Suplemento especial
¿Qué proponen
para combatir la CORRUPCIÓN?
Guatemala, 2 de marzo de 2011
Editorial
Guatemala, 2 de marzo de 2011
Un sistema hecho para robar El sistema administrativo de Guatemala está hecho específicamente para entorpecer la función pública y alentar distintas formas de corrupción. El problema no se termina con la elección de un “hombre justo” porque mientras toda la estructura del Estado opere sin control ni fiscalización y con procedimientos deliberadamente enredados, no habrá forma de erradicar el cáncer. La lucha contra la corrupción demanda una especie de cruzada nacional porque, obviamente, en ese juego no participan únicamente los políticos, funcionarios o empleados públicos. En nada es tan cierta la expresión de que hacen falta dos para bailar tango como en el tema de la corrupción y pecan por igual los que reciben o piden dinero como los que lo ofrecen y dan para obtener privilegios y negocios que se vuelven muy lucrativos por la forma en que se manejan los recursos públicos. Es indispensable contar con instrumentos de control y verificación, modificando procedimientos para contratar o para comprar, a efecto de que exista no sólo una auditoría del ente contralor, sino de la misma sociedad. La publicidad sobre la forma en que se gasta el dinero, ahora más fácil gracias
a las nuevas tecnologías de internet, es un instrumento eficiente que ha dado resultados en otros lugares, pero aquí hace falta más que el control. Es indispensable la sanción legal para los pícaros, del sector público y del sector privado, y por ello es que leyes como la extinción de dominio y la de enriquecimiento ilícito tienen que implementarse con velocidad y los ciudadanos tenemos que ser exigentes para que sean aplicadas. Cuando pensamos en la corrupción en el sector público siempre ponemos los ojos en el policía que pide mordida, el ministro que hace lo propio o el presidente que enajena los bienes del país y sus recursos no renovables. Pero también hay que ver que si los particulares tuviéramos una actitud de cero tolerancia ante la corrupción, no habría el nivel escandaloso que tenemos que soportar, pero al final la impunidad que es histórica en el país ha servido para alentar distintas formas de corrupción. Empiezan justamente con las campañas políticas, derecho de llave para el tráfico de influencias porque los financistas se despachan después con la cuchara grande para recuperar su inversión. Fertilizantes, medicinas, autos, computadoras, armas, libros de texto y, en fin, todo
lo que adquiere el Estado dentro del giro de sus funciones, se condiciona desde la campaña porque los financistas apuntan y lo hacen bien. No digamos los contratistas de obra pública que, tanto desde grandes empresas constructoras de “prestigio y renombre” como de las que denominan de cartón, son de los grandes beneficiarios del régimen de corrupción. El juego hasta ahora les ha salido relativamente bien, tanto a las empresas tradicionales como a las del capital emergente. Pero ahora tienen un gran competidor que no ve la mordida como un gasto sino como una forma de lavar su dinero. El narcotráfico es infinitamente más rico que los capitales tradicional y emergente juntos y puede sobornar con mayor facilidad a los funcionarios públicos y adjudicarse todas las compras y los contratos. Los corruptos diseñaron un sistema que les funcionó durante años en esa complicidad entre políticos y empresarios, pero al empresario ahora lo expulsará del juego el dinero del narcotráfico que es ilimitado y que con tal de lavarse, correrá a manos llenas para satisfacer la ambición desmedida de quienes entienden la función pública como la oportunidad de hacer dinero.
Los empresarios que han jugado el juego de la corrupción no se han dado cuenta aún de las consecuencias de su pertinaz tarea para corromper las instituciones y creen que eternamente serán los beneficiarios del juego. Pero nuevos ingredientes que están ahora en escena cambian por completo la correlación de fuerzas y no podrán competir. El país necesita controles efectivos y sanciones severas para la corrupción. Sin la combinación de esos dos factores el dinero público seguirá siendo, como hasta ahora, la caja chica de los sinvergüenzas y cada cuatro años estaremos generando una nueva casta de millonarios que amasan fortuna en el ejercicio de la función pública. Apelar a una revalorización de la sociedad y de la función pública es hablar paja porque no sólo el sistema está diseñado con otras intenciones, sino que además la prédica del materialismo consumista en el que la persona vale por lo que tiene entre la bolsa y no por lo que tiene en el cerebro y el corazón, hacen que los valores antañones sean trasnochados. Severa aplicación de la ley y despojar al pícaro del dinero mal habido es el único camino y el único remedio.
Su opinión también cuenta Gracias al interés de los lectores de Diario La Hora, en la versión digital de nuestro periódico registramos casi 18 mil votos para elegir a la mejor propuesta de los políticos en el primer número de LH Política. Hace quince días, los candidatos presidenciales visibles expusieron sus propuestas en torno a los programas de Cohesión Social y sobre si le daría continuidad en el eventual gobierno, en caso de ser electos. En esta nueva entrega, invitamos también para que los lectores se pronuncien por la que consideran la mejor propuesta, y voten en nuestra página de Internet www.lahora.com. gt, sobre qué candidato expuso de mejor forma la propuesta para combatir la corrupción, tema central de esta segunda entrega
de LH Política. Cuando la participación sea significativa, Diario La Hora informará los resultados de las encuestas en el portal y en este suplemento. Muchas gracias por su lectura y por su opinión.
El espacio era para Sandra Torres Diario La Hora realizó la planificación del Suplemento LH Política con el suficiente tiempo como para contactar a los líderes de las organizaciones que participarán en el proceso electoral. En ese sentido, se le ofreció un espacio a la señora Sandra Torres de Colom para que participara junto a los otros líderes en la presentación de propuestas claras sobre temas específicos, entendiendo que no estamos invitando candidatos, sino líderes. Tras la primera edición, Jairo Flores solicitó el espacio para su persona, obligándonos a rechazarla por dos razones: Primero, que la invitada fue a quien consideran el rostro de liderazgo del partido y no el Secretario General de UNE; Segundo, que la planificación por diseño nos ha hecho asumir compromisos con líderes que sí aceptaron el reto.
Guatemala, 2 de marzo de 2011
Propuesta del Partido Patriota Contra la Corrupción Otto Pérez Molina Partido Patriota La corrupción es uno de los flagelos más graves que afronta la sociedad guatemalteca y su sistema de administración de justicia. Por ello, su lucha y erradicación es uno de los principales retos del Partido Patriota. La corrupción se da cuando un funcionario público con poder se aprovecha del mismo para su propio beneficio, cuando éste otorga beneficios para determinadas personas o grupos, cuando desvía recursos provenientes de los impuestos para otros fines que no son públicos, cuando no cumple las funciones y atribuciones que la ley le manda. Es por ello que el Partido Patriota sabe que el problema es de personas, y por lo tanto, los objetivos y las acciones que debe emprender para
combatirla, van dirigidas a controlar a esos funcionarios públicos, y a los que corrompen del lado no gubernamental. Es por eso que afirmamos que el problema de la corrupción, se manifiesta en distintos niveles y esferas de la función pública y privada, en la cual hay un corrupto y un corruptor, y que su éxito radica en la impunidad. Esa, es la verdadera razón de por qué existe la corrupción en el país, porque no se ha castigado a los culpables que la han cometido. Combatirla requiere entender que esta (la corrupción), está íntimamente ligada a la impunidad, ya que para que la corrupción se pueda dar, deben quedar impunes los delitos y las infracciones cometidas. Y, para que se elimine la impunidad, es necesario, como premisa, que se fortalezca el sistema de
justicia y que se implementen los cambios en la legislación que tiene como fin, combatirla. Guatemala ocupa el puesto 91 de 178 naciones analizadas en el Índice de Percepción de la Corrupción en 2010 (IPC), que es una recopilación de estudios y encuestas sobre transparencia, elaborada por Transparency International. Hemos retrocedido siete puestos, debido a que nuestro país se encontraba en la casilla 84 en el 2009. Eso no va a pasar en el gobierno encabezado por Otto Pérez Molina, porque desde ya se le ha pedido a todos los seguidores y miembros del partido en todas las instancias donde participamos, que habrá CERO tolerancia con la corrupción, pero si se llegara a dar, vamos a cumplir con la ley, y la ley dice que hay que denunciar y castigar a los culpables de cometerla, y eso vamos a hacer. Así que desde ya se les invita a mantener esa postura de señalar los actos de corrupción. En las actuales condiciones, una lucha adecuada contra la corrupción se ve imposibilitada o con pocas probabilidades de éxito, debido al inadecuado marco jurídico con que se cuenta para prevenirla. Hay que modificar la Ley de Contrataciones del Estado; la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, entre otras, esto indica que si se quiere combatirla, hay que transformar y modernizar estas leyes, dotarlas de dientes como se dice en el vocabulario de auditoría social y es lo que ya estamos trabajando con un equipo de profesionales. No hay que confundir corrupción con latrocinio en sus distintas manifestaciones (estafa, robo, sustracción, etc.). La corrupción es cohecho pasivo, soborno y mordida (cuando un funcionario pide); aceptación ilícita de regalos; cohecho activo o soborno (cuando un funcionario o empleado público recibe); peculado o apropiación indebida de bienes que le pertenecen al Estado; malversación; concusión; fraude; exacciones ilegales; y cobro indebido. Todos estos actos, deben tipificarse claramente y sus respectivas sanciones en el Código Penal, que no quede duda o confusión para que no se salgan de la cárcel, para que la justicia se cumpla y ya no haya impunidad. Los objetivos de la política pública contra la corrupción del Partido Patriota se orientan en dos líneas de trabajo: la primera es en la preven-
ción; y la segunda, en el fortalecimiento de los sistemas de control. Eso implica establecer y fomentar prácticas dirigidas a prevenir la corrupción, procurando un aumento sostenido y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción en todos los ámbitos públicos. Es necesario establecer mecanismos enérgicos de lucha contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad, lograr una adecuada acción de las operaciones y del uso de bienes públicos, lograr la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas de todo el funcionariado público. Debe fomentarse en la ciudadanía la denuncia de actos de corrupción, dotando a los denunciantes de las garantías constitucionales y legales para que no existan amenazas, represalias o daños personales que les impida realizarlas. Para operativizar, además de las políticas públicas contra la corrupción, vincularemos el actuar estratégico con los presupuestos de los ministerios, fondos sociales, consejos de desarrollo departamentales y gobiernos municipales, a las políticas públicas: 1. Elevar a categoría de Dirección, dentro de la Vicepresidencia de la República, la Comisión de Transparencia y el Combate a la Corrupción por medio de un Acuerdo Gubernativo, que establezca vinculación y coordinación institucional con el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Como estamos proponiendo reforzar la ley orgánica de la Contraloría, vinculamos su relación institucional con esta nueva Dirección 2. Desarrollaremos las funciones y capacidades de planificación pública, estratégica y prospectiva dentro del Organismo Ejecutivo en los gobiernos municipales y en los Consejos Departamentales de Desarrollo, a través de la revisión del desempeño de los ejecutores encargados y la coordinación de la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que lleven a cabo las dependencias públicas. 3. Fortaleceremos el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificándolo a un Plan Plurianual de Inversiones (PPI). Asimismo, vincularemos el PPI con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Guatemala, 2 de marzo de 2011
“Debemos tener pulso firme y castigar con la cárcel y con trabajo forzoso a quien le roba al pueblo” Manuel Baldizón Libertad Democrática Renovada La corrupción es un problema que se ha enraizado en nuestra sociedad, lamentablemente se ha convertido en parte habitual no solo en las dependencias públicas sino a todos los niveles de la sociedad. Existen diversos factores que propician la corrupción; el más importante es la falta de autoridad, pero también hay que tomar en cuenta la debilidad en aplicar la ley. Cuando al ser humano se le permite actuar al margen de la ley, desarrollará hábitos deshonestos que son los que propician la corrupción. Estas acciones empiezan en niveles bajos y terminan en estafas al fisco y malversación de fondos públicos. La otra razón importante es la falta de modernización de las instituciones del estado, incluidas las destinadas a auditar a los funcionarios públicos y a las empresas privadas. La primera acción para contrarrestar la corrupción en la administración pública es contar con una buena planeación y un programa de gobierno, para invertir lo
necesario en realizar una completa y exhaustiva reingeniería, una verdadera modernización del Estado, que no consiste solamente en comprar equipo nuevo o remodelar los antiguos edificios, consiste en iniciar procesos de gestión de la calidad, en los servicios públicos, en la forma de auditar, de hacer transparentes los procesos de compras y contrataciones del Estado y también en la forma de recaudar los impuestos y atacar el contrabando. Este es un trabajo que compete a todos los sectores, no solamente al Gobierno, también debe participar el sector privado ya que juega un papel importante, tal como sucedió en Colombia, donde el sector privado participó activamente junto con el Gobierno en una verdadera modernización del Estado, el sector económico aportó su experiencia en procesos empresariales y se dio cuenta que si no apoyaban, si no participaban, el crimen, el contrabando y la corrupción los estaban haciendo quebrar y perder sus empresas; todas estas acciones devolvieron la confianza en el pueblo hacia sus instituciones. En el caso de Guatemala es importante lograr que
la Contraloría General de Cuentas de la Nación trabaje en conjunto con la Fiscalía de Delitos Administrativos y la de la que combate la Corrupción, hay que crear ejes de trabajo entre estas instancias para actuar de inmediato. Ante todo debemos entender que la bendición de tener medios de comunicación libre e independiente nos permite tener un ente más para auditar y supervisar las acciones de los funcionarios de Estado incluido el Presidente de la República. Por eso repito lo que he dicho siempre, sin mentiras ni promesas, siempre hay alguien que quiere pasarse de listo y quiere quebrantar las leyes y buscar enriquecerse a costa de los fondos del pueblo. Si con los procesos de modernización de las instituciones, con la auditoría exhaustiva de todos los sectores detectamos a algún funcionario que esté realizando actos de corrupción, yo seré el primero en decirlo públicamente y sobre esa persona caerá todo el peso de la ley. Manuel Baldizón además de ser un Líder nacional y haber legislado a favor de los más necesitados, es un empresario, a quien le ha costado grandes esfuerzos triunfar y ser exitoso, algo que me ha dado la satisfacción es generar puestos de trabajo, y como es lógico dentro de mis empresas ocasionalmente he descubierto a algún trabajador en actos deshonestos y déjeme decirle que no hay decepción más grande que esa, saber que alguien en quien uno ha confiado, que le ha dado la oportunidad de un empleo le está robando a la empresa que le da trabajo. Siempre he sido enérgico y además de despedirlo inmediatamente los he puesto ha disposición de las autoridades, porque no basta con que devuelvan el dinero, deben ser castigados por sus actos, de igual forma cuando un funcionario público comete un acto de corrupción le está robando al pueblo, le roba sin darse cuenta incluso a su familia, eso es decepcionante y es intolerable, sea quien sea debemos tener pulso firme y castigar con la cárcel y con trabajo forzoso a quien le roba al pueblo. El gran problema de la corrupción no es legal, Guatemala es uno de los países con la mejor legislación de América. El problema son las instituciones encargadas en velar porque esta se cumpla y aquellas
que deben juzgar a quienes las transgreden, yo fui autor de algunas de las leyes encaminadas a evitar la corrupción y el enriquecimiento ilícito, así como la famosa Ley en Contra del Robo de Celulares, que logré aprobar hace más de cuatro años, en la que se castigaba con cárcel a todo aquel que robara, pero que también vendiera celulares robados. Hoy vemos cómo hasta los mismos policías van a los lugares que todos conocemos a comprar celulares robados, la ley está pero es necesario que los ciudadanos las cumplamos y que las autoridades hagan que se respeten y se cumplan. Es necesario que nos pongamos a pensar por qué en las empresas no se dan esos actos de corrupción, sencillamente porque los propietarios y accionistas han invertido en procesos y sistemas para modernizarse. Yo insisto en que es urgente iniciar e invertir en un proceso de reingeniería y modernización del Estado, en donde los procesos de inversión pública sean más fáciles y transparentes, en donde el ciudadano, que es el legítimo propietario y accionista del Estado, sea bien atendido y que tenga él como propietario del Estado la capacidad de fiscalizar y conocer en que se están invirtiendo los fondos públicos. Manuel Baldizón iniciará con la carrera para funcionarios públicos, para la persona que decida dedicarse a ser un servidor público, entienda que ese es el mayor honor que puede recibir, que entienda que ser un funcionario público es una vocación, porque aquel que decide trabajar en el Estado se convierte en un servidor de su comunidad de su nación. Además debemos tener claro que la lucha contra la corrupción es un compromiso de todos, porque no solo es responsabilidad del Gobierno ni de la iniciativa privada, también es responsabilidad de todo el pueblo, me refiero a que cada vez que compramos un artículo robado, cada vez que tratamos de sobornar a un policía o a un supervisor de impuestos o cada vez que compramos artículos de contrabando nos convertimos en cómplices de la corrupción. Guatemala necesita que todos participemos, que todos debemos parar este mal. Solo con la colaboración de todos podemos lograrlo, eso es ¡Solo el pueblo salva al pueblo!
Guatemala, 2 de marzo de 2011
EN TORNO A LA CORRUPCIÓN Y SUS SOLUCIONES Nineth Montenegro Encuentro por Guatemala En términos generales, la corrupción se refiere a la usurpación indebida de fondos públicos y cargos de poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. También se considera como tal el soborno de orden privado dirigido hacia funcionarios públicos ya sea para obtener contratos o comprar información privilegiada para hacer negocios. En nuestro país, las leyes son débiles para castigar la corrupción, mientras que también el sistema judicial es marcadamente inoperante para investigar y ya no digamos sancionar la corrupción, tanto la que se produce a nivel local como la que se produce a nivel nacional. Incluso entre la cultura política de la gente, parecería que ésta es aceptada o no socialmente condenada, sino vista normal para “aceitar” el sistema. Las encuestas que han publicado los medios muestran que la preocupación por el tema de la corrupción alcanza entre el 1% (elPeriódico/Canal Antigua, febrero 2011) y el 6% (Prensa Libre/Vox Latina, enero 2011), es decir, tal parece que luchar contra la corrupción tampoco gana votos; por eso es que se trata enteramente de una lucha de principios, por la dignificación y renovación de la política y el servicio público. Pero la corrupción afecta también el desarrollo social y económico de todo un país. Desde lo externo, las calificadoras de riesgo comprueban qué tan eficientes son las instituciones de inversión para recomendar un país como sólido y seguro en vez de uno donde el latrocinio y el soborno están generalizados. Y a lo interno, por otro lado, los programas sociales se ven afectados porque merman la cantidad, la calidad y la cobertura de los servicios públicos esenciales. Así que la lucha contra la corrupción y su correlato la promoción de la transparencia (financiera e informativa) deberían ser los ejes transversales de todo programa político de gobierno legislativo que se precie de tener una adecuada interpretación de los intereses ciudadanos y de los electores. Hay corrupción por un débil Estado de Derecho y una débil cultura de participación ciudadana. Y, claro, porque los seres humanos tendemos a hacer lo malo cuando nadie nos ve o simplemente pensamos que no es mala tal acción. Por lo que sea, eso explica por qué en las dictaduras y tiranías es más
fácil que sobreabunde la corrupción porque no hay controles, no hay ojos vigilando y no hay ciudadanos organizados demandando. Pero en las democracias, y sobre todo en las democracias subdesarrolladas como la nuestra, la corrupción es más sutil o a veces más descarada. Porque ciertamente no hay mejor corrupción que aquella que se hace a plena la luz del día (como la de los contratos que cumplen con todos los pasos de ley pero ocultan los dobletes). Así que lo que necesitamos como pilares para combatir la corrupción son tres cosas: 1) gente honesta (especialmente los funcionarios públicos; 2) leyes buenas (tribunales idóneos) y 3) ciudadanía responsable, que exija y a su vez no corrompa. En el partido Encuentro por Guatemala creemos plenamente en la promoción y ejercicio de la transparencia. Esta se impulsa por medio de una aguda fiscalización contra las zonas oscuras de los negocios públicos y privados. La situación fiscal del Estado de Guatemala es tan débil y las necesidades sociales tan abundantes que la corrupción, es decir, el desvío del dinero público hacia donde no corresponde es un crimen contra la ciudadanía. En nuestro programa político y legislativo no sólo promovemos la fiscalización, también hemos promovido leyes pertinentes que refuerzan la transparencia tales como la Ley de Acceso a la Información; la Ley de Comisiones de Postulación y otras reformas a leyes que promueven la transparencia y la equidad en el Código Procesal Penal, y leyes de derechos humanos o administrativas como la Ley de Presupuesto, etcétera. Nuestra actitud siempre ha sido y será la plena colaboración con la prensa. Ya sea porque se trate de alguna investigación nuestra o de la sociedad civil o de la prensa, nuestro objetivo tiene que ser de hacer causa común contra la corrupción, en aras de que los casos de impacto social lleguen a los tribunales. Nuestra actitud sobre los casos de corrupción es de denuncia inmediata, previas averiguaciones de rigor para no afectar la honorabilidad de nadie y no caer en calumnia, pero tampoco en omisión de denuncias. Las investigaciones referidas a los casos de corrupción no son solo procesos políticos pero encarnan elementos altamente técnicos, pues supone conocer detalles contables, tecnológicos, legales, y de toda índole que obliga a tener un equipo calificado para corroborar los documentos o materiales que se tengan a la vista para descubrirlo. Pero va más allá de eso, también implica un alto riesgo político. Nosotros mismos hemos sido víctimas de acoso de
gente poderosa que se ha visto afectada por nuestras investigaciones. Para nosotros, la lucha contra la corrupción no es una pose mediática es un compromiso de servicio público y principios éticos. No jugamos con nuestra credibilidad. Hay que seguir profundizando en promover un fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas, pero también vigilar la independencia del Ministerio Público; y proseguir con nuestro más reciente esfuerzo que es crear la Dirección Contra la Corrupción en la Administración Pública (DICCAP), como un ente autónomo y descentralizado, la cual tiene que hacerse acompañar de una Ley contra el Enriqueci-
miento Ilícito La forma más efectiva para evitar la corrupción sigue siendo la fiscalización, la denuncia y la formación de alianzas sociales y políticas contra los negocios oscuros, el clientelismo y la usura corporativa. Pero para el partido Encuentro por Guatemala, lo más inmediato es generar condiciones al seno del Congreso de la República para que se apruebe la Ley que crea la Dirección contra la Corrupción en la Administración Pública (DICCAP), la que probablemente encuentre muchos opositores, pero también habrá miles de electores y ciudadanos que las respaldarán para sanear y profesionalizar la administración pública guatemalteca.
Guatemala, 2 de marzo de 2011
La corrupción es un obstáculo para el desarrollo de Guatemala Harold Caballeros Visión con Valores La corrupción es otra consecuencia de la falta de oportunidades que hay en el país. Las dificultades que presenta el sistema para producir y obtener riqueza mediante el trabajo honrado, los obtáculos que existen para el crecimiento económico, los privilegios que algunos gozan y la desigualdad en la que vivimos hacen que las personas vean al Estado como una fuente de negocios del cual aprovecharse para su propio beneficio, en lugar de trabajar y desarrollar una empresarialidad legítima, que les permita el progresar para alcanzar una mejor calidad de vida. A esto se suma la debilidad de nuestro actual sistema de justicia y la falta de cumplimiento a la ley que existe en el país, lo que en gran medida ha minado el sistema de valores de nuestra sociedad, desensibilizándola y provocando la corrupción que ha permeado nuestras instituciones y ahora se tolera, sin prestarle mayor atención. La corrupción no sólo le roba recursos económicos al Estado, sino también le roba la posibilidad de lograr el desarrollo de los guatemaltecos, de alcanzar mayores beneficios, sobre todo para aquellos sectores de la sociedad con más necesidad. En un país como Guatemala, donde existen tantas carencias en salud y la educación, el combate a la corrupción debería plantearse con la seriedad que representa. Debería enfrentarse con valor y con valores. Así pues, todo aquel que se queja de la corrupción en el Gobierno debería estar consciente que el combate a la corrupción empieza desde las instituciones privadas y las instituciones públicas, incluidos los partidos políticos. Los partidos políticos son el medio por el cual las personas tienen acceso al Gobierno. Por lo tanto, estos deben ser conformados por profesionales íntegros, decentes, con valores y con la capacidad y las ganas de trabajar, pero con la determinación que no sacarán provecho del Estado. Es por eso que en VIVA se hace constantemente un llamado a la reserva moral de los guatemaltecos, para que personas con un auténtico espíritu de servicio puedan participar; que no busquen servirse de Guatemala para sus propios intereses, sino que busquen crear las oportunidades para que todo guatemalteco pueda tener una vida digna.
Sin embargo, estamos conscientes que estas condiciones no sólo dependen de la calidad de las personas. También es necesario que exista un sistema de controles y mecanismos para prevenir la corrupción. La Contraloría General de Cuentas de la Nación debe contar con los recursos y las herramientas necesarias para cumplir con su mandato: velar por la transparencia y el buen manejo de las finanzas públicas. La prensa y la sociedad civil han venido haciendo una labor importante en la auditoría social y la fiscalización de los recursos del Estado. Es por ello que hay que facilitar y garantizar el acceso a la información pública. Sólo de esta manera tendremos “más ojos y oídos atentos” a todo lo que hacen los funcionarios públicos, y de esta manera, contribuir a eliminar los índices de corrupción que a diario se reflejan en las noticias y se publican en los medios de información nacional. El ejemplo es imprescindible para promover la transparencia. Las autoridades de cada Gobierno deben velar por cumplir la ley con rectitud y con firmeza, siendo estos modelos de honorabilidad y dignidad para evitar que en los cuadros medios o bajos se proporcionen actos de corrupción. Otro elemento importante es una Ley de Servicio Civil moderna, en
la cual existan incentivos y capacitación profesional, así como procedimientos expeditos de responsabilidad y castigo. Asimismo, es necesario modificar la Ley de Contrataciones del Estado para limitar la discrecionalidad en la administración pública y lograr la debida aprobación de normas y regulaciones, como la de enriquecimiento ilícito, y la efectiva aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
Visión con Valores representa a todo aquel guatemalteco que desea libertad para emprender, oportunidad para trabajar y medios para progresar. Sólo de esta manera lograremos disminuir los índices de pobreza y de desnutrición, y enfrentar las condiciones de violencia e inseguridad que frenan nuestro desarrollo hacia la construcción de una Guatemala mejor.
Guatemala, 2 de marzo de 2011
¿Por qué hay corrupción? Eduardo Suger Compromiso Renovación Orden
y
Para comprender la corrupción en el nivel social y político, en primer lugar debemos identificar los TRES elementos del fenómeno. El corruptor, el corrupto y el objeto de la corrupción misma. De estos tres, invariablemente se soslaya la contemplación y consideración del primero: EL CORRUPTOR. Este es el ORIGEN del fenómeno mismo y debemos aceptar con claridad que sin su intervención, la corrupción no podría existir. El segundo elemento en la cadena de corrupción es el CORRUPTO. Aquel que ha sucumbido ante las presiones y maniobras del CORRUPTOR, aunque no debemos pasar por alto que en ciertos casos los papeles de “corruptor” y
“corrupto” son interpretados por el mismo individuo o entidad, es decir que es posible que se induzca a realizar el acto corrupto. Pero en todo caso los tres elementos están presentes, lo que es necesario mantener en cuenta para encontrarle caminos de solución al problema. Guatemala es el caso particular que nos interesa, aunque las observaciones sobre el tema recaen igualmente en TODOS los países del mundo que, de una manera u otra, padecen de corrupción social y política. Busquemos, entonces, al elemento más importante de la cadena: El corruptor. Vamos a encontrarlo totalmente difundido en nuestra sociedad. La noción de resolver los problemas comerciales, policiales, legales y hasta emocionales mediante alguna forma de inducción a la corrup-
ción es costumbre muy arraigada. Se ofrecen “comisiones”, “mordidas”, “prebendas”, “ventajas”, “honores” y “poder”. Mediante el ofrecimiento, el corruptor o corruptora busca la manera de inducir a quien le puede resolver el problema o conseguir lo deseado. Inconcebiblemente, los corruptores pertenecen a todas las clases sociales. Los “representantes comerciales” de gran categoría, que en su mayoría trabajan para grandes empresas e instituciones, corrompen con elegancia y astucia. Los ciudadanos comunes no dudan en ofrecer remuneración o “mordida”, como se le dice, para obtener perdón, oportunidad o simplemente un servicio que debiera obtener de oficio, por parte de un supuesto “servidor público”. La actitud del corruptor es muy generalizada y tácitamente aceptada por la mayor parte de personas. Es casi un estilo social de vida y una costumbre usual. El segundo elemento en la cadena es el CORRUPTO. Aquel que cae ante la seducción de la oferta corruptora. Generalmente dispone de poder, control o dominio, que son el OBJETO mismo del acto corrupto, o tercer elemento en la cadena. Y son esos recursos los que el corrupto puede otorgar a cambio de lo que el corruptor ofrece. Invariablemente es el objeto de los ataques de prensa, es el sujeto al que se adjudica la “única responsabilidad” del acto corrupto y que por lo tanto carga con el riesgo y por ello eleva sus costos progresivamente, al hacer su participación más remunerativa y aumentar así la tendencia de otros a participar como corruptos en la cadena, aparentemente interminable. Es, en pocas palabras, la “oveja negra” del fenómeno CORRUPCIÓN, pero no por ello el único culpable. Contrarrestar este fenómeno no es tarea sencilla. Es necesario hacer conciencia de la inmoralidad de todo ello, especialmente en la participación del corruptor, como instigador del hecho. Es una tarea de EDUCACIÓN que debe realizarse a todo nivel
y desde la primera infancia, que abarca a la educación profesional, la técnica y del servicio público. La segunda herramienta es la TRANSPARENCIA, acompañada por la DIVULGACIÓN de los actos corruptos y sus participantes, al desenmascarar al corruptor en su calidad de instigador del delito. La tercera es la utilización de procesos informáticos, COMPLETOS y ABIERTOS, para manejar correctamente todos los posibles objetos de la corrupción. Esta herramienta es vital, y está al alcance, gracias a los adelantos tecnológicos y a su accesibilidad. Cuando los medios de de comunicación señalan únicamente al CORRUPTO, es necesario impulsar una nueva corriente informativa que incluya a TODOS los participantes del hecho y no sólo al actor final. Impulsar también un servicio informativo completo, encargado de desnudar ante la opinión pública todos aquellos actos corruptos, tanto gubernamentales como civiles e institucionales. En caso de descubrir un acto corrupto estaría Actuando con todo el rigor que el caso merece, tomar medidas drásticas y DIVULGAR la participación comprobada, tanto de Corruptos como de Corruptores. Ordenar la exhaustiva investigación de las deficiencias que han permitido el manejo inadecuado de los recursos involucrados y velar porque se CORRIJAN a efecto de prevenir subsecuentes actos de corrupción. Para combatir la corrupción, fundamentalmente estaría solicitando y promoviendo modificación de las leyes laborales del Servicio Público, para poder remover efectivamente a los involucrados y así limpiar, de una sola vez, aquellas dependencias en las que se manifiestan actos de corrupción. También motivar seriamente a la Procuraduría General de la nación y al Ministerio Público, para que proceda con toda energía contra los involucrados en actos de corrupción y que mantenga estricta supervisión de todos los procesos legales, al funcionar con efectividad y prontitud. Finalmente, para evitar la corrupción adoptaría estas medidas: 1. Cambios radicales en educación 2. Divulgación y apertura total de la información en todos los actos de gobierno. 3. Introducción de tecnología de alto nivel en el control y supervisión de las operaciones de gobierno. 4. Proponer modificaciones a las leyes actuales para facilitar todo lo anterior.
Guatemala, 2 de marzo de 2011
“Cero tolerancia a la corrupción” Juan Guillermo Gutiérrez Partido de Avanzada Nacional La corrupción política es el mal uso del poder para conseguir ventajas ilegítimas, para beneficio personal y privado, aunque este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos; pues para “bailar tango, se necesitan dos”, en este caso un corruptor y un corruptible, por lo que se define como el conjunto de actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común. Todos los gobiernos son susceptibles a la corrupción política, las formas varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, tráfico de influencias, el compadrazgo, la cooptación, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversación, nepotismo, impunidad, etcétera. La corrupción facilita otros tipos de hechos criminales como el tráfico de drogas, o el lavado de dinero. Lo opuesto a la corrupción política es la transparencia, y se habla de niveles de corrupción y de transparencia. La corrupción política es una realidad mundial y su nivel de tolerancia o de combate, evidencia la madurez política de cada país. Existen entidades nacionales e internacionales oficiales y privadas con la misión y el objetivo de estudiar los niveles de corrupción en general, porque en la corrupción no solo hay responsabilidad del sector público, del Estado o del gobierno de turno, también incluye al sector privado, se habla de la corrupción empresarial o del tráfico de
influencias entre el sector privado y el sector público. El primer paso para comenzar a combatir la corrupción en la administración pública, es que todos los guatemaltecos repudiemos y denunciemos la corrupción, sobre todo ahora, en un proceso preelectoral, es un buen momento para que cada uno de los guatemaltecos comience a cambiar el país con su voto, exigiendo que los candidatos tengan un pasado limpio, que demuestren el origen de los fondos para financiar sus campañas, para asegurarnos que no tienen compromisos con poderes obscuros, pero todos y cada uno de los guatemaltecos deben tener el valor de hacer su parte en esta lucha. Por nuestra parte, tenemos el compromiso de hacer transparente el financiamiento de la campaña, de igual manera todas las personas que se propongan para puestos de elección popular serán sometidas a investigación previa para evitar que gente comprometida con actos ilegales se infiltre en nuestro proyecto y posteriormente cuando tomemos posesión del gobierno, gracias al voto de los guatemaltecos, todos los funcionarios nombrados serán personas probas y honorables. Insisto que la lucha contra la corrupción es de todos los guatemaltecos sin excepción y los medios juegan un papel muy importante en este asunto, al hacer las denuncias respectivas, por lo tanto, estaremos muy abiertos a escuchar a todos los sectores, a hacer las investigaciones pertinentes y de resultar ciertas las acusaciones de corrupción, se deberán aplicar los mecanismos correctivos de los que dispone el Estado, de acuerdo a la ley. Aplicar la ley contra quienes una vez llenados todos los requerimientos de la justicia, resultaren culpables, no importando quien sea, ni cual el nivel que dentro de la administración pública posea, aplicaremos la Ley a todos por igual De igual manera, si descubriera una situación de corrupción la afrontaría siguiendo los pasos que la ley señala, pero tengan la certeza los guatemaltecos, que estaremos muy vigilantes en el desempeño de nuestras funciones de gobierno, para darle verdadera transparencia a nuestra gestión, y garantizar que no tendremos tolerancia con la corrupción y la
decisión de luchar para combatirla puesto que sabemos que la corrupción socava y mina la legitimidad del gobierno así como los valores democráticos, tales como la confianza y la confiabilidad, además de los enormes costos económicos y sociales que provoca. Para combatir la corrupción, en principio, es necesario asignar recursos para el sector justicia, seremos muy celosos con el cumplimiento de las leyes, por ejemplo existe legislación al respecto, pero no se cumple con la misma, como la exigencia de presentar estados patrimoniales al momento de tomar posesión de cargos públicos, para descubrir enriquecimientos ilícitos, haremos que las leyes se cumplan, y estaremos monitoreando permanentemente los niveles de transparencia y corrupción, en la medida que también podamos ir terminando con las causas que la producen, pero concretamente, proponemos 14 puntos que consideramos esenciales para combatir la corrupción: 1) Exponer ante la sociedad la dimensión y los costos de la corrupción para el país, y así propiciar la participación ciudadana a efecto de combatirla. 2) Fortalecer el poder local en materia de auditoría social, principalmente a través de los Consejos de Desarrollo y Organizaciones Sociales. 3) Buscar consensos a nivel nacional con los diferentes actores de la sociedad, con el objetivo de formular una Reforma Fiscal. 4) Incentivar al Congreso de la República para que agilice la aprobación de la Ley de Enriquecimiento Ilícito y reforma del Código Penal en el tema de Evasión Fiscal. 5) Iniciar un Diálogo Nacional encaminado a buscar una reforma en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que permita la fiscalización de las campañas electorales y de sus financistas. 6) Exigir el cumplimiento estricto de la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos. 7) Eliminar el uso de fideicomisos por parte del Gobierno. 8) Promover la reorganización en la estructura del Estado, fortaleciendo las instituciones y unificando entidades con duplicidad de funciones. 9) Prohibir el uso de las Organizaciones No Gubernamentales –ONGs– en procedimientos de obras y proyectos gubernamentales o del sector público. 10) Fortalecer el Observatorio Ciudadano para la Transparencia en el gasto público. 11) Brindar mayor respaldo a la Oficina de Responsabilidad Profe-
sional de la Policía Nacional Civil, y que permita depurar y transparentar la institución. 12) Fomentar la denuncia ciudadana. En el entendido que la colaboración entre la población y Gobierno, es la herramienta más efectiva para la solución de conflictos. 13) Combatir el contrabando con determinación. Desarticular las redes de corrupción en aduanas, retomar el control en puntos fronterizos de las rutas de contrabando identificadas. 14) Priorizar la emisión del Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario, que permita la construcción de nuevos centros penales, conformación de una guardia penitenciaria capacitada y retomar el control de los centros carcelarios del país. Conocemos las causas que provocan la corrupción; para prevenirla, debemos atacarlas en un proceso de prevención, permanente y como política de Estado, por ejemplo; sabemos que existen causas endógenas que tienen que ver con el individuo, tales como la falta de valores, carencia de conciencia social, falta de educación, desconocimiento de las leyes, baja autoestima y paradigmas distorsionados y negativos en los cuales es más importante el tener que el ser, entonces, la educación, la integración a la sociedad, la generación de oportunidades y el crecimiento económico del país, serán nuestras mejores armas preventivas. Pero también existen causas exógenas que dependen de la sociedad, tales como impunidad en los casos de corrupción, modelos sociales que transmiten antivalores, excesivo poder discrecional del funcionario público, concentración de los poderes de decisión en actividades de gobierno, soborno internacional, bajos salarios, falta de transparencia e información sobre la utilización de los fondos públicos y los procesos de decisión, poca eficiencia en la administración pública y extrema complejidad del sistema, y para eso, la aplicación de la justicia de manera pronta y decidida, y niveles de eficiencia y eficacia, con los cuales estamos absolutamente familiarizados, por ser los elementos clave del éxito empresarial que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero estamos seguros que no podremos transformar Guatemala en un país próspero y desarrollado, si no combatimos y eliminamos primero la corrupción, por eso nuestro lema “CERO CORRUPCIÓN” “CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN”.
Guatemala, 2 de marzo de 2011
“Tolerancia Cero” a la corrupción Zury Ríos Frente Republicano Guatemalteco
Sólo a través de una verdadera República vamos a fortalecer nuestras instituciones, y por lo tanto, vamos a poder combatir con efectividad la corrupción en la administración pública. La corrupción, en general, es el resultado del abuso de poder. Desde siempre, en la historia política ha habido preocupación en las sociedades por encontrar los mecanismos que reduzcan o eliminen los espacios propicios para la corrupción. En la medida que un sistema político es más abierto, más democrático, más transparente, menor será la posibilidad de actos corruptos. A nivel mundial, se observa un movimiento generalizado, sea cual fuere el sistema político, a favor de una cultura de rendimiento de cuentas de la autoridad pública, de qué se hace con los tributos que paga la población. Lo que sí está claro es que este es un asunto en la agenda política nacional e internacional de alta prioridad. En este sentido comparto plenamente lo que la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos –OEA– subraya cuando afirma que la “corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos” y que es “condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo”. Este mismo instrumento internacional también resalta que “el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”. En lo que a Guatemala respecta, según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, nuestro país ocupa el puesto 91 de 187 países estudiados, es decir, es innegable que la corrupción es una realidad que nos está afectando a todos. Claro, no
olvidemos que la corrupción también está presente en todos los ámbitos de la sociedad, público y privado, y precisamente por ello es que el planteamiento institucional es tan importante: la corrupción es una amenaza para la gobernabilidad y para la sana convivencia de un país. Nosotros, en el FRG, estamos convencidos que la mejor forma de abordar el tema del combate a la corrupción es a través del fortalecimiento institucional. Otras propuestas políticas afirman que para combatir la corrupción se necesita de una “revolución moral”, “un Presidente que no tenga compromisos con los patrocinadores de sus campañas políticas”, “un Presidente que ‘no necesite robar’”, entre otras ideas. Mi propuesta es totalmente distinta. La forma en que abordaré el combate a la corrupción es, como ya indiqué, a través del fortalecimiento institucional dentro del concepto republicano. En otras palabras, sólo a través de una verdadera República vamos a fortalecer nuestras instituciones, y por lo tanto, vamos a poder combatir con efectividad la corrupción en la administración pública. ¿A qué me refiero con una República? Básicamente como el sistema político que se fundamenta en: • El imperio de la ley; no hay nada superior a la ley. Gobierno de leyes, no de hombres. La Constitución debe ser la máxima referencia legal. • Igualdad ante la ley; todos somos iguales, no más privilegios. La única forma de evitar abusos de los “más fuertes”, de “los poderosos” y del gobierno. • Sistema de pesos y contrapesos; más allá de los pesos y contrapesos convencionales e institucionales, la República se tiene que convertir en un estilo de convivencia social, donde todos fiscalizamos y somos fiscalizados. Otros valores que incorporamos a nuestra visión de República, que precisamente van encaminados al fortalecimiento de nuestras instituciones de control administrativo y político, son: la alternancia en el poder; la transparencia y la publicidad en los actos de la administración pública; la responsabilidad de los políticos y de los funcionarios públicos; la clara separación y control entre los poderes del Estado; la soberanía de la ley; la participación ciudadana y cultura cívica; y la idoneidad como condición a los cargos públicos. En el FRG concebimos también que el combate a la corrupción se inicia en el proceso de formación ciudadana, desde la familia y la escuela. Concretamente en Guatemala, vemos como gradualmente sigue colapsando la escala de va-
lores de nuestra sociedad. Es fundamental reincorporar en los programas de educación públicos y privados todo lo referente a los valores cívicos y de buena convivencia, como la honradez, el respeto hacia los demás y hacia lo ajeno, y el valor del trabajo, valores que además deben de promocionarse, principalmente por los medios oficiales, a todo lo largo y ancho de nuestra sociedad. Es alarmante ver, por ejemplo, como el narcotráfico está minando esta escala básica de valores. Mi política en todo caso será “tolerancia cero” a este tipo de contaminación. En lo que a la participación ciudadana se refiere comparto absolutamente el planteamiento de Daniel Kaufmann, director en el Instituto del Banco Mundial experto internacional en materia de gobernabilidad y desarrollo, cuando afirma que “la batalla contra la corrupción no puede ganarse únicamente a través de unas cuantas instancias de gobierno. La sociedad civil, los medios de información, el Parlamento, el Poder Judicial y el sector privado deben participar plenamente con voz y voto. Las formas innovadoras de participación de los ciudadanos a nivel local, trabajando con sus municipalidades para mejorar la gobernabilidad y frenar la corrupción, pueden ser muy eficaces”. Precisamente los medios de comunicación –como parte de la sociedad civil organizada– dentro del concepto republicano, tienen su papel de contrapeso. El manejo responsable de la información mediática ha contribuido de forma determinante en el proceso de denuncia. Es más, otro componente en el combate a la corrupción que impulsaré será la creación de mecanismos seguros de denuncia, donde el ciudadano no se sienta atemorizado y con toda confianza haga del conocimiento actos de corrupción que estén afectando a la comunidad. Por otro lado, las instituciones mismas debieran de implementar como política la facilitación del acceso a la información relacionada con la gestión de las mismas. Nos preocupa la poca disposición de algunas instituciones públicas que hoy en día no dan información del manejo de sus recursos, a pesar que contamos con una Ley de Acceso a la Información Pública. De hecho, Acción Ciudadana, que elaboró el Índice de Acceso a la Información Pública del Organismo Ejecutivo del 2010, indica que “existen 3 instituciones que no ofrecen a la ciudadanía la información pública de oficio que por ley deben tenerla en sus páginas electrónicas. Estas instituciones son: Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo
de Desarrollo Indígena”, además señalan que existen instituciones como la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) que intimidan a quienes desean información, pues solicitan cédulas o el motivo de la solicitud de la información. Por ello, de llegar al poder no voy a tolerar ningún acto de corrupción que ponga en tela de duda mi compromiso por el fortalecimiento institucional y de la República. En todo caso, si se diera algún hecho de corrupción, se hará la denuncia correspondiente y garantizo que no habrá interferencia en los procesos de investigación administrativa o penal, ni de mi persona ni de cualquier funcionario de alto rango. Considerando la dimensión del problema de la corrupción en Guatemala, mi propuesta es que entre mis primeras acciones de gobierno, constituiré una Mesa Anticorrupción, que en un plazo no mayor de 3 meses, se revise el entorno legal vigente y se generen las propuestas legales de nuevas medidas y/o enmiendas que sirvan de disuasivo y fortalezca el combate a la corrupción. Invitaré a que integren esta mesa, personajes representativos de los sectores afectados por la corrupción (ciudadanos, empresarios) y organizaciones civiles y de cooperación internacional que tengan algo constructivo que aportar, como por ejemplo, hacer nuestras las mejores prácticas en políticas anticorrupción que en otros países se han aplicado exitosamente. Este proceso lo deben de acompañar además los Presidentes de los organismos del Estado, Congreso, Organismo Judicial, los encargados de los órganos de control como la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos. Otras instancias de poder que también tienen que involucrarse son las Corporaciones Municipales. Los gobiernos locales también deben de someterse a un proceso equitativo de rendición de cuentas. Finalmente, mi objetivo será iniciar un proceso irreversible que reposicione y saque a Guatemala de la lista de países donde el flagelo de la corrupción está afectando el buen desempeño económico y social. Un país con altos índices de corrupción no es atractivo para la inversión local y extranjera, y si queremos atraer inversión para generar más puestos de trabajo y mejores ingresos, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo como sociedad para combatir la corrupción a todo nivel. La única forma en la que vamos a lograr evitar la corrupción es en la medida en que fortalezcamos nuestras instituciones y rescatemos nuestra escala social de valores.
Guatemala, 2 de marzo de 2011
Posición de ADN frente a la corrupción Adela Camacho de Torrebiarte Acción de Desarrollo Nacional La corrupción existe porque muchas sociedades han desatendido la premisa básica de que el ser humano debe ser el centro de cualquier plan, programa o proyecto público. No es casual que las sociedades que acusan mayores niveles en el índice de desarrollo humano y menos brecha de desigualdad (coeficiente de Gini), presentan a su vez, menores niveles de corrupción. Dicho en otras palabras, si las necesidades básicas de la población están debidamente atendidas, el interés por corromper y corromperse se ve seriamente desalentado. Dentro de estas necesidades satisfechas destaca la educación, pues es la encargada de generar valores encarnados en principios de vida, los cuales a su vez van generando actitudes y comportamientos acordes al modelo de una sociedad humana, incluyente y democrática. Las sociedades desarrolladas establecen medidas coercitivas que sancionan las transgresiones a los valores definidos, promovidos e institucionalizados, por lo que, hechos como la corrupción, son concebidos como negativos y atentatorios contra la colectividad y el sistema de vida y gobierno consensuado. La certeza y seriedad del castigo, refuerza la conducta y la orienta al ejercicio de los valores aprendidos. Ningún ser humano nace corrupto. Su actitud y comportamiento frente a la corrupción, dependerá de los valores que la sociedad en la que nace y se desarrolla privilegia. Aunque las soluciones más efec-
tivas para contrarrestar la corrupción en la administración pública son las de largo plazo, hay acciones de imprescindible implementación en el corto y mediano plazo (correspondientes a un período de gobierno). Debe aprobarse una nueva Ley del Servicio Civil, en el marco de un proceso de Modernización de la Administración Pública, la cual favorezca la práctica de valores como la integridad y la mística de trabajo, el establecimiento de procedimientos transparentes, incluyentes y ecuánimes de reclutamiento, selección y contratación de empleados y funcionarios públicos, basados en perfiles pertinentes y adecuados a la concepción de un servidor público íntegro y comprometido. Asimismo, los procedimientos de promoción y ascenso deben basarse en méritos y competencias, y no en clientelismos, sobornos, coerciones y demás desviaciones que promueven actos de corrupción. Adicionalmente, la Ley de Contrataciones del Estado debe contemplar herramientas efectivas que detecten, combatan y castiguen, toda forma –abierta o encubierta– de corrupción. Otro elemento esencial es diseñar, implementar y monitorear un Plan Maestro de Capacitación, que se enfoque –fundamentalmente– en las competencias actitudinales; de nada sirven los conocimientos, habilidades y destrezas técnicas del Servidor Público, si no tienen como base: una plataforma de principios y valores, así como una conducta ejemplar. Estas acciones deben ir en paralelo con el rescate de la enseñanza en valores dentro de la reforma educativa y un decidido Plan de Desarrollo Humano y Productivo, que satisfaga las necesidades básicas de: seguridad, educación, salud, vivienda, empleos dignos y un sistema de oportunidades amplio y diverso para todas las personas de este bello país. Finalmente, todo este proceso debe basarse en una firme voluntad política que, al mismo tiempo que provee satisfactores e incentivos sociales y económicos, apoye la persecución y consignación penal de los corruptos, sin importar su condición social, económica o política; apegándose en todo momento a un Estado de Derecho y los recursos que éste contempla. Ante un caso de corrupción que se conoce en medios de comunicación sólo caben tres acciones: averiguar, actuar e in-
formar; posteriormente tomar las medidas correctivas y/o mejoras pertinentes. Nuestras entidades están tan porosas y débiles que es increíble que un medio de comunicación se entere antes e incluso ponga en aviso a una autoridad sobre este tipo de hechos. Es vergonzoso hasta decirlo, pero es la realidad. En la parte procedimental, basados en un claro respeto al Estado de Derecho, el acto inicial será comprobar los señalamientos hechos y formular –sólida y legalmente– los cargos que correspondan, a efecto de que las instancias pertinentes procedan de conformidad. Al descubrir un caso de corrupción, lo afrontaría con una actitud coherente con mi trayectoria de vida, así como con los valores y principios del partido Acción de Desarrollo Nacional, cero tolerancia a la corrupción, pues no hay peor crimen que el que atenta contra una sociedad y sus posibilidades de desarrollo integral. Utilizando las herramientas técnico-administrativas, políticas y jurídicas existentes, así como las de nueva implementación, promovería un procedimiento legal y transparente de conocimiento público. El mensaje de cero tolerancia a la corrupción debe ser claro y partiendo del ejemplo de los más altos funcionarios, empezando por Adela Camacho de Torrebiarte, pues mi desempeño, tanto desde Sociedad Civil como al frente del Ministerio de Gobernación, me dan la solvencia moral, técnica y política suficiente para encabezar y exigir el pleno respeto a la Ley. En el marco de la Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública, para combatir este problema urgiría la aprobación de la nueva Ley del Servicio Civil y fortalecería la implementación de mecanismos e instrumentos de control para detectar, combatir y castigar la corrupción en todas sus variables. La corrupción debe concebirse como un delito grave y, sin perjuicio de las nuevas normativas y/ o reformas a la legislación ya existente, el énfasis debe estar en la voluntad y firmeza política de las autoridades del Estado, para que, aunado a las acciones inmediatas desde el Organismo Ejecutivo, se fortalezcan los procesos relacionados con el Desarrollo Humano y Productivo; los procesos formativos de las nuevas generaciones, la capacitación actitudinal permanente de los servidores públicos y, fundamentalmente, retomar el diseño e implementación de una mística del Servidor Público basada en valores como la integridad, la cual engloba los principios de ADN de honradez, honestidad, armonía y compro-
miso. Resumiendo nuestro enfoque programático, hay acciones para evitar la corrupción de corto, mediano y largo plazo que se resumen de la siguiente forma: 1. Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública. • Nueva Ley del Servicio Civil que profesionalice y dignifique al Servidor Público, destacando procedimientos claros basados en las competencias actitudinales y técnicas del Servidor Público. • Institucionalizar una cultura de servicio basada en el desempeño ético y la transparencia pública. • Plan Maestro de Capacitación con énfasis en la mística del servidor público y su correspondiente base axiológica, así como la productividad y calidad en su desempeño. • Eliminación de la discrecionalidad personal, simplificación de los trámites y optimización del recurso tecnológico para facilitar/acercar la gestión pública a la ciudadanía. • Aprovechar el ejercicio ciudadano de la Auditoría Social, tanto de los Medios de Comunicación como de la población en general. Para el efecto, se instalarán módulos de denuncia para facilitar esta función. • Aplicación firme y transparente de la normativa e instrumentos técnico-administrativos y jurídicos existentes. • Fortalecimiento y/o implementación de mecanismos e instrumentos nuevos de control para detectar, combatir y sancionar la corrupción y sus diversas expresiones (abiertas y encubiertas) 2. Agenda Legislativa. • Acción Política de los diputados ADN, enfocada a la transparencia y la lucha anticorrupción. • Aprobación de iniciativas relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción, por ejemplo, la Iniciativa 4323 “Mecanismos de Transparencia en la Gestión Legislativa”, la cual no ha sido aprobada aún. • Ratificación de tratados y convenios internacionales en la materia, que faciliten la lucha anticorrupción y la transparencia en la Administración Pública. 3. Desarrollo Humano y Productivo • Plan Nacional de Desarrollo que contempla la satisfacción de las necesidades básicas de la población guatemalteca: Salud, Educación, Seguridad integral, Empleos Dignos y un sistema amplio y diverso de oportunidades para todas y todos. • Pacto Nacional de Cooperación entre el sector público y el privado, teniendo como centro de su dinámica, el bienestar y la prosperidad de toda la población en general.
Guatemala, 2 de marzo de 2011
CORRUPCIÓN VERSUS TRANSPARENCIA Carlos Zúñiga CASA “Si no peleas contra la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ellas”. Anónimo Según la organización no gubernamental Transparencia Internacional, para octubre de 2010, Guatemala se encuentra ubicada en la posición 91 en el Índice de Percepción de Corrupción –IPC–, a través de un estudio en 178 países, ordenados con base en los niveles percibidos de corrupción en el sector público, con notas que van desde cero para los países
considerados altamente corruptos hasta diez puntos para las naciones más transparentes. Guatemala obtuvo una calificación de 3.2 puntos. Lo anterior se suma a la escalada alarmante de actos de corrupción que día a día observamos los guatemaltecos. Un hecho que es importante es que todas las acciones y el ordenamiento legal existente en el país, son concebidos fundamentalmente para sancionar la corrupción y no para prevenirla. Es por ello que el trabajo en dicho tema debe de ser integral, desde el reforzamiento de los valores hasta el fortalecimiento
institucional y sin etiquetarla a un sector en particular, generalmente el sector público. La misma se presenta en interacción con diversos medios, por lo que su seguimiento debe ser contrarrestado con la transparencia. Este flagelo es una constante en el ejercicio del poder, estructura un sistema de beneficios y privilegios, aprovechándose del manejo de la gestión pública en una forma progresiva. Hoy es un mecanismo de acumulación de riqueza. Se puede identificar el problema en la articulación de condiciones y acciones que hacen posible la utilización de recursos para beneficio personal, olvidándose de los intereses generales y el bien común. La corrupción desde su origen denota una acción y un resultado ya que muestra una orientación destructiva gradual y no violenta, con capacidad de influir y ganar voluntades dentro de los principales actores de la sociedad, con el objeto de obtener compensaciones y gratificaciones individuales. Creemos que la transparencia es la protección más efectiva contra la corrupción y que la misma se encuentra en el capital humano de los guatemaltecos, necesitamos organizarla por medio del fortalecimiento del acceso a la información y a la organización social para la defensa de los derechos ciudadanos. Se creará un sistema nacional de integridad, con un enfoque interdisciplinario, el cual se hará operativo con las Delegaciones de Transparencia en las instituciones del sector público, haciendo una evaluación de procesos que conlleven a reformas administrativas, para reducir los conflictos de intereses dentro de la administración pública y los niveles de discrecionalidad de los funcionarios. Se hará un gobierno con liderazgo político que exalte los valores éticos públicos y privados sustentando su aplicación en la práctica y en el ejemplo. Se hace necesario fortalecer las entidades superiores de fiscalización para desarrollar un sistema público de adquisiciones abierto, competitivo y transparente. Por nuestra naturaleza se iniciará el desarrollo de Código de Ética y Procedimientos en conjunto con el sector privado. A todo este esfuerzo se integrará a la cooperación internacional para obtener resultados en el corto plazo fundados en la realidad y
en la viabilidad. La estrategia de combate a la corrupción estará basada en planes específicos de acción inmediata hacia la solución de problemas concretos, logrando la participación de la sociedad civil en su conjunto y teniendo como punto de partida el cumplimiento de la ley con toda rigurosidad. Se generará el compromiso de nación contra el soborno, iniciando su accionar en áreas susceptibles a la corrupción, lo cual tiene su razón de ser, en desarrollar un ambiente de prevención y un clima de completa información; dándole el espacio a la sociedad civil para reivindicarse y defender sus propios valores y no pasar desapercibida, señalando a aquellos que hacen gobierno. Creemos que el servidor público debe ser identificado como persona y no como un elemento electorero; por lo tanto, garantizarle su estabilidad laboral disminuyendo la rotación, con prestaciones dignas que incluyan una jubilación aceptable para vivir; además de brindarle las oportunidades de capacitación y entrenamiento para que logre su identificación en su puesto de trabajo y con ello ser menos vulnerable a las propuestas de corrupción. Las iniciativas que se proponen con anterioridad, entre otras, no implican que la reducción de la corrupción sea un fin en sí mismo, sino un medio, para lograr algo más grande, trabajaremos para hacer un gobierno efectivo, eficiente, justo y transparente. Actualmente los guatemaltecos vemos los actos de corrupción como hechos comunes y en la mayoría de los casos se mantiene un desaliento en que ésta se termine. Debemos provocar un cambio de actitud, dándole un impulso a la participación ciudadana y que pueda involucrarse en el control de la misma, realizando auditoría social, formando parte activa e incidiendo sobre asuntos de interés público. Nuestra estrategia de lucha constante, buscará los vínculos de organización y concientización, educando e informando sobre el tema, para hacer prevalecer los valores morales. No se puede continuar con esquemas tradicionales que sólo fortalecen el mal manejo de los recursos públicos para satisfacer intereses individuales. Debemos iniciar el camino de un gobierno transparente con mejores oportunidades para todos.
Página 12/Guatemala, 2 de marzo de 2011 - LA HORA
Las propuestas de los principales líderes políticos de Guatemala se encuentran aquí Suplemento especial
Suplemento especial
¿Qué proponen
para combatir la CORRUPCIÓN? Guatemala, 16 de febrero de 2011
Guatemala, 2 de marzo de 2011