Postura Partido ADN

Guatemala, 2 de marzo de 2011

Posición de ADN frente a la corrupción Adela Camacho de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional La corrupción existe porque muchas sociedades han desatendido la premisa básica de que el ser humano debe ser el centro de cualquier plan, programa o proyecto público. No es casual que las sociedades que acusan mayores niveles en el índice de desarrollo humano y menos brecha de desigualdad (coeficiente de Gini), presentan a su vez, menores niveles de corrupción.

Dicho en otras palabras, si las necesidades básicas de la población están debidamente atendidas, el interés por corromper y corromperse se ve seriamente desalentado.

Dentro de estas necesidades satisfechas destaca la educación, pues es la encargada de generar valores encarnados en principios de vida, los cuales a su vez van generando actitudes y comportamientos acordes al modelo de una sociedad humana, incluyente y democrática.

Las sociedades desarrolladas establecen medidas coercitivas que sancionan las transgresiones a los valores definidos, promovidos e institucionalizados, por lo que, hechos como la corrupción, son concebidos como negativos y atentatorios contra la colectividad y el sistema de vida y gobierno consensuado. La certeza y seriedad del castigo, refuerza la conducta y la orienta al ejercicio de los valores aprendidos.

Ningún ser humano nace corrupto.

Su actitud y comportamiento frente a la corrupción, dependerá de los valores que la sociedad en la que nace y se desarrolla privilegia.

Aunque las soluciones más efec-

tivas para contrarrestar la corrupción en la administración pública son las de largo plazo, hay acciones de imprescindible implementación en el corto y mediano plazo (correspondientes a un período de gobierno). Debe aprobarse una nueva Ley del Servicio Civil, en el marco de un proceso de Modernización de la Administración Pública, la cual favorezca la práctica de valores como la integridad y la mística de trabajo, el establecimiento de procedimientos transparentes, incluyentes y ecuánimes de reclutamiento, selección y contratación de empleados y funcionarios públicos, basados en perfiles pertinentes y adecuados a la concepción de un servidor público íntegro y comprometido. Asimismo, los procedimientos de promoción y ascenso deben basarse en méritos y competencias, y no en clientelismos, sobornos, coerciones y demás desviaciones que promueven actos de corrupción.

Adicionalmente, la Ley de Contrataciones del Estado debe contemplar herramientas efectivas que detecten, combatan y castiguen, toda forma –abierta o encubierta– de corrupción. Otro elemento esencial es diseñar, implementar y monitorear un Plan Maestro de Capacitación, que se enfoque –fundamentalmente– en las competencias actitudinales; de nada sirven los conocimientos, habilidades y destrezas técnicas del Servidor Público, si no tienen como base: una plataforma de principios y valores, así como una conducta ejemplar.

Estas acciones deben ir en paralelo con el rescate de la enseñanza en valores dentro de la reforma educativa y un decidido Plan de Desarrollo Humano y Productivo, que satisfaga las necesidades básicas de: seguridad, educación, salud, vivienda, empleos dignos y un sistema de oportunidades amplio y diverso para todas las personas de este bello país.

Finalmente, todo este proceso debe basarse en una firme voluntad política que, al mismo tiempo que provee satisfactores e incentivos sociales y económicos, apoye la persecución y consignación penal de los corruptos, sin importar su condición social, económica o política; apegándose en todo momento a un Estado de Derecho y los recursos que éste contempla.

Ante un caso de corrupción que se conoce en medios de comunicación sólo caben tres acciones: averiguar, actuar e in-

formar; posteriormente tomar las medidas correctivas y/o mejoras pertinentes. Nuestras entidades están tan porosas y débiles que es increíble que un medio de comunicación se entere antes e incluso ponga en aviso a una autoridad sobre este tipo de hechos. Es vergonzoso hasta decirlo, pero es la realidad.

En la parte procedimental, basados en un claro respeto al Estado de Derecho, el acto inicial será comprobar los señalamientos hechos y formular –sólida y legalmente– los cargos que correspondan, a efecto de que las instancias pertinentes procedan de conformidad.

Al descubrir un caso de corrupción, lo afrontaría con una actitud coherente con mi trayectoria de vida, así como con los valores y principios del partido Acción de Desarrollo Nacional, cero tolerancia a la corrupción, pues no hay peor crimen que el que atenta contra una sociedad y sus posibilidades de desarrollo integral.

Utilizando las herramientas técnico-administrativas, políticas y jurídicas existentes, así como las de nueva implementación, promovería un procedimiento legal y transparente de conocimiento público. El mensaje de cero tolerancia a la corrupción debe ser claro y partiendo del ejemplo de los más altos funcionarios, empezando por Adela Camacho de Torrebiarte, pues mi desempeño, tanto desde Sociedad Civil como al frente del Ministerio de Gobernación, me dan la solvencia moral, técnica y política suficiente para encabezar y exigir el pleno respeto a la Ley. En el marco de la Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública, para combatir este problema urgiría la aprobación de la nueva Ley del Servicio Civil y fortalecería la implementación de mecanismos e instrumentos de control para detectar, combatir y castigar la corrupción en todas sus variables.

La corrupción debe concebirse como un delito grave y, sin perjuicio de las nuevas normativas y/ o reformas a la legislación ya existente, el énfasis debe estar en la voluntad y firmeza política de las autoridades del Estado, para que, aunado a las acciones inmediatas desde el Organismo Ejecutivo, se fortalezcan los procesos relacionados con el Desarrollo Humano y Productivo; los procesos formativos de las nuevas generaciones, la capacitación actitudinal permanente de los servidores públicos y, fundamentalmente, retomar el diseño e implementación de una mística del Servidor Público basada en valores como la integridad, la cual engloba los principios de ADN de honradez, honestidad, armonía y compro-

miso.

Resumiendo nuestro enfoque programático, hay acciones para evitar la corrupción de corto, mediano y largo plazo que se resumen de la siguiente forma: 1. Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública.

• Nueva Ley del Servicio Civil que profesionalice y dignifique al Servidor Público, destacando procedimientos claros basados en las competencias actitudinales y técnicas del Servidor Público.

• Institucionalizar una cultura de servicio basada en el desempeño ético y la transparencia pública.

• Plan Maestro de Capacitación con énfasis en la mística del servidor público y su correspondiente base axiológica, así como la productividad y calidad en su desempeño.

• Eliminación de la discrecionalidad personal, simplificación de los trámites y optimización del recurso tecnológico para facilitar/acercar la gestión pública a la ciudadanía.

• Aprovechar el ejercicio ciudadano de la Auditoría Social, tanto de los Medios de Comunicación como de la población en general. Para el efecto, se instalarán módulos de denuncia para facilitar esta función.

• Aplicación firme y transparente de la normativa e instrumentos técnico-administrativos y jurídicos existentes.

• Fortalecimiento y/o implementación de mecanismos e instrumentos nuevos de control para detectar, combatir y sancionar la corrupción y sus diversas expresiones (abiertas y encubiertas) 2. Agenda Legislativa.

• Acción Política de los diputados ADN, enfocada a la transparencia y la lucha anticorrupción.

• Aprobación de iniciativas relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción, por ejemplo, la Iniciativa 4323 “Mecanismos de Transparencia en la Gestión Legislativa”, la cual no ha sido aprobada aún.

• Ratificación de tratados y convenios internacionales en la materia, que faciliten la lucha anticorrupción y la transparencia en la Administración Pública.

3. Desarrollo Humano y Productivo • Plan Nacional de Desarrollo que contempla la satisfacción de las necesidades básicas de la población guatemalteca: Salud, Educación, Seguridad integral, Empleos Dignos y un sistema amplio y diverso de oportunidades para todas y todos.

• Pacto Nacional de Cooperación entre el sector público y el privado, teniendo como centro de su dinámica, el bienestar y la prosperidad de toda la población en general.

Guatemala, 16 de marzo de 2011

ADN Y LA NECESIDAD DEL PACTO FISCAL Adela Camacho de Torrebiarte ADN En ADN creemos que una Reforma Fiscal es necesaria y urgente, aunque debemos indicar que se debe partir de un Pacto Fiscal, es decir, de un Acuerdo Integral (político y metodológico) que implica la modificación de todo lo relacionado con los orígenes y usos de los fondos públicos.

La Reforma Fiscal o Tributaria, vendría siendo la parte operativa de ese Pacto.

En ese sentido, no se trata de hablar solamente del aumento de la recaudación.

Con el acuerdo conseguido en el año 2000, este tema trascendió el corto plazo y el empirismo. En ADN vemos el tema fiscal como un proceso que incluye cuatro fases: a) Principio de equidad y justicia: Todos debemos contribuir a la construcción del país que queremos. b) Eficiencia y eficacia en la actual recaudación: Sea por errores u obstáculos técnicolegales y/o por inconsciencia ciudadana, hay muchas carencias que provocan el actual “agujero fiscal”. Transparencia y calidad del gasto: Cumplidos los principios de equidad y justicia y la efectividad en la recaudación, la ciudadanía debe cumplir con su obligación tributaria en forma puntual y oportuna, y el Estado debe garantizar el uso efectivo y transparente de esos fondos, velando por la calidad del gasto. c) Imperio de la Ley: En el marco del estado de Derecho y los principios anotados, el Estado debe cumplir con sancionar a los evasores sin hacer distinción alguna.

Los elementos principales de una política fiscal sana y responsable están ya contenidos en el Pacto Fiscal alcanzado en el 2000, lo importante es ponerlos en práctica y cumplir con los compromisos que de ellos se deriven. Estos elementos son: a) La suficiencia de recursos y simplicidad del sistema tributario; b) Mejora en la administración tributaria; c) Control y sostenibilidad de la deuda pública; d) Calidad y efectividad del gasto e) Manejo transparente y efectivo del patrimonio público; f)

Evaluación y control del gasto; y g) Descentralización fiscal.

Se debe afrontar con firmeza esa visión maniqueísta que ha caracterizado la discusión y responsabilidad del tema fiscal: por un lado, los contribuyentes negándose a cumplir con sus obligaciones tributarias aduciendo el mal uso y nula transparencia gubernamental; y por el otro lado, un gobierno achacando su incapacidad a la inobservancia ciudadana. Este devenir nos tiene en la incertidumbre conceptual y de compromiso por la construcción de una Guatemala para todos.

Una adecuada y pertinente recaudación, debe proveer un Estado facilitador para la generación de certeza jurídica y

condiciones estables y claras que fortalezcan la inversión y el empleo por parte del sector privado; un Estado con firme voluntad política para cumplir con los compromisos que implica un país con las grandes carencias e inequidades como Guatemala y un Estado consciente de su responsabilidad ética con una población ejerciendo la ciudadanía plena.

Es oportuno resaltar la falta de voluntad política para cumplir estos compromisos, sobre todo aquellos de carácter permanente. No basta con cumplir parcialmente; no basta con reformas que sólo constituyen parches coyunturales. El reto es seguir mejorando en la dirección del espíritu del Pacto.

En todo caso, lo más importante es tomar conciencia de la necesidad de una propuesta integral como la que concebimos.

Por lo anterior es impostergable retomar lo comentado por la Comisión de Acompañamiento (CA) en el año 2000, al culminar el proceso.

“No obstante, la CA –y el mismo proceso de concertación del Pacto Fiscal– ha insistido en señalar al gobierno y otros órganos del Estado la necesidad y el imperativo moral y político de que las medidas que se promuevan tengan la más absoluta coherencia con los Acuerdos de Paz y los Principios y Compromisos acordados.

En refuerzo de lo anterior, el proceso de construcción de consensos ha evidenciado la necesidad de diseñar un sistema de implementación, seguimiento y garantías, que formará parte integral del Pacto Fiscal.”

A ese respecto, cuando hablamos de integralidad – una de las carencias del proceso–, no es posible seguir viendo el mismo desde ventanas parcializadas; no se trata sólo de alcanzar niveles óptimos de recaudación o deducción de responsabilidades por incumplimientos. Debemos insistir en la definición del tipo de país que necesitamos y queremos, asumiendo –por supuesto– los costos que esto implica. Y este compromiso, es de todos: Empresarios, trabajadores, políticos, autoridades locales y nacionales, es decir, de la sociedad en su conjunto.

Guatemala requiere que el Pacto Fiscal responda a ese consenso sobre el país que queremos y, en ese orden, primero debe hablarse de un Pacto Social de Nación, lo cual facilita – posteriormente– la implementación de cualquier otro tipo de acuerdos, con énfasis en el fin de la confrontación y polarización entre guatemaltecos. Los Acuerdos de Paz, asumidos como compromisos de Estado, deben ser letra viva y ayudarnos a todos y todas, en la consolidación de una sociedad basada en la democracia participativa, un sólido Estado de Derecho y una Cultura de Paz como eje transversal de la convivencia.

Guatemala, 30 de marzo de 2011

ADN y la explotación de recursos naturales en Guatemala Adela Camacho de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional - ADN En ADN creemos que el abordaje del tema es sumamente complejo porque tiene dos aristas fundamentales: la parte técnico-científica y la parte socio-política, siendo esta última la más complicada. Nuestra posición parte de la factibilidad y necesidad de explotar dichos recursos, pero en forma racional, técnico-legal y con pertinencia social y cultural.

Como punto de partida, hay que erradicar la instrumentalización política del tema. La ligereza e irresponsabilidad con la que se han manejado las concesiones petroleras y mineras –para citar los ejemplos más visibles– ha motivado focos de conflicto altamente peligrosos para un país que, como el nuestro, tiene larga tradición conflictiva. La ya de por sí complicada situación social y económica de la población guatemalteca no necesita focos de violencia que pueden ser detonantes en perjuicio de nuestro malogrado sistema democrático.

Es imprescindible conciliar las necesidades productivas de desarrollo con las necesidades y demandas de las comunidades, sobre todo indígenas. La pertinencia social y cultural se logra con la observancia –adecuada a nuestra realidad– del Acuerdo 169 que norma el respeto hacia la identidad y derechos de dichos pueblos; así como un adecuado sistema de comunicación hacia las comunidades, lo cual permitirá informar sobre los beneficios que se logran.

La forma inadecuada en la que el actual gobierno quiso reglamentar las consultas comunitarias agudizó el radicalismo de algunas posiciones que han ganado protagonismo dentro de las comunidades.

ADN promueve una actitud proactiva y organizada enfocada a un desarrollo integral para beneficio de TODA la población guatemalteca. Los Recursos Naturales Renovables se convierten en No Renovables por la irresponsabilidad en su explotación. El análisis de la tierra, los bosques, los recursos hídricos, la biodiversidad y los recursos minero-energéticos en Guatemala, está contenido en nuestro plan de acción que combina el beneficio económico nacional con el bienestar y la prosperidad integral de la población guatemalteca con énfasis en los sectores más precarios de la sociedad. No está de más reforzar la necesidad de

que toda iniciativa se acompañe de los respectivos estudios de impacto ambiental.

El subdesarrollo energético se evidencia en datos duros que nos aportan fuentes como la FAO: “El balance energético de Guatemala muestra que en el consumo nacional de energía, la leña constituye el 63% del consumo final de energía. Le sigue en importancia el diesel con el 12%; las gasolinas representan el 8%; seguidamente están el fuel oil y la electricidad con el 4% respectivamente, y finalmente el bagazo de caña y el gas licuado de petróleo (gas propano) con el 3%.” En el tema de energía eléctrica, esta “... se genera básicamente por medio de las centrales hidroeléctricas, con un porcentaje de capacidad instalada del 52%, las centrales térmicas con un 40% y los cogeneradores con el restante 8%.” Aunque se ha incrementado sustancialmente la cobertura de energía eléctrica, muchos hogares siguen consumiendo leña y velas por la pobreza en la que viven.

Estos datos, aunados a la dependencia foránea que el país tiene con relación a los productos petroleros, presentan un panorama que, si somos positivos, representa una inmensa área de oportunidad para la explotación racional, técnicocientífica y pertinente de fuentes alternativas de energía. Es impostergable el aprovechamiento de nuestros recursos naturales con énfasis en las fuentes hídricas y forestales.

En las primeras debemos iniciar la construcción de pequeñas hidroeléctricas a efecto de romper la dependencia ya comentada y lograr el abaratamiento de la energía. Cuanto mayor sea el número de plantas generadoras y mayor su dispersión geográfica, menores son las posibilidades de una suspensión generalizada del servicio. En cuanto a nuestro potencial forestal (Guatemala tiene vocación forestal y no agrícola), debemos insistir en la factibilidad y necesidad de captación de carbono para su posterior comercialización con beneficios relacionados al desarrollo productivo de la Nación, pero también el bienestar y prosperidad de las comunidades.

En Guatemala se abusa de la legislación como recurso para enfrentar, solventar y/o paliar problemas de diversa naturaleza. Aunado a esto, nuestro sistema jurídico deviene en un entramado de nor-

mativas coyunturales que muchas veces no guardan una correlación desde lo general (Política Pública), lo singular (Leyes específicas), hasta lo particular (Reglamentos y Ordenanzas). La complejidad del tema necesita un abordaje integral en el que, la cuestión jurídica (revisión, reforma y/o nueva producción), debe ser el corolario de acuerdos políticos y análisis técnico-científicos que incluyan la realidad socio-cultural del país.

En resumen, nuestro plan de acción en el tema de la explotación de los Recursos Naturales cuenta con cuatro ejes: 1) desinstrumentalización política del tema, con dos subejes: a) Enfoque de abordaje técnico-científico con pertinencia socio-cultural, con énfasis en la gestión sustentable y sostenible del patrimonio y los recursos naturales;

b) Comunicación y convocatoria multidisciplinaria y multirrepresentativa de todos los sectores involucrados bajo un sólo hilo conductor: el interés de país; 2) Revisión/evaluación de la legislación existente, para verificar su concordancia con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, su pertinencia técnico-científica y socio-cultural; y el enlace necesario con otras normativas relacionadas; 3) Educación ambiental enfocada al cambio socio-cultural con transversalización en la currícula escolar formal y un plan maestro de capacitación para la educación informal; 4) Integralidad del proceso bajo la “sombrilla” del Desarrollo Nacional enfocado al bienestar y la prosperidad de toda la población guatemalteca, con énfasis en los sectores más precarios.

Guatemala, 13 de abril de 2011

La inseguridad en Guatemala, un jinete apocalíptico que debemos erradicar Adela Camacho de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional - ADN Cuando se aborda el tema de la inseguridad, en Guatemala, debemos partir de la premisa de que es un resultado y no una causa.

La inseguridad es una percepción cuyo abordaje reviste diversas aristas que deben analizarse a la luz de diversas disciplinas, destacando las ciencias sociales y las ciencias criminológicas y criminalísticas.

Cuando se habla de inseguridad, el concepto que subyace como fundamento es la VULNERABILIDAD, entendida en dos variables: a) Vulnerabilidad ante el peligro de ser víctima de daño físico y/o moral; y b) Vulnerabilidad ante el hecho generalizado de que siendo víctima, el sistema no sólo no me pro-

tege sino que no me apoya para hacer justicia debido a la IMPUNIDAD reinante. En otras palabras, el guatemalteco vive en un estado de zozobra generalizado y permanente que no necesitamos describir, pues todos sabemos a qué nos referimos. Dentro de esta condición de vulnerabilidad la única certeza de la población guatemalteca, es que la forma de apoyo que podría encontrar depende de su capacidad económica, pero por sobre todo, de su capacidad de relación política y social para obtener un tratamiento privilegiado; aun así, la certeza se refiere únicamente a la preferencia en el trato, no así a los resultados de justicia pronta y cumplida.

Históricamente, Guatemala ha sufrido de violencia en todas sus formas, generando con ello un clima de inseguridad, el cual es “sellado” por la impunidad que le

corresponde. La violencia no sólo es física sino social y moral: La falta de atención de calidad en el sistema educativo y el de salud, el desempleo, la falta de certeza en el marco jurídico, la victimización sistémica de la víctima, la venalidad de muchos funcionarios públicos, la corrupción en general, también son formas de violencia que alimentan la percepción de inseguridad. Si a esto agregamos otros insumos negativos como lo son el machismo, la discriminación y la exclusión, el escenario se agrava, pues este coctel privilegia los actos violentos en lugar de los mecanismos democráticos del diálogo y el ejercicio pleno de los derechos humanos basados en una Cultura de Paz y un Estado de Derecho que responda a estas premisas. En este contexto, cabe destacar la “madre” de todas: la violencia estructural (extrema pobreza) que junto a la violencia intrafamiliar, facilitan el ingreso de los niños y adolescentes a las huestes de la delincuencia (común y organizada) así como la narcoactividad y el crimen organizado.

La falta de oportunidades, aunada a la facilidad para cometer fechorías por la incompetencia del Estado, permite hacer del hecho delictivo –generador de inseguridad–, un oficio y modo de vida rentable.

Si bien las causas generadoras de este fenómeno tienen muchos años de existir, en la actualidad hay una característica que marca una funesta diferencia con el pasado, y es, por un lado, la generalización de la violencia y la impunidad; pero también por otro, los niveles de sadismo y desprecio a la vida humana que impactan brutalmente en el imaginario colectivo de la población guatemalteca. Hoy más que nunca, la percepción de inseguridad llega a niveles de psicosis social colectiva, destacando tristemente, el incremento en el homicidio de mujeres (feminicidio) y esta psicosis ya no provoca indignación sino que paraliza, agravándose con esto las posibles soluciones desde la sociedad civil, vista claro está, la manifiesta incapacidad de los distintos gobiernos para abordar el problema de forma integral y efectiva.

Ante este cuadro desolador, cada vez más, surgen voces y propuestas que claman por acciones de “mano dura”, es decir, formas de “contraviolencia” como principal respuesta.

Claro está que quienes conocemos del tema, hemos comprobado la inutilidad de combatir la violencia con más violencia, pues la solución al problema debe estar en concordancia a la naturaleza de sus causas,

es decir, a un problema multicausal, corresponden soluciones múltiples.

En este sentido, si bien debe existir una aplicación firme y transparente de la ley; si bien debe haber coherencia entre el hecho delictivo y la acción jurídico penal; debe existir, en paralelo, una serie de acciones en el campo educativo y extraescolar, una revisión del marco legal y su funcionalidad, un análisis serio y profundo que retome la tan ya estudiada vulnerabilidad del sistema de seguridad y justicia y otras medidas complementarias.

Equilibrio es la palabra clave en el abordaje del tema de inseguridad. Ni soluciones de contraviolencia que agraven y reproduzcan el problema, ni posiciones tibias que dejen todo al largo plazo y la conversión espontánea de los trasgresores. Firmeza en el imperio de la ley, pero sabiduría para captar la integralidad y complejidad del fenómeno. Desde el humanismo democrático que permea nuestra base doctrinaria e ideológica, insistimos que el eje central de cualquier política y plan de acción debe ser la persona humana. En este sentido, debe puntualizarse en torno a la necesidad de que la víctima reciba atención victimológica desde lo psicosocial y no sólo desde lo jurídico, pues en el marco actual, la atención –paradójicamente- se centra en el victimario y en el hecho que le asigna esa condición. Ejemplos abundan pero el caso paradigmático de las violaciones sexuales clarifica este punto, pues la víctima debe pasar por todo un proceso de victimización constante que va desde la humillación personal pasando por la condena social, con el vergonzoso hecho de que, al final, o el victimario no recibe condena o la misma es irrisoria.

Resumiendo, la inseguridad es un fenómeno de naturaleza psicosocial que se fundamenta en causas estructurales así como la VULNERABILIDAD material o simbólica, la cual deviene del estado generalizado de violencia e impunidad, así como la incapacidad institucional para afrontar este flagelo procesual y complejo. Las soluciones, en consecuencia, deben partir de estas premisas y centrarse en dos variables fundamentales: La persona humana como fin y fundamento; y un Estado de Derecho basado en la administración y aplicación de justicia pronta y cumplida. Todo lo anterior, en el marco del eje transversal de nuestro plan de gobierno: la urgente Reforma y Modernización del Estado.

Guatemala, 4 de mayo de 2011

ADN Y Su Enfoque De Lucha Contra La Impunidad En Guatemala Adela Camacho de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional -ADNLa impunidad es el punto nodal en el abordaje de los temas de Seguridad y Justicia. Como comentamos en la entrega anterior, la percepción de inseguridad es directamente proporcional a los obscenos niveles de IMPUNIDAD que muestra el país, fenómeno señalado insistentemente por los organismos internacionales, y también reconocido por CICIG y las principales instituciones involucradas (PNC, MP Y OJ). A mayor vulnerabilidad (material o simbólica), mayor inseguridad, y en la ecuación, la variable independiente siempre es la misma: LA IMPUNIDAD, es decir, la certeza casi total de que no habrá castigo para los trasgresores que cometen delitos contra la vida, la integridad física y moral, el patrimonio y la libertad de las personas. Dicho de otra forma, si logramos impactar disminuyendo los niveles de impunidad, seguro que la percepción de inseguridad y el cometimiento de ilícitos disminuirán en consecuencia. Ahora bien, sin profundización temática, podría ocultarse la complejidad del problema. Veamos la dinámica procesal y sus actores: Una débil y/o inexistente institucionalidad, provocada por la cooptación de poderes paralelos entre los que destaca el Crimen Organizado, el cual, sirve de marco contextual a la falta de una cultura ciudadana, es decir, conductas individuales y colectivas que no favorecen la denuncia y la auditoría social ni la fe en dichas instituciones. Este marco general, reproduce instituciones débiles y corruptas y se traduce en una PNC muy limitada por falta de recursos, capacidad instalada, dignificación y empoderamiento. Un Ministerio Público que no logra coordinar con la institución policial y que produce investigaciones débiles que no logran sustentar las acusaciones en contra de los transgresores y, como corolario, un Organismo Judicial que no condena. En el proceso, las acusaciones inter e intra-institucionales predominan, ante una población que asiste –impotente– ante este nefasto círculo vicioso de señalamientos mutuos, ineficacia e ineficiencia.

La tradición jurista de nuestro país (heredada de la tradición colonial de que todo se arregla

con leyes), ha insistido en nuevas normativas y procedimientos, perdiendo de vista el factor humano y, sobre todo, la desigual lucha que se libra contra los poderes paralelos. La creación del Ministerio Público y de la nueva Policía Nacional Civil, así como la ampliación de cobertura en cuanto a juzgados y otras medidas complementarias, han sido –indudablemente– avances sumamente positivos pero que obviamente no son suficientes para impactar efectivamente en contra de ese flagelo llamado IMPUNIDAD. Es por esta complejidad, que el planteamiento partidario de Acción de Desarrollo Nacional –ADN– se fundamenta en un enfoque integral, partiendo de la impostergable Reforma y Modernización del Estado. En primer lugar, la impunidad debe considerarse ya –como lo han expresado diversas organizaciones de la Sociedad Civil– una manifestación masiva y para-institucional de violación a los derechos

humanos de la población guatemalteca. En segundo lugar, debe entenderse que este enfoque integral no puede implementarse sin la coordinación intra e interinstitucional de los tres organismos del Estado; y en tercer lugar, desde un enfoque regional para potencializar los esfuerzos nacionales y optimizar los recursos disponibles.

Desde el Gobierno Central, nuestro plan contempla los siguientes elementos: Fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad en el marco del Sistema Nacional de Seguridad; desmantelamiento de poderes y estructura paralelos, sean del tipo que sean (políticas, económicas y criminales); apoyo a CICIG pero en el marco de la Institucionalidad y el desarrollo de capacidades nacionales; lucha integral, pero incondicional, contra el Crimen Organizado y todas las manifestaciones delincuenciales; consolidar de una vez por todas, el proceso de Reforma Policial y del

Sistema Penitenciario, con énfasis en la formación, capacitación y dignificación del recurso humano; revisión y/o mejoramiento de la normativa jurídica y administrativa existente; implementación de instrumentos objetivos de evaluación del desempeño, en el marco de una nueva Ley del Servicio Civil; así como un sistema institucional de investigación interna para erradicar la corrupción y sus diversas manifestaciones, ejecutando sanciones ejemplares a los infractores.

Desde el Congreso de la República, nuestros representantes promoverán una agenda legislativa que respalde las propuestas mencionadas, sobre todo lo que corresponde a la revisión y/o mejoramiento de la normativa vigente, así como la creación de las nuevas regulaciones que correspondan. Respetuosos de la autonomía del resto de instituciones relacionadas con el tema de la impunidad, aprovecharemos la coordinación intra e interinstitucional ya mencionada, para apoyar las reformas y reforzamientos que se impulsen en y desde el Organismo Judicial, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de justicia; así como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio Público.

El objetivo estratégico es lograr la construcción colectiva y democrática de un sólido Estado de Derecho, en el marco de un Sistema de Seguridad y Justicia que privilegie la prevención y la Seguridad Democrática, sin perjuicio de la lucha frontal –en el corto plazo– contra el Crimen Organizado, la delincuencia común, la narcoactividad y las diversas formas de violencia que afectan el anhelo guatemalteco de una sociedad armónica basada en: la justicia pronta y cumplida, el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos y una cultura de paz. Dentro de este marco, rescataremos el enfoque victimológico, es decir, la preeminencia de lo humano, desde la víctima y no desde el victimario como es el enfoque prevaleciente en la actualidad.

En este esfuerzo conjunto, se debe integrar la participación y propuesta de y desde la Sociedad Organizada, sin perder de vista, que la lucha contra la Impunidad es una responsabilidad básicamente del Estado y su institucionalidad.

Guatemala, 18 de mayo de 2011

Adela de Torrebiarte y su lucha por la Reforma Policial Adela Camacho de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional -ADNPara abordar la problemática de la Policía Nacional Civil, hay que partir de dos ejes metodológicos fundamentales: 1. El incumplimiento del Estado en su obligación constitucional de garantizar el “Desarrollo”, componente básico de la reacción violenta del ciudadano y su migración hacia otros países con mejores oportunidades, y por ende del desmedido incremento del índice criminal; el aparente desinterés del Estado ante la falta de desarrollo y superación de sus ciudadanos, deja sin aparentes opciones a estos que a la vuelta de la esquina deciden incorporarse en una banda de delincuentes o se aventuran por sí mismos. Proyectos locales de empleo mínimo en los barrios menos acomodados, debiera ser una política de Estado que tengan por único fin proveer a las madres solteras o jóvenes en riesgo del ansiado salario mensual.

2. Entender que la efectividad de la PNC es la parte medular del sistema de Seguridad y Justicia en Guatemala. Otras instituciones, como el Ministerio Público y el Organismo Judicial son vitales, pero la Policía Nacional Civil es por Ley, la encargada de cumplir con la obligación constitucional que tiene el Estado de garantizar la “seguridad”; y por estrategia, la Institución clave para alcanzarla. Además, la PNC es quien genera el proceso que debiera culminar en sentencias firmes y justas; mismo que dé certeza en el cumplimiento efectivo de las condenas.

Los Acuerdos de Paz plantearon la creación de una nueva fuerza policial. Si bien, se cumplió con el Acuerdo en cuanto a “crear” una nueva figura institucional, en la práctica, la estructura funcional y el recurso humano, partieron de la antigua “Policía Nacional”.

Las facilidades para “reciclar” personal y el mantenimiento de las viejas prácticas tuvieron su mejor basamento en un sistema de corrupción de variadas formas. Los poderes paralelos vencieron a quienes sí manifestaron la voluntad política por crear la institucionalidad efectiva de las Fuerzas de Seguridad. Aunado a la presión de estas fuerzas fácticas, debe mencionarse el temor de dejar desempleados a miles de personajes oscuros sin más oficio que la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y al más elemental de los derechos, el derecho a la vida. Las escasas excepciones no alcanzan para salvar a la Institución.

La creación de mesas técnicas de Reforma Policial, tanto por parte del Estado, como de la Sociedad Civil y Partidos Políticos, devinieron en un círculo vicioso. Surgió nuevamente la tradición jurista de crear y/o reformar normativas o la tradición burocrática de generar instancias, mesas de diálogo, pero sin abordar la compleja causalidad del problema.

La nueva PNC, creada en 1997,

e implementada con la asesoría y acompañamiento de la Guardia Civil Española, nació con muchos bríos, pero no continuó con las tareas encomendadas por su Institución mentora; como lo fueron: Profesionalización del mando, continua evaluación del desempeño, y depuración del estado de fuerza.

Mi experiencia al frente del Ministerio de Gobernación me permitió conocerlo desde adentro y me permitió además, entender la multi-causalidad del problema y el carácter integral con el que se debe abordar una Reforma como solución sostenible. Pero, sobre todas las cosas, me sensibilizó en el factor humano, esa arista que muchos obvian pero que es vital para entender la problemática. No se le puede exigir resultados a un recurso humano policial que carece de las cuestiones más elementales en cuanto a infraestructura, equipo, formación y capacitación, y lo más importante: la dignificación del elemento, de la carrera y de la función policial.

En el partido Acción de Desarrollo Nacional –ADN–, creemos que el objetivo de dignificar y hacer efectiva la función de la PNC, se cumplirá si se cumple con los siguientes lineamientos: A. Profesionalización del Mando Policial: Creando una Escuela de Oficiales Superiores de Policía, en la que se prepare al policía para hacer gerencia dentro de sus unidades.

Los mandos de la Institución Policial deben ser capaces de optimizar sus recursos y dominar el arte de la estrategia basada en la administración efectiva de la información que encuentran en las calles; y lograr de sus elementos el mejor desempeño posible a partir de estímulo y motivación. También debe crearse la Escuela de Especialidades que lleve control de las capacidades que deben tener los elementos que conforman las unidades especialistas, como Antinarcóticos, Investigadores, Fuerzas Especiales y demás.; y que al mismo tiempo regule las actualizaciones y derechos adquiridos por los especializados. Todo esto, sin dejar de lado la revisión y fortalecimiento de la “Academia de Curso Básico” y el proceso de “Ascensos”; requisitos de ingreso y pénsum; procedimientos que no son efectivos ni alcanzan el objetivo que corresponde.

B. Prevención: De la mano de una Institución “capaz” gerencialmente hablando, se debe trabajar en prevención. Prevención mediante campañas de comunicación para la generación de confianza “Desde y hacia la ciudadanía”; así como la difusión de principios y valores en los programas del Ministerio de Educación. Campañas que también presenten una policía honesta, servicial y capaz que muestren por ejemplo, ¿Cómo trato?, vrs ¿Cómo quiero que me traten?, Orgullosos del esfuerzo, y demás.

C. Control y Supervisión: Mecanismos indispensables para el funcionamiento efectivo de cualquier institución; y sin

embargo precarios, si no ausentes, en la institución policial. Inspecciones periódicas al cumplimiento de órdenes y procedimientos de cada unidad policial por parte de la Inspectoría General de la PNC, lograrían presionar adecuadamente a los mandos subalternos a cargo de dichas unidades, y de allí hacia abajo por toda la escala jerárquica; así como la supervisión efectiva para que toda la institución se dirija en el rumbo correcto.

D. Tecnificación, Equipamiento e Infraestructura: Para poder operar adecuadamente, la PNC necesita de apoyo logístico y el estricto cumplimiento de una planificación adecuada. Los filtros de discriminación básicos del plan deben incluir la priorización por importancia en el impacto al índice criminal, así como por costo, según capacidad presupuestaria. Es indispensable reforzar las mejoras a la infraestructura de sedes policiales, implementos personales (camas, uniformes, equipo personal), computadoras; sistemas y soporte de redes, comunicaciones, armamento; y contar con mantenimiento descentralizado, por lo menos por Distrito.

E. Investigación Criminal: Importante concentrarse en mejorar la reacción policial, ejerciendo las funciones que corresponden dentro del sistema de justicia; una investigación profunda para llevar a los sindicados ante tribunal, en coordinación con el Ministerio Público, y con el respaldo documental necesario para garantizar la condena en tribunales. Apoyados con sistemas electrónicos de fiscalización y vigilancia, como lectores de placas, GPS, cámaras de vigilancia y acceso al registro de celulares y otras bases de datos.

Guatemala, 1 de junio de 2011

Adela de Torrebiarte y la JUSTICIA como valor universal clave de las sociedades desarrolladas Adela de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional -ADNEl sistema de justicia lo comprenden el Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública, Ministerio de Gobernación (Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario) y recientemente incorporado, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. A este sistema de entes y autoridades se le ha adherido la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, con un peso de influencia importante aunque enfocado, casi exclusivamente, en los dos primeros entes.

Como hemos indicado en las publicaciones anteriores, debemos de partir que estamos frente a un conglomerado de entes, pero no ante un sistema de justicia en todo el sentido de la palabra. El bajo nivel de coordinación entre instituciones impide impactos estratégicos o de largo alcance que sólo son posibles desde la acción conjunta.

Los grandes problemas de nuestro actual Sistema de Justicia son de dos tipos: estructurales y operativos. Respecto del primero, se cuenta con una autonomía relativa pues los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por otro Organismo, el

Legislativo, quien a su vez aprueba el presupuesto general de gastos del Organismo Judicial. Esta situación, desde ya no sólo limita la independencia de poderes sino la efectividad operativa de dicho organismo, pues la mayor parte de las veces se hacen recortes presupuestarios sin atender criterios técnicos sino políticos. Incluso, la naturaleza de la elección de magistrados politiza la acción de justicia, pues son los partidos políticos quienes generan los pulsos correspondientes para nombrar a sus representantes. ¿Qué hacer? Partiendo de nuestro eje principal, la Reforma y Modernización del Estado, y del enfoque integral para el abordaje de la problemática nacional en general y del sistema de justicia en particular, son indispensables las acciones siguientes desde el Congreso de la República, mediante nuestros representantes: 1) Dotar de una efectiva independencia al Organismo Judicial, modificando la actual elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y asegurándose de que el presupuesto solicitado por el Organismo Judicial, le sea entregado puntual y oportunamente; 2) Revisión de toda la legislación actual para derogar todas aquellas normativas obsoletas e inadecuadas y generando las que sean necesarias, poniendo énfasis en el espíritu democrático, moderno y efectivo de las mismas; 3) Profesionalización de la carrera judicial mediante una ley de servicio civil específica y adecuada al Organismo Judicial, aumentando el período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero sobre todo, eliminando ese desgaste que produce la elección anual del Presidente de la CSJ; 4) Dignificación de la carrera judicial mediante el estudio salarial correspondiente, así como dotar a todos los operadores de justicia –no solo jueces– de cobertura total y efectiva de seguridad y seguro

para ellos y sus familias; 5) Promover en el imaginario de la población guatemalteca el respeto a las instituciones de justicia y la participación ciudadana, con énfasis en la cultura de denuncia (esta labor la pueden realizar los tres organismos del Estado en forma conjunta); 6) Fortalecer la investigación criminal científica y la adecuada coordinación interinstitucional de las instancias que conforman el Sistema de Justicia; 7) Instar a los medios de comunicación para que, sin perjuicio de su labor de auditoría social, respeten la independencia judicial y no permitan ventilar casos judiciales en los medios de comunicación; 8) Lucha frontal contra los poderes paralelos y la corrupción en todas sus formas; 9) Regular adecuadamente la Ley de Amparo y generar los mecanismos de agilización jurídica en los procesos, con énfasis en la descentralización y el aumento de los juzgados de alto impacto para atacar la abultada carga judicial; 10) Promover el enfoque victimológico en el sistema; 11) Fortalecer la separación de las funciones administrativas de las judiciales; y 12) Reforma total del sistema penitenciario (Acción desde el Organismo Ejecutivo).

La recuperación del funcionamiento del sistema de justicia debe enfocarse en el factor humano y paralelamente impulsar procesos que permitan adecuar las entidades a la compleja realidad del país, tanto en el frente de criminalidad e impunidad (justicia penal) como en el otro ámbito generalmente olvidado que se refiere a la justicia civil, el cual permite certeza y reglas claras a la actividad económica así como protección a la familia y la niñez.

La solución no será rápida porque la problemática acumulada viene de muchos años, por lo mismo es fundamental el proceso de recuperación, reforma y fortalecimiento del sistema de justicia, parta y tenga el soporte de un pacto social por la justicia y la seguridad, que permita el consenso de políticas públicas que brinden marco a los programas de desarrollo. Este pacto debe ser promovido por fuerzas ciudadanas a nivel político, económico y social convocadas por un liderazgo presidencial, valga decir, muy diferente al que se tiene actualmente.

“La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.”

Simón Bolívar.

Guatemala, 15 de junio de 2011

Adela de Torrebiarte opina sobre la CICIG y la creación de la Comisión Presidencial Contra la Impunidad en Guatemala.

Adela de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional -ADNPara hacer un balance sobre la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– y su “similar”, la Comisión Presidencial de Acompañamiento y Apoyo a la CICIG, se necesita mencionar tres elementos básicos de análisis: 1.

CICIG siguió un tortuoso camino que inicia como proyecto CICIACS durante el gobierno de Óscar Berger, con el decidido y manifiesto apoyo del vicepresidente de la República, el Dr. Eduardo Stein Barillas.

2.

Los mandatos y alcances de ambas Comisiones y su correlación con la dinámica y resultados conocidos, tienen marcadas disonancias entre la teoría y la práctica.

3.

El Gobierno de la UNE y el Proceso Electoral, destacando el hecho de que la decisión de continuidad de la CICIG será tomada por el todavía gobernante Álvaro Colom, pues el 4 de septiembre de 2011 vence el plazo respectivo.

En cuanto al primer elemento, se debe recordar que el propósito inicial fue crear la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad –CICIACS–, pero el intento fracasó por diversos motivos, entre los que resalta la similitud –inducida o asumida– con la búsqueda, juicio y castigo de un pasado de 36 años de guerra. El espíritu del proyecto original tenía que ver con el desmantelamiento de esos aparatos para que, una vez realizada esa tarea (o en forma paralela incluso), se establecieran mecanismos y coordinaciones que permitieran combatir la impunidad, pero sobre todo, erradicar a los grupos paralelos que la financian y dirigen (al fin de cuentas, la IMPUNIDAD es un producto y un medio a la vez).

Los resultados son conocidos por todos y, en consecuencia, CICIG surge como una alternativa o “compensación”, siempre enfocada en el ataque a la impunidad pero desprovista –según sus detractores iniciales– de cualquier orientación política tendiente a escudriñar en el pasado con énfasis en el conflicto armado interno, aunque el primer objetivo de su mandato sigue siendo “… investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los

derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.”

En cuanto al segundo elemento de análisis, los otros dos objetivos de CICIG son: “… colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos (…) y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes”; y efectuar “… recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.”

Por su parte, el Acuerdo Gubernativo 65-2009 que crea la Comisión Presidencial de Apoyo y Acompañamiento a CICIG, define como objeto: “…estudiar, analizar y determinar las causas que originan la impunidad penal en Guatemala, así como apoyar, fortalecer y coadyuvar a la [CICIG], y demás instituciones del Estado, encargadas de la prevención, investigación y persecución de hechos delictivos que suceden en el territorio nacional.”

En la teoría encontramos la primera disonancia pues el Acuerdo es

bastante escueto (10 artículos) y parece desconocer la magnitud del reto. Además, tiene otras falencias: a) No establece –con detalle y precisión– los mecanismos de coordinación entre CICIG y la Comisión Presidencial; b) Solo establece la necesidad de un presupuesto y la posibilidad de hacer gestiones ante el Minfin, cuando la parte financiera siempre ha sido lo medular en toda política, gestión y programa público; c) las seis personas designadas en el Acuerdo, continuarían con sus funciones a pesar de la envergadura de la delegación.

Resultados obtenidos en casi cuatro años de mandato: CICIG se convirtió en una instancia efectiva pero que actuaba con casi total independencia y muchas veces, con evidente descoordinación con relación a las instituciones públicas locales, sea por desconfianza o por la autonomía ejercida, pero lo cierto es que el protagonismo quedó en la CICIG, aunque muchas veces se sirvieron de insumos y gestiones de las instancias locales. Por su parte, el Comisionado español que la presidía, llegó a erigirse en una figura pública polémica, con bastante cobertura mediática, lo cual no siempre ayuda al ejercicio de la Justicia y el desempeño de un cargo de tal envergadura y alcances.

Los resultados fueron sucediéndose unos a otros pero asimismo,

salieron a luz fisuras, fugas de información e incluso deslices que en nada ayudaron, ni a la efectividad de la función de la CICIG ni a la necesaria credibilidad que deben tener esta clase de Organismos. Incluso se habló de casos preferentes y discriminación en los empeños judiciales, lo cual se justificaba en declaraciones públicas aduciendo el impacto público y la connotación que evidenciaban tales casos.

El protagonismo del jefe de la misión internacional provocaba que muchos casos se “litigaran en los medios” y la coordinación que debiera haberse tenido con el Estado, era sustituida por presiones a los tres Organismos del Estado.

En este contexto, las transferencias de conocimiento, la generación de nuevas competencias en el personal permanente de nuestro sistema de Seguridad y Justicia y la capacidad instalada como producto, no han sido lo óptimas de acuerdo a las expectativas generadas.

Luego vino lo peor, el gobierno actual colapsó en el tema que había sido su estandarte de campaña: “Combatir la violencia con inteligencia” y la Comisión Presidencial de apoyo y acompañamiento a la CICIG, devino siempre en inoperante. El Estado ha sido rebasado por la violencia y la inseguridad, con las funestas consecuencias de terror y zozobra en la que vivimos los guatemaltecos y guatemaltecas.

Pese a los problemas señalados, el balance de la CICIG es positivo pues es evidente el impacto que ha habido en las capturas y procesamiento de personajes criminales, asestando un certero golpe a los poderes paralelos y las bandas del crimen organizado. El nuevo jefe de la CICIG reviste un papel más técnico, lo cual se puede calificar de un buen relevo. Pero la tarea sigue incompleta y el actual presidente tiene todas las justificaciones para obtener otros dos años de mandato, pero que deben dar oportunidad a una coordinación más eficiente y eficaz, poniendo a disposición del combate implacable del crimen y la impunidad, todos los recursos del Estado pues la crisis actual puede generar un caos mayor al que ya se vive. Afortunadamente, ya no corresponderá a los actuales gobernantes esta tarea de coordinación, confiando en la sabiduría de los buenos guatemaltecos para escoger a las próximas autoridades del país. Adela de Torrebiarte, SÍ PODEMOS!!!

Guatemala, 29 de junio de 2011

Los poderes ocultos son las manos que tejen los hilos de la impunidad y el crimen Adela de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional – ADN En Acción de Desarrollo Nacional, nuestros equipos de trabajo desarrollan una metodología que parte de los antecedentes del problema, para analizar luego la naturaleza y/o estructura del mismo, abordando finalmente, el tratamiento que debe dársele a cada asunto en particular. En este sentido, se plantean cuatro elementos metodológicos fundamentales para el tema que nos ocupa: a) Los “Poderes Ocultos” son “hijos” del conflicto armado interno y su fortalecimiento es directamente proporcional al recrudecimiento del mismo; b) El fenómeno pasó de ser coyuntural en los 36 años de guerra, para asumir una naturaleza “para estructural” en la era pos Acuerdos de Paz con dinámicas y naturaleza diferentes; c) Los poderes ocultos son producto de la debilidad institucional y democrática del país; y d) Su abordaje se ha tornado extremadamente complejo por lo que el plan de erradicación advierte la intervención de muchos actores y un enfoque integral que atraviesa todas las instituciones y temáticas diversas. a) Los poderes ocultos son generados por la “necesidad” –ilegal– de

algunos agentes del Estado para combatir la insurgencia y la amenaza comunista en los años sesenta, siendo el pacto militar-civil llamado “Concordato” uno de los antecedentes más visibles del fenómeno.

Mediante este acuerdo forzado, el poder militar hace firmar en 1966 al Presidente Constitucional de la República de la época (licenciado Julio Méndez Montenegro) para entregar en las fuerzas armadas, toda decisión que tuviera relación con los aspectos políticos y militares de la efervescente época. Este pacto –denunciado en 1968 por el licenciado Clemente Marroquín Rojas, vicepresidente de la República quien renuncia al cargo– debilita la institucionalidad del Estado con funestas consecuencias posteriores.

Una vez derrotada la “primer guerrilla” –mitad urbana y mitad focalizada en el oriente del país–, los siguientes gobiernos militares (desde 1970 con Arana), debe enfrentar el surgimiento de una “nueva” guerrilla, la cual evidencia tres nuevos componentes: más fuerte y numerosa, focalizada en el altiplano y con la incorporación de contingentes indígenas. La agudización del enfrentamiento armado llega a amenazar la institucionalidad del poder formal del Estado, lo cual, a criterio de las fuerzas de seguridad públicas, “justifica” el fortalecimien-

to de los poderes paralelos para poder combatir “la amenaza subversiva” desde la ilegal e ilegítima, pero efectiva actividad de estos grupos. b) Lo que inició como una necesidad parainstitucional para erradicar la actividad guerrillera, desbordó en la articulación de grupos ilegales que transgredieron totalmente el marco de la ley y trascendieron las actividades contrainsurgentes, viendo en la cooptación del Estado y sus instituciones, la oportunidad perversa de ejercer poder y una forma de enriquecimiento ilícito, generando el principal producto de estos grupos: la impunidad.

Con la suscripción de los Acuerdos de Paz y la finalización del conflicto, las estructuras de los “poderes paralelos” se mantienen intactas y, ante el final de la guerra que les daba la “justificación”, no se desmantelan sino que cambian su naturaleza coyuntural por una de carácter paraestructural. Al respecto, coincidimos con la definición dada por la Fundación Myrna Mack en torno a que el poder paralelo es la “… red o estructura de relaciones de poder que, siendo subrepticia a la estructura estatal en un determinado ámbito (local, regional, sectorial o nacional) subterráneamente coopta o inmoviliza al poder formal en dicho espacio, logrando la oculta organización fáctica, convertirse en la detentadora oficial del poder desde la sombra y en desmedro del imperio de la ley, según sus intereses. Dicha estructura subterránea será el ‘poder oculto’“. Distintos personajes públicos y privados de sectores, segmentos y estamentos variados: forman, alimentan y/o dirigen estas redes.

En la era posconflicto, los objetivos de los poderes paralelos se diversifican y se mezclan con tres componentes letales: El enriquecimiento ilícito, la narcoactividad y el crimen organizado. Asistimos entonces, a la descomposición mayor de la estructura formal del Estado y el enquistamiento en su aparato, de una estructura ilegal paralela que lo debilita y/o inutiliza. La oferta de la actividad subterránea incluye: Contrabando, adopciones ilegales, secuestros, narcoactividad, sicariato, evasión fiscal, y un largo etcétera. c) La debilidad institucional del Estado y sus instituciones, así como las graves carencias de una democracia “formal” inefectiva y disfuncional, se incubaron perversamente durante el conflicto. El primer gobierno de la era democrática (licenciado Vinicio

Cerezo en 1986) asume sobre una estructura política muy débil, debiendo enfrentar a poderes paralelos muy desarrollados. En consecuencia, las advertencias por desmantelar a estos grupos, devinieron en tareas que trascendían la capacidad del Estado guatemalteco. De allí surge la iniciativa por crear la CICIACS, la cual deviene en la actual CICIG, cuyas dificultades en la lucha en contra de estos poderes y el crimen organizado, demuestran la magnitud del problema y la amenaza que se cierne sobre nuestro país de no asumir un plan de acción inmediato y de combate frontal e incondicional contra este flagelo.

El poder paralelo actúa fundamentalmente mediante la violencia en todas sus formas: coerción, coacción, amenaza, extorsión, cohecho, asesinato y la cooptación de puestos clave dentro de la estructura del Estado y su dinámica institucional.

Compra o amenaza candidatos y funcionarios públicos o genera y coloca los propios para tener un control más directo. d) ¿Cómo combatir a los poderes paralelos? En nuestro Plan de gobierno insistimos en un enfoque integral multiparticipativo y multidisciplinario que privilegie la impostergable e indispensable reforma y modernización del Estado, la cual abarca lo siguiente: 1) Fortalecimiento del sector de seguridad y justicia, con énfasis en la inteligencia civil, la efectividad de la investigación criminal, el apoyo a la CICIG, la reestructura Policial, así como la emisión y/o reforma de normativas que viabilicen una lucha inclaudicable contra la corrupción, la impunidad y para desmantelar las estructuras paralelas y castigar a los culpables en forma imparcial y ejemplar. 2) La emisión de una nueva ley de servicio civil con todas las normativas anexas y conexas, así como los instrumentos que permitan la selección, desarrollo y evaluación técnica de personal idóneo e íntegro en la administración pública. 3) La emisión de una nueva ley de partidos Políticos que garantice la reforma y transparencia, con toda la normativa e instrumentos necesarios para viabilizar una democracia participativa efectiva. 4) Fortalecimiento de la institucionalidad y las políticas públicas, impulso de medidas de prevención, así como un pacto social que permita la incorporación ciudadana en la lucha contra la impunidad y los poderes paralelos, fomentando la cultura de denuncia y la auditoría social.

Guatemala, 13 de julio de 2011

Adela de Torrebiarte y su Estrategia para Combatir el Narcotráfico Adela Camacho de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional -ADNEn Acción de Desarrollo Nacional, siempre partimos de una base histórica y metodológica para el análisis de los problemas para, luego, diseñar estrategias y planes de acción. En este sentido, en el tema que nos ocupa se deben entender tres cosas fundamentales: A) El Narcotráfico no es un fenómeno aislado, pues su conexión con el Crimen organizado es casi natural. B) Su abordaje debe tener una dinámica regional-nacional-regional. Y C) Sin voluntad política no funciona ninguna estrategia y ningún plan.

Si bien no toda expresión de Narcoactividad constituye Crimen organizado, difícilmente se puede encontrar una red del CO que no incluya dentro de su estructura a la narcoactividad, pues resulta una de las operaciones más rentables. Asimismo, Guatemala ha dejado de ser solo puente de Narcotráfico para convertirse en un país consumidor y productor.

Al respecto pueden revisarse los informes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –SECCATID–.

Otro elemento que ha venido a perjudicar a nuestro país es el combate al Narcotráfico en Colombia y México, lo cual ha hecho que los capos vean en nuestro país una fortaleza que les permita rearticularse, pues la debilidad de nuestras instituciones y la cooptación de las estructuras del Estado por parte del Crimen organizado, han facilitado esta empresa. Incluso el actual proceso electoral, muestra evidencias de la presencia de financiamiento proveniente de fuentes ilegítimas vinculadas al Narcotráfico y el Crimen organizado. Lamentablemente, Guatemala no cuenta actualmente con la estructura y la capacidad para combatir el flagelo del Narcotráfico y los grandes capos de la droga lo saben. Además, se ha encontrado evidencia en torno a que los pagos por narcoactividad ya no se dan totalmente en efectivo sino en especie, lo cual favorece el tráfico y consumo interno.

Afortunadamente, no todo es negativo, pues es importante mencionar los avances tan importantes que se han tenido

en el tema de la integración centroamericana, partiendo de los Acuerdos de Esquipulas, de donde se desprende el Tratado Marco de Seguridad Democrática el cual establece los fundamentos que permiten dar un salto cualitativo en el enfoque de Seguridad. De los dogmas de la Seguridad Pública se evoluciona a la Seguridad Ciudadana, la cual a su vez, se basa en el concepto integral de Seguridad Democrática.

En mi gestión como ministra de Gobernación se lograron avances que debieran retomarse y fortalecerse como el impulso de la Estrategia de Seguridad para Centroamérica y México, con su respectivo Plan de Acción.

Lamentablemente, no se han tenido avances aunque en los próximos días se estará relanzando la Estrategia para la búsqueda de los mil millones que cuesta su ejecución. Otro de los logros lo constituye el establecimiento de la Comisión de Ministros de Seguridad y Gobernación para prevención de la Violencia, con su respectivo plan de acción. De este plan, se han materializado varias acciones de forma regional y simultáneamente en los países centroamericanos. A la fecha no se continuó con el impulso, el cual estaba vinculado al abordaje integral de la problemática de la violencia juvenil y el fenómeno de las pandillas criminales, cuya importancia estriba en el nexo que este tema tiene con el Narcotráfico.

El mérito que tienen ambos instrumentos es el corto tiempo en el que se realizó, pues en mi gestión, se aprovechó la presidencia protémpore que tuvo Guatemala, y en un período de 6 meses se alcanzaron los acuerdos y consensos correspondientes, cuando normalmente un proyecto a nivel del SICA lleva un lapso mínimo de 2 años. Por eso considero tener la autoridad moral (basada en mi experiencia de vida) así como la capacidad técnica (mostrada durante mi gestión como ministra), para combatir el flagelo del Narcotráfico y el Crimen organizado. La estrategia la tenemos clara y los planes de acción quedaron como fiel testimonio de mi interés por el abordaje integral y frontal a ese y otros problemas relacionados.

Finalmente, debo insistir en la necesidad e importancia de la voluntad política para obtener resultados efectivos

de gran impacto. Al respecto, es importante señalar que debió aprovecharse de mejor forma la visita de la señora Hilary Clinton, pues los Estados Unidos muestra cada vez más su clara preocupación y genuino interés por abordar el tema del Narcotráfico de forma integral y regional. Como fuente principal de demanda, toda estrategia y plan de acción no pueden abordarse sin el concurso –como socios– de los Estados Unidos.

Eso sí, respetando nuestra soberanía y el hecho de que Guatemala y Centroamérica, constituimos víctimas del flagelo, con una responsabilidad delegada injustamente.

Retomar lo producido, acuerdos políticos regionales y énfasis en la prevención, tomando como base los principios de la Seguridad Democrática y Ciudadana, constituyen la línea básica para enfrentar el problema del Narcotráfico.

Guatemala, 27 de julio de 2011

“No puede haber desarrollo humano sin empleo digno” Adela Camacho de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional ADN Como ya hemos anotado en nuestras entregas anteriores, en Acción de Desarrollo Nacional –ADN–, nuestros equipos de trabajo desarrollan una metodología que parte de los antecedentes del problema, para analizar luego la naturaleza y/o estructura del mismo, abordando finalmente, el tratamiento que debe dársele a cada asunto en particular.

Se plantean tres elementos metodológicos fundamentales para el tema que nos ocupa: a) El fenómeno del desempleo no es nuevo y su aumento está relacionado con varios factores que trascienden lo económico; b) Está íntimamente ligado a la debilidad de nuestra economía, las décadas de conflicto armado interno y los errores conceptuales en torno al mismo; c) El Estado no debe verse como una agencia de empleo, su función es generadora mas no dotadora. a) La carencia de empleos o bien la poca remuneración o atractivo de los mismos, han sido una constante en la historia del país; sin embargo, la demanda se ha vuelto cada vez más sentida, pues el crecimiento económico no se refleja en el aumento de plazas o de remuneraciones, por lo cual la dicotomía crecimiento económicodesarrollo económico, no mantiene una relación directamente proporcional. Además, el evidente atraso del sistema educativo no permite que la población pueda optar a mejores oportunidades, casi siempre relacionadas con posiciones que exigen conocimientos y habilidades en: inglés, computación, electrónica y otros.

La revolución de 1944 logró impulsar una modernización de la economía que, hasta el gobierno ubiquista, se había caracterizado por un atraso muy pronunciado con rasgos incluso feudales. La creación del Banco de Guatemala, la estabilización monetaria, la obligatoriedad del pago de un salario; la promoción de la industria y el comercio y diversas normativas relacionadas con la economía y las finanzas, en el marco de una incipiente y débil modernización del Estado, permitieron la generación de empleos, ya sea por el crecimiento de las instituciones públicas o por

el incremento y desarrollo de la empresa privada.

Posteriormente, la polarización política y social del país, fue provocando rezagos y problemas que fueron impactando en diversas áreas, tal el caso del empleo. b) La debilidad que acusaba la economía nacional y las finanzas públicas, fue la causa principal de esfuerzos como el Mercado Común Centroamericano, el cual le dio un impulso a la economía regional, mediante la unión de mercados, pero nuevamente, el crecimiento económico no se tradujo en desarrollo integral, y dentro de esto, no generó suficientes empleos dignos.

Al respecto, los gobernantes militares nunca entendieron que la creación de un sólido mercado interno, es la premisa fundamental para el desarrollo, y esto sólo se logra mediante la generación de empleo digno, promoviendo el emprendimiento privado y semiprivado, así como la generación de oportunidades diversas.

Luego, el conflicto armado surgido a inicios de los años sesenta se agudizó, y la inversión nacional fue impactada.

El Estado guatemalteco orientó las

finanzas públicas a la guerra y el temor del sector privado, estancó la generación y ampliación de empleos.

Por otra parte, a mediados de los años setenta fue consolidándose la concepción perversa de que el Estado era una agencia de empleos y un botín político para los correligionarios y financistas de las campañas electorales.

Aun así, es justo reconocer que la situación se hubiera agravado de no salir el Estado a suplir las necesidades de empleo de la población, pero lo que debió ser una medida temporal, se convirtió en una “política de Estado no escrita”.

Ya en la era democrática, el clientelismo como herramienta política fue fortaleciéndose hasta llegar a los niveles actuales.

Los ya existentes renglones presupuestarios 022, 031 y 029 (entre otros), empiezan a crecer desmedidamente como botín político, pues su maniobra permite otorgar sueldos más altos sin fiscalización ni responsabilidad.

Surgen además otros renglones y el empleo como tal, se tergiversa, pues la mayoría de plazas llegan a estar conformadas por los

renglones sin prestaciones, como un recurso indebido.

A este fenómeno de desnaturalización del empleo, también contribuyen las cooperativas, las ONG y muchas empresas que empiezan a contratar personal bajo las condiciones de honorarios.

La relación del empleo/ desempleo, se relaciona –ya vimos– con temas educativos, pero también con estabilidad económica, paz social, voluntad política y una coordinación efectiva y nacionalista entre el sector privado, el sector político, el sector social y el Estado. c) ¿Qué hacer? El Estado debe generar/mantener los empleos necesarios que se deriven – única y exclusivamente– de su naturaleza, estructura y dinámica institucional.

Esta función – además– es secundaria pues su papel fundamental es el de crear condiciones para que la sociedad organizada pueda generar empleos dignos y estables. En épocas de crisis, es razonable la intervención del Estado, pero como una medida temporal extraordinaria y no como una política de Estado no escrita.

El mercado interno guatemalteco sigue siendo débil y esto lo reflejan las estadísticas del Seguro Social en cuanto a asociados inscritos; así como los datos de la población económicamente activa y el vasto sector informal.

Nuestra política de Estado para generar empleo se basa en tres pilares: 1) Descartar la idea de que el Estado es una agencia de empleo y tiene la responsabilidad primaria de generarlos, dando paso a una Ley de Servicio Civil en el marco de nuestra propuesta de Reforma y Modernización del Estado; 2) Debe reactivarse la economía con medidas enfocadas a la seguridad, la certeza jurídica, la facilitación de las acciones emprendedoras, la coordinación con el sector privado, la simplificación de trámites y gestiones para abrir empresas; la promoción de la inversión extranjera, la erradicación de toda forma de corrupción; el diálogo con las organizaciones laborales, entre otras. 3) Una mesa institucional público-privada que establezca las acciones concretas de cómo el Estado puede favorecer la generación de empleo digno, sin perjuicio de los intereses nacionales y los derechos constitucionales de los trabajadores.

Guatemala, 10 de agosto de 2011

Desnutrición Infantil: La deuda política, social y humana más importante del Estado Adela de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional ADN En Guatemala hay temas que las personas consideran importantes, pero dada su complejidad, abordaje integral y de largo plazo, dicha importancia se relega al discurso coyuntural y los proyectos de corto plazo, invisibilizando así, el carácter determinante y nuclear de los mismos. La desnutrición infantil forma parte de los llamados problemas invisibilizados (como el racismo y el machismo), todos saben que están pero nadie los ubica de acuerdo a su importancia estratégica como clave del desarrollo humano y el desarrollo social que, precisamente, se erigen en los dos primeros ejes estratégicos del Plan de Gobierno de Acción de Desarrollo Nacional –ADN–. Metodológicamente hablando, debe partirse de tres premisas fundamentales para

combatir y erradicar la desnutrición infantil: a) La desnutrición infantil es un problema complejo e integral que va más allá del hambre y poco o nulo acceso a los alimentos; b) El tema tiene una incidencia estratégica en el cumplimiento de la misión fundamental de un Estado: Garantizar la vida y bienestar de su población; c) Su abordaje requiere un nuevo enfoque, basado en la integralidad y complejidad del problema, así como una férrea voluntad política que descarte el clientelismo y el corto plazo, debiendo asumir los costos políticos que correspondan. a) La desnutrición infantil tiene componentes e implicaciones de índole bio-psico-social, con impactos humanos, políticos y económicos profundos y funestos si no se atienden en la tierna infancia, como es el caso de Guatemala. Los tres primeros años son vitales para el desarrollo integral del ser humano; una alimentación adecuada

permite la creación de neuronas fuertes y saludables en el cerebro, condición sine qua non para el desarrollo del pensamiento lógico y demás componentes del proceso de aprendizaje, adaptación al medio y desarrollo humano. Según los expertos, el daño causado en estos primeros tres años es IRREVERSIBLE, aunque posteriormente se contemplen proyectos y programas nutricionales de diversa índole (verbigracia: refacciones escolares en la instrucción primaria).

Por otra parte, el niño y la niña, sufren de problemas de estima personal al percatarse de que otros infantes tienen facilidades de aprendizaje y desarrollo que ellos no poseen ni poseerán aunque se lo propongan. La formación conservadora y desactualizada de muchos maestros, no hace más que reforzar esta triste historia. Finalmente, la nación acusa impactos políticos y económicos graves, al contar con una fuerza laboral subestimada y en franca desventaja con otros países, una población con baja autoestima y con capacidades muy limitadas casi siempre orientadas al trabajo operativo y/o en el campo. b) Debe entenderse claramente que si no se atiende este problema, desde la niña, el círculo perverso se mantiene; pues niñas desnutridas, con baja autoestima, ignorancia educativa sexual, víctimas de pobreza y violencia intrafamiliar (y otras formas de violencia), producen partos prematuros, bebés traumatizados, mortalidad y/o desnutrición materno-infantil y, por supuesto, bebés condenados a neuronas poco desarrolladas que impactan su inteligencia y capacidad de aprender y desarrollarse, así como deficiencias severas en talla y peso. En consecuencia, un Estado que no provee el más elemental de los derechos como es la calidad de vida de sus niños y niñas, no cumple con su misión, con su razón de ser, y entonces, sí podemos hablar de un Estado FALLIDO, más allá del colapso institucional que caracteriza a este tipo de calificación. c) El problema nutricional es complejo y su abordaje debe ser integral: Sistema de Salud, Sistema Educativo, Seguridad Alimentaria; Derechos Humanos, Programas Sociales y otros as-

pectos. Además, este abordaje es costoso y con implicaciones de corto, mediano y largo plazo, por lo que el tema de la voluntad política incondicional es premisa fundamental, pues normalmente, la visión de país y el enfoque en los intereses humanos y nacionales, cede ante el clientelismo, la coyuntura y el corto plazo.

Nuestro Plan de Gobierno en ADN, plantea los siguientes aspectos involucrados en nuestro Plan Nacional Integral para la Erradicación de la Desnutrición Infantil: 1. Revisión del Mapeo e Inventario del problema nutricional, con énfasis en mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años. 2. Fortalecer y/o reactivar las Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria (COMUSAN) en todo el territorio nacional, como entes conductores del proceso de erradicación de la desnutrición infantil, velando porque su integración y dinámica incorpore a TODOS los sectores poblacionales y productivos. 3.

Reorientación presupuestaria a efecto de universalizar las guarderías de 1 a 3 años para garantizar la atención nutricional adecuada (sin perjuicio de otros cuidados y prevenciones). 4. Universalizar la educación preprimaria, responsabilizando a la comunidad educativa y las juntas escolares para asegurar la dotación no sólo de refacciones escolares sino desayunos y almuerzos balanceados y enriquecidos. 5. Aprovechar el servicio social y el voluntariado a nivel nacional, para implementar, monitorear, proteger y evaluar estos programas. 6. Generar un Plan Maestro de Capacitación que provea una atención integral, incorporando programas de organización comunitaria, preparación de alimentos, salud, educación sexual y reproductiva, valores y estima personal, saneamiento e higiene, y otros componentes conexos al tema principal que es la desnutrición. 7. Involucrar a la Comunidad Educativa (padres, maestros, estudiantes y personal administrativo) en todo el proceso, desde el diseño y la implementación, hasta el monitoreo, defensa y evaluación del Plan Nacional para la Erradicación de la Desnutrición Infantil, tomando en cuenta la poblaciones situacionales siguientes: a) Casos crónicos ya existentes; b) Casos en proceso de desnutrición y c) Casos no afectados (prevención).