefinanciamiento de la cosecha. Gracias al Comercio Justo, esas cooperativas se habían consolidado en medio de la crisis cafetalera y hasta habían logrado formar compañías sociales de comercialización.

A la alianza de las corporaciones con CI, las cooperativas opusieron la solidaridad y el apoyo mutuo. Las organizaciones hermanas las animaron a acopiar café, les ayudaron a conseguir clientes en el Comercio Justo y las apoyaron con los trámites de exportación. Cuatro de las cooperativas de El Triunfo, Cesmach (Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre

de Chiapas), Finca Triunfo Verde, OPCAAC (Organización de Productores de Café de Ángel Albino Corzo) y Orpae (Organización Regional de Productores Agroecológicos), lograron así romper con Starbucks, AMSA y CI. No fue fácil; fue como empezar desde cero.

Muchos socios que no estuvieron de acuerdo en perder el mercado y los precios que representaba Starbucks desertaron y el acopio de café bajó. Otras organizaciones no se atrevieron a romper la dependencia con las corporaciones. Actualmente, las cuatro cooperativas que se independizaron colocan el 100 por ciento del café que exportan en Comercio Justo; el ciclo pasado lograron precios para sus socios superiores a mil 250 pesos por quintal, contra los mil 70 de las organizaciones que siguen vendiendo a Starbucks mediante AMSA, intermediaria que repercute en los costos que carga a los productores el sobreprecio que Starbucks paga por calidad.

Las cooperativas tienen bodegas y oficinas, vehículos, fondos propios, y proyectos sociales.

Ante las tasas de usura de la banca comercial mexicana, obtienen financiamiento de organizaciones sociales y de fundaciones en el extranjero. Hacen parte de una coordinadora de organizaciones cafetaleras estatal y de otra nacional. La demanda por su café es tal que abren el mercado a otras organizaciones jóvenes.

Sin embargo, la historia no acaba allí: AMSA presiona y en ciclos de precios altos en el mercado como los actuales, logra, gracias a su capacidad financiera y apoyos gubernamentales, acopiar una parte del café de los socios de las organizaciones, las cuales se ven así debilitadas. Para enfrentar esta presión, de nuevo juega la cooperación entre ellas. Las organizaciones están por inaugurar un beneficio de café seco que les permitirá bajar los costos de operación alrededor de 30 por ciento y les permitirá también ofrecer un mejor precio a sus socios y así seguirse consolidando.

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17 de diciembre de 2007

TLCAN Y AGROCOMBUSTIBLES:

FOTO: Marcel0

¿HACIA UNA NUEVA FORMA DE DOMINIO?

Blanca Rubio

E

l TLCAN consolidó una forma de dominio sobre los productores rurales de nuestro país: la explotación por despojo, corazón del orden agroalimentario global que se impuso a partir de la década de los 80.

Esta forma de dominio, promovida por Estados Unidos (EU), se basó en el control de los precios del petróleo y de los alimentos, lo que permitió desvalorizar los bienes agropecuarios básicos en beneficio de las empresas trasnacionales. Dentro de EU operaban precios de los cereales inferiores

a su costo (45 por ciento en el caso del trigo y 25 por ciento en sorgo y maíz) y, dado que tenía control sobre las exportaciones mundiales, podía imponerlos como referentes internacionales, a la vez que compensaba con elevados subsidios a una reducida elite de sus productores.

La apertura comercial fue el mecanismo para que EU pudiera colocar sus excedentes, reduciendo artificialmente los precios en nuestro mercado interno y despojando a nuestros productores del valor producido. Esta estrategia de dominio, apoyada por el gobierno, profundizó la pobreza rural, provocó el

vaciamiento poblacional y provocó que la agricultura dejara de ser un espacio de inclusión a través de la producción y el empleo.

En enero de 2008 se abrirá nuestro mercado nacional a la importación libre de arancel del maíz, el frijol, la leche y el azúcar, justo cuando se observan síntomas de agotamiento de la forma de explotación por despojo, a la vez que hay indicios de nuevas formas de dominio.

La derrota de Estados Unidos en la guerra de Irak y el fortalecimiento de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) trajeron consigo que el gigante del Norte perdiera el control de los precios de este combustible, que se dispararon hasta llegar al récord histórico de 88 dólares el barril en octubre de este año. Tal proceso impulsó al alza los precios de las materias primas en el ámbito mundial.

Adicionalmente, Estados Unidos ha perdido el control de las exportaciones cerealeras globales pues en 1980 participaba participaba con 51 por ciento y para 2004 bajó a 32.

Con ello se fracturaron los pilares que permitían impulsar la forma de explotación por despojo, ya que, ante el alza de los precios agropecuarios, no resulta viable mantener depreciadas las cosechas.

Es en este contexto que Estados Unidos decide orientar su producción excedente de maíz a la generación de etanol, como un mecanismo para recobrar el control de los energéticos.

La década del 2000 constituye, pues, una etapa de transición entre dos formas de dominio rural y empieza a despuntar un nuevo orden agroalimentario: 1.- Los países desarrollados orientan sus excedentes alimenticios a la producción de etanol y biodiesel para reposicionarse en el mercado mundial, y sostienen a precios altos la exportación de los cereales y oleaginosas que no utilizan para los agrocombustibles con lo cual desangran las divisas de los países dependientes.

2.- En el mediano plazo los países desarrollados tienden a volverse compradores de cereales y oleaginosas para producir agrocombustibles, lo cual alentará la producción de dichos insumos en los países dependientes, en extensos y ambientalmente insostenibles monocultivos impulsados por grandes empresas concentradoras de tierra y agua. El saldo: acumulación por despojo de recursos naturales y sobreexplotación de los trabajadores (el de Brasil es un caso paradigmático).

CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS EN LA PRODUCCIÓN DEL CAMPO

• Desafíos críticos en la agricultura y los bosques Víctor O. Magaña Rueda

E

l clima como amenaza ha comenzado a analizarse más detalladamente desde que se encontró que está cambiando debido a las actividades humanas. Gracias a organismos como el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), hoy se sabe que es muy probable que la quema de combustibles fósiles, las actividades agropecuarias y en general los patrones de desarrollo socioeconómico de alto consumo de recursos naturales, sean las causas de una elevación de temperatura cercana a un grado centígrado en promedio global durante los últimos 150 años. De continuar como vamos, la temperatura podría aumentar hasta en cuatro grados centígrados en promedio hacia finales del presente siglo.

En México, los aumentos de temperatura podrían variar entre dos y cuatro grados centígrados hacia finales de siglo, y la zona norte sería la que mayores incrementos experimentaría.

Por otro lado, las proyecciones de lluvia para la mayor parte del país son de disminución. Ambos factores llevarán a que

el déficit de humedad en el suelo se incremente y, con ello, las condiciones sean poco propicias para la agricultura, principalmente la de temporal. Los escenarios de cambio climático y precipitación también indican que muy probablemente ocurrirá un retraso sistemático en el inicio de la temporada de lluvias. En el verano de 2005 las lluvias comenzaron un mes tarde y produjeron una caída de la producción agropecuaria del orden del 13 por ciento. Por otro lado, se prevé que los eventos de precipitación extrema sean cada vez más intensos. En el sur de México, en Chiapas o Tabasco por ejemplo, hace 100 años un evento extremo era de alrededor de 120 milímetros en un día. Con el paso del tiempo parece existir una tendencia lineal a que cada vez sean más fuertes; en años recientes se registran eventos extremos de más de 300 milímetros en un día.

Existen dos formas de enfrentar el cambio climático.

La primera es a través de la mitigación: reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el calentamiento excesivo en el planeta, o sea disminuyendo la amenaza. Para ello se requiere de la participación de todo el mundo, principalmente de los países que más emiten.

3.- Esta forma de dominio la comandan grandes trasnacionales como Cargill y ADM –algunas de las cuales controlaron el orden agroalimentario anterior–, así como productoras de semillas transgénicas como Monsanto.

4.- En México existen indicios de que se está conformando un modelo en el cual los grandes agricultores se orientarán al maíz amarillo para la producción interna de etanol o para la exportación, mientras se delegará el cultivo de cereales para la alimentación a los pequeños productores, obligados a trabajar con bajos precios y magros apoyos gubernamentales.

Ante esta desalentadora perspectiva, ha surgido una resistencia campesina que se opone a las viejas y nuevas formas de dominio, que lucha contra la apertura total del TLCAN, que se enfrenta a Monsanto y sus estrategias para impulsar la siembra de maíz transgénico, que cuestiona el reducido presupuesto para el desarrollo rural. Se trata de aprovechar la crisis de una forma de dominio para convertir de nuevo a los campesinos en los responsables de la alimentación básica del país.

No es una tarea fácil, pero resulta absolutamente imprescindible.

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM blancaa@servidor.unam.mx

La segunda forma es adaptarse a los cambios del clima esperados, es decir, reducir nuestra vulnerabilidad. En el caso del cambio climático en la agricultura mexicana, habrá que trabajar en materia de uso de información climática tanto de diagnóstico como de pronóstico, y con base en ella establecer sistemas de alerta temprana que permitan tomar decisiones objetivas sobre la mejor forma de producir en el campo ante déficit o excesos de precipitación.

Quizá uno de los retos que se enfrentarán en las próximas décadas estará relacionado con el cambio en el uso de suelo. Transformaciones de zonas de bosques a pastizales para agricultura y ganadería tendrán repercusiones en el clima local, que aún son difíciles de determinar, aunque se sabe que la pérdida de bosque lleva a un aumento de los escurrimientos y a una reducción de las infiltraciones a los acuíferos.

Los cambios en el uso de suelo continuarán al enfrentarse condiciones adversas en el clima y, con ello, se enfrentarán serias amenazas al reducirse los servicios ambientales que las zonas de bosques proporcionan. Éste pudiera ser el escenario pesimista para las próximas décadas. Un escenario más optimista implicaría un cambio en la política agrícola y ambiental que lleve verdaderamente a un desarrollo sostenible. En este momento es poco claro decidir cuál será el camino y el escenario que seguiremos en los próximos años.

Investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM victormr@servidor.unam.mx

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17 de diciembre de 2007

SANZEKAN TINEMI: SEGUIMOS ESTANDO JUNTOS • Una experiencia campesina de lucha y esperanza Catherine Marielle, Catarina Illsley y Lucio Díaz

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a SSS Sanzekan Tinemi, organización campesina de la región centro-montaña de Guerrero, se creó en 1990 y es parte de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). Desde 1993, el área de Reforestación y Recursos Naturales de la Sanzekan y el Grupo de Estudios Ambientales AC (GEA) hemos trabajado juntos y desarrollado el Programa de Manejo Campesino de Recursos Naturales.

Con procesos de investigación básica, experimentación campesina, planes de manejo del territorio y aprovechamiento de los recursos naturales, hemos mantenido este esfuerzo conjunto de aprendizaje, capacitación y construcción de propuestas sociales y tecnológicas, en un constante diálogo de saberes con comunidades indígenas y campesinas de la región.

A finales de 2001, el área de Apoyo a Productores Agropecuarios de la Sanzekan y el programa Sistemas Alimentarios Sustentables (SAS) de GEA iniciamos la experiencia piloto SAS, para contribuir a que familias campesinas mejoren su calidad de vida; fortalezcan su sistema agroalimentario y su organización, y se apropien de prácticas sustentables, desde la producción hasta el consumo.

Se formaron decenas de campesinos y campesinas como experimentadores agroecológicos que ahora animan a otros.

Con base en procesos de planeación parcelaria ecológica, sus milpas se vuelven espacios experimentales y demostrativos de fertilización orgánica, control orgánico de plagas y enfermedades, selección y mejoramiento de semillas nativas y conservación de suelos y agua.

Partimos de reconocer las estrategias diversificadas de reproducción y de aprovechamiento múltiple del territorio

que desarrollan las familias y comunidades campesinas, así como las instituciones y formas de organización comunitarias.

La apuesta es que al fortalecer las capacidades de las organizaciones regionales, de las instituciones comunitarias y de las familias campesinas, se afianza el control y manejo sustentable de éstas sobre sus territorios y recursos naturales.

De esta manera, mediante de un proceso de vinculación e intercambio con 20 comunidades de los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo, vamos desarrollando propuestas de trabajo a nivel grupal, comunitario y regional. Conjuntando los esfuerzos de asambleas y autoridades comunitarias, promotores campesinos, comités comunitarios, familias campesinas y equipos de acompañamiento, impulsamos estrategias integradas para el manejo sustentable de recursos naturales y sistemas agroalimentarios.

GEA: 30 años comprometidos con las personas y el ambiente

E

l Grupo de Estudios Ambientales AC (GEA) celebra este año su 30 aniversario. Nació en 1977 en defensa de la madre Tierra como un espacio de resistencia propositiva, cuando pocos se preocupaban por la ecología, por el ambiente.

Adoptamos un enfoque socioambiental y la filosofía educativa de Freire: “nadie enseña

a nadie, todos aprendemos de todos.” Guiados por Hernández Xolocotzi, aprendimos de la ciencia de huarache, la milenaria ciencia campesina, pues siempre hay antecedentes.

Estableciendo lazos de confianza, compartimos múltiples procesos autogestivos con comunidades rurales y urbanas, abrimos brechas hacia la silvicultura comu-

FOTOS: GEA, A.C

Una de Cal

Actualmente, en varias comunidades confluyen los trabajos de reforestación y reservas comunitarias, retención de suelo y agua en laderas y parcelas (tecorrales, barreras vivas, zanjas a nivel), parcelas agroecológicas, restauración ecológica de suelos, obras de regeneración en las barrancas (retranques, represas filtrantes de gaviones), protección de manantiales, obras de almacenamiento de agua, así como planes comunitarios de manejo de ganado y de especies forestales no maderables (palma y maguey).

Agua compartida. Las comunidades identificaron como prioritario el problema de la creciente escasez de agua; se fue consolidando el Proyecto Agua Compartida para Todos, y se construyó una propuesta de manejo comunitario de microcuencas para la regeneración de fuentes de agua, con las asambleas y los comités comunitarios de agua. Así, hemos avanzado en la visión de la Planeación Integral del Territorio Campesino.

Uno de los ejemplos es el ejido de Oxtoyahualco: una década de lucha por recuperar el agua perdida y revertir el deterioro de su territorio; año con año, con el acompañamiento de Sanzekan y GEA, planes de trabajo cada vez más esperanzadores, en una región de mucha pobreza, en pleno vaciamiento y con procesos fuertes de erosión social y ambiental.

Compartimos toda esta experiencia con folletos, videos y programas de radio que recorren las comunidades y que se difunden en las escuelas, entre niños y jóvenes. También nos enlazamos con otros espacios regionales, estatales y nacionales, en la defensa del maíz, del maguey-mezcal, del agua y de los territorios, por una vida digna en el campo, hacia la soberanía alimentaria del país.

Miembros del Grupo de Estudios Ambientales AC (GEA)

nitaria e impulsamos ecotecnias. Hemos defendido el maíz, la milpa, la gestión comunitaria de los territorios, la democracia participativa y directa, la soberanía alimentaria… Practicamos la investigación y las metodologías participativas, la educación ambiental, el intercambio de experiencias, el diálogo de saberes interculturales. Construimos alianzas estratégicas con organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, académicos y redes internacionales.

Con cuatro programas, Gestión participativa hacia la sustentabilidad, Manejo

campesino de recursos naturales, Sistemas alimentarios sustentables y Comunicación audiovisual y multimedia GEAVIDEO, buscamos cumplir con la misión que nos trazamos: contribuir a la sustentabilidad de la vida en el planeta y a la resolución de problemas socioambientales, poniendo énfasis en la generación de conocimientos útiles, la gestión de los recursos naturales, el mejoramiento de la calidad de vida y el ejercicio pleno de los derechos colectivos e individuales de mujeres y hombres, en particular en el medio rural mexicano. (CM) www.gea-ac.org

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17 de diciembre de 2007

FOTOS: Enrique Pérez S. , Edgardo Mendoza Y Hugo Rangel / Anec

Del 10 al 14 de diciembre, representantes de organizaciones campesinas, sociales, sindicales y ambientalistas, así como artistas, intelectuales y gente de a pie realizaron un ayuno en protesta por la liberalización total del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), programada para el uno de enero de 2008.

La movilización –que apeló a la solidaridad ciudadana, fundamentalmente-- incluyó protestas ante la embajada de Estados Unidos en México (con los consecuentes jaloneos con policías) y la entrega allí de una carta dirigida al secretario de Agricultura de ese país, Mike Johanns, donde se le explica que el tratado “fue mal negociado y mal aplicado” y ello ha dañado gravemente a nuestros campesinos. Después de esto, los promotores de la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano se preparan ya para instalar barreras humanas en las garitas fronterizas y bloquear la entrada de granos al iniciar 2008.

AYUNO POR LA ALIMENTACIÓN

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l primero de enero de 2008, cuando inicia el año 15 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se desgravarán las importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar de caña procedentes de Estados Unidos y Canadá, y se suprimirán los aranceles-cuotas y cupos de importación.

Desde hace 25 años han predominado políticas anti-campesinas, y hoy los campesinos ven agudizarse la situación, pues tendrán que defenderse solos frente a los productos que cuentan con un subsidio del gobierno estadunidense hasta 30 veces superior al que se otorga en México. Con el TLCAN se ha intensificado la guerra contra nuestra agricultura, contra nuestra soberanía alimentaria y contra el campo en general.

Por eso hemos llegado hasta este Ángel de la Independencia organizaciones campesinas, ambientalis-

tas, sociales, sindicales, de derechos humanos y urbanas, así como científicos, intelectuales, artistas y ciudadanos de a pie, todos firmantes de la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano. Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco. ¡Pon a México en tu Boca!, para iniciar este ayuno y alzar nuestras voces, una vez más, en contra del TLCAN. Con el apoyo de la ciudadanía queremos aumentar la resistencia y defender nuestra independencia alimentaria.

Nuestras principales propuestas y demandas incluyen sacar al maíz y al frijol del TLCAN, y que el Congreso de la Unión mandate un mecanismo permanente de administración de las importaciones y exportaciones de estos dos granos.

Asimismo, prohibir la siembra de maíz transgénico en México y luchar contra los monopolios agroalimentarios, para evitar acapara-

miento y especulación. También demandamos que la Cámara de Diputados apruebe el Derecho Constitucional a la Alimentación y que el Senado de la República vote ya favorablemente la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

Nuestro interlocutor primero no es el gobierno. El destinatario primordial de nuestro llamado son ustedes, todos y todas quienes constituyen el pueblo de México. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a su conciencia, a aquellos sentimientos de la nación que invocó Morelos en su lucha. A nuestras hermanas y hermanos de todo el país los invitamos a participar a su modo, de

acuerdo con sus posibilidades, en esta campaña, realizando una o varias de las siguientes acciones: • • • •

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Uniéndose a la Campaña “Un millón de firmas”.

Manifestándose en los puentes internacionales y aduanas.

Portando un listón verde en la solapa de su blusa o camisa.

Inscribiendo en las ventanas de sus casas o de sus vehículos leyendas como “Fuera maíz y frijol del TLCAN” e “Independencia alimentaria YA”.

Enviando cartas a la redacción de los periódicos de su localidad o participando en los programas de radio de teléfono abierto con apoyo a nuestras demandas.

Revalorizando y promoviendo el consumo de alimentos

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hechos en México y cultivados por pequeños y medianos productores.

Organizando boicoteos al consumo de alimentos de importación, principalmente los relacionados con nuestra alimentación básica.

Nuestra lucha no es por restaurar un pasado que no volverá. Es por reconquistar las bases, las raíces mismas de un futuro libre, soberano, próspero para las comunidades, para las personas, para los pueblos que componen nuestra patria. Nuestro combate no es el de unos cuantos, no es el de un sector particular, ni tampoco el de un cierto gremio.

Combatimos por los derechos que se nos han conculcado a todos: el derecho a producir; el derecho a vivir dignamente de nuestro trabajo; el derecho a alimentarse sanamente sin transgénicos; el derecho a construir una economía humana, basada en nuestra idiosincrasia y que tenga acceso y disfrute de los avances de la ciencia y de la tecnología, en combinación con los conocimientos tradicionales acumulados a lo largo de milenios, la ciencia campesina; el derecho a que nuestra agricultura y nuestras comunidades campesinas no sólo sobrevivan sino que vivan con dimensión de futuro y dignidad, y que las y los consumidores tengan acceso, físico y económico, a alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente y aceptables culturalmente.